LAGACETADECANARIAS* : Los vecinos de los barrios de San Lázaro y Camino la Villa hicieron ayer un llamamiento a todos los ciudadanos del área metropolitana y de la isla para que se movilicen este sábado y acudan a la manifestación del sábado prevista en el municipio de La Laguna para mostrar su rechazo a la clase política actual, en todos sus órdenes y administraciones; además de contra todos los planes urbanísticos previstos para esta zona (la ampliación de Los Rodeos, la Vía Exterior, la Vía Cornisa, la tercera fase de la Vía de Ronda y en Plan Parcial Geneto II).
El presidente de la asociación de vecinos de Camino la Villa, Pedro Delgado; y el vicepresidente de la asociación de San Lázaro, Andrés Pérez, anunciaron ayer, en primer lugar, su oposición a estos planes “que llenarán de asfalto y cemento los pueblos y barrios del área metropolitana, destruyendo todo lo que encuentre a su paso”. Delgado aseguró que “lo que está en juego es la defensa de un modo de vida, que es atacado a través de varios planes para expropiar casas, fincas y especular con el suelo, arrasando campos de cultivo y establecer polígonos industriales junto a las zonas residenciales, y construir torres de viviendas de no se sabe cuentas plantas de altura, en beneficio de unos empresarios y políticos que no siquiera viven en las zonas afectadas”.
En cuanto a las críticas hacia los responsables políticos, Pérez aseveró que, en el caso de la ampliación de Los Rodeos, “aprobaron los proyectos a espaldas de los vecinos. Nos vemos obligados a salir a la calle. Nos damos cuenta que se siguen haciendo las cosas sin contar con los vecinos y a espaldas del pueblo”. Por ello, solicitaron que “se cambie el tipo de política que se está haciendo”.
Ante esto, llamaron a la ciudadanía a participar en la manifestación “a fin de reclamar la participación activa de los ciudadanos en la toma de decisiones que les afecten”.
“La democracia no es solo votar cada cuatro años. Nuestro voto no es un cheque en blanco para que los políticos durante su mandato hagan y deshagan a voluntad propia o para tomar decisiones que afecten gravemente a nuestro modo de vida”, aseveraron los vecinos. Por ello, instaron a la ciudadanía de Tenerife que “hagan caso omiso a nuestros gobernantes, porque lo único que hacen es tergiversar las informaciones para desorientar a la opinión pública”.
Además, en lo que respecta a la manifestación, que saldrá a las 11.30 horas de la plaza del Adelantado, los vecinos anunciaron que los ganaderos, con sus tractores y cabezas de ganado, se sumarán a la movilización a partir de San Benito.
- Alternativa irá a la manifestación. Alternativa Sí se puede por Tenerife denunció ayer la agresión al suelo rústico y a los vecinos de la zona de Los Rodeos y declaró su apoyo a la manifestación del próximo sábado día 15 en contra de la ampliación de Los Rodeos, informa Efe.
Lola Padrón apoya la ampliación aeroportuaria
La alcaldesa de Puerto de la Cruz, Dolores Padrón, del PSOE, mostró ayer su respaldo a la ampliación del aeropuerto de Tenerife Norte, ya que considera que será “un revulsivo” para esa ciudad turística, informa Efe. Padrón calificó de “vital” para Puerto de la Cruz que se realicen las obras del Plan director del aeropuerto de Los Rodeos. “Esta ampliación podría ser el comienzo del revulsivo que necesita nuestra ciudad y el norte de la isla para su desarrollo económico y social”, según la alcaldesa, y consideró que así se convertirá el aeropuerto en un “verdadero referente”.
Para la alcaldesa socialista de la ciudad turística, la prioridad es potenciar los vuelos de bajo coste en el aeropuerto Tenerife Norte y la ampliación del número de vuelos.
* La Gaceta de Canarias - ÁLEX HERRERA - 13/09/2007
Foto: La Laguna (Tenerife), ayuntamiento - aytolalaguna.com
La Laguna: Los vecinos llaman a la ciudadanía a movilizarse contra la clase política y los planes urbanísticos
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Anticorrupción pide que el caso de los aparcamientos pase al TSJ
INFORMACIÓN/Alicante* : La Fiscalía Anticorrupción ha presentado un escrito ante el juez que investiga el caso de los aparcamientos en el que defiende que el órgano competente para llevar la causa es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, según conformaron ayer a este diario fuentes del ministerio público. El juzgado de Instrucción número ocho de Alicante investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz en la construcción de tres aparcamientos en la ciudad. En la causa está imputado el alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, que en las pasadas elecciones autonómicas salió elegido como diputado en las Cortes Valencianas por el Partido Popular.
Las Cortes ya han certificado al juzgado que Alperi es diputado, lo que le convierte en persona aforada. La defensa de Alperi hizo llegar al juzgado poco después de las elecciones un documento en el que decía que renunciaba a su condición de aforado.
En el informe que el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, ha remitido ahora al juzgado se indica que el alcalde no puede renunciar a su aforamiento, y por tanto, la competencia de la investigación corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
El juez que lleva la causa todavía no se ha pronunciado sobre a qué órgano judicial corresponde seguir la instrucción, aunque las fuentes consultadas por este diario apuntaron a que en breve podría adoptarse alguna decisión.
Sin embargo, mientras en la Fiscalía alicantina siempre se ha defendido la competencia del TSJ en el caso, algunas fuentes del ministerio público apuntaron ayer que también este tribunal tendrá que pronunciarse sobre si se declara competente o no. Estas fuentes recordaron que a principios de la pasada legislatura los juzgados de Elda tuvieron que asumir una denuncia contra del diputado del PP Alejandro Font de Mora por un supuesto intento de compra de una edil socialista. El TSJ rechazó asumir el caso y dijo que el órgano competente para investigar eran los juzgados de la provincia, aunque al final todo acabó archivado.
La Fiscalía no ha remitido todavía ningún informe al juzgado de Instrucción número uno de Alicante, que investiga el caso Mercalicante, sobre el aforamiento de Alperi.
* Información - JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ - 11 de septiembre de 2007
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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Vecinos se pronunciaron contra posible especulación con terrenos de Carabanchel
MADRIDDIGITAL* : Las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel difundieron anoche un Comunicado de Prensa en el que reiteran su rechazo “tajante” a la pretensión de “especular” con los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel “para la obtención de plusvalías”, ya que los mismos “fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”.
La respuesta de los vecinos se produce a poco de conocer el acuerdo al que llegaron el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y su homóloga en el Ejecutivo regional, Esperanza Aguirre. Zapatero se comprometió a la cesión de los terrenos donde aún se ubica la antigua cárcel de Carabanchel para que en ellos construya la Comunidad un nuevo hospital público, pero también advirtió de que esa cesión tendrá que llevarse a cabo con la consecución de plusvalías por parte del Ministerio del Interior, titular del enorme solar, con la finalidad de que así pueda financiar la construcción de nuevos centros penitenciarios.
Las vecinas y vecinos de los mencionados distritos recuerdan que llevan ya 15 años luchando contra la especulación de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel: “Nuestro objetivo –aseguran- ha sido siempre que estos terrenos se dediquen íntegramente a la construcción de equipamientos en una zona muy necesitada de ellos, y en especial a la construcción de un hospital de referencia para los más de 500.000 habitantes que en la actualidad tenemos que desplazarnos hasta el Clínico y el 12 de Octubre, que se encuentran lejos y saturados”.
Por ello, las asociaciones celebran que, “aunque con muchos años de retraso”, se haya producido el primer compromiso verbal entre la administración central, propietaria de los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel, y la autonómica, responsable de la gestión sanitaria, para la construcción de un nuevo hospital cuya gestión y titularidad deben ser plenamente públicas.
“Pero lo que nos resulta totalmente inaceptable y rechazamos tajantemente –agrega el Comunicado- es la pretensión de especular con estos terrenos para la obtención de plusvalías”, ya que en opinión de los vecinos, “resulta contrario al espíritu y la letra de la Constitución española, que en su artículo 47 establece que los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes, regulando la utilización del suelo para impedir la especulación.
Financiación con impuestos
Recuerdan también los vecinos que “estos terrenos fueron expropiados en su día a sus titulares, para la construcción de equipamiento, y por tanto deben seguir conservando esta finalidad dotacional”, ya que la construcción de nuevos equipamientos “deben financiarse con los impuestos, no con la promoción de la especulación del suelo, responsable, en gran medida, de los actuales problemas de acceso a la vivienda”.
También las asociaciones recuerdan que la gran densidad de población de estos dos distritos, que está siendo incrementada con los desarrollos urbanísticos del PAU de Carabanchel y la operación Campamento, tiene colapsados los servicios de la zona, “lo que hace por completo inadecuado” promover nuevas viviendas.
“No hay que olvidar –enfatizan- que en la actualidad gran parte de los terrenos ya han sido reutilizados por el Ministerio del Interior para dos nuevos centros penitenciarios y una comisaría”.
“Resulta decepcionante la facilidad con la que las administraciones se ponen de acuerdo a la hora de tratar asuntos relacionados con el ladrillo, la especulación y las grandes infraestructuras, y, por el contrario, las dificultades y años de lucha que cuesta conseguir la solución de las necesidades de los ciudadanos”, indica el comunicado.
Además, recuerda la necesidad de destinar una parte de los terrenos “para la creación de un espacio para la memoria histórica de las personas que fueron represaliadas por la dictadura franquista, siendo precisamente la antigua cárcel de Carabanchel uno de los lugares más tristemente famosos”.
Por último, las Asociaciones de Vecinos de Latina y Carabanchel exigen “la celebración inmediata de la entrevista que tenemos pendiente, desde octubre de 2006, con el Ministerio del Interior, para tratar de estos asuntos. Así mismo solicitaremos reunirnos con la consejería de Sanidad y con los partidos con representación en la Asamblea de Madrid para hacerle llegar nuestra postura con claridad”.
