Vigo: Dos intermediarios reconocen haber cobrado sobreprecios en Navia por orden de Construcuatro

FARODEVIGO* : Dos de los intermediarios que intervinieron en la venta de pisos protegidos en San Paio de Navia, por lo que supuestamente se cobraron sobreprecios en dinero negro de hasta 42.000 euros, reconocieron hoy ante la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo que habían cobrado ciertas cantidades de dinero a mayores por esas viviendas "por orden de la constructora Construcuatro".

Así lo manifestó el abogado defensor de una veintena de afectados por este supuesto cobro, Antonio Salceda, quien explicó que los dos intermediarios que declararon hoy en los juzgados de Vigo, José Luis V., y Purificación J.P., admitieron haber gestionado el cobro de ese dinero que, según afirmaron, "iba destinado a sufragar una mejora en las calidades de la contrucción y que variaba según la altura de piso que se compraba".

En su declaración explicaron que, siguiendo las instrucciones de la empresa constructora de los pisos, Construcuatro --participada por el portavoz del PP de Pontevedra, Telmo Martín--, cobraron diferentes cantidades a los compradores de los pisos, un dinero que "el mismo día venía a recoger un responsable de la constructora". Sin embargo, aseguraron no haber cobrado para sí mismos ninguna retribución por ese servicio de intermediación, salvo 600 euros, en el caso de la mujer, que no tiene acreditación oficial como agente inmobiliaria.

El abogado de la acusación, que representa a unos veinte compradores de pisos en el número 25 de la calle Teixugueiras, criticó la actitud de los intermediarios y recordó que, pese a que "tratan de eludir su responsabilidad", los propios afectados denunciantes declararon que la entrega de ese dinero a mayores "se hacía siempre en metálico, sin recibir facturas o justificantes a cambio, en reuniones muy extrañas, y con la advertencia de que no se dijera nada".

Además, también rechazó las explicaciones que dieron hoy en el juzgado los dos implicados porque, según recalcó, "se dice que cobraron por unas mejoras que nunca se hicieron". Asimismo, denunció que muchos compradores llegaron a pedir que se les devolviese el dinero al sospechar irregularidades, pero nunca pudieron recuperarlo.

Delito fiscal

La parte denunciada adjuntó como documentación en este proceso judicial facturas que acreditan el pago de esas cantidades en concepto de mejoras de calidad en la construcción, y por tanto, pruebas de que ese dinero fue declarado ante Hacienda.
Sin embargo, Antonio Salcedo expresó su escepticismo sobre la validez de estas pruebas ya que "los recibos aparecen ahora que estamos en proceso judicial, pero no antes, cuando los afectados los solicitaron como justificante de lo que habían pagado". "Además de la responsabilidad por el cobro irregular de ese dinero, también quieren eludir un posible delito fiscal", añadió.

Además, también calificó de "extraño" el hecho de que José Luis V. y Purificación J.P. afirmasen que era la "primera vez" que actuaban como intermediarios, y recordó que otra de las persona que fue llamada a declarar por el mismo motivo, José G.T., llegó a asegurar que no conocía de nada a los compradores de los pisos, a pesar de que existen grabaciones policiales autorizadas en las que se le escucha negociando con un comprador el pago de esos sobreprecios.

Expediente de la Xunta

Las primeras denuncias por el presunto cobro de sobreprecios en la compra de estos pisos fueron interpuestas en diciembre de 2006, y meses después se personaron en la causa varios afectados que, además, recurrieron a la delegación provincial de la Consellería de Vivenda para alertar a la Xunta de esas supuestas irregularidades.
Vivenda abrió un expediente sancionador a la empresa Construcuatro a finales del pasado verano ante los indicios de que existió un caso de fraude en la venta de vivienda protegida. No obstante, la vía penal tiene prioridad sobre la administrativa, por lo que la Xunta no podrá aplicar ninguna sanción hasta que no se conozca la resolución judicial del caso.
La consellería entregó toda la documentación recabada, entre la que figuran tres denuncias y una veintena de declaraciones firmadas por otros tantos compradores, al Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo.







* Faro de Vigo - 10 de enero de 2008
Foto: Vigo, barrio Navia - M.Vila (20minutos.es)


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C.Valenciana: Un centenar de colegios padecen defectos de construcción

ELPAÍS* : Un centenar de centros educativos valencianos, colegios pero principalmente institutos, presentan deficiencias dotacionales, según los datos de un informe elaborado por la Federación de Enseñanza de CC OO. Los técnicos tienen sobre la mesa un centenar de expedientes que recogen deficiencias de todo tipo: Problemas de calidades de cubiertas y techumbres, goteras, climatizaciones defectuosas, deficiencias en el sistema de evacuación y emergencia, ínfimas calidades en revestimientos, puertas, ventanas o persianas.

El lunes se desplomó en horario lectivo parte del techo del pasillo del IES de Rojales que ha sido clausurado provisionalmente. El incidente, según la Consejería de Educación, podría estar relacionado "con el sobrepeso de los cristales" del tendido eléctrico. Ahora, Educación estudia emprender acciones legales contra Necso-Acciona, la empresa que en 1998 construyó el centro. Los 800 alumnos irán en siete autobuses en horario vespertino al IES de Guardamar del Segura a partir de mañana. El traslado provisional se prolongará durante al menos quince días. La Consejería anuncia un informe externo del Colegio de Aparejadores que certifique las medidas de seguridad.

El de Rojales no fue el único incidente. La Escuela para Adultos (EPA) de la localidad castellonense de Almassora volvió ayer a la normalidad después del derrumbe de parte del techo de un aula que provocó magulladuras a dos alumnos, informa María Fabra. Por causas que, de momento, se desconocen, el doble techo del aula cayó en la tarde del lunes cuando cinco alumnos recibían sus clases. El centro tiene cinco años de antigüedad.

Emerge el problema de la falta de medios de que dispone la Administración para detectar estas deficiencias. Alberto Parra, de CC OO, explica que el servicio de prevención actúa de oficio o bien a raíz de una queja presentada por padres o docentes. Los técnicos del sindicato elaboran un estudio que remiten a la delegación territorial de la Consejería, que a su vez emite un informe al servicio de Infraestructuras. "Pero en muchas ocasiones se queda en un cajón, no hay medios ni técnicos ni humanos en la consejería para reparar estos problemas", apunta Parra.

De los 1.638 centros educativos un centenar presentan problemas. El sindicato CC OO considera "extremadamente grave" los casos de los IES de Buñol, Requena, El Ravatxol, Rascanya, Cabanyal, Tavernes Blances, El Saler, Mislata o Almussafes por ser de obra nueva. Otros centros más antiguos que también requieren alguna reforma son los IES Barri del Carme, Lluís Vives, Tierno Galván de Montcada, La Patacona de Alboraya, los Sivera Font y Francesc Gil de Canals, José Maria Parra de Alzira, la Escuela Oficial de Idiomas de Valencia o el colegio Blasco Ibáñez de Xest .

Miguel Soler, coordinador del programa electoral del PSOE en educación, admite que la falta de medios y los retrasos para poder solucionar estas pequeñas deficiencias obligan a los equipos directivos a destinar "parte del incremento conseguido para la partida de gastos de funcionamiento de los centros a acometer reparaciones ordinarias de pequeña índole". Soler aboga por que, al igual que ocurre en los colegios de Primaria, sean los Ayuntamientos los encargados de asumir el mantenimiento de los institutos.Los ayuntamientos disponen de las brigadas y medios para poder solucionar rápidamente estas deficiencias. Una medida que debería ir acompañada de la correspondiente previsión presupuestaria por parte de Educación, según Soler.

Para sindicatos y oposición, el problema surge por la "falta de personal y de medios" en las unidades técnicas de la Consejería, encargadas de reparar estos fallos técnicos. En la dirección territorial de Alicante sólo hay dos arquitectos y cinco aparejadores "sin presupuesto disponible", según Soler. Los medios en el servicio de prevención de riesgos laborales son "a todas luces insuficientes", según Alfonso Rodríguez, de CC OO, que cifra en dos médicos y un técnico en prevención laboral el personal disponible. Sin embargo, la consejería de Educación rechaza estas críticas y asegura que los medios son los adecuados y que funcionan "debidamente". Un portavoz explicó que cada Unidad Técnica Territorial elabora un informe y una memoria valorativa de cada incidencia y si la reparación supera los 30.000 euros se adjudica a "la empresa constructora la reforma". Si la obra está valorada en menos de 30.000 euros la reparación es más rápida y se encargan empresas especializadas. El informe de CC OO acusa a la Administración de "ir desmantelando cuando no eliminando los instrumentos de fiscalización e inspección tanto presupuestaria como de ejecución de las obras".

