JavierLAFUENTE.-EL PAÍS* : "Bajo el lema: La vivienda es un derecho, no un negocio, miles de jóvenes se echaron ayer a las calles de 56 ciudades, en un ambiente festivo, para exigir una vivienda digna... Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político.
La marcha de Madrid, la más numerosa, reunió a más de 15.000 personas, según los cálculos de este periódico (5.000, según la Policía). La protesta partió a las cinco de la tarde de la Puerta del Sol. Aunque estaba previsto que concluyese en la Plaza de Cibeles antes de las siete de la tarde, a las nueve, centenares de personas proseguían la marcha por las calles de la ciudad.
La manifestación de Madrid acabó con unos 400 manifestantes rompiendo escaparates, cortando el tráfico y generando disturbos en el centro de la ciudad. En el Paseo del Prado, grupos de jóvenes realizaron carreras y rompieron el cristal de un Burger King y posteriormente llevaron a cabo una sentada en la glorieta de Carlos V que mantuvieron durante unos 10 minutos, ijnforma Efe. La policía detuvo por la noche a tres de los agitadores, que no iban documentados.
Antes de los disturbios, los jóvenes recorrieron el centro de Madrid al ritmo de tambores y pitos, mientras gritaban consignas como "¿Qué pasa, qué pasa? ¡Que no tenemos casa", "Lo de la vivienda, es una vergüenza", o "Espe, espe, espe, especulación". Biólogos, técnicos de sonido, estudiantes, traductores, profesores, músicos... el abanico de profesiones de los manifestantes en Madrid era muy amplio. Pocos superaban los 35 años. Todos estaban unidos por el mismo objetivo.
Los seguidores de la selección de fútbol danesa que a esas horas paseaban por la zona no entendían nada. Veían pasar gente vestida de presidiario con un ladrillo gigante a cuestas; casas de cartón en las que se podía leer "Que no especulen con tu vida". Los daneses no se unieron a la marcha, pero decenas de personas que no se habían enterado de la convocatoria sí se sumaron.
Las más de 50 protestas que se celebraron ayer en España estaban convocadas por la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda Digna, un colectivo que surgió en 2006 por Internet y que no está respaldado por ningún partido político. "Haber reunido a tanta gente con tan pocos medios ha sido increíble", comentaba un miembro de la Asamblea de Madrid. La marcha de la capital rompió las expectativas. De forma simbólica, los organizadores dijeron: "Somos tres millones, uno por piso vacío".
En Barcelona, la manifestación congregó a unas 7.000 personas, según la Guardia Urbana. Algunos petardos y pequeñas representaciones teatrales se combinaron con los gritos de los manifestantes ante la mirada estupefacta de turistas que pasaban por el centro de la ciudad, informa Sergi Estudillo. El único momento de tensión se vivió cuando algunos manifestantes empezaron a silbar a la policía y a gritarles que ellos también tenían hipoteca. A su paso por Paseo de Gràcia, tres jóvenes, aclamados por los asistentes, se subieron a los andamios de un edificio en obras y colgaron una pancarta en la que se afirmaba que hay 300.000 pisos vacíos en Barcelona.
En un improvisado escenario en medio del Paseo de Gràcia se representó un combate de boxeo entre un administrador inmobiliario con una careta de cerdo y un superhéroe vestido con un traje con el número 47 en referencia al artículo de la Constitución.
En Valencia, cerca de un millar de personas se manifestaron. Una charanga ponía música a sus reivindicaciones. Para acabar con los elevados precios de la vivienda, los organizadores proponen fomentar el alquiler, rehabilitar los pisos vacíos (60.000 en Valencia), y eliminar ayudas como las hipotecas jóvenes y las hipotecas a 50 años.
En el País Vasco, también se celebraron actos en demanda de una vivienda digna. La marcha más numerosa concentró en Bilbao a unas 200 personas. Los carteles exigían que la inversión prevista para el estadio de San Mamés (200 millones de euros) se destinen a pisos protegidos e incluso había quien ofrecía: "Cambio riñón izquierdo por cuarto derecha".
*ELPAIS.com - Madrid - 25/03/2007
Foto: Madrid.- Durante el recorrido los asistentes entonaron algunos cánticos como "Espe,espe,especulación" o "Qué pasa, qué pasa, ¡que no tenemos casa!" y se vieron pancartas como "Seguimos en la puta calle por una vivienda", "Vender estos pisos, a estos precios, pues va a ser que no" o "Se alquila tu vida".- EFE - 24-03-2007
"¡Qué pasa, qué pasa, que no tenemos casa!"
Corrupción urbanística: "Drama en Camas"
Justo NAVARRO.- EL PAÍS* : "Vuelve a sorprenderme la vitalidad dramática de la transcripción de algunas reuniones de trabajo municipal-empresarial, grabadas en secreto por policías o particulares: supera a novelistas, dramaturgos y guionistas de cine y telecomedias. He aquí el interesante mundo del soborno y los negocios, lo que los escritores han fabulado siempre: entrar en la habitación más íntima de reyes y delincuentes y otros seres curiosos, incluso en sus conciencias. Ahora esas inmersiones en el alma las hace un micro, una grabadora, el espionaje electrónico.
Se acerca la hora de juzgar el caso del Ayuntamiento de Camas, en Sevilla, compra de votos para un asunto inmobiliario, y los acusadores presentan en el juzgado sus puntos de vista, según informaba el viernes Reyes Rincón en este periódico. Leo una conversación grabada entre el empresario Gaviño y la concejal Lobo, independiente despedida de IU, el partido del alcalde. Es una gran pieza literaria, dramática, intensa, una escena en un bar para dos actores: la concejal y el empresario.
Trata de una tentación. "No puedo cambiar de la noche a la mañana", dice la concejal, como si meditara cambiar su voto para facilitar un negocio de miles de metros cuadrados. "¿Qué recibiría yo?", pregunta la que va a ser tentada, y así tienta a Satán para que la tiente. El empresario responde con contundencia: "Resolver tu vida y la de 20 generaciones tuyas". Si esta pieza tuviera autor, la crítica diría que recupera una tradición bíblica: Dios promete felicidad a sus elegidos, prosperidad para sí mismos y para las generaciones futuras.
Esta solemnidad contrasta con el uso de clichés tremendos: "Todos tenemos un precio", dice la concejal. "El tren pasa una vez por la vida", responde el empresario, y esto no es un cliché: no es lo mismo decir "el tren pasa una vez en la vida", que "por la vida", donde la propia vida se convierte en un lugar parado del que hay que salir huyendo en cuanto pase el tren propicio y único. La concejal aclara inmediatamente el sentido de la metáfora, como si no se fiara mucho de la capacidad interpretativa de los espectadores, o de los jueces, y llama al tren por su nombre: "La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos..."
Entonces el empresario se pone filosófico, místico como un sabio tibetano: "Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro". La repetición de lo igual ("oro, oro y oro"), muy valiosa literariamente, produce un enriquecimiento afectivo, y el oro pesa más cada vez que se repite la palabra. Es más oro a cada repetición. Son procedimientos que han usado mucho los poetas, Shakespeare, por ejemplo, para quien la tentación ofrece siempre "dulce, dulce, dulce veneno". La poesía es una forma de razonamiento: si la concejal no acepta el veneno, otro lo beberá.
Es bastante shakespeareana esta pieza maestra. Para seducir a la concejal, el empresario recuerda Bormujos, municipio muy cerca de Camas, al suroeste, y, en un espléndido verso de 11 sílabas, sentencia: "Bormujos está todo corrompido", endecasílabo que parece brillante transposición de "Algo huele a podrido en Dinamarca", y que convierte a Bormujos en algo más grande que el país centronórdico. Los tesoros de la literatura universal han sido imitados fielmente en un bar sevillano.
Aquí están las tentaciones de Jesús en el desierto, cuando Satán le ofrece "todos los reinos del mundo y su gloria" (Mateo, 4, 8). Y está una de mis novelillas preferidas, El hombre que vendió su sombra, de Adelbert von Chamiso, la historia de uno que dio su sombra a cambio de la bolsa que contiene inagotablemente todas las riquezas, es decir, 1,2 millones de euros y un piso en la playa, aunque no sólo cuente el interés. También importa el corazón: la hija de la concejal, sus descendientes, su pueblo. "Tú salvas a tu pueblo... Si tu fallas, falla todo", dice el empresario, como si valorara que la concejal pertenece a la izquierda responsable. Y concluye con una frase estupenda, para que todo espectador la repita al salir del cine: "Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil". El arte verdadero nos afecta, nos interroga. Mide el poder de nuestras convicciones y pasiones. ¿Qué haría yo? "Si no lo haces tú, lo hará otro", nos dice el empresario. La concejal Lobo grabó la conversación y la puso en manos de la justicia.
*ELPAIS.com - 25/03/2007
Miles de jóvenes reclaman en las principales ciudades su derecho a una vivienda digna
AGENCIAS* : "Miles de personas han salido a la calle para protestar por el precio de la vivienda, la especulación inmobiliaria y los sueldos 'mileuristas' que no posibilitan una independencia económica efectiva. En su mayoría son jóvenes, pero también hay adultos e incluso ancianos que se han solidarizado con una causa convocada desde internet y sin el respaldo (o la oposición) explícita de ningún partido político. Convocaba la plataforma Por una vivienda digna, entre otros colectivos, en medio centenar de ciudades españolas.
Todas las manifestaciones transcurrieron sin incidentes, excepto la celebrada en Madrid, donde, al término de la protesta, grupos de jóvenes causaron incidentes, como rotura de cristales, parquímetros y del mobiliario urbano en distintos puntos del centro de la ciudad.
Madrid, la única con incidentes
En Madrid, miles de personas -unas 5.000 según la policía y entre 15.000 y 20.000, según los organizadores- se manifestaron para exigir una vivienda digna.
En Madrid había manifestantes disfrazados de presidiarios que decían sentirse "presos del ladrillo"
Entre los participantes había mayoría de jóvenes, algunos con pegatinas de la CGT, otros disfrazados de presidiarios porque dijeron sentirse "presos del ladrillo" y una minoría de personas mayores, niños pequeños e inmigrantes.
Barcelona, donde más manifestantes hubo
La protesta más numerosa tuvo lugar en Barcelona donde unas 7.500 personas, según la Guardia Urbana, se manifestaron por el centro de la ciudad para defender el "derecho a una vivienda" y pedir a las administraciones públicas y a los responsables del sector inmobiliario que "no les tomen el pelo", según recogía la pancarta que abría la marcha.
La manifestación se inició sobre las 18:00 horas en la plaza de Cataluña, tras una hora de concentración festiva, en la que han coreado eslóganes en contra de la especulación inmobiliaria, como "Toda España es Marbella", "La hipoteca me mata" o "Basta de excusas, vivienda ya".
La movilización discurrió por el Paseo de Gracia y se dirigió hacia la sede de la Bolsa de Barcelona, donde los participantes hicieron una sentada pacífica, bajo el atento control de un amplio dispositivo policial.
En ese mismo punto se escenificó además el "combate" entre la "especulación" -representado por una persona que llevaba una máscara de una cabeza de cerdo- y el "derecho a la vivienda", papel que desempeñaba una joven con una capa amarilla en un "ring" en donde un 'político' hacía de árbitro 'vendido'.
Valencia lució carteles contra la especulación
En Valencia, cerca de un millar de personas acudieron al centro de esta ciudad, donde numerosos jóvenes alzaron carteles contra la especulación inmobiliaria tras el lema "Que levante la mano quien tenga derecho a una vivienda, pero no la puede pagar".