* Madrid Digital - 12/09/07
Foto: Carabanchel - madriddigital.info
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Tema: NOTICIAS Madrid
La polémica ley de la vivienda andaluza es un arma de doble filo
GRUPODEACCIÓNSOCIAL* : El reciente anuncio de una ley que garantiza el acceso a la vivienda a las personas cuya renta no supere los 3.000 euros mensuales, a escasos meses de los comicios electorales, da mucho que pensar. Las diferentes declaraciones que realizaron el ministro de Economía, Pedro Solbes, y la ministra de Vivienda, Carme Chacón, sobre la normativa del Consejo de Gobierno andaluz, denota un claro juego político, ya que por un lado, Solbes, defiende la postura "conservadora y economicista": que dijo no ser partidario de grandes leyes que den reconocimiento a derechos para toda la vida- o de la postura "electoralista" de Chacón, que se mostró satisfecha por la tramitación del texto andaluz.
Las leyes autonómicas sobre vivienda existentes se limitan a actuaciones administrativas o sancionadoras y, en el caso de las ayudas para la adquisición o alquiler de una casa, lo relacionan con el derecho a una vivienda de los sectores más oprimidos.
La ley de la Junta continuará la senda iniciada por la Ley del Derecho a la Vivienda de Cataluña y reproduce, -e incluso copia y pega-, aspectos como el objetivo, organización de los contenidos y enunciados de la normativa más avanzada del Estado hasta esta semana, que aún espera su debate parlamentario tras ser aprobada por el Gobierno de la Generalitat.
La ley catalana vincula el derecho a un criterio de urgencia social, tan sólo a aquellas personas y unidades de convivencia con ingresos "bajos y moderados -sin cuantificar-, a quien el coste de la vivienda puede situar en riesgo de exclusión residencial o dificultar un proceso de inserción social".
Salvo la novedad andaluza del tope de 3.100 euros, todo lo demás no llega a ser más que una copia literal.
Como ejemplo, muy poco se dice en el anteproyecto de las viviendas desocupadas, que tan sólo se aborda en la andaluza como complemento de la oferta de viviendas protegidas. El presidente de la Junta cifra en 300.000 las VPO a construir en los próximos diez años -sin cuantificar los servicios públicos, como colegios y hospitales- pero la realidad es que existen 630.000 casas desocupadas permanentemente, según un reciente informe del Centro de Estudios Andaluces.
La Secretaría de Vivienda de la Generalitat ha colaborado con la Junta en un grupo de trabajo, con la diferencia de que el plan andaluz no asume la fórmula del alquiler forzoso, una medida que obliga a los propietarios a poner a disposición sus viviendas vacías en dos años bajo la amenaza de la expropiación.
No hay referencias tampoco a las medidas más originales del Estado en materia de vivienda, las implantadas por el Gobierno vasco que, a pesar de carecer de una ley específica, impulsa el intercambio de VPO entre propietarios o, mediante el programa Bizigune, capta viviendas vacías y paga a sus inquilinos hasta 660 euros mensuales para a continuación alquilar esos pisos a ciudadanos inscritos en las listas y cobrarles una renta no superior al 30 por ciento de sus ingresos.
El anteproyecto establece que serán los municipios los que establezcan las necesidades concretas de sus ciudadanos y establecerán los recursos necesarios para satisfacerlas. Los planes autonómicos determinarán asimismo la tipología de las viviendas y la financiación de las mismas. Sin embargo, la cercanía de las elecciones autonómicas, que previsiblemente se celebrarán el próximo marzo, impide que esta norma sea aprobada antes. Un arma de doble filo que captará adeptos en las próximas elecciones electorales.
* G.A.S. - 10 septiembre
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Imputan al ex alcalde y cinco ediles de Benamocarra por prevaricación
LAOPINIÓNDEMÁLAGA* : El Juzgado de Instrucción 4 de Vélez-Málaga investiga la concesión de 53 licencias presuntamente ilegales concedidas por el Ayuntamiento de Benamocarra entre los años 1997 y abril de 2003. En este caso, que se inició a raíz de la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga, figuran como imputados el ex alcalde socialista del municipio José Díaz García y otros cinco antiguos miembros de la corporación municipal, según consta en una providencia, a la que tuvo acceso este periódico.
Fuentes judiciales aseguraron que estarían implicados en un delito de prevaricación, por presuntamente otorgar permisos de obra a sabiendas de que no se ajustaban a la legalidad urbanística. Según la denuncia, el ex alcalde de este pequeño municipio ubicado en la comarca de la Axarquía habría concedido licencias para la construcción de viviendas unifamiliares en contra de los informes de los arquitectos municipales y de los documentos de los servicios jurídicos del Consistorio.
Hasta la fecha ni el ex regidor ni el resto de concejales han sido citados a declarar. El juzgado que practica las diligencias ha requerido a la actual corporación municipal, que también ha denunciado el caso, para que remita los expedientes de licencia de obra con las presuntas irregularidades urbanísticas.
Viviendas diseminadas. Los permisos otorgados correspondían a la construcción de viviendas residenciales de carácter unifamiliar supuestamente en terreno no urbanizable.
Según fuentes cercanas al caso, las residencias carecerían de los controles medioambientales básicos en cuanto a tratamiento de aguas residuales y de basura. El suelo donde se ubican estaría calificado como agrícola, donde sólo se permite la construcción de aperos de labranza.
Por su parte, el ex alcalde manifestó a La Opinión que no le consta "ninguna citación del juzgado" sobre las diligencias que practica contra él y otros cinco cargos municipales. José Díaz indicó que está "muy tranquilo", pese a que reconoció que durante su gobierno "pasó por alto" actuaciones que podrían no ajustarse a la normativa. "Me culpo por haber pasado por encima algunas cuestiones y no haber paralizado obras", dijo. Sobre su implicación en el caso, señaló que si un juez considera que ha cometido un delito, pues asumirá las consecuencias, pero dejó claro que jamás se ha lucrado de nada.
* La Opinión de Málaga - RAQUEL RIVERA - 12 de septiembre de 2007
Foto: Imagen de una vivienda en suelo agrícola que recoge la denuncia del GEMA. L.O. (laopiniondemalaga.es)
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Tema: NOTICIAS Andalucía
"Pelotazo" en Benasque
ELPERIÓDICODEARAGÓN: Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés, ha multiplicado por 465 el precio de unos terrenos que acaba de vender en Cerler en relación con la valoración que tenían hace cuatro años, cuando los puso bajo su control al alcanzar la mayoría del capital social de Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa que gestiona el complejo invernal. La operación, cerrada hace unos meses, consiste en la venta de 18,3 hectáreas a un grupo de empresas zaragozanas y vascas que han pagado 120 millones de euros por ellas.
Algo más de dos terceras partes del suelo, 128.000 metros cuadrados, están calificadas para albergar viviendas, hoteles, aparcamientos y comercios. Mientras, 4,2 hectáreas quedan reservadas para viales y zonas verdes y 1,3, para equipamientos.
Sin embargo, los compradores no pueden inscribir las transacciones en el Registro de la Propiedad, ya que la titularidad del suelo se encuentra en tela de juicio en el Juzgado de Boltaña y el registrador ha anotado en sus fichas, a instancias del Ayuntamiento de Benasque, que se encuentran en una situación de litigiosidad. Los antiguos propietarios reclaman la devolución de las tierras que aportaron a Cerler en los años 60 al entender que la empresa, que lleva cuatro años bajo el control de Aramón, no ha cumplido los compromisos que había adquirido con ellos.
CESIÓN DE PARTICIPACIONES.
Los terrenos aportados por los vecinos del valle seguían valorados en el año 2002 en 241.361 euros --43,4 millones de pesetas-- en la contabilidad de Fomento del Valle de Benasque. En ese ejercicio era una de las empresas públicas de la DGA, ya que esta controlaba más del 50% de las acciones. Tras la ampliación de capital de febrero del 2003, el Instituto Aragonés de Fomento y el Gobierno de Aragón sumaban el 66,99% del accionariado. Ambas instituciones, no obstante, habían cedido esas participaciones a Aramón "a título oneroso", es decir, que el hólding --controlado al 50% por la DGA e Ibercaja-- debía entregar a cambio de ellas a la administración autonómica equivalente, como mínimo, al valor teórico de las acciones que aporta según el balance del 2002.
Sin embargo, el informe de la Intervención General de la DGA sobre el ejercicio del 2002 alertaba de varias circunstancias relacionadas con esos suelos. Una era "la falta de información relativa a la adquisición de terrenos contabilizada en ejercicios anteriores". Otra, que "el valor catastral del año 2002 correspondiente a esos terrenos es de 7.488.204 euros" y "no consta que se haya realizado ningún estudio sobre la posible valoración" de los mismos. Y, una más, que "algunos de los terrenos fueron adquiridos mediante el pago parcial en dinero y el compromiso de entrega posterior de terrenos ya urbanizados", por lo que "la total superficie pendiente de entrega sería de 23.522 metros cuadrados".
Una auditoría elaborada en 1996 por Arthur Andersen ya alertaba de esa carencia documental, lo que impedía tanto "verificar el coste contable" de la adquisición de los terrenos como "evaluar los compromisos que pudieran existir asociados a los mismos".
La Intervención de la DGA incluía en su informe una anotación en la que dejaba claro que las cuentas de Fomento del Valle de Benasque no reflejaban de forma correcta el valor de los suelos. "La sociedad tiene contabilizado en su balance terrenos por un valor muy inferior al valor catastral y por tanto previsiblemente también al real", indicaba. Y, paralelamente, recomendaba actualizar la valoración y tener en cuenta la influencia que podría tener en ella "la definitiva aprobación del plan parcial que se está tramitando y el resto de decisiones urbanísticas que sobre esta materia puedan tomarse".
Los balances depositados en el Registro Mercantil por Fomento del Valle de Benasque incluyen en el apartado del inmovilizado inmaterial del activo reservado para terrenos y construcciones una partida que asciende a 5.474.978 euros en su consignación más elevada. Se sitúa prácticamente dos millones por debajo del valor catastral que tenían hace cinco años los terrenos ahora vendidos y en litigio.
* El Periódico de Aragón - 10/09/2007 E. B. D.
