E.SÁNCHEZ* : "Los habitantes de los municipios más ricos de la Comunidad de Madrid viven pegados al asiento de su coche.
Los vecinos se quejan de un transporte público urbano desorganizado, con frecuencias de paso insuficientes, retrasos y falta de conexiones entre diferentes puntos del municipio; escasez de carriles-bici y aceras llenas de obstáculos. Estas circunstancias les hacen optar por el vehículo privado en los desplazamientos internos.
Tareas en apariencia tan sencillas como ir a comprar el pan dando un paseo o llegar a la estación de cercanías en un tiempo razonable se convierten en zonas de pueblos como Pozuelo, Las Rozas, Majadahonda, Boadilla del Monte o Torrelodones en un imposible.
Son localidades que arrastran un modelo territorial heredado con urbanizaciones diseminadas a lo largo y ancho del término municipal. Carreteras como la A-6, M-40, M-50 y la M-503 dividen las localidades y dificultan la conexión entre las diferentes partes. La política urbanística seguida por los ayuntamientos, sin planes de movilidad concretos, ha generado que la dependencia del coche se haya vuelto crónica. Hay una media de 2,5 vehículos por casa.
Alfonso Sanz, experto en movilidad sostenible, plantea la necesidad de fomentar el transporte público. "Hay que estudiar cada caso en concreto, pero, en general, son pueblos fragmentados por infraestructuras viarias, sin socialización del espacio. Se vive en urbanizaciones cerradas. Realmente son barrios dormitorio, aunque sean de alto standing", sostiene.
Los alcaldes reconocen las dificultades de sus vecinos para moverse por el interior de los términos. Sus promesas de mejora se repiten: más transporte público, más carriles-bici, aumentar los espacios para los peatones, ampliar aceras y liberarlas de obstáculos, entre otras actuaciones.
Los vecinos toman con escepticismo las propuestas municipales. Es el caso de Nuria Martínez, vecina de Pozuelo de Alarcón (79.581 habitantes), al oír hablar del metro ligero. Es la gran apuesta de su Ayuntamiento, del PP, para esta legislatura: 10 kilómetros de tranvía con un coste de 100 millones.
"¿Para qué me sirve el metro ligero si no puedo llegar a ninguna de sus paradas?", se pregunta. Reside en la calle de Peñalara, una zona de bloques de nueva creación. Nuria tuvo que renunciar a que su hija fuera a la guardería porque el autobús, que tenía que pasar cada 50 minutos, "no llegaba nunca". "Desde la empresa Llorente me contestaron que los horarios se tratan de cumplir, pero no hay horas fijas de paso por las paradas. Y hasta ahora", se lamenta indignada.
El grupo municipal socialista de Pozuelo denuncia: "El transporte público es inconstante porque no hay una red de autobuses urbanos, dependemos de los que vienen de fuera. Una situación que sufren sobre todo las personas sin vehículo propio".
En Majadahonda (62.270 habitantes) la situación es similar. Cuenta con seis líneas de autobuses interurbanas y tres urbanas. "¿Plantearme vivir aquí sin dos coches? Antes en casa sólo había uno; al trasladarnos aquí compramos otro", responde Raquel, vecina de Las Rozas, con una sonrisa. Raquel y su marido viven cerca del campo de golf de Majadahonda. La zona, de nueva construcción, está separada del pueblo por la M-503.
Autobús cada media hora
"Hay un autobús que pasa cada media hora, pero la parada está a unos 500 metros de mi casa. Otro va a la estación cada 45 minutos. Ante las facilidades, he decidido ir en coche hasta el Bus- VAO y coger allí el autobús a Madrid", comenta. En fin de semana, más de lo mismo. "Aquí no hay ni una tienda. Cojo el coche para todo", puntualiza.
El Ayuntamiento, sin embargo, considera que las mayores dificultades no son internas, sino de conexión con Madrid. Los centristas de Majadahonda critican la actuación municipal y denuncian: "Nunca ha existido un plan de movilidad interna concreto. Además, me gustaría saber qué accesos va a tener el nuevo hospital Puerta de Hierro".
Las Rozas (75.919 habitantes) es para el PSOE, en la oposición, el paradigma del noroeste de Madrid en cuanto a los problemas de movilidad. Sus 59 kilómetros cuadrados se encuentran divididos por la A-6, la M-505 (carretera de El Escorial) y la M-50. "El efecto muralla de estas infraestructuras se acrecienta por la falta de un plan de movilidad. No hay líneas de autobuses internas, y para ir a las estaciones de tren, por ejemplo, hay que hacer un recorrido por medio término municipal", comentan los socialistas.
Francisco Javier Fernández, vecino de El Cantizal, un nuevo barrio de pisos, confirma que puede emplear hasta 40 minutos en salir de Las Rozas si opta por el autobús. El alcalde, Bonifacio de Santiago, del PP, reconoce que para la mayor parte de los desplazamientos hace falta el coche.. Plantea como solución un metro ligero que estructure todo el municipio.
En Boadilla del Monte (37.926 habitantes), el vehículo privado también es un elemento imprescindible. La M-50 ha partido el municipio de tal forma que algunos vecinos ya hablan de Boadilla de Arriba y de Abajo. "Hay 11 urbanizaciones periféricas y los nuevos desarrollos están al otro lado de la M-50. Las dos partes del pueblo están completamente desconectadas", explica el concejal independiente de APB, Ángel Galindo. El Ayuntamiento, gobernado por el PP, también ha apostado por el metro ligero.
El municipio de Torrelodones (19.843 habitantes) se encuentra dividido por la A-6. "El problema se ha acrecentado con el desarrollo de otros núcleos urbanos como Los Bomberos y el Área Homogénea Sur, sin considerar en absoluto los problemas de movilidad de la población", denuncia el geógrafo y profesor de la Universidad Carlos III Santiago Fernández Muñoz, desde la asociación vecinal Torrenat.
Para Fernández, el equipo de gobierno, del PP, no muestra la más mínima preocupación. "Las aceras son unas estrechas superficies plagadas de farolas y todo tipo de mobiliario urbano. Tampoco hay carriles-bici. Parece que sólo se fomentan los desplazamientos en coche", concreta.
El Ayuntamiento se defiende y recuerda que ha mejorado el servicio de autobuses interurbanos y ha puesto en marcha cuatro líneas urbanas. "Se han superado todas las previsiones con 42.000 usuarios al mes", asegura un portavoz municipal.
*El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/madrid/Municipios/ricos/movilidad/pobre/elpepuesp/20070212elpmad_3/Tes
Municipios ricos, movilidad pobre
El urbanismo salvaje es un factor de riesgo para la seguridad ciudadana
S.NAVARRO* : "La corrupción derivada del urbanismo salvaje es un nuevo factor de riesgo para la seguridad ciudadana, sobre todo en los municipios costeros de Alicante. Esta es la conclusión más destacada de la comparecencia de tres catedráticos expertos de Derecho Penal en la comisión especial de estudio sobre seguridad ciudadana de las Cortes Valencianas. Los profesores rechazan un endurecimiento de las penas como fórmula para combatir los delitos urbanísticos, y abogan por juzgados especializados dotados con brigadas policiales también especiales.
Carmen Juanatey Dorado, catedrática de Derecho Penal en la Universidad de Alicante, abrió el carrusel de penalistas en la comisión de las Cortes Valencianas sobre seguridad ciudadana. Junto a ella, expusieron sus tesis, sus homólogos de Universidad de Valencia y Jaume I de Castellón, Juan Carlos Carbonell y José González Cusac, respectivamente.
La catedrática Juanatey fue la más tajante a la hora incidir en el fenómeno de la corrupción urbanística como factor añadido a la inseguridad ciudadana. "La provincia de Alicante presenta todos los factores de riesgo, de corrupción y de infiltración de delincuencia organizada que la sección de Málaga del Instituto Interuniversitario de Criminología de Andalucía detectó en su estudio sobre la Costa del Sol, que se realizó antes de las salida a la luz de la corrupción del Ayuntamiento marbellí", aseguró.
Para Juanatey, los factores de riesgo inherentes a esa modalidad delictiva son: la firma de convenios urbanísticos entre constructores o promotores y ayuntamientos que representan dudosos beneficios para el municipio y con recalificaciones favorables a los primeros; la desatención de la inspección urbanística; el descuido de un interés general tan importante como el medio ambiente (gran consumo de suelo, agua y energía); y la tendencia a la legalización de facto de las construcciones irregulares.
A preguntas de la diputada socialista Josefa Andrés, portavoz de la Comisión de Justicia y Administración Pública del PSPV-PSOE, sobre el alcance real de la influencia de la corrupción en la inseguridad, la catedrática aseveró: "Una recalificación prevaricadora supone inseguridad en el sentido más amplio, es decir, de generar el descrédito de las instituciones, lo que antes se decía, que se vea a los políticos como seres que buscan el interés propio de los partidos".
Juanatey subrayó otras características que hacen de Alicante, "una oportunidad para el delito", entre ellas, su carácter turístico, con más blancos para el delito patrimonial y su desordenado urbanismo, escondite perfecto para los grupos mafiosos. "Nadie, incluyendo Ayuntamiento, la hacienda pública y los tres cuerpos de policía sabe exactamente quién vive en la provincia", dijo.
Juanatey concluyó que la fórmula para combatir las prácticas corruptas relacionadas con la actividad urbanística no es endurecer las penas, sino a través de jueces "muy especializados" y dotados con los agentes necesarios para investigar las complejas tramas.
Juan Carlos Carbonell resumió: "Los delitos urbanísticos afectan en la medida en que los ciudadanos tendrán cierta desconfianza en las instituciones, en la sociedad, y en definitiva en el Estado. El urbanismo feroz produce un tipo de delincuencia violenta, fundamentalmente contra el patrimonio, que favorece las bandas y grupos organizados".
En esa dirección, el catedrático González Cusac, destacó que determinado modelo de crecimiento urbano y económico alimenta las expectativas de enriquecimiento rápido y, por tanto, atrae "la criminalidad que busca blanquear dinero".
El País, 12/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/urbanismo/salvaje/factor/riesgo/seguridad/ciudadana/elpepuespval/20070212elpval_3/Tes
¡Sonría!
elEconomista.es 1/12/06
www.eleconomista.es/espana/noticias/112692/12...
Un tercio de los recursos municipales son del sector inmobiliario
PD/Agencias* : "El 32% de los ingresos de las corporaciones locales proceden de las actividades e impuestos relacionados directamente con el sector inmobiliario, según un informe del Servicio de Estudios del BBVA, que señala que la administración local es la que está más estrechamente relacionada con la evolución de este sector.
Por su parte, las comunidades autónomas han obtenido un volumen de recursos procedentes del mercado inmobiliario del 8% de todos sus ingresos no financieros.
A continuación y ocupando el tercer lugar aparece la Administración Central, cuyos ingresos directamente relacionados con la actividad inmobiliaria representan el 4,5% del total.
BBVA advierte de que la mayor dependencia de las corporaciones locales de los ingresos derivados del sector inmobiliario implica que los municipios serán las administraciones que más notarán una desaceleración del mismo, al tener vinculada gran parte de su financiación (el 32% de sus recursos) a este negocio.