El consejero de Educación, Alejandro Font del Mora, se refirió por fin ayer, tres días después del desplome, a la situación del IES de Rojales y confirmó el traslado de estos alumnos a Guardamar. El consejero presentó una encuesta sobre el grado de inserción laboral del alumnado de Formación Profesional (FP) entre 2001 y 2006 que a su juicio "constata la mejora de la valoración social" de esta vía. El sondeo revela que el 90% de los alumnos encuentra su primer trabajo antes de seis meses, y el 69% lo hace en un empleo relacionado con sus estudios.

Font de Mora subrayó que tanto empresas como alumnos están satisfechos con la FP, que gana estudiantes. No obstante, la consejería ve necesario aumentar el número de empresas que permitan prácticas al alumnado, y se introducirán estancias en la UE.








* ELPAIS.com - EZEQUIEL MOLTÓ - Alicante - 10/01/2008
Foto: Rojales (Alicante), instituto - diarioinformacion.com


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El Supremo ratifica la anulación del Plan de Ares y deja a la villa con normas urbanísticas de los setenta

LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Supremo ha ratificado una sentencia dictada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en el 2003 que anula el plan de ordenación urbana de Ares, aprobado en 1999. La medida supone la vuelta del municipio costero coruñés a las normas subsidiarias por las que se regía con anterioridad, de mediados de los años setenta.

El polémico plan, aprobado antes de las elecciones locales de 1999 por el bipartito formado por PSOE y BNG, fue llevado ante el Valedor do Pobo y el TSXG por la desaparecida asociación Pro Urbanismo de Ares. Esta entidad respondía a la presión popular generada entonces como respuesta a ciertos puntos polémicos contenidos en el plan de ordenación.

El descontento vecinal por la planificación de un vial de circunvalación que ocupaba varias fincas privadas fue uno de los detonantes de que la corporación de entonces tuviera que salir escoltada por la Guardia Civil del pleno en el que se aprobó. Sin embargo, el TSXG ordenó, en su sentencia del 2003, la anulación del plan de urbanismo atendiendo a dos razones: la reducción de la proporción de zonas verdes y la errónea ordenación de algunas calles del casco urbano.

Ante esto, el posterior gobierno local del PP planteó el pertinente recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora ratifica la misma sentencia y considera ilegal el plan de 1999. No obstante, la totalidad de la corporación, presidida por el socialista Julio Iglesias, anterior director xeral de Xustiza, ha acordado ya presentar un recurso ante el Constitucional. Se trata de una estrategia dilatoria con la que mantener en vigencia el texto rector del urbanismo mientras no se elabore otro plan ajustado a la nueva ley del suelo. Esto se debe a que se puede pedir la nulidad de la sentencia mientras no concluye el proceso. De no realizarse este trámite, el municipio costero se vería obligado a retomar las normas subsidiarias de los setenta. La corporación también ha pactado solicitar la mediación de Política Territorial para elaborar unas normas subsidiarias más adecuadas para esta época.

El mismo gobierno del PP había remitido a la Xunta el borrador de un nuevo plan antes de perder las pasadas elecciones.








* La Voz de Galicia - 10/1/2008
Foto: Ares (A Coruña) - mma.es



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El juez imputa al ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias tráfico de influencias

CANARIASAHORA* : El ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, Jorge Rodríguez Pérez, prestará declaración en calidad de imputado por un presunto delito de tráfico de influencias el próximo martes ante el juez Javier García, dentro del caso Faycán. Jorge Rodríguez es el principal contacto político de la empresa Grupo Europa, según la denuncia de su ex gerente que dio pie a la pieza separada número 38 del caso en Telde, y abierto otros procedimientos en Pájara, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria.

La denuncia de Francisco Benítez Cambreleng, ex gerente en Canarias de Gestión de Cooperativas Europa SAU, coloca a Jorge Rodríguez Pérez en la cúspide política de los contactos establecidos por el administrador único de la empresa, José Manuel Antón Marín, imputado por cohecho tanto en Telde como en Mogán, para abrir relaciones con los ayuntamientos canarios gobernados por el Partido Popular.

El fin de la empresa era promocionar viviendas sociales sin coste alguno para las arcas municipales, pero con un supuesto fraude que consistía en imputar un gasto ficiticio al suelo gratuito que cedían los ayuntamientos, repercutiendo ese gasto inventado en el coste final de la vivienda para cada adjudicatario, que presuntamente servía para repartir ese dinero entre políticos y funcionarios.

Antón Marín, imputado por cohecho por supuestos pagos ilícitos de 240.000 euros en Telde y otros 95.000 euros en Mogán, incluida la financiación de un mitin de Mariano Rajoy, reconoció a la Policía Nacional el día de su detención que Jorge Rodríguez ejerció como contacto político de Grupo Europa, aunque el empresario madrileño limitó las relaciones del político del PP con su mercantil hasta 2002, justo un año antes de que fuera elegido diputado y nombrado portavoz del PP en el Parlamento, en 2003.

Aún así, la denuncia que ha dado pie a esta citación como imputado por tráfico de influencias aporta documentación que relaciona a Jorge Rodríguez con Grupo Europa tanto en 2003 como en 2006, la primera por medio de la contabilidad de la empresa que refleja pagos al ya por entonces diputado del PP por servicios de asesoría, y en el segundo caso por una factura de 2006, también por servicios de asesoría relacionados con unos terrenos en el municipio de Moya.

El denunciante aseguró también hace siete meses que Jorge Rodríguez cobraba regularmente dinero negro, traído de promociones de la Península de Antón Marín, precisamente entre los años 2003 y 2006, cuando aparentemente desaparece cualquier rastro de relación económica entre el actual número 3 del PP canario y la mercantil radicada en la Plaza de Castilla de la capital de España.

Este extremo ha llevado al juez del caso a solicitar a la Agencia Tributaria española datos bancarios del ex diputado y ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, y a los investigadores del Cuerpo Nacional de Policía a indagar en nuevas pruebas físicas de las relaciones económicas de Jorge Rodríguez y Grupo Europa en ese supuesto periodo de dinero negro, entre 2003 y 2006.

Los contactos de Jorge Rodríguez con Grupo Europa tienen un factor clave, al menos en el caso concreto de Telde, que se produjo a raíz de la detención de la ex concejal de Vías y Obras y ex consejera delegada de la empresa municipal de vivienda y suelo de Telde (Urvitel), María Antonia Torres, al estallar el 1 de marzo de 2006 la Operación Faycán.

Según consta en la denuncia, ratificada por otros testigos presenciales, Jorge Rodríguez intercedió ante el ex alcalde Francisco Valido en favor de Grupo Europa, ya con Toñi Torres en prisión. El motivo fue el bloqueo que sufría la empresa y la propia Urvitel, con la que había firmado para llevar a cabo sus promociones de viviendas sociales, por parte del propietario del suelo, el Ayuntamiento de Telde a través de la concejalía de Urbanismo que dirigía Guillermo Reyes (AFV-Ciuca).

Este conflicto supuestamente se había desbloqueado meses antes, en diciembre de 2005, con el cobro de 30.000 euros por parte del jefe de Urbanismo, José Luis Mena, también imputado por cohecho, al igual que el jefe de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, y el gerente de Urvitel, Juan Carlos Saavedra.

La citación como imputado por tráfico de influencias en Telde a Jorge Rodríguez se prevé que no sea la única, ya que en la Operación Góndola contra la corrupción en el Ayuntamiento de Mogán, también figura su persona como introductor de Grupo Europa con los mismos fines ilícitos, además de otros municipios en que no cuajó la operación, como Arucas y Santa Brígida.






* Canarias Ahora - A.G. Las Palmas de Gran Canaria - 09/01/2008
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad



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País Vasco: Todavía a tiempo de salvar la costa

ELPAÍS/Reportaje* : En Euskadi la presión sobre el litoral crece, aunque todavía no haya operaciones urbanísticas masivas como en el Mediterráneo. Un informe del Gobierno vasco constata que la ocupación inmobiliaria del suelo se ha duplicado en las dos últimas décadas: de las 23.607 hectáreas de 1987 se ha pasado a las 47.295 en 2005. Gracias a la férrea oposición de los ecologistas, los tribunales vascos han paralizado dos proyectos en Barrika (Vizcaya) y en la reserva de la biosfera de Urdaibai, curiosamente avalados por la Diputación vizcaína y el Gobierno vasco.

Greenpeace, en su último informe sobre la destrucción de la costa sitúa la mayor presión en el litoral vasco en Vizcaya, donde hay proyectos avanzados para construir más de 2.000 viviendas. Además, los proyectos de ordenación supramunicipales ya aprobados por el Gobierno vasco permiten la edificación en Vizcaya de cerca de 20.000 viviendas junto al mar a lo largo de los próximos ocho años, una cifra que se duplicará previsiblemente cuando se aprueben los documentos correspondientes al litoral de Guipúzcoa. La Diputación vizcaína ha minimizado esta cifra asegurando que sólo se trata de una previsión y que son los ayuntamientos los que determinarán el número de viviendas que finalmente serán edificadas.