Foto: Los terrenos albergarán viviendas, hoteles y comercios, además de distintos equipamientos /Servicio Especial (elperiodicodearagon.com)
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La especulación: una pesadilla para la democracia
CARME MASSANA* : En el marco de una Europa que quiere ser líder tanto en el desarrollo económico como en el bienestar de las personas, fomentando la innovación, la transparencia de los mercados y la preservación medioambiental, y que propugna la habitabilidad y la sostenibilidad del hábitat, no cabe el mercado inmobiliario español. La Eurocámara ha condenado de forma reiterada el urbanismo salvaje llevado a cabo en España. Puede parecer una pesadilla, pero sabemos que no lo es. Protagonistas (personas y gobiernos locales) de algunos de los mayores escándalos urbanísticos aflorados en los últimos años y meses fueron elegidos o reelegidos en las últimas elecciones democráticas municipales, y continúan formando parte del poder público local. Los ejemplos más sorprendentes son, quizá, los de Andratx (Baleares), Castellón de la Plana y Marbella.
Un análisis de estos hechos sugiere alternativas. Desvela su relación con el carácter altamente especulativo del mercado inmobiliario español, que atrae al capital, permite el blanqueo de dinero y ha ocasionado escasez de viviendas asequibles, derroche de patrimonio físico, cultural y ambiental, fraudes inmobiliarios y debilitamiento de la democracia.
Y ¿por qué este mercado es especulativo? Porque la propia naturaleza de los bienes urbanos -escasos y duraderos- ofrece al capital la posibilidad de comprar, acumular y retener terrenos y edificaciones, aumentando su escasez y su precio, en mercados como el español, con una demanda creciente de viviendas en las concentraciones urbanas, en áreas de segundas residencias y en zonas turísticas. Los especuladores tratan, además, de obtener rentabilidades extraordinarias de sus inversiones influyendo en los gobiernos que dictan o aplican las normativas respecto al uso del suelo, a la construcción de viviendas y a los planes de urbanismo. Pretenden que adapten dichas normativas a sus intereses o que simplemente toleren su no cumplimiento. Y lo han conseguido en demasiadas ocasiones, dado que la construcción supone ingresos para los ayuntamientos y que la avaricia de algunos alcaldes, ediles o funcionarios ha originado comportamientos corruptos.
Así, las viviendas de alquiler o de compra asequibles han ido desapareciendo del mercado. Proliferan, en cambio, las promociones inmobiliarias de tipo especulativo que no tienen en cuenta que la calidad y la preservación del patrimonio físico y ambiental tiene efectos positivos tanto sobre el bienestar de las personas como sobre el futuro de la economía; la calidad del entorno influye, por ejemplo, cada vez más en las decisiones personales y también corporativas respecto a viajes turísticos y localizaciones de empresas, en especial de las compañías más innovadoras y competitivas.
Pero ¿por qué una parte demasiado importante de la sociedad española tolera aún la especulación urbana? Primero: La escasez de viviendas asequibles ha motivado un continuo aumento de la compra de viviendas, tendencia favorecida por los bajos tipos de interés habidos en los últimos años. Estos propietarios-usuarios estiman positiva la revalorización de sus casas, aunque muchos sean, también, conscientes de que vender significaría quedarse sin techo y tener que migrar. Segundo: El pequeño ahorrador ha invertido a menudo en el mercado inmobiliario buscando seguridad y rentabilidad; para él ha sido también positivo el aumento de precios. Tercero: El sector de la construcción ha sido uno de los puntales del elevado y continuado crecimiento económico; ha creado riqueza y empleo. Casi todos, ciudadanos y administraciones públicas, temen que este sector entre en recesión, hecho muy visible en municipios pequeños donde la construcción y rehabilitación de viviendas es la principal actividad económica. Y vemos que el caciquismo, personificado en forma de promotores inmobiliarios, vuelve a imponerse en varios de estos municipios.
La mayor sensibilidad de los actuales gobiernos español y catalán respecto a los problemas de la vivienda, urbanísticos, medioambientales, de fraudes y comportamientos antidemocráticos, ha motivado la adopción de nuevas medidas legislativas. Pero la complejidad de la situación a la que se ha llegado, dejando funcionar libremente durante años el mercado inmobiliario de tipo oligopolístico, dificulta la eficacia de dichas medidas.
Quizá la vía del diálogo, la negociación y el pacto es la que puede obtener mejores resultados. Esta vía ha sido emprendida por el Gobierno catalán, no sin dificultades, con el Pacto Nacional por la Vivienda 2007-2016, en el que participan administraciones públicas, economía privada y agentes sociales. Este pacto propone, por ejemplo, la construcción de viviendas nuevas, protegidas y de alquiler de acuerdo con las necesidades existentes y previstas; esta propuesta no parece desdeñable ni para los consumidores ni para la economía privada cuando los aumentos de los tipos de interés hacen temer una reducción sensible de la demanda.
Hay que ofrecer, también, a los municipios más recursos financieros así como asesoramiento sobre sus potencialidades económicas y de cómo desarrollarlas. De esta forma podrán diversificar sus economías y evitar que el negocio inmobiliario prevalezca, o que se produzcan emigraciones masivas que suponen, en ocasiones, la desaparición de pueblos. Los planes estratégicos tendrían que cubrir todo el territorio y aplicarse con eficacia.
Hay que actuar sin demora para garantizar un hábitat digno para todos los ciudadanos, cumpliendo tanto con el derecho constitucional refrendado en nuestro país hace casi 30 años como con el Estatuto de Cataluña.
* Carme Massana es profesora de Política Económica en la Universidad de Barcelona.
* ELPAIS.com - Tribuna Cataluña - 12/09/2007
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Cargos políticos exigieron un informe menos crítico sobre el PAI de Oropesa del Mar
ELPAÍS/Castellón* : La tramitación y dictamen del Plan de Actuación Integrada (PAI) de Oropesa que ha desembocado en la imputación por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias del anterior equipo de gobierno municipal del PP contó, en varias ocasiones, con la intervención directa de cargos políticos. Los técnicos que suscribieron algunos de los informes de acuerdo con los cuales se aprobó el PAI hicieron referencia a las "instrucciones" recibidas por parte del director territorial de Medio Ambiente en Castellón, Jorge Traver, que fueron transmitidas verbalmente.
Las "instrucciones" fueron remitidas por directores territoriales o directores generales cuya designación depende, directamente, del Consell. Es el caso de los técnicos de la Sección Forestal que informaron sobre la afección del programa urbanístico sobre vías pecuarias. En el escrito que figura en el expediente, los técnicos hablan, literalmente, de las "instrucciones" recibidas por el director territorial de Medio Ambiente, Jorge Traver.
El informe sostiene que "conforme a las instrucciones del director territorial, que el jefe del servicio territorial de Medio Ambiente transmite verbalmente, respecto que considera excesivamente detallado el informe técnico sobre las deficiencias observadas...".
Los funcionarios, de acuerdo con la orden de sus superiores informaron "de forma resumida" lo que consideraron "más trascendente, a los efectos de que para poder emitir informe favorable, en su caso, con la mayor rapidez posible...". El estudio concluye señalando únicamente dos vías pecuarias afectadas por el PAI que "no son compatibles" con el tratamiento formulado en el programa, por lo que éste debía modificarse.
La celeridad exigida se refleja también en otro informe en el que el entonces director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, pide que "a la mayor brevedad posible" los técnicos remitan un informe sobre otro trámite.
Este diario trató ayer, sin éxito, de que la Consejería de Medio Ambiente diera una explicación sobre estas "instrucciones".
Precisamente la rapidez a la que hace referencia el técnico es uno de los argumentos en los que hace hincapié la querella presentada por particulares afectados por este desarrollo urbanístico, de alrededor de 350.000 metros cuadrados, ubicado en una zona de expansión del complejo Marina d'Or. "El procedimiento fue tramitado con inusitada celeridad y anormal fugacidad y su precipitación en decidir, y el alcance de la medida, no tienen base objetiva alguna", señala la denuncia que ha supuesto, también, la imputación del empresario Jesús Ger.
Las "prisas" a las que se refiere la denuncia se centran en las decisiones tomadas por el equipo de gobierno municipal y los dos funcionarios que también han sido imputados, la secretaria del Ayuntamiento y el arquitecto. Así, el escrito presentado en los juzgados esgrime, como ejemplo, que ambos informaron entre el lunes y el martes sobre la petición de aprobación definitiva formulada por el grupo de Jesús Ger el viernes anterior. El mismo día que informó la secretaria, el PP llevó el programa a pleno y se produjo la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico con los votos a favor de los cinco concejales populares y el del edil tránsfuga del PSPV. Sólo el edil del Bloc votó en contra. La aprobación tuvo lugar horas después de que Esteban González Pons sustituyera a Rafael Blasco al frente de la Consejería de Territorio y, con carácter de urgencia, el PP sometió a votación el controvertido desarrollo urbanístico para lo que, además, se basó en un informe aportado por la misma empresa, y firmado por un profesor de la Universidad Politécnica. Éste fue encargado para tratar de "solventar" los dos informes desfavorables que la dirección general de Costas había emitido al PAI. Pese a que la autorización por parte de la administración autonómica estaba condicionada a que dicho informe fuera favorable, el equipo de gobierno de Oropesa aceptó el informe de la empresa que dictaminaba que la consideración de la dirección general del Ministerio de Medio Ambiente no era vinculante.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 11/09/2007
Foto: Marina D'or (Oropesa del Mar - Castellón) - marina-dor.net
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Notas dispersas sobre hipotecas
JUAN-JOSÉ LÓPEZ BURNIOL* : UNO. No es cierto que los españoles no ahorren. Los españoles ahorran más que mucho: muchísimo. Se pasan buena parte de su vida ahorrando para pagar su vivienda y, si lo logran en un plazo no disuasorio, se embarcan a veces en la adquisición de una segunda residencia en la playa o en algún paraje que, con imaginación, pueda considerarse turístico. También es frecuente que, aprovechándose de la subida de los precios de los pisos, opten por vender su primera vivienda, para adquirir una segunda --más grande y mejor situada--, financiada en parte con el precio obtenido por la venta de aquella, más una segunda y mayor hipoteca.
