DIEGO NARVÁEZ* : "El nuevo Estatuto :
Artículo 28.1. Todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes.
Artículo 203.1. Los poderes públicos de Andalucía velarán por un uso eficiente y sostenible del suelo, a fin de evitar la especulación urbanística y la configuración de áreas urbanas insostenibles.
En los 25 años transcurridos desde que se promulgó el vigente Estatuto los asuntos relacionados con el medio ambiente y el urbanismo han dejado de tener una consideración de segundo orden para convertirse en una materia mayor. Empujados por una creciente sensibilidad social y por la necesidad de respuesta a los efectos que sobre el territorio y los recursos naturales está causando el desarrollo producido en este tiempo, es notorio que hoy ocupan un lugar preferente en el orden de las agendas políticas.
El medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos
En consecuencia, es lógico que este salto tenga su reflejo en el nuevo Estatuto que se somete a referéndum el próximo día 18, que consagra el derecho de todos los ciudadanos a vivir en un medio ambiente "equilibrado sostenible y saludable"; y la obligación de protegerlo como uno de los objetivos "básicos" de la comunidad. El Estatuto dedica todo un título, el VII, a fijar las responsabilidades de los poderes públicos en la materia, una de ellas el establecimiento de una fiscalidad ecológica con medidas preventivas, correctoras y compensatorias de los daños que se causen.
"El nuevo Estatuto trae cosas muy positivas al dar carta de naturaleza a aspectos que antes no venían con un desarrollo muy afortunado, y al hacerlo convierte ya en una obligación del Parlamento y el Gobierno llevarlo a la práctica con políticas que lo desarrollen", asegura el dirigente de Ecologistas en Acción y asesor urbanístico de la gestora de Marbella, Javier de Luis.
Como reconoce el catedrático de Botánica Baltasar Cabezudo, además del mencionado título, "todo el texto estatutario está repleto de positivas referencias medioambientales". La protección del medio ambiente ya se consideraba un objetivo básico de la comunidad en el Estatuto vigente, pero en el nuevo texto se hace una formulación más profunda. El artículo 10, entre otros objetivos de la comunidad, señala "la mejora de la calidad de vida de los andaluces y andaluzas mediante la protección de la naturaleza y del medio ambiente, la adecuada gestión del agua y la solidaridad interterritorial en su uso y distribución, junto con el desarrollo de los equipamientos sociales, educativos, culturales y sanitarios, así como la dotación de infraestructuras modernas".
En el nuevo texto, el medio ambiente gana categoría de derecho y obligación para los ciudadanos. Así, el artículo 28 establece que "todas las personas tienen derecho a vivir en un medio ambiente equilibrado, sostenible y saludable, así como a disfrutar de los recursos naturales, del entorno y del paisaje en condiciones de igualdad, debiendo hacer un uso responsable del mismo para evitar su deterioro y conservarlo para las generaciones futuras, de acuerdo con lo que determinen las leyes". Además, "se garantiza este derecho mediante una adecuada protección de la diversidad biológica y los procesos ecológicos, el patrimonio natural, el paisaje, el agua, el aire y los recursos naturales".
Uno de los avances más significativos es en la definición de los principios rectores de las políticas públicas, entre los que enumera el respeto al medio ambiente, y "el impulso y desarrollo de las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética". Pero además figura también lo que, en opinión del presidente del consejo superior de Colegios de Arquitectos de España, Carlos Hernández-Pezzi, puede considerarse ejemplo del progresismo del nuevo texto: "El uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación y promoviendo el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas".
Hernández-Pezzi considera el nuevo Estatuto "el texto más innovador en materia de sostenibilidad y calidad de vida, para una comunidad en la que hay aún grandes posibilidades de hacer un desarrollo sostenible, con energías renovables y un uso racional de recursos como el agua y el suelo". "Es una base para una política estratégica más coherente que muchas legislaciones estatales", concluye.
En el caso concreto del urbanismo hay un gran avance del actual al nuevo texto. El Estatuto vigente se limita a enumerar, entre las competencias exclusivas de la comunidad, la "política territorial: ordenación del territorio y del litoral, urbanismo y vivienda". De esa declaración de principios, se pasa a una definición mucho más compleja y específica, y se abordan problemas que la experiencia acumulada en estos 25 años ha obligado a tratar, dejando bien sentadas las atribuciones que corresponden a la comunidad autónoma y que en los últimos tiempos se han puesto en entredicho desde algunas posiciones.
Las competencias exclusivas en urbanismo se detallan ahora en el artículo 56 con 10 puntos diferentes, entre los que cabe destacar el tercero. En este punto queda claro que la Administración andaluza es competente en la regulación del régimen urbanístico del suelo; en el planeamiento y gestión urbanística; en la política del suelo y vivienda y en la protección de la legalidad urbanística, "que incluye en todo caso" la inspección urbanística o las órdenes de suspensión de obras y licencias.
El título VII, dedicado monográficamente al medio ambiente, contiene 12 artículos relativos a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, la producción y el desarrollo sostenible, los residuos, el desarrollo tecnológico y biotecnológico, la prevención de incendios forestales y la lucha contra la desertificación, la protección ante la contaminación, el desarrollo rural, el uso eficiente del suelo y sistemas integrales de transporte, la utilización racional de los recursos energéticos, la protección de los animales y los incentivos y medidas fiscales.
En ellos se obliga a las administraciones públicas a impulsar medidas de ahorro y eficiencia energética, al desarrollo de energías renovables y limpias, a compatibilizar el desarrollo económico con la protección del medio ambiente, o a evitar los desequilibrios de población entre distintos territorios.
Baltasar Cabezudo destaca del nuevo Estatuto "la inequívoca apuesta por la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de nuestros recursos naturales y energéticos".
El País - 05/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/andalucia/apuesta/medioambiental/elpepuespand/20070205elpand_5/Tes
Apuntes del nuevo Estatuto de Andalucía
Hacienda pide los planeamientos urbanísticos de 200 Ayuntamientos
L.A.* : "Hacienda pretende conocer los grandes planeamientos urbanísticos de España antes de que comiencen a desarrollarse. Con ese objetivo, la Agencia Tributaria mandó el año pasado 200 requerimientos a ayuntamientos para que le remitiesen sus proyectos urbanísticos, una iniciativa que continuará este año.
La lucha contra el fraude inmobiliario requiere seguir la pista de los proyectos desde el principio.
El director de Inspección de la Agencia Tributaria, Carlos Cervantes, explicó ayer que los principales incrementos en el precio del suelo se producen en el proceso de recalificación, cuando un terreno pasa de ser rústico a urbanizable. Por ese motivo la Agencia está intentando controlar esos procesos desde su inicio y ha demandado información a los ayuntamientos con los mayores planeamientos urbanísticos del país. El año pasado se produjeron 200 requerimientos y este año continuará la tendencia. Cervantes explicó esos detalles en una jornada sobre fiscalidad organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica.
Los grandes proyectos urbanísticos están concentrados en pocos municipios. Unos 800 (el 11% del total) contienen el 80% de los inmuebles que existen en España, según datos del Catastro. Dirigirse a los de mayor desarrollo urbanístico implica, por tanto, tener una imagen bastante ajustada de cómo evoluciona el paisaje urbano del país. Además, Hacienda solicitará información a las juntas de compensación, órganos que constituyen grupos de propietarios de suelo rústico para gestionar su urbanización. El año pasado se efectuaron 2.000 requerimientos.
Fiscalidad 'verde'
En fiscalidad, el secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, señaló que este año se planteará una propuesta de fiscalidad verde para vincular el pago de impuestos con el nivel de contaminación de cada contribuyente. Aunque aún está por definir, el impuesto de matriculación es "candidato natural" a esa reforma fiscal, que consistirá, según Ocaña, en subir el impuesto a algunos contribuyentes y bajarlo a otros, sin elevar en conjunto la presión fiscal. Se trata de "que haya mayor correlación entre lo que se paga y lo que se contamina", lo que trasladado al impuesto de matriculación implica que los vehículos de mayor cilindrada paguen más y el resto menos.
El País 06/02/07
http://www.elpais.com/articulo/economia/Hacienda/pide/planeamientos/urbanisticos/200/ayuntamientos/elpepueco/20070206elpepieco_10/Tes
Apagón mental
A.GARCÍA RECHE* : "Todo al revés. Se apagan las luces para protestar por la pusilánime y negligente actitud de las autoridades políticas ante el cambio climático, y resulta que estas se suman a la protesta ¡contra ellas mismas!
O sea que mientras los responsables de la cosa asfaltan humedales, promueven trasvases, iluminan hasta la exageración las ciudades y pasan olímpicamente de Kioto, ellos apagan la Ciudad de las Ciencias y las Artes para exigir (¿a quién?) que se tomen medidas contra el calentamiento global.
El grado de cinismo que hemos alcanzado no tiene precedentes.
Llegará el día en que los propios políticos que mandan nos convocarán a manifestaciones en su contra a través de un SMS y, lo que todavía es peor, estarán dispuestos a ir en la cabecera de la misma. Lo verán.
Eso sí, reconozcamos al menos que se trata de una estrategia inteligente. Si la confusión aumenta entre los ciudadanos cada vez será más difícil reconocer a los verdaderos culpables de cada cosa. Y si no hay culpables, ya se sabe, tampoco hay responsables. Por eso admiro tanto a González Pons, un Consejero del Territorio tan locuaz como cachondo, quien después de 12 años de política urbanística depredadora ejecutada por su propio partido, ahora aparece de pronto como el adalid del paisaje, la fauna autóctona y el medio ambiente. Talmente como si la cosa no fuera con él.
No es tan extraño como parece, hasta el propio Bush se está haciendo progresista en estas cosas. Miren si no lo preocupado por el medio ambiente que se ha mostrado en su último discurso. Es verdad que por no firmar, no firma ni Kioto; pero preocupado, lo que se dice preocupado, sí está el hombre. Todo el mundo sabe cuál fue la excusa que puso en su día para no hacerlo: cumplir el protocolo le costaría mucho dinero a EE UU. Esa fue la expresión del gran estadista. Y muchos americanos se lo creyeron, a pesar del desastre de Nueva Orleans. El problema es que ahora el New York Times ha sacado a la luz las cifras de la guerra y resulta que EE UU se va a gastar 1,2 billones de dólares (el equivalente al PIB de España en 2008) en Irak. Según los cálculos del mismo periódico, con ese dinero habría sanidad universal para todos los norteamericanos sin cobertura sanitaria, podrían escolarizarse a los niños de 3 años, vacunar a todos los bebés del mundo, invertir 6.000 millones de dólares en la investigación contra el cáncer y desarrollar las recomendaciones de la Comisión del 11/S en materia de seguridad. Y todo a cambio de renunciar a una guerra tan mentirosa y ridícula, como inútil. El NYT no lo dice, pero los gastos derivados del cumplimiento de Kioto son infinitamente menores. Pero eso ¿a quién le importa realmente?