Bilbao protesta contra el gobierno vasco
En Bilbao, varios centenares de personas exigieron al Gobierno Vasco reformas legales para fomentar la salida al mercado las miles de pisos que permanecen vacíos.
La marcha partió del Ayuntamiento bilbaíno tras una pancarta en euskera y castellano con el lema "La vivienda es un derecho y no un negocio".
Los organizadores habían animado a los asistentes a que elaboraran sus propios carteles agudizando el ingenio y así, algunos denunciaron la especulación inmobiliaria, otros exigían que las inversiones previstas para el nuevo San Mamés se destinen a viviendas de protección e incluso había quien ofrecía "cambio riñón izquierdo, por cuarto derecha".
Pamplona y su "V de vivienda"
En Pamplona, unas 600 personas según los organizadores y 300 según la Policía Municipal, reivindicaron el acceso a "una vivienda digna a un precio asequible" con una manifestación que ha recorrido las calles del Casco Antiguo, convocada por la Plataforma "V de vivienda Pamplona-Iruña".
Valladolid
En Castilla y León, dos centenares de jóvenes se concentraron en varias capitales de provincia para exigir una vivienda digna y protestar por los altos precios de las casas.
La más numerosa fue la de Valladolid donde unas cien personas se dieron cita en la Plaza Mayor, en torno a la estatua de Pedro Ansúrez, fundador de la ciudad, donde repartieron pegatinas con el lema "Yo también quiero una vivienda como la del hijo del alcalde.
Los convocantes aludieron así a la polémica que hay en la ciudad por la reciente adjudicación de una vivienda de protección oficial a uno de los hijos del alcalde, Javier León de la Riva, del PP, en la moderna zona de Villa de Prado, al noroeste de la capital.
Zaragoza: "¿Hipotecar nuestro futuro?"
"¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no"
En Zaragoza, la manifestación, que concentró a un centenar de personas, partió de la plaza de Aragón con una gran pancarta blanca con el lema "¿Hipotecar nuestro futuro?. Pues va a ser que no", mientras coreaban "queremos una casa en la plaza del Pilar" o "La Ley del mercado nos tiene hipotecados".
Murcia y Granada
Medio centenar de personas, en su mayoría jóvenes, protestaron en Murcia por las 90.000 viviendas vacías que existen en la Región, mientras que en Granada se concentraron un centenar de personas y unas cincuenta personas lo hicieron en Santander, Gijón, Logroño y Córdoba.
*20MINUTOS.ES / 25.03.2007
Foto: EFE - En la 'casa' de Aguirre | La manifestación en Madrid tuvo lugar en la Puerta del Sol, ante la Casa de Correos, sede de la Comunidad de Madrid.
El 'caso Malaya' cumple un año con cien imputados y el reto de localizar el dinero
JuanCANO/HéctorBARBOTTA.- SUR* : "Hace casi un año que la historia de Marbella dio un vuelco. Salpicada por escándalos urbanísticos o por sangrientos ajustes de cuentas, acostumbrada a los ríos de tinta negra y rosa que han corrido sobre ella, la Milla de Oro empezó a escribir el 29 de marzo de 2006 una crónica diferente. Ese día explotó la 'operación Malaya'. Un año después, el caso judicial más resonante de los últimos tiempos sigue adelante con varias líneas de investigación todavía abiertas y 94 imputados, cuatro de ellos en prisión: Juan Antonio Roca, considerado el cerebro de la trama, el ex alcalde Julián Muñoz y dos abogados, Manuel Sánchez Zubizarreta y Juan Hoffman.
Lejos de estar cercana a su fin, la investigación todavía sigue abierta en distintas direcciones, según confirman fuentes muy solventes consultadas por este periódico.
Una de las vías pretende desvelar la ruta del dinero. Adónde han ido a parar los miles de millones de euros que todavía no se han localizado y que posiblemente hayan volado a paraísos fiscales o estén convertidos en inversiones en otros países. Según un auto incluido en la última parte del sumario sobre la que se ha alzado el secreto, el juez encargó a un funcionario de la Agencia Tributaria que continúe las pesquisas en Suiza, uno de los paraísos fiscales donde posiblemente estaría escondido parte del dinero negro.
Blanqueo
Otra vía de investigación también está relacionada con el destino del dinero. La investigación sobre blanqueo, la más tediosa de todo el proceso, ha permitido descubrir recientemente uno de los métodos que presuntamente utilizaba Roca para camuflar sus ganancias: la compra de lotería premiada. Tal y como desveló SUR, los investigadores han detectado que a la familia del ex asesor, concretamente a su mujer y a sus dos hijos, les 'tocó' la lotería ocho veces en poco más de seis meses.
Es en este punto, el blanqueo de capitales, donde cabe esperar más novedades y, posiblemente, las nuevas detenciones que ni el juez ni el fiscal descartan. La tercera línea de investigación que aún se mantiene abierta es la de los empresarios y promotores que habrían entrado en el juego de Roca y se habrían enriquecido con sus negocios en Marbella. El juez Torres asestó el primer golpe contra el entramado empresarial del 'caso Malaya' el pasado 27 de junio, en una sonora redada que se saldó con 32 detenidos. Los investigadores supieron relacionar iniciales con nombres al analizar la contabilidad secreta de Roca en el registro de Maras Asesores y al magistrado no le tembló la mano al firmar las órdenes de detención de los concejales que presuntamente habían cobrado por votar según sus indicaciones y los 13 promotores que habrían pagado. En algunos casos, las aportaciones ascendían a cinco millones de euros en un periodo de tres años. Si esos fueron los sobornos, ¿a cuánto ascenderían los beneficios?
También siguen abiertas las investigaciones en torno al ex alcalde, Julián Muñoz. El secreto sobre la parte del sumario que le afecta apenas se ha levantado en una mínima parte. Sólo han trascendido tres supuestos pagos de Roca a Muñoz en noviembre de 2002 que ascenderían en total a 150.000 euros, tras encontrar las siglas JMP (que los investigadores atribuyen a Julián Muñoz Palomo) en la contabilidad secreta del ex asesor en las oficinas de Maras Asesores, consideradas el cuartel general de Roca.
Cobro
Según las pesquisas policiales y judiciales del 'caso Malaya', la fecha de ese supuesto cobro coincide con la firma de una permuta de terrenos rubricada por Muñoz a favor de la sociedad CCF 21, vinculada a Carlos Sánchez, quien está considerado por el juez socio y maestro de Roca. En ese trueque, el Consistorio entregó una parcela de 1,5 millones de euros por un terreno privado que apenas valdría 30.000 euros, lo que supuso un evidente perjuicio para las arcas municipales. Pero el grueso de la investigación sobre Muñoz aún resta por conocerse.
Entre los flecos que aún quedan por desvelarse hay otro que no es menor: el paradero de los dos prófugos: Carlos Fernández y el empresario Carlos Llorca. El primero es suficientemente conocido. El ex concejal andalucista está en busca y captura desde el 26 de julio de 2006 y el juez lo considera sospechoso de un delito de cohecho, ya que pudo ser uno de los mayores beneficiados en el reparto de dinero por parte de Roca.
El otro es el empresario Carlos Llorca, menos célebre en Marbella, pero más conocido por la policía de varios países. Sospechoso de cohecho, cuenta con pasaportes español y británico, y se lo conoce también como Carlos Rodríguez, Charles Rodríguez y Simón York. Lo busca la policía de ocho países.
*diarioSUR.es - MÁLAGA / MARBELLA - 25 de marzo de 2007
Foto: Ayuntamiento Marbella
Vivienda e inmigración: un derecho y no un negocio
ATTAC.- Rebelión* : "La Constitución española, en su artículo 47, dice: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”. Aunque este artículo no reconoce derecho a vivienda de las personas inmigradas que constituyen un porcentaje creciente de población, nuestra Constitución apoya este derecho en otros artículos.[1]
Sin embargo, el derecho a vivienda está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En su artículo 25.1 dice: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. [2]
En esta misma línea se pronuncia el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que en su artículo 11.1 dice: “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento”. [3]
Hay unos derechos pero la realidad es muy distinta.
El negocio de la vivienda
En los diez últimos años el aumento acumulado de los precios de la vivienda en España ha sido del 180 %, equivalente a siete veces el crecimiento de los precios al consumo y de los salarios en el mismo período de tiempo. Se ha estimado, por ejemplo, que en 2004 cada metro cuadrado de suelo recalificado, de rústico a urbano residencial, aumentó su valor un promedio de 100 euros.
El negocio de la vivienda atraviesa una larga etapa de euforia con plusvalías elevadísimas de las grandes empresas inmobiliarias (47,5 % en el primer semestre de 2005) y una amplia rentabilidad para quienes utilizan la vivienda como inversión (incremento anual del 14 % en los últimos seis años). Lo que da lugar a un excedente de vivienda (segundas residencias y vacías) del 48 %, el más grande de la Unión Europea.
En el Estado español tenemos una vivienda por cada dos habitantes. Hay un 14% de viviendas vacías [alrededor de 3 a 4 millones de viviendas vacías]. Y sin embargo, el hacinamiento llega a 16 personas en 50 metros cuadrados. [4]
La “economía del ladrillo” ha detraído recursos financieros de la inversión productiva. La producción de mercancías (sector primario, industria y energía) ha bajado del 26 % del PIB en 1997, al 20 % en 2005 en el conjunto del Estado. Y en la Comunidad de Madrid, de 2000 a 2005, el porcentaje de la construcción en el PIB subió del 7 al 11 %, mientras que el de la industria bajó del 14 al 11,6 % (Servicio de Estudios del ICO).
No es extraño que, como han reflejado distintos medios de comunicación, de los diez nuevos integrantes españoles de la lista de multimillonarios, ocho sean constructores, promotores o tengan empresas relacionadas con el ladrillo. Forbes los califica como “los señores del ladrillo”, que acumulan 19.011 millones de euros.
Pero detrás de este suculento negocio hay una realidad lacerante.
Los inmigrantes y la vivienda
El crecimiento exponencial de la inmigración en los últimos años ha sido uno de los factores que ha influido en el crecimiento del negocio de la vivienda. Los inmigrantes han contribuido a “engrasar” el sector de la construcción por su participación mayoritaria en el mismo, como mano de obra barata, en primer lugar, al trabajar en las empresas constructoras en condiciones precarias y a bajo precio. Cuando están en situación de irregulares no pueden exigir a menudo sus derechos y retribuciones y, aún contando con permisos de residencia y trabajo, se ven obligados a trabajar en régimen de subcontratas o autónomos, lo que conduce a la autoexplotación y a la economía sumergida. Es la construcción uno de los sectores productivos donde se da un más alto porcentaje de economía sumergida que, según reconoce el mismo Ministerio de Hacienda, alcanza ya en nuestro país el 20 % del PIB.
Se trata de constatar una vez más lo que el Premio Nóbel de Economía Joseph Stiglitz e incluso la banca de negocios estadounidense Lehman Brothers afirman, nada menos que en el Financial Times: “La globalización crea riqueza abaratando el trabajo; produce un enriquecimiento desigual global, a costa de bajos salarios... La globalización ha creado nueva riqueza proporcionando unos costes mucho menores para el trabajo”. [5]
Pero los inmigrantes están también contribuyendo al negocio de la construcción como demandantes de viviendas, como el resto de la población, con algunas características específicas.