Y también se da el caso heroico de parejas inasequibles al desaliento, que repiten la suerte mediante la venta de su segunda vivienda, para acceder mediante el mismo procedimiento (venta más nueva hipoteca) a una tercera fase que supone para ellos la gloria en forma de casa adosada. Total, que el españolito y la españolita que acceden al mundo laboral y quieren vivir en pareja se tienen que embarcar --si papá y mamá no se estiran, porque no pueden o porque no quieren-- en un dilatado y proceloso viaje hipotecario, que les absorbe buena parte de sus recursos. Las causas por las que se ha llegado a esta situación son varias y están estudiadas: escasez y carestía de los arrendamientos, desconfianza en otras formas de inversión, alguna modesta ventaja fiscal... En cualquier caso, lo cierto es que la pareja española media está hipotecada hasta las cachas. Ahorra en piedras; mejor dicho, en tochos.
DOS.Ha habido cierta alegría hipotecaria por parte de algunas entidades crediticias. No insinúo que hayan quebrantado la ley, pero sí que han llegado hasta el extremo, financiando al límite a personas con una situación laboral inestable y con avalistas cuya solvencia era pareja a la de los avalados. A estos efectos --lo digo porque así lo creo-- no todas las entidades crediticias españolas han funcionado con análogos criterios de prudencia. Las ha habido digamos que más alegres. Admito que el sistema financiero es, en su conjunto, de gran calidad técnica, pero en todas partes hay sus más y sus menos.
TRES. El problema grave en el mercado inmobiliario no se planteará, si surge, a consecuencia de la subida de los tipos de interés, sino del retroceso en el mercado laboral, de manera que uno de los miembros de la pareja hipotecada pierda su trabajo. Entonces sí que aflorará en muchos casos el problema, porque ya no habrá en el cinturón agujeros bastantes con que apretarse. Muchas familias españolas no podrán pagar la hipoteca y subsistir, si en casa entra un solo sueldo. Recuerdo, en este sentido, que el director de una agencia de una entidad financiera me dijo un día, al término de la firma de una escritura, que lo que mira más la gente, a la hora de embarcarse en un crédito hipotecario para comprar su vivienda, no es el tipo de interés ni las comisiones que se le cobran, sino la seguridad que tiene en la solidez de su puesto de trabajo. Tenga salud y trabajo, piensan los españoles de hoy al liarse la manta a la cabeza. El problema surge cuando falta el trabajo.
CUATRO. El precio desorbitado de la vivienda responde prioritariamente, entre otras causas, a la carestía del suelo urbano. En España no hay escasez de suelo; hay escasez administrativa de suelo, pues el sistema limita artificialmente la oferta y coloca en situación jurídica privilegiada a los titulares de suelo clasificado, lo que otorga a este mercado características de oligopolio. Pero ello no tiene que ser necesariamente así: es la consecuencia de un mal sistema que lleva en sí mismo el germen de la escasez y de la especulación. Un andaluz inteligente dijo que, en materia de suelo, los españoles hemos inventado el capitalismo sin mercado. ¿A quién beneficia esta situación? Primero --ya se ha dicho-- a los dueños de terrenos clasificados, y, en segundo lugar, a quienes tienen la llave de la clasificación. De lo que se deriva la necesidad de una nueva ley de financiación de las haciendas locales, para que el suelo deje de ser una de las principales --si no la principal-- fuente de financiación de los ayuntamientos. Digan lo que digan y se pongan como se pongan.
CINCO. Las parejas hipotecadas se asemejan a los antiguos siervos de la gleba medievales, es decir, a aquellos labradores que se ocupaban de las tierras de su señor y recibían de este una vivienda y protección, a cambio de entregarle en pago parte de su propia cosecha y satisfacerle otras gabelas. Asimismo, las parejas hipotecadas están amarradas de hecho --poco menos que de por vida-- a la finca donde viven, satisfacen mensualmente el canon de unos intereses periódicamente revisados y pagan comisiones por cualquier modificación de su relación con la entidad financiera (nueva disposición, amortización anticipada e, incluso, cancelación de hipoteca). Si bien se piensa, la posición de las entidades financieras se asemeja bastante --sin derecho de pernada-- a la de los antiguos señores feudales. Y, al igual que estos, extienden su influencia --basada en su supremacía económica-- a todos los ámbitos de negocio, de comunicación y políticos.
SEIS. Atisbar el futuro de una economía es tarea compleja, pero sí cabe señalar --con referencia a España-- algunos datos indiscutibles: desempleo ascendente, disminución de las afiliaciones a la Seguridad Social, merma de la recaudación por IVA (que implica una desaceleración del consumo) y deterioro de la confianza de los agentes económicos (según la última encuesta del Instituto de Crédito Oficial). Las conclusiones a extraer de estos datos son a gusto del consumidor.
* Notario
* El Periódico - Opinión - 11/9/2007
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
El Ayuntamiento de Sevilla gravará las viviendas vacías con un 50% más de IBI
EFE* : El Ayuntamiento de Sevilla gravará con el 50% más en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) los pisos que la inspección municipal compruebe que están vacíos, según informó hoy el concejal de Hacienda y Presidencia, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis.
Gómez de Celis explicó que la Ley de Haciendas Locales permite aplicar ese tope en el IBI para sancionar las viviendas desocupadas y destacó que se convertirá en el "primer consistorio español" en aplicar ese tipo de medida. Indicó que en Sevilla hay casi 40.000 viviendas dadas de alta en el registro del IBI en las que no hay nadie empadronado.
La junta de gobierno municipal acordará el próximo jueves comenzar a trabajar sobre esta iniciativa y dar prioridad a la inspección municipal para que investigue si una vivienda está o no desocupada, de acuerdo con unos criterios, para aplicar o no el recargo en el IBI.
El concejal confió en llegar en 2008 a "un número importante" de viviendas desocupadas y resaltó que el objetivo de esta medida es favorecer el mercado del alquiler.
También pretende el ayuntamiento hispalense colaborar en la aplicación de medidas que luchen contra la especulación de la vivienda, de forma que "no sea un negocio, sino un derecho fundamental".
En este sentido, aplaudió la iniciativa de la Junta de Andalucía de garantizar el derecho a una vivienda digna a las unidades familiares con ingresos inferiores a 3.000 euros mensuales, según recoge el anteproyecto de ley de la vivienda.
En un comunicado, la Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA consideró que el gravamen del 50% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles de las viviendas vacías de Sevilla es una "medida positiva siempre que se aplique de forma justificada y sin generar indefensión en los propietarios".
Precisó que, aunque muchas viviendas están vacías porque se destinan a la especulación, hay casos en que muchos usuarios pueden estar residiendo fuera del municipio de forma coyuntural, por motivos laborales, o viviendo con familiares por motivos de salud, entre otros.
* El Mundo - Sevilla - 10/09/2007
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Orihuela: Critican que el TSJ rechazó el recurso contra el PAU 21 sin analizarlo
INFORMACIÓN* : Ecologistas en Acción asegura que no se valoró la falta de un informe de impacto, otro del secretario municipal y la afección a vías pecuarias y bosques. La sección primera de La sala de Lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana no ha tenido en cuenta para desestimar el recurso Contencioso-administrativo de la Federación de Ecologistas en Acción del País Valenciano contra la aprobación definitiva del proyecto urbanístico del PAU 21 de Orihuela, junto al Parque Natural de Sierra Escalona.
El único punto que el TSJ ha tenido en cuenta del pleito que pedía la paralización cautelar de las obras del PAU 21 es la insuficiencia de recursos hídricos, que «al final la han rechazado porque le han dado la vuelta», según criticó ayer el responsable ecologista Carlos Arribas.
Reseñó que el TSJ «le ha dado la vuelta» al informe de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), ya que en el momento de la aprobación del PAU 21 «no estaban garantizados los recursos hídricos hasta la ejecución de las obras del plan AGUA», por lo que «no se podía
Arribas destacó, al igual, que el informe del secretario municipal del Ayuntamiento de Orihuela «es preceptivo para la aprobación municipal y no existe», al igual que el informe de impacto ambiental, ya que aunque el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1990 declaró urbanizable los terrenos del PAU 21, «tras la declaración de parte de los terrenos de Sierra Escalona como Lugar de Interés Comunitario (LIC) es imprescindible.
Tanto Ecologistas en Acción como Amigos de Sierra Escalona han solicitado la nulidad del proyecto del PAU 21 que prevé reparcelación de un sector de más de 3 millones de metros cuadrados, en el que se pretenden construir 2.300 viviendas de lujo y un macrocampo de golf de 1,2 millones de m2, «arrasando uno de los enclaves forestales de mayor valor de la Sierra de Escalona». Este suelo, según los conservacionistas, que posee los mismos valores ambientales que el suelo que ha sido incluido dentro del futuro Parque Natural por parte de la Generalitat.
* Información - E.D.G. - 11 de septiembre de 2007
Foto: Orihuela (Alicante) sierra escalona - ASE - ecologistasenaccion.org
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
La Fiscalía declara "sospechoso" a un diputado nacional de Granada
ELPAÍS* : La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) considera al diputado nacional del Partido Popular, José Luis del Ojo, "sospechoso-imputado" de los delitos de prevaricación administrativa y fraude de subvenciones por su gestión como alcalde en funciones y concejal de Urbanismo en Ogíjares (Granada). El Ministerio Público define al diputado como "instigador y responsable material de las actuaciones" y estima que existen "abundantes indicios" de la comisión de "varios delitos", por lo que Del Ojo prestará declaración ante la Fiscalía del Tribunal Superior al ser aforado.
El PSOE exigió ayer la inmediata dimisión del diputado. "No puede estar ni un momento más como representante de los granadinos en el Parlamento nacional", denunció Juan Manuel Fernández, secretario de Organización del PSOE en Granada. La dirección del PP granadino no reaccionó ayer a las graves acusaciones formuladas por la Fiscalía, mientras que Del Ojo rehusó asimismo valorar su comprometida situación política. El contundente decreto declara a otras siete personas, entre ellas el ex alcalde del pequeño municipio (12.000 habitantes), Francisco Plata, como sospechosas de haber cometido diversos delitos. Asimismo, detalla las irregularidades cometidas por el diputado popular tras una denuncia inicial del PSOE y meses de investigación, en cuatro obras municipales que afectan a vías públicas, la Casa Ayuntamiento, la Casa de la Cultura, el pabellón deportivo y la piscina cubierta.