Desde un punto de vista más doméstico hay que decir que la confusión también está llegando al mundo turístico. Los operadores de la cosa acaban de informar de que la gente empieza a desplazarse al norte de Europa, incluso fuera de la temporada estival, gracias al aumento de temperaturas propiciadas por el Cambio Climático. Ciudades como Estocolmo, Copenhague, Oslo y otros países bálticos se han llenado de turistas españoles en Navidad. Y al parecer la cosa va a más. Entonces la cuestión es: si el deshielo polar va a provocar una elevación del nivel del mar en más de medio metro, con un retroceso estimado de las playas en torno a 20 metros, y las olas de calor en el Mediterráneo pueden rozar los 50 grados en las próximas décadas, qué va a pasar con nuestro turismo de sol y playa caracterizado por el clima suave y templado. No se sabe, pero por de pronto existe un riesgo cierto sobre las construcciones de primera línea: sus precios caerán. En Fitur no se ha hablado de esto, pero todos sospechan que en algún momento tendrán que hacerlo.
Aunque ya les aviso desde ahora, a las autoridades políticas esto les importa un bledo: Si las cosas se complican ellos serán los primeros que se sumen a las protestas. El objetivo final es conseguir que el ciudadano de a pie crea que esto del calentamiento global es un castigo divino a la raza humana más bien que un comportamiento irracional impropio de esta. O sea, un apagón mental de tal magnitud que sitúe el problema en el terreno de los curas y de las plegarias, desde donde nunca debió salir. Lo conseguirán, no lo duden.
El País, 06/02/2007
http://www.elpais.com/articulo/Comunidad/Valenciana/Apagon/mental/elpepuespval/20070206elpval_9/Tes
Los planes urbanísticos se podrán consultar en Internet
CIBERSUR* : "El objetivo de esta iniciativa es que los ciudadanos puedan acceder a través de Internet a los planes urbanísticos de sus municipios, con lo que se potenciará la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico. Además, las actuaciones que se pongan en marcha en el marco del Programa de Impulso de la introducción de las TIC desempeñarán un claro papel tractor en la incorporación de las empresas del sector (estudios de arquitectos, promotoras, etc) a la Sociedad de la Información.
El ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos, el director general de Red.es, Sebastián Muriel, y el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Heliodoro Gallego, han firmado un convenio de colaboración para la puesta en marcha de la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal. El objetivo del programa es aumentar de este modo la transparencia en la gestión pública del sector urbanístico.
El convenio firmado hoy establece las condiciones de colaboración en la primera fase del Programa de Impulso de la introducción de las TIC en la gestión urbanística municipal, que constará de la realización de un estudio y de una serie de actuaciones piloto que aporte los datos necesarios para la realización del estudio. Red.es destinará un máximo de 1,5 millones de euros a la realización de las actuaciones previstas en el convenio.
El estudio analizará la situación actual de la introducción de las TIC en la gestión urbanística y abordará diferentes cuestiones. Por un lado explorará las necesidades actuales de los ayuntamientos (con especial énfasis en los municipios pequeños) a la hora de implantar una herramienta SIG (Sistemas de Información Geográfica) y poner a disposición de los ciudadanos, a través de Internet, los planes urbanísticos vigentes.
Asimismo, el estudio detectará las barreras existentes para la puesta a disposición a través de Internet de los planes urbanísticos municipales y formular iniciativas para la eliminación de dichas barreras. Además servirá para proponer medidas que fomenten la implantación efectiva de las TIC en la gestión urbanística municipal y posibilitará el detalle de un plan de acción para cada medida identificada: objetivos, agentes involucrados, calendario de actuaciones, presupuesto…
En cuanto a las actuaciones piloto, se realizará una convocatoria pública para la realización de un máximo de 10 proyectos a la que podrán presentarse los municipios que estén interesados. En la elección de los municipios se tendrá en cuenta el criterio de pertenencia a regiones susceptibles de recibir financiación procedente de los fondos FEDER.
Una vez finalizado el estudio, se firmará un nuevo convenio de colaboración que articulará la puesta en marcha y ejecución de la segunda fase del programa, relativa a la incorporación de las nuevas tecnologías en la gestión urbanística municipal. El objetivo de esta segunda fase será ayudar a los ayuntamientos en la implantación de un Sistema de Información Geográfica (SIG), en la digitalización del Plan Urbanístico con su correspondiente carga de datos en el SIG y su puesta a disposición a través de Internet.
Cibersur.com 2007-02-05 http://www.cibersur.com/modules.php?name=News&file=article&sid=7384&theme=Cibersur&ref=19
La futura crisis inmobiliaria en España
A.MONTERO SOLER* : "El Ministerio de la Vivienda sigue empeñado en tratar de convencernos de que el problema de la vivienda está a punto de solucionarse en nuestro país mientras que la OCDE acaba de advertir precisamente de lo contrario.
Con esa intención, el pasado viernes día 19 de enero convocó una rueda de prensa para informarnos de que el incremento del precio de la vivienda durante el año 2006 fue de, tan sólo, el 9,1% con respecto al año anterior. Un dato que los responsables de esa institución interpretan como de lo más esperanzador -pues de esperanzas se construye la política de vivienda de este país, como ya comenté en otro artículo.
Sin embargo, el dato por sí mismo ya es preocupante si se tiene en cuenta que más que triplica el incremento del IPC para el año 2006 y, por lo tanto, más que triplica la tasa de crecimiento de los salarios que, directa o indirectamente, suele estar vinculada a ese índice. Esto significa que mientras que, en el mejor de los casos, los salarios no perderán poder adquisitivo este año con respecto a otros bienes, sí que lo seguirán haciendo con respecto a la vivienda.
Si se desgranan los datos ofrecidos en la rueda de prensa del Ministerio puede apreciarse el excesivo grado de complacencia con la que desde esa institución se valora la situación de la vivienda en España. Casi todos los indicadores muestran una ralentización en su crecimiento con respecto al año anterior. Esto indica que, por fin, se está frenando la actividad en el mercado inmobiliario.
Pero, precisamente, esa situación de desaceleración del mercado inmobiliario combinada con otros datos que están apareciendo publicados estos días es lo que debería tener a todo el Ministerio temblando por el previsible futuro que se nos avecina.
Y es que el problema de la vivienda en España ya no es única y exclusivamente el problema derivado de la evolución del precio de la vivienda.
Entiéndaseme bien. El precio, evidentemente, sigue siendo un problema para quienes hasta ahora no han podido comprar una vivienda y que, además, ahora difícilmente van a poder adquirirla dado el nivel alcanzado por dicho precio pero, también, dado el progresivo encarecimiento de la financiación para su adquisición.
Es por ello que no se entiende tanta satisfacción por parte del Ministerio en relación con la contención de los precios: sí, está bien que los precios crezcan menos que en el periodo anterior pero esto soluciona muy poco a casi nadie porque se han situado a unos niveles que lo convierten en un bien inaccesible para la población que, precisamente, hasta ahora no ha podido acceder a él.
Lo que resulta realmente preocupante es que el problema del precio de la vivienda haya transmutado, haya síntomas de que está cambiando su naturaleza y desde el Ministerio de la Vivienda no se comiencen a lanzar voces de alarma y a instrumentarse medidas de contención para el caso en que se presentara una crisis.
Endeudados pero ricos
En efecto, por un lado, nos encontramos que la ralentización en la evolución del precio de la vivienda –que tan pomposamente destaca el Ministerio como si, por otra parte, fuera mérito propio- indica de forma inequívoca una caída de la demanda en el mercado unida a una oferta que se mantiene casi constante.
Una gran parte de la explicación de esa caída de la demanda se encuentra en la subida que vienen experimentando los tipos de interés y, por consiguiente, en el aumento del precio de la financiación hipotecaria y su menor disponibilidad. De hecho, la mayor parte de los estudios empíricos realizados al respecto indican que la evolución del mercado de la vivienda en España se justifica, en gran medida y junto a otras variables, por la reducción de los tipos de interés de los años precedentes que los situaron en niveles históricamente bajos.
Por lo tanto, es normal que en estos momentos en los que se está produciendo el alza de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo, la subida esté comenzando a repercutir sobre la demanda de viviendas y, por ende, sobre su precio, contribuyendo a su ralentización.
Pero esa subida de los tipos de interés tiene connotaciones que van más allá de los efectos sobre el precio que al Ministerio de Vivienda le ha interesado resaltar y que se convierten en el eje del nuevo problema relacionado con la vivienda que estoy tratando de explicar.
Y es que, gracias a esos tipos de interés históricamente bajos, el endeudamiento de las familias españolas había llegado, también, a niveles históricamente altos. Así, su deuda con las entidades financieras superaba a finales del mes de octubre del pasado año los 750.000 millones de euros (lo que equivale al 107% de su renta disponible anual) y, de esa cantidad, 550.000 millones correspondían a deuda hipotecaria. Además, a pesar de que la tasa de crecimiento del número de préstamos hipotecarios concedidos para la compra de una vivienda se ha ido reduciendo durante los últimos meses, el importe medio de las hipotecas sigue elevándose; como también lo sigue haciendo el esfuerzo financiero que deben realizar las familias para adquirir una vivienda y que ya llega al 42,1% de su renta bruta anual disponible, la tasa más alta desde marzo de 1996.
Este aumento del endeudamiento ha tratado de camuflarse desde instancias gubernamentales argumentando por una doble vía. En primer lugar, reconociendo que, si bien es cierto que las familias españolas se encuentran más endeudadas que nunca en su historia, su nivel de endeudamiento es de los menores de la OCDE (el viejo recurso de “sí, nosotros estamos mal; pero los otros están peor”). Y, en segundo lugar, destacando que la subida del precio de la vivienda ha aumentado el nivel de riqueza de las familias hasta el punto que ésta se ha duplicado en 10 años y equivale ya a 9 veces su renta anual.
El hecho de que el aumento de la riqueza de las familias obedezca a la subida del precio de la vivienda tiene, a su vez, una connotación importante. Y es que se produce una elevada concentración de la riqueza de esas familias en un único activo: el 75% de la riqueza de las familias españolas está concentrada en la vivienda, el porcentaje más alto de la OCDE (adviértase que, por ejemplo, en el Reino Unido la riqueza financiera y no financiera se reparte a partes iguales).
El problema que genera la concentración de la riqueza casi exclusivamente en activos inmobiliarios es que éstos son muy poco líquidos y, por lo tanto, en situación de necesidad puede resultar muy complicado monetizarlos. Y ahí empiezan los problemas.
Ricos pero morosos
La subida de los tipos de interés iniciada por el Banco Central Europeo -que los ha llevado actualmente hasta el 3,5%- no tiene visos de detenerse, según se desprende del último boletín publicado por la institución. En el mismo se destaca que los tipos de interés continúan situados en niveles bajos en una situación en la que el crecimiento monetario y del crédito es muy dinámico en un contexto de abundante liquidez y que, para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo, es necesario actuar con firmeza en el momento oportuno.
Si a estas advertencias se le unen las palabras en el mismo sentido del gobernador de la institución, Jean-Claude Trichet, tras la última reunión del Consejo de gobierno del BCE, todo parece apuntar a que los tipos de interés volverán a subir a partir del mes de marzo.