En su primera etapa de estancia en España han de echar mano del subarriendo de alquileres de habitaciones (incluso de camas) en pisos propiedad de españoles o de otros inmigrantes ya establecidos, viéndose obligados a pagar a menudo precios abusivos. El 47% de los inmigrantes viven de inquilino subarrendado y sólo un 19% vive en hacinamiento. El hacinamiento en lugares de menos de 10 metros cuadrados por persona alcanza al 19% de los extranjeros frente a sólo el 2,5% de los españoles. Cabe destacar que el 65% de los inmigrantes consiguen alojamiento gracias a las redes de apoyo y familiares.
En la Comunidad de Madrid el 61 % de inmigrantes dispone de menos de una habitación por persona. Viviendas precarias en Madrid que se alquilan a familias por doce horas. El dato más esclarecedor es el caso de las veinte mujeres que emigraron de Paraguay y comparten un piso de 65 metros cuadrados en el barrio de Puerta del Ángel en Madrid. [6]
Una mención especial merece el informe del Relator Especial [7] que recibió “testimonios directos de trabajadores inmigrantes que viven en asentamientos informales, en edificios en construcción o en condiciones de hacinamiento, y que son discriminados en el acceso a la vivienda o se ven forzados a alquilar camas por horas («camas calientes»)”. En ese sentido, el Relator de Naciones Unidas se sorprende que “mientras la economía de algunas regiones se ha beneficiado ampliamente de la mano de obra inmigrante, se ha hecho muy poco por garantizar las necesidades de vivienda de esas personas”.
Mientras los inmigrantes no pueden comprar vivienda porque ganan, como media, unos 870 euros a diferencia de los autóctonos, que ganan 1741 euros,
esta situación contribuye también a la revalorización de una buena parte de los alquileres antiguos, activando unos patrimonios inmobiliarios que se consideraban muy modestos.
Cuando la situación económica les permite mayor capacidad de consumo, muchos desean acceder a la propiedad. En ese caso se dan las dificultades comunes a toda la población: la dependencia financiera en razón de las condiciones hipotecarias que se extiende prácticamente a toda la vida. Pero también persisten con frecuencia dificultades específicas. Si permanecen en situación de irregularidad, muchas agencias inmobiliarias tienen orden de no atender a personas sin papeles. Esta situación les impide también el acceso a determinados recursos – entre ellos las ayudas a la vivienda – que están condicionados a la situación de regularidad.
Aun teniendo los papeles en regla, en la medida en que trabajan en la economía sumergida, o su trabajo es inestable y mal pagado no ofrecen las suficientes garantías para poder alquilar o comprar. Otras veces se trata del rechazo puro y simple por el mero hecho de ser extranjeros, aunque puedan presentarse con la documentación y los avales requeridos. De hecho, según las encuestas, el 50 % de quienes viven en subarriendo en Madrid y el 57 % de los inquilinos independientes no tienen proyecto de cambiar a corto plazo.
Al amparo de la Ley de Arrendamiento Urbano se pide contrato fijo de trabajo cuando la mayoría de los actuales son temporales.
En el servicio doméstico, como en muchos otros sectores, muchas veces no se firman contratos y no pueden alquilar una vivienda. Los inmigrantes no pueden aportar fianzas ni “referencias solventes” y encima son criminalizados.
La vivienda es un derecho no un negocio
La actual globalización económica que conlleva la reforma del sector público a través de la privatización y otros factores influyen a la hora de disponer de recursos para gastos sociales y viviendas de protección oficial.
“En 2003, Social Watch publicó un completo panorama del impacto de la privatización de los servicios públicos a lo largo de 52 países. Todos estos casos presentan un denominador común: los grupos más afectados son siempre los grupos más vulnerables de la sociedad, constituidos por minorías étnicas, refugiados, mujeres, niños y adultos mayores.” [8]
El mercado capitalista inmobiliario es el que rige en la práctica. Este tiene una lógica de beneficio privado. Su oferta de vivienda atiende la demanda que puede pagar la vivienda considerada una mercancía, no un derecho. Sí, como suele ser habitual con el mercado privado del suelo, los precios son muy altos, muchísimos ciudadanos no tienen acceso a las condiciones de habitabilidad que corresponden al nivel de dotaciones, confort y calidad que son posibles hoy en día.
Siguiendo el informe del Relator Especial de Naciones Unidas “España sufre una grave carencia de vivienda pública. Los programas de vivienda actuales no permiten satisfacer las necesidades de entre un 20% y un 25% de la población con menos ingresos”. El Relator Especial considera que esto es una estimación conservadora, dado que España es el tercer país más pobre de los 15 países que originalmente formaban a Unión Europea. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, datos sobre la distribución de ingresos, publicadas el 1 de diciembre de 2006, un 20% de los españoles viven bajo el nivel de pobreza. Prácticamente toda la vivienda en alquiler, de por sí escasa, pertenece al sector privado. Sólo un 2% del parque existente se considera de alquiler social, en comparación con el 10-30% de otros países de la Unión Europea. Es más, aunque se encuentran en torno a un 18% más bajo que en el mercado privado, los precios de la vivienda de alquiler público tienden a ser demasiado altos para algunos sectores de la población. Paradójicamente, España posee el número de viviendas vacías más alto de la Unión Europea (de 3 a 4 millones).
A todo esto hay que añadir que esta situación se ha agravado por la especulación en el uso del suelo y de la propiedad, lo que ha beneficiado a los grandes promotores. Por ejemplo, en el País Vasco, entre 1995 y 2005, los precios de la vivienda aumentaron un 250%, mientras los costes de construcción se incrementaron en un 35%. Durante el mismo período, las hipotecas subieron de €650 millones a €6000 millones.
Hay otra lógica que la del beneficio. La de considerar el acceso a la vivienda un derecho ciudadano, no un negocio. De esta manera, se daría prioridad a atender las necesidades de la mayoría en detrimento del negocio de unos pocos.
Este derecho a la vivienda debe ser canalizado y satisfecho por un servicio público de vivienda. Un servicio público con recursos suficientes y bajo el control de la ciudadanía que debería permitir que el derecho de los habitantes sea efectivo. Así dejará de depender la satisfacción de una necesidad humana de la capacidad económica individual.
En octubre de 2006, La Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna proponía, entre otras, las siguientes medidas para una política pública de vivienda:
(a) Dar uso de alquiler a las viviendas vacías existentes, que son más de tres millones en el país, (b) Si la vivienda vacía, por diversas razones, no puede atender a la demanda, generar suelo barato para promover vivienda en alquiler social y crear así un amplio parque de vivienda en alquiler reducido, (c) planificar el territorio urbano con criterios de sostenibilidad y al servicio de los ciudadanos. Parques, guarderías, transportes públicos, etc. hacen parte de la política de vivienda pública necesaria.
Esta política debe adecuarse a todos los habitantes en el país teniendo en cuenta que sin acceso a la vivienda no hay integración posible.
[1] Artículo 9.2 “Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”. Artículo 10.2 “Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las materias ratificados por España”. Artículo 13.1 “Los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establezcan los tratados y la ley”.
[2] Declaración Universal de los Derechos Humanos. Naciones Unidas. Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (iii) del 10 de diciembre de 1948.
Ver: http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
[3] Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Adoptado y abierto a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea general en su resolución 2200 A (XXI), de 16 de diciembre de 1966. Entrada en vigor: 3 de enero de 1976, de conformidad con el artículo 27. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Ver: http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu3/b/a_cescr_sp.htm
[4] Según el documento “El derecho a la vivienda” de Arquitectos Sin Fronteras Castilla y León. España.
[5] Ver: http://www.attac.org.es/portalattac/index.php?option=com_content&task=view&id=185&Itemid=76
[6] El Latino, 13 de enero de 2006.
[7] Informe de Miloon Kothari Relator Especial de Naciones Unidas sobre Vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado. Kothari visitó España entre el 20 de noviembre y 1 de diciembre de 2006.
[8] El derecho a la vivienda adecuada. Graciela Dede. Social Watch [es una red internacional de organizaciones de ciudadanos que lucha por la erradicación de la pobreza y sus causas]. Instituto del Tercer Mundo. Uruguay.
*Grupo de Inmigración de ATTAC Madrid
*Rebelión.org - 25-03-2007
La fiebre del metro cuadrado sale a la calle
MartaFDEZ.OLMOS.- EL PAÍS* : "Todo comenzó por un e-mail. El correo, anónimo, se distribuyó espontáneamente y en cadena vía Internet durante los meses de abril y mayo de 2006. Un e-mail que hizo que miles de jóvenes se concentraran el 14 de mayo del año pasado en las principales ciudades del país con el lema "por una vivienda digna", cuando el crédito hipotecario crecía al mayor ritmo de los últimos doce años, y con él el endeudamiento de las familias. Desde entonces las manifestaciones se han sucedido por distintas ciudades de España: la última, el pasado mes de diciembre, y la próxima, hoy a las cinco de la tarde.
Es una realidad que el acceso a una vivienda en España resulta cada vez más difícil. La escalada de precios de los últimos años -que ha hecho pasar de los 670,8 euros por metro cuadrado de vivienda libre de 1995 a los casi 2000 del año pasado, según datos del Ministerio de Vivienda- ha provocado que las familias alcancen cotas anteriormente no conocidas de endeudamiento, que incluso han llegado a llamar la atención de diversos organismos internacionales. El resultado es que los jóvenes tienen cada vez más dificultades para independizarse.
Por esta razón, diversos colectivos encabezados por la Plataforma por una Vivienda Digna y la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda han convocado a "todos los ciudadanos" a manifestarse. La cita es hoy a las cinco de la tarde en las principales ciudades de toda España.
Llamar la atención de los políticos
Tras las primeras manifestaciones, el movimiento ciudadano estaba creado, y a partir de éste comenzaron a surgir por todo el país diversos colectivos, que junto con otros grupos ya existentes configuraron, casi sin querer, lo que se conoce como Movimiento por una vivienda libre. Todos ellos tienen objetivos y características comunes: son grupos de ciudadanos que dedican de manera altruista parte de su tiempo a estas asambleas o plataformas, se autogestionan, quieren evitar que este tipo de movilizaciones se instrumentalicen políticamente y se movilizan por el derecho a una vivienda digna para todos.
Para José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por una Vivienda digna, el principal problema es que "la política actual no está orientada a las necesidades de alojamiento, sino a la creación de una cultura de propiedad". Carretero se queja también del fraude inmobiliario y de los actuales sitemas de financiación utilizados en la gestión del suelo: "los municipios están utilizando el suelo para financiarse", afirma.
Reivindicaciones similares son las que hacen desde la Asamblea contra la Precariedad y por la Vivienda. Uno de sus miembros, Dani, se queja de "la especulación y de lo caros que están los pisos". Según él, los políticos no cumplen la Constitución, "por eso hay que salir a la calle y quejarse".
Tanto Dani como José Luis y el resto de ciudadanos que se movilizan en este tipo de convocatorias tienen un objetivo común: conseguir solucionar el problema de la vivienda en España. El sábado 24 todos ellos volverán a salir a la calle para intentar una vez más llamar la atención de los políticos y gobernantes. Y afirman que quieren hacerlo sin banderas y sin partidos políticos que les condicionen.