En este sentido, la entidad financiera prevé un descenso del número de transacciones inmobiliarias superior al 12%, hasta situarse en torno a 1,2 millones en 2010, por lo que el descenso de la recaudación procedente del sector sería muy acusada.
En concreto, estima que, sin modificaciones de la normativa fiscal, la participación de los ingresos ligados al sector inmobiliario se podría reducir un punto porcentual, hasta situarse en niveles próximos al 2% del PIB.
SUPONE EL 3,2% DEL PIB.
Actualmente, las actividades relacionadas con el sector inmobiliario y los tributos que gravan este tipo de operaciones aportan el 9,3% del total de ingresos de las administraciones públicas (27.000 millones de euros en 2004), hasta alcanzar el 3,2% del PIB, según las estimaciones realizadas por el BBVA.
Así, tributos como las licencias municipales de obras, el Impuesto sobre la Construcción, el IVA, el IBI, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentaos (ITP-AJD) o las ganancias patrimoniales incluidas en el IRPF, junto con operaciones como la venta de terrenos de propiedad municipal y de aprovechamientos urbanísticos están detrás de uno de cada diez euros que ingresan las administraciones públicas, en línea con el importante desarrollo de la construcción en los últimos años.
Por figuras impositivas, el IVA relacionado con actividades inmobiliarias aportó el 2,2% del total de los ingresos no financieros de las administraciones públicas en 2004, con 6.313 millones de euros, seguido del IBI (el 2,1% y 6.029 millones), transmisiones patrimoniales (1,9% y 5.387 millones), IRPF (0,9% y 2.692 millones) y Actos Jurídicos Documentados (0,5% y 1.360 millones).
CRECE EL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES.
En el caso concreto del ITP-AJD, un tributo que grava las transacciones inmobiliarias de segunda mano, sus ingresos presentan una tasa de crecimiento medio anual superior al 18% desde 1997, alcanzado a cierre de 2004 un importe equivalente al 1,4% del PIB, frente al 0,8% que representaba en 1997.
En todo caso, BBVA señala que debe tenerse en cuenta que parte del incremento de la recaudación de este tributo se debe también al aumento de los tipos impositivos, que han pasado en todas las comunidades autónomas del 6% al 7% en Transmisiones y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.
Ladrillos, 07.02.07
http://blogs.periodistadigital.com/ladrillos.php/2007/02/07/mas_de_un_tercio_de_los_recursos_de_los_
Emergencia urbanística
Editorial ElPAÍS* : "La corrupción urbanística que se está destapando en los municipios españoles amenaza con contaminar a algunos Gobiernos autónomos, renuentes a sancionar las tropelías inmobiliarias de los ayuntamientos de su mismo color político.
Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal.
Al caso del Gobierno balear, del PP, viene ahora a sumarse la sospecha que recae sobre la presidencia autonómica canaria. En Baleares, parece que el Gobierno arrastró los pies durante diez meses antes de trasladar a la fiscalía una denuncia de agentes forestales por construcciones ilegales en una zona protegida de Andratx, punto fatal de la marea negra inmobiliaria. Todo suscita el irremediable temor de que las barreras que pueden oponerse a la corrupción son muy débiles. Los municipios obtienen financiación abundante de la especulación inmobiliaria, que benefician a los partidos o a los propios alcaldes, concejales o servidores públicos que envilecen la administración municipal. No es muy alentador ver a los responsables políticos autonómicos o nacionales cuyos ayuntamientos están implicados en casos de fraude urbanístico escudarse en distinciones jurídicas para no actuar con dureza.
La proximidad de las elecciones municipales y autonómicas suscita la sospecha de que la eclosión de los casos de corrupción inmobiliaria que salpican al PP y al PSOE sea un instrumento táctico más para debilitar las posiciones del adversario y que, por tanto, después de las elecciones la persecución policial y judicial de los escándalos urbanísticos se relegue a la trastienda de la política. Si los grandes partidos políticos, con responsabilidades autonómicas y municipales significativas, desean reducir la corrupción en los municipios están obligados a pactar una estrategia que incluya cambios legales profundos -modificación de la ley de financiación de los partidos, control de la propiedad del suelo de los ayuntamientos, nuevas fuentes de financiación municipal-, una Administración de justicia volcada en la persecución de los delitos inmobiliarios, incluida la información privilegiada, y códigos de conducta que transmitan confianza a los ciudadanos. Es desde luego deplorable que imputados en escándalos urbanísticos sean aun candidatos en las próximas elecciones, como sucede con varios casos del PP. Los votantes deberían hacer pagar semejante torpeza al partido que la cometa.
Nunca se ponderará lo suficiente el papel que pueden jugar los controles internos de los ayuntamientos en esta batalla contra la recalificación desmesurada, los bloques de viviendas sin urbanizar y el pelotazo sobre suelo protegido. Debe reforzarse la independencia de los interventores municipales, sometidos hoy a la arbitrariedad de las decisiones de alcaldes o comisiones municipales que pueden sentirse afectadas por su fiscalización. La actual disposición adicional segunda del Estatuto de la Función Pública no parece ir por este camino. La corrupción urbanística ha llegado a extremos que sólo puede ser combatida con planes de emergencia. La mejor demostración de que los partidos se toman en serio esta lacra sería que acordasen un plan de acciones legales y políticas contra ella.
El País,11/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Emergencia/urbanistica/elpepuopi/20070211elpepiopi_2/Tes
Nace una plataforma contra el urbanismo desaforado
GRANADAHOY* : "Colectivos ecologistas de la provincia se han unido en la plataforma Una nueva cultura del territorio de Granada que, bajo el lema "La Tierra no la heredamos de nuestros abuelos, la heredamos de nuestros hijos", trabajará para fomentar la participación ciudadana y su implicación para tratar de poner freno a los macroproyectos urbanísticos previstos en la provincia.
A través de blogs y una página web, la plataforma difundirá los proyectos que considera atentan contra la sostenibilidad de los municipios, en algunos de los cuales se ha llegado a consumir el cien por cien del suelo.
El nuevo colectivo pedirá a los ayuntamientos el cumplimiento íntegro de documentos oficiales que promueven la conservación del medio ambiente.
"Alguien nos quiere explicar para qué necesitamos diez campos golf en el Área Metropolitana", se preguntó durante su comparecencia uno de los portavoces del nuevo colectivo, quien agregó que tratarán de parar aquellos macroproyectos que sólo traerán problemas de movilidad e incomodidades a los municipios.
Los integrantes de la plataforma ecologista destacaron que su intención no es sólo vigilar supuestas irregularidades, sino desempeñar una labor educadora.
Entre las asociaciones ecologistas que se han sumado a la iniciativa se encuentran la Asociación la Huerta, las comunidades de regantes Río Verde de Almuñécar, Defensores de la Charca Suárez deMotril y la Asociación por un Transporte Digno en Atarfe
10/02/07
http://www.diariogranadahoy.com/41711_ESN_HTML.htm
«Nuestra justicia es ineficaz, se ha descuidado la lucha contra la corrupción»
Entrevista al magistrado V.GIMENO* por M.GALLEGO :
-Usted ha afirmado que la corrupción urbanística no se persigue.
-Lo que digo es que nuestra justicia penal es lenta e ineficaz y no sirve para luchar contra los problemas que nos interesan. Se ha abundado mucho en la lucha contra la delincuencia callejera, fundamentalmente a través de la Ley de Juicios Rápidos de 2003, y la lucha contra esta pequeña delincuencia ha llevado al descuido o abandono de fenómenos tanto o más importantes, como es la corrupción en la política local. Hace tiempo que existe, aunque hasta ocurrir los sucesos de Marbella no se ha empezado a tomar conciencia de la necesidad de combatirla.
La Policía aún no ha comenzado a actuar y las unidades de la Guardia Civil de delincuencia urbanística están todavía en mantillas. El tema de la corrupción en la administración local nos ha caído del cielo a raíz de Marbella.
-Si nos ha caído encima es porque estaba ahí.
-Estaba, lo que pasa es que hay pactos de silencio porque son delitos de difícil prueba, en los que se suele manejar dinero «b» al que es complicado seguirle el rastro.
-¿Quiénes son los corruptos?
-Pues los políticos o los técnicos que cobran por recalificaciones de terrenos, por otorgar licencias constitutivas de auténticas prevaricaciones.
-Si hay corrupción, se sabe y no se persigue ¿eso es delito, no?
-Es discutible que sea un delito. El problema de la corrupción en urbanismo es que es un tipo penal que tiene las normas en blanco. Para que exista delito es necesario que haya habido un ilícito administrativo, una contravención a la legislación urbanística y lo que los jueces penales suelen hacer es pasarse la pelota y mandar primero a la vía contencioso-administrativa para después iniciar la penal. ¿Por qué suelen inadmitirse querellas o archivarse diligencias previas en delitos de prevaricación urbanística o contra la ordenación del territorio? Pues en muchas ocasiones porque no tienen medios y porque muchos jueces y fiscales no tienen ni idea de urbanismo.
-Además de formación y ganas, ¿qué más falta?
-Tampoco hay medios, los juzgados tienen una sobrecarga de trabajo considerable, ahora empieza a montarse una policía especializada en temas de urbanismo(...), pero la realidad es que, hoy por hoy, las fuerzas de seguridad tampoco tienen conocimiento de temas de urbanismo.
-¿Habría que modificar las leyes para facilitar la intervención de los ayuntamientos sin que fuera necesario llegar a situaciones límite como la de Marbella?
-No olvidemos que los municipios tienen autonomía local consagrada en la propia Constitución y que la intervención de los municipios está en la legislación desde Franco, cuando los gobernadores podían hacerlo. En nuestra democracia, que yo recuerde, la primera vez que se interviene es con el tema de Marbella y aquí con lo de Catral [municipio de Alicante a cuyo ayuntamiento la Generalitat ha retirado las competencias en Urbanismo tras contarse por miles la viviendas construidas la margen de la ley]. Me parece muy fuerte que una comunidad se vea obligada a utilizar estos instrumentos.
-¿Cabe otra salida en casos como el de Marbella o el de Catral?
-Lo que tiene que existir es un mayor control judicial después del administrativo. Supongo que a esos niveles los ayuntamientos cumplen con la legislación urbanística y que presentan sus planes de ordenación a la comunidad. Ahora bien, si se permiten, se consienten o se otorgan licencias urbanísticas en contra de los instrumentos de planeamiento, hay que acudir al Código Penal porque se estaría hablando de prevaricaciones. Y esos hechos hay que perseguirlos.
-Cuando eso suele ocurrir las casas ya están amuebladas.
-Hay un punto también de falta de sensibilidad por parte también de los jueces porque suele haber terceros de buena fe que ocupan esos edificios ilegales y es muy duro tener que utilizar después de un tiempo el Derecho Penal. Una mayor inmediación y un control judicial administrativo más efectivo evitaría mucho de lo que está ocurriendo.
-La aprobación por parte del Ayuntamiento de Alicante de las 15.000 viviendas del Plan Rabasa al margen del PGOU, ¿qué opinión le merece?
-Me parece una monstruosidad que se haya aprobado esto en el ayuntamiento al margen del plan general y sin un control.
-¿Control por parte de quién?