Con lo cual, lo previsible es que las hipotecas continúen encareciéndose como vienen haciéndolo sin interrupción desde hace 15 meses. De hecho, el Euríbor, que es el tipo de interés de referencia para los préstamos hipotecarios, llegó en el mes de diciembre al 3,92%, su nivel más elevado desde mayo de 2002.
Este índice experimentó a lo largo del año pasado una subida acumulada de más de 1,13 puntos, la mayor en un ejercicio desde que se creó en 1999. Esto se traduce, básicamente, en que la cuota mensual de una hipoteca media contratada a tipo de interés variable a 25 años que se revisara a principios de este año se vería incrementada en torno a un 14,5%.
En este contexto de elevadísimo endeudamiento familiar en donde, además, la carga de la deuda se ha alargado en el tiempo, pues las hipotecas se conceden cada vez a más años, la continuidad de la política de elevación de los tipos de interés por parte del BCE puede tener efectos devastadores sobre la economía española.
Sin embargo, para nuestros ministros de la Vivienda, Trujillo, y de Economía, Solbes, todas las advertencias de que esta situación se pudiera encontrar cercana emitidas por instituciones tan diversas como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo, el Relator de las Naciones Unidas para la Vivienda o el Comisario europeo de Economía y Finanzas caen en saco roto.
Sin embargo, bien harían estos ministros en atender tanto a esas advertencias como a los datos que parecen indicar que el riesgo potencial pudiera encontrarse más próximo de lo que todos quisiéramos.
En efecto, según los últimos datos aportados por el Banco de España, las familias han comenzado a dejar de pagar hipotecas y créditos al consumo hasta tal punto que las cuotas impagadas de los créditos hipotecarios se han incrementado un 26% en el último año. De hecho, por primera vez desde el año 2000 los impagos hipotecarios crecen más deprisa que la concesión de nuevos créditos.
Pero, lo que es más grave, las perspectivas son de un progresivo empeoramiento. Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros, un 70% de las cajas prevé que aumente la morosidad en sus créditos en los próximos meses y ninguna prevé que se reduzca.
Si el panorama que se avecina es de un incremento de la morosidad, la que puede ser considerada como la solución particular más expeditiva –la venta de la vivienda para atender a las obligaciones financieras contraídas-, en el caso en que fuera aplicada masivamente por los propietarios, podría acabar dando lugar a un problema social y económico de primera magnitud.
En ese caso, el aumento de la oferta de viviendas provocaría la reducción de su precio y, con ello, el hundimiento del mercado inmobiliario. Ese hundimiento acabaría contagiándose a los mercados financieros si la caída generalizada del precio de los activos inmobiliarios situara el valor de las garantías colaterales de los préstamos hipotecarios –esto es, de las viviendas- por debajo del valor de la deuda contraída para la financiación de su compra. Una posibilidad que tampoco hay que descartar porque, de hecho, y según estimaciones del Banco de España, el precio de la vivienda en el mercado español ya se encuentra sobrevalorado en casi un 20% mientras que las estimaciones de la OCDE recién publicadas, afirman que lo está en más de un 30%. La crisis estaría servida.
Es por ello que el problema de la vivienda, en este contexto de expectativas de nuevas subidas de los tipos de interés e incremento de la morosidad, sigue siendo el del precio. Pero, ahora, el problema reviste una doble dimensión: es el problema del precio excesivamente elevado para los que no tienen vivienda ni perspectivas de acceso a la misma; pero también es el problema que podría tener lugar si, como está ocurriendo en Estados Unidos, los precios de la vivienda comenzaran a reducirse al tiempo que el coste de la deuda se eleva.
Mientras aparecen indicios de que ese escenario no puede ser descartado a medio plazo, el Ministerio se limita a congratularse de que las viviendas se encarecen pero menos. Y es que ya lo dice la sabiduría popular: no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Alberto Montero Soler (amontero@uma.es) es profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Málaga y colaborador habitual de Rebelión. Puedes visitar su blog “La otra economía” en la página de elotrodiario.com
REBELION.ORG 25/01/07 :"Despierte, ministra, que el problema ya es otro"
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=45381
El mercado inmobiliario comienza a hacer aguas por la Costa
RAMÓN ARAGONÉS* : "Tras casi una década de boom y esplendor en los inmuebles de sol y playa, la sombra del ocaso inmobiliario comienza a extenderse con intensidad por la costa española.
Las inmobiliarias que operan en ese mercado han comenzado a lanzar los primeros S.O.S. por el fuerte estancamiento en la venta de los apartamentos, especialmente aquellos que superan los 200.000 euros, cuya colocación entre compradores empieza a convertirse en una misión casi imposible. Las firmas más innovadoras han comenzado a lanzar rebajas, mientras otros culpan del parón a los escándalos inmobiliarios de Marbella, Mallorca y otros municipios. Los más pesimistas se preguntan si es posible que estemos asistiendo ya en la costa a los primeros embates del tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria.
Los expertos no se atreven a llegar tan lejos pero advierten que el cóctel formado por los altos precios alcanzados por los inmuebles de costa en los últimos años, la huida masiva de los extranjeros ante el nacimiento de otros mercados más atractivos y la progresiva subida de tipos puede llegar a ser peligroso. “Muchos inversores dudan ya si les resulta rentable invertir importes tan altos de dinero para disfrutar un mes del inmueble en verano, sobre todo teniendo en cuenta que con las altas valoraciones actuales ya es difícil obtener plusvalías interesantes” apuntaba hace unos días a INVERTIA el propietario de una agencia inmobiliaria situada en la provincia de Málaga.
La base del problema está, como advierte el consejero delegado de la consultora Roan, en los desorbitantes precios que tienen ya los activos del litoral, que hacen imposible encontrar apartamentos por debajo de los 2.000 euros por metro cuadrado. “Las promotoras que sacan viviendas o apartamentos a 1.500 metros cuadrados como precio máximo todavía arrasan, pero claro de eso queda poco y lo normal es que las nuevas promociones superen con creces los 2.200 y hasta los 2.500 euros por metro cuadrado”.
Hace unos días, el responsable del servicio de estudios de BBVA, José Luis Escriva, ponía el dedo sobre la llaga y se atrevía incluso a presagiar caídas durante este año 2007 en el valor de las viviendas en algunas ciudades de costa. En concreto, preguntado sobre si había constatado problemas de calado en la comercialización de inmuebles en las zonas de playa admitió que algunas ciudades de mar sufrirían un parón significativo que podría acarrear incluso destacadas bajadas en los precios en este y en próximos ejercicios.
Huida de inversores extranjeros y españoles
La consultora RR Acuña & Asociados cifra el alargamiento actual en los plazos de ventas de inmuebles en “casi tres años” y estima que empeorará aún más en 2007. La situación se está viendo además agravada por la marcha acelerada del sector de compradores institucionales de viviendas, entre ellos grandes grupos financieros, que en los últimos años se habían posicionado fuertemente en la costa con la compra de complejos de apartamentos y que ahora, sin embargo, han decidido cerrar el grifo. “Desde hace dos años asistimos a un abandona progresivo de los grupos institucionales, que antes buscaban continuamente inmuebles y ahora ven el mercado agotado y temen cerrar operaciones difíciles de rentabilizar” explica a esta web financiera el responsable de un gran banco que prefiere no facilitar su identidad.
Y no solo los inversores institucionales están dando la espalda al mercado español. Según admiten numerosos expertos, los inversores particulares europeos y, en menor medida los españoles, miran cada vez con más interés hacia otras plazas turísticas emergentes, con precios más asequibles y unos niveles de seguridad política y económica aceptables. Es el caso de países como Marruecos, Croacia, Turquía y Chipre.
“En esos nuevos mercados mediterráneos, además de precios mucho más bajos, los compradores encuentran cada vez mejores equipamientos, una buena estabilidad política y más exotismo, con lo cual no se lo piensan dos veces” sostiene José Luis Marcos, de Roan Inmobiliaria.
Los responsables de Asprima, en cambio, no coinciden con este planteamiento y aseguran que estos nuevos destinos turísticos europeos no compiten con la costa española ya que no cuentan con el mismo nivel de infraestructuras y porque tampoco ofrecen los mismos niveles de seguridad y calidad que España.
Sin embargo, los datos sobre la huida de inversores extranjeros hablan por sí solas. Según el Banco de España, la inversión extranjera en bienes inmuebles en España se situó en 4.002 millones de euros hasta octubre de 2006, lo que supone un descenso del 12,1% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, cuando alcanzó los 4.555 millones de euros. En cambio, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó, y pasó de 997 millones de euros en 2005 a 1.822 millones el pasado año.
En concreto, mientras que en 2003 la tasa interanual de la inversión extranjera en inmuebles creció un 17,2% y representó el 0,90% del PIB, un año más tarde la tasa fue negativa en un 6% y el ratio sobre el PIB fue tan sólo el 0,79%.
Pero fue en 2005 cuando la inversión extranjera en inmuebles tuvo el descenso más acusado, con una caída del 16,7% y un porcentaje respecto al PIB del 0,61%. Mientras que la inversión extranjera en inmuebles ascendió en 2003 a 7.072 millones de euros, un año más tarde fue de 6.650 millones y dos años más tarde, en 2005, de 5.538 millones de euros. En claro contraste con estos datos se comportan las inversiones efectuadas por los españoles en inmuebles en el exterior.
Sólo en septiembre, la inversión española en viviendas en el extranjero ascendió a 183 millones de euros, el 22,82% más. La inversión española en inmuebles en el extranjero ha crecido de manera exponencial en los últimos años, al pasar de 385 millones de euros en 2003, a 812 millones en 2004, y a 1.525 millones en 2005.
Además del surgimiento de mercados alternativos y las nuevas alternativas geográficas, desde la patronal Asprima se apunta otro elemento que está limitando la inversión en la costa, como son las nuevas normativas de protección medioambiental y leyes de costa, que han provocado ciertos limites.
Rebajas y regalos encubiertos
Algunas promotoras han sabido ya ver las orejas al lobo y han comenzado a actuar. La firma Foro Consultores ha detectado un fenómeno que cada vez se extiende más entre los promotores del litoral y consiste en ofrecer a los clientes “regalos” que enmascaran bajadas encubiertas de precio en el inmueble de entre 3.000 y 6.000 euros. Entre estos regalos se incluyen el entregar equipadas zonas que tradicionalmente se daban vacías como el garaje, zonas de juegos o el jardín, y que sirven de gancho para atraer a un mayor número de clientes.
Otras inmobiliarias se han inventado rebajas y promociones. Es el caso de la cadena estadounidense Re/max, de gran implantación en todo el territorio español y de la inmobiliaria andaluza Aifos, una de las líderes en la comercialización de segunda residencia en nuestro país.
Dichas rebajas, que han utilizado como referencia el mes de enero, por ser el utilizado tradicionalmente por el comercio minorista, permiten descuentos de entre el 4 y el 6% de media y pueden llegar a alcanzar el 26% en algunas viviendas de lujo.
El propio presidente de Re/max, Javier Sierra, reconocía a INVERTIA hace unas semanas que estas rebajas llegan en momentos en los que comienzan a endurecerce las condiciones del mercado, especialmente en la segunda residencia de costa, y augura que se extenderá al sector en los próximos años.