No sólo jóvenes y no sólo sin casa
A pesar de que el movimiento se tiende a relacionar con los jóvenes, ?no es sólo un ?rollo? de jóvenes o estudiantes?. Según nos cuenta Dani, de la Asamblea contra la precariedad y por la Vivienda ?al que le tocaba llevar el teléfono esta semana, ya que el móvil va rotando entre los miembros del colectivo como una manera de repartir responsabilidades-, ?a las asambleas también acuden adultos y trabajadores?. Algo en lo que coincide con José Luis Carretero, que afirma que ?la implicación real siempre ha sido muy variopinta?.
Y pese a lo que algunos podrían pensar, también muchos ?hipotecados? se unen a las movilizaciones y a las asambleas. ?No queremos utilizar el movimiento para desprestigiar a los jóvenes que ya tienen piso: es una lucha de todos?, nos cuenta Dani. A pesar de su juventud -25 años- y de su trabajo ??nadie se dedica exclusivamente a esto?- consigue dedicar unas 10 horas a la semana a la Asamblea.
*ELPAIS.com - Madrid - 24/03/2007
Foto: Manifestación en Barcelona por una vivienda digna y para todos/as (2 de julio de 2006)/ KAOSENLARED.NET
El TSJ paraliza por falta de agua una gran urbanización en La Nucía
P.ROSTOLL.- Alicante.- Diario Información* : "El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha emitido un auto en el que paraliza de forma cautelar la ejecución de un macroproyecto urbanístico de cerca de 3 millones de metros cuadrados con 3.884 viviendas y un campo de golf al estimar que no cuenta con recursos hídricos suficientes. La ejecución del PAI de La Serreta en La Nucía, municipio donde el PP gobierna con 13 de los 17 concejales del ayuntamiento, queda, de momento, suspendida a pesar de que contaba con el visto bueno de Urbanismo.
El consistorio, que preside Bernabé Cano, presentó ayer mismo un recurso para tratar de dar la vuelta a la decisión. La resolución tiene su origen en un recurso tramitado por el abogado alicantino José Juan Server Gallego y presentado por María José Campos, activista vecinal y candidata independiente en La Nucía. La base de la demanda se centra, precisamente, por un lado, en que no está acreditada ni la existencia de recursos hídricos suficientes para cubrir las necesidades que genere un aumento de población de más de 10.803 personas - supondría incrementar el actual censo en un 70 % - y el campo de golf de titularidad municipal incluido en el plan. Y, por otro, en que el PAI, que lleva tres años de tramitación, no debería haberse acometido al margen del plan general. El actual PGOU se encuentra, en estos momentos, en periodo de revisión.
A diferencia de la reciente sentencia contra otro polémico PAI en Parcent que el tribunal también paralizó pero por tramitarse al margen de plan general, en este caso, el alto tribunal centra la fundamentación del auto que decreta la suspensión cautelar del plan urbanístico, aunque con una pequeña referencia a la gran extensión del plan, en la cuestión de la falta de agua. El proyecto, de hecho, cuenta con un informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que data de febrero de 2005. Los estudios preceptivos emitidos por Medio Ambiente, actualmente, no son vinculantes. El TSJ advierte, y es algo que «no desconocen» ni la Generalitat - que ha llegado a defender la viabilidad del proyecto ante el juez con un documento de alegaciones - ni el propio Ayuntamiento de La Nucía, que «el sector objeto de ordenación es enorme». De hecho, el proyecto impulsado por el consistorio nuciero afectaría al 11% del actual término municipal. Pero, sobre todo, el Tribunal Superior de Justicia descarta el proyecto por la ausencia de agua suficente para atender «casi una duplicación de la población» y para el riego de zonas verdes - alrededor de 300.000 m 2 , recoge el auto - y el campo de golf.
La sala número 1 de lo contencioso-administrativo desgrana, precisamente, el informe de la CHJ en el que se denuncia que no existe garantía para el abastecimiento ni dotaciones con capacidad suficiente para depuración o vertidos. Pero, además, el tribunal rechaza la intención del consistorio nuciero de demostrar la existencia de agua con un informe del Consorcio de la Marina Baixa. El TSJ entiende que esta memoria es «general» y que, de su análisis, no se deduce «la disponibilidad de agua de la actuación». «No se pronuncia sobre aspectos que son exigibles», detalla el auto judicial. El documento entiende que, en esta situación, es preciso decretar la suspensión del PAI al entender que, de continuar adelante la ejecución con falta de agua, se crearían «situaciones irreversibles». El auto supone la suspensión de la resolución de la comisión territorial de urbanismo, que pese al informe desfavorable de la CHJ, había aprobado el plan en septiembre de 2005. La decisión del TSJ abre una vía posible para paralizar proyectos como el de Rabasa en Alicante de una extensión también enorme, al margen de planeamiento y con informe desfavorable de la Confederación del Júcar. Como dos gotas de agua.
El alcalde de La Nucía, Bernabé Cano, explicó que, ayer mismo, el consistorio presentó un recurso contra el auto - era el último día hábil - junto a un informe más detallado del Consorcio de la Marina Baixa y de la empresa local de agua. «Esto es consecuencia de las trabas y de la política hídrica del Gobierno central», apuntó Cano. El primer edil nuciero defendió que el agua está garantizada. «El gasto que generaría es inferior al agua que ahora se utiliza en esa zona para regar a manta. Además, en el sector hay dos pozos», dijo Cano que espera que la suspensión se levante en veinte días.
La demandante, María José Campos, por su parte, consideró «inaceptable» que La Nucía intente ordenar una superficie tan extensa, que ejecutará una empresa del Grupo Ballester, a base de «reclasificaciones» de suelo y denunció la paralización de los trámites del nuevo PGOU. El abogado Server Gallego se remitió al contenido del auto del TSJ y declinó realizar declaración alguna.
*Diarioinformación.com - Sábado , 24 de marzo de 2007
Foto:La Nucía (Alicante) /tagarinet.com
Miles de jóvenes saldrán de nuevo a la calle por una vivienda digna
DavidFERNÁNDEZ.- 20minutos* : "La Plataforma por una Vivienda Digna, reforzada por miles de mensajes anónimos que circulan por la Red, ha convocado este sábado una manifestación simultánea en las 52 capitales de provincia y otras localidades para recordar a las Administraciones públicas que la vivienda es un derecho y no un "lujo ni una inversión", en definitiva, "no debe ser un problema". Los convocantes esperan que miles de personas (no sólo jóvenes) participen en la protesta, la décima en apenas un año (la primera, que se bautizó como "sentada por una vivienda digna", se convocó anónimamente el pasado 14 de mayo).
El mensaje es claro: el Gobierno debe realizar cambios legislativos que regulen el acceso a una vivienda digna, como indica la Constitución.
"Vamos a demostrar que no son manifestaciones aisladas, sino que la sociedad no va a parar hasta que sus políticos le garanticen el derecho a una casa", explican a 20 minutos desde la plataforma.
Emancipación tardía
Los datos hablan por sí solos y "avalan que la vivienda es un problema".
Aunque España es el país de la Unión Europea que más casas tiene por habitante, una por cada dos, el precio de los pisos retrasa la emancipación de los jóvenes.
Sólo el 33% de los españoles de 20 a 34 años no vive hoy con sus padres, según el Consejo Económico y Social.
Y para conseguir tener una casa en propiedad hay que esperar a los 34 años, la edad media del comprador que adquiere su primera vivienda, según un estudio de José García Montalvo, profesor de Economía de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.
La única Administración pública que de momento ha apoyado oficialmente esta manifestación es el Gobierno vasco, "ya que es sano que la sociedad demande de las instituciones soluciones a sus problemas sociales", señala a este diario Javier Burón, director de Planificación del Departamento de Vivienda. "Todas las Administraciones deben aportar sus propuestas".
→ Más información en Viviendadigna y Vdevivienda.
Mañana saldrán a manifestarse
* José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por la Vivienda Digna
"Que no nos laven el cerebro, la vivienda es un derecho"
A sus 35 años, José Luis, ingeniero de sistemas, reconoce que es un privilegiado porque ha podido independizarse hace poco gracias a la casa de su abuela.
"Si no, me hubiera sido imposible. Mi hermana tiene 30 años y sigue viviendo con mis padres. Mi círculo de amistades podríamos decir que va sobreviviendo, compartiendo piso, incluso mudándose al extranjero".
José Luis está convencido que la juventud española se va a movilizar cada vez más para mandar un mensaje alto y claro a nuestros políticos: "La vivienda es una necesidad vital y el Gobierno debe regular el mercado para proteger este derecho, igual que protege otros como la sanidad o la educación".
No obstante, sabe que están ante un gran reto, ya que "no hay que olvidar que el urbanismo es un perverso método de financiación de los partidos políticos".
Para luchar contra ello hay que derribar viejos mitos porque "a los jóvenes se nos lava el cerebro siempre con lo mismo, que el precio de la vivienda nunca baja, que una casa es la mejor inversión. No es así. Todos debemos saber que una vivienda digna es un derecho".
* Diego Pacheco, Asamblea por una Vivienda Digna
"Puedo pagar un alquiler porque lo comparto con tres"
Quiere ser realista y asegura que si cae enfermo tiene garantizada una cama en un hospital, y que si tiene un hijo, éste acudirá al colegio.
Sin embargo, lo que no tiene tan claro es que pueda acceder a una vivienda: "Tengo 20 años y vivo de alquiler, y puedo hacerlo porque comparto la casa con otros tres compañeros".
"Me pagan en mi trabajo unos 800 euros al mes y el alquiler son 1.200 euros mensuales, lo puedo asumir porque lo pagamos entre cuatro. Si no sería imposible. El 100% de mis amigos viven con sus padres o de sus padres", añade.
No obstante, se muestra optimista y cree que las cosas pueden cambiar porque "estas movilizaciones surgen de la gente, y eso es lo importante. Hace falta movilización y concienciación", pero lamenta que no les apoyen los partidos políticos.
"No creo que fleten 100 autobuses para que la gente pueda acudir el sábado, es una lástima que los políticos y las Administraciones no se den cuenta de que la vivienda es un derecho y no un negocio".
Y el mercado...
... Da muy pocas señales positivas
* Los precios: El año pasado la vivienda sólo subió el 9%, dando los primeros síntomas de ralentización. Y para 2007 sólo se incrementarán entre un 3 y un 5%, según previsiones del BBVA.
* Mensaje desde Europa: La Comisión Europea ha pedido al Gobierno español que aplique medidas para "gradualmente y a medio plazo reducir las presiones sobre los precios de la vivienda".
* Construcción: El sector sigue de momento en un momento dulce. En 2006 se empezaron a levantar 864.000 pisos, récord, y se sigue creando empleo.
... Y muchas negativas
* Más hipotecados: Sube el euríbor, lleva haciéndolo 17 meses seguidos, y sube la cuota mensual de las hipotecas. Los bancos advierten de un posible aumento de la morosidad.
* Precios sobrevalorados: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) asegura que el precio de la vivienda en España se ha duplicado en términos reales desde 1998 y en estos momentos está sobrevalorado en un 30%.
* Preocupación: La vivienda es el problema que más afecta a los españoles, según el último barómetro del CIS.
* Sigue siendo un negocio: El 37,2% de los compradores admite que realiza operaciones inmobiliarias para hacer negocio.
* Más sueldo: Los jóvenes destinan hoy el 64,3% de su sueldo a pagar una casa, un 3,5% más que hace seis meses.
Casi todas a las cinco de la tarde, y sin lluvia
Se espera buen tiempo. Casi todas las manifestaciones están convocadas a las cinco de la tarde, salvo excepciones.