-Por parte de la comunidad autónoma, que tiene capacidad de intervención aunque no la suele ejercitar. Pero si se ha hecho con Catral, aunque me parezca muy fuerte, que se haga con todos aquellos que lo requieran. Sin olvidar que una intervención de esa naturaleza supone desapoderar a un ayuntamiento de todas sus facultades en materia de urbanismo y llevarlo todo desde la Comunitat. Supongo que, en el caso de Catral, habrá sido necesario, pero es muy fuerte que los ciudadanos tengan que ir cada dos por tres a la Conselleria de Urbanismo a pedir una licencia de obra. Me parece excesivo.
-¿Tiene el Código Penal elementos suficientes para luchar contra la corrupción o habría que endurecer las penas?
-Las leyes penales son suficientes aunque quizá algún tipo penal, como la prevaricación, tiene una pena leve. Dos años por cometer este delito, si hay mucho dinero en juego, creo que hay personas que no les importa pasarlos a la sombra, si es que al final acaban cumpliendo la condena. Habría que subir las penas por prevaricación urbanística y algún otro, el cohecho posiblemente también. Parece que Justicia está elaborando un anteproyecto para aumentar la severidad contra estos delitos (...)
-¿Cómo se tendría que actuar con los cargos públicos con poder ejecutivo que están imputados y que, aún así, siguen en sus puestos?
-Jurídicamente no se puede hacer mucho. Es un problema político y ético. Los políticos tendrían que ponerse de acuerdo en la necesidad de combatir la corrupción dentro de cada partido, y en el momento que existiera un funcionario o autoridad local sospechosa, pero sospechosa con fundamento, porque cabe subrayar que éste es un terreno político y que a veces hay querellas calumniosas, pero si existen fundadas sospechas de que una autoridad local ha cometido un cohecho o una prevaricación, decía, lo que se tiene que hacer es indicarle que presente su renuncia inmediatamente. Mientras los partidos no se tomen en serio que la corrupción puede acabar con el sistema democrático, que podemos llegar a niveles del tercer mundo, sucederá lo que sucede. Lo que tienen que hacer los jueces es acelerar al máximo el proceso penal. No se puede permitir que un delincuente esté ejerciendo de autoridad local. Pero estos procesos, como son complejos, llevan su tiempo.
-Si alguien conduce borracho o a más velocidad de la permitida es un homicida en potencia. Además del carné por puntos, ¿habría que endurecer las penas?
-Creo que está bien con lo que hay tanto desde el punto de vista administrativo como penal, aunque siga habiendo gente insensata.
-¿Existe solución contra los malos tratos?
-Viene a ser lo mismo que lo anterior.
-¿Y para la violencia escolar?
Educación y más inversión en el tema de menores. La Ley de Menores es una magnífica ley que busca por encima de todo la reinserción y evitar que el joven entre en un establecimiento penitenciario de donde saldrá peor que ha entrado. No hay que olvidar que las cárceles son escuelas de delincuencia, que un chaval entra por un delito contra la propiedad y se acaba convirtiendo en un criminal peligroso. Tenemos una buena ley, muy innovadora, pero no se está invirtiendo lo suficiente en equipos de psicólogos, en asistencia social, en lo que es necesario para que el sistema funcione.
«Los ayuntamientos no pueden ser reinos de taifas»
-El Tribunal Constitucional, del que usted fue miembro, dictó una sentencia en los 90 contraria a que el Estado asumiera las competencias urbanísticas. ¿Sigue pensando que están mejor en manos de ayuntamientos y autonomías?
-Hubo una sentencia sobre la Ley del Suelo en la que el Tribunal Constitucional decidió por una muy amplia mayoría, sólo con el voto discrepante, que yo recuerde, de Jiménez de Parga, reconocer las competencias exclusivas de las comunidades autónomas en materia de urbanismo.
-Visto la actualidad, ¿le sigue pareciendo una decisión acertada?
-En urbanismo hay distintos títulos competenciales, está el tema de Costas para las urbanizaciones en primera línea, están las facultades de ejecución de los ayuntamientos en materia de concesión de licencias y está la potestad normativa y de ejecución que tienen las comunidades autónomas. Lo que no se puede permitir son los reinos de Taifas de los ayuntamientos, es decir, que la autonomía local no esté en contra de que las comunidades ejerzan sus competencias de inspección de manera que no proliferen las construcciones ilegales como está ocurriendo. Lo que no se puede permitir a los ayuntamientos es que de su capa hagan un sayo en materia de urbanismo.
-¿Qué opinión le merecen jueces como la magistrada de Dénia a la que no le gusta casar a homosexuales y que arremete contra los fiscales?
-Creo que esta señora es una buena juez que se equivoca en el tema de la objeción de conciencia. Un juez no puede plantear esto porque su legitimación, según la Constitución, consiste en aplicar la ley. De manera que una norma aprobada por el Parlamento tiene que ser aplicada por los jueces (...).
-¿Qué me dice de los ataques que desde el PP y el Consell están lanzando contra el fiscal jefe de Tribunal Superior de Justicia?
-Me parece inaceptable, inadmisible y absolutamente reprobable que una autoridad autonómica se le ocurra la genial idea de crear una comisión para fiscalizar al fiscal jefe del TSJ. No lo había visto en la vida ni aquí ni en ningún otro país. Es algo increíble. Al revés, los fiscales son los que tienen que controlar que las autoridades sean las primeras en cumplir la ley.
LEVANTE, Noviembre 06
http://www.levante-emv.com/secciones/noticia.jsp?pNumEjemplar=3347&pIdSeccion=19&pIdNoticia=248767&rand=1163911328033
*Tiene casi más libros publicados que años y en la actualidad se encuentra inmerso en la preparación de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Vicente Gimeno Sendra (Gandia, 1949) no sólo ha sido uno de los miembros más jóvenes del Tribunal Constitucional, donde ingresó con 39 años y permaneció una década, sino que posiblemente es el magistrado que más votos particulares ha presentado.
El Gobierno de Baleares bloqueó una denuncia de pelotazo en Andratx
FRANCISCO MERCADO* : "El Gobierno balear, presidido por Jaume Matas, a través de la Consejería de Medio Ambiente, cuyo titular es Jaume Font, retuvo casi un año una denuncia de sus propios agentes forestales contra el mayor pelotazo urbanístico ilegal en Andratx. El Ejecutivo del PP sólo tramitó esa denuncia, remitiéndola al Consell Insular de Mallorca, el órgano que tiene las competencias en materia de disciplina urbanística, tras ser detenido el alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), que autorizó tal plan, y una vez que la investigación judicial había destapado el escándalo.
El proyecto denunciado suma 26 bloques que albergarán más de 150 viviendas en una parcela de 15.000 metros cuadrados. Este desarrollo urbanístico se ubica en una zona especialmente protegida, donde la ley sólo permite una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. El pelotazo podría generar unas plusvalías superiores a los 10 millones de euros. Es la mayor operación urbanística irregular de las investigadas por el juzgado del caso Andratx, que ya ha recibido copia del expediente de esta denuncia congelada por el Gobierno balear. Un cargo de la consejería, consultado ayer por este diario, se comprometió a investigar el retraso de esta denuncia, hecho del que dijo que no tiene constancia.
La denuncia del agente forestal, de febrero de 2006, sólo fue despachada por la Consejería de Medio Ambiente el 7 de diciembre de 2006 -una semana después de la detención del alcalde de Andratx junto con el jefe del urbanismo balear, Jaume Massot (PP) y demás presuntos cómplices en su gestión urbanística municipal-. Desde esa fecha hasta que llegó a su destinatario, el Consell Insular de Mallorca, pasaron otras dos semanas. El habitual intercambio de documentos por mensajería entre sus sedes, ambas en Palma, no consume más de 10 minutos. La denuncia tuvo entrada en el Consell el 21 de diciembre de 2006.
El agente forestal con número 102.929 descubrió los hechos irregulares y los puso por escrito el 8 de febrero de 2006. Una semana después, el 14 de febrero de 2006, la denuncia entraba en la dirección general de Biodiversitat de la Consejería de Medio Ambiente con el número 151. Un mes después, el mismo agente emitía una ampliación de su denuncia. No habría más noticia de ella hasta su salida de Medio Ambiente, el 21 de diciembre de 2006.
La denuncia del forestal, que tardó 11 meses en ser entregada al Consell sumando las demoras previas y posteriores a su salida de la Consejería de Medio Ambiente, tenía un gran calado, según demostró después la investigación judicial. Afectaba a uno de los proyectos urbanísticos irregulares más ambiciosos de Andratx. No en vano, el fiscal solicitó una fianza de 10 millones de euros al alcalde de Andratx sólo por su responsabilidad en este proyecto urbanístico. En concreto, se trata del polígono 13 de Andratx, situado en pleno monte a las espaldas del hotel Monport. Allí se estaban (y se están) levantando a marchas forzadas 26 bloques con bajo y dos plantas, más piscinas, que albergarían más de 150 viviendas. El forestal escribió lo que sigue en su denuncia:
- Descripción de los hechos. "El 3 de febrero de 2006, el agente de Medio Ambiente 102.929 observó que se habían realizado unas construcciones en el polígono 13, parcela 9.002. El mismo día se hicieron las fotografías que acompañan esta acta. A la entrada de las obras hay una placa de licencia de obras del Ayuntamiento de Andratx con número MA 105/04, referenciada 42/05, que dice que la ordenación aplicable es general turística residencial".
- Descripción de las obras. "Ocupan una parcela de aproximadamente 15.000 metros cuadrados entre edificaciones y movimientos de tierra. Hay un total de 12 construcciones, algunas de considerables dimensiones".
- Conclusiones preliminares. "Consultando la cartografía del Plan Territorial Insular de Mallorca se constata que el terreno donde se ubican las obras está calificado de ARIP y ARIP boscosa. Por tanto, no son autorizables y presuntamente ilegales".
Posteriormente, el agente agregaría lo siguiente a su informe: "Las obras denunciadas no están dentro de la zona forestal (aunque el mapa del PTI clasifica la zona como ARIP boscosa). Se trata de terrenos agrícolas sin vegetación forestal que no entran en la definición de monte (según la ley de montes), por tanto, no se ha ocasionado daños al monte". Pero lo que el forestal mantuvo es que, boscosa o no, era una zona ARIP, el penúltimo grado de mayor protección urbanística en Baleares. Sólo permite la edificación de una vivienda unifamiliar por cada 50.000 metros cuadrados. Y aquí, en menos de 15.000 metros, se levantaban 26 viviendas y, por añadidura, plurifamiliares.
Cuando por fin la consejería de Font evacuó su denuncia en diciembre de 2006 al Consell de Mallorca mantuvo la definición dada por su agente: "Se adjunta copia del acta de denuncia de 8 de febrero de 2006, así como informe complementario de 14 de marzo, emitidos por el agente 102.929 de la Consejería de Medio Ambiente en relación con obras presuntamente ilegales en ARIP en el polígono 13, parcela 9002 en Andratx". En 10 meses ni añadió ni quitó una coma al informe inicial.