En definitiva, según José Manuel Galindo, secretario general de esta asociación que agrupa a los promotores inmobiliarios, la costa española tendrá que acostumbrarse a incorporar más valor añadido y servicios de distinta índole, como campos de golf, zonas de ocio, etc si no quiere ir cediendo posiciones en el ránking mundial de sol y playa.
PRECIO MEDIO DE VIVIENDA NUEVA EN POBLACIONES DE COSTA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2006
COMUNIDAD
MUNICIPIO
Precio Medio (euros m/2)
Incremento 2º Semestre
Incremento Anual
ANDALUCÍA
ALMERIA
ROQUETAS DE MAR
ALGECIRAS
CADIZ
LINEA DE LA CONCEPCION (LA)
PUERTO DE SANTA MARIA (EL)
AYAMONTE
HUELVA
PUNTA UMBRIA
BENALMADENA
FUENGIROLA
MALAGA
MARBELLA
TORREMOLINOS
1.965
1.665
1.542
2.260
1.670
1.841
1.735
1.779
2.041
2.049
2.070
2.112
2.424
2.145
4,9%
5,2%
7,8%
5,7%
12,4%
7,5%
0,2%
2,7%
11,6%
1,8%
0,6%
2,4%
1,8%
2,5%
9,8%
11,7%
16,5%
13,4%
20,3%
17,1%
9,1%
8,2%
23,4%
7,3%
8,4%
9,9%
8,1%
6,4%
ASTURIAS
GIJON
2.063
1,4%
7,2%
BALEARES (ISLAS)
PALMA DE MALLORCA
CIUTADELLA DE MENORCA
MAHON
EIVISSA
2.369
2.010
2.031
2.197
5,9%
8,2%
0,3%
5,7%
11,4%
11,9%
9,2%
15,1%
CANARIAS
ARRECIFE
PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS)
TELDE
SANTA CRUZ DE LA PALMA
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1.650
1.849
1.652
1.353
1.790
0,2%
0,9%
1,7%
3,0%
2,4%
9,4%
9,3%
8,0%
8,5%
7,1%
CANTABRIA
SANTANDER
2.378
3,0%
9,9%
CATALUÑA
BEGUR
BLANES
CADAQUES
CALONGE
CASTELL-PLATJA DARO
ESCALA (L)
LLANÇA
PALAFRUGELL
PALAMOS
PALS
SANT FELIU DE GUIXOLS
TORROELLA DE MONTGRI
TOSSA DE MAR
ARENYS DE MAR
BADALONA
BARCELONA
CALELLA
CANET DE MAR
CASTELLDEFELS
CUBELLES
MASNOU (EL)
PRAT DE LLOBREGAT (EL)
GAVA
MALGRAT DE MAR
MATARO
PREMIA DE MAR
SANT ANDREU DE LLAVANERES
SANT ADRIA DE BESOS
SANT POL DE MAR
SITGES
VILADECANS
VILANOVAI LA GELTRU
VILASSAR DE MAR
ALCANAR
ALTAFULLA
AMPOSTA
CALAFELL
CAMBRILS
CREIXELL
CUNIT
DELTEBRE
VENDRELL (EL)
MONT-ROIG DEL CAMP
RODA DE BARA
SALOU
SANT CARLES DE LA RAPITA
TARRAGONA
TORREDEMBARRA
VANDELLOSI LHOSPITALET
2.156
2.404
2.515
2.062
2.496
2.108
1.985
2.012
2.214
2.066
2.202
1.896
2.171
2.800
2.985
4.192
2.454
2.261
3.029
2.221
2.884
2.690
2.890
2.155
2.862
2.920
2.440
2.663
2.318
3.125
2.875
2.387
2.672
1.480
2.342
1.470
2.320
2.071
1.992
2.110
1.373
1.979
1.986
2.127
2.063
1.632
2.261
2.144
1.889
10,0%
8,4%
12,3%
5,7%
2,9%
0,5%
1,8%
3,6%
5,9%
9,0%
5,1%
10,6%
0,2%
12,7%
7,3%
3,9%
10,2%
4,2%
2,6%
0,1%
4,7%
2,7%
0,2%
6,2%
8,2%
2,2%
4,9%
1,8%
4,1%
3,6%
5,6%
1,2%
0,2%
2,6%
9,6%
9,9%
10,7%
4,4%
11,0%
1,7%
11,2%
8,6%
0,4%
17,8%
3,4%
3,7%
4,8%
3,8%
0,9%
14,5%
13,9%
20,7%
7,5%
4,0%
9,5%
16,8%
6,1%
13,4%
18,3%
6,2%
15,5%
9,3%
19,9%
17,8%
13,3%
20,4%
21,9%
16,0%
14,4%
19,8%
12,3%
10,7%
21,8%
18,7%
9,4%
19,6%
10,5%
9,9%
7,8%
14,4%
10,5%
6,6%
5,2%
19,1%
25,3%
13,2%
8,6%
19,9%
10,6%
27,6%
17,8%
4,8%
28,5%
4,7%
13,7%
13,3%
12,4%
7,1%
COMUNIDAD VALENCIANA
ALICANTE/ALACANT
BENIDORM
ELCHE/ELX
SANT JOAN DALACANT
SANTA POLA
TORREVIEJA
BENICARLO
BENICASIM/BENICASSIM
CASTELLON DE LA PLANA
OROPESA DEL MAR/ORPESA
PEÑISCOLA
GANDIA
VALENCIA
1.874
2.380
1.510
1.470
2.021
1.765
1.811
2.037
1.806
1.850
1.990
1.670
2.211
1,8%
3,5%
2,0%
2,5%
0,3%
0,6%
0,1%
9,8%
4,6%
5,9%
4,1%
1,8%
6,7%
7,8%
11,0%
8,9%
6,5%
9,2%
3,8%
9,8%
18,7%
10,6%
15,6%
10,2%
11,4%
15,6%
GALICIA
FERROL
CORUÑA (A)
VIGO
1.317
1.919
1.899
5,4%
5,7%
4,5%
10,6%
11,9%
8,2%
MURCIA (REGIÓN DE)
CARTAGENA
1.740
0,9%
8,8%
PAÍS VASCO
DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
3.807
0,6%
6,2%
TOTAL (*)
2.488
3,6%
11,4%
Fuente: Sociedad de Tasación
Invertia.com 02/02/07
http://www.invertia.com/canales2/canal.asp?idcanal=655
Protesta por el urbanismo salvaje y la especulación en Fitur
Activistas de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio volcaron hoy frente a las puertas de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, 20 garrafas con aguas fecales del pantano de Molino de la Hoz de Madrid para denunciar "el urbanismo salvaje" y la especulación practicada, en su opinión, por las promotoras representadas en la feria.
El acto, que tuvo lugar al mediodía de hoy, se completó con el lanzamiento de 10.000 billetes de 500 euros con un extracto de la Coordinadora al dorso y el despliegue de pancartas gigantes con el lema 'Stop destrucción' y 'No a la ley del suelo'.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Jaime del Val, denunció que Fitur alberge a "algunas de las promotoras inmobiliarias más destructivas que hay en España y en el extranjero" y exigió a los organizadores de la feria que prohíban "la presencia de promotoras destructoras del territorio", en especial, aquellas que "promueven campos de golf".
Del Val explicó que la Coordinadora había elegido verter el agua del pantano del Molino de la Hoz como acto de protesta contra la especulación debido a la especial situación de degradación de la zona. "Es una urbanización totalmente rodeada por vertidos fecales, fruto del urbanismo salvaje", dijo.
Asimismo, el activista hizo extensible sus críticas al Ejecutivo, al que instó a emprender "medidas muchísimo más drásticas de las que viene emprendiendo en la actualidad contra el problema de la especulación, la corrupción y la destrucción asociada al urbanismo que hay en España", ya que, según indicó, "es el problema número uno del Estado español, por sus consecuencias sociales, medioambientales, culturales, económicas y políticas".
"Es imprescindible que se eliminen todas las figuras legales que favorecen la especulación en España, que es algo que no existe en ningún otro país y que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, se ha ido creando un Estado de excepción en política urbanística en España que es lo que ha generado esta burbuja inmobiliaria única en el mundo", enfatizó.
UNA NUEVA LEY DEL SUELO
Así, exigió una ley rápida que se aplique y que actúe, no como la actual, que, a su juicio, deja al "ciudadano y el territorio desamparados". Para esta organización, la actual Ley del suelo existente en España no es suficiente.
"El Gobierno está intentando vender la idea de que pretende erradicar la construcción donde existe el problema del urbanismo salvaje, cuando ni siquiera se elabora una alternativa económica para España que no sea el ladrillo", dijo.
La coordinadora del acto valoró el que "el turismo rural" se encuentra representado en la feria, pero criticó que el espacio dedicado a lo que él tachó de "destructores del territorio" sean mucho más amplios.
En referencia a la entrevista concedida por el Presidente del Gobierno al diario El País, aseguró que las declaraciones del presidente del Ejecutivo son "inaceptables", ya que, aseguró: "la construcción debe seguir creciendo en España como factor de riqueza". "Algo que se contradice cien por cien con la política que pretenden llevar a cabo para erradicar la corrupción", añadió.
Europa Press -Diario Metro, 04/02
http://www.metrodirecto.com/es/article/ep/2007/02/04/20070204142454/index.xml
Tirón de orejas a la política de vivienda
MARTA BELVER : "La política de vivienda española ha pasado por el quirófano de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Aunque el paciente no se encuentra en estado terminal, el diagnóstico final muestra algunas conclusiones preocupantes.
«Mientras algunas de las medidas adoptadas van en la dirección correcta, hay un amplio margen para la mejora», consideran en este organismo mundial, que aglutina a una treintena de países. «De hecho, algunas de ellas probablemente incrementarán los precios y dificultarán la capacidad de responder de forma ágil a la presión de la demanda», aseguran en su último informe, que elaboran cada año y medio o dos años.
Primer necesita mejorar: se debe incentivar aún más el acceso al mercado de arrendamiento. ¿Con qué receta? «Retirar paulatinamente el tratamiento fiscal favorable a la compra de vivienda haría factible convertir el alquiler en una alternativa más favorable», sugieren en la OCDE.
En segundo lugar, examen al incremento de las cesiones de terreno a los ayuntamientos por parte de los promotores inmobiliarios, que con la nueva Ley del Suelo (actualmente en tramitación parlamentaria) se incrementarán hasta un 15%. Según el análisis de la organización internacional, esta medida «implicará un incremento de los impuestos» sobre los solares.
Límites a la oferta
«Si se restringe la capacidad de los ayuntamientos para vender parte del suelo también se reducirían sus incentivos para facilitar nuevos desarrollos, limitando de hecho la oferta de terreno», apuntan en la entidad que dirige el mexicano José Ángel Gurria. Y agregan: «La disminución de este tipo de ingresos por parte de los gobiernos locales debería compensarse con el incremento de otras rentas que probablemente crearán menos distorsiones».