Las previsiones meteorológicas, una vez pasado el temporal, son optimistas y no se espera lluvia sino sol en la mayor parte de la Península.
*20minutos.es - 23.03.2007
Nota: No es la plataforma por una vivienda digna la que convoca las manifestaciones sino las asambleas por una vivienda digna que se unen bajo el movimiento V de vivienda en www.vdevivienda.net
Lista actualizada
Manifestación por una vivienda digna, sábado 24 de marzo, 17:00 horas:
A Coruña: Plaza de Maria Pita
Albacete: Plaza del Altozano
Alicante:Plaza de Toros
Ávila: Plaza de Santa Teresa
Badajoz: Plaza San Francisco
Barcelona: Plaça de Catalunya
Bilbao: Plaza del Ayuntamiento
Burgos: Plaza del Cid
Cáceres: Kiosko de la música de Cánovas 12:00h
Cadiz: Plaza España
Cartagena: Plaza del Icue
Castellón: Plaça Major
Cieza: Esquina del Convento 19:30h
Ciutadella, Menorca: Plaza de la Catedral
Córdoba: Plaza de las Tendillas
Cuenca: Plaza de España
El Puerto de Sta. Mª: Plaza del Polvorista.
Elx: Plaça de l'Ajuntament
Gijón: Plaza del Parchís
Granada: Fuente de las Batallas
Guadalajara: Plaza del Ayuntamiento
Huesca: Plaza Navarra
Ibiza: Paseo Vara de Rey
Jerez: Plaza Arenal
Las Palmas: Plaza de las ranas
León: Plaza de San Marcelo (frente a Palacio Botines)
Logroño: Plaza del Mercado 19:00h
Madrid: Puerta del Sol
Las Palmas: Plaza de las Ranas
Málaga: Plaza de la Constitución
Mallorca: Plaça Major
Miranda de Ebro: Plaza de España
Murcia: Plaza Santo Domingo
Orihuela, Plaza del Carmen
Oviedo: Plaza del Ayuntamiento 18:00h
Palencia: Plaza Mayor
Pamplona: Plaza del Castillo
Plasencia: Plaza Mayor
Salamanca: Plaza del Liceo
Santander: Plaza del Ayuntamiento
San Sebastián: Alderdi Eder
Santa Cruz de Tenerife: Plaza Weyler
Sevilla: Plaza Nueva 19h (hora confirmada por la asamblea)
Soria: Plaza Mayor
Tarragona: Estàtua dels despullats (Rambla Nova)
Teruel: Plaza de San Juan
Toledo: Plaza de Zocodover
Valencia: Plaza de San Agustín
Valladolid: Plaza Mayor
Vigo: Puerta del Sol
Vitoria: Plaza de la Virgen Blanca 12h.
Zaragoza: Plaza Aragón, 19h.
Una regulación racional del suelo
GerardoROGER.- Levante-EMV* : "Que la situación del urbanismo en España se manifiesta totalmente insatisfactoria es algo que está fuera de toda duda. Tres escenarios sintéticos permiten definir ese estado de malestar: una ocupación indiscriminada del territorio, un incremento desbocado de los precios del suelo y la vivienda, y la aparición de prácticas administrativas impropias, cuando no claramente teñidas de corrupción. Las causas que explican esta lamentable situación son muy diversas (de tipo económico, sociológico, fiscal, etcétera), pero en gran parte, su origen se encuentra en la regulación jurídica establecida en la legislación estatal del suelo.
De hecho, la concepción legal de que todo el suelo patrio es susceptible de ser urbanizado explica las múltiples actuaciones urbanizadoras que sobrevenidamente vienen asolando el territorio español. Asimismo, la consideración de que el suelo debe valorarse legalmente por el máximo valor especulativo posible viene a justificar, en gran parte, los sorprendentes procesos especulativos que venimos sufriendo. Por último, la enorme generación de plusvalías que el desarrollo urbano produce y las características monopolísticas que arrastra el viejo sistema urbanístico español, así como la insuficiente transparencia social que sus procedimientos comportan, terminan por explicar la aparición de las patologías éticas señaladas.
Por ello, debe ser bienvenido el Proyecto de Ley de Suelo, en trámite final en el Parlamento español tras su aprobación por el Congreso el pasado 1 de marzo, pues viene a ofrecer respuestas solventes, desde la competencia estatal, a los graves problemas referidos.
En primer lugar, porque reorienta toda su instrumentación jurídica a satisfacer los derechos constitucionales de la ciudadanía y, en concreto, el derecho a un medio ambiente adecuado, a la conservación del patrimonio, al acceso a la vivienda y a impedir la especulación del suelo, y todo ello, dentro de un marco de explícito e intencionado refuerzo de la transparencia y control democráticos en los procesos y procedimientos que lo desarrollan.
En este sentido, el proyecto de ley propicia criterios de sostenibilidad territorial, apoyando y regulando procedimientos que permitan potenciar la intervención en la ciudad consolidada, partiendo de la consideración del suelo como un recurso natural escaso que sólo debe ser ocupado por la urbanización en casos de necesidad social constatable y sobre la base del principio de crecer para mejorar. Asimismo, prevé la reserva de un mínimo de suelo para vivienda protegida a precio tasado, modulable por las comunidades autónomas en función de su competencia específica y concreto conocimiento de su realidad fáctica.
Con respecto a las variables económicas, suprime la valoración especulativa del suelo al disponer que deberá tasarse por su situación real, es decir, por lo que es y no por lo que pueda ser, así como regula una más proporcionada distribución de las plusvalías generadas en el proceso urbanizador, atribuyéndole a los propietarios de suelo reclasificado un porcentaje de las mismas que pasa del 90% actual hasta un 80%, cuantificándose en función de su rentabilidad económica y destinándose la parte correspondiente a la Administración pública a la promoción obligada de vivienda protegida.
Con respecto a la ejecución urbanizadora, se refuerza la función pública de la misma, regulando la gestión privada en régimen de libre empresa, terminando con viejos criterios monopolistas que sólo ocasionan ineficacia del sistema, cuando no indeseables procesos de oscurantismo administrativo. Por último, se regulan procedimientos reforzados de información pública y participación social en los trámites administrativos, acotando intencionadamente las prácticas derivadas de convenios urbanísticos espurios o la introducción de medidas sobre incompatibilidades de los responsables en la toma de decisiones, como en el conocimiento de los operadores que intervienen en los procesos de compraventa de terrenos.
De las disposiciones expuestas y de su innovador contenido social y urbanístico se comprende cómo el proyecto de ley ha concitado una amplísima mayoría parlamentaria, nunca conseguida hasta ahora por ninguna Ley del Suelo anterior, y un mayoritario respaldo por parte de los sectores económicos y profesionales relacionados con el urbanismo.
Esperemos que vea la luz final en el mes de mayo, y con el complemento concertado de la legislación urbanística valenciana y los planeamientos municipales se pueda recuperar la racionalidad urbanística y el equilibrio territorial que nunca debió perderse en nuestra comunidad.
*Arquitecto y profesor de Urbanismo.
*LEVANTE-EMV - Viernes, 23 de marzo de 2007
Las Marbellas vascas
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TomásAldapa.- El Confidencial* : "De las informaciones publicadas por El Confidencial sobre el ‘Caso Amorebieta’ se puede sacar una conclusión clara: el ‘boom’ de las recalificaciones no es sólo cosa de la Costa del Sol. Las playas de Vizcaya también están sufriendo los azotes de la especulación inmobiliaria, que casi siempre beneficia a empresarios próximos al PNV. Es, sobre todo, el caso de Bakio y Barrika, pero también el de un municipio del interior como Derio.
En esta última localidad, próxima al aeropuerto de Bilbao y al Parque Tecnológico de Zamudio, la promotora Albia Berri está construyendo una urbanización de 347 chalés con campo de golf. Se llamará Mantuliz y está llamado a ser uno de los reductos más exclusivos de toda Vizcaya. La promotora Albia Berria, que cuenta con un capital de 4,3 millones de euros, está controlada por las constructoras Balzola y Bilbo-Eder, y su presidente es Lorenzo Mendieta, un conocido empresario que milita en el PNV.
Mendieta, que sostuvo económicamente durante mucho tiempo a los diarios nacionalistas Deia y El Periódico de Alava, fue uno de los grandes beneficiados por el bloqueo de ciertas inspecciones por parte de la Hacienda de Vizcaya. Aunque el tema está todavía en los tribunales, según diversas crónicas periodísticas, el jefe de Inspección del organismo foral, Juan Ramón Ibarra, manipulaba el programa informático de Hacienda para que no se tocara a ciertos contribuyentes. Entre ellos figuraban algunos conocidos fontaneros del PNV.
También están en el consejo de administración de Albia Berria otro ex consejero del diario Deia, José María Alaña, el ex presidente del Athletic Ignacio Ugartetxe y Martín González Aguinaco, secretario de Egaña, una empresa integrada en el holding Inssec. Se da la circunstancia de que la constructora Balzola, accionista de Albia Berria, participa en las principales obras acometidas en Vizcaya. Desde el Guggenheim hasta el metro, pasando por la nueva feria de muestras, campos de golf y la autopista que une Bilbao con San Sebastián.
La promoción de Derio cuenta ya con el visto bueno del Gobierno Vasco, trámite que no llegó a pasar otra urbanización que tenía previsto promover en el municipio de Laukiz. Este proyecto está paralizado desde que algunos medios publicaran que la zona había ardido en 1989, ya que la legislación actual prohíbe recalificar aquellos terrenos que han padecido un incendio.
‘Bakio D’or’
La otra zona conflictiva es Bakio, donde también se pretende construir un campo de golf y más de 1.000 viviendas, el doble de las inicialmente previstas. A este proyecto se le denomina ya popularmente como ‘Bakio D'or’ y un amplio grupo de vecinos y veraneantes ha constituido una asociación para protestar contra lo que entienden que puede suponer un crecimiento incontrolado de su pueblo. En este caso, la constructora más beneficiada es Valeriano Urrutikoetxea, vinculada a la concesión de la grúa en varios municipios vizcaínos. Uno de sus consejeros ha sido José María Ipiña, que fue candidato del PNV por Galdácano en 2003.
El alcalde de Bakio, Txomin Renteria, fue acusado en su momento de tener negocios personales con una promotora beneficiada por recalificaciones en la localidad. Esta compañía es Umpro 2000, precisamente la misma que ha adquirido finalmente los terrenos de Amorebieta a los que ha hecho referencia El Confidencial. Francisco Javier Goirigolzarri, ex secretario del EBB y ex consejero de Agricultura del Gobierno Vasco, es directivo de Umpro 2000.
El caso de Bakio ha llegado al Parlamento Vasco, que ha pedido la correspondiente fiscalización al Tribunal de Cuentas así como la comparecencia del alcalde, que por el momento se ha negado a acudir a la Cámara.
Finalmente, otro municipio afectado por las recalificaciones es Barrika, una pequeña localidad situada entre Plencia y Sopelana con amplias vistas al mar. El principal propietario de terrenos es, en este caso, la familia Lezama-Leguizamón, uno de cuyos principales representantes es Luis Lezama-Leguizamón, ex consejero del BBVA y de Recoletos. Su promotora, Llodilu, lleva años tratando de construir más de 100 chalés junto a la costa.