- Vías públicas y Ayuntamiento.Del Ojo "encomendó verbalmente" la ejecución de las vías públicas y la Casa Ayuntamiento a la empresa García Mejías S. L. "fraccionando" el importe en cantidades inferiores a 30.050 euros para evitar el concurso público "con la presunta finalidad de favorecer a dicha constructora", según el fiscal. El escrito define el fraccionamiento como "fraudulento", aclara que los trabajos se realizaron sin licencia de obras, y recuerda que la interventora advirtió en julio de 2006 de las irregularidades. En las vías públicas existe una "falta inicial de procedimiento administrativo, además del fraccionamiento posterior" de las obras, ambos actos ilícitos, según el fiscal. Las obras debían haber sido tramitadas a través del procedimiento correspondiente por su cuantía y no como obras menores, tal y como finalmente se produjo.
- Casa de la Cultura. En la reforma de la Casa de la Cultura se indica que se cometieron diversas "irregularidades" en el presupuesto de las obras para asegurarse de que éstas fueran adjudicadas a la empresa UCOP. Del Ojo adquirió un "compromiso verbal" con la empresa y al ser advertido, dijo que se las "arreglaría" para que un técnico le hiciese un informe favorable.
El primer concurso de las obras se adjudicó en 2002 a UCOP por valor de 1,06 millones; en abril de 2005 se le vuelve a adjudicar a dicha constructora por 606.000 euros, pero posteriormente la Junta de Gobierno Local distingue entre una "primera fase" y otra segunda por importe de 3,5 millones. "Esta situación, lejos de ser un error, fue un subterfugio para conseguir la situación de única licitadora", denuncia el decreto. Las irregularidades detectadas buscaban justificar el pago de 4,1 millones a UCOP, pese a existir finalmente ofertas más ventajosas.
- Pabellón deportivo.En las obras del pabellón municipal se cometieron supuestamente 21 irregularidades, entre las que destaca la elaboración de "un presupuesto real y otro ad hoc para obtener la subvención de la Junta de Andalucía". Del Ojo permitió un exceso en la contratación de forma verbal con la empresa García Mejías S. L. de 1,08 millones de euros. Una concejal declaró ante la Fiscalía que fue "presionada" para que diera el visto bueno al proyecto "legalizando el exceso, por lo que surgieron entonces las desavenencias".
- Piscina cubierta. El fiscal denuncia que en las obras de la piscina cubierta existen hasta tres presupuestos distintos y un anexo de ampliación. El primero de 1,7 millones, el segundo de 830.000 euros, y un tercero no visado de 2,5 millones, al cual se le dio "apariencia de legalidad ante el escándalo montado". El fraccionamiento del concurso "carece de motivación, es ilegal y tiene como presunta finalidad favorecer a una empresa, García Mejías, que no ofreció el mejor precio". El anexo de ampliación de obras no fue siquiera sacado a concurso. Además, un informe policial censuró "la manipulación en las facturas y certificados de obra".
* ELPAIS.com - J. MARTÍN-ARROYO - Granada - 11/09/2007
Foto: Ogíjares (Granada) - andalucia.org
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El delta del Ebro supera a Barcelona en nuevas viviendas por el menor precio del suelo
ELPAÍS* : Apenas cuentan con el 2% de la población de Cataluña, pero las comarcas del Baix Ebre y del Monstià se han convertido en los últimos dos años en el lugar preferido para la construcción, cuya actividad supera en números absolutos a Barcelona. En los seis primeros meses de este año han pasado por la revisión del Colegio de Arquitectos un total de 3.626 proyectos de viviendas nuevas frente a los 3.001 de Barcelona ciudad. El menor precio del suelo ha convertido las comarcas del Ebro en la zona de Cataluña con el mayor índice de viviendas construidas por habitante.
Su atractivo paisajístico para segundas residencias y, sobre todo, el menor precio del suelo, es lo que ha decidido a promotores e inversores a invertir en la zona. "Hasta ahora ha sido un lugar poco desarrollado. Es el sur, y el sur, sea donde sea, siempre va a remolque", dice el presidente de la asociación de constructores de Tarragona, Manel Niñerola. Los municipios que ocupan el delta del Ebro son los que concentran una mayor actividad. En Deltebre (Baix Ebre), rodeado del parque natural del Delta, 725 proyectos de viviendas han superado en el primer semestre del año el filtro del Colegio de Arquitectos, una cifra muy superior a los 585 de la ciudad de Tarragona o los 559 de Girona, por ejemplo.
El precio del suelo, que en el conjunto de la provincia de Tarragona supera ya el 25% del precio de la vivienda, está siendo el principal causante de este boom constructor. En Sant Carles de la Ràpita (Montsià), el precio medio de la vivienda plurifamiliar es de 2.030 euros el metro cuadrado útil, por debajo de los 2.398 euros de media en la provincia, según la Cámara de Comercio de Tarragona.
Previsión de descenso
"No tiene nada que ver el precio del suelo aquí con el de lugares como Cambrils y Salou. Está alrededor de la mitad, y eso permite que salgan pisos por 130.000 euros de 80 metros junto al río Ebro", señala el alcalde de Deltebre, Gervasi Aspa (ERC). "Las condiciones del delta por el sol, las playas, y el entorno natural que nos exige la nueva demanda son excelentes. Esta zona está entre las más competitivas de España por precio", explica Niñerola, quien, sin embargo, cree que el desembarco de grandes empresas de la construcción ha generado mucha más oferta que la que es capaz de absorber el mercado. "Se ha hecho en un año lo que se debería haber construido en tres", asevera.
Con la Costa Dorada prácticamente saturada, la construcción se ha desplazado en los últimos años hacia municipios del interior como Montbrió del Camp, Riudoms o los pueblos del Tarragonès. Ha sido en estas circunstancias que el sector ha puesto su mirada en el delta del Ebro, en buena medida porque su litoral no está aún tan masificado como en el Camp de Tarragona.
El ciclo actual decreciente de la construcción ha comportado que los constructores prevean una caída brusca de la obra nueva para la segunda parte del año, que podría acentuarse en el próximo. "Este crecimiento debe tener un periodo de maduración. El mercado absorberá lo que se ha construido, pero a largo plazo", afirma el presidente de los constructores tarraconenses.
Ciudades como Deltebre han tenido su población estancada en 10.000 habitantes durante 25 años. Desde 2004, la población ha tenido un crecimiento sin precedentes y hoy tiene unos 12.000. "En Barcelona no hay suelo, en Salou y Cambrils tampoco. Es obvio que crezcamos", señala el alcalde, Gervasi Aspa. El Ayuntamiento de Deltebre, explica, ha podido sanear su economía en los últimos años en buena medida gracias a las licencias de obra y ha podido mejorar los servicios de la localidad, que Aspa asegura que son difíciles de ofrecer sólo con la recaudación de impuestos ordinaria.
Deltebre no se ha disgregado en múltiples urbanizaciones, sino que ha ampliado su casco urbano, algo que el Ayuntamiento quiere mantener en el futuro con la nueva normativa urbanística, que ayer recibió la aprobación inicial. "Queremos un pueblo compacto", resume el alcalde. De los 725 proyectos de nuevas viviendas, el Ayuntamiento calcula que el 50% son segundas residencias destinadas a público de fuera de Cataluña y a residentes en el área metropolitana de Barcelona.
El parque natural del delta del Ebro limita las zonas urbanizables prácticamente a los cascos urbanos, y Aspa asegura que no se ha visto afectado en absoluto por el crecimiento urbanístico en el territorio.
* ELPAIS.com - ORIOL AYMÍ - Tarragona - 11/09/2007
Foto: Deltebre (Tarragona) - mma.es
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Murcia: El modelo no es sostenible, y no sólo por el agua
VEGAMEDIA* : La revista Tiempo, del grupo Zeta, publicaba el pasado tres de agosto una crónica en la que se hacía una descripción fehaciente de la región de Murcia bajo el título: “Monocultivo de adosados con campos de golf”, sobre el paso que dio el gobierno de Aznar y su ministro Cascos con su ley del suelo que acabó, entre otras cosas, con la gran protección ambiental de la ley de 1992 del entonces gobierno socialista murciano. El PP de Ramón Luis Valcárcel y aquélla ley de Cascos, que este verano ha sido derogada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, “han acabado con todo”, se dice en este reportaje del periodista Guillem Martínez.
En el mismo hace referencia a los criterios estéticos y políticos de la “escuela valenciana”, que está propiciando la total destrucción de la costa y parte del interior murciano, con megaproyectos urbanísticos que “dan más o menos el pego” con sus carteles de promoción grandiosos y coloridos –“mezcla de falla y etiqueta de melones”-, que anuncian adosados cuyo precio se triplica al pedir información en el piso piloto, aunque “el primer alegrón no te lo quieta nadie”, dice el cronista con sorna.
Si hace tan sólo seis años la costa murciana mantenía aún espacios vírgenes, a excepción de La Manga y el Mar Menor –“planificados por un arquitecto epiléptico”-, gracias a las políticas urbanísticas del PP, algunos edificios de sus playas “empiezan a ser tan altos que en uno de ellos se podría instalar la Agencia Espacial Murciana”, escribe Guillem Martínez.
Para escribir su crónica, el periodista de la revista Tiempo visitÓ uno de los emblemáticos resort murcianos: Casas adosadas clónicas. Son tan iguales que cualquier día te equivocas de casa y acabas con una señora adosada a la tuya, y no te enteras. En el centro, el hotelazo kin-size. Madres con sus pequeñuelos británicos a punto de morir abrasados bajo el implacable sol. Y los golfistas: como en el sumo, en el golf no importa el sobrepeso. Lo más sorprendente en el compendio visual: el verdor del green. “Más con este sol, más con la sequedad del terreno. ¿Es sostenible tanto campo? ¿Cuántos campos puede soportar, para revalorizar unas urbanizaciones privadas, una comunidad sin agua?”, se pregunta el periodista.