La OCDE también plantea sus dudas respecto a la reserva de suelo del 25% para inmuebles de protección oficial que prevé el texto legislativo elaborado por el Ministerio de Vivienda. Por un lado, prevé que la reducción de suelo para vivienda libre hará que se incrementen los precios en este segmento del mercado. En el capítulo de las conclusiones positivas, un mayor número de ciudadanos podrá acceder a casas asequibles.
Una cuarta objeción, ésta de corte jurídico. «La reforma de 2003 que pretendía agilizar la resolución de conflictos entre inquilinos y propietarios, mediante la creación de procedimientos judiciales más rápidos, no se ha implementado completamente», analizan en la asociación de cooperación internacional.
Según señalan, todavía no se han creado las oficinas especiales que, en una fase previa al proceso judicial, deberían recibir las reclamaciones y reenviárselas al tribunal para que emitiera el veredicto final y agilizar así el trámite. En la actualidad, este tipo de juicios tardan de media un año en resolverse.
¿Es útil la SPA?
La disección de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) cierra el capítulo de balance de las políticas de vivienda en España con una de cal y otra de arena. En primer lugar, la OCDE estima que «en una perspectiva a largo plazo no están claras las ventajas que una entidad pública tiene sobre una privada en el desarrollo de estas tareas». «De hecho, ya hay algunas instituciones locales y regionales que atienden este mercado y que han demostrado ser intermediarios exitosos sin intervención oficial», agregan.
No obstante, los responsables de la organización consideran que es demasiado pronto para sacar conclusiones, por lo que habrá que esperar a que la SPA dé más pasos antes de valorar su andadura. En todo caso, se recomienda que el sistema financiero comercialice la misma clase de seguros contra los daños que pueden causar los inquilinos en los pisos que ofrece la agencia pública.
El informe recoge otras consideraciones acerca del sector inmobiliario en España, entre ellas, que las viviendas están actualmente sobrevaloradas entre un 24% y un 32%. Asimismo, anuncian que existe cierto riesgo de una caída brusca del mercado residencial, lo que provocaría que los precios estuvieran devaluados durante años. Pese a activar el piloto de alarma, cree que lo más probable será un ajuste gradual.
El Ministerio de Vivienda ha declinado hacer comentarios al análisis de la OCDE a petición del suplemento SU VIVIENDA.
El Mundo, 2 de Febrero
4ª Asamblea de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio
La especulación urbanística, por sus implicaciones sociales, medioambientales, culturales, económicas y políticas, es el problema más grave del estado español.
La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio convoca a todas los ciudadanos y grupos preocupados por el desarrollo urbanístico y la corrupción en el territorio español a su 4ª ASAMBLEA ESTATAL a celebrar en Madrid el Sábado 3 de febrero de 2007.
Invitamos a todos los individuos, asociaciones, plataformas ciudadanas, ecologistas y culturales, grupos de investigación, profesionales y otros asentados en cualquier punto del territorio (salvo partidos políticos, empresas, y sindicatos mayoritarios) a adherirse a las próximas campañas estatales
POR UNA VIVIENDA DIGNA – EN DEFENSA DEL TERRITORIO
TODOS JUNTOS PODEMOS PARARLOS
Cuándo
Les invitamos a participar en la 4ª Asamblea Estatal de la Coordinadora, que se celebrará el sábado 3 de febrero en Las Rozas de Madrid, paradigma del urbanismo salvaje en la Comunidad de Madrid, uno de los municipios que más han crecido y que más quiere crecer en los próximos años, paradigma de ciudad segregada de urbanizaciones.
Dónde
Sala de actos de la Asociación de Vecinos de la urbanización Molino de la Hoz - junto al restaurante de la asociación - carretera del Escorial km. 8. (M505) – (a la entrada de la urbanización junto al pantano, C/ Camino Real 2.)
El Molino de la Hoz es una de las urbanizaciones históricas, de los años 60, es la más contaminada por vertidos fecales de la Comunidad de Madrid, totalmente rodeada por dos ríos y un pantano altamente contaminados, producto del urbanismo salvaje.
nosevende.org
http://nosevende.org/wiki/index.php?title=Portada
20 razones para sumarnos hoy al apagón global
Asociaciones de todo el mundo proponen un "apagado global" para llamar la atención sobre el problema del derroche energético.
¿Por qué hay que apagar la luz?
El grupo ecologista francés Alianza por el Planeta ha lanzado la propuesta de realizar un apagón masivo de 5 minutos hoy Jueves 1 de Febrero desde las 19:55 hasta las 20:00 horas para alertar a los ciudadanos, a los medios y, sobre todo, a los partidos políticos sobre el problema del derroche energético.
El grupo ha elegido el día 1 de febrero para el apagón porque esa será la fecha en la que un grupo de expertos intergubernamentales presentará en París un nuevo informe de las Naciones Unidas sobre la evolución del clima.
¿Por qué hay que apagar la luz?
Actualmente el cambio climático es el causante de:
* 1. Incendios. El caso más reciente sucedió en agosto pasado en Galicia, donde, según los expertos, el cambio climático está relacionado en un 80% con el aumento de grandes fuegos. Allí también se está produciendo un aumento sustancial de la variabilidad, es decir, que largas etapas de sequía vienen seguidas de inundaciones muy fuertes.
* 2. Aumento del deshielo y del nivel del mar, que ha subido una media de 0,8 milímetros al año desde 1961. De hecho, Indonesia podría perder unas 2.000 islas de aquí al año 2030, ya que los niveles de mar crecerían unos 89 centímetros en ese año.
* 3. Reducción de la capa de ozono.
* 4. Subida de las temperaturas. Un aumento de la temperatura de la Tierra superior a dos grados haría "incontrolables" las consecuencias del cambio climático.
* 5. Terrorismo. El cambio climático podría exacerbar la división entre ricos y pobres y contribuiría a radicalizar a la población y fomentar el terrorismo en los países más afectados.
* 6. Descenso del turismo. Los desplazamientos estacionales de ciudadanos del norte de Europa que ahora se decantan por países mediterráneos para pasar sus vacaciones podrían cambiar sus destinos con el previsible aumento de la temperatura que acarrea el cambio climático.
* 7. Pérdida de productividad de las cosechas. Esto sucederá en los países del Sur.
* 8. Aumento de muertes. Se incrementará el número de fallecidos anuales derivados de las altas temperaturas.
* 9. Extinción de especies. Por ejemplo, los osos polares y las focas están en riesgo por el deshielo anticipado del ártico.
* 10. Cambio en el comportamiento de animales. Cigüeñas y golondrinas ya no se marchan en invierno de Andalucía por las cálidas temperaturas.
* 11. Mayor virulencia de fenómenos naturales.
* 12. Pérdidas económicas. El coste de las sequías, tormentas, huracanes e inundaciones se situó en una cifra récord de 210.000 millones de dólares (165.000 millones de euros) en 2005, y tales pérdidas se cree que se duplicarían cada 12 años.
* 13. Congelación tardía y deshielo precoz de ríos y lagos.
* 14. Reducción de la riqueza de especies vegetales.
* 15. Afrontar los costes del Protocolo de Kioto. A España le costará entre 2.228 y 3.067 millones de euros en el periodo 2008-2012.
* 16. Cambios en el uso del suelo o alteraciones del hábitat. Se refleja en la fragmentación del territorio, en el desarrollo de vías de comunicación y todas las acciones que dividen los sistemas naturales, contribuyendo a la disminución de áreas naturales y perjudicando a los sistemas medioambientales.
* 17. Cambio en las estaciones. Por ejemplo, Galicia tendrá otoños más lluviosos, pero inviernos más secos.
* 18. Reducción de la productividad de las aguas marinas, y por tanto, de la pesca.
* 19. Sequías. Y una de sus consecuencias es el descenso de las reservas hidráulicas.
* 20. Adelanto de la hora del fin del mundo. Los científicos nucleares que regulan el llamado 'Reloj del Juicio Final' han adelantado sus manecillas para advertir al mundo que hay un mayor riesgo de hecatombe atómica o climática, y que se acerca la que llaman 'la Segunda Era Nuclear'.
20minutos.es
http://www.20minutos.es/noticia/197110/0/camapana/cambio/climatico/
El suelo supone ya dos terceras partes del precio final de la vivienda
M. LARRAÑAGA : "A pesar de que los precios de la vivienda están experimentando el «aterrizaje suave» tan deseado por todos los involucrados en el sector de vivienda y, particularmente, por los compradores, lo cierto es que el suelo no está contribuyendo en absoluto al menor crecimiento de los precios. Bien al contrario, si hace quince años, el coste del suelo suponía aproximadamente una tercera parte del precio final de una vivienda -porcentaje que en algunos lugares muy específicos podía llegar a la mitad-, en la actualidad supone ya las dos terceras partes del precio de una casa, según se desprende de un informe del Instituto de Práctica Empresarial (IPE).
El coordinador del estudio, José Antonio Pérez, señala que la tendencia al menor crecimiento del precio del producto final en conjunción con unas subidas en el precio del suelo que no experimentan la misma dinámica está produciendo un estrechamiento de los márgenes de los promotores, que «ya están invirtiendo en terreno en Polonia o Iberoamérica porque las ganancias obtenidas vendiendo 40 casas en España no les dan ya para comprar suelo para otras cuarenta, sino para bastantes menos».
Pero esta dinámica no parece que vaya a concluir a corto plazo. De hecho, la encuesta realizada por el IPE entre más de dos mil ex alumnos que ahora desarrollan su labor en el sector inmobiliario refleja que la opinión mayoritaria es que el precio del suelo va a seguir subiendo este año en mayor proporción que el de la vivienda final. De hecho, suponen que las casas subirán un 7,33% y que el suelo lo hará en un 8,55%.
A pesar de que el porcentaje de los que piensan que el suelo mantendrá su tendencia al alza exactamente igual que hasta ahora ha bajado, lo cierto es que los promotores estiman que los precios del suelo finalista no van a caer a corto plazo.
El 42% de las respuestas indican que los suelos urbanos consolidados seguirán encareciéndose como hasta ahora, y el 49% apunta a una subida más moderada, frente a sólo un 1% que piensan que pueden bajar.
«A medida que se van cumpliendo hitos en la transformación de un suelo, los promotores están dispuestos a pagar más por él», subraya José Antonio Pérez.
Por eso, las previsiones de subidas son mayores para el suelo urbano consolidado y para el urbanizable con plan parcial final aprobado, mientras que para el rústico sin protección los promotores son más proclives a prever subidas más moderadas en los precios.
Pero a estos datos se une una explicación de José Antonio Pérez que permite suponer que será muy complicado poner fin a la subida de los precios del suelo, a pesar de que se vaya a promulgar una nueva Ley para regularlo. «Los presupuestos de los ayuntamientos españoles suman 45.000 millones de euros», sentencia Pérez, que explica que «este es el dinero que necesitan para dar a los vecinos los servicios que demandan y está claro que no lo cubren ni de lejos con las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado y los impuestos municipales, por lo que el apartado de suelo va a seguir siendo una herramienta fundamental de financiación de los ayuntamientos».