Pero alguno ha seguido fielmente el proyecto de ordenación elaborado. Barrika, con menos de 1.400 habitantes y enclavado en un privilegiado paraje a 10 kilómetros de Getxo, ha elaborado un avance urbanístico que contempla 1.511 nuevas viviendas (el plan de ordenación aprobado por el Gobierno vasco establece una horquilla de entre 622 y 1.584 pisos). Esas edificaciones supondrían multiplicar por más de cinco su población actual.

En Barrika se intenta construir desde hace 20 años en una zona protegida, a menos de 500 metros de la costa. El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco anuló hace tres años la recalificación de 18 hectáreas para erigir 97 viviendas, 85 de ellas chalés de lujo. Pero para entonces ya estaban finalizados y habitados 14 chalés.

Ahora está pendiente el recurso presentado por la Diputación de Vizcaya y el Ayuntamiento de Barrika ante el Tribunal Supremo y, si se confirma el fallo, el municipio se enfrenta a una indemnización de varios millones de euros para los promotores de la urbanización, los dueños de los chalets construidos y los que compraron el terreno con licencia.

El otro asunto en los tribunales afecta a la única reserva de la biosfera de Euskadi, la de Urdaibai. En este caso fue el Gobierno vasco el que impulsó una recalificación para construir cerca de 50 chalés en una zona de 27 hectáreas en Ibarrangelu, en un área sita entre las marismas y el encinar cantábrico, las dos joyas naturales de Urdaibai. El Tribunal Superior vasco la anuló al estimar que la consejería de Medio Ambiente actuó con "arbitrariedad" y de manera "incongruente" e "incoherente" con la ley de protección de la reserva. El Ejecutivo autónomo recurrió al Supremo, que todavía no se ha pronunciado, al aducir que la recalificación servía para solucionar los problemas de infraestructuras de saneamiento y de otros servicios en ese barrio.

En esta misma zona se ubica el chalet del ex lehendakari José Antonio Ardanza, que construyó un 38% más de lo autorizado, y fue multado con 25.000 euros por incumplir la ley de Urdaibai, la misma en la que aparece su firma como el entonces máximo responsable del Gobierno. Pero también está en los tribunales porque Ardanza se niega a derribar parte del tejado.

El conflicto de más calado se sitúa en Bakio, de poco más de 2.100 habitantes, donde existen planes para construir 1.900 viviendas. Aquí, el proyecto más polémico incluye 436 pisos y la posible inclusión de un campo de golf a pocos metros de un biotopo (figura de protección para enclaves naturales de pequeño tamaño). En este caso, el Gobierno vasco sí ha mostrado su rechazo; hace ya seis años que solicitó la "la suspensión cautelar" de este proyecto por el impacto sobre la bahía de Bakio y la falta de datos sobre la afección del campo de golf "en un terreno de orografía accidentada". En los otros planes urbanísticos de Bakio han saltado, además, otras polémicas con empresas vinculadas al ex viceconsejero del Gobierno vasco Javier Goirigolzarri, del PNV, beneficiándose de las recalificaciones.

El mejor aliado de la costa guipuzcoana frente a las tentaciones de alterar su paisaje ha sido su propia orografía. Los relieves abruptos y recortados, la línea de acantilados que forma un enorme farallón en prácticamente toda su longitud, han impedido la invasión urbanística que han conocido otras vertientes costeras de España. "La costa guipuzcoana ha crecido a un ritmo de seis viviendas anuales por cada 1.000 habitantes, cuando en otros lugares la media ha superado la veintena", afirman el arquitecto Santiago Peñalba y el abogado Mikel Iriondo, expertos en Urbanismo y redactores del planeamiento urbanístico de San Sebastián.

Una cultura del urbanismo diferente y la aplicación más cuidadosa de la ley de Costas han contribuido también a evitar la ocupación intensiva de la primera línea del litoral vasco. Ana Oregi, viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco, explica que Euskadi se ha dotado de otras "herramientas" legales "muy eficientes" para "proteger la costa", y cita entre otras la ley vasca de Ordenación del Territorio y el Plan Territorial de Protección del Litoral, aprobado en marzo de 2007. "Estos instrumentos ya no permitirán construir más puertos de forma unilateral y tampoco se autorizarán los planeamientos municipales sin una visión global y ambientalista del litoral", asegura la viceconsejera de Ordenación del Territorio del Gobierno vasco.

Los ecologistas encuentran varios borrones en la costa. El informe de Greenpeace advierte de que la ocupación del suelo se ha "disparado" en las dos últimas décadas en Euskadi y sitúan cuatro "puntos negros" en la franja costera guipuzcoana: los puertos deportivos de Hondarribia y Orio, el comercial de Mutriku y el proyecto de macropuerto a mar abierto de Pasajes, aprobados antes de que se publicara el Plan Territorial de Protección del Litoral.

"Aunque la situación no es comparable con otros puntos de España, y admitiendo que la costa se ha conservado bastante bien porque tiene zonas inaccesibles, el riesgo es que se pueden cometer graves daños con los proyectos de puertos en Mutriku y Pasajes", sostiene Estela Beteta, técnico medioambiental y miembro del grupo ecologista Jaizkibel Bizirik. "El gran olvidado del litoral guipuzcoano es el mar", sentencia.

Hay una coincidencia general en que la urbanización de la primera línea de playa de Orio es una "mancha" que chirría en el plan de protección costero. Bajo el planteamiento de reordenar la zona y crear un nuevo paseo marítimo, se han construido bloques de viviendas a pie de playa que han afeado el paisaje y enfadado a los ecologistas. Del mismo modo, la ampliación del puerto pesquero de Mutriku -el actual quedará para usos deportivos-, impulsado por el Gobierno autonómico, tampoco encaja en la estrategia de preservar el entorno marino.

De todos los impactos que podría sufrir el litoral, el más agresivo sería el del puerto exterior de Pasajes, un proyecto de dársena a mar abierto, adosada al monte Jaizkibel -incluido en la Red Natura 2000- que está levantando muchas ampollas. Lo apoyan abiertamente los socialistas y el PNV, es reticente Eusko Alkartasuna y se oponen frontalmente Ezker Batua, Aralar y ANV. Su coste se calcula en más de 700 millones de euros y se espera ponerlo en marcha en 2020.

A pesar de que en las últimas tres décadas ha existido una tendencia por parte de la población a asentarse en los municipios costeros, lo que se ha traducido en "una fuerte presión urbanística en la primera línea", admite Oregi, "todas las actuaciones realizadas en esta zona han sido bastante moderadas". Considera "muy alentador" que el Gobierno impulse la recuperación de la costa. "Las intenciones de Narbona [ministra de Medio Ambiente] son muy interesantes, porque van en la misma línea que las del Gobierno vasco. Ahora bien, nos chocaría que ese mismo gobierno que plantea la defensa del litoral luego pudiese dar vía libre a proyectos a gran escala como el de Pasajes. No va de acuerdo con el plan de protección del litoral", concluye la viceconsejera de Ordenación del Territorio.









* ELPAIS.com - A. URIONA / M. ORMAZABAL - Bilbao / San Sebastián - 10/01/2008
Foto: Ampliación del puerto de Mutriku, y abajo, zona de la reserva de la biosfera en Urdaibai, donde Ardanza tiene un chalé con irregularidades- P. J. P. - elpais.com



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FACUA denuncia que el Gobierno contenta a bancos y promotoras con la subida de VPO

TERRA* : La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha denunciado hoy que el Gobierno 'satisface y contenta únicamente' las exigencias de las entidades bancarias y promotoras inmobiliarias al incrementar el precio de la vivienda de protección oficial (VPO). Esta federación se ha referido así al anuncio hecho hoy por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, de una subida del precio de la vivienda protegida y del tipo de interés de referencia para estas hipotecas, que se aprobará el próximo viernes en Consejo de Ministros.

'Lo que debería hacer el Gobierno es intervenir en el mercado de la vivienda bajando el precio de la vivienda libre a través de la creación de viviendas protegidas a precio bajo', ha asegurado a Efe el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, que considera la subida del precio de las VPO una 'concesión inaceptable' a las entidades financieras y las promotoras privadas.

El incremento del precio de la VPO afecta tanto al precio del metro cuadrado, que pasa de 728 a 760 euros, lo que supone una subida del 4,4 por ciento, y del tipo de interés para estas hipotecas, del 4,35 por ciento actual al 5,09 por ciento.

En opinión de FACUA, estos cambios suponen aumentar aún más los beneficios de las empresas del sector, las cuales, señala Sánchez, 'quieren hacernos creer que no les resulta rentable entrar en el mercado de la vivienda protegida'.

No obstante, Sánchez propone que, si a las promotoras privadas no les interesa este mercado, sean las promotoras públicas y las sociedades municipales las que construyan VPO.