Si alguien intentó ocultar desde la Consejería de Medio Ambiente tal irregular proyecto urbanístico en Andratx, fracasó estrepitosamente. En enero de 2006 -un mes antes de la denuncia del agente forestal-, el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil recibió una denuncia contra dichas obras por iguales motivos. Y el instituto armado la trasladó sin dilación al Consell, cuyos servicios técnicos en marzo y abril de 2006 ya emitían sendos informes proclamando su criterio de que eran zona ARIP y, por tanto, "suelo no urbanizable de especial protección", donde no se podían levantar las 150 viviendas.
En mayo de 2006, la comisión de urbanismo del Consell, con el solo voto en contra de los tres representantes del PP, acordaba la interposición de un recurso contencioso administrativo contra todos "los actos administrativos (acuerdos y actuaciones) que legitimasen los actos de edificación y uso del suelo que se viene ejecutando" en los citados terrenos de Andratx, al tiempo que requería al Ayuntamiento por vía jurisdiccional toda la documentación pertinente sobre dicho proyecto.
La paradoja es que estas investigaciones del Consell sobre los mismos hechos denunciados y congelados en Medio Ambiente acabarían uniéndose a la causa penal abierta contra el alcalde de Andratx por el catálogo de irregularidades urbanísticas de su gestión. Y semanas atrás, el juzgado del caso Andratx, el número 12 de Palma de Mallorca, reclamó al Consell de Mallorca copia del expediente sobre las obras de Monport.
No en vano, el proyecto irregular es citado en las conversaciones grabadas al alcalde de Andratx con Juan Castell, hermano de un arquitecto contratado para diversas obras municipales y cuyo padre es amigo del regidor.
Eugenio Hidalgo. "Ayer vino el papel del juez pidiendo la licencia de Prosmi, las que están al lado de tu padre, la tuya y la de tu padre y la de los chinos. Será hija de puta lo que tiene montado, que tenemos el ayuntamiento colapsado lunes y martes haciendo fotocopias de lo de tu padre, el otro y el otro".
Juan Castell. "Sí, mi padre le llevó los papeles a Nacho [letrado del ayuntamiento imputado, Ignacio Mir], porque no los encontraba lo de la parcelación del 83".
La grabación prueba que algunos de los promotores que recibieron la licencia de Hidalgo para edificar en dichos terrenos protegidos eran amigos del alcalde.
El sindicato CC OO denunció en enero pasado que la Consejería de Medio Ambiente había vetado a sus agentes forestales tramitar directamente sus denuncias ante la Fiscalía, lo que había bloqueado un centenar de sus escritos. José Benedicto, secretario general del sindicato en Baleares, planteó que esta consejería se había convertido en "colaborador necesario" de los delitos medioambientales y de construcciones ilegales en Andratx. El Ejecutivo balear negó "haber recibido más denuncias de las que tramita", pero admitió haber ordenado a los forestales entregar sus denuncias a la secretaría general de la consejería que, si veía delito, la remitiría a la Fiscalía.
El País, 09/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/espana/Gobierno/Baleares/bloqueo/denuncia/agentes/mayor/pelotazo/Andratx/elpepunac/20070209elpepinac_1/Tes
Vivienda vacía: ¿Cómo se trata en Europa?
LEOLO* : "Frente a todos los que han puesto el grito en el cielo ante el intento del Gobierno Vasco de gravar las viviendas vacías diciendo (con perdón) todo tipo de sandeces (la propiedad es sagrada -cosa que no dice nuestra Constitución, que habla de función social de la propiedad y de subordinación de la misma al interés general-; es imposible definir lo que es una vivienda vacía -cuando hay hecho imponibles mil veces más complicados-; no debemos permitir que la Administracíón se meta en nuestras vidas; esto es propio de regímenes dictatoriales; esto no es más que populismo; etc), quisiera poner de relieve que en la Europa actual los estados imponen medidas mucho más fuertes que el canon vasco contra las viviendas vacias (penalizaciones, multas, administración ejecutiva pública, requisas, expropiaciones, legalización de la ocupación, demoliciones, etc).
Para los incrédulos ahí van algunas:
HOLANDA
1.- LA OCUPACION DE VIVIENDAS QUE ESTEN VACIAS DESDE HACE MAS DE UN AÑO ES LEGAL, la vivienda solo se le devuelve al propietario si demuestra que esta no volverá a estar vacía. Si habéis leido bien: si no alquilas la vivienda te arriesgas a que te la ocupen y a no poder echar al ocupa.
2.- Hay importantes SUBSIDIOS PÚBLICOS PARA PAGAR LOS ALQUILERES
DINAMARCA
1.- En los municipios de mayor tamaño se imponen desde los años 50 del pasado siglo hasta hoy mismo MULTAS PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS QUE LAS MANTENGAN VACIAS MAS DE SEIS SEMANAS. Si habéis leido bien, pone seis semanas.
2.- De hecho la multa se puede imponer simplemente por no informar al Ayuntamiento de que la vivienda lleva más de seis semanas vacías.
FRANCIA
1.- MEDIDAS PÚBLICAS PARA FAVORECER EL ALQUILER DE LAS VIVIENDAS VACANTES: ayudas a la rehabilitación a los propietarios de vivienda (vinculadas a poner en alquiler la vivienda), desgravaciones fiscales por la rehabilitación y posterior puesta en alquiler de la vivienda e incluso el alquiler obligatorio por parte de los HLM de las viviendas vacantes (con garantías para los propietarios de cobro de los alquileres –no integros-)
2.- TASA SOBRE VIVIENDAS VACÍAS en las ciudades de más de 200.000 habitantes en las que la tasa de viviendas vacías sea superior a la media, la población esté en crecimiento y haya menos oferta que demanda de alquiler. En estas condiciones la tasa es del 10% del valor catastral de la vivienda el primer año, el 12.5% el segundo y 15% el tercero y posteriores. El dinero recuadado va a parar a un instituto público que rehabilita vivienda. Si habéis leido bien en tres años el Gobierno te cobra casi el 40% del valor de la vivienda.
3.- REQUISA GUBERNAMENTAL DE VIVIENDAS QUE LLEVEN MÁS DE 18 MESES VACÍAS y cuyos propietarios (solo personas jurídicas) no hayan puesto medios para alquilar esas vivienda en municipios en los que haya necesidad de vivienda en alquiler de precios moderados. La requisa podrá llegar a los 12 años. Si habéis leído bien, requisas de 12 años. Estas viviendas son gestionadas en alquiler por un HLM público. El propietario requisado recibe una compensación por metro cuadrado (de la que se restan los gastos de rehabilitación, gestión del alquiler, etc).
REINO UNIDO
1.- AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA VACIA (Empty Home Agency) trata de animar a las autoridades locales a reducir el número de viviendas vacías y media entre las autoridades y los propietarios privados de viviendas. Además de tratar de aprovechar el parque inmobiliario y frenar las viviendas vacías procuran que ningún barrio caiga en la categoría de barrio marginal (unpopular neiboughood).
2.- INCENTIVOS FISCALES para los propietarios privados para la compra y rehabilitación de las viviendas vacías.
3.- PRESUPUESTO PÚBLICO DEDICADO A COMPRAR VIVIENDAS PRIVADAS VACÍAS PARA PONERLAS EN ALQUILER SOCIAL.
4.- PENALIZACIONES IMPUESTAS POR LAS AUTORIDADES LOCALES A LOS PROPIETARIOS QUE MANTENGAN VOLUNTARIAMENTE VACÍAS SUS VIVIENDAS. Vinculado a lo anterior las autoridades locales deben publicar anualmente información sobre el número de viviendas privadas vacías
5.- ALQUILER O VENTA FOROZOSA DE VIVIENDAS PRIVADAS VACIAS. Los ayuntamientos pueden forzar el alquiler o venta de viviendas que lleve más de seis meses vacía, salvo que sea una segunda residencia, su propietario esté enfermo o recién fallecido y se esté tramitando la herencia, esté trabajando en otra ciudad o la utilice de forma esporádica. Si habéis leído bien, dice seis meses. Y por cierto, he leído por ahí que la medida afecta a unas 600.000 viviendas en Inglaterra.
SUECIA
1.- LA EXISTENCIA DE VIVIENDAS VACÍAS IMPLICA UN AUMENTO DE GASTO PARA LAS AUTORIDADES LOCALES, dado que cada vivienda privada vacía incrementar el precio de los alquileres de vivienda protegida y como estos alquileres están garantizados por las autoridades locales, el incremento de viviendas privadas vacías implica mayor coste para el Ayuntamiento en alquiler público.
2.- Para evitar lo anterior, LOS AYUNTAMIENTOS OFERTAN VIVIENDA EN ALQUILER MÁS BARATA y así bajar el número de viviendas vacías y sus costes presupuestarios.
3.- Y en último extremo, proceden a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS. Si habéis leído bien, prefieren demoler las viviendas privadas, antes de que estén vacías.
ALEMANIA
1.- LOS PROPIETARIOS PUEDEN SER OBLIGADOS A REALIZAR TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y FRENTE AL INCUMPLIMIENTO CABEN LAS MULTAS, LA ADMINISTRACIÓN SUSTITUTIVA DE LA VIVIENDA POR LA ADMINISTRACIÓN (lo que estos días ha propuesto Catalunya: la expropiación temporal y el alquiler forzoso) E INCLUSO LA EXPROPIACIÓN.
2.- En municipios con más del 10% de viviendas vacías la Administración procede a DEMOLER LAS VIVIENDAS VACÍAS QUE NO SE PUEDEN ALQUILAR.
ITALIA
1.- PENALIZACION FISCAL A LAS VIVIENDAS VACIAS a imponer por los Ayuntamientos y por un valor del 9 por mil del valor catastral.
¿En todos estos países las autoridades publicas atacan a la propiedad, son dictatoriales, populistas, etc? ¿O acaso en estos paises, por cierto los más desarrollados del mundo y algunas de las democracias más venerables del planeta, lo que ocurre es que entre a veces a la propiedad privada no se le permiten hacer cosas que dañan al bien común y al interés general?
Lo dejo a vuestro juicio, pero ya me gustaría ver a todos los periodistas y políticos que nos han insultados tanto en estos últimos días decir lo mismo de lo hecho por los gobiernos de todos estos países durante tantas décadas.
Ah! por cierto, en la mayor parte de estos países es mucho más accesible para el común de los mortales acceder a la vivienda y salvo Italia, todos tienen fuertes parques de alquiler, la mayor parte del mismo público y sus mafias inmobiliarias son mucho más pequeñas que las nuestras.
Ya me diréis como lo veis.
LEOLO/ Javier Burón Cuadrado - 08/02/07
http://leolo.blogspirit.com/archive/2007/02/04/vivienda-vacia-en-europa.html
Hay que repartir mejor la corrupción urbanística
Viñeta de Juan Carlos Contreras - La Kodorniz 07/02/07
http://www.lakodorniz.com/20070207-hay-que-repartir-mejor-la-corrupcion-urbanistica.html
Cómo actúa la corrupción urbanística en España
CIENLADRILLOS/ Gpunto* : "Periódicamente saltan a la prensa casos de corrupción urbanística que salpican a unos y otros partidos políticos, Marbella, Seseña, Andratx o Ciempozuelos, no son más que los picos del iceberg de la inmensa corrupción que existe en España, derivada de la concomitancia, entre alcaldías corruptas y promotores inmobiliarios sin escrúpulos. Por supuesto ni todos los alcaldes ni todos los promotores entran en este juego, pero hay para nuestra desgracia, muchos más de lo que los que destapan los medios de comunicación hasta el punto que comienzan a corroer los pilares de nuestro sistema político.