El momento del comprador
No obstante, en el IPE se señala que «el proceso de estrechamiento de los márgenes de los promotores se va a mantener, porque no pueden trasladar al precio final mayores subidas». De hecho, en determinadas zonas, fundamentalmente en Madrid o Barcelona, ya comienza a existir «stock» de viviendas sin vender.
«Ya no se venden las casas nada más poner la caseta de ventas porque los precios han llegado a un límite en el que ha caído la demanda. En cambio, hay demanda de viviendas de hasta 300.000 euros, y hay poco producto así en el mercado. Por eso, hay lugares en los que ya empieza a ser complicado vender las promociones y ahí los precios no van a subir», indica José Antonio Pérez.
Y dando un paso más, apuesta porque «ha llegado el momento del comprador. Los vendedores tienen ahora que salir a buscar al comprador y éste es la parte fuerte de la negociación. Ya hay promotores regalando cocinas o asumiendo el coste de quitar el gotelé y pintar en liso un piso. Las rebajas, al menos en los pisos nuevos, no han llegado, pero sí un trato más favorable para el comprador, por fin».
Como en todo, la alegría va por barrios y quienes estén pensando en adquirir una segunda residencia en la costa son los que más fácil lo van a tener, según el IPE. «En la costa ha desaparecido la figura del «inversor». Ya nadie compra sobre planos para revender antes de escriturar», asegura Pérez, para quien, no obstante, la demanda extranjera garantiza a medio plazo el éxito de este tipo de oferta «siempre que llegue al mercado lo que se está demandando».
En cambio, de los datos del IPE se deduce que algunas zonas de Castilla-La Mancha cercanas a Madrid o más lejanas pero a las que la mejora de infraestructuras ha acercado a la capital, van a mantener su particular «boom» inmobiliario.
ABC.es: economía. 29/01
http://www.abc.es/20070129/economia-economia/suelo-supone-terceras-partes_200701290253.html
La nueva Ley del Suelo encarecerá la vivienda
Ignacio Mulas : "En febrero, el Congreso retomará la tramitación de la nueva Ley del Suelo con la que el Gobierno pretende cumplir uno de sus objetivos programáticos: conseguir un aumento sustancial de la cuota de mercado de la vivienda protegida e inducir el abaratamiento de cualquier suelo destinado a edificación de viviendas. Dado lo ambicioso del objetivo, su notoriedad social y el empeño puesto por el Ministerio de Vivienda en el mismo, cabe preguntarse sobre la bondad de los caminos que se plantean para conseguir ese objetivo, de los requisitos que se establecen y de los efectos que se pueden deducir de su aprobación.
Este proyecto de Ley establece un singular cambio de modelo respecto a la Ley vigente de 1998. La diferencia principal -y sustancial- es que la Ley anterior consideraba que las facultades de urbanización y edificación de un suelo estaban contenidas en el derecho a edificar. Por tanto, los ayuntamientos hasta ahora ejercían una función de policía, de controladores del cumplimiento de la norma. Al otorgar la licencia los ayuntamientos sólo debían comprobar si la propuesta del particular se ajusta a la normativa. La actuación de los entes locales en este asunto no era constitutiva de derecho.
Sin embargo, para la nueva Ley la aprobación del Plan es la que otorga el derecho a urbanizar y, luego, a edificar, como ya ocurría en la dictadura con la Ley del Suelo de 1956. Esta cuestión es muy importante porque de su aprobación se derivará que los poderes públicos puedan exigir prácticamente lo que quieran, sobre todo en lo que se refiere a cesiones o porcentaje de suelo de reserva para vivienda protegida y/o nuevos desarrollos. Hay que recordar, sin embargo, que la jurisprudencia ha sido hasta ahora unánime, habiendo declarado los Tribunales que los Planes Generales no tiene naturaleza de norma básica sino de "reglamentos", de acuerdo con lo que establece el artículo 35 del vigente Código Civil.
Así las cosas, ¿cómo se propone la nueva Ley del Suelo alcanzar estos objetivos de reducir el precio del suelo y aumentar sustancialmente el suelo disponible para vivienda protegida? Se explicitan en el texto legal varias vías, de las que nos centramos en la de aumentar sustantivamente las cesiones de suelo a los ayuntamientos, y en la de establecer un porcentaje fijo obligatorio de suelo destinado a construir nuevas viviendas protegidas mucho mayor que el actual.
En primer lugar, la norma pretende aumentar las cesiones de suelo desde los niveles actuales -una horquilla entre el 0 y el 10%, en el entendimiento de que prácticamente todos los ayuntamientos están exigiendo el tope máximo- a un horquilla muy superior entre el 5 y el 20%, con el objetivo declarado de aumentar el suelo para vivienda protegida. Esta obligación encarecerá directamente el suelo para viviendas libres -que son la mayoría de las que demandan los ciudadanos-, pero también lo hará con el suelo destinado a vivienda protegida porque el promotor, si le cuesta más un suelo porque tendrá que repercutir en el total la parte cedida, aumentará el precio final del producto inmobiliario. Además es público y notorio que la inmensa mayoría de los ayuntamientos no destinan los terrenos producto de las cesiones obligatorias a la construcción de vivienda protegida, o al menos no lo hacen con una parte importante, sino que lo destinan a su posterior enajenación a precios de mercado para financiar sus gastos corrientes, al no disponer de suficiente financiación por los impuestos y las transferencias de capital públicas. Parece que la Ley se hace para ayudar a los Ayuntamientos, sobre todo a financiarse. Al no haber sanción prevista si el suelo de cesión no se dedica a vivienda protegida, no cabe esperar que la práctica de venderlo para obtener financiación desaparezca o, al menos, se atenúe.
En segundo lugar el establecimiento de un porcentaje fijo de suelo para VPO -el 25%- es una cuestión que ya hacen la mayoría de las Comunidades Autónomas. Pero mientras se ve el efecto real en el mercado de este precepto, habrá una disminución de la actividad inmobiliaria hasta ver qué pasa, cómo se comportan las administraciones concernidas y cómo reacciona el mercado. con la previsible consecuencia de una menor actividad, y por ello, de menor empleo.
Otro efecto directo de la aplicación de esta iniciativa será sin duda un aumento del precio del suelo y de la vivienda porque los urbanizadores compensarán el menor precio del suelo para VPO con un mayor precio en la vivienda libre. Como consecuencia, la clase media -que es la que en mayor medida demanda vivienda nueva porque sobrepasa, aunque sea por la mínima, las condiciones para acceder a vivienda protegida- verá mermada su capacidad de compra, como por ejemplo viene pasando en el País Vasco que, en teoría, debería ser el lugar en el que más viviendas protegidas se deberían promover, porque si el porcentaje de reserva de suelo para este fin antes ya era muy alto -el 65- actualmente es del 75%. Sin embargo, mientras en España se edifican, de media, 17,83 viviendas por cada mil habitantes, en el País Vasco se edifican 8, menos de la mitad, porque a los empresarios les disuade el alto coste de repercusión del suelo sobre la vivienda libre.
Otra cuestión a la que tendrá que atender el Gobierno ante la aplicación de la nueva Ley es a la de la posible merma -tanto para la Administración central, como para la autonómica y local- de ingresos fiscales derivados del mercado inmobiliario. Un reciente informe del BBVA señala que en 2004 estos ingresos fiscales han alcanzado los 27.000 millones de euros, el 9,5% del total de estos ingresos, equivalente al 3,2% del PIB, lo cual indica el extremo cuidado con el que se deben tratar cuantas iniciativas puedan afectar a este importante capítulo de las finanzas públicas.
CapitalMadrid.info, 29/01
Marinaleda: Donde poseer un adosado cuesta 15 euros al mes
Ana María Ortiz : "Un paso más en el camino a la utopía". Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda (Sevilla) comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
El ayuntamiento sevillano de Marinaleda regala el terreno a quien necesita casa, concede una subvención y exige al propietario que trabaje en la obra o pague a un sustituto.
Con el brazo izquierdo completamente extendido y el dedo índice apuntado a la columna de casitas deslumbrantes por el encalado de las fachadas, el alcalde de Marinaleda parece Cristóbal Colón señalando el nuevo mundo. «Ahí están. Ésas son», dice sin mucha ceremonia Juan Manuel Sánchez Gordillo presentando su obra maestra.
Los periodistas han acudido a esta localidad sevillana de 2.650 habitantes para comprobar in situ si es cierto que sus vecinos, como si de los miembros de la aldea gala de Astérix y Obélix se trataran, poseen el secreto de la pócima mágica capaz de resolver el problema que más inquietud personal causa a los españoles: la vivienda, según el barómetro del CIS del pasado noviembre, por delante del desempleo.
Mientras la mayoría de los españoles se pregunta si los pisos no estarán hechos de lingotes de oro en lugar de ladrillos a sabiendas de que el precio medio de una casa -220.000 euros de segunda mano- equivale a nueve veces el salario anual y los políticos lidian con el problema adoptando medidas tan polémicas como la expropiación temporal de los pisos vacíos para ponerlos en alquiler -camino de aprobarse en Cataluña-, en Marinaleda comprar una casa cuesta 15 euros al mes. No hay errata: 15,52 euros para ser precisos incluyendo los 50 céntimos que carga el banco por expender el recibo.
Es decir, que la factura mensual de los adosados que muestra a CRONICA el alcalde -90 metros cuadrados repartidos en dos plantas, 100 metros de patio, tres habitaciones, salón, baño, aseo, cocina y una pequeña terraza- equivale al precio de dos entradas de cine con sus correspondientes palomitas, una clase de canto de una hora o un billete de autobús de Madrid a Salamanca sólo de ida. El mismo piso pero con la mitad de patio, en Villaverde, el barrio más barato de Madrid, costaría 435.000 euros y supondría una hipoteca de unos 2.100 euros al mes a pagar en 30 años.
«Artículo 47 de la Constitución». Sánchez Gordillo cree preciso recordar su contenido antes de desvelar el misterio de las casas a precio de saldo y lo recita de memoria sentado en su despacho del Ayuntamiento. Hay colgado un retrato del Che Guevara y preside la estancia la bandera republicana. «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
En estas 60 palabras, a decir del primer edil de Marinaleda, se cimienta la política urbanística de la localidad. Lo que han hecho, asegura, no ha sido sino aplicar al pie de la letra lo que dicta la norma máxima. «El suelo para edificar es una necesidad, un derecho, y debe ser un bien común como el agua o el aire», explica su visión sobre la propiedad. Prácticamente la misma proclama enarbolada en Francia por los llamados Los Hijos de Don Quijote, un movimiento popular nacido para denunciar que un millón de franceses no tienen casa y que ha logrado arrancarle al Gobierno galo un rosario de promesas entre las que destaca el reconocimiento de que la vivienda es un derecho, como la educación o la sanidad, y la posibilidad de querellarse contra las autoridades que no faciliten un techo a quien lo precise.