Algunos de ellos ya han sido levantados e incluso vendidos a precios superiores a los 600.000 euros en una zona de especial protección. Tras la denuncia de un grupo ecologista, el Tribunal Superior de Justicia ha paralizado su construcción, que contaba con el visto bueno del Ayuntamiento y de la Diputación de Vizcaya. Es muy posible que finalmente ordene la destrucción de los chalés, que estaban prácticamente finalizados. Se da la circunstancia de que Llodilu ha promovido, junto a Balzola y Bilbo-Eder las principales edificaciones de casas que se han llevado a cabo en Bilbao en los últimos años, en concreto en la zona de Miribilla.
*El CONFIDENCIAL - Viernes, 23 de marzo de 2007
Foto: Playa de Bakio - El Correo
"Puedes resolver tu vida y la de 20 generaciones"
EL PAÍS* : "El 12 de septiembre de 2005, Carmen Lobo, ex edil de IU cuyo voto precisaba el equipo municipal de Camas (Sevilla) para desbloquear sus planes urbanísticos, fue citada en un bar por el empresario Eusebio Gaviño. La edil ocultó una grabadora que registró 64 minutos en los que Gaviño le lanzó una oferta colosal: "Resolver tu vida, la de tu hija y de 20 generaciones tuyas". El intermediario le garantizó 1,2 millones, un piso, y un regalo que esa noche interceptó la policía.
La cinta está incorporada al sumario.
Carmen Lobo. Y a cambio, ¿qué recibiría yo? Porque no puedo cambiar de la noche a la mañana...
Eusebio Gaviño. Me gusta que hayas hablado tan directo: pues resolver tu vida, la de tus hijos y la de 20 generaciones tuyas. Si mañana nos vemos, verás qué gente tengo yo detrás.
C. L. ¿Qué gente hay detrás?
E. G. Empresarios. Pero si no lo haces tú, la próxima la hace otra persona.
C. L. Si yo lo sé. Que todos tenemos un precio.
E. G. Ahora te voy a hablar más claro. El tren pasa una vez por la vida. Una sola vez. Bormujos está entero corrompido. Yo te puedo enseñar en mi casa papeles notariales. Tú no sabes lo que se llevó el tránsfuga. ¿Qué ganas tú? Tu porvenir y el de tu hija. Yo trato de abrirte los ojos. Esto es un filón. Esto es oro, oro y oro.
C. L. La corrupción la he visto pasar siempre tan de lejos. No creí que me iba a coger tan de cerca.
E. G. A todos nos llega la hora. A ti te ha llegado ahora. Yo voy a lo mío. No sé si vienes a sacarme información. Pero yo quiero hacer. Yo tengo unos señores que tienen unos intereses ahí. Te estoy hablando claro. Y tenemos la oportunidad de resolver nuestra vida para 20 generaciones, la tuya y la mía.
C. L. ¿De qué se trataría?
E. G. Tenemos que sacar plenos puntuales. Y de esto nos vamos a llevar tanto, y de esto tanto.
C. L. Pero tanto, ¿cuánto es?
E. G. Pues 200, 400 millones de pesetas, 500 millones de pesetas...
C. L. ¿Por cada pleno?
E. G. Tenemos que sentarnos tranquilos y que me digas que vamos para delante. Esta gente te va a montar un negocio y no vas a tener que trabajar más. Y si no lo haces tú, lo hará otro. Yo no sé a qué vienes tú, yo vengo a montar el mejor centro deportivo de Andalucía.
C. L. Total, en resumidas cuentas, serían 200 millones de pesetas por cada pleno.
E. G. No, 200, no. Nosotros te daríamos cada uno 200 millones de pesetas de aquí a final de año. Esto son las menudencias. Que luego viene el millón de metros. Y tengo otra cosa yo para ofrecerte: un piso en la playa, no a nombre tuyo, sino de otra persona. Pero ya. No tienes ni idea de lo que se está cociendo ahí. Y controlado por nosotros. Tú salvas a tu pueblo, y te lo vas a llevar. Si tú fallas, falla todo. Pero me has hecho una pregunta que es muy buena: "¿Eusebio, yo qué me llevo?".
C. L. Me cuesta asimilarlo porque yo siempre me lo he llevado por mi trabajo. ¿Cómo sería la operación?
E. G. Vamos a ir punto, por punto. Operación por operación. ¿Cuánto hay aquí? Esto va a ir al pleno y esto vale tanto. Nosotros vamos a hacer un equipo: Paco Gordo, tú y yo. Si yo te fallo en un pleno, al otro tú me dices. "Eusebio, se acabó". Lo tienes tan fácil que lo ves muy difícil. Yo te diré, hay que votar esto, y cuánto nos llevamos de esto.
*EL PAÍS - Madrid - 23/03/2007
Foto: Camas (Sevilla) /pueblos españa
Noticia relacionada - El País, 23/03/2007 : Los denunciantes del 'caso Camas' piden cárcel para el alcalde
V Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles - Sevilla
*Ecologistas en Acción de Sevilla acusa a la "Conferencia Internacional de Ciudades y Pueblos Sostenibles", que una vez más nos encontramos con la utilización de la palabra sostenibilidad para encubrir lo insostenible. ¿Cómo se puede afirmar que Sevilla, Andalucía, España o alguna de las ciudades que están representadas en esta conferencia son sostenibles?
En Sevilla y Andalucía tenemos claros ejemplos de proyectos de gran envergadura claramente insostenibles como:
1. Mina Cobre las Cruces, la mina más grande de cielo abierto de toda Europa que se está construyendo a menos de veinte Km. de Sevilla que verterá metales pesados altamente contaminantes, que actúan como venenos muy tóxicos, como son el mercurio, el cadmio y el arsénico. La Junta de Andalucía y la Mina Las Cruces pretenden que estos venenos se viertan directamente al Río Guadalquivir, afectando a los arrozales y al Parque Nacional de Doñana.
2. La insostenibilidad del tráfico en Sevilla o cualquier ciudad andaluza, sin ninguna perspectiva de reducción de este tráfico sino todo lo contrario, gracias a la construcción de nuevas infraestructura para el tráfico privado (SE-35, SE-40,..., etc.) o el hecho fragante del paso de una media de 10000 coches en 12 horas atravesando un parque emblemático como es el parque Maria Luisa.
3. El derroche energético de la propia administración sin ninguna campaña de ahorro y eficiencia energética dirigida a la ciudadanía frente a la proliferación de centrales térmicas en distintos puntos de Andalucía y España.
4. La situación actual del urbanismo salvaje en España que se ha convertido en el mayor atentado ambiental, gestando desde hace mucho tiempo, por lo que resulta incomprensible que todavía no se hayan planteado fórmulas para poner freno a la destrucción del territorio en la que nos hayamos inmersos. A pesar de que existe suficiente legislación para actuar de forma contundente contra la ilegalidad, una gran parte de las infracciones urbanísticas se acaban consolidando, en gran parte debido a la prescripción de las mismas por el transcurso del tiempo sin actuación por parte de la Administración.
5. O la insostenibilidad del uso del agua debido a que seguimos instalados en políticas de oferta frente al control de las demandas, etc…
Por no hablar de dificultades que existen en el acceso a los datos públicos para los ciudadanos.
Toda entidad social acostumbrada a reclamar datos a las administraciones públicas sabe de las dificultades de obtenerlos. La opacidad no es una práctica exclusiva del Gobierno central, que alega en su defensa que muchas de las materias sobre las que se reclama información están transferidas. Los Ejecutivos autonómicos y las corporaciones locales no son más transparentes. Y es que la Administración pública (que da trabajo a casi tres millones de personas y es sin duda el mayor empresario nacional) es un complejo y pesado engranaje a las órdenes del poder político. Sin embargo, la ideología no marca diferencias fundamentales en el apego casi patrimonial a la información que maneja.
Ecologistas en Acción también denuncia el incumplimiento de distintos órganos y reglamentos de participación ciudadana y la dificultad que se tiene en participar en estos órganos consultivos y decisorios. Que es uno de los tres pilares básicos para la sostenibilidad.
Desde Ecologistas en Acción reclamamos una participación real en órganos decisorios y apoyaremos todas las iniciativas encaminadas a estos objetivos, para Llevar los compromisos a las calles y a los ciudadanos.
*Ecologistas en Acción - Sevilla 22 de marzo
VER también : Más de 63 países en Conferencia Ciudades Sostenibles desde mañana en Sevilla
Un juez investiga 200 licencias del municipio tinerfeño de Arona
JuanManuelPARDELLAS.- EL PAÍS* : "Agentes de la Policía Judicial se personaron ayer en el Ayuntamiento de Arona (Tenerife) con una orden judicial y solicitaron información sobre 200 licencias urbanísticas y más de 80 contratos adjudicados directamente por si hubiera indicios de un delito de prevaricación continuada y masiva al menos en los últimos dos años. El juzgado investiga una denuncia según la cual el Consistorio, gobernado por Coalición Canaria, adjudicaba obras y licencias a un grupo de empresas en contra de los servicios jurídicos municipales.
La causa la instruye el Juzgado número 8 de Arona. Los principales implicados en esta presunta trama son el alcalde, González Reverón, y el concejal de Urbanismo, a la vez responsable del Plan Director Municipal, Manuel Barrios, que durante años fue alcalde de Arona por el CDS. Los agentes de la policía judicial solicitaron ante el ayuntamiento tinerfeño los expedientes administrativos de todas estas licencias y contrataciones. El alcalde, José Alberto González Reverón (de Coalición Canaria), aseguró a Efe estar "limpio" y ha convocado una rueda de prensa para hoy.
La denuncia ante la Fiscalía la presentó a principios de año el portavoz socialista en la oposición de Arona, Francisco García Santamaría, quien advirtió irregularidades en la concesión continuada de licencias urbanísticas para centros comerciales, viviendas y establecimientos hoteleros y extrahoteleros. Según García, Santamaría, la junta de Gobierno adjudicó estas licencias y obras "con el informe desfavorable de los propios servicios jurídicos municipales" y además, con "una advertencia del secretario municipal sobre las posibles irregularidades y responsabilidades penales" derivadas de estas decisiones.
Respecto a las más de ochenta adjudicaciones directas de obras municipales, la denuncia se centra en aquellas concedidas sistemáticamente un grupo de tres empresas, cuyos pagos se fraccionaban en cantidades menores a 12.000 euros. Al fraccionar los pagos, se eludía la necesidad de convocar un concurso público. Las tres empresas están relacionadas con cargos de Coalición Canaria, Partido Popular y Centro de Arona Nacionalista, informa Efe.
Fuentes de la dirección regional de los nacionalistas canarios se pronunciaron con "mucha cautela" sobre este caso y advirtieron que la investigación "es similar" a la que la Justicia lleva en otros ayuntamientos socialistas de Tenerife, entre los que citaron Granadilla de Abona, Adeje y Guía de Isora.
El alcalde, limpio
Una vez entregada la documentación, González Reverón declaró que "ahora será el juez el que la estudiará y decidirá si existe alguna ilegalidad", aunque el regidor calificó como "disparate" que se investigue a todos los ayuntamientos de España, que, matizó, "han podido cometer errores, pero no ilegalidades".
Arona es un municipio con 69.000 habitantes a 81 kilómetros al sureste de Santa Cruz de Tenerife. Sin embargo, sus poco más de 80 kilómetros cuadrados de superficie concentran, sobre todo en su costa, y allí alberga uno de los mayores imperios turísticos de todo el país, un núcleo conocido como Playa de Las Américas. Este complejo concentra una gran oferta turística de todas las categorías de alojamientos y una enorme oferta de ocio para millones de turistas que acuden de Reino Unido, Península y Alemania.