* Terra Actualidad - EFE - 09-01-2008
Foto: casa-euro - eleconomista.es



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Sant Cugat aprueba "por imperativo legal" el plan urbanístico de Torre Negra

ELPERIÓDICO/Barcelona* : El Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès ha aprobado "por imperativo legal" el plan urbanístico de Núñez i Navarro para Torre Negra, siguiendo una orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), según ha informado el consistorio. El ayuntamiento afirma que esta acción no implica la urbanización de la zona, cercana al parque de Collserola, declarada no urbanizable.

La aprobación inicial del proyecto prevé la construcción de 2.800 viviendas donde podrían habitar 12.000 personas, pero antes de ejecutarla el ayuntamiento debe corroborarla en una aprobación provisional y, más adelante, debe ser votada en el Parlament.

Según fuentes municipales, todos los portavoces de los partidos han manifestado en un pleno extraordinario su "rechazo" al programa de actuación urbanística (PAU) de Núñez i Navarro. Sin embargo, todos han votado a favor cumpliendo el dictado del TSJC que obliga a tramitar el plan de la constructora y aprobarlo inicialmente en un plazo de cinco días.

El alcalde pide la conservación del paraje

El alcalde de Sant Cugat, Lluís Recoder, ha leído una declaración institucional donde ha recalcado que Torre Negra es "un espacio singular que merece ser conservado y mejorado para goce de la ciudadanía". Según ha añadido, la aprobación "no es un paso atrás", sino "un trámite" al que se ven "obligados" a cumplir.

"Ahora se abrirá un periodo de exposición pública y de presentación de alegaciones que nos llevará a debatir el proyecto en fase provisional, donde el pleno municipal sí que será soberano para decidir aquello que más le conviene al municipio, o sea, la protección de Torre Negra, un espacio no urbanizable desde el 2003", ha confiado Recoder.

Dispuestos a acudir al Supremo

El consistorio ha anunciado que presentará un recurso contra la sentencia del TSJC, pese a que esto no le exime de cumplirla. Si el alto tribunal catalán desestima este recurso de súplica, el consistorio acudirá entonces al Tribunal Supremo, donde presentará un recurso de casación.

En septiembre del 2007, el consistorio ya se reunió para tramitar la aprobación inicial del programa --cumpliendo un auto anterior del TSJC--, aunque en aquella ocasión fue rechazado por todos los grupos al alegar que se trata de suelo no urbanizable. Sin embargo, el auto de diciembre del TSJC dio la "nulidad" a este acto municipal y obligó a volver a tramitar el plan.







* El Periódico - EUROPA PRESS - 9/1/2008
Foto: La zona de Torre Negra, en Sant Cugat/ LAURA GUERRERO, elperiodico.com



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Un juez anula la eliminación de 47 viviendas protegidas para financiar la piscina climatizada

INFORMACIÓN/Alicante* : Un juez ha anulado el acuerdo del pleno de El Campello de suprimir 47 viviendas protegidas de un plan parcial para financiar con su venta la construcción de la piscina climatizada. Según consta en la sentencia del Juzgado número 2 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, ésta deja sin efecto el acuerdo plenario de 29 de marzo de 2007 por el que se aprobó la enajenación mediante subasta pública de la parcela municipal que le correspondía al Ayuntamiento en el plan parcial Sup-6.

Tras este pleno PSOE, Bloc y EU, que votaron en contra de la venta, llevaron el caso a los tribunales al considerar que la enajenación es ilegal al no destinarse los ingresos a ampliar el Patrimonio Municipal del Suelo. En esa parcela, ubicada junto a la avenida Ausias March, debían levantarse 47 VPO en virtud del 10 % de aprovechamiento urbanístico que le pertenece por Ley al Ayuntamiento en todo plan parcial, pero el equipo de gobierno del PP, con el visto bueno de la Conselleria, vendió el pasado mes de mayo por 5,1 millones de euros la parcela para financiar la piscina cubierta.

Ocho meses después del pleno recurrido, el titular del Juzgado número 2 de lo Contencioso ha dado la razón a PSOE, Bloc y EU con una sentencia que, pese a que es recurrible, supone un varapalo para el equipo de gobierno del PP, que tenía en la piscina climatizada uno de sus proyectos estrella. El magistrado basa su decisión en varios artículos de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación de Territorio, que cuando se realizó la aprobación estaban en vigor aunque han sido posteriormente derogados. En uno de ellos se señala que «los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo, una vez incorporados al proceso de urbanización y edificación, deberán ser destinados a la construcción de viviendas sujetas a algún régimen de protección pública o a otros usos de interés social, de acuerdo con el planeamiento urbanístico».

El juez apunta que la cuestión controvertida se concreta en la diferente interpretación que estos preceptos. «Así, los demandantes entienden que los ingresos que puedan obtenerse de la enajenación de los bienes del Patrimonio Municipal del Suelo deben ser destinados a la conservación y aplicación del referido patrimonio, mientras que los demandados -el Ayuntamiento y la mercantil Proinsur Mediterráneo- entienden que dichos ingresos pueden destinarse a financiar las obras de ejecución de la piscina municipal». La sentencia se basa en que el TSJ de la Comunidad Valenciana de forma reiterada se ha manifestado sobre esta cuestión optando por la tesis de la oposición, considerando que «el producto de las enajenaciones de terrenos del Patrimonio Municipal del Suelo se deben destinar no a cualquier fin, por loable y razonable que sea, sino al específico de la conservación y ampliación del propio Patrimonio Municipal del Suelo».

El juez no ordena sólo la nulidad del punto del pliego de condiciones donde se especifica que los ingresos de la venta se destinan al plan de la piscina, sino que lo amplía a todo el acuerdo plenario, ya que el objetivo del mismo de la enajenación es financiar esta obra. Esto implica la anulación de la posterior subasta que vendió la parcela por 5,1 millones, acuerdo que incluía la opción de que, en el concurso de licitación que está actualmente abierto para construir el complejo, una empresa se hiciera cargo del 100% del coste a cambio de su explotación, y poder así invertir el dinero obtenido del Sup-6 a su destino inicial, que era promover VPO. La piscina se proyecta construirla entre el pabellón deportivo y el centro social, con un coste de unos 4 millones. En cuanto al plan Sup-6, ya se ha urbanizado la zona y en breve se empezarán a levantar las 470 viviendas que contempla.








* Información - JOSE ANTONIO RICO - 09 de enero de 2008
Foto: La parcela que subastó el Ayuntamiento renunciando a 47 VPO se ubicaba en el Sup-6, venta que ahora ha anulado un juez/ J. A. R. - diarioinformacion.com



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No caerá esa breva

JOSÉ BADA* : Hablemos del agua, si os parece, que es el tema de la Expo, del año que comienza, de la década incluso. ¿No hay en Zaragoza una Oficina de N.U. para la Década del Agua?. Pues eso. Pero si hablamos del agua, ¿por qué no de la sed? Y si hablamos de la sed, habrá que hablar aquí de los Monegros. Y entonces ¿cómo evitar el tema de Gran Scala, de eso, de lo que se habla hoy en todas partes: en Castejón, en Bujaraloz, en Valfarta, y hasta en Barcelona, de donde acabo de venir y donde todos te preguntan por eso, por la cosa, si saben que eres aragonés y de donde llegas.

En Barcelona me preguntó un catalán de Gironella, que había estado en Las Vegas, donde --me dijo-- hay máquinas tragaperras hasta en los servicios. Y allí informé de lo que sé, muy poco, a un amigo de Castejón de Monegros: a Jesús Vived para satisfacer lo mucho que quería saber. Y como él es músico y cura, organista y monegrino, al hablar del agua y de la sed hablamos de los Monegros, de las antífonas de María de la O, de la Expectación del Parto y de la Virgen de la Sabina (en Farlete), de la sequía, del vacío y del vacivo --el ganado de carne, que no cría-- del fruto de la tierra y del fruto del vientre, de la fertilidad, del silencio, del gregoriano y de otras músicas celestiales. Y quedó en el aire esta pregunta allá en una cafetería no lejos de la Plaza de España: ¿Es posible organizar un recital de gregoriano con todos esos motivos litúrgicos sobre el agua, la sed y la fertilidad en algún lugar de los Monegros? ¿No habrá un alcalde, un cura quizás, el pabellón del Vaticano acaso y por qué no alguna institución o funcionario de la cultura que coja la pregunta al vuelo? Confieso que al poner los pies en tierra, en esta tierra dura y seca de Aragón comprendí que una pregunta como esa se quede volando por otras regiones más templadas.

A poco que uno se fije, lea o escuche los comentarios que se hacen en Aragón sobre Gran Scala, convendrá conmigo que la gran mayoría de los que opinan se dividen en dos mitades: los "cenizos" a un lado y los optimistas al otro. Aquellos dicen: "¡No caerá esa breva!" Y éstos responden: "¡Ya están aquí los aguafiestas de siempre!" No obstante unos y otros están de acuerdo en que la cosa es una breva. Y así sucede que unos y otros están en la higuera, enfrascados en un debate sobre la posibilidad o no de que les caiga esa breva. ¿No es eso precisamente lo que querían los promotores de Gran Scala?