El primer paso que dio Marinaleda camino de la utopía «casas para todos por 15 euros», por tanto, fue hacerse con un buen trozo del territorio municipal, bien comprándolo bien expropiándolo, y declararlo urbanizable y de titularidad pública. «Todo este terreno de aquí es del Ayuntamiento», dice Sánchez Gordillo señalando en una foto aérea de la localidad una superficie equivalente a 400.000 metros cuadrados -40 campos de fútbol- que daría para construir al menos 1.000 viviendas.
A todo hijo de vecino que necesite una casa el Consistorio le facilita el terreno para edificarla gratis. «El suelo supone el 60% del valor final de la vivienda, así que regalándolo ya hemos reducido su precio más de la mitad», dice quien lleva el bastón de mando de Marinaleda desde las primeras elecciones municipales de la democracia (1979) y gobierna con la veneración popular que se le presupone a quien ha ganado siete citas consecutivas con las urnas siempre por mayoría absoluta. Militante del Colectivo Unidad de Trabajadores (CUT), corriente de IU, se autodefine como «de izquierdas, anticapitalista, utópico, ecologista y pacifista».
Fulminada la partida más cara, el terreno, se buscó el modo de que los materiales tampoco costaran un duro -los financia la Junta de Andalucía a razón de unos 12.000 euros por vivienda- y se planteó y aprobó que fueran los propios propietarios quienes pusieran desde el primer ladrillo hasta la última teja. En Marinaleda, quien quiere una casa barata sabe que tiene que sudarla en el tajo, hacer que su padre o su hermano -no se admiten parentescos más lejanos- lo sustituya a pie de obra o contratar a un especialista -a 40 euros la peonada- que se remangue por él o ella. Los propietarios son autoconstructores.
350 CASAS EN 20 AÑOS
El día que CRONICA visita Marinaleda, un puñado de albañiles dibuja sobre la tierra las líneas que marcan los lugares donde emergerán los cimientos. Las excavaciones dejan ya vislumbrar el trazado que tendrá la próxima promoción de la factoría construcciones Marinaleda, un complejo de 20 viviendas que comienza a gestarse ahora. Desde que a mediados de los 80 se implantó la fórmula de una casa por 15 euros al mes -2.500 pesetas entonces- se han levantado 350 viviendas con estas peculiares condiciones.
Los obreros que levantan la estructura son profesionales de la construcción, albañiles contratados por el ayuntamiento como refuerzo, para dirigir a los autoconstructores y suplir la falta de oficio con la paleta de algunos de los vecinos. Éstos comenzarán a dar el callo unos días después. Ninguno de ellos sabrá cuál de los 20 adosados será el suyo hasta el final, un sistema que garantiza que todos trabajen con el mismo ahínco y la misma exigencia en todas las casas.
En esta ocasión, entre los futuros propietarios hay muchos solteros. Está Mari Carmen Gómez, por ejemplo, 29 años, nacida y criada en Marinaleda. La asistente social del ayuntamiento, mileurista, llevaba más de una década esperando turno para edificar su casa y salir de la de sus padres sin mucha suerte. A los desparejados se le exigen los mismos requisitos que al resto -llevar dos años empadronado en la localidad y no tener vivienda propia- pero siempre se habían quedado fuera porque se daba prioridad a los casados. «Hasta que cuatro o cinco dimos las quejas. "Oye, que tenemos una edad, que queremos independizarnos, que se nos pasa el arroz"...», dice ansiosa porque le den las llaves.
Lo que a Mari Carmen le parece una estancia excesivamente dilatada en el nido paterno por culpa de la vivienda es el mal endémico de la mayoría de los jóvenes españoles. España, junto con Italia, es el país de la UE donde los padres más aguantan a los hijos en casa -se independizan a los 32 años como media- pese a que es también el lugar con la mayor tasa de viviendas del mundo: 23.700.600 millones, 51 casas por cada 100 habitantes.
Las contradicciones no quedan ahí. ¿Cómo se entiende que haya tres millones de casas vacías y se construya a un ritmo frenético -500.000 casas en 2004, 800.000 en 2005, 850.000 en 2006...- cuando es imposible que la generación de supuestos compradores, bautizada como mileruista por su escaso poder adquisitivo, pueda acceder a ellas? «Es la puta especulación», responde sin mayor diplomacia Sánchez Gordillo, «la vivienda no se compra por necesidad sino para especular, para comprarla por cinco y venderla por 30». [El 37% de los españoles sabe, ya sea por actuación propia o por la de algún familiar o conocido, de alguien que ha hecho una compraventa de vivienda con el único fin de hacer negocio].
CONTRA LA ESPECULACION
Marinaleda, a simple vista, parece blindada al lucro a costa del urbanismo. No sólo se despacha a las constructoras que llaman al ayuntamiento pidiendo suelo para edificar ante la enorme demanda de los ciudadanos británicos que buscan la cercanía de la costa malagueña, a sólo 100 kilómetros. «Aquí no hay suelo, suelo cero», se les responde sin más detalle.
Aunque el terreno es gratis, y los materiales, y la mano de obra y hasta proyecto, realizado por el arquitecto municipal, a la vivienda se le fija un precio final de 36.000 euros. Es la cantidad que, en teoría, debe pagar el propietario por el adosado.
A esta cifra total se le descuentan las jornadas que el autoconstructor ha trabajado en la obra. Los Carmona, por ejemplo, que posan sonrientes frente a su casa haciendo tintinear las llaves que recibieron hace ahora dos años, dieron 400 peonadas. A 40 euros el día de trabajo, se libraron de un plumazo de 16.000 euros de la deuda. Es decir, que les queda por pagar 20.000 euros.
Y puesto que su recibo mensual es de 15 euros, 180 euros al año, tardarán unos 111 años abonar el coste total de la casa. Hasta entonces, los Carmona no tendrán en su mano la escritura que los acreditará como dueños de la vivienda. No podrían, por tanto, venderla ni especular ni enriquecerse a costa de ella hasta el 2117. La idea es que los hijos hereden el legado: la deuda de 15 euros al mes y el adosado.
Con un salario de 1.500 euros, los Carmona, José Antonio, albañil de 34 años, y María Dolores, ama de casa de 31, padres de una niña de seis años y a punto de dar a luz al segundo, viven con un desahogo difícilmente imaginable en otro lugar. Que se lo digan a Juanjo y a Mercedes, una pareja madrileña de 38 y 35 años. Informático él, administrativa ella, los 3.000 euros que ganan entre los dos daban para pagar los 500 euros de hipoteca por un piso de 60 metros comprado en 2001 y mantenerse ellos y el niño. Pero ahora que acaban de tener gemelas y ella se ve abocada a dejar de trabajar no les queda otra que hacer las maletas en busca de alguna Marinaleda.
A Ana, 31 años, empleada por el ayuntamiento como auxiliar de ayuda a domicilio, madre soltera, 500 euros de sueldo, las cuentas ni siquiera le salen en el pueblo donde la vivienda es una ganga. No puede trabajarse su casa, ni tiene quien lo haga por ella, ni dinero para pagar a un sustituto. El alcalde la ha tranquilizado: «No te preocupes, ya veremos cómo arreglamos lo tuyo».
De su chistera siempre sale una solución adaptada a las circunstancias de cada uno. De otro modo, Jesús Díaz, 48 años, casado y padre de dos hijos, no tendría casa. Cojo de la pierna izquierda por una poliomielitis sufrida en la infancia y con 298 euros de pensión, tampoco podía trabajar ni le daba para pagar. Así que resolvió que diera sus peonadas vigilando la obra por las noches. Hoy, es el orgulloso propietario del número 52 de la barriada Pepe el Gallo. «Yo creo que aquí no valoramos lo que tenemos, cuando nos falte...», dice mostrando su casa. Sánchez Gordillo hace de guía camino de las viviendas de los autoconstructores.
- Tuerce ahí, vamos a tirar por la plaza del Che Guevara.
- ¿A la izquierda?
- Sí, claro, a la izquierda. Si estuviera a la derecha no le hubiéramos puesto ese nombre, -bromea.
Todas las calles de Marinaleda cambiaron de denominación en 1979. La calle de General Mola pasó a llamarse Boabdil; la General Sanjurjo, Federico García Lorca; la plaza de Franco, Salvador Allende... Un militante de Fuerza Nueva, ofendido, se presentó en el pueblo y pegó unos tiros. Las fachadas del pueblo están jalonadas de pintadas y carteles con proclamas como «Marinaleda en lucha por la paz», «Apaga la TV, enciende tu mente» o un «Te quiero libre» dentro del símbolo que representa a la mujer.
Para comprender el milagro de las casas a 15 euros es preciso saber de las peculiaridades de la política municipal, cuya piedra angular son las asambleas. Todos los asuntos -presupuestos, vivienda, empleo- son sometidos al veredicto del pueblo que vota a mano alzada en las 100 asambleas generales que se celebran cada año. Gran parte de la economía local gira en torno a la cooperativa popular, instalada en una finca de la localidad, donde se cultivan y envasan alcachofas, pimientos y otras verduras. La finca, en realidad, es propiedad del duque del infantado pero los de Marinaleda se hicieron con su explotación tras años de huelgas y ocupaciones.
Con todo, la renta per cápita de la localidad no llega a los 7.200 euros por persona al año y 800 de sus 2.650 habitantes cobran el PER, el subsidio para los trabajadores eventuales del campo. Es precisamente en la dependencia de los fondos públicos donde los expertos ven el punto flaco de Marinaleda y la imposibilidad de exportar su modelo urbanístico al resto de España. «La experiencia de estos sitios hay que mirarlas con mucha cautela. Normalmente son sociedades que sobreviven de modo artificial gracias a las subvenciones. Su bienestar es ficticio», explica Gregorio Izquierdo, director del servicio de estudios del Instituto de Estudios Económicos. «En realidad es el propietario original del suelo, a quien le fue expropiado por un valor inferior al de mercado, el que está subvencionando la adquisición de vivienda del resto».
«El modelo no se exporta porque no hay voluntad política, no interesa», responde el alcalde.
El Mundo
Hay un pacto de Estado para fomentar la corrupción
ALEJANDRO NIETO, catedrático UCM : "Me remito a los hechos y a las consecuencias. La corrupción existe prácticamente en todos los municipios de España, y es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo.
Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
Alejandro Nieto, ensayista, catedrático emérito de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid y ex presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, tiene detrás de sí una carrera brillante, llena de títulos, honores y cargos oficiales. Pero no tiene pelos en la lengua.
Ayer, Nieto estuvo en la ciudad invitado por IU de Oviedo para hablar sobre corrupción urbanística, un tema que ha desarrollado ampliamente en libros como «La corrupción en la España democrática» o «La organización del desgobierno».
-Su conferencia se titula «¿Existe un pacto de Estado sobre la corrupción urbanística en España?». ¿Existe?
-Sí, pero un pacto no para combatir la corrupción urbanística, sino un pacto político para tolerarla, silenciarla y fomentarla.
-Es una afirmación muy dura. ¿En qué se basa?
-Me remito a los hechos y a las consecuencias. Existe prácticamente en todos los municipios de España, y esta corrupción es sabida, tolerada. No hay nadie que ignore los disparates urbanísticos y el dinero que está corriendo. Esto hace suponer que hay un pacto para tolerarlo y también para fomentarlo. Esto sucede porque los partidos políticos necesitan de la corrupción para financiarse, es algo también sabido que gastan diez o veinte veces más de lo que legalmente ingresan.