*ELPAIS.com - Santa Cruz de Tenerife - 22/03/2007
Foto: Los Cristianos (Arona) / Travelguides
A nueve semanas de las elecciones continúan apareciendo casos de corrupción en decenas de Ayuntamientos
inSurGente(J.L.)* : "Ni siquiera la cercanía de las elecciones parece que sirva para que remitan los casos de corrupción protagonizados, fundamentalmente, por concejales del PSOE y del PP. En los últimos días, recalificaciones, corrupciones urbanísticas, pelotazos, complejos turísticos, campos de golf con chalés en el hoyo adecuado, dineros ingresados en cuentas fuera del país, han servido, una vez más, como palabras que definen un panorama por demás corrupto y miserable, pero sobre todo, ilustrativo de un sistema podrido en su raíz.
San Sebastián de los Reyes
El alcalde de San Sebastián de los Reyes, José Luis Fernández Merino (PSOE), declararó en calidad de imputado por una presunta prevaricación y malversación de fondos en el Ayuntamiento de la localidad en el llamado 'caso de las vallas'.
El proceso se refiere a irregularidades en la instalación y cobro de las vallas publicitarias en terrenos municipales y a la concesión de los derechos de explotación de los monopostes publicitarios a empresas presuntamente vinculadas con el partido socialista.
También estaban citados a declarar mañana como imputados ante el juzgado número 7 de Alcobendas el actual concejal de Servicios y Obras, Julián Guijarro (PSOE), el anterior edil de Obras e Infraestructuras, Julián González (PSOE), y el secretario de Organización de los socialistas de 'Sanse', Saturnino Ureña, quien fue concejal en Ciempozuelos cuando gobernaba Joaquín Tejeiro, ex alcalde de este municipio, que fue acusado de cohecho y blanqueo de dinero.
El proceso comenzó el pasado noviembre a consecuencia de la denuncia presentada por una empresa concesionaria hasta 2002 de la instalación y mantenimiento de los monopostes, pequeñas vallas publicitarias donde se anuncian los comercios del municipio. El procedimiento que usó el Ayuntamiento para su adjudicación estaba inducido para que la concesión se realizara a favor de una determinada empresa, vinculada presuntamente a miembros del PSOE, según la denuncia que fue admitida a trámite.
Quijorna
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid anunció que, tras abrir “diligencias de investigación” contra la alcaldesa del municipio madrileño de Quijorna, la popular Mercedes García Rodríguez, y otros cuatro concejales del ayuntamiento por corrupción urbanística, trasladará la investigación al juzgado de Instrucción número 4 de Móstoles para dar continuidad al proceso judicial.
Noticias relacionadas. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha decidido no archivar la denuncia que el Grupo Independiente de Quijorna interpuso contra la alcaldesa (PP) y cuatro concejales por la firma presuntamente irregular de un convenio que reducía drásticamente la construcción de viviendas de protección oficial en terrenos del ayuntamiento. Con este paso se inician las diligencias judiciales contra los imputados en un juzgado de Instrucción, al que se han remitido tanto las diligencias previas como las diligencias de investigación que realizó el TSJM.
Reducción de la vivienda protegida
La denuncia contra el equipo de Gobierno de Quijorna se interpuso tras la firma de un total de 37 acuerdos para construir viviendas. Estos acuerdos redujeron del 50 al 10 por ciento el número de viviendas de protección oficial, en contra de lo estipulado en la Ley del Suelo madrileña.
Con el apoyo de PP y PSOE
Estos convenios salieron adelante en agosto de 2006 con el apoyo de la acaldesa, y dos concejales del PP, junto a los votos favorables de dos concejales socialistas. Estos últimos fueron inmediatamente expedientados y está previsto que sean expulsados próximamente del PSM.
La alcaldesa, acusada también de malversación
La alcaldesa del municipio, por su parte, tiene abierto otro proceso judicial por haber pagado para su defensa en este caso a abogados del bufete del polémico ex juez Gómez de Liaño con fondos municipales, algo que no permite la ley.
Pruna
Los once miembros del Ayuntamiento -la alcaldesa socialista y sus cuatro concejales, cuatro de IU y dos del PP- dimitieron, de común acuerdo, el pasado martes. Unas horas después, presionados por su partido, la alcaldesa y sus concejales volvieron al gobierno.
Al parecer, la alcaldesa dijo a los otros grupos que el PGOU que preparaban desde 1995 iba a ser rechazado por la Consejería de Obras Públicas. "Estábamos preocupados por el pueblo, la alcaldesa llevaba 20 días contando casas y haciendo números para no rebasar los límites de crecimiento permitidos por el POTA. Por eso tomamos esa decisión, entre todos", explican los portavoces del PP e IU, Diego Toledo y Juan García.
La regidora María Eugenia Rodríguez anunció, escoltada por dos secretarios comarcales del PSOE, que había "reconsiderado" su dimisión y postergaba, visiblemente azorada la reunión en la que debía dar explicaciones. Por su parte, IU y PP aseguraron que no volverán al ayuntamiento hasta que obtengan garantías de que la Junta aprobará el plan.
El desconcierto de la oposición fue en aumento cuando Obras Públicas anunció que el PGOU prunense cumple la normativa del POTA y que el plan no ha sido rechazado porque, entre otras cosas "aún no pasado por la Comisión Provincial de Urbanismo".
Carboneras
El PSOE de Almería reiteró hoy que el indulto al ex alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, acordado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de diciembre, se rigió "rigurosamente" por el procedimiento legal previsto y se concedió en virtud de los criterios establecidos por el Ejecutivo central para decidir si la excepción al cumplimiento de las penas está justificada.
En una nota remitida a Europa Press después de que el PP solicitara el pasado día 1 la comparecencia del Ministro de Justicia en el Congreso y la revocación de la medida, el PSOE recordó que el fallo condenatorio del tribunal --por un delito electoral-- se basó exclusivamente en el testimonio del empleado municipal a quien, según sentencia, el alcalde indujo al voto.
Sostienen además que el ex alcalde dimitió de su cargo --dos semanas antes de la concesión del indulto-- "pese a que había sido acordada la suspensión de la condena durante su tramitación" y que contó con respaldo de 10.000 personas residentes en Carboneras y su entorno. "El propio Fiscal --apuntilló el PSOE-- se pronunció a favor de que fuera concedido".
El diputado nacional del PP por Almería, Rafael Hernando, anunció en rueda de prensa que su partido solicitaría la revocación de la medida --que eximió al ex edil de una inhabilitación de seis meses-- porque no se está cumpliendo la condición de no cometer delito doloso en dos años después de su publicación en BOE bajo la que se concedió.
El diputado del PP por Almería informó, asimismo, de la presentación de un acta notarial ante las autoridades judiciales que implican a Cristóbal Fernández en un "soborno" para imputar a dos ediles del Ayuntamiento de Carboneras en una trama de "extorsión y chantaje" de la que aseguró fue víctima.
Ponferrada
El Juzgado de Instrucción número 2 de Ponferrada (León) imputó ayer al alcalde del municipio, Carlos López Riesco y a los cinco consejeros de la empresa pública del suelo (PONGESUR), por presuntos delitos de prevaricación. Los imputados serán llamados a declarar en los próximos días por ceder suelo público a una empresa de construcción que no se encontraba inscrita en el régimen de la Seguridad Social.
Representantes de los partidos políticos Izquierda Unida de Ponferrada (IU), Movimiento Alternativo Social (MASS), Partido Político del Bierzo (PB) y Alternativa Comarcal Democrática (ACD), junto con las Asociaciones de Vecinos de Ponferrada, presentaron una querella contra López Riesco, y los cinco consejeros de la empresa Pongesur: Juan Elicio Fierro Vidal, Severino Alonso Fernández, Tarsicio Carballo Gallardo, Luis Brañas Martínez y Manuel Barrio Álvarez, todos ellos muy cercanos al PP, a quienes acusaban de presuntos delitos de prevaricación.
Tras ratificarse la querella, el juzgado ha decidido llevarla a trámite, imputando a los seis querellados, que tendrán que declarar entre los próximos días 23 y 26 de marzo, según determina el auto al que ha tenido acceso este periódico.
López Riesco y el resto de los consejeros están acusado de presuntos delitos de prevaricación por ceder presuntamente una superficie para albergar 626 viviendas a la constructora UFC, propiedad del controvertido empresario leonés José Luis Ulibarri. Las concesiones de terreno se habrían hecho aún sabiendo que la empresa no estaba inscrita en la Seguridad Social, lo que convierte en ilegal dicha cesión.
Peraleda de la Mata
La Dirección General de Medio Ambiente ha frenado el proyecto presentado en Peraleda de la Mata para poner en marcha "un centro turístico y deportivo de gran magnitud".
En primera instancia la empresa Las Encinas Desarrollos y Proyectos Turísticos --cuyo representante es Guillermo Polanco, directivo del Grupo Prisa-- había presentado una oferta al Ayuntamiento de Peraleda para adquirir 240 hectáreas de la finca de propiedad municipal La Pasada. La oferta alcanzaba los 9.000 euros por hectárea, por lo que de haberse concretado la operación el consistorio habría percibido 2,16 millones de euros. Finalmente el ayuntamiento aprobó la operación con los votos a favor del PSOE y en contra del PP --que reclamaba más información al respecto-- el 3 de agosto del año pasado.
De esta forma, se solicitó permiso a la Junta para poder llevar a cabo la venta de estos terrenos, aunque esta lo ha denegado.
La polémica sobre la oportunidad o no de este proyecto no es nueva y de hecho provocó en su momento una importante división interna en el PSOE. Tanta que el anterior alcalde, el socialista José Manuel Zamora, acabó dimitiendo después de que la agrupación local del PSOE rechazase hasta en dos ocasiones esta iniciativa calificándola de "pelotazo urbanístico".
Finalmente, los dirigentes socialistas de Peraleda decidieron respaldar el complejo turístico en una tercera asamblea celebrada el 18 de julio, días antes del pleno municipal.
El jefe de servicio de la Dirección General de Medio Ambiente, Fernando Toribio, señala que esta iniciativa aún "estaba en fase de consulta previa y no era un proyecto como tal". Lo cierto es que, tal y como explicó el actual alcalde, el también socialista Manuel Sánchez, si finalmente prospera el proyecto se publicará un pliego de condiciones que permita competir en igualdad de condiciones a todas las empresas interesadas.
Barbastro
El alcalde de Barbastro, Antonio Cosculluela, declarará en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de esta localidad el próximo 11 de abril, en calidad de imputado, en las diligencias previas que se instruyen a raíz de la denuncia del PP por la polémica venta de unos terrenos situados en el Polígono Industrial “Valle del Cinca” por parte del empresario Javier Blecua al Ayuntamiento de Barbastro, por un precio veinte veces mayor del que le costaron hace un año.
El titular del Juzgado barbastrense tomará declaración, en fechas posteriores, y en calidad de testigos, a los dos propietarios originales de los terrenos y a la persona que les representó como apoderada, a tres funcionarios municipales, a la interventora del Ayuntamiento, que puso seis reparos a la operación, y a dos técnicos que intervinieron en la tasación de terrenos.