También habla de la gran maquinaria propagandística del “Agua para todos”, según la cual, “las izquierdas, Aragón y Catalunya son las responsables de que Murcia no esté en el G-7”.
Para su crónica, el periodista de la revista Tiempo se entrevista con el número dos del PSRM-PSOE, José Ramón Jara, quien le empieza a poner al tanto de lo que ocurre a nivel murciano, anticipándole que “Valcárcel se reveló como un gran animador de la economía murciana, subsector ladrillo”. En una provincia que se ha construido en los últimos diez años tanto como en los dos últimos milenios, el modelo no es sostenible y “no sólo por el agua”, indica Jara.
“El de la construcción es un modelo que integra al poder político, al económico, al mediático y, en ocasiones, al sindical. Es perverso: unos pocos se están comiendo una parte enorme, pero hay migajas. Las izquierdas somos los que les quitamos el pastel a los de las migajas. Debemos encontrar un discurso que no sea maximalista ni paralizador. Pero que sea. Y, francamente, no sé cual es”, se confiesa honradamente el líder socialista murciano.
El gobierno del PP en Murcia, encarnado en su presidente, Ramón Luis Valcárcel, ha hecho de la construcción su gran motor económico, político e ideológico, ofreciendo a los murcianos un complicado lenguaje vindicativo y ultranacionalista, sustentado en el enfrentamiento interterritorial por el agua, imprescindible para regar los campos de golf.
Así lo atestigua el cronista-viajero de la revista Tiempo, que llega a observar que “las teles locales presentan a Murcia aparentemente rodeada por un ejército vasco-catalán” y las “columnas de los diarios locales son delirantes y se centran en el agua o en la desmembración de España por su parte más mojada”.
* VegaMediaPress - F.M.M. - 10/09/2007
Foto: manifestación - vegamediapress.es
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Tema: NOTICIAS Murcia
Vivienda, ese ministerio maldito
ELCONFIDENCIAL* : La creación de un Ministerio de Vivienda, idea estrella del Gobierno ZP, se está revelando como un ‘quemapolíticos’ tan inflamable como la burbuja inmobiliaria española. Las dos ministras del ramo, María Antonia Trujillo, primero y Carme Chacón, después, han asumido con desgaste una cartera con fuerte exposición mediática y social pero vacía de contenido. Sea porque el ministerio está maldito, sea por inexperiencia, lo cierto es que ambas políticas han sufrido con virulencia críticas por parte de la opinión pública.
“Mi misión es abaratar el precio de la vivienda en España”, afirmó María Antonia Trujillo nada más llegar al Ministerio de Vivienda. “El precio se está abaratando, sí, pero no gracias a ella. Pretender que el supuesto ‘aterrizaje suave’ sea mérito suyo es no conocer la realidad del sector”, afirma un empresario. Sirva este episodio como ejemplo de una gestión que ha estado plagada de polémicas. Entre ellos se incluyen las llamadas soluciones habitacionales, los ‘dignos’ minipisos de 30 m2, o la ocurrencia de regalar zapatillas, las Kelifinder, a los jóvenes que no encuentran casa.
Cuestión de imagen
En un Gobierno, el de ZP, que se ha movido a golpe de efecto mediático, una mala comunicación pasa factura. Para Fernando Encinar, director de comunicación del portal inmobiliario Idealista, “uno los peores errores de Trujillo ha sido su estrategia de comunicación. Ha ofrecido buenas ideas pero las ha explicado mal, lo que ha generado alarma y ha restado credibilidad”. Con todo, para él, lo más grave ha sido “no ser clara sobre los riesgos del endeudamiento hipotecario”.
Carme Chacón, su sucesora, no ha empezado con mejor pie. Uno de sus primeros tropiezos fue una malograda entrevista para un vídeo de la BBC, en el que la ministra instaba al periodista a terminar al preguntarle por los elevados precios inmobiliarios españoles. La semana pasada, volvió al primer plano de la actualidad tras afirmar que las hipotecas habían tocado techo, que los casos de familias endeudadas que habían de apretarse el cinturón eran puntuales, que sólo se dedicaba el 30% de los ingresos a la vivienda. Además, se aprestó, contra el criterio de Solbes, a apoyar la electoralista medida andaluza de garantizar vivienda a quienes percibieran menos de 3.100 euros al mes.
A pesar de lo cual, en la semana en que Emilio Botín y Zapatero posan juntos ante los medios, nos encontramos con una sorpresa: Chacón tiene mejor imagen que Trujillo. Todos los agentes del sector consultados, a excepción de los ciudadanos, confían en ella. “El cambio de ministra ya es en sí un mensaje que hay que leer en clave política. Es destacable que la nueva ministra que viene rodeada de un gabinete de comunicación más potente, trabajador y conectado con todo el mundo. Ya hemos conocido a la nueva ministra. Nos parece una persona inteligente que está ahí para dar continuidad política al ministerio, que próximamente hará un anuncio sobre Vivienda en clave electoral”, afirma José Manuel Galindo, presidente de Asprima.
Licenciada en derecho constitucional, especializada en federalismo, Erasmus en Manchester, ex secretaria de Cultura, ex vicepresidenta primera en el Congreso y miembro de la ejecutiva del PSOE y del PSC, Carme Chacón no oculta que trabajó como dependienta de El Corte Inglés mientras estudiaba la carrera. Sus conocidos destacan que cuando llegó a Madrid compartió piso y que actualmente vive de alquiler en Madrid.
El juicio de las asociaciones de jóvenes que reclaman una vivienda digna es mucho más duro. En su página web califican el relevo en el Ministerio de “cambio cosmético”, afirman que Chacón “sólo tiene imagen”, consideran “electoralistas” y “tardías” las medidas anunciadas para este otoño y se preguntan si “el gran salto” del que habla Zapatero “¿será al vacío?”. “El mercado inmobiliario estadounidense está hundiéndose y aquí ¿qué pasará?”, se cuestionan.
Un Ministerio que ha nacido con las patas cortas
Respecto a los logros de Vivienda, el veredicto de los expertos es matizadamente crítico, forzadamente amable, pero rotundo: consideran muy necesaria la existencia del Ministerio pero que no ha servido, hasta la fecha, para solucionar el problema de la vivienda en España.
“Iba en el programa del PSOE, se cumplió y nos parece que ha sido oportuno porque ha puesto el tema de la vivienda, el tercer problema de los españoles según el CIS, sobre la mesa del Consejo de Ministros”, valora Encinar. “No lo ha resuelto, pero sí ha puesto los cimientos para abordarlo. Lo que pasa es que ha nacido con las patas muy cortas”, afirma.
Gerardo Roger, profesor de Urbanismo en el Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III de Madrid, se refiere a los handicaps de la cartera: “es un Ministerio nuevo que ha habido que crearlo de cero, lo que genera problemas de rapidez y eficacia”, considera. Ante la pregunta de si ha resuelto en algo el grave problema de la vivienda en nuestro país, responde: “resolver el problema de la vivienda es, cuando no muy difícil, imposible. En tal caso puede servir para paliarlo”.
En la misma línea se ha manifestado Paloma Sobrini, nueva decana del Colegio de Arquitectos de Madrid. “Nos parece fundamental que exista un Ministerio de Vivienda, porque trata todo lo que nos afecta. Nos pareció una mala noticia que se fusionara con Fomento en el año 82. Y ahora ha vuelto a nacer, pero está cuajado de dificultades de todo tipo: administrativas, presupuestarias, incluso políticas, porque no tiene competencias. Sin embargo, sí vemos margen de maniobra en la gestión directa”, confía.
“La anterior ministra ha intentado sacar petróleo de donde no lo había, porque no había competencias. No ha solucionado nada, pero no lo podía hacer. Se trata de un problema complejo y estructural que requeriría un pacto entre diferentes partidos y administraciones”, apunta Galindo.
Ley del Suelo
La Ley del Suelo ha sido una de las principales medidas, no exentas de crítica, promovidas por Trujillo. Roger la juzga como uno de sus aciertos. “ha sido positiva en la medida que plantea un régimen de valor que no recoge expectativas especulativas. Hemos pasado de ‘la tierra para el que la trabaja, a la tierra para el que la reclasifica’, afirma Roger. A su juicio, “esta ley potenciará la inversión productiva. Porque comprar el suelo para especular es fisiocrático y preindustrial. No se corresponde con el mercado”. Y recuerda que “su régimen transitorio respeta todas las actividades puestas en marcha con una prudencia exquisita”. Respecto al recurso de inconstitucionalidad planteado por algunas CCAA del Partido Popular, Roger responde: “Es normal. Pero no deja de ser sorprendente que argumenten que es por invasión de competencias autonómicas y los más autonomistas, como ERC, no se hayan quejado”. En cuanto a las críticas de los promotores, este profesor recuerda que no todos se han opuesto: “En el Consejo Económico y Social se votó favorablemente”.
Galindo, representante de los promotores de Madrid, no tiene aún una valoración concreta sobre la Ley del Suelo “porque no ha rodado lo suficiente”. “Sobre todo somos críticos por el riesgo que puede haber por falta de financiación de determinados suelos por parte de las entidades financieras”, explica. Encinar resume su opinión en una frase: “creemos que es cerrar la puerta del establo cuando los caballos ya están desbocados”.
Apagón estadístico
Uno de los capítulos más turbios de ‘la era Trujillo’ ha sido el relacionado con el apagón estadístico de precios y cantidades de viviendas en España. “Como miembro de la comisión estadística del Ministerio de Vivienda tengo que decir que no se ha sabido aprovechar esta comisión por problemas de agenda o por falta de voluntad política”, asevera Ricardo Vergés. “no haber avanzado en el nivel de conocimiento de los datos supone un fracaso. Ahora es más difícil cerrar el puzzle de las estadísticas porque no se conocen con certeza las características de las antiguas y las nuevas”, afirma. El arquitecto y ex profesor de Economía Inmobiliaria en la Universidad de Montreal sostiene que “Trujillo dio por buenos los datos de certificados de fin de obra, única estadística de trámite cuya recogida no es obligatoria frente a los visados de ejecución de arquitectos, que coinciden con los visados de dirección de obra de los aparejadores de Fomento”. Para él, la diferencia no es baladí: mientras que los primeros arrojan un volumen de medio millón de viviendas al año, los segundos ofrecen la famosa cifra superior a las 800.000 unidades. “La ex ministra se ha empecinado en negar la burbuja inmobiliaria”, afirma.