-Su tesis implica que los controles internos de la Administración, los funcionarios que deben vigilar la legalidad, no lo hacen.
-Legalmente se les encomienda que vigilen, pero hay mecanismos de presión para evitar que cumplan con su deber. El sistema más sencillo es comprarlos, se les paga más de lo que se debe. A los buenos, a los dóciles, por unos caminos u otros se les aumenta el sueldo. Pero hay otro mecanismo que es más importante, que es la desmoralización: sus vetos, sus reparos, no se cumplen. Antes, cuando un secretario se oponía a una resolución administrativa, su veto era decisivo.
-¿Cuándo cree que se inicia esta situación?
-También es duro decirlo, pero creo que con la democracia. Desde Calvo Sotelo, en 1924, hasta la transición, los ayuntamientos no tenían autonomía. Un reparo de un interventor paralizaba la actuación sospechosa en horas o días. Cuando la democracia consagra la autonomía municipal, surge también su cara oscura: no hay un poder central que pueda intervenir ante estos casos, sólo queda la justicia, que es carísima y lentísima. Claro que hay funcionarios que quieren cumplir con su deber, pero no tienen fuerza para hacerlo. Sólo los funcionarios muy rigurosos y muy tercos siguen intentándolo, y así les va.
-Dice que hay un pacto secreto para silenciar la corrupción, pero empieza a ser frecuente en España ver a concejales y alcaldes procesados o en la cárcel. ¿Se ha roto?
-El pacto ha funcionado hasta el año pasado, pero en determinado momento saltó un caso, y han seguido otros en cascada. Hay muchos factores, pero destaco dos. Por un lado, surge un juez, un francotirador, que decide hacer justicia, algo poco frecuente. Dice, en mi Juzgado están pasando cosas horrorosas, por ahí no paso. Como en Marbella. El caso salta a la televisión y se monta un gran escándalo. Hay también una crispación política enorme, y alguno de los partidos puede llegar a la conclusión de que es más rentable políticamente romper el acuerdo. Eso está ocurriendo ahora, hay gran crispación política y los dos grandes partidos han roto el pacto, están como en un partido de fútbol: tu tienes tantos alcaldes procesados, tu tantos otros. Ahora sabemos que hay alcaldes socialistas corruptos, y también que hay alcaldes populares corruptos. El descrédito es enorme. Volverá a imponerse el acuerdo, porque les será más rentable. Harán las paces, y se volverá a tapar todo. Hay un caso muy bonito de pacto de corrupción en Cataluña.
-¿A qué se refiere?
-¿Se acuerda del 3 por ciento de Maragall? Saltó en todas las televisiones, pero no se ha vuelto a hablar de ello. Alguien le dijo, ¿de verdad quieres tirar de la manta? Y volvió el silencio. En las elecciones catalanas se habló de todo, pero no de corrupción.
-Considera, entonces, que es un mal endémico, del sistema.
-Sí, siempre lo ha habido, pero cada vez hay más, porque la moral pública tolera esto y lo que haga falta. Los grandes corruptos y corruptores son héroes populares, desde Gil y Gil a Julián Muñoz, gente de la prensa rosa. No hay reproche social ante esta conducta. Eso y la impunidad disparan el fenómeno.
-¿Y el papel de los jueces? ¿Hay independencia judicial ante esta situación?
-Tengo un libro entero sobre ese asunto. Digo que hay jueces independientes y honestos, pero mirando el colectivo creo que el poder judicial no es independiente. Todos los días hay peleas políticas para nombrar a tal o cual juez, en el Supremo, en el Consejo General del Poder Judicial... quien tiene al juez, tiene la sentencia.
-¿Qué solución ve?
-No doy ninguna receta.
-¿Ocurre en otros países europeos?
-Es un mal endémico, y claro que hay en todos los países de nuestro entorno, pero es como la epidemia de sida, que no afecta lo mismo a Dinamarca que en Camerún.
Lucía S. NAVEROS - La Nueva España, 27/01
Don Quijote busca piso
J.C.ESCUDIER : "La propuesta de establecer un canon para las viviendas vacías no es perfecta. Más efectivo sería lo contrario: elevar significativamente el impuesto sobre bienes inmuebles y establecer las deducciones correspondientes a quienes acrediten su uso como primera o segunda vivienda o exhiban un contrato de alquiler.
La vivienda es un derecho que en Francia, tras la protesta de los llamados ‘hijos de Don Quijote’ a favor de los ‘sin techo’, podrá ser exigido ante los tribunales. En España, es el ingenioso hidalgo el que busca piso barato o en alquiler.
Como los españoles somos de natural risueños, ha causado hilaridad la propuesta del Gobierno vasco de establecer un canon de nueve euros diarios a los pisos vacíos que no se pongan en alquiler, una fórmula que trata de atenuar las necesidades de vivienda de una parte importante de la población. La idea ha prendido en el Ejecutivo catalán, que ha avanzado que estudiará hacerla suya, y ha sido contemplada con interés desde Galicia, lugares en los que, según parece, abunda menos el sentido del humor. Está claro que no vivimos en la Francia de finales del XVIII, cuando, triunfante la Revolución, se cortaba la cabeza a los acaparadores; tampoco nos parecemos al México actual, cuyo gobierno se propone meter en la cárcel a quienes, acumulando maíz, han provocado la subida de los precios y una grave crisis alimentaria. Aquí a los especuladores de suelo y a los acaparadores de viviendas les llamamos promotores e inversores. De risa, ¿verdad?
En un país en el que entre un 20 y un 25% de la población ha sido excluida del mercado por los precios abusivos, la iniciativa merecería alguna reflexión, antes de ser arrojada al foso de los leones por quienes defienden las bondades de un mercado libre, que si de algo carece es de libertad, y que entonan sin desmayo la vieja cantinela de que el intervencionismo es nefasto, salvo si hablamos de subvenciones a fondo perdido o de sacar las castañas del fuego a nuestros probos emprendedores. Lo público ni verlo, salvo si se trata de dinero.
La primera pregunta que deberíamos plantearnos es por qué uno de los parques de viviendas más grande de Europa –con cifras de 2001 tocamos a más de una por cada dos españoles- tiene un tercio del mismo inutilizado, de manera que sólo el 70% de las viviendas está destinado a residencia habitual. Los datos, contenidos en un estudio de la arquitecta e investigadora Raquel Rodríguez Alonso, son elocuentes: en 2001 -fecha del último censo sobre población y viviendas del INE, que se realiza cada 10 años- el 16% de las viviendas eran segunda residencia y un 14% estaban vacías. Este último porcentaje era en Holanda del 2,3% (en 1999), en Suecia del 3,3% (1998), en Reino Unido del 3,4% (1999), en Alemania, del 3,6% (1998) y en Francia, del 6,9% (1999).
Sobran viviendas, pero ello no ha impedido que el ritmo de construcción haya sido frenético, superior incluso al del baby boom de los años 60, y todo ello mientras el crecimiento demográfico se estancaba. Simultáneamente, la salvaje especulación del suelo ha engordado la burbuja inmobiliaria hasta expulsar del mercado a jóvenes y familias con menos recursos, que vieron como se extinguía prácticamente la construcción de viviendas sociales. A diferencia de Francia, Holanda o Alemania, tampoco ha sido posible recurrir a un parque público de viviendas de alquiler, que hubiera contenido los precios.
Del trabajo de Rodríguez Alonso se concluye que el 10% de las viviendas construidas a partir de los años 80 nunca han llegado a ocuparse. En 2004, de los tres millones de pisos vacíos, casi 1,9 millones estaban en perfecto estado y más de 200.000 hubieran podido estarlo una vez rehabilitados. En conjunto, considerando que hay 2,7 moradores por hogar de media, hubieran podido albergar a más de cinco millones de personas.
Han sido muchos los factores que han provocado que el problema de la vivienda en España sea “el más grave de Europa y uno de los mayores del mundo”, según pudo constatar el relator especial de la ONU, Miloon Kothari. El primero de ellos, una brutal especulación del suelo, favorecida por el calamitoso estado de cuentas de los Ayuntamientos, los patitos feos de la Administración. El guiso, salpimentado con generosas pizcas de corrupción, ha estado a fuego lento durante años, porque se entendía que la construcción daba de comer a mucha gente –y a muchos partidos- y que era del todo inconveniente poner palos en las ruedas del considerado motor de la economía nacional.
Con independencia de que la cultura de la vivienda en España pase por la propiedad, a nadie le interesó nunca fomentar el alquiler. Cada compraventa representa un pellizco para la Hacienda Pública, cada vivienda nueva genera un impuesto para las arcas municipales, cada recalificación enriquece a un concejal, a un promotor, a un constructor. ¿Qué beneficio tiene para todos ellos el humilde arrendamiento?
La situación actual es paradójica. Pese a su abundancia objetiva, la vivienda constituye un bien inalcanzable para un quinta parte de la población, a la que, por otra parte, se le reconoce un derecho constitucional a su disfrute. En el otro platillo de la balanza y por diversas circunstancias, algunas puramente especulativas, decenas de miles de particulares ostentan la propiedad de varios inmuebles. Parece lógico que los poderes públicos procuren que estas viviendas engrosen el parque de alquiler, ya sea con incentivos a los propietarios o con recargos impositivos, o sean puestas a la venta, lo que redundaría en un descenso de los precios. Si en época de carestía de combustible alguien se dedicara a acapararlo amparándose en su legítimo derecho a la propiedad privada, ¿se le permitiría continuar con esta práctica o se le impediría?
Justificar la escasa oferta de vivienda en alquiler en la inseguridad jurídica de los propietarios tiene cada vez menos sentido. Las agencias públicas de alquiler –de la de Madrid se siente muy orgullosa una liberal como Esperanza Aguirre- ofrecen garantías suficientes, incluidos seguros para atender posibles desperfectos y desahucios.
Dicho esto, es verdad que definir lo que es una vivienda vacía encierra dificultades. Según el INE son aquellas no usadas ni como vivienda principal ni como secundaria (vacaciones, fines de semana) y que no están en ruina. A ellas, la encuesta de 2001 añade otras que no pueden ser englobadas en las categorías anteriores. En la búsqueda de definición, se debería comenzar por las obviedades. Un ejemplo: un propietario de tres viviendas en un mismo municipio que no ha colocado ninguna en alquiler tiene forzosamente alguna de ellas vacía.
La propuesta de establecer un canon para las viviendas vacías no es perfecta. Más efectivo sería lo contrario: elevar significativamente el impuesto sobre bienes inmuebles y establecer las deducciones correspondientes a quienes acrediten su uso como primera o segunda vivienda o exhiban un contrato de alquiler. La vivienda es un derecho que en Francia, tras la protesta de los llamados ‘hijos de Don Quijote’ a favor de los ‘sin techo’, podrá ser exigido ante los tribunales. En España, es el ingenioso hidalgo el que busca piso barato o en alquiler.
ELCONFIDENCIAL.COM -Sábado, 27 de enero de 2007
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