Todo parte de unas malas leyes que controlan el paso de calificación de terrenos, atribuciones que se han delegado a las Comunidades Autónomas y no son por tanto uniformes para todo el país. No obstante, el espíritu que las mueve es el mismo para todas. Sus líneas maestras se pueden resumir en los siguientes puntos:
Primar el poder llevar a cabo la urbanización por encima de los deseos de los propietarios del terreno, permitiendo en la práctica la expropiación de sus propiedades mediante una indemnización basada en la valoración del terreno expropiado como rústico.
Permitir ser promotor al que posea la mayoría del terreno, erigirse en promotor de la urbanización, siendo éste quien elige las compañías que urbanizarán el terreno, mientras que el resto de los propietarios, si no deciden vender sus terrenos, deberán por fuerza pagar la parte proporcional a su superficie de las obras de urbanización, al precio que le indiquen las compañías elegidas por el promotor y, frecuentemente, propiedad del propio promotor.
Por último, el terreno urbanizado una vez descontado los viales, zonas verdes y espacios cedidos al ayuntamiento para servicios y casa de vivienda protegida, se reparte en parcelas, dando a los propietarios que han aguantado hasta el final sin vender, parcelas donde decida el promotor, que por supuesto no serán los mejores sitios.
La ley favorece a los promotores de la urbanización, de forma que termina recibiendo el grueso de los beneficios económicos de la urbanización, quedando para los propietarios de los terrenos beneficios que como mucho, superan ligeramente el precio de mercado que tenían esos terrenos calificados como rústico,lo que puede ser suficiente, e incluso negocio, para quien tenia terrenos agrícolas abandonados e improductivos, pero no para los que los tenía como base de una agricultura y mucho menos para quien había decidido vivir tranquilamente en una casita rodeada de terreno.
Esta situación ha dado lugar a la corrupción que se detecta en muchos municipios, con concomitancias entre alcaldes y concejales y promotores, que solo en los casos mas escandalosos y palpables saltan a la prensa. Corrupción, que alcanza a todos los partidos políticos en general, pero que no parecen capaces de frenar, ni dentro de sus propias formaciones, ni legislando medidas correctoras que afecten a todos por igual.
La técnica seguida es siempre la misma, durante años a los propietarios legítimos de terrenos, no se les permite construir ni mejorar sus fincas por razones medioambientales, tampoco tener un aprovechamiento forestal del terreno, incluso se les prohíbe la poda de encinas. De repente, aparecen unas compañías que compran extensos eriales abandonados e inhóspitos a bajo precio.
Al cabo de un par de años el ayuntamiento declara edificable un terreno formado por los eriales y una área de terreno apetecible, por ser huertas o arbolado llano con buenas vistas, y ¡oh casualidad!, resulta que los dueños de los eriales son mayoría.
Desaparecen por ensalmo las razones medioabientales, miles de árboles son talados, sin que aparezcan los vigilantes de ICONA, que antes ponían una multa cuando podabas una encina
Se parcela todo y lógicamente, los eriales donde no se puede construir de ninguna forma, se dedican a zonas verdes, pero no importa, lo que cuenta son los metros de cada uno, independientes de su calidad o precio inicial. Los dueños de los eriales obtiene magnificas parcelas en la zona aprovechable, mientras que los antiguos propietarios reciben sus parcelas en los lugares menos atractivos de todo el polígono.
Esta técnica, junto a los cambios en el volumen edificable, la otra gran potestad en manos del ayuntamiento, es la realidad que ha permitido los abusos que saltan a la prensa, realmente clamorosos, y otros muchos, que siendo menos clamorosos y afectando a menos personas y no llegan a aparecer en los periódicos nacionales, al menos fuera de sus ediciones locales.
Las legislaciones actuales, como indico, favorecen descaradamente a los promotores en perjuicio de los legítimos propietarios de los terrenos. La mas perversa es la de la Comunidad Valenciana, hasta el punto que las quejas de los afectados ha sido tan clamorosa que han llegado hasta la Comunidad Europea que ha llegado a calificar la situación de abusiva, teniendo prevista una visita de inspección que el Partido Popular ha conseguido frenar hasta después de las elecciones. Sin embargo, como indico, la corrupción afecta a todo el arco parlamentario por igual, pues en Valencia hay ayuntamientos gobernados por unos y por otros y los que caen en corrupción pertenecen, a todos los partidos e incluso a alcaldes independientes.
La culpa no es de los partidos, incluso podemos decir que ni de las personas, la culpa es de las malas leyes. Al fin y al cabo, todo tenemos un precio y en este negocio urbanístico los beneficios se cuentan por millones de euros, es muy dificil resistir la tentación.
CIENLADRILLOS, 05 febrero 2007
http://www.cienladrillos.com/2007/02/05-como-actua-la-corrupcion-urbanistica-en-espana
«En la cuestión urbanística, España ha actuado como un nuevo rico»
Entrevista a Joan Nogué por Concha Pino* :
-¿La sensibilidad social habría evitado la impunidad y la corrupción urbanística?
-Hay falta de sensibilidad, pero no es la única causa. Ha habido una presión económica muy fuerte, pero las comunidades autónomas tienen competencias para controlar este crecimiento y no dejarlo en manos de los ayuntamientos. Y no se hizo, por clientelismo político, por ignorancia o por desidia. El Estado apostó por el ladrillo como motor de crecimiento económico, por el pan para hoy y hambre para mañana. Como país, y me refiero a España, hemos actuado como nuevos ricos.
Joan Nogué, especialista en el estudio del paisaje y del pensamiento geográfico y territorial, dirige desde que se creó, hace dos años, el Observatorio del Paisaje de Cataluña, un organismo pionero que, gestionado por un consorcio, implica a la Administración y a la sociedad civil. El pasado fin de semana, participó en el foro sobre Territorio, paisaje e identidad organizado por el Instituto de Estudos das Identidades en Santiago.
-Aunque sea de Perogrullo, ¿qué es el paisaje?
-Es la faz del territorio, su representación física. Pero a la vez es lo que percibimos, las emociones que despierta, lo que nos hace sentir, la percepción que tenemos de esa realidad.
-El hombre siempre ocupó el territorio. ¿Era inevitable la degradación actual?
-No, no era inevitable. Transformación paisajística ha habido siempre, pero la diferencia es que en el pasado era lenta y menos intensa, y había la posibilidad de ir integrando los cambios. En los últimos 50 años ha sido al revés, rápida e intensa, y desde hace quince se ha producido un auge inmobiliario fuera de lógica, hasta llegar a lo que yo califico de banalización del paisaje, porque se ha despersonalizado hasta límites insospechados. Las ciudades antes crecían de manera compacta, con ensanches que no dejaban espacios intersticiales. Ahora el crecimiento es disperso, con unos kilómetros de separación en terreno de nadie.
-¿Cómo afecta a la identidad esta transformación?
-Este caos produce una desazón a los ciudadanos que genera pérdida de calidad de vida. Necesitamos referencias del lugar que habitamos, y el caos y la uniformidad de lo que vemos es insatisfactorio.
-¿La sensibilidad social habría evitado la impunidad y la corrupción urbanística?
-Hay falta de sensibilidad, pero no es la única causa. Ha habido una presión económica muy fuerte, pero las comunidades autónomas tienen competencias para controlar este crecimiento y no dejarlo en manos de los ayuntamientos. Y no se hizo, por clientelismo político, por ignorancia o por desidia. El Estado apostó por el ladrillo como motor de crecimiento económico, por el pan para hoy y hambre para mañana. Como país, y me refiero a España, hemos actuado como nuevos ricos.
-¿Hay algún remedio?
-Lo hecho es irreversible. Hay que poner freno y arreglar lo que se pueda. Tiene que haber voluntad política, pero con leyes y normas.
-¿Y ciudadanos más conscientes y responsables?
-La gente empieza a estar cansada y a reaccionar ante los casos de corrupción que al fin salen a la luz. Pero sin corrupción también se puede hacer daño, daño legal. Por eso se necesitan normativas muy claras y estrictas, y que se cumplan.
La Voz de Galicia, 07/02/2007
http://www.lavozdegalicia.es/se_sociedad/noticia.jsp?CAT=105&TEXTO=5524135
Apuntes del nuevo Estatuto de Andalucía
DIEGO NARVÁEZ* : "El nuevo Estatuto :
Artículo 28.1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.
Artículo 203.1. Los poderes públicos de Andalucía velarán por un uso eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanas insostenibles.
En los 25 años transcurridos desde que se promulgó el vigente Estatuto los asuntos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo han dejado de tener una consideración de segundo orden para convertirse en una materia mayor. Empujados por una creciente sensibilidad social y por la necesidad de respuesta a los efectos que sobre el territorio y los recursos naturales está causando el desarrollo producido en este tiempo, es notorio que hoy ocupan un lugar preferente en el orden de las agendas políticas.
El medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos
En consecuencia, es lógico que este salto tenga su reflejo en el nuevo Estatuto que se somete a referéndum el próximo día 18, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente "equilibrado sostenible y saludable"; y la obligación de protegerlo como uno de los objetivos "básicos" de la comunidad. El Estatuto dedica todo un título, el VII, a fijar las responsabilidades de los poderes públicos en la materia, una de ellas el establecimiento de una fiscalidad ecológica con medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los daños que se causen.
"El nuevo Estatuto trae cosas muy positivas al dar carta de naturaleza a aspectos que antes no venían con un desarrollo muy afortunado, y al hacerlo convierte ya en una obligación del Parlamento y el Gobierno llevarlo a la práctica con políticas que lo desarrollen", asegura el dirigente de Ecologistas en Acción y asesor urbanístico de la gestora de Marbella, Javier de Luis.
Como reconoce el catedrático de Botánica Baltasar Cabezudo, además del mencionado título, "todo el texto estatutario está repleto de positivas referencias medioambientales". La protección del medio ambiente ya se consideraba un objetivo básico de la comunidad en el Estatuto vigente, pero en el nuevo texto se hace una formulación más profunda. El artículo 10, entre otros objetivos de la comunidad, señala "la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas".
En el nuevo texto, el medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos. Así, el artículo 28 establece que "todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes". Además, "se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales".
Uno de los avances más significativos es en la definición de los principios rectores de las políticas públicas, entre los que enumera el respeto al medio ambiente, y "el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética". Pero además figura también lo que, en opinión del presidente del consejo superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, puede considerarse ejemplo del progresismo del nuevo texto: "El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas".
Hernández-Pezzi considera el nuevo Estatuto "el texto más innovador en materia de sostenibilidad y calidad de vida, para una comunidad en la que hay aún grandes posibilidades de hacer un desarrollo sostenible, con energías renovables y un uso racional de recursos como el agua y el suelo". "Es una base para una política estratégica más coherente que muchas legislaciones estatales", concluye.
En el caso concreto del urbanismo hay un gran avance del actual al nuevo texto. El Estatuto vigente se limita a enumerar, entre las competencias exclusivas de la comunidad, la "política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda". De esa declaración de principios, se pasa a una definición mucho más compleja y específica, y se abordan problemas que la experiencia acumulada en estos 25 años ha obligado a tratar, dejando bien sentadas las atribuciones que corresponden a la comunidad autónoma y que en los últimos tiempos se han puesto en entredicho desde algunas posiciones.
Las competencias exclusivas en urbanismo se detallan ahora en el artículo 56 con 10 puntos diferentes, entre los que cabe destacar el tercero. En este punto queda claro que la Administración andaluza es competente en la regulación del régimen urbanístico del suelo; en el planeamiento y gestión urbanística; en la política del suelo y vivienda y en la protección de la legalidad urbanística, "que incluye en todo caso" la inspección urbanística o las órdenes de suspensión de obras y licencias.
El título VII, dedicado monográficamente al medio ambiente, contiene 12 artículos relativos a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la producción y el desarrollo sostenible, los residuos, el desarrollo tecnológico y biotecnológico, la prevención de incendios forestales y la lucha contra la desertificación, la protección ante la contaminación, el desarrollo rural, el uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte, la utilización racional de los recursos energéticos, la protección de los animales y los incentivos y medidas fiscales.
En ellos se obliga a las administraciones públicas a impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, al desarrollo de energías renovables y limpias, a compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, o a evitar los desequilibrios de población entre distintos territorios.
Baltasar Cabezudo destaca del nuevo Estatuto "la inequívoca apuesta por la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de nuestros recursos naturales y energéticos".
El País - 05/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/apuesta/medioambiental/elpepuespand/20070205elpand_5/Tes
Hacienda pide los planeamientos urbanísticos de 200 Ayuntamientos
L.A.* : "Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año.
La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio.
El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, explicó ayer que los principales incrementos en el precio del suelo se producen en el proceso de recalificación, cuando un terreno pasa de ser rústico a urbanizable. Por ese motivo la Agencia está intentando controlar esos procesos desde su inicio y ha demandado información a los ayuntamientos con los mayores planeamientos urbanísticos del país. El año pasado se produjeron 200 requerimientos y este año continuará la tendencia. Cervantes explicó esos detalles en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
Los grandes proyectos urbanísticos están concentrados en pocos municipios. Unos 800 (el 11% del total) contienen el 80% de los inmuebles que existen en España, según datos del Catastro. Dirigirse a los de mayor desarrollo urbanístico implica, por tanto, tener una imagen bastante ajustada de cómo evoluciona el paisaje urbano del país. Además, Hacienda solicitará información a las juntas de compensación, órganos que constituyen grupos de propietarios de suelo rústico para gestionar su urbanización. El año pasado se efectuaron 2.000 requerimientos.
Fiscalidad 'verde'
En fiscalidad, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que este año se planteará una propuesta de fiscalidad verde para vincular el pago de impuestos con el nivel de contaminación de cada contribuyente. Aunque aún está por definir, el impuesto de matriculación es "candidato natural" a esa reforma fiscal, que consistirá, según Ocaña, en subir el impuesto a algunos contribuyentes y bajarlo a otros, sin elevar en conjunto la presión fiscal. Se trata de "que haya mayor correlación entre lo que se paga y lo que se contamina", lo que trasladado al impuesto de matriculación implica que los vehículos de mayor cilindrada paguen más y el resto menos.
El País 06/02/07
http://www.elpais.com/articulo/economia/Hacienda/pide/planeamientos/urbanisticos/200/ayuntamientos/elpepueco/20070206elpepieco_10/Tes
Apagón mental
A.GARCÍA RECHE* : "Todo al revés. Se apagan las luces para protestar por la pusilánime y negligente actitud de las autoridades políticas ante el cambio climático, y resulta que estas se suman a la protesta ¡contra ellas mismas!
O sea que mientras los responsables de la cosa asfaltan humedales, promueven trasvases, iluminan hasta la exageración las ciudades y pasan olímpicamente de Kioto, ellos apagan la Ciudad de las Ciencias y las Artes para exigir (¿a quién?) que se tomen medidas contra el calentamiento global.
El grado de cinismo que hemos alcanzado no tiene precedentes.
Llegará el día en que los propios políticos que mandan nos convocarán a manifestaciones en su contra a través de un SMS y, lo que todavía es peor, estarán dispuestos a ir en la cabecera de la misma. Lo verán.
Eso sí, reconozcamos al menos que se trata de una estrategia inteligente. Si la confusión aumenta entre los ciudadanos cada vez será más difícil reconocer a los verdaderos culpables de cada cosa. Y si no hay culpables, ya se sabe, tampoco hay responsables. Por eso admiro tanto a González Pons, un Consejero del Territorio tan locuaz como cachondo, quien después de 12 años de política urbanística depredadora ejecutada por su propio partido, ahora aparece de pronto como el adalid del paisaje, la fauna autóctona y el medio ambiente. Talmente como si la cosa no fuera con él.
No es tan extraño como parece, hasta el propio Bush se está haciendo progresista en estas cosas. Miren si no lo preocupado por el medio ambiente que se ha mostrado en su último discurso. Es verdad que por no firmar, no firma ni Kioto; pero preocupado, lo que se dice preocupado, sí está el hombre. Todo el mundo sabe cuál fue la excusa que puso en su día para no hacerlo: cumplir el protocolo le costaría mucho dinero a EE UU. Esa fue la expresión del gran estadista. Y muchos americanos se lo creyeron, a pesar del desastre de Nueva Orleans. El problema es que ahora el New York Times ha sacado a la luz las cifras de la guerra y resulta que EE UU se va a gastar 1,2 billones de dólares (el equivalente al PIB de España en 2008) en Irak. Según los cálculos del mismo periódico, con ese dinero habría sanidad universal para todos los norteamericanos sin cobertura sanitaria, podrían escolarizarse a los niños de 3 años, vacunar a todos los bebés del mundo, invertir 6.000 millones de dólares en la investigación contra el cáncer y desarrollar las recomendaciones de la Comisión del 11/S en materia de seguridad. Y todo a cambio de renunciar a una guerra tan mentirosa y ridícula, como inútil. El NYT no lo dice, pero los gastos derivados del cumplimiento de Kioto son infinitamente menores. Pero eso ¿a quién le importa realmente?
Desde un punto de vista más doméstico hay que decir que la confusión también está llegando al mundo turístico. Los operadores de la cosa acaban de informar de que la gente empieza a desplazarse al norte de Europa, incluso fuera de la temporada estival, gracias al aumento de temperaturas propiciadas por el Cambio Climático. Ciudades como Estocolmo, Copenhague, Oslo y otros países bálticos se han llenado de turistas españoles en Navidad. Y al parecer la cosa va a más. Entonces la cuestión es: si el deshielo polar va a provocar una elevación del nivel del mar en más de medio metro, con un retroceso estimado de las playas en torno a 20 metros, y las olas de calor en el Mediterráneo pueden rozar los 50 grados en las próximas décadas, qué va a pasar con nuestro turismo de sol y playa caracterizado por el clima suave y templado. No se sabe, pero por de pronto existe un riesgo cierto sobre las construcciones de primera línea: sus precios caerán. En Fitur no se ha hablado de esto, pero todos sospechan que en algún momento tendrán que hacerlo.
Aunque ya les aviso desde ahora, a las autoridades políticas esto les importa un bledo: Si las cosas se complican ellos serán los primeros que se sumen a las protestas. El objetivo final es conseguir que el ciudadano de a pie crea que esto del calentamiento global es un castigo divino a la raza humana más bien que un comportamiento irracional impropio de esta. O sea, un apagón mental de tal magnitud que sitúe el problema en el terreno de los curas y de las plegarias, desde donde nunca debió salir. Lo conseguirán, no lo duden.
El País, 06/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Apagon/mental/elpepuespval/20070206elpval_9/Tes
Los planes urbanísticos se podrán consultar en Internet
CIBERSUR* : "El objetivo de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan acceder a través de Internet a los planes urbanísticos de sus municipios, con lo que se potenciará la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico. Además, las actuaciones que se pongan en marcha en el marco del Programa de Impulso de la introducción de las TIC desempeñarán un claro papel tractor en la incorporación de las empresas del sector (estudios de arquitectos, promotoras, etc) a la Sociedad de la Información.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, el director general de Red.es, Sebastián Muriel, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal. El objetivo del programa es aumentar de este modo la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico.
El convenio firmado hoy establece las condiciones de colaboración en la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal, que constará de la realización de un estudio y de una serie de actuaciones piloto que aporte los datos necesarios para la realización del estudio. Red.es destinará un máximo de 1,5 millones de euros a la realización de las actuaciones previstas en el convenio.
El estudio analizará la situación actual de la introducción de las TIC en la gestión urbanística y abordará diferentes cuestiones. Por un lado explorará las necesidades actuales de los ayuntamientos (con especial énfasis en los municipios pequeños) a la hora de implantar una herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) y poner a disposición de los ciudadanos, a través de Internet, los planes urbanísticos vigentes.
Asimismo, el estudio detectará las barreras existentes para la puesta a disposición a través de Internet de los planes urbanísticos municipales y formular iniciativas para la eliminación de dichas barreras. Además servirá para proponer medidas que fomenten la implantación efectiva de las TIC en la gestión urbanística municipal y posibilitará el detalle de un plan de acción para cada medida identificada: objetivos, agentes involucrados, calendario de actuaciones, presupuesto…
En cuanto a las actuaciones piloto, se realizará una convocatoria pública para la realización de un máximo de 10 proyectos a la que podrán presentarse los municipios que estén interesados. En la elección de los municipios se tendrá en cuenta el criterio de pertenencia a regiones susceptibles de recibir financiación procedente de los fondos FEDER.
Una vez finalizado el estudio, se firmará un nuevo convenio de colaboración que articulará la puesta en marcha y ejecución de la segunda fase del programa, relativa a la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión urbanística municipal. El objetivo de esta segunda fase será ayudar a los ayuntamientos en la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en la digitalización del Plan Urbanístico con su correspondiente carga de datos en el SIG y su puesta a disposición a través de Internet.
Cibersur.com 2007-02-05 http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7384&theme=Cibersur&ref=19
La futura crisis inmobiliaria en España
A.MONTERO SOLER* : "El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de convencernos de que el problema de la vivienda está a punto de solucionarse en nuestro país mientras que la OCDE acaba de advertir precisamente de lo contrario.
Con esa intención, el pasado viernes día 19 de enero convocó una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del precio de la vivienda durante el año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1% con respecto al año anterior. Un dato que los responsables de esa institución interpretan como de lo más esperanzador -pues de esperanzas se construye la política de vivienda de este país, como ya comenté en otro artículo.
Sin embargo, el dato por sí mismo ya es preocupante si se tiene en cuenta que más que triplica el incremento del IPC para el año 2006 y, por lo tanto, más que triplica la tasa de crecimiento de los salarios que, directa o indirectamente, suele estar vinculada a ese índice. Esto significa que mientras que, en el mejor de los casos, los salarios no perderán poder adquisitivo este año con respecto a otros bienes, sí que lo seguirán haciendo con respecto a la vivienda.
Si se desgranan los datos ofrecidos en la rueda de prensa del Ministerio puede apreciarse el excesivo grado de complacencia con la que desde esa institución se valora la situación de la vivienda en España. Casi todos los indicadores muestran una ralentización en su crecimiento con respecto al año anterior. Esto indica que, por fin, se está frenando la actividad en el mercado inmobiliario.
Pero, precisamente, esa situación de desaceleración del mercado inmobiliario combinada con otros datos que están apareciendo publicados estos días es lo que debería tener a todo el Ministerio temblando por el previsible futuro que se nos avecina.
Y es que el problema de la vivienda en España ya no es única y exclusivamente el problema derivado de la evolución del precio de la vivienda.
Entiéndaseme bien. El precio, evidentemente, sigue siendo un problema para quienes hasta ahora no han podido comprar una vivienda y que, además, ahora difícilmente van a poder adquirirla dado el nivel alcanzado por dicho precio pero, también, dado el progresivo encarecimiento de la financiación para su adquisición.
Es por ello que no se entiende tanta satisfacción por parte del Ministerio en relación con la contención de los precios: sí, está bien que los precios crezcan menos que en el periodo anterior pero esto soluciona muy poco a casi nadie porque se han situado a unos niveles que lo convierten en un bien inaccesible para la población que, precisamente, hasta ahora no ha podido acceder a él.
Lo que resulta realmente preocupante es que el problema del precio de la vivienda haya transmutado, haya síntomas de que está cambiando su naturaleza y desde el Ministerio de la Vivienda no se comiencen a lanzar voces de alarma y a instrumentarse medidas de contención para el caso en que se presentara una crisis.
Endeudados pero ricos
En efecto, por un lado, nos encontramos que la ralentización en la evolución del precio de la vivienda –que tan pomposamente destaca el Ministerio como si, por otra parte, fuera mérito propio- indica de forma inequívoca una caída de la demanda en el mercado unida a una oferta que se mantiene casi constante.
Una gran parte de la explicación de esa caída de la demanda se encuentra en la subida que vienen experimentando los tipos de interés y, por consiguiente, en el aumento del precio de la financiación hipotecaria y su menor disponibilidad. De hecho, la mayor parte de los estudios empíricos realizados al respecto indican que la evolución del mercado de la vivienda en España se justifica, en gran medida y junto a otras variables, por la reducción de los tipos de interés de los años precedentes que los situaron en niveles históricamente bajos.
Por lo tanto, es normal que en estos momentos en los que se está produciendo el alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la subida esté comenzando a repercutir sobre la demanda de viviendas y, por ende, sobre su precio, contribuyendo a su ralentización.
Pero esa subida de los tipos de interés tiene connotaciones que van más allá de los efectos sobre el precio que al Ministerio de Vivienda le ha interesado resaltar y que se convierten en el eje del nuevo problema relacionado con la vivienda que estoy tratando de explicar.
Y es que, gracias a esos tipos de interés históricamente bajos, el endeudamiento de las familias españolas había llegado, también, a niveles históricamente altos. Así, su deuda con las entidades financieras superaba a finales del mes de octubre del pasado año los 750.000 millones de euros (lo que equivale al 107% de su renta disponible anual) y, de esa cantidad, 550.000 millones correspondían a deuda hipotecaria. Además, a pesar de que la tasa de crecimiento del número de préstamos hipotecarios concedidos para la compra de una vivienda se ha ido reduciendo durante los últimos meses, el importe medio de las hipotecas sigue elevándose; como también lo sigue haciendo el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para adquirir una vivienda y que ya llega al 42,1% de su renta bruta anual disponible, la tasa más alta desde marzo de 1996.
Este aumento del endeudamiento ha tratado de camuflarse desde instancias gubernamentales argumentando por una doble vía. En primer lugar, reconociendo que, si bien es cierto que las familias españolas se encuentran más endeudadas que nunca en su historia, su nivel de endeudamiento es de los menores de la OCDE (el viejo recurso de “sí, nosotros estamos mal; pero los otros están peor”). Y, en segundo lugar, destacando que la subida del precio de la vivienda ha aumentado el nivel de riqueza de las familias hasta el punto que ésta se ha duplicado en 10 años y equivale ya a 9 veces su renta anual.
El hecho de que el aumento de la riqueza de las familias obedezca a la subida del precio de la vivienda tiene, a su vez, una connotación importante. Y es que se produce una elevada concentración de la riqueza de esas familias en un único activo: el 75% de la riqueza de las familias españolas está concentrada en la vivienda, el porcentaje más alto de la OCDE (adviértase que, por ejemplo, en el Reino Unido la riqueza financiera y no financiera se reparte a partes iguales).
El problema que genera la concentración de la riqueza casi exclusivamente en activos inmobiliarios es que éstos son muy poco líquidos y, por lo tanto, en situación de necesidad puede resultar muy complicado monetizarlos. Y ahí empiezan los problemas.
Ricos pero morosos
La subida de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo -que los ha llevado actualmente hasta el 3,5%- no tiene visos de detenerse, según se desprende del último boletín publicado por la institución. En el mismo se destaca que los tipos de interés continúan situados en niveles bajos en una situación en la que el crecimiento monetario y del crédito es muy dinámico en un contexto de abundante liquidez y que, para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo, es necesario actuar con firmeza en el momento oportuno.
Si a estas advertencias se le unen las palabras en el mismo sentido del gobernador de la institución, Jean-Claude Trichet, tras la última reunión del Consejo de gobierno del BCE, todo parece apuntar a que los tipos de interés volverán a subir a partir del mes de marzo.
Con lo cual, lo previsible es que las hipotecas continúen encareciéndose como vienen haciéndolo sin interrupción desde hace 15 meses. De hecho, el Euríbor, que es el tipo de interés de referencia para los préstamos hipotecarios, llegó en el mes de diciembre al 3,92%, su nivel más elevado desde mayo de 2002.
Este índice experimentó a lo largo del año pasado una subida acumulada de más de 1,13 puntos, la mayor en un ejercicio desde que se creó en 1999. Esto se traduce, básicamente, en que la cuota mensual de una hipoteca media contratada a tipo de interés variable a 25 años que se revisara a principios de este año se vería incrementada en torno a un 14,5%.
En este contexto de elevadísimo endeudamiento familiar en donde, además, la carga de la deuda se ha alargado en el tiempo, pues las hipotecas se conceden cada vez a más años, la continuidad de la política de elevación de los tipos de interés por parte del BCE puede tener efectos devastadores sobre la economía española.
Sin embargo, para nuestros ministros de la Vivienda, Trujillo, y de Economía, Solbes, todas las advertencias de que esta situación se pudiera encontrar cercana emitidas por instituciones tan diversas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda o el Comisario europeo de Economía y Finanzas caen en saco roto.
Sin embargo, bien harían estos ministros en atender tanto a esas advertencias como a los datos que parecen indicar que el riesgo potencial pudiera encontrarse más próximo de lo que todos quisiéramos.
En efecto, según los últimos datos aportados por el Banco de España, las familias han comenzado a dejar de pagar hipotecas y créditos al consumo hasta tal punto que las cuotas impagadas de los créditos hipotecarios se han incrementado un 26% en el último año. De hecho, por primera vez desde el año 2000 los impagos hipotecarios crecen más deprisa que la concesión de nuevos créditos.
Pero, lo que es más grave, las perspectivas son de un progresivo empeoramiento. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, un 70% de las cajas prevé que aumente la morosidad en sus créditos en los próximos meses y ninguna prevé que se reduzca.
Si el panorama que se avecina es de un incremento de la morosidad, la que puede ser considerada como la solución particular más expeditiva –la venta de la vivienda para atender a las obligaciones financieras contraídas-, en el caso en que fuera aplicada masivamente por los propietarios, podría acabar dando lugar a un problema social y económico de primera magnitud.
En ese caso, el aumento de la oferta de viviendas provocaría la reducción de su precio y, con ello, el hundimiento del mercado inmobiliario. Ese hundimiento acabaría contagiándose a los mercados financieros si la caída generalizada del precio de los activos inmobiliarios situara el valor de las garantías colaterales de los préstamos hipotecarios –esto es, de las viviendas- por debajo del valor de la deuda contraída para la financiación de su compra. Una posibilidad que tampoco hay que descartar porque, de hecho, y según estimaciones del Banco de España, el precio de la vivienda en el mercado español ya se encuentra sobrevalorado en casi un 20% mientras que las estimaciones de la OCDE recién publicadas, afirman que lo está en más de un 30%. La crisis estaría servida.
Es por ello que el problema de la vivienda, en este contexto de expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés e incremento de la morosidad, sigue siendo el del precio. Pero, ahora, el problema reviste una doble dimensión: es el problema del precio excesivamente elevado para los que no tienen vivienda ni perspectivas de acceso a la misma; pero también es el problema que podría tener lugar si, como está ocurriendo en Estados Unidos, los precios de la vivienda comenzaran a reducirse al tiempo que el coste de la deuda se eleva.
Mientras aparecen indicios de que ese escenario no puede ser descartado a medio plazo, el Ministerio se limita a congratularse de que las viviendas se encarecen pero menos. Y es que ya lo dice la sabiduría popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión. Puedes visitar su blog “La otra economía” en la página de elotrodiario.com
REBELION.ORG 25/01/07 :"Despierte, ministra, que el problema ya es otro"
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45381
El mercado inmobiliario comienza a hacer aguas por la Costa
RAMÓN ARAGONÉS* : "Tras casi una década de boom y esplendor en los inmuebles de sol y playa, la sombra del ocaso inmobiliario comienza a extenderse con intensidad por la costa española.
Las inmobiliarias que operan en ese mercado han comenzado a lanzar los primeros S.O.S. por el fuerte estancamiento en la venta de los apartamentos, especialmente aquellos que superan los 200.000 euros, cuya colocación entre compradores empieza a convertirse en una misión casi imposible. Las firmas más innovadoras han comenzado a lanzar rebajas, mientras otros culpan del parón a los escándalos inmobiliarios de Marbella, Mallorca y otros municipios. Los más pesimistas se preguntan si es posible que estemos asistiendo ya en la costa a los primeros embates del tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los expertos no se atreven a llegar tan lejos pero advierten que el cóctel formado por los altos precios alcanzados por los inmuebles de costa en los últimos años, la huida masiva de los extranjeros ante el nacimiento de otros mercados más atractivos y la progresiva subida de tipos puede llegar a ser peligroso. “Muchos inversores dudan ya si les resulta rentable invertir importes tan altos de dinero para disfrutar un mes del inmueble en verano, sobre todo teniendo en cuenta que con las altas valoraciones actuales ya es difícil obtener plusvalías interesantes” apuntaba hace unos días a INVERTIA el propietario de una agencia inmobiliaria situada en la provincia de Málaga.
La base del problema está, como advierte el consejero delegado de la consultora Roan, en los desorbitantes precios que tienen ya los activos del litoral, que hacen imposible encontrar apartamentos por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado. “Las promotoras que sacan viviendas o apartamentos a 1.500 metros cuadrados como precio máximo todavía arrasan, pero claro de eso queda poco y lo normal es que las nuevas promociones superen con creces los 2.200 y hasta los 2.500 euros por metro cuadrado”.