Los problemas culturales, ecológicos y morales no entran directamente en el tema, son inconvenientes, no vienen a cuento y si los hubiere ya se resolverán sobre la marcha imparable hacia la meta que es la que manda; es decir, mandan los que lo tienen claro y saben --ellos sabrán-- por qué se empeñan en tal proyecto. La decisión tomada y el modo como se ha tomado contaminan el clima del debate, el medio ambiente o contexto cultural y social para debatirlo a fondo. El estado de la cuestión viene definido en los términos que interesa a los promotores, el contexto de la discusión viene dado, tramado sigilosamente por los que tienen prisa y quieren que los ciudadanos aplaudan. Pero sea lo que fuere después de todo: boda o funeral, una breva o un ladrillo, los ciudadanos llegan a misas dichas. No obstante, parece que los promotores ya tienen de entrada un buen proyecto. Si no se realiza no será porque no lo intenten. Y si lo intentan puede que muchos vivan de ilusión y otros, menos ilusos, puede que vivan de algo mucho más tangible aunque no se realice.

Lo que contamina el ambiente social y cultural son los prejuicios, engendro de los intereses particulares que mueven la voluntad, el deseo, y nublan la mente y la opinión pública. Los prejuicios no se piensan, es lo que se da por pensado porque se da por querido. O no se piensan por segunda vez y esta vez con otros, en público, y no se les somete a un juez imparcial no sea que se pierda el juicio; es decir, el prejuicio y algo más. Los prejuicios anidan en la cabeza, pero nacen en el corazón y los engendra el interés particular y la ambición a corto plazo. Los prejuicios son también como la boira que sale y se nos echa encima, que se pega a la tierra y nos envuelve, que tapa la luz del sol y no nos deja ver más allá de lo que alcanza la mano.



* Filósofo





* El Periódico de Aragón - 05/01/2008



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El juez investiga al alcalde de Orxeta por una estafa urbanística

ELPAÍS/Alicante* : El juzgado número dos de La Vila Joiosa ha admitido a trámite una querella contra el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, ambos del PSPV, por los supuestos delitos de estafa, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a los funcionarios derivados de la compraventa de un terreno rústico incluido luego en la masiva recalificación recogida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.

La denuncia también se extiende al hermano de Olcina, ex dirigente socialista y, a su vez, cuñado del alcalde. El querellante basa la acusación en supuestas irregularidades cometidas durante la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 y pendiente de la autorización definitiva por parte del Consell. El documento prevé 3.500 nuevas casas y un campo de golf.

La querellante sostiene que el 27 de mayo de 2003 vendió una finca rústica por 564.950,39 euros a cuatro familias, entre las que se encontraba el matrimonio formado por Vicente Olcina Llorca y María Vicente Lloret Sellés, hermano del entonces concejal de Urbanismo, y a su vez cuñados del alcalde. Los cuatro compradores vendieron el terreno un año después, el 23 de julio de 2004, a la mercantil Balcón de la Florida, del constructor Vicente Pastor, presidente del Benidorm CD, por un precio casi cinco veces superior, 2.614.453 euros. El suelo continuaba siendo rústico. El precio inicial, sin embargo, estaba sometido a unas condiciones suspensivas -cláusulas de regularización- en las que se pactaba lo siguiente: En caso de aprobarse por el Ayuntamiento de Orxeta un instrumento urbanístico que clasificara la superficie de la finca como suelo urbanizable en los cinco años y medio siguientes se incrementaba el precio en 1.789.909 euros, a los que habría que sumar otros 681.241 si la edificabilidad mínima era de 193.000 metros cuadrados de techo, o 408.744 si fuera al menos la mitad.

Según relata la querella, previamente al otorgamiento de la escritura pública de la segunda compraventa, el alcalde firmó un convenio urbanístico con la mercantil Balcón de la Florida por el que acuerda reclasificar los terrenos. El convenio se firmó el 5 de mayo de 2004 y en él se reconoce que dicho suelo será objeto de reclasificación urbanística en el nuevo PGOU e incluso asigna las tipologías edificatorias. En el pleno municipal votaron a favor del convenio los dos ediles.

La querella añade otros elementos. El 19 de abril de 2004 el Ayuntamiento sometió a información pública la alternativa técnica presentada por la mercantil Construcciones Valencia Constitución S.L. (CVC) para el PAI Sur-5, en el que se encuentran los terrenos ahora propiedad de Balcón de Florida. CVC subrogó ese mismo año los derechos a Residencial Golf Orxeta S.L., creada ex profeso. En la querella se señala que esta sociedad se creó el 2 de julio de 2004, de forma paralela a la venta de los terrenos y el convenio urbanístico de Balcón de Florida. El PAI no se tramitó de forma independiente y se incorporó en el nuevo PGOU, aprobado provisionalmente el 4 de abril de 2007 con los votos del PSPV-PSOE, que gozaba entonces de mayoría absoluta. Tras las elecciones los socialistas perdieron la mayoría absoluta y José Olcina dejó el área de Urbanismo para gestionar la de Fiestas.

La querellante estima que los primeros compradores conocían que los terrenos "iban a ser objeto de reclasificación", por la "necesaria connivencia" del alcalde y el responsable de Urbanismo, José Olcina, que era hermano del comprador. El edil además "recibió un préstamo de CVC en paralelo a la tramitación de la alternativa presentada por ella", lo que "no le impidió intervenir y participar con su voto en los plenos municipales en los que se decidía la cuestión".

El alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, y el concejal José Olcina, declinaron ofrecer su versión al desconocer el contenido de la querella y no haberles sido notificada su admisión, que tuvo lugar el pasado 26 de diciembre. Llinares, enfrentado con el PSPV-PSOE de La Marina Baixa, manifestó que la tramitación se ha realizado "con absoluta transparencia" y "siguiendo los trámites marcados por el PGOU".







* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 09/01/2008
Foto: Orxeta (Alicante) - Paisajes Españoles SA. - orxeta.org


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El TSJC anula otra licencia para un hotel de más de 900 habitaciones en Costa Teguise

LAPROVINCIA/Lanzarote* : El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido anular otra licencia urbanística concedida por el Ayuntamiento de Teguise en 1999 a la mercantil Dalmadu SL. La licencia era para un hotel, que no se ha llegado a construir, de 912 habitaciones en la avenida Islas Canarias en la parcela 244-F de Costa Teguise. La Sala, en una sentencia del pasado mes de noviembre, da la razón a la Fundación César Manrique, que fue la que interpuso el recurso, y anula la licencia que otorgó Juan Pedro Hernández cuando era alcalde de Teguise a la mercantil Dalmadu SL.

Además del Ayuntamiento, figuraba como codemandada la empresa Millenium Hoteles SL.


El Tribunal, en la sentencia, asegura que en la tramitación municipal "destaca la ausencia de estudio técnico y/o jurídico adecuado que certifique la concordancia entre proyecto básico y de ejecución, el planeamiento aplicable a la licencia y los detalles del caso, en concreto si se habían comenzado las obras en el plazo otorgado para la licencia de 1998". Señala el Tribunal que "las cosas son lo que son y no lo que se las llame: por mucho que se llame al acto impugnado reformado de conjunto es en realidad el acto que posibilita la construcción de los apartamentos, dada la obsolescencia de las licencias anteriores".

Se destaca igualmente que no existe informe jurídico para otorgar la licencia y que ese trámite es preceptivo y se recuerda en el texto "la responsabilidad del secretario del Ayuntamiento que no haya advertido de la omisión de alguno de los preceptivos informes técnico y jurídico".

El Cabildo también se querelló contra el otorgamiento de la licencia para este hotel, que, de haberse construido, sería uno de los más grandes de Costa Teguise. Ese procedimiento aún no se ha resuelto.

Son ya más de 20 las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias favorables tanto a la Fundación César Manrique como al Cabildo de Lanzarote anulando licencias otorgadas por los alcaldes de Yaiza y de Teguise, contra los que se sigue además un procedimiento penal.

Los magistrados, en esta sentencia, señalan que es innecesario examinar otros motivos de impugnación, en particular los referidos a la incompatibilidad de las licencias con las determinaciones del Plan Insular.







* La Provincia - SAÚL GARCÍA / ARRECIFE - 09 de enero de 2008
Foto: Teguise (Lanzarote), costa - lavozdelanzarote.com



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Valencia: Fórmula Verda ve indicios de fraude de ley en la construcción del circuito

LEVANTE* : La Coordinadora Fórmula Verda estudia iniciar acciones judiciales para impedir la construcción en Valencia del circuito urbano de Fórmula Uno, al considerar que hay "indicios suficientes de fraude de ley" que la Generalitat, según denuncian sus responsables, "está intentando borrar". Fórmula Verda, integrada por asociaciones vecinales, grupos ecologistas y organizaciones de defensa del territorio, estudia acudir a los tribunales tras haber llevado el caso ante la Sindicatura de Greuges y la Comisión Europea, que ya ha admitido a trámite su denuncia.