Sobre este tema, Gerardo Roger afirma rotundo: “Es una asignatura pendiente que podamos tener una estadística lo más fiable y rigurosa en España. También hacia el exterior”.
Acerca del Código Técnico de la Edificación (CTE), otra de las iniciativas logradas, Vergés no es menos crítico: “Era insostenible que no se cumpliera la legalidad por la desidia y poca formación de los profesionales del sector. Se hizo tarde, pero por fin se hizo, gracias también a todas las partes”.
Mirando al futuro, y a los futuros anuncios estrella del Ministerio, los agentes destacan el impulso al alquiler y a la vivienda protegida. “Pese a la sensación de fracaso, valoramos como positiva la creación de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA). Nos parece que colocar ahí la vivienda en alquiler es una de las mejores salidas. Es fundamental que la sociedad española asuma el alquiler como una alternativa. Asimismo, consideramos un cambio cualitativo importante la vivienda protegida de alquiler”. Como “Razonable” califica Galindo el impulso al alquiler. Por último, un deseo por parte de Gerardo Roger: “Ya que empieza a haber menos presión inmobiliaria, no viene mal un poco más de reflexión y un poco menos de hormigón”.
* El Confidencial - Fátima Martín - 10/09/2007
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
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Una promotora reinicia las obras para construir dos torres cuyo solar intenta expropiar el Gobierno
ELPAÍS/Benidorm* : Una promotora inmobiliaria ha retomado las obras de construcción de dos torres de 22 alturas y 168 viviendas en la zona del Racó de L'Oix, conocida como Punta Llisera, en Benidorm, aunque sobre el proyecto hay un expediente de expropiación incoado por el Ministerio de Medio Ambiente.
La empresa Edificaciones Calpe SA, del Grupo Ballester, reinició el pasado día 3 las obras del complejo residencial Gemelos 28, a pesar de que la próxima semana está previsto que finalice el periodo de exposición pública para presentar alegaciones a este proyecto, que se ubica en primera línea de playa de Benidorm y que se quiere incorporar al dominio público marítimo terrestre.
La Jefatura Provincial de Costas en Alicante confirmó que se han reiniciado los trabajos, y ha anunciado una reunión en Madrid con los responsables políticos y jurídicos de la Dirección General de Costas para estudiar las posibilidades de paralizar las obras y de agilizar la tramitación para evitar que avance la construcción del complejo.
Por su parte, el director comercial de Ballester, Orlando Torregrosa, manifestó que los trabajos se paralizaron durante julio y agosto siguiendo la ordenanza municipal que busca preservar el descanso a los turistas. Añadió que, una vez terminados estos meses, continúan debido a que hay "compromisos adquiridos con empresas subcontratadas y a que la declaración de interés público de la parcela todavía no es firme". Admitió que Medio Ambiente les ha notificado su "voluntad de expropiar", aunque comentó que la postura del grupo empresarial desde que se anunció la expropiación es que lucharán "hasta el final por este proyecto". En este sentido, opinó que el mismo "está avalado por 18 años de un largo proceso judicial, siempre con sentencias favorables", por lo que se mostró dispuesto a llegar "hasta las instancias europeas", si es preciso. El portavoz de Ballester avanzó que la empresa presentará alegaciones.
* ELPAIS.com - SERGI CASTILLO - Benidorm - 10/09/2007
Foto: Benidorm, obras Punta Lisera - L.Hevesi (El Mundo)
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Imputados por prevaricación seis ediles y el dueño de Marina d'Or
ELPAÍS* : El Juzgado número 2 de Castellón ha imputado a los cinco miembros del anterior equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento de Oropesa (Castellón), a un edil independiente, al arquitecto, la secretaria municipal y al presidente de Marina d'Or, Jesús Ger, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación urbanística. La investigación parte de una querella de afectados por un plan aprobado por el ayuntamiento en una zona de expansión del complejo residencial ya existente. La Generalitat se ha negado a tramitar el PAI "por concurrir en manifiestas causas de ilegalidad".
El plan arranca en 2005, cuando el ayuntamiento aprobó provisionalmente la urbanización de unos 350.000 metros cuadrados. Hasta mayo de 2006, cuando se aprobó definitivamente, la tramitación estuvo plagada de irregularidades. La necesaria cédula de urbanización fue firmada por el director general de Ordenación Territorial, Pedro Grimalt, después de que la comisión técnica dictaminara en contra. Un informe del técnico de vías pecuarias reconoce haber recibido instrucciones del director provincial de Territorio, Jorge Traver, para que realizara su dictamen de forma poco exhaustiva. El programa precisaba del informe favorable de la dirección general de Costas, que fue negativo.
Aún así, el PAI fue aprobado con los votos a favor de los concejales del PP, incluidos el alcalde, Rafael Albert, el responsable de Urbanismo, Tomás Fabregat, y del edil expulsado del PSPV, Juan Manuel Ribes.
La acusación sobre Jesús Ger, al que se señala como presunto autor de un delito de tráfico de influencias, hace referencia a que, según los querellantes, "aprovechó su relación personal y económica con ediles y familiares para, prevaliéndose de ésta, solicitar de éstos la aprobación de un Plan Urbanístico injusto para la causa pública, hechos que en su caso integran el delito". Así, incluyen en la denuncia documentos sobre la supuesta relación mercantil del empresario con al menos dos de los ediles que participaron en la votación, entre los que se encuentra el concejal de Urbanismo, que sigue en el cargo.
* ELPAIS.com - M. FABRA - Castellón - 10/09/2007
Foto: marina d'or (Castellón) - revistaintegral
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10.9.07
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Granada: Los municipios salpicados por escándalos urbanísticos deben más de 50 millones
IDEAL* : Los principales municipios salpicados por la sombra de la corrupción urbanística están en números rojos. En los últimos años han vendido casi todo el suelo municipal, han ingresado una pasta por licencias urbanísticas y, a pesar de todo, suman una deuda superior a los 50 millones de euros. Las arcas públicas de Almuñécar, Armilla, Ogíjares, Alhendín y Monachil se han quedado tiritando.
El partido de gobierno sólo aguantó el envite de las últimas elecciones municipales en Armilla -donde el PSOE renovó la Alcaldía con mayoría absoluta pero con otro candidato-, y en Almuñécar, donde el incombustible Juan Carlos Benavides aglutinó los votos de siempre con un partido nuevo. En los otros tres municipios los alcaldes debutan y se han encontrado un panorama -dicen- desolador.
El 'caso Nevada' finiquitó la trayectoria política del anterior alcalde de Armilla, José Antonio Morales Cara, y la de su concejal de Urbanismo, Gabriel Cañavate. Tomó el relevo Gerardo Sánchez, que en sus primeras decisiones ha dejado indicios de querer salir del atolladero del Parque Nevada.
Según el expediente del presupuesto de 2007, los pasivos financieros del Ayuntamiento de Armilla se elevaban a 4 millones de euros. Casi lo mismo que el Consistorio ha recibido en la última década del promotor Tomás Olivo (3,5 millones por impuestos y promociones inmobiliarias».
Según el informe de intervención de diciembre de 2006, los gastos de personal de dicho mes, así como los de la Seguridad Social de los dos anteriores, no tenían consignación presupuestaria. El Ayuntamiento tuvo que buscar sobre la marcha 836.030 euros -140 millones de pesetas- para hacer frente a las nóminas. El informe del interventor ya alertaba: «Los gastos corrientes de este Ayuntamiento crecen a un ritmo superior al de los ingresos corrientes con los que se deben financiar».
Ogíjares
Herminia Fornieles (PSOE) se ha encontrado en Ogíjares una situación «muy complicada». Las divisiones internas en el PP y los escándalos del 'caso Del Ojo' -investigado por la Fiscalía- ayudaron al vuelco electoral. «Hay empresas a las que no se les ha pagado en tres años y prestan servicios básicos», denuncia Fornieles. Según la nueva alcaldesa, el Ayuntamiento -que tiene un presupuesto de 15 millones de euros- debe 1,6 millones en facturas; 600.000 euros por la Casa de la Cultura (que no se ha hecho); 1,5 millones a la empresa del pabellón y la piscina; pagarés firmados con fecha del 30 de junio por importe de 380.000 euros... en total más de 5 millones de euros. «La situación es muy grave y hay que buscar medidas de negociación», apunta la alcaldesa. «Desde el año 2003 no se rinden cuentas y la contabilidad está sin meter desde octubre de 2005», relata. Y a todo esto hay que sumar la deuda de la empresa municipal de suelo, que se conocerá dentro de poco y que se presume desastrosa.
Y lo peor es que el municipio se ha quedado sin terreno: «Queda el 4% del suelo por desarrollar y muy pocas parcelas municipales».
Alhendín
El nuevo alcalde de Alhendín calcula que el 'caso Marchelo' le ha costado al municipio 25 millones de euros. Cada día que pasa aparece una factura nueva. Miguel Ángel Gamarra desglosa la deuda -por ahora- de la siguiente forma: 2 millones de euros por la construcción de un parque cuya adjudicación está siendo investigada; otros 2 por la obra del pabellón y la piscina; y otro millón de euros pendiente con la Seguridad Social.
Monachil
Desde 2005, la Consejería de Obras Públicas ha abierto 24 expedientes por asuntos urbanísticos en Monachil. La asociación de vecinos del 'Casco Antiguo' presentó en febrero más de 1.300 firmas en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que investigue lo que está pasando: calles con aceras diminutas, enormes bloques de pisos levantados en lo que era una casa donde vivía una sola familia...
El anterior gobierno municipal (PP) saltó por los aires sin aguantar hasta el mes de mayo. El alcalde echó a su concejal de Urbanismo, que después terminó salpicando a la dirección del partido en la provincia, a la que acusó de conocer y permitir todas las supuestas irregularidades sucedidas en los últimos años. Este verano la Fiscalía del TSJA ha denunciado al ex alcalde, a una sobrina y a un ex edil por supuesto tráfico de influencias.