Hace unos días, el responsable del servicio de estudios de BBVA, José Luis Escriva, ponía el dedo sobre la llaga y se atrevía incluso a presagiar caídas durante este año 2007 en el valor de las viviendas en algunas ciudades de costa. En concreto, preguntado sobre si había constatado problemas de calado en la comercialización de inmuebles en las zonas de playa admitió que algunas ciudades de mar sufrirían un parón significativo que podría acarrear incluso destacadas bajadas en los precios en este y en próximos ejercicios.
Huida de inversores extranjeros y españoles
La consultora RR Acuña & Asociados cifra el alargamiento actual en los plazos de ventas de inmuebles en “casi tres años” y estima que empeorará aún más en 2007. La situación se está viendo además agravada por la marcha acelerada del sector de compradores institucionales de viviendas, entre ellos grandes grupos financieros, que en los últimos años se habían posicionado fuertemente en la costa con la compra de complejos de apartamentos y que ahora, sin embargo, han decidido cerrar el grifo. “Desde hace dos años asistimos a un abandona progresivo de los grupos institucionales, que antes buscaban continuamente inmuebles y ahora ven el mercado agotado y temen cerrar operaciones difíciles de rentabilizar” explica a esta web financiera el responsable de un gran banco que prefiere no facilitar su identidad.
Y no solo los inversores institucionales están dando la espalda al mercado español. Según admiten numerosos expertos, los inversores particulares europeos y, en menor medida los españoles, miran cada vez con más interés hacia otras plazas turísticas emergentes, con precios más asequibles y unos niveles de seguridad política y económica aceptables. Es el caso de países como Marruecos, Croacia, Turquía y Chipre.
“En esos nuevos mercados mediterráneos, además de precios mucho más bajos, los compradores encuentran cada vez mejores equipamientos, una buena estabilidad política y más exotismo, con lo cual no se lo piensan dos veces” sostiene José Luis Marcos, de Roan Inmobiliaria.
Los responsables de Asprima, en cambio, no coinciden con este planteamiento y aseguran que estos nuevos destinos turísticos europeos no compiten con la costa española ya que no cuentan con el mismo nivel de infraestructuras y porque tampoco ofrecen los mismos niveles de seguridad y calidad que España.
Sin embargo, los datos sobre la huida de inversores extranjeros hablan por sí solas. Según el Banco de España, la inversión extranjera en bienes inmuebles en España se situó en 4.002 millones de euros hasta octubre de 2006, lo que supone un descenso del 12,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 4.555 millones de euros. En cambio, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de 997 millones de euros en 2005 a 1.822 millones el pasado año.
En concreto, mientras que en 2003 la tasa interanual de la inversión extranjera en inmuebles creció un 17,2% y representó el 0,90% del PIB, un año más tarde la tasa fue negativa en un 6% y el ratio sobre el PIB fue tan sólo el 0,79%.
Pero fue en 2005 cuando la inversión extranjera en inmuebles tuvo el descenso más acusado, con una caída del 16,7% y un porcentaje respecto al PIB del 0,61%. Mientras que la inversión extranjera en inmuebles ascendió en 2003 a 7.072 millones de euros, un año más tarde fue de 6.650 millones y dos años más tarde, en 2005, de 5.538 millones de euros. En claro contraste con estos datos se comportan las inversiones efectuadas por los españoles en inmuebles en el exterior.
Sólo en septiembre, la inversión española en viviendas en el extranjero ascendió a 183 millones de euros, el 22,82% más. La inversión española en inmuebles en el extranjero ha crecido de manera exponencial en los últimos años, al pasar de 385 millones de euros en 2003, a 812 millones en 2004, y a 1.525 millones en 2005.
Además del surgimiento de mercados alternativos y las nuevas alternativas geográficas, desde la patronal Asprima se apunta otro elemento que está limitando la inversión en la costa, como son las nuevas normativas de protección medioambiental y leyes de costa, que han provocado ciertos limites.
Rebajas y regalos encubiertos
Algunas promotoras han sabido ya ver las orejas al lobo y han comenzado a actuar. La firma Foro Consultores ha detectado un fenómeno que cada vez se extiende más entre los promotores del litoral y consiste en ofrecer a los clientes “regalos” que enmascaran bajadas encubiertas de precio en el inmueble de entre 3.000 y 6.000 euros. Entre estos regalos se incluyen el entregar equipadas zonas que tradicionalmente se daban vacías como el garaje, zonas de juegos o el jardín, y que sirven de gancho para atraer a un mayor número de clientes.
Otras inmobiliarias se han inventado rebajas y promociones. Es el caso de la cadena estadounidense Re/max, de gran implantación en todo el territorio español y de la inmobiliaria andaluza Aifos, una de las líderes en la comercialización de segunda residencia en nuestro país.
Dichas rebajas, que han utilizado como referencia el mes de enero, por ser el utilizado tradicionalmente por el comercio minorista, permiten descuentos de entre el 4 y el 6% de media y pueden llegar a alcanzar el 26% en algunas viviendas de lujo.
El propio presidente de Re/max, Javier Sierra, reconocía a INVERTIA hace unas semanas que estas rebajas llegan en momentos en los que comienzan a endurecerce las condiciones del mercado, especialmente en la segunda residencia de costa, y augura que se extenderá al sector en los próximos años.
En definitiva, según José Manuel Galindo, secretario general de esta asociación que agrupa a los promotores inmobiliarios, la costa española tendrá que acostumbrarse a incorporar más valor añadido y servicios de distinta índole, como campos de golf, zonas de ocio, etc si no quiere ir cediendo posiciones en el ránking mundial de sol y playa.
PRECIO MEDIO DE VIVIENDA NUEVA EN POBLACIONES DE COSTA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
COMUNIDAD
MUNICIPIO
Precio Medio (euros m/2)
Incremento 2º Semestre
Incremento Anual
ANDALUCÍA
ALMERIA
ROQUETAS DE MAR
ALGECIRAS
CADIZ
LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
PUERTO DE SANTA MARIA (EL)
AYAMONTE
HUELVA
PUNTA UMBRIA
BENALMADENA
FUENGIROLA
MALAGA
MARBELLA
TORREMOLINOS
1.965
1.665
1.542
2.260
1.670
1.841
1.735
1.779
2.041
2.049
2.070
2.112
2.424
2.145
4,9%
5,2%
7,8%
5,7%
12,4%
7,5%
0,2%
2,7%
11,6%
1,8%
0,6%
2,4%
1,8%
2,5%
9,8%
11,7%
16,5%
13,4%
20,3%
17,1%
9,1%
8,2%
23,4%
7,3%
8,4%
9,9%
8,1%
6,4%
ASTURIAS
GIJON
2.063
1,4%
7,2%
BALEARES (ISLAS)
PALMA DE MALLORCA
CIUTADELLA DE MENORCA
MAHON
EIVISSA
2.369
2.010
2.031
2.197
5,9%
8,2%
0,3%
5,7%
11,4%
11,9%
9,2%
15,1%
CANARIAS
ARRECIFE
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
TELDE
SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1.650
1.849
1.652
1.353
1.790
0,2%
0,9%
1,7%
3,0%
2,4%
9,4%
9,3%
8,0%
8,5%
7,1%
CANTABRIA
SANTANDER
2.378
3,0%
9,9%
CATALUÑA
BEGUR
BLANES
CADAQUES
CALONGE
CASTELL-PLATJA DARO
ESCALA (L)
LLANÇA
PALAFRUGELL
PALAMOS
PALS
SANT FELIU DE GUIXOLS
TORROELLA DE MONTGRI
TOSSA DE MAR
ARENYS DE MAR
BADALONA
BARCELONA
CALELLA
CANET DE MAR
CASTELLDEFELS
CUBELLES
MASNOU (EL)
PRAT DE LLOBREGAT (EL)
GAVA
MALGRAT DE MAR
MATARO
PREMIA DE MAR
SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT ADRIA DE BESOS
SANT POL DE MAR
SITGES
VILADECANS
VILANOVAI LA GELTRU
VILASSAR DE MAR
ALCANAR
ALTAFULLA
AMPOSTA
CALAFELL
CAMBRILS
CREIXELL
CUNIT
DELTEBRE
VENDRELL (EL)
MONT-ROIG DEL CAMP
RODA DE BARA
SALOU
SANT CARLES DE LA RAPITA
TARRAGONA
TORREDEMBARRA
VANDELLOSI LHOSPITALET
2.156
2.404
2.515
2.062
2.496
2.108
1.985
2.012
2.214
2.066
2.202
1.896
2.171
2.800
2.985
4.192
2.454
2.261
3.029
2.221
2.884
2.690
2.890
2.155
2.862
2.920
2.440
2.663
2.318
3.125
2.875
2.387
2.672
1.480
2.342
1.470
2.320
2.071
1.992
2.110
1.373
1.979
1.986
2.127
2.063
1.632
2.261
2.144
1.889
10,0%
8,4%
12,3%
5,7%
2,9%
0,5%
1,8%
3,6%
5,9%
9,0%
5,1%
10,6%
0,2%
12,7%
7,3%
3,9%
10,2%
4,2%
2,6%
0,1%
4,7%
2,7%
0,2%
6,2%
8,2%
2,2%
4,9%
1,8%
4,1%
3,6%
5,6%
1,2%
0,2%
2,6%
9,6%
9,9%
10,7%
4,4%
11,0%
1,7%
11,2%
8,6%
0,4%
17,8%
3,4%
3,7%
4,8%
3,8%
0,9%
14,5%
13,9%
20,7%
7,5%
4,0%
9,5%
16,8%
6,1%
13,4%
18,3%
6,2%
15,5%
9,3%
19,9%
17,8%
13,3%
20,4%
21,9%
16,0%
14,4%
19,8%
12,3%
10,7%
21,8%
18,7%
9,4%
19,6%
10,5%
9,9%
7,8%
14,4%
10,5%
6,6%
5,2%
19,1%
25,3%
13,2%
8,6%
19,9%
10,6%
27,6%
17,8%
4,8%
28,5%
4,7%
13,7%
13,3%
12,4%
7,1%
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE/ALACANT
BENIDORM
ELCHE/ELX
SANT JOAN DALACANT
SANTA POLA
TORREVIEJA
BENICARLO
BENICASIM/BENICASSIM
CASTELLON DE LA PLANA
OROPESA DEL MAR/ORPESA
PEÑISCOLA
GANDIA
VALENCIA
1.874
2.380
1.510
1.470
2.021
1.765
1.811
2.037
1.806
1.850
1.990
1.670
2.211
1,8%
3,5%
2,0%
2,5%
0,3%
0,6%
0,1%
9,8%
4,6%
5,9%
4,1%
1,8%
6,7%
7,8%
11,0%
8,9%
6,5%
9,2%
3,8%
9,8%
18,7%
10,6%
15,6%
10,2%
11,4%
15,6%
GALICIA
FERROL
CORUÑA (A)
VIGO
1.317
1.919
1.899
5,4%
5,7%
4,5%
10,6%
11,9%
8,2%
MURCIA (REGIÓN DE)
CARTAGENA
1.740
0,9%
8,8%
PAÍS VASCO
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
3.807
0,6%
6,2%
TOTAL (*)
2.488
3,6%
11,4%
Fuente: Sociedad de Tasación
Invertia.com 02/02/07
http://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=655