Según ha manifestado a EFE su portavoz Vicente Gallart, la plataforma "está trabajando en la presentación de denuncias judiciales" ante "las evidencias de que se está invadiendo la ley".

En primer lugar, denuncian que "no se ha presentado a información publica un proyecto global", sino que se ha dividido en varias fases e "intervenciones parciales" con las que, según Gallart, "se está camuflando todo" y generando una "falta de claridad".

En este sentido, ha indicado que el trazado del circuito "invade" catorce metros de suelo calificado como no urbanizable en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valencia del antiguo cauce del Túria, con el "agravante" de que se trata de un espacio de "desagüe fluvial".

"Están acelerando las obras sin modificar el PGOU", por lo que la coordinadora "intuye" que se está "ante un fraude de ley porque estaban eludiendo la presentación de un proyecto global".

Para Gallart, así se demostró en la visita de representantes de la coordinadora al Ente Gestor de la Red de Transportes y Puertos de la Generalitat (GTP) para consultar los proyectos constructivos del circuito.

Según el portavoz de Fórmula Verda, fue "una visita muy frustrante" porque los responsables del ente público, dependiente de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, impidieron a los representantes del colectivo obtener documentos ni fotocopias o fotografías de los mismos: "no nos dieron ni una sola hoja y se negaron a darnos ni un solo plano", lamenta.

Por contra, Gallart asegura que cuando un ciudadano solicita información a la Administración, ésta suele "grabar en un DVD todos los proyectos a cualquiera interesado en la información de un proyecto".

Así, critica, "se demuestra el interés de la Generalitat en hacer pública esa información", ya que es "consciente de que está vulnerando la ley".

Además, ha recordado que las obras del circuito se iniciaron el pasado octubre sin un estudio previo de impacto ambiental, motivo por el cual la Comisión Europea admitió a trámite el pasado 19 de diciembre una denuncia de la Federación Valenciana de Ecologistas en Acción, en representación de la Coordinadora Fórmula Verda.

Junto a la posibilidad de presentar una denuncia judicial, Fórmula Verda ha organizado una marcha ciclista por el jardín del Túria para el próximo día en protesta por las obras del circuito.

Para Gallart, los ciudadanos necesitan saber "cuánto cuesta, quién lo pagará y para qué servirá" el circuito, que, según dice, "se está saliendo del área prevista en el PGOU e invadiendo el cauce".

El colectivo ecologista se constituyó el pasado noviembre para reclamar a las Administraciones toda la información necesaria para que los ciudadanos conozcan los beneficios, costes y repercusiones del circuito, que acogerá el 24 de agosto de 2008 y, al menos, hasta 2014, el Gran Premio de Europa de Fórmula Uno.







* Levante-EMV - EFE - 09 de enero de 2008
Foto>: El puente levadizo del puerto será trasladado para construir el circuito /Fernando Bustamante, levante-emv.com



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Cantabria: La piqueta de la justicia no funciona

ELPAÍS/Reportaje* : Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro. Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm.

El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.

El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.

Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".

Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.

Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.

"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.

Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.

El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".







* ELPAIS.com - NATALIA JUNQUERA - Madrid - 09/01/2008
Foto: Masificación en Castro Urdiales- SANTOS CIRILO, elpais.com



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Los implicados en la 'Operación Guateque' aprovecharon la falta de controles del ayuntamiento

SER/Madrid* : Los agentes de la Guardia Civil encargados de la investigación de la 'Operación Guateque' aseguran en un documento que los implicados aprovecharon la falta de controles en el Ayuntamiento de Madrid para montar una trama de cobro de comisiones ilegales. Los agentes entregaron este documento al juez el pasado mes de noviembre. En el informe dan por seguro que hay una trama de funcionarios dedicada a agilizar expedientes administrativos a cambio de dinero.


Los funcionarios y los empresarios implicados conocían los complejos mecanismos administrativos para la concesión de licencias y además la certeza de que las penas que acarrean estos delitos no suponen un gran perjuicio para ellos. A pesar de todo, en el documento se subraya que no se ha tenido conocimiento de que las personas implicadas en la 'Operacion Guateque' ostenten algún cargo o tengan vinculaciones políticas.

El informe en el que se hacen todas estas afirmaciones está fechado el 6 de noviembre. Los agentes llevaban desde junio investigando e interviniendo comunicaciones y teléfonos de un caso que comenzó casi por casualidad. Cuando el propietario de una tienda de animales situada en pleno rastro de Madrid denunció ante el juez que alguien que se identificaba como gerente de urbanismo le había pedido 72.000 euros. Es el precio que los presuntos delincuentes habían puesto para evitar que el negocio de este comerciante fuera precintado por el ayuntamiento. Quien pedía esa cantidad de dinero resultó no ser el gerente de urbanismo, sino uno de los principales cabecillas de la trama, relacionado en su día con el ayuntamiento y que a los pocos días pasó su primera noche en la cárcel.


Últimas novedades

La Guardia Civil ha encontrado más de 100 mil euros en metálico en el registro del domicilio de Carmelo García, detenido por su presunta implicación en la trama de corrupción del Ayuntamiento de Madrid. El juez Torres señala a García como el intermediario entre AC 93, principal empresa implicada en el caso, y el Ayuntamiento.

Los registros que llevó a cabo la Guardia Civil en la vivienda de Carmelo García y la sede de la empresa AC 93 fueron prácticamente simultáneos. En casa de García, los agentes encontraron 101.405 euros en metálico ?más de 16 millones de las antiguas pesetas- y en la sede de la empresa AC 93, 275 billetes de 20 euros, es decir, 5.500 euros.

Tal y como les adelantó la Cadena SER el pasado viernes, el Juez Torres considera que Carmelo García era el intermediario entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa AC 93. Según el juez, García que fue funcionario de la Gerencia de Urbanismo hasta el año 2003, forma parte de una trama estructurada y organizada que cobraba comisiones a cambio de agilizar la concesión de licencias y que sobornaba a funcionarios para conseguir sus propósitos.

Más de 20 de los 187 expedientes que investiga el Juez Torres fueron tramitados por la empresa AC 93.








* CadenaSER - PEDRO JIMÉNEZ / 08-01-2008
Foto: Madrid, nuevo edificio ayuntamiento - wikipedia.org



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El TSJA mantiene la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla

ABC* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha mantenido la suspensión cautelar de 12 artículos del PGOU de Sevilla, aunque ha admitido el recurso del Ayuntamiento y ha levantado dicha suspensión sobre otros 6 artículos inicialmente paralizados en noviembre pasado. La medida se ha dictado a petición de la Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico de Andalucía (ADEPA) y, según fuentes de dicha entidad, la suspensión afecta a la casi totalidad del casco histórico sevillano que carece de un plan especial de protección.

El TSJA paralizó dichos artículos por entender que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no puede suplir a los planes especiales de protección en las zonas que aún carecen de este tipo de normativa.

Inicialmente el alto tribunal había suspendido 18 artículos del PGOU pero ahora ha admitido el recurso del Ayuntamiento y lo ha levantado respecto a 6 artículos, a la vez que ha rechazado la totalidad de las alegaciones de la consejería de Obras Públicas.

Cuatro sectores paralizados

El auto mantiene la paralización en lo referente a los sectores de Santa Catalina-Santiago, Catedral, Encarnación-Magdalena y Calzada. Según las citadas fuentes, el TSJA cree que el Plan General "no puede entenderse que supla el planeamiento de especial protección" y por tanto "no puede afirmarse que los citados sectores cuenten con instrumentos urbanísticos de especial protección".

El alto tribunal suspende el articulo que determina la densidad de viviendas "y por ende establece la posibilidad de un aumento de edificabilidad", y el que permite obras de sustitución y nueva planta, pero autoriza el artículo que "habilita para la redacción de futuros planes especiales, que como tal no produce perjuicio".
También autoriza otros artículos que regulan las condiciones de uso de los garajes, las garantías de estudios previos de fachadas o la existencia de hueco de acceso en el edificio original, así como el artículo que permite excepcionalmente para usos de interés público las obras de reconstrucción y ampliación.

La sala de lo Contencioso del TSJA, por otra parte, rechaza la argumentación de la Gerencia de Urbanismo municipal de que no fue notificada oficialmente del trámite de alegaciones, y precisa que el escrito que recibió el 31 de julio de 2007 era una notificación y no un mero trámite informativo del plazo dado a la consejería de Obras Públicas.







* ABC - AGENCIAS. SEVILLA - 8 de enero de 2008
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com



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El juez imputa de nuevo por prevaricación al alcalde de Oropesa (Castellón)

ELPAÍS* : El alcalde de Oropesa, Rafael Albert, del PP, habrá de volver al juzgado el 20 de febrero para ser interrogado por un presunto delito de prevaricación. Con ésta serán dos las ocasiones en las que, en apenas tres meses, el dirigente del PP habrá de responder por sus decisiones urbanísticas al frente del Consistorio oropesino. La nueva imputación surge del intento de legalización de un edificio de 600 apartamentos, conocido como Edificio Mar, construido sobre suelo calificado como cámping y aprobado en la legislatura 1999-2003, durante la que Albert aún no era alcalde. Sin embargo, en agosto de 2005, el popular convocó un pleno urgente para cambiar la calificación del suelo y, de esta manera, legalizar la obra.

La convocatoria se realizó en un día en el que el edil del Bloc, Josep Lluís Romero, el único que ha mantenido una actitud crítica en el Ayuntamiento, no podía acudir al Consistorio, tal como había manifestado con anterioridad. Pese a ello, el pleno se celebró y el equipo de gobierno del PP aprobó la recalificación.

Poco después, Romero presentó alegaciones a la celebración del pleno pero no únicamente por la urgencia, no razonada, sino porque la propuesta de acuerdo no incluía los metros que cambiaban de calificación. Finalmente, el Ayuntamiento anuló el pleno al aceptar que la urgencia no estaba justificada pero no entró a valorar los otros defectos alegados por el concejal del Bloc. Para entonces, un particular ya había presentado una denuncia ante el juzgado de instrucción número 4 de Castellón, en la que acusaba a la Corporación que gobernó entre 1999 y 20003 de un presunto delito de prevaricación. Tras más de un año de diligencias, el juez imputó al ex alcalde, el independiente Francisco Garrido, a tres ex concejales y el arquitecto municipal ante la posible comisión de un presunto delito de prevaricación.

Bañuelos, pendiente

Ahora, ha extendido la imputación al actual alcalde de Oropesa, Rafael Albert, mientras está pendiente de que decida si acepta la solicitud realizada por la fiscalía de imputar también a los promotores y constructores del edificio, entre los que se encuentra el ex presidente de Astroc, Enrique Bañuelos. Albert ya declaró por los posibles delitos de prevaricación y tráfico de influencias en la aprobación del PAI Les Amplàries.






* ELPAIS.com - M. F. - Valencia - 08/01/2008
Foto: Oropesa del Mar (Castellón), edificio Mar - R.Muñoz (Levante)



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No es “renta básica”, no es “de emancipación”

JOSÉ MIGUEL SEBASTIÁN* : No es la primera vez que el establishment se apropia nominalmente de las reivindicaciones de los movimientos sociales alternativos, para vaciarles de contenido; basta recordar el uso y abuso que del término “desarrollo sostenible” hacen las corporaciones multinacionales más depredadoras del medio ambiente. O la denominación como Renta Básica de las rentas de inserción condicionadas que están vigentes en algunas Comunidades Autónomas como el País Vasco o Asturias. No obstante, resulta muy llamativa la rimbombante denominación de “Renta de Básica de Emancipación” con que el Ministerio de la Vivienda ha bautizado a las ayudas a jóvenes para el alquiler...
... aprobadas por Real Decreto 1472/2007 de 2 de noviembre que ha entrado en vigor el pasado 1 de enero, más cuando hace escasamente tres meses el PSOE votó en el Congreso en contra de la toma en consideración de las proposiciones de ley de ERC e IU-ICV para la implantación de una Renta Básica de Ciudadanía.

En realidad, poco tiene que ver la medida del Gobierno con la Renta Básica. Y es que, sin ánimo de atribuir a nadie en exclusiva el copyright sobre el concepto, con arreglo a la definición de la Basic Income Earth Network (BIEN), la Renta Básica es un ingreso pagado por el Estado, como derecho de ciudadanía, a cada miembro de pleno derecho o residente de la sociedad incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tomar en consideración si es rico o pobre o, dicho de otra forma, independientemente de cuáles puedan ser las otras posibles fuentes de renta, y sin importar con quien conviva.

La Renta Básica, como el derecho de sufragio, se caracteriza por su universalidad, mientras que el subsidio a los arrendatarios jóvenes aprobado por el Gobierno únicamente afecta a los ciudadanos entre 22 y 30 años.

La Renta Básica se define igualmente por su incondicionalidad, mientras que en la presunta renta de emancipación se exige que sus perceptores sean titulares del contrato de arrendamiento de su vivienda habitual, estén al corriente en el pago del alquiler, tengan de unos ingresos regulares o un patrimonio, en todo caso inferiores a 22.000 euros y no dispongan del uso o disfrute de una vivienda de la que sean titulares.

La Renta Básica se propone como un derecho subjetivo individual, mientras que este auxilio económico habrá de dividirse entre los titulares del contrato de arrendamiento en el caso de ser varios.

La Renta Básica se plantea, en principio, como un derecho “vitalicio”, esto es, va unida a la condición de ciudadano o residente legal, mientras que esta ayuda se recibirá por un máximo de cuatro años.

En suma, el Gobierno pretende dar respuesta al problema de la emancipación de los jóvenes y el derecho a la vivienda desde una posición asistencialista, en vez desde la perspectiva de los derechos sociales. Estamos ante un subsidio condicionado más, que no permitirá a sus perceptores desarrollar de forma efectiva sus respectivos planes de vida por su escaso importe y que, incluso, puede provocar cierta espiral de dependencia en muchos de sus beneficiarios, ya que el mantenimiento del mismo exige que persistan los requisitos que habilitan para su reconocimiento. Y en cualquier caso, supondrá un incremento del gasto burocrático al requerir más medios humanos y materiales para su tramitación y control y, probablemente, fomentará la picaresca asociada a este tipo de ayudas.

Por el contrario, una Renta Básica Universal de Ciudadanía, en cuantía suficiente para permitir cubrir las necesidades básicas, generalizaría un nivel razonable de independencia económica de todos los ciudadanos y aumentaría su libertad para vivir su vida con dignidad y respeto, especialmente para los sectores más vulnerables, entre los que se hallan los jóvenes “mileuristas” a los que va destinada la medida electoralista del Ministerio de la Vivienda contenida en el Real decreto 1472/2007.

El desempleo y la precariedad laboral afectan más directamente a los jóvenes que a cualquier otro sector de la población. Una Renta Básica Universal, por tanto, beneficiaria a los ciudadanos jóvenes, puesto que les permitiría rechazar contratos laborales, en condiciones desfavorables de trabajo o remuneración, que actualmente muchos se ven obligados a aceptar y, al mismo tiempo, incrementaría, su poder de negociación, individual y colectivo, a la hora de negociar con los empleadores, al dotarles de una autonomía económica que les permitiría oponerse a acuerdos desfavorables. Por el mismo motivo, les facilitaría la posibilidad de emanciparse de la vivienda paterna.

Pero, para asegurar la efectividad del derecho a la vivienda, como la del resto de derechos sociales constitucionalmente reconocidos, un ingreso ciudadano universal es garantía necesaria, pero no suficiente por sí solo. Es imprescindible que vaya acompañada de políticas públicas que preserven el contenido mínimo de los derechos sociales y que defiendan a los ciudadanos titulares de esos derechos frente a la especulación y los intereses de los prestadores privados de los recursos y servicios que constituyen el objeto de los mismos En el caso del derecho a la vivienda, los propietarios de suelo o viviendas, constructores y promotores.

Por ello, una decidida política de promoción pública de la vivienda social en alquiler, unida a un incremento severo del I.B.I. a los propietarios de viviendas desocupadas y, en general, un mayor control público del mercado inmobiliario, junto a una Renta Básica de Ciudadanía medianamente generosa, garantizaría más eficazmente el acceso de los jóvenes al disfrute de una vivienda digna, fomentado una más temprana emancipación y, por ende, el derecho a la vivienda digna de todos los ciudadanos.



* José Miguel Sebastián es colaborador del Observatorio de Renta Básica de Attac-Madrid







* Rebelión - 08-01-2008




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Una sentencia del Supremo pone coto al ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca

ÚLTIMAHORA* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha rechazado de plano un recurso presentado por un ciudadano de Balears para que se clasificara como suelo urbano unos terrenos lindantes con Cala Gat, en Capdepera, debido a «la ausencia de motivos de casación propiamente dichos», según la sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

En lo que supone un freno al denominado ‘urbanismo a la carta’ en Mallorca, la resolución, de la que fue ponente el magistrado Segundo Menéndez Pérez, se pronuncia en los mismos términos de una sentencia anterior dictada por el TSJB. El Ajuntament de Capdepera se personó en el recurso.

Tanto los magistrado del TSJB como los del Supremo dieron validez al informe pericial elaborado por un arquitecto de la Isla, y que concluyó que «los terrenos del actor no pueden considerarse como suelo urbano, sino como suelo urbanizable de carácter forestal, ocupado por una masa arbórea que constituye un elemento básico en la caracterización del paisaje». El recurrente alegó que sus terrenos comunicaban con la «vía más importante de la zona (Cala Gat)», y por ello solicitaba el cambio de uso a urbanizables, pero la sentencia del Supremo le corrige al afirmar que «(los terrenos) lindan con lo que cabría considerar más como un camino que una calle con carácter urbano». Y añade: «En definitiva, no de ja de tener razón la parte recurrida (la sentencia del TSJB) cuando inicia su escrito de oposición afirmando que el planteamiento del recurso de casación es incompatible con las exigencias que la ley jurisdiccional requiere para la fundamentación de aquél».










* Última Hora Digital - PATRICIO CANDIA - 8 de enero de 2008
Foto: Capdepera (Mallorca), ayuntamiento - mallorcaquality.com



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El Consell 'ahorró' 727.000 euros en el ruinoso instituto de Rojales

ELPAÍS/Alicante* : La Generalitat invirtió 727.00 euros menos de los exigibles en el Instituto de Educación Secundaria (IES) L'Encantà de Rojales (Alicante) que ayer se vino abajo por cuarta vez desde su inauguración en 1999. Una parte del techo de escayola de un pasillo se desplomó a las 8,45 de la mañana. Los tres anteriores desmoronamientos ocurrieron por las caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas.

En julio de hace nueve años los socialistas formularon dos preguntas consecutivas sobre el IES de Rojales. En la primera se interesaban por la inversión necesaria para construir el instituto y en la segunda por la consignación presupuestaria real. Francisco Camps, por aquel entonces consejero de Educación, contestó el 9 de julio de 1998 que la inversión global del centro prevista era de 3,9 millones. Un día después, reconocía que la consignación real era de 3,17. Una diferencia a la baja de 727.000 euros. Algo más de 120 millones de pesetas de la época, Jesús Cañizares, profesor jubilado del centro, asegura: "esa es la cantidad que nos escatimaron".

El ahorro se podía observar ayer en las doce placas de escayola, dos cristales y algunos hierros que se encontraban hechos añico en un pasillo de la segunda planta de este centro de 800 alumnos. No hubo heridos, por fortuna.

La suerte no evitó el susto entre el alumnado más cercano al lugar de los hechos. Hubo gritos, lágrimas y carreras escaleras abajo. Aunque no faltó quien se lo tomó con una cierta resignación. "No me ha extrañado, ya había pasado antes", explicaba Melani, estudiante de primero de bachillerato que vio caer el techo.

Pero los padres no se lo tomaron con tanta frialdad. "Se me ponen los pelos de punta de pensar lo que podría haber pasado", reconocía Loli Penalva, miembro de la AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos), que manifestó su preocupación por la nueva pérdida de clases de los alumnos.

Este nuevo accidente se debió a un defecto de obra. Los tres anteriores ocurrieron por caídas de algunas bovedillas mal asentadas sobre las vigas. La empresa constructora Necso optó por quitar las bovedillas que tenían para evitar más siniestros, pero ayer "falló el anclaje del falso techo", según José Antonio Fabrega, director del centro, quien reclamó una solución inmediata.

La Consejería de Educación suspendió las clases hasta que se garantice la seguridad, y estudia "emprender acciones legales" contra la dirección facultativa de la obra o la empresa Necso-Acciona. El malestar cundió entre padres y profesores, que hoy se concentrarán. "Es la cuarta vez que ocurre. No queremos que se haga otro parche", reclamaba una de las docentes.



Las chapuzas de las subcontratas

Construir decenas de centros escolares a destajo tiene sus consecuencias. Los sindicatos coincidieron ayer en el mismo diagnóstico al achacar a las "prisas del sistema de contrata y subcontrata las chapuzas surgidas en este instituto de Rojales. Los padres suscribían esta tesis. Loli Penalva, miembro del AMPA del IES de Rojales, admitió que el centro "se construyó muy rápido" y cree que tal vez el material no fuera "el más adecuado". Para los sindicalistas no se trata de un caso aislado. "Cuando se adjudica una obra a un grupo de empresas y estas a su vez delegan en otras firmas se pierde el control", admitía Vicent Mauri, del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament, quien recordaba que también se han detectado deficiencias en otros centros nuevos como el IES el Pla de Alicante. Manuel Picó, de CC OO, dijo: "Es un problema de las contratas y de los plazos, es necesario mayor control". Los sindicatos también alertaron que el frenesí de nuevas construcciones está "olvidando algunas necesidades básicas de mantenimiento" de otros centros existentes. Fuentes de la Consejería de Educación rechazaron estas críticas y recordaron que el programa Millora Escola prevé hasta el año 2010 obras de reforma o mejora en 66 centros educativos, y que se invertirán 13,3 millones de euros para colegios y 4,3 millones en institutos.

Manuel Menargues, sindicalista del STE en la zona, apuntó otro detalle: "La Vega Baja es el paradigma de las mayores necesidades educativas". La población residente se ha disparado. En Rojales pasaron de 7.000 habitantes censados en 1998 a los 16.000 del año pasado. Ahora en este centro profesores y alumnos "no se fían" y exigen garantías de que "el techo no se vuelva a caer". El malestar de padres, alumnos, docentes y sindicalistas contrastó con el absentismo político del PSPV, incapaz de facilitar un dato.







* ELPAIS.com - ROSA BIOT / EZEQUIEL MOLTÓ - Rojales / Alicante - 08/01/2008
Foto: antena3.com



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Proliferación de bloques de pisos en Sierra de Grazalema

ECOLOGISTASENACCIÓN/Cádiz* : Ecologistas en Acción ha presentado sendas denuncias ante la dirección del Parque Natural Sierra de Grazalema y ante la Consejería de Obras Públicas por la construcción de unos bloques de apartamentos claramente ilegales en la localidad de Benaocaz, edificios que nada tienen que ver con la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural, tipología que se protegen las Normas Subsidiarias (NNSS) de dicho municipio y en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales de este espacio protegido.

En concreto hemos denunciado la construcción de un edificio de cuatro plantas en la zona de San Antón, utilizando una serie de subterfugios para vulnerar las normas que prohíben construcciones de más de dos plantas: se ha levantado una primera planta sin acceso visible desde la fachada trasera, y se ha levantado una cuarta planta con cierto retranqueo para hacerla menos patente. Pero lo más grave es la construcción en la calle Laderas del Parral de un enorme bloque de pisos de seis plantas, escalonando dichas plantas para que parezcan independientes. Este bloque es el de mayores dimensiones del pueblo y está ocasionando un enorme impacto paisajístico.

Ecologistas en Acción vienen advirtiendo del impacto irreversible que está suponiendo en algunos pueblos del Parque Natural la ruptura de la tipología tradicional -conformada por casas de una o dos plantas con teja árabe a dos aguas y patios o huertas traseras-, que está siendo sustituida por bloques de apartamentos que multiplican la edificabilidad de forma claramente fraudulenta. De poco han servido nuestras reiteradas denuncias ante los Ayuntamientos y la Junta de Andalucía, que vienen permitiendo, cuando no apoyando de forma clara, este tipo de atentados urbanísticos. Ya hay pueblos, como El Bosque o Benaocaz, en los que se ha destruido de forma irreversible su tipología de “pueblo blanco”, que era uno de sus atractivos turísticos

También hemos denunciado estos hechos ante el Presidente de la Junta Rectora, que viene oponiéndose a la elaboración de un informe sobre las ilegalidades urbanísticas que vienen proliferando en el Parque Natural, a pesar de que el Decreto 239/1997 por el que se regula la constitución y funciones de las Juntas Rectoras de los Parques Naturales, estipula que “Las Juntas Rectoras tendrán funciones de control, vigilancia y participación y, así mismo, velarán por el cumplimiento de la normativa reguladora del Parque Natural, propondrán normas para una eficaz defensa de sus valores ecológicos, promoverán el desarrollo sostenible tanto en el interior como en el entorno del Parque Natural y realizarán cuantas gestiones estimen positivas y necesarias para el espacio natural...” Es, decir analizar los impactos que está causando la especulación urbanística en los pueblos del Parque Natural es una clara competencia que tiene la Junta Rectora; realizar propuestas para garantizar el desarrollo sostenible en los municipios del Parque y su entorno no es sólo un derecho, sino una obligación de la Junta Rectora.

Ecologistas en Acción ha solicitado a estos organismos que tomen las medidas oportunas para paralizar estas construcciones e impedir que vuelvan a levantarse edificios que vulneran la legalidad urbanística y la tipología tradicional de los pueblos blancos del Parque Natural. Caso contrario emprenderemos acciones legales contra todos estos responsables públicos.








* Ecologistas en Acción de Cádiz - 4 de enero 2008
Foto: Benaocaz (Cádiz), bloques - ecologistasenaccion.org



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