En la relación de testigos figura, también, el vecino que denunció la inclusión de una finca de su propiedad en la opción de compra entre el Ayuntamiento y Javier Blecua, situación que denunció el lunes pasado en el Juzgado de Barbastro.
Caudal
El plan de expansión urbanística de la estación de San Isidro sigue envuelto en una importante polémica política. El PSOE leonés ha anunciado su intención de acudir a la fiscalía para que investigue un supuesto «pelotazo urbanístico» en la estación invernal. Los socialistas argumentan sus sospechas en que la firma Ski Golf Resort, promotora del proyecto, habría «subcontratado» a la empresa asturiana Contratas Iglesias la construcción de un complejo hotelero de lujo a pie de pistas, favoreciendo, a juicio del PSOE, «un proceso especulador con muchos millones de euros de por medio».
Los socialistas leoneses aseguran que Ski Golf Resort, que también cuenta con capital asturiano y cuya cabeza visible fue el desaparecido Paquito Fernández Ochoa, se hizo con los terrenos destinados a la expansión de San Isidro para desarrollar todo el proyecto, sin parcelaciones, algo que ahora se incumpliría con el acuerdo para que sea Contratas Iglesias quien levante un hotel de cinco estrellas y tres edificios de apartahoteles.
Chiclana
El actual concejal delegado de Urbanismo del Ayuntamiento de Chiclana, Joaquín Muriano Ayán (PSOE), diseñó y dirigió las obras de un hotel ilegal construido en el término municipal chiclanero y que fue regularizado con la entrada en vigor del nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), hace apenas dos años.
Antes de salir elegido concejal en las elecciones municipales de mayo de 2003, Muriano, arquitecto de profesión, diseñó y dirigió las obras de construcción del Hotel Cortijo Los Gallos, pese a que la parcela en la que se edificó era de uso comercial no hotelero, según reflejaban las Normas Subsidiarias vigentes en ese momento y según constataron posteriormente informes técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y hasta un perito judicial. Además, el inmueble superaba la edificabilidad permitida e invadía linderos, cuestiones que tuvieron que ser subsanadas mediante proyectos de reforma posteriores redactados por el propio Muriano.
Una denuncia de un particular provocó la incoación de expedientes sancionadores por parte de la GMU, que terminó archivando el caso días antes de que Muriano obtuviera su acta de concejal.
Amorebieta
El precio del metro cuadrado en la localidad vizcaína de Amorebieta sube como la espuma. Tanto es así, que unos terrenos propiedad del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe fueron vendidos a través de la sociedad estatal Socade a la empresa de forjados Forging Products por valor de 2,18 millones de euros. Acto seguido y ante el mismo notario, Forging vendió por más del doble esos mismos terrenos a una promotora, Umpro 2000, concretamente por 5,11 millones de euros. Esto es lo que se llama dinero rápido.
La operación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2004 ante la notaría del colegiado Antonio Ledesma García, según documentación consultada por este diario. ¿El beneficiado? José Miguel Arrieta Heras, propietario de GABA XXI, matriz de Forging Products. Se da la circunstancia que Arrieta Heras es hermano de José Ignacio Arrieta Heras, ex consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del PNV de José Antonio Ardanza, según indicaron a El Confidencial fuentes políticas vascas.
Socade, sociedad pública de capital desarrollo, tal y como define el Gobierno vasco, recibió gratuitamente en 1999 la propiedad de cuatro fincas, tres de ellas calificadas como rústicas y una cuarta urbana. El 23 de julio de 2003, la secretaria del Ejecutivo regional Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain autorizó a Socade la venta de dichos terrenos a Forging Products valorando los mismos en 2.182.093 euros, con una de esta dos condiciones: una, que la citada empresa de forjados efectuara su actividad industrial en estos terrenos; o dos, que lo hiciera en otra zona siempre que perteneciera al término municipal de Amorebieta.
Forging Products optó por la segunda opción y se comprometió a construir naves industriales donde estaba ubicada otra empresa, Sistemas de Forjados de Precisión, por entonces en suspensión de pagos. Tanto Forging como Sistemas de Forjados forman parte de GABA XXI y, por tanto, pertenecen a José Miguel Arrieta Heras, tal y como reza en el Registro Mercantil. Todo quedaba en casa, se cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración vasca y no existía anomalía alguna.
Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la firma de escrituras, pues si el número de protocolo de la venta de Socade a Forging era el 4.950 en la citada notaría. El de la venta de Forging a la promotora Umpro 2000 de los mismos terrenos era el 4.951. Es decir, se realizó una doble venta el mismo día y ante el mismo notario. Sin embargo, la cifra de adquisición era muy distinta: 5.108.603 euros. De esta cantidad, un millón ya había sido percibido por Umpro, según consta en un aval bancario del Banco Popular consultado. Al respecto de esta operación, Forging Products no ha querido hacer comentario alguno a este diario.
Negocio redondo y rápido
De los 5,11 millones de euros que tuvo que pagar Umpro, hay que restar 1,5 millones en concepto de las obras que Forging se había comprometido a desarrollar en los terrenos de Sistemas Forjados de Precisión. Esto es, la compañía de Arrieta Heras se embolsó 1,43 millones de euros de un plumazo. Negocio redondo.
Así las cosas, el Gobierno vasco ha perdido 2,93 millones de euros en una venta de terrenos en beneficio de un empresario allegado al partido gobernante, el PNV. Y todo con plena conciencia de ello, ya que toda la operación se realiza en presencia de José María Losada por parte de Socade, José Antonio Ros Leseduarte en nombre de Forging Products S.A., Lázaro Achotegui Sarasqueta en nombre de Sistemas Forjados de Precisión, el propio José Miguel Arrieta Heras en nombre de GABA XXI, SL que actuó como fiador solidario y Ernesto Martínez Rodríguez en representación de Umpro 2000.
Castilla y León
El juez de instrucción número 1 de Valladolid ha pedido a la Agencia Tributaria las declaraciones de la renta de los últimos cinco años de dos miembros de la ejecutiva regional del PP de Castilla y León: el secretario regional, Raúl de la Hoz, y el secretario de emigrantes y concejal de Valladolid, Dionisio Miguel Recio, para investigar su posible participación con una trama de corrupción urbanística en Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Pocas investigaciones de tramas urbanísticas apuntan tan alto. El juez pide a información fiscal de otras 13 personas y las operaciones de 10 inmobiliarias que pudieron ser beneficiadas por el alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez Freijo.
Freijo y su segundo están imputados por prevaricación y tráfico de influencias, y anunciaron su baja del PP hace dos semanas.
Arroyo de la Encomienda es un mar de grúas y convenios urbanísticos. Situado junto a Valladolid, el pueblo ha pasado de 1.930 habitantes a 8.039 en 10 años. Tanta grúa, tanto chalé y tanto edificio no pasa desapercibido. En mayo de 2006, el magistrado José María Crespo abrió unas diligencias de oficio para investigar las recalificaciones en el pueblo a raíz de una información de El Norte de Castilla. El diario denunciaba que Méndez Freijo, alcalde de Arroyo desde 2003, había pactado con una ex empleada suya -María Iluminada Miguel- un convenio urbanístico que beneficiaba a la empresa promotora Mahía. María Iluminada es hija de Dionisio Miguel Recio, concejal del PP en Valladolid.
En ese convenio, el del SAU-9, Méndez recalificaba 25.598 metros de suelo industrial a urbano para que la promotora levantase 2.984 viviendas. A cambio, Mahía daba al ayuntamiento 12,468 millones de euros, mucho menos que las ganancias de la empresa: a 60.000 euros de beneficio por piso, la empresa ganaría 179 millones. A ese acuerdo le siguieron otros. En el del SAU-13, el consistorio permitía a Mahía construir 150 viviendas más de las previstas. Fue paralizado por el Tribunal Superior de Castilla y León. El juez ha pedido datos sobre Mahía y las declaraciones de la renta de su presidente, Ramón López Casal.
El juez ya imputó por delito contra la hacienda pública, prevaricación y tráfico de influencias al alcalde, a su teniente de alcalde, Miguel Ángel Ibáñez Antolín, y a Maria Iluminada Miguel. Ahora amplía las pesquisas y eleva el perfil político de los investigados. En un auto fechado el 12 de enero de 2007, el juez pide a la Agencia Tributaria que le remita "copia auténtica del resultado de las declaraciones en concepto de IRPF de los últimos cinco años" de otras 15 personas, entre ellas dos miembros de la ejecutiva regional del PP, Dionisio Miguel y Raúl de la Hoz.
Dionisio Miguel Recio es concejal en el Ayuntamiento de Valladolid, diputado provincial y hombre de confianza del vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Tomás Villanueva. Pese a ser concejal de Valladolid, era consejero de la empresa municipal de suelo de Arroyo de la Encomienda, Emuva, que gestionaba la mayoría de los convenios urbanísticos del municipio. Su hija María Iluminada firmó el convenio a favor de Mahía como apoderada de la promotora. El juez investiga ahora la posible relación de Dionisio Miguel en la trama "visto el estado de las presentes actuaciones". El magistrado reclama también las declaraciones de Hacienda de su hijo Julio César Miguel Fernández. Éste fundó en 2003 una constructora, Dafranma, que trabajó para Mahía y dos años después tenía 50 empleados.
El juzgado también investiga a Raúl de la Hoz Quintano, secretario de organización del PP regional, procurador en las cortes regionales, ex consejero de Emuva y asesor del ayuntamiento. Además de pedir sus declaraciones de la renta, reclama al ayuntamiento que informe "sobre la condición de Raúl de la Hoz como asesor jurídico" y que "certifique si la labor de asesoramiento abarca el ámbito urbanístico". De la Hoz es el número tres del PP regional, en la ejecutiva que preside Juan Vicente Herrera.
El magistrado también reclama información del ex concejal de Obras Javier Cruz Sánchez, dimitido en 2006. Éste, ex operario de la empresa de mermeladas Helios, tiene en propiedad cinco viviendas, dos de ellas de protección oficial y dos compradas a Mahía en 2005. Con éste, son cinco los cargos del PP (uno dimitido y dos recién dados de baja del partido) en el punto de mira del magistrado, más dos familiares directos.
El auto refleja una compleja trama de vínculos familiares y empresariales. El juez reclama las declaraciones de la renta del arquitecto municipal, Buenaventura Conde Salazar, que avaló las valoraciones de suelo, y de su esposa, Nerea Santiago Sacristán. Ésta era socia en la promotora Arquiduero del arquitecto de Mahía y a la vez consejero de la empresa municipal de suelo Emuva, Francisco Javier González Barriuso. El auto investiga los ingresos de éste y de sus socios en otras promotoras, como José Félix Merchán Moralejo, Jesús Perrino Lozano o Juan Carlos Hernansanz Caviedes. En total, son ya 18 personas las investigadas, en un caso que ha sacudido a Valladolid. El auto investiga también a Florentino González Rodríguez, albacea de la familia Ibáñez, que era propietaria de todo el suelo originalmente rústico.
Por último, reclama a la Guardia Civil una "investigación e informe sobre localización, sede, instalaciones y datos de las empresas Promociones TJ-4, Urbaduero 21, Binurba, Arquiduero, Obribérica, Hotel Villa de Olmedo, Fernández y Soares Construcciones, Trycsa, Avgeira Gestión". Se trata de las firmas relacionadas con los investigados y que conforman una intrincada madeja.
Fuentes: AGENCIAS/El País/El Confidencial/El Mundo/ElPlural
*inSurGente.org - Miércoles, 21 marzo
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