Nada más llegar, el nuevo alcalde ha tenido que ampliar la línea de crédito en 400.000 euros para poder pagar las nóminas del verano. Sólo en gasto corriente hay un pasivo de 1.012.000 euros, explica José Luis Samos.
Al entrar en el Ayuntamiento el regidor se ha topado con 900.000 euros en facturas sin reconocer. «Tendremos que pagarlas seguramente al 100% y es posible que haya algo más», augura Samos. Sin que aparezcan nuevos agujeros, Monachil debe 2 millones de euros.
Puede ser peor. En el presupuesto de 2007 -publicado en Boletín de la Provincia en diciembre de 2006-, aparece un pasivo de 2,4 millones de euros en la empresa municipal de suelo.
«En los últimos años se han tramitado muchas licencias y ha habido ingresos importantes pero la gestión ha sido mala», critica el nuevo alcalde. Y el terreno se ha macizado: «Tenemos suelo para el consultorio pero para el colegio no hay suficiente. La Junta pide 4.000 metros cuadrados y sólo hay 2.000».
Almuñécar
Caso aparte. La última liquidación que ha trascendido públicamente es la de 2003, cuando gobernaban en coalición PP y PSOE. Ese año ya había una deuda de 34 millones de euros, informa Juan Manuel de Haro.
Ahora faltan por liquidar los cuatro años del último mandato de Juan Carlos Benavides. La deuda ha podido mejorar o empeorar. No se sabe.
* Ideal Digital - QUICO CHIRINO/GRANADA - 9 de septiembre de 2007
Foto: El ladrillo ha ido comiendo terreno en la última década y ha generado mucho dinero, aunque los ayuntamientos están en números rojos. /IDEAL
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9.9.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El pacto por la vivienda: ¿pacto con quién?
LLUIS CASAS* : Retomo el teclado informático después de unos días de playa con lo que considero el asunto estrella de la década política y económica, la vivienda. El verano agosteño ha sido desprendido en noticias, de las que les recuerdo algunas, por si acaso no han mirado el recibo de la hipoteca o la siesta se ha prolongado excesivamente:
La esperada crisis de las hipotecas basura norteamericanas explotó por fin. Y con ello se ponen en evidencia la falta de controles reales sobre ciertas oscuridades del sector financiero, entre ellas el mal funcionamiento de las agencias privadas de control y el penoso pensamiento débil de los responsables económicos que sabían lo que tenia que suceder, pero esperaban que no llegara nunca.
La reacción pública, estadounidense y europea, hecha de miles de millones de euros y dólares en beneficio de un sector torpe y egoísta. Pregunta retórica e ingenua: ¿Podían los mencionados millones haber llegado antes y en beneficio del acceso digno a la vivienda? No dude nadie de mi beneplácito a reducir los costes de la crisis; simplemente contemplo la posibilidad de haber reducido antes sus efectos.
Los tipos de interés siguen la empinada senda que produce agonía en la economía familiar. Los políticos y los ecónomos se ponen de los nervios y empiezan a emitir las señales de su fracaso (¿?) en forma de posibles desgravaciones y otras hierbas de mal gusto. Todo por no hacer los deberes debidos: oferta pública de vivienda y regulación urbanística.
La alarma fiscal se desata, la reducción paulatina del "mercado" inmobiliario afecta a las administraciones regionales y locales, que ven como sus ingresos provenientes de un mercado inflacionario disminuyen significativamente. Todo el mundo sabía que si el negocio inmobiliario se reducía, el negocio fiscal también y que iba a pasar de inmediato. Pues bien, a algunos les ha cogido por sorpresa.
Si ustedes tienen la paciencia de repasar hemerotecas o simplemente este diario digital, comprobaran que todo lo sucedido estaba previsto. Nada ha ocurrido que no se supiera y que no dispusiera de posibles medidas correctoras eficientes. Mientras tanto en casa hemos cambiado de ministra del ramo, una operación de cirugía a un muerto, que lógicamente no logrará que resucite oportunamente. El ejemplo de las malas prácticas continúa en nuestra otra casa. En Cataluña la ley de la vivienda, propuesta en noviembre del 2005 sigue por caminos extraños, pendiente de acuerdos gubernamentales, parlamentarios y de un esperpéntico pacto de la vivienda con los promotores inmobiliarios. ¿Se dan cuenta de que unos adultos todavía creen en los reyes magos? ¿O es que simplemente no creen en nada?
El pacto de la vivienda es un estropicio político que significa reducir los objetivos de la política de vivienda pública en beneficio de los promotores habituales. Estos consideran que son los dueños del rancho y que la política pública debe servir para asegurarles la actividad en tiempos de cólera, es decir: mercado reducido, tipos de interés altos, alarma familiar, etc. No para ofrecer a los ciudadanos una vivienda accesible económicamente y poco supeditada a los vaivenes del ciclo económico, sino dirigida a satisfacer la demanda demográfica.
La realidad del poder económico y la debilidad política frente a retos claros como la política de vivienda es en nuestro caso transparente y alarmante. El ciclo inmobiliario ha durado lo suficiente para que a nadie extrañe el resultado. Todo se ha visto venir, lenta e implacablemente. Los ciudadanos han visto desaparecer las rentas del trabajo hacia el pozo sin fondo de una vivienda ultra valorada por el precio del suelo (precio absolutamente especulativo o político, puesto que no se desgasta, ni desaparece con el uso), y ahora podrían ver venir una reducción significativa del valor pagado. Ello ha comportado un notable disfunción en el posible ahorro y en la diversificación del gasto familiar. La vivienda lo absorbe todo y no deja nada para otros: cultura, ahorro, equipamiento familiar. La expresión "dejaré a mis hijos como herencia un piso y una hipoteca" no es un simple chiste, sino una realidad social. La calidad de vida entre españoles y europeos tiene un diferencial permanente a causa de ello.
Durante algún tiempo pensé que el sector inmobiliario era susceptible de nuevas políticas públicas que beneficiasen a la comunidad. Los márgenes de beneficio eran tan altos que permitían ajustes significativos y que incluso el sector más digno empresarialmente podía entender que no era bueno para nadie participar en carreras con un caballo desbocado. Alguien terminaría con los huesos rotos. Pues bien, en beneficio de la historia, debo reconocer que no disponemos en España de valor político y democrático para favorecer a la mayoría reduciendo lo que se lleva la minoría. La lista de políticos y de partidos de débil carácter es muy larga y afecta a todas las esferas de la derecha y la izquierda. Bien es verdad que con intensidad desigual. Lo que en un artículo anterior llamé el gran fracaso de la democracia española: la renuncia a una política pública de vivienda estable y consistente, se ha hecho este verano más que patente.
Por lo que doy por acabadas mis reflexiones acerca de ello y me hecho a llorar.
(Lluis Casas en plena depresión pos vacacional.)
* La Insignia - España, septiembre del 2007
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9.9.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Un juzgado de Marbella ampara a una promotora que vendió pisos ilegales
SUR* : Triunfo de los promotores en los tribunales de Marbella. El titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de la localidad ha desestimado una demanda interpuesta por los compradores de un piso ilegal que se negaron a escriturar la vivienda tras conocer que la licencia de la promoción iba a ser revocada por el Ayuntamiento. La sentencia considera que no se puede hacer recaer sobre la empresa las consecuencias de las irregularidades municipales y obliga a los compradores a pagar las costas del proceso.
El origen del conflicto tuvo lugar cuando dos inversores británicos que habían adquirido una vivienda en el conjunto residencial Santa María Green Hills demandaron a la promotora de la obra, Marbella Vista Golf, para conseguir la resolución del contrato por numerosos incumplimientos. Entre éstos citaban la falta de licencia de primera ocupación y la situación legal de la promoción, sobre cuya licencia de obras la gestora del Ayuntamiento de Marbella abrió el año pasado un expediente de revisión de oficio.
Posteriormente, la licencia fue impugnada por la vía del contencioso administrativo, en una sentencia que ya ha sido acatada en pleno por el Ayuntamiento. La promoción es un conjunto de viviendas plurifamiliares levantado en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada. Parte de la construcción ocupa también suelo destinado a viario público y a parques y jardines
Los compradores aducían asimismo otras irregularidades, como la no entrega de los avales por parte de la constructora y el hecho de que no se hubiera construido el campo de golf previsto en el proyecto.
Afectados
En la sentencia, dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Marbella y a la que ha tenido acceso este periódico, el juez considera que la posible responsabilidad que pudiera derivarse para la promotora «no ha impedido que los compradores demandantes tengan a su disposición» la vivienda, por lo que considera que los denunciantes «no se han visto afectados por esas circunstancias». Las «circunstancias» a las que se refiere la sentencia es la situación legal del edificio.
Asimismo, en relación con la falta de una licencia de primera ocupación, el juez entiende que no se trata de un incumplimiento por parte de la promotora, sino, en todo caso «un retraso, imputable, en función de las circunstancias, no necesariamente a la vendedora, sino quizá al Ayuntamiento de Marbella».
La licencia del proyecto básico fue concedida por el Ayuntamiento el 16 de octubre de 2002 a Sur Inversiones Sema, cuyo apoderado es el empresario italiano Giovanni Piero Montaldo, detenido en la tercera fase de la 'operación Malaya' e imputado por el juez de un presunto delito de cohecho. Montaldo también está incluido en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción por unos convenios supuestamente lesivos para los intereses municipales. La licencia de obras le fue concedida el 28 de abril de 2003 por el entonces alcalde, Julián Muñoz.
Tras conseguir las licencias, Montaldo vendió la obra en construcción a la promotora, entidad que ahora mantiene el litigio con los compradores.
Los afectados tienen previsto recurrir la sentencia en apelación ante la Audiencia Provincial de Málaga.
* Diario Sur - 08.09.07 - HÉCTOR BARBOTTA
Foto: La urbanización Santa María Green Hills, en la zona de Elviria. / JOSELE-LANZA (SUR)
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9.9.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía