20minutos.es 19/01 : "Anticorrupción acusa al primer edil de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y a su concejal de Urbanismo de varios delitos urbanísticos.
Tercer alcalde malagueño detenido, primero del PP. Juan Martín Serón, regidor de Alhaurín el Grande (municipio malagueño de más de 20.000 habitantes), fue arrestado ayer junto con su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra Gil.
Fuentes de la investigación afirman que la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Costa del Sol y la Fiscalía Anticorrupción están desarrollando esta operación por un presunto delito de cohecho.
Al cierre de esta edición, el regidor estaba detenido en su casa a la espera de una orden de registro. La Policía Nacional acordonó el Ayuntamiento y recogió documentación en la oficina de Urbanismo.
La Fiscalía de Málaga investiga al alcalde por supuestas concesiones de licencias urbanísticas a cambio de una donación a las arcas municipales. Lo denunció el PSOE en julio de 2006. En 2004, la Junta de Andalucía impugnó ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía una permuta de terrenos hecha por el Consistorio.
Martín Serón y Guerra Gil fueron detenidos pasadas las 18.00 h en Marbella, tras asistir allí a un mitin al que acudió el presidente de los populares, Mariano Rajoy.
El miércoles, el PP intentó sin éxito que Martín Serón se convirtiera en miembro del consejo de administración de la caja de ahorros Unicaja –con sede en Málaga–, que renovó parte de su dirección.
Perfil del arrestado. En el PP desde 2000
Martín Serón pertenece a la dirección regional de su partido. Es licenciado en Económicas, está casado y tiene dos hijos. Gobierna con mayoría absoluta.
Corrupción en Málaga. Alcaldes detenidos
En 2005 fue arrestado el alcalde de Manilva, Pedro Tirado (Partido Democrático de Manilva). En 2006, la regidora marbellí Marisol Yagüe (perteneció al GIL).
Detenido un alcalde de Málaga por ‘ladrillazo’
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19.1.07
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Tema: NOTICIAS Andalucía
Dibujar la costa
XERARDO ESTÉVEZ : "Nos encontramos ante un problema de primer orden que demanda iniciativa inmediata por parte del conjunto de las administraciones, empezando por la agilización de la reforma de la Ley del Suelo que, en vez de facilitar, tal como propugnaba, el acceso universal a la vivienda, nos ha apartado aún más del mandato constitucional de impedir la especulación. Las comunidades autónomas han de ejercitar sus competencias de ordenación del territorio, promoviendo figuras de planeamiento supramunicipal que engloben y supediten la dinámica urbanística de cada ayuntamiento al interés colectivo.
Tal vez por aquello de que la vida surgió del mar, buena parte de nuestra existencia se ha movido en torno a las riberas. Desde tiempo inmemorial, la humanidad ha combatido en los asedios y soportado las galernas, ha traficado por doquier y colonizado el terreno con industrias para beneficiarse de los recursos del mar y de las ventajas del transporte, se ha despedido con las lágrimas del no retorno o deseado ansiosamente alcanzar la orilla, ha vivido de la pesca artesanal o luchado contra la resaca, como todavía hacen los percebeiros que arriesgan en las peñas una vida envuelta en neopreno. Para los periféricos, la costa vino a ser el esqueleto de nuestro ser económico, social y político.
La costa detiene al mar en su avance inquieto y tozudo, o quizá sea ella la que penetre solapadamente en el agua. El oleaje rompe en los cantiles macizos, en las rocas, tropieza con los campos cultivados, se apacigua en las rías, se ingurgita en los estuarios, se remansa en las playas, mientras el frente urbano lo reta con diques y malecones. Tal es el poder de la inmensidad del mar que tiende a encubrir los errores construidos en su frente. Por ello las ciudades abiertas al mar suelen ser menos críticas que las del interior, que miran más a su ombligo.
La costa no es sólo una línea quebrada, ni siquiera una franja mágica de protección de una anchura limitada. Más allá del conglomerado urbano, es un continuo de geografías y paisajes imbricados, con perspectivas y vistas que pertenecen a todos, de la ribera al valle y a la montaña y a la inversa, y nos ofrecen el contraste entre el vasto horizonte marítimo y el paisaje acotado de la tierra. En este mundo sin distancias ni fronteras, una población fluctuante sigue encharcando la orla litoral, abriendo campos de economía y relaciones y cerrando campos de naturaleza para crear nuevos parajes urbanos unas veces amurallados, otras diluidos y rotos, que dicen poco bueno de nosotros. Turistas y residentes ocasionales basculan de forma periódica hacia hoteles, viviendas y artefactos del ocio que se han levantado como modernas cercas, impidiendo la permeabilidad, esa capacidad de respiración que necesita la tierra, invadiendo las delicadas zonas de transición que de tanto en tanto el agua, que tiene memoria, anega en un intento de recuperarlas. Ese continuo construido puede acabar, como se ha consumado ya en algunos puntos, por alicatar toda la costa española, si se mantiene el concierto entre unos ayuntamientos tolerantes, una iniciativa inmobiliaria sin tasa y unas autonomías omisas y se sigue permitiendo de forma generalizada que los costes del significativo crecimiento económico se traduzcan en deterioro territorial.
Nos encontramos ante un problema de primer orden que demanda iniciativa inmediata por parte del conjunto de las administraciones, empezando por la agilización de la reforma de la Ley del Suelo que, en vez de facilitar, tal como propugnaba, el acceso universal a la vivienda, nos ha apartado aún más del mandato constitucional de impedir la especulación. Las comunidades autónomas han de ejercitar sus competencias de ordenación del territorio, promoviendo figuras de planeamiento supramunicipal que engloben y supediten la dinámica urbanística de cada ayuntamiento al interés colectivo. Algunas comunidades se han adelantado ya en esta dirección. Otras, como Galicia, están inaugurando el proceso con criterio y decisión ante la necesidad de controlar una marea viva de construcciones costeras de segunda residencia.
La Generalitat de Cataluña, a la vista de que dos tercios de sus 7 millones de habitantes viven en una franja litoral de 20 kilómetros de ancho y del ritmo imparable de macizamiento de la costa, ha desarrollado a través del departamento que dirige Joaquim Nadal un Plan Director Urbanístico del Sistema Costero, editada recientemente en una excelente presentación. Después de un exhaustivo análisis territorial, el plan dibuja los ecosistemas terrestre y marino, las conurbaciones existentes y la manera de evitar la formación de un continuo edificado, y cataloga los espacios que por sus valores paisajísticos, culturales y simbólicos deben ser protegidos. Al mismo tiempo establece fórmulas para la gestión sostenible de este recurso esencial, de manera que se reservan en torno a 25.000 hectáreas en primera línea y espacios adyacentes con un sistema de ayudas específicas para las administraciones y las asociaciones de preservación y custodia. Es, sin lugar a dudas, un modelo a seguir.
En cuanto a la administración local, en un momento en que cunde la desconfianza e incluso se sugiere retirarle atribuciones, conviene recordar el papel que ha jugado y juega la democracia municipal en la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, hay que reconocer que algunos ayuntamientos parecen obnubilados por la construcción masiva de viviendas de inversión o para residencia secundaria. Al margen de los ingresos a corto plazo, deberían preocuparse más bien por evaluar los costes del mantenimiento de esas hectáreas urbanizadas, muchas veces vacías a lo largo del año, los problemas que generan y el legado que dejan a sus herederos. ¿Con qué autoridad nuestra generación puede colmatar con edificación toda la costa o agotar todo el suelo de un municipio con proyectos urbanísticos? En vez de tanta construcción fatua, debería mirarse más la calidad de la arquitectura y el planeamiento. Con un poco de criterio, se puede mantener la naturaleza y crear riqueza sin necesidad de tantos rellenos, amarres, campos de golf, paseos marítimos, pavimentos y farolas de fantasía.
De no tomar medidas urgentes de ordenación, el mercado terminará siendo el mayor adversario del propio mercado, porque la edificación indiscriminada de los espacios libres va a deteriorar e impedir la funcionalidad de los ya ocupados, sencillamente por amasijo y compresión. Pero lo peor es que se está haciendo a expensas del sacrificio del paisaje y de la cultura colectiva.
Xerardo Estévez es arquitecto.
El País 18/01
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18.1.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
La vivienda, un derecho exigible
Carlos Jiménez Villarejo* :"Los derechos sociales, como el de la vivienda, son universales, es decir, patrimonio de todas las personas, son primordiales, como garantía de desarrollo de la persona, y deben ser exigibles de formas diversas.
Ya sabemos que la economía española, de acuerdo con la Constitución, se asienta sobre una "economía de mercado", corregida por múltiples prescripciones y exigencias que tratan de evitar que se acentúe la desigualdad social.
Que estamos ante una sociedad desigual socialmente es tan indudable que lo reconoce el propio Tribunal Constitucional: la economía de mercado se asienta sobre un "ordenamiento compensador e igualador en orden a la corrección, al menos parcialmente, de las desigualdades fundamentales". Son varios los factores correctores, que podrían resumirse en uno: la subordinación de la riqueza al interés general. Precisamente, el equilibrio entre economía de mercado y la garantía del interés general es lo que hace que la Constitución defina a nuestro Estado como una "democracia social de derecho".
Por esta razón, el ciudadano no solo tiene derechos civiles y políticos, sino también derechos sociales y económicos que pretenden otorgarle el nivel de bienestar derivado de la condición humana. Conviene tener presente que la Constitución española proclama que "la dignidad de la persona" y el "libre desarrollo de la personalidad" son dos fundamentos del orden político y de la paz social.
El reconocimiento de todos estos derechos significa que las administraciones públicas deben ser garantes de ese bienestar. Y, con mayor fuerza, cuando el sistema capitalista, dominado por la política neoliberal, está en un proceso globalizador que conduce a acentuar las desigualdades de las personas y los pueblos. Ante esta perspectiva, los derechos sociales, entre ellos el acceso a la vivienda, deben ser un instrumento esencial para los siguientes objetivos: exigir mayores controles de la economía de mercado a los estados, particularmente para impedir la especulación, y una institucionalización de los sistemas de protección social, como la satisfacción del derecho a la vivienda.
Hoy, los derechos sociales son ya también la base de la condición de ciudadanos. Ciudadanos empobrecidos y marginados son ciudadanos excluidos de la participación política activa. Así lo proclamaron las Naciones Unidas en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de 1993: "Todos los derechos son universales, individuales e interdependientes y están relacionados entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándole a todos el mismo peso".
ASÍ PUES, LOS derechos sociales, como el de la vivienda, son universales, es decir, patrimonio de todas las personas, son primordiales, como garantía de desarrollo de la persona, y deben ser exigibles de formas diversas. Asimismo, generan en las administraciones obligaciones de respeto, de protección y de satisfacción, que se traducen en el deber de las mismas de disponer de recursos suficientes para garantizar su prestación.
Pero estamos ante un serio inconveniente.En la Constitución, dichos derechos están reconocidos como derechos de segundo orden en relación a los derechos civiles y políticos. Y, en consecuencia, el ejercicio de los mismos no está amparado con la misma eficacia que los derechos civiles, en cuanto no puede exigirse directamente ante los tribunales su satisfacción.
Pero si estos derechos están en la base del respeto a la dignidad humana y del libre desarrollo de la personalidad, su exigencia ante los tribunales debe ser viable como forma de exigir a los poderes públicos una efectiva satisfacción a los ciudadanos de una prestación social básica, como lo es la vivienda.
La exigencia judicial de estos derechos parte de dos presupuestos básicos: si la Constitución establece que debe garantizarse que la libertad e igualdad sean "reales y efectivas", puede afirmarse que los poderes públicos no solo no pueden empeorar los niveles de satisfacción de los derechos sociales, sino que deben actuar elevando hacia cotas más altas las prestaciones que permiten cumplirlos. Es lo que se llama principio de no regresividad o de progresividad.
EN SEGUNDO lugar, el incumplimiento por los poderes públicos de su deber de prestación en áreas determinadas, como la vivienda, puede entenderse como una forma de discriminación, y esta omisión del poder público pudiera estar lesionando el derecho a no ser discriminado que, constituye, sin duda, un derecho fundamental, siempre exigible judicialmente
La exigibilidad del derecho a la vivienda ante los tribunales sería viable cuando el poder público:
a) Viola o incumple una obligación derivada de su posición de garante de la calidad de vida, no proporcionando "viviendas dignas y adecuadas", a precios razonables, a los sectores más necesitados de la sociedad.
b) Mantiene de forma sistemática y constante --más allá de un plazo razonable-- una omisión de medidas básicas para garantizar a los ciudadanos aquella prestación.
El ejercicio de acciones ante los juzgados y tribunales, siempre de resultado incierto, debe ser --además de otras formas de acción cívica y política-- un instrumento de participación efectiva de los ciudadanos en la configuración de los contenidos esenciales de los derechos sociales.
*Exfiscal anticorrupción
El Periódico 15/01
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17.1.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
La lucha contra el fraude - Debate sobre la vivienda
20minutos.es 17/01 : "El Gobierno y el PP han roto la negociación del plan de lucha contra el fraude urbanístico, que mantenían desde el pasado junio, según adelantó ayer Cuatro. Para los populares, la ruptura no se debe al "distanciamiento político de los últimos días", sino a que en el plan no se contempla la modificación de algunos aspectos de la financiación de los ayuntamientos.
Debate sobre la vivienda.
Jóvenes, promotores inmobiliarios, arquitectos y abogados estuvieron representados en el encuentro para hablar del difícil acceso a la vivienda. 20 minutos ha reunido a cuatro interlocutores de los sectores implicados para debatir sobre el «problema de la vivienda». El Ministerio de Vivienda fue invitado a este encuentro, aunque tras reiterados intentos, este periódico no pudo contar con ninguno de sus representantes.
Participantes
1. Ángel Carrasco
Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Castilla-La Mancha y abogado del despacho Gómez-Acebo&Pombo.
2. Luis Zarapuz
Licenciado en Económicas y miembro de la Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna.
3. Ricardo Aroca
Arquitecto y decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
4. J. Manuel Galindo
Secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima).
¿Cuánte valen cuatro paredes?
R. Aroca: "El superávit no tiene sentido mientras haya necesidades sociales".
L. Zarapuz: "Queremos priorizar el derecho a la vivienda sobre el de propiedad".
J. M. Galindo: "La lógica económica aún lleva hoy a optar por la compra".
A. Carrasco: "Los que se hipotecan esperan conseguir plusvalías en el futuro".
¿Es posible adoptar la medida anunciada en Francia?
Para Ricardo Aroca no es una utopía, sino "cuestión de voluntad política, ya que dotar de una vivienda a quien lo necesite es más barato que la medicina o la jubilación universal. En Francia es más fácil conseguirlo porque desde hace 60 años tienen un parque de vivienda pública en alquiler, pero aquí habría que crearla".
José Manuel Galindo, por su parte, considera que "incluso en Francia es una utopía, porque el proceso de producción de viviendas es largo en el tiempo y por el shock que podría suponer el que todo el que lo necesite reclame judicialmente a la Administración una vivienda".
Desde el punto de vista legal, Ángel Carrasco cree que "en España no presentaría ninguna dificultad técnica universalizar el derecho a una vivienda digna para los sin techo; sólo habría que desarrollar una ley. Ahora bien, habría que delimitar el supuesto de hecho, es decir, ver si el problema grave es el de los sin techo o el de los que tienen recursos pero no pueden acceder a una vivienda".
Para Luis Zarapuz, la medida francesa "es alcanzable y el ejemplo al que debería tender España. Habría que universalizar el derecho que aparece en nuestra Constitución, con el reconocimiento y la garantía por parte de los poderes públicos del acceso a una vivienda digna a precio asequible. No creemos que la propiedad sea el mecanismo para garantizarlo".
¿Cómo se podría dar esa cobertura universal?
Luis Zarapuz apuesta "por el alquiler de vivienda pública. Sólo falta voluntad política para actuar sobre los 3 millones de pisos vacíos que reconoce el INE y reasignar el gasto actual del Gobierno central en materia de vivienda, lo que permitiría construir 150.000 inmuebles".
Ricardo Aroca recuerda que primero "habría que arbitrar los medios para que se cumpla esa ley de acceso a la vivienda. Tardaríamos bastantes años en garantizar un número suficiente de pisos públicos o semipúblicos de alquiler y en poner en marcha el sistema de subvenciones. Además, habría que evitar la aparición de guetos como los que han provocado problemas sociales en Francia".
José Manuel Galindo plantea la duda "de que las administraciones públicas tengan capacidad técnica para dar respuesta a una gran demanda de pisos de alquiler como la que se plantea. Habría que hacer una refundación absoluta de la política de vivienda y contar con la iniciativa privada para llevar adelante ese programa tan ambicioso".
Para Ángel Carrasco, el problema "es el alto coste público que tiene el mantenimiento de un parque de alquiler que debe ser gestionado a largo plazo para mantener las condiciones de habitabilidad. Para abaratar ese coste e incentivar al inquilino habría que ofrecerle opciones de compra. Pero aquí llega la perversión del sistema, ya que quien llega con subvenciones al alquiler se convierte en propietario y aprovecha las plusvalías que le impedían acceder al mercado de la vivienda".
¿Es el alquiler una opción real en nuestro país?
El alquiler, según Ángel Carrasco, presenta en España el problema "de los altos costes de una relación permanente con un inquilino y por el miedo de los propietarios a la aprobación de leyes que protejan el alquiler en exceso".
Aunque anima a apostar por el alquiler, José Manuel Galindo reconoce que "la opción de compra en alquiler permite conseguir plusvalías a quien tiene menos recursos y que no sean sólo los que más dinero tienen los que salgan ganando".
Por su parte, Zarapuz considera que "seguir construyendo no es la solución y la apuesta del Ministerio de Vivienda por el alquiler ha sido prácticamente nula, con 46 millones para subvenciones frente a un volumen de gasto de 1.200. Nosotros apostamos por el alquiler sin opción de compra y con un precio que sin ser el de mercado, incluya los costes de mantenimiento de la vivienda".
Por último, Ricardo Aroca considera necesario "educar a los españoles en el alquiler tras años de subvención fiscal a la propiedad. Se puede proponer un gran pacto entre partidos para mantener la apuesta por el alquiler".
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17.1.07
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Proteger el litoral
IGNACIO RAMONET : "Coincido con el presidente de la Xunta cuando afirma que la ley de medidas urgentes de protección del litoral de Galicia que su Gobierno presentará en el Parlamento el mes próximo es "una de las cuestiones más relevantes del futuro del país". Es obvio que no se puede seguir tolerando el urbanismo salvaje y la lepra inmobiliaria que han arrasado ya las mas hermosas riberas de nuestras rías.
Por los malos hábitos y la dejadez de los gobiernos del Partido Popular, heredero aquí del peor franquismo, el del "todo vale", un tercio de los municipios del litoral gallego triplicaron la edificación en los tres últimos años, y autorizaron en los últimos cinco la construcción de más de 120.000 viviendas. Si continuamos así, todas las orillas de Galicia yacerán pronto sepultadas bajo abominables pisos de hormigón. De ahí la urgencia de una ley que establezca una banda de protección del litoral de 500 metros.
Algunos timoratos, en el seno mismo del Gobierno bipartito, temen que, adoptada a escasos meses de las elecciones municipales, esta ley le pase factura en las urnas a la coalición gobernante. Hablan ya de posponer su adopción, o de reducir su alcance limitando a 200 metros, o incluso a 100 la anchura de la banda de proyección. Deben calmarse. La inmensa mayoría de los ciudadanos tiene la sensación de que todo el territorio, atacado de concierto por incendios, riadas y hormigón, se está degradando de manera dramática. Y sancionarán en las urnas con extrema severidad toda señal de retroceso -o de simple pasividad - del Gobierno en estos tres frentes.
Porque ha recibido una Galicia destrozada y arrollada por decenios de gestión irresponsable, la misión del Ejecutivo actual es, en su sentido literal, salvar el país. Y tal deber sagrado -que le ha confiado una mayoría de electores de Galicia- supone voluntad política. Y no medidas a medias, paños calientes y retrocesos.
Los especuladores inmobiliarios y los corruptos de la construcción, principales afectados por la futura ley de salvación de nuestras costas y verdaderos matadores del patrimonio territorial gallego, ya han puesto el grito en el cielo. Y movilizan sus redes de influencia y sus relevos mediáticos. Así, por ejemplo, la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) no ha tardado en declarar que considera "no admisible" la propuesta de la Consellería de Política Territorial de la Xunta.
No sin cierto descaro, la organización empresarial pretende que siempre ha sido partidaria de una "ordenación razonable de la zona costera de Galicia", por tratarse de "un bien general", que ha de ser "preservado de posibles intervenciones que puedan dañar su entorno". Aunque se apresura a afirmar que "la defensa de la riqueza natural que configuran las costas no consiste sólo en adoptar medidas tan indiscriminadas como la anunciada", que podría provocar, según la CEG, "una seria distorsión del mercado" y "enturbiar múltiples proyectos empresariales".
Bienvenida sea la ley si consigue "enturbiar" algunos turbios negocios urbanísticos y si detiene por fin el asesinato de nuestro litoral. Los especuladores no deberían quejarse. En otras partes de Europa, existen leyes más severas. En el Connemara irlandés, por ejemplo, donde medidas mucho mas drásticas han permitido preservar la hermosura salvaje de uno de los territorios mas bellos de Europa. O en Córcega, donde no deja de parecer insólito descubrir bahías y playas de ensueño, bordeadas por inmensos bosques de pinos, perfectamente desprovistas de cualquier edificio.
Esa impresionante belleza natural del paisaje y de las costas esta protegida, no por una ley, sino por el Frente de liberación Nacional de Córcega (FLNC), que en ocasiones pone bombas contra edificios y proyectos turísticos con la excusa de pretender salvar el litoral. "Proteger la identidad geográfica de nuestro país es una prioridad", afirman los nacionalistas. Pero nosotros decimos que lo que valen son las leyes, no las bombas.
El País 17/01
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17.1.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Galicia
Del espectáculo al escándalo
ORIOL BOHIGAS* : "Luis Fernández Galiano publicó el pasado día 8 en este mismo periódico el artículo Exorcismos urbanos con un ataque al absurdo desarrollo de la ciudad en esta era liberal y capitalista, y a la comprometida y plácida participación de la arquitectura a este irreversible desaguisado que ha destruido las identidades urbanas y ha suburbializado el paisaje. La primera frase del artículo es ya un manifiesto: "La arquitectura ha transitado del espectáculo al escándalo". Y la última resume la dramática situación: "Parafraseando al Borges de la Nueva refutación del tiempo, la ciudad es un tigre que nos devora, pero nosotros somos el tigre".
No se resolverá el problema con mejoras puntuales, garantías de calidad, normativas anticorrupción, prescripciones legales, aparentes socializaciones disfrazadas de planeamiento, si no es con un cambio radical de los valores fundamentales -o de la ausencia de valores- en una sociedad obcecada por la "construcción oceánica del territorio". Es decir, por el exclusivo uso mercantil -representativo de un vacío moral- de todo ese territorio.
Por las mismas fechas he leído unas referencias periodísticas a unas declaraciones del arquitecto holandés Rem Koolhaas después de que un proyecto suyo para la nueva sede de Gazprom en San Petersburgo haya perdido un concurso internacional de evidente trascendencia y en el que salió ganadora la propuesta de un inmenso rascacielos, según parece, un exabrupto oportunista contra la identidad histórica de la ciudad. Koolhaas pide el boicot al actual sistema de concursos de arquitectura impuesto en toda Europa. Y lo pide especialmente a los arquitectos estelares que hoy se cobijan en un potente sistema mediático, es decir, aquellos que más han colaborado en el despilfarro del suelo y la negación de las realidades urbanas y paisajísticas. Un sistema en el que el propio Koolhaas tiene un buen papel, gracias al cual ha logrado grandes encargos en todo el mundo, realizados siempre con indiscutible maestría, pero sin escapar del evidente servilismo espectacular, aquel que, como decía Galiano, se ha transformado ya en escándalo.
La propuesta de Koolhaas trasluce, sin duda, un talante cínico, desagradable y, además, se sitúa todavía en la aceptación de un sistema que ya no se puede arreglar con detalles de método, sino con cambios revolucionarios. Boicotear los concursos puede ser incluso contraproducente. Sin ellos tampoco se evitaría el despilfarro deshonesto porque éste no depende sólo de la calidad arquitectónica. Pero, aceptando incluso esa voluntad regeneradora aunque conservadora, quizás se podría sustituir el boicot por modificaciones esenciales que paliarían algunos defectos y reducirían incluso el poder y las influencias de aquellas estrellas mediáticas. A pesar de sus errores y sus escándalos, los concursos han sido un buen instrumento para descubrir nuevos valores hasta entonces obstaculizados por los maestros previamente reconocidos. El propio Koolhaas nació públicamente con un concurso. Anular ese medio a petición de los que lo han usado a destajo puede ser escandalosamente abusivo.
Por lo tanto, es necesario -aunque no como solución definitiva- imponer otros controles a estos concursos, sobre todo en el sentido de apoyar su posible alcance cultural. Un concurso público debería ser el campo idóneo para un diálogo sobre tendencias y objetivos. Para empezar, habría que asegurar unos jurados solventes y comprometidos, conocedores del tema y de la correspondiente situación cultural, cosa que pocas veces ocurre porque, para facilitar la gestión, la mayoría de miembros del jurado no son más que funcionarios próximos a los temas burocráticos de la Administración, que acaban imponiéndose a los pocos profesionales capacitados. Este problema ha quedado manifiesto en el mismo concurso de San Petersburgo en el que los tres únicos arquitectos del jurado han dimitido al darse cuenta de que, al final, los numerosos funcionarios de Putin acabarían decidiendo a las órdenes del ajetreo político. Asegurar, por tanto, un jurado solvente e independiente es un primer paso que habría que exigir. Pero es importante también subrayar, incluso públicamente y a niveles internacionales, los contenidos culturales de los proyectos vencedores y utilizarlos como base de discusión profesional y académica. Memorias críticas, exposiciones, debates universitarios, asesorías, discusiones sobre los resultados son instrumentos para asegurar el acierto y rentabilizar los contenidos. La solución no es un boicot en manos de aquellos que más se han aprovechado del sistema. La solución es cambiar radicalmente "nuestros corazones y nuestras mentes" como decía Galiano, allí donde residen los problemas básicos, sociales, económicos y culturales, es decir, políticos. Y mientras esperamos ese cambio, sólo podemos proponer controles provisionales, por lo menos más eficaces que un boicot promovido por los favorecidos hasta hoy por el propio sistema.
*Oriol Bohigas es arquitecto.
El País 17/01
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
Sostenibilidad, ecología y medio ambiente
JORGE BENAVIDES SOLÍS* : "En resumen, gracias a varios jueces y fiscales, conocemos la enorme magnitud del insostenible desarrollo urbanístico de España. Al respecto, ya habían manifestado su preocupación todos los poderes públicos (nacional y autonómicos), también Greenpeace, la WWF (Fundación para la protección de la Naturaleza), la Unión Europea (2005), el Relator de vivienda de Naciones Unidas (2006). Hasta el partido en el gobierno acaba de manifestar su insatisfacción ante este hecho.
El crecimiento urbanístico local, lejos de ser perjudicial, debería ser la respuesta lógica a las necesidades de sus vecinos para aumentar la calidad de vida: bienestar, identidad cultural, calidad ambiental; pero no es así. Debería corresponder al enriquecimiento de la dimensión pública del territorio y de los espacios urbanos: equipamientos, calles, parques, jardines, bosques y lugares protegidos; pero no ha sido posible. También debería permitir el crecimiento de la edificación privada: residencial, industrial, comercial con la cual conformar un escenario agradable donde los vecinos de un núcleo urbano, desarrollen gratamente todas las actividades; pero lejos de ello, se ha desgarrado el paisaje y los vertederos de basura estética se encuentran por doquier. Sin embargo, aunque la LOUA no lo diga, es indispensable tomar en cuenta que el último fin del planeamiento es mejorar la calidad de vida.
Lastimosamente, en la práctica, el proyecto de ciudad (enunciados y planos del PGOU), se lo reduce a una simple y discrecional operación por parte de los arquitectos: la asignación de usos y la clasificación de suelo. Para los edificadores es la posibilidad lucrativa de levantar contenedores de ladrillo donde y como sea. A la vez, por parte de la Junta, es un acotado proceso controlador de cumplimiento administrativo. En la misma línea, la construcción de ciudad, para los ayuntamientos, es equivalente a pura y dura gerencia inmobiliaria. Y para colmo, los dueños de la ciudad (vecinos), con su indiferencia, parecerían demostrar que les conviene postergar la ciudadanía (pensar en los demás) para facilitar su conversión en clientes o usuarios (omitir al otro).
En este contexto, la profesión del urbanista (teoría y acción) más bien aparece como un oficio (dominio de los instrumentos) al que el soporte teórico y estético le resultan inútiles dentro del unívoco proceso instrumental dedicado a satisfacer la apetencia depredadora de la economía inmobiliaria (suelo), la cual, en el mejor de los casos, está interesada en cumplir con la norma, pero no en proponer un modelo de ciudad, ni sugerir o hacer concesiones para el bien común. No es su función.
De aquí precisamente deriva la obligación cívica de "los poderes públicos" para elaborar las normas urbanísticas tomando en cuenta que la ciudad, tal como dicen los clásicos mediterráneos, es al mismo tiempo urbs (materia), civitas (sociedad) y polis (política), o sea, es el producto cultural más sofisticado y complejo que ha concebido el hombre para con-vivir entre y con los demás. Dicha norma, aunque se refiera sólo a lo físico (ley del Suelo), no puede gestarse en un ámbito operativo compartimentado como antaño: técnico, penal, policial, administrativo o de gestión. Ya no es tiempo del especialista que participa en equipos multidisciplinares. Es la era de la transdisciplina.
Está bien que, sobre el problema urbanístico, tengan protagonismo los abogados y los políticos (aspecto operativo), pero es necesario escuchar a los sociólogos, economistas, arqueólogos, filósofos y, sobre todo, después de su experiencia de 50 años en el planeamiento normativo, resulta indispensable el pronunciamiento de los urbanistas, de las Universidades; pues, "la experiencia hace la ciencia" y también la teoría.
De acuerdo a los resultados, hasta hoy todo el aparato instrumental desarrollado en España para construir civilizadamente la ciudad, por sí sólo, ha sido insuficiente. Es indispensable que se lo enmarque y se lo acompañe, si no de una teoría general del urbanismo, por lo menos de una política de aceptación unánime de principios y paradigmas generados por la actual sociedad de la información y de las nuevas tecnologías, dirigidos precisamente a conseguir un crecimiento cuantitativo y a la vez cualitativo, con calidad de vida.
Si la ciudad es la casa de todos, tendremos que rescatar principios de la ecología, es decir, de la forma cómo los seres vivos construyen su oikos (hogar). ¿Habrá necesidad más básica? De la sostenibilidad, que, como dijo la señora Bruntland, es el consumo responsable de los recursos naturales no renovables que evite el despilfarro de: combustibles fósiles, suelo, agua, selva amazónica. ¿Qué intereses se mueven para hacer ambiguo su significado? Del medio ambiente, es decir, de la protección de los cuatro elementos que, para los clásicos, constituyen la vida: agua, aire, tierra y fuego (energía); no hay que contaminarlos. ¿Por qué se dificulta su comprensión? En último término, ecología, sostenibilidad y medio ambiente tienen como referencia común la vida en este planeta bello y finito. Todos debemos interactuar en este sentido, incluso para hacer y cumplir la norma.
Pero además de principios (ética y teoría), ¿qué otras sugerencias concretas se han puesto en consideración para superar el problema? ¿Por qué no el 23,5% del suelo en lugar del 30% o del 40% propuestos por la Junta para limitar la expansión urbanística salvaje?
*Jorge Benavides Solís es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla.
El País 17/01
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
2006 se cierra con otro récord histórico en licitaciones públicas
CARLOS SÁNCHEZ : "Ni sombra de desaceleración -y mucho menos de enfriamiento- en el sector de la construcción. Los últimos datos recogidos por Seopan -la patronal del sector- indican que el ladrillo continúa ganando peso respecto al conjunto de la actividad económica.
Las cifras no dejan lugar a dudas. La licitación pública total -incluyendo la demanda de las tres administraciones- ha crecido entre enero y octubre un 12,7% de media, hasta totalizar los 36.510 millones de euros, una cifra jamás alcanzada en los concursos públicos. El incremento ha sido especialmente intenso en relación a la edificación, toda vez que Seopan sitúa el crecimiento en un 22,3%, mientras que la obra civil crece un 8,5%, en cualquier caso por encima del aumento del PIB en términos nominales (con inflación).
Para hacerse una idea de la evolución de este indicador hay que tener en cuenta que en los diez primeros meses de 2006 se han contratado 5.000 millones de euros más en obra pública que en todo 2004, un año extraordinariamente positivo en cuanto a actividad constructora.
El crecimiento de la obra pública afecta fundamentalmente a la Administración General y a las comunidades autónomas, ya que, por el contrario, se ha producido una sensible caída en la demanda de ayuntamientos y diputaciones. Un fenómeno que puede estar vinculado a un doble motivo: la cercanía de las municipales (lo que hace que mucho gasto se haya retrasado hasta el año 2007) y los menores recursos de la administración local, al haberse paralizado muchos planes de urbanismo al calor de los casos de corrupción desvelados en los últimos meses.
Los datos de Seopan indican que las tres administraciones gastan prácticamente lo mismo: alrededor de 12.000 millones de euros, lo que es una auténtica novedad respecto a un año tan cercano como 2003, en el que el reparto era el siguiente. La administración general: 11.345 millones de euros; las comunidades autónomas: 9.255 millones, y los ayuntamientos: 6.206 millones. Quiere decir esto que el Gobierno central continúa perdiendo peso respecto a los ejecutivos periféricos como agente del gasto.
Récord tras récord
La bonanza del sector de la construcción a lo largo del año 2006 se manifiesta, además, con sólo echar un vistazo al número de viviendas construidas hasta ahora. Los datos de Fomento indican que hasta septiembre el número de visados de obra nueva asciende a 674.000 viviendas, prácticamente las mismas que se construyeron en 2004: 687.000, y ya muy cerca de las 729.000 que se levantaron el año pasado. Algo que parece indicar que también este año se batirá un nuevo récord en el número de nuevas viviendas, y todo ello pese a que los tipos de interés han subido seis veces (hasta el 3,5%) en el último año.
El consumo de cemento y el volumen de empleo creado son los otros dos indicadores que reflejan el mantenimiento del boom de la construcción, lo que sin duda explica la revalorización de las constructoras en Bolsa. Y es que con sólo con leer los correspondientes boletines oficiales el negocio está asegurado. Se trata, como es de sobra conocido, de la única actividad económica en la que la competencia exterior es mínima, ya que la penetración extranjera en el sector de la construcción es irrelevante.
El valor añadido generado por la construcción equivale ya -datos hasta el tercer trimestre- a 78.537 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,4% respecto al año pasado.
El Confidencial, 2007.
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17.1.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO , NOTICIAS VIVIENDA
Las ciudades verdes piden paso
El País 15/01. "El año que acaba de comenzar representa un punto de inflexión en la forma de vida de los seres humanos. Por primera vez, hay más personas viviendo en áreas urbanas que en el campo, según la ONU. Esto significa que a los problemas ya conocidos de las grandes urbes (contaminación, exacerbado consumo energético problemas de movilidad, inseguridad...) se le suma el hecho de que la mayoría de los pobres vive ya en las ciudades, con lo que corren el riesgo de convertirse en urbes gigantes con un centro histórico rodeado de enormes bolsas de miseria en forma de suburbios.
Para conseguir que las ciudades sigan siendo el motor económico y de desarrollo social y el principal generador de riqueza de los países, la ONU asegura que es imprescindible mejorar las infraestructuras, el transporte y la salud de los nuevos habitantes y seguir buscando la manera de alcanzar el equilibrio entre progreso y sostenibilidad.
En 2003, 280 millones de personas de Asia, África y centro y sur de América vivían hacinadas (cuatro o más personas compartiendo una pequeña habitación). La contaminación urbana mata a tres millones de personas al año y un millón de niños muere cada 12 meses por contaminación en el interior de las casas. Y todo ello, en un mundo en que la mitad su población (2.400 millones de personas) usa diariamente combustibles fósiles altamente contaminantes (como la gasolina).
"Las ciudades se enfrentan en el siglo XXI a un reto sin precedentes. Su misma existencia está amenazada por las consecuencias del cambio climático. Su cohesión social y su estabilidad están amenazadas por la exclusión y las desigualdades. La calidad de vida y la salud de sus habitantes se ve cada día más perjudicada por el deterioro de la calidad del aire y del agua". Así arrancó el año pasado el último World Urban Forum, organizado por la ONU en la ciudad canadiense de Vancouver.
Entre las iniciativas que se presentaron, se encontraban los proyectos y las buenas prácticas de distintas ciudades, ejemplos a seguir para las demás que pueden aplicar a sus propias circunstancias. Proyectos de mayor o menor envergadura, muchos de ellos intentan acercarse al ideal de ciudad verde, mejorando la movilidad, fomentando el transporte público, en bici o a pie, en lugar del automóvil, o buscando un urbanismo basado en las energías renovables. Friburgo (Alemania), Vancouver (Canadá), Bogotá (Colombia) o Malmoe (Suecia) son algunos de los ejemplos.
La cuna de Greenpeace
Asomada a la costa canadiense del Pacífico, Vancouver es frecuente finalista en las competiciones mundiales sobre calidad de vida. Cuenta con la belleza natural de su entorno, es la cuna de Greenpeace y el hogar del conocido ecologista canadiense David Suzuki. Como anfitriona del Foro Urbano Mundial y de los futuros Juegos Olímpicos de Invierno en 2010, la ciudad sabe que debe aprovechar el momento para llamar la atención del mundo sobre grandes proyectos. Entre ellos está la creación de una comunidad sostenible en 32 hectáreas de primera categoría. La zona, situada en la orilla sureste de una ensenada llamada False Creek, está destinada a acoger también la villa olímpica.
"Los criterios que se están fijando para False Creek están sirviendo para que los promotores comprendan que construir en verde no tiene por qué costar necesariamente mucho más", dice Sean Pander, del grupo de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Vancouver. Todas las construcciones se atendrán a criterios de ahorro de energía, aprovechamiento del agua y máximo uso posible de materiales locales, reciclados y reciclables. El transporte también se verá afectado. Las plazas privadas de aparcamiento serán limitadas y se venderán aparte de las viviendas, para animar a los residentes a usar transporte público y bicicleta. Además, combinará edificios de apartamentos con bellos espacios públicos y se podrá ir a pie hasta el barrio de las oficinas en el centro. El vancouverismo combate la decadencia de los centros urbanos y la extensión urbana descontrolada.
En el último decenio, el Ayuntamiento ha utilizado métodos para animar a la gente a que ande, vaya en bicicleta y utilice el transporte público. Entre 1994 y 2004 hubo un 44% más de trayectos a pie; un 180% más de trayectos en bicicleta; un 20% más de uso del transporte público; y un 10% menos de trayectos en coche particular; la población creció un 20%.Además, se están haciendo modificaciones en todos los edificios públicos para un mejor aprovechamiento de la energía. El Ayuntamiento ha comprado coches híbridos, emplea biodiésel y recobra el metano generado en los vertederos y lo reutiliza para calentar invernaderos y generar electricidad.
Coches para compartir en el reino solar
Una gran preocupación por el medio ambiente une a los habitantes de Friburgo, una ciudad de 215.000 habitantes situada en el suroeste de Alemania, al borde de la Selva Negra.
Friburgo de Brisgovia, bastión de Los Verdes, que gobiernan con el 30% de los votos, ha recibido numerosos premios por su gestión del tráfico y las energías renovables, y acoge a visitantes de todo el mundo que vienen a aprender políticas que poner en práctica en sus países.
Friburgo sigue una política integral de tráfico coherente desde hace 35 años. "En esto no hay éxitos a corto plazo", advierte Martin Haag, jefe del departamento de Infraestructura del ayuntamiento, quien recuerda el primer Plan General de Tráfico, aprobado en 1969. "Entonces aún no se hablaba de sostenibilidad, pero había una voluntad de proteger el casco antiguo del tráfico motorizado".
En los años setenta se redescubrió la bicicleta. Y en 1972, cuando muchas ciudades se deshacían de los tranvías, Friburgo optó por ampliar su red. De 1985 a 2004, los silenciosos y no contaminantes tranvías casi duplicaron el número de pasajeros.
En 1975, la lucha contra la construcción de una central nuclear unió a la población. Por una vez, estudiantes -mayoritariamente de izquierdas-, y vinateros -tradicionalmente más conservadores- luchaban juntos. Los unos, en defensa del medio ambiente; los otros, temerosos por el futuro de sus viñedos. La preocupación medioambiental ha dado sus frutos: la utilización de la bicicleta aumentó de 1982 a 1999 del 15% al 27% de los desplazamientos, mientras el uso del coche se redujo del 29% al 26%. En ese tiempo, los friburgueses pasaron de emplear los transportes públicos para el 11% de los desplazamientos a usarlo para el 18%.
En la ciudad no hay atascos ni ruidos. El tráfico de bicicletas es continuo por los 500 kilómetros de vías perfectamente señalizadas que la recorren. Los trayectos sobre dos ruedas no son largos gracias a que la ciudad es relativamente pequeña -15.300 hectáreas, de las que el 40% es bosque-, y la política de transportes se completa con una de urbanismo que evita que Friburgo crezca demasiado. "Se trata de construir sólo en zonas ya urbanizadas para que no haya que talar más bosque y mantener la ciudad en dimensiones compactas", explica la concejala de Medio Ambiente, Gerda Stuchlik.
Para resolver de manera no contaminante la entrada y salida de la ciudad de 80.000 personas diarias, se creó junto a la estación central un aparcamiento vigilado y con techo con cabida para 1.001 bicicletas que hace posible la combinación de tren y bici en el desplazamiento diario al trabajo. Esta instalación ofrece además reparación y alquiler de bicis, y alberga una agencia de coches compartidos. Este sistema, denominado Car Sharing, funciona en toda Alemania y permite usar coches por horas o días a un precio inferior que el alquiler tradicional.
La agencia de Car Sharing friburguesa tiene más de 100 vehículos. Muchos de sus usuarios viven en el barrio superecológico de Vauban, un distrito sin coches ni humos, abastecido por energía solar. Antiguo cuartel de las fuerzas de ocupación francesas, en 1993 Vauban pasó a manos del Ayuntamiento, que decidió construir un barrio ecológico respetando el arbolado. La mayoría de las casas tiene placas solares para su consumo energético. Algunas ni siquiera necesitan calefacción gracias a su construcción con materiales que aprovechan al máximo el calor del sol y proporcionan un aislamiento óptimo. Otras generan más energía de la que necesitan, que venden a la compañía eléctrica local. Así amortizan en diez años el costo de la instalación.
Vauban es un idilio ecologista con tintes orwellianos. Quien tiene coche está obligado a comprar una plaza en uno de los dos garajes-solares que están a la salida del barrio. Los que no tienen vehículo deben dar cuenta anualmente de si esta circunstancia ha cambiado. "Si se descubre que tienes coche y no tienes plaza, te obligan a pagar como multa los intereses que ahorraste por no comprar la plaza de garaje", aclara Lübke, orgulloso de un sistema que funciona a base de control entre los vecinos.
Dentro de Vauban no está permitido aparcar más que excepcionalmente, y casi no hay tráfico. No extraña que sea el distrito con más niños de Alemania: allí, la calle es el patio de juegos. Sólo el tranvía recorre la vía principal del barrio. "Se trataba de que el camino hasta la parada del tranvía fuera más corto que hasta el garaje, como medida disuasoria", explica Lübke. Y, desde luego, fue un éxito: de las 500 familias que viven en Vauban, 400 no tienen coche.
Más de 10.000 personas trabajan en el sector del medio ambiente en Friburgo y alrededores, mayoritariamente en empresas relacionadas con la energía solar, que factura 1.000 millones de euros al año. Con 36,7 vatios por habitante y 11.223 colectores térmicos, Friburgo lidera la clasificación de ciudades con mayor empleo de energía solar.
En esta ciudad suaba residen los principales institutos de investigación solar del país. Las placas no sólo están en casas particulares, sino que adornan y abastecen de electricidad una gran torre de oficinas en la estación de tren y cubren los edificios de varias comunidades religiosas. Las 19 parroquias evangélicas de la ciudad reciben sólo electricidad de fuentes renovables, a pesar de ser más cara.
La comunidad católica de San Pedro y San Pablo es pionera en la utilización de energía solar. Desde 2001, sus paneles producen 20.000 kilovatios por hora al año, y ahorran 10 toneladas anuales de CO².
Lo que la comunidad ingresa por la venta de la electricidad que le sobra lo dedica a financiar cuatro comedores populares en Lima.
¡Los 'buses' circulan!
Todos los días, a las 6.30, María llega al terminal Usme de TransMilenio, en el extremo sur de Bogotá (Colombia), y toma un autobús articulado expreso para ir al extremo norte, donde trabaja de limpiadora. Tarda 55 minutos. Antes, cuando no existía este sistema de carriles exclusivos, tardaba más de dos horas. Por eso no le importa viajar en coches atestados: "El tiempo que me ahorro lo gasto en atender a mis hijos; quedaban solos hasta entrada la noche", cuenta. María es una de los 1,25 millones de personas que diariamente usan TransMilenio, un sistema inaugurado hace seis años que ha representado un alivio en el caótico transporte de esta ciudad de más de siete millones de habitantes. Cada viajero ahorra 33 minutos diarios de media. Es la mayor virtud de un sistema gestado por años, que echó a andar el 18 de diciembre de 2000 el alcalde Enrique Peñalosa. La planificación, gestión y control corren por cuenta del Consistorio; la operación y la recaudación están en manos de particulares.
El sistema suma 84 kilómetros, y operan ya siete portales que interconectan lugares extremos en los cuatro puntos cardinales. Cubre el 23% de la demanda de transporte público. La meta es mover el 80% en 2030, cuando tenga 388 kilómetros. Nadie niega sus virtudes: la mitad del 20% que tenía coche, lo vendió, y el resto lo deja en casa los dos días de pico y placa -restricción de acuerdo al número de la matrícula-. La red de comunicación articuló una ciudad fraccionada entre el norte rico y el sur pobre. Aunque hay robos, es un sistema seguro. Por primera vez, los discapacitados en silla de ruedas y las madres con carritos pueden usar el transporte público.
TransMilenio ha alterado el paisaje urbano. La ciudad ganó en monumentalidad. Hoy la ciudad tiene más puentes elevados, túneles, aparcamientos para bicicletas, avenidas amplias y muchos puentes peatonales. "La ciudad es otra, más bonita; por fin Bogotá tiene un transporte decente", dice un hombre mayor, mientras juega con su compañero de viaje a adivinar cómo era antes lo que hoy es la troncal [carril exclusivo] de Suba, la obra pública más grande y más costosa en toda la historia de la ciudad, inaugurada el pasado mayo. "Estamos construyendo espacios para que la gente los disfrute", dice Angélica Castro, gerente de TransMilenio. Esta ingeniera civil de 41 años creció con el sistema: fue su primera jefe de planificación y escaló hasta llegar a la dirección.
Algunos urbanistas cuestionan los altos costos; otros critican que el cemento le está robando espacio a las zonas verdes y que los puentes metálicos rompen la armonía de la ciudad. Para el urbanista Mario Noriega, sólo ahora se está empezando a ver la complejidad del sistema. Las quejas aumentan por las largas esperas: en algunas troncales ya no caben más autobuses y por eso siempre van atestados; además, los alimentadores -red complementaria de 345 autobuses hacia los barrios más pobres- son pocos y, como comparten vía con el tráfico normal, avanzan a paso lento. "Con la saturación del corredor de TransMilenio sólo quedan dos opciones: construir el metro o la ciudad-región", dice Noriega.
La gerente de la empresa acepta las críticas: "Podemos tener problemas de capacidad, pero eso no implica cambio de tecnología", dice. Y habla de ampliación de estaciones y de troncales exclusivos para los autobuses rojos articulados.
Desde el Ayuntamiento se trabaja para que el transporte público sea un todo y no una competencia entre TransMilenio y el transporte tradicional. El problema es cómo hacerlo y cuánto tardará en implementarse. La entrada de TransMilenio implicaba que por cada articulado salieran de circulación ocho autobuses viejos, inseguros y altamente contaminantes. Ha sido imposible de cumplir. Los empresarios de transportes tienen un gran poder político y los alcaldes, pocas herramientas para meterlos en cintura. Por las estrechas calles de esta ciudad que creció desordenada, sin planificación, circulan 20.000 autobuses, muchos semivacíos y un gran porcentaje con más de 15 años, y 60.000 taxis. Además, hay transporte pirata en las zonas marginales.
La sobreoferta genera atascos insoportables en las horas punta. Mientras se logra el acople de los dos sistemas, Bogotá seguirá moviéndose a dos velocidades: la que va rápido y de manera segura por los corredores de TransMilenio y la que se moviliza de manera lenta en el sistema tradicional, donde no hay paradas, donde es posible tomar o bajarse de un autobús en la mitad de una calle y donde se viaja sin respetar las normas. por la llamada guerra del centavo, generada por la falta de horario y salario fijo para los conductores. Las rutas, por ello, no siempre son fijas.
Construir el futuro
En la ciudad sueca de Malmoe, la tercera del país, a 600 kilométros de Estocolmo y unida por un puente a Copenhague, se ha puesto en marcha un plan de lo que debería ser la ciudad del futuro. Esa ciudad está emplazada en la zona portuaria, y lleva el nombre de Puerto del Oeste.
El origen de esta experiencia se encuentra en la Feria europea de la Vivienda que tuvo lugar en Malmoe en 2001. En el proyecto se tuvo en cuenta el crecimiento demográfico mundial, entre enormes carencias y un consumo desenfrenado que origina, además de tensiones sociales, destrucción de espacios naturales, agotamiento de recursos y contaminación. La experiencia de Malmoe ha dado respuesta a estos desafíos.
En materia de energía, se buscó la utilización de fuentes renovables. El 100% se produce localmente. Una bomba extrae calor del agua de mar y las aguas subterráneas y lo utiliza para la calefacción y el aire acondicionado. Otra fuente de energía proviene de la instalación de 1.400 metros cuadrados de paneles solares.
El transporte urbano se ha encarado dando prioridad al uso de la bicicleta. Se han construido caminos para el transporte público desde Puerto del Oeste hasta el centro y barrios periféricos, estimulando el uso de gas y energía eléctrica en los vehículos, limitando el uso del automóvil.
Los espacios verdes son parte esencial del nuevo barrio. Se han creado dos parques con condiciones específicas para diversas especies vegetales. Han sido instalados 3.000 metros cuadrados de cubiertas ecológicas, y previamente se procedió a descontaminar el suelo de la zona, que durante años había recibido los residuos químicos de las industrias existentes.
Los residuos domésticos tienen una solución satisfactoria mediante el reciclaje y clasificación del 70%. Se utiliza un sistema móvil de aspiración neumática para transportar los residuos previamente clasificados. Los biodegradables se transforman en biogás, que después se utiliza para la calefacción. Los sedimentos de las aguas residuales son procesados para la extracción de fósforo.
La totalidad de las viviendas disponen de conexión a Internet por banda ancha. Cinco años después de iniciada la construcción de Puerto del Oeste, el equipo que lo proyectó ha evaluado la experiencia como positiva, aunque no se han cumplido todas las expectativas, como es el caso de la participación ciudadana. Pero se tiene conciencia de que el cambio de hábitos y mentalidad es un proceso que exige tiempo.
Puerto del Oeste es un proyecto en marcha que ha cumplido su primera etapa de construcción de 600 viviendas y prosigue activamente su expansion. Lars Jaeger es propietario de una galería de arte moderno ubicada en la rambla del nuevo barrio. Tiene también su vivienda en la zona. "Mi familia y yo nos sentimos muy bien aquí", dice, "la presencia del mar, la cercanía de la naturaleza y la calidad del entorno en general y de las viviendas en particular, hacen la vida agradable". Tiene una única queja, aunque admite que es de menor cuantía: las dificultades para estacionar el automóvil.
Interesante, porque se trata de la visión de alguien que procede de otro entorno, es la opinión de Machteld Bergstra, estudiante holandesa que decidió trasladarse a vivir a Malmoe. Tiene un pequeño tallercito en el nuevo barrio en el que restaura sillas antiguas. Lleva pocos meses viviendo en su nuevo país y todavía no ha aprendido el idioma, por lo que se comunica en inglés. "Me siento muy contenta aquí", afirma. "Además de que tengo trabajo, la cercanía del mar, el colorido de las fachadas de las casas, y el ambiente en general, me gustan".
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16.1.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Urbanismo municipal
AEDRU.ORG -13/01. La administración local posee, a través de la concesión discrecional de licencias y planes urbanísticos, el control absoluto sobre "el grifo de la oferta". Aún tratándose de un bien de primera necesidad la clase política utiliza su monopolio en la concesión de licencias para mantener el suministro de viviendas sistemáticamente por debajo de las necesidades sociales. El motivo por el que los políticos usan su poder para impedir que los ciudadanos ejerzan su derecho constitucional a disponer de una vivienda es evidente: el permanente estado de sobredemanda en el mercado inmobiliario, la permanente escasez artificial de un bien de primera necesidad provoca un alza continuado de precios de la vivienda que se traduce en un alza continuada del precio de las licencias y otros permisos urbanísticos de los municipios.
Dado que la mayor parte de la financiación municipal, tanto la empleada para financiar obras faraónicas, inútiles y cargadas de ostentación analfabeta (campañas electorales encubiertas) como la empleada para financiar la corrupción de los partidos y la corrupción personal de los políticos se obtiene del saqueo a los ciudadanos a través de las viviendas nuevas (y de los créditos de las Cajas de Ahorros), este aumento del precio de las licencias es esencial.
Un político siempre desea robar y despilfarrar inutilmente cantidades crecientes de dinero lo que hace necesario que el negocio monopolista de la concesión de licencias deba proporcionar ingresos crecientes.
El negocio de las recalificaciones y licencias funciona a base de comprar o expropiar forzosamente suelo rústico a precios irrisorios. Si se trata de una operación de robo legal y democrático al ciudadano, una vez firmados los papeles la clase política vende ese suelo en concuro público a precio millonario y el dinero se ingresa en las cuentas municipales. Este dinero robado al ciudadano será empleado por los políticos para subirse los salarios, viajar a las Caimán en viaje oficial o comprar nuevos coches oficiales. De tratarse de un robo ilegal al ciudadano, el suelo rústico lo compra, por ejemplo un primo o una Caja de Ahorros. La recalificación en estas ocasiones se hace previo pago del propietario al político. Hay también operaciones híbridas que combinan el robo ilegal con el robo legal al ciudadano.
Como este negocio está basado en el monopolio y los métodos mafiosos los costos son virtualmente iguales a cero (Si un agricultor se niega a regalarles sus tierras se las roban) De esta manera el único modo de incrementar prograsivamente el botín es aumentar el precio que los promotores pagan por las licencias (precio que cargado el el precio de la vivienda, pagan finalmente los compradores de la vivienda) o bien aumentar la producción y venta al mejor postor de licencias.
Esto último, el recalificar cantidades ingentes de suelo, se ha hecho mucho en el intento de los políticos por incrementar el volumen de lo robado a la población. Lamentablemente la ley de la oferta y la demanda nos dice que si aumenta lo suficiente la oferta, si la clase política deja de ser capaz de mantener artificialmente la escasez de un bien básico a través de prohibir de hecho la producción de este bien necesario, los precios de las viviendas bajarían y resultaría imposible a los políticos seguir vendiendo licencias a precios astronómicos.
Eran de esperar por parte de la clase política toda clase de maniobras para mantener la escasez de la vivienda y, utilizando el matonismo de toda mafia, quitarse de encima cualquier competencia a su monopolio.
La marcha atrás en las calificaciones, operación que consiste en volver a hacer rústico utilizando como pretesto ridículas preocupaciones medioambientales (como si a un ladrón mafioso le preocupase la naturaleza) pero sin devolber el dinero saqueado o la nagación "por que yo lo valgo" de licencias a suelo que el propio municipio a vendido a precio millonario con sus planes urbanisticos aprobados, son solo un ejemplo de este intento de mantener la escasez que les permite robar más cada año.
Esta nueva vuelta de tuerca que consiste básicamente en volver a robar el 43% de lo que previamente ya habían robado mediante la siniestra inflación es solo un intento más de mantener medio cerrado el grifo de la oferta.
Por fortuna esta vez no va a salirles bien. Han ido en su codicia demasiado lejos. Las cifras de la macroeconomía nos dicen que el castillo de naipes se desplomará.
Si teneis algún depósito en una Caja de Ahorros quizás fuese este el momento de liquidarlo y buscarle a vuestro dinero un destino más noble y seguro.
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16.1.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
Especulación desenfrenada
JAIME RODRÍGUEZ-ARANA : "El título del artículo de hoy quizás pueda parecer un tanto sensacionalista. Lo reconozco, pero responde literalmente al comentario realizado días atrás en Madrid por el relator especial de Naciones Unidas en materia de vivienda, el arquitecto indio Miloon Kothari, quien en una reciente visita a España, alertado por las noticias de corrupción que llegaban a la sede central de la ONU, acaba de poner el dedo en la llaga de una situación que en algún momento terminaría por aflorar.
Quizás lo más trascendente de la situación general de especulación urbanística esté en que afecta a muchas personas, no sólo las rentas más bajas, que, por su causa, no pueden acceder, como quiere el artículo 47 de la Constitución, a una vivienda digna y adecuada. Es decir, la corrupción empobrece a la mayoría y enriquece a una minoría que se aprovecha de la especulación, del pelotazo.
En el fondo, si queremos salir de este penoso ambiente, es menester individualizar sus causas y trazar un programa integral por establecer la ética también en este sector. De lo contrario, seguiremos en el mundo de los parches y de la ausencia de voluntad para solucionar los verdaderos problemas que aquejan a la gente. Para ello, hay que entrar a fondo en la financiación de los partidos, en la naturaleza de las competencias urbanísticas, en el diseño de la atribución de poderes entre las diversas administraciones, en el modelo educativo, en la asignatura de la ética ciudadana, en la función de la familia y los valores y, sobre todo, en la crítica al consumismo y al feroz individualismo que traen consigo estilos de vida para los cuales todo tiene un precio.
Las recomendaciones de Kothari, tras conocer nuestra realidad urbanística, son ciertamente preocupantes: entre el 20 y el 25 % de la población española se encuentra en situación de exclusión del derecho a una vivienda digna y adecuada por su alto precio. Se trata de una estimación que pone en tela de juicio la eficacia de las políticas desarrolladas en la materia y la necesidad de tomar medidas porque, según el experto de la ONU, la especulación en España es la más grave de Europa.
Es posible que estas noticias nos suman en una cierta tristeza al comprobar que no somos los mejores en todo. Es más, que existen materias en las que somos de los peores del globo. Entre las posibles medidas a emprender, el relator especial de la ONU propone, en sus observaciones preliminares, reducir las subvenciones fiscales a la compra de vivienda, pues según datos recientes de la OCDE estas políticas bajan los precios de la vivienda entre un 15 y un 30%.
Por si fuera poco, el señor Kothari afirmó que la corrupción urbanística detectada hasta el momento es la punta del iceberg de una manera mafiosa de proceder ligada a la recalificación de terrenos. Por eso, reclamó una mayor aplicación de la ley penal y la vigilancia del Gobierno de la nación sobre las actividades urbanísticas de los poderes territoriales. También pidió la paralización de las recalificaciones en curso hasta la aprobación de la nueva ley, que el Gobierno se preocupe del acoso inmobiliario, en cuya virtud los propietarios intentan que los inquilinos que pagan rentas antiguas abandonen las viviendas y que se atienda debidamente a los inmigrantes en materia de vivienda que, en ocasiones, habitan espacios indignos de la condición humana.
Un buen rapapolvo que nos debe hacer pensar y actuar. Primero, reconociendo la realidad y después, diseñando un plan estratégico de regeneración ética y cívica. Y actuando con coherencia en el marco de las cualidades democráticas que nos exige nuestra conciencia de ciudadanos que aspiramos a que la persona sea el centro del orden político, social y económico, no el dinero o el poder, como algunos pretenden.
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Maldad de la clase dirigente
Izerdi
14.01.2007 09.09
Me ha encantado, creo que es un tema muy importante al que debía meterse mano, pero me temo que sea sólo palabras, cientos, miles, ,illones de palabras vacías de contenido e incoherentes. A decir verdad, la clase política cada día que trascurre me parece más abominable, más indigna.
A la clase, considero, que lo único que le interesa es su poltrona y que el resto paguemos lo que ellos despilfarran, los regalos que ellos hacen a sus amistades, en forma de invitaciones, de recalificaciones, de leyes especiales hechas a la carta para una persona determinada o para un momento especial en que así lo precisen.
Pienso, asímismo, que esta clase política está protegida, sustentada por la legislatura que bendice y hace buenas sus mayores corrupciones. Vierten agua bendita a golpe de hisopo cualquier monstruosidad, vease Marbella, por poner un pequeño ejemplo. Cada día sigo con atención y cuento los días que esta gente va a estar en la cárcel. Si quieren de verdad que de una maldita vez cambie esta forma de desgobierno, ¿por qué no se obliga a devolver cuanto dinero se ha robado con los intereses generados, la subida del IPC a las arcas del Estado?
Solo cuando un o una política tebga que dar cuentas a la justicia por su mala o nefasta gestión comenzará el cambio. Las palabras no reflejan nada, solo manifiestan la poca vergüenza de quien las usa, que por robar ha robado hasta el mismisimo significado de las mismas.
Estoy cada día más convencida que solo se penalizan los " delitos de opinión", lo cual dista mucho del significado de un gobierno " Demócrata": DEMOCRACIA
1. f. Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno.
2. f. Predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado.
Percibo que la ciudadanía de a pie estamos totalmente indefensas ante la clase política, la Banca, las grandes multinacionales.
Esto debiera cambiar pero mucho me temo que moriré sin haberlo visto, pero que no obstante sufriré en mis carnes o en las de mis descendientes el acoso feroz del sanguinario animal capitalista, así como la destrucción de nuestra "CASA" con el reconversión de la naturaleza en ladrillo, el envenenamiento de nuestros ríos, aguas, fuentes... principio de vida.
EL CORREO GALLEGO 15/01
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15.1.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
"Homo urbanus": ¿Celebración o lamento?
JEREMY RIFKIN : "El año 2007 será un gran hito en la saga humana, con una magnitud similar a la era agrícola y la revolución industrial. Según Naciones Unidas, por primera vez en la historia la mayoría de los seres humanos estarán viviendo en grandes zonas urbanas con poblaciones de 10 millones de habitantes o más. Nos hemos convertido en el Homo urbanus.
El fenómeno de millones de personas apiñadas y amontonadas unas encima de otras en gigantescos centros urbanos es nuevo. Recordemos que, hace 200 años, una persona normal de la Tierra habría conocido entre 200 y 300 personas en toda su vida. Hoy, un habitante de Nueva York puede vivir y trabajar entre 220.000 personas en un radio de 10 minutos de su casa u oficina en el centro de Manhattan.
Sólo una ciudad en toda la historia -la Roma antigua- contaba con una población de más de un millón de habitantes antes del siglo XIX. Londres se convirtió en la primera ciudad moderna con una población de más de un millón de personas, en el año 1820. En la actualidad, 414 ciudades poseen una población de un millón de habitantes o más, y no se atisba el fin del proceso de urbanización, ya que nuestra especie está creciendo a una velocidad alarmante. Cada día nacen en el planeta 376.000 personas. Se espera que la población humana alcance los 9.000 millones en 2042, la mayoría de los cuales vivirán en densas zonas urbanas.
Mientras la raza humana dependió del flujo solar, los vientos, las corrientes y la energía animal y humana como sustento vital, la población se mantuvo relativamente baja para adaptarse a la capacidad de carga de la naturaleza: la capacidad de la biosfera para reciclar residuos y reponer recursos. El punto de inflexión se produjo con la exhumación de grandes cantidades de energía solar almacenada, primero en forma de depósitos de carbón, y luego, petróleo y gas natural bajo la superficie terráquea. Aprovechados por el motor a vapor y más tarde por el motor de combustión interna, y convertidos en electricidad y distribuidos a través del tendido eléctrico, los combustibles fósiles permitieron a la humanidad crear nuevas tecnologías que aumentaron de manera espectacular la producción de alimentos, los artículos manufacturados y los servicios. El incremento de la productividad derivó en el crecimiento desenfrenado de la población y la urbanización mundial.
No es sorprendente que nadie esté realmente seguro de si este profundo punto de inflexión en las modalidades de la vida humana debería celebrarse o lamentarse, o si simplemente deberíamos dejar constancia de él. Ello se debe a que nuestra población en aumento y nuestro estilo de vida urbano se han comprado a expensas de la desaparición de los grandes ecosistemas y hábitat de la Tierra. El historiador cultural Elías Canetti comentaba en una ocasión que cada uno de nosotros es un monarca en un campo de cadáveres. Si nos detuviéramos por un momento y reflexionáramos sobre el número de criaturas y recursos de la Tierra que hemos expropiado y consumido en nuestra vida, nos horrorizaría la carnicería y la explotación que han sido necesarias para garantizar nuestra existencia.
El hecho es que las grandes poblaciones que viven en megaciudades consumen cantidades ingentes de energía del planeta para mantener sus infraestructuras y su flujo diario de actividad humana. Para poner esto en perspectiva, sólo la Torre Sears, uno de los rascacielos más altos del mundo, utiliza más electricidad en un día que una ciudad de 35.000 habitantes. Y lo que es todavía más increíble: nuestra especie actualmente consume casi un 40% de la producción primaria neta de la Tierra, aunque sólo constituimos un 0,5% de la biomasa animal del planeta. Las demás especies tienen menos para consumir. La otra cara de la urbanización es la estela que dejamos en nuestro camino hacia un mundo de edificios de oficinas de 100 plantas, torres de viviendas y paisajes de cristal, cemento, luz artificial e interconectividad eléctrica. No es casualidad que mientras celebramos la urbanización del mundo, nos aproximemos rápidamente a otro hito histórico: la desaparición de la naturaleza. El crecimiento de la población y el consumo de comida y agua, la ampliación de las carreteras y los ferrocarriles, y la expansión urbana siguen invadiendo la naturaleza y la abocan a la extinción.
Nuestros científicos nos dicen que a lo largo de la vida de los niños de hoy, la naturaleza desaparecerá de la faz de la Tierra tras millones de años de existencia. La autopista transamazónica, que cruza toda la extensión de la selva del Amazonas, está acelerando la devastación del último gran hábitat natural. Otras regiones naturales, desde Borneo hasta la cuenca de Congo, están mermando rápidamente cada día que pasa, y abriendo camino a unas poblaciones humanas cada vez mayores que buscan espacio y recursos para vivir. No es de extrañar que, según el biólogo de Harvard E. O. Wilson, estemos experimentando la mayor oleada de extinción masiva de especies animales en 65 millones de años. Actualmente perdemos por la extinción entre 50 y 150 especies al día. En 2100, dos terceras partes de las especies restantes de la Tierra probablemente se habrán extinguido.
¿Adónde nos lleva todo esto? Intenten imaginar 1.000 ciudades de casi un millón de habitantes o más dentro de 35 años. Nos deja helados y es insostenible para la Tierra. No quiero ser aguafiestas, pero quizá la conmemoración de la urbanización de la raza humana en 2007 podría ser una oportunidad para replantearse nuestra manera de vivir en este planeta. Sin duda, hay mucho que aplaudir de la vida urbana: su rica diversidad cultural, sus relaciones sociales y la densa actividad comercial. Pero es una cuestión de magnitud y escala. Debemos reflexionar sobre la mejor manera de reducir nuestra población y desarrollar entornos urbanos sostenibles que utilicen con mayor eficacia la energía y los recursos, que sean menos contaminantes y que estén mejor diseñados.
En resumen: en la gran era de la urbanización hemos aislado cada vez más a la raza humana del resto del mundo natural en la creencia de que podríamos conquistar, colonizar y utilizar la rica generosidad del planeta para garantizar nuestra completa autonomía sin consecuencias funestas para nosotros y para las generaciones futuras. En la próxima fase de la historia humana tendremos que encontrar un modo de reintegrarnos en el resto de la Tierra viviente si pretendemos preservar nuestra especie y conservar el planeta para las demás criaturas.
EL PAIS 7/01
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14.1.07
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Intereses urbanísticos en las competencias autonómicas en materia de agua
AGUA 10/01. Ecologistas en Acción considera que la reclamación de competencias que vienen realizando algunas Comunidades Autónomas, y que se debatirá mañana en la Conferencia de Presidentes, tiene como finalidad evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos aunque superen la disponibilidades hídricas renovables existentes en sus territorios. Ya en los últimos meses, algunos gobiernos autonómicos y numerosos ayuntamientos están autorizando la construcción de nuevas grandes urbanizaciones que no cuentan con la garantía de abastecimientos de agua potable para esas nuevas viviendas, y que cuentan con informes negativos de las Confederaciones Hidrográficas.
Ecologistas en Acción quiere mostrar su preocupación por el reclamo de competencias por parte de algunas Comunidades Autónomas en relación con el agua, (Castilla-La Mancha, Castilla y León, Andalucía, Aragón y Madrid) que superan con creces lo establecido en este sentido en el Estatuto de Cataluña y en la Ley de aguas del Gobierno Vasco. Además, considera que estas reclamaciones de competencias van en contra del concepto de gestión de unidad de cuenca establecido en la Ley de Aguas y en la Directiva Marco de Agua. Ecologistas en Acción entiende que esta reclamación de competencias tiene como finalidad evitar cualquier cortapisa a grandes desarrollos urbanísticos aunque superen la disponibilidades hídricas renovables existentes en sus territorios.
Según el artículo 25.4 de la Ley de Aguas, los nuevos desarrollos urbanísticos que se pretendan llevar a cabo deberán contar con un informe de las confederaciones hidrográficas o del órgano administrativo responsable de la gestión del agua (en el caso de que la competencia esté transferida), sobre la disponibilidad o no de agua potable para abastecer a esos nuevos desarrollos urbanísticos. Dado el espectacular desarrollo urbanístico que se está promoviendo en nuestro país, especialmente en el entorno de las grandes ciudades y en el litoral mediterráneo, y la escasa disponibilidad de agua existente en determinadas regiones, las confederaciones hidrográficas y otros órganos de gestión del agua, están emitiendo informes negativos sobre la disponibilidad de agua potable para esos nuevos desarrollos urbanísticos.
De hecho, en los últimos meses las confederaciones hidrográficas han informado negativamente a varias decenas de miles de nuevas viviendas, especialmente situadas en la costa mediterránea. Ante esos informes, tanto las comunidades autónomas como los ayuntamientos, han alegado que dichos informes no son vinculantes, y están aprobando nuevos desarrollos urbanísticos que muy posiblemente no van a disponer de abastecimiento de agua potable, al menos de manera continuada.
Ecologistas en Acción considera que dichos informes son vinculantes, pues se realizan en base a lo establecido en los Planes Hidrológicos de Cuencas, que sí lo son. Además, considera que la venta de viviendas que no dispongan de un elemento tan básico como es el abastecimiento de agua potable, podría ser constitutivo de delito, al poder considerarse una estafa.
En este sentido, Ecologistas en Acción está estudiando emprender acciones legales contra aquellos responsables de ayuntamientos y comunidades autónomas que pretendan aprobar la construcción de nuevas viviendas que no tengan asegurado el abastecimiento de agua potable. Asimismo, ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente, que haga público el contenido de dichos informes en su página web, de tal manera que los posibles compradores de esas viviendas sean conscientes de esa situación, y puedan emprender las acciones legales correspondientes cuando les falte el suministro de agua potable.
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14.1.07
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Tema: COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
¿Corrupción urbanística o corrupción del urbanismo?
FERNANDO GAJA I DÍAZ* : "Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio.
No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas?
Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
www.terracritica.org
* Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
Levante, 14/01
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14.1.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO
El Consell pide la palabra en Bruselas
J.J. PÉREZ BENLLOCH* : "Otras muchas lagunas podremos denunciar de las autoridades comunitarias de Bruselas, pero no en modo alguno la ignorancia o indiferencia acerca del urbanismo que se ha desarrollado en el País Valenciano. Tanto es así que bien podría ser este asunto una de las almorranas administrativas que más fastidia intermitentemente a los altos mandatarios de la UE. Como se ha recordado estos días, en los últimos años se han incoado y sucedido dos expedientes por infracción de la anterior Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y por la norma vigente, la Ley Urbanística Valenciana (LAV), mediando, además, 15.000 denuncias por presuntos abusos en este capítulo, dos visitas de eurodiputados para constatar sobre el terreno las quejas e irregularidades, y el llamado Informe Fourtou que las registró. En pocos otros capítulos habrá puesto más atención el Ejecutivo europeo.
Sin embargo, el Consell de la Generalitat no sólo se cree incomprendido por aquellos dignatarios, sino también traicionado por su representante legal y constitucional, que es el actual Gobierno de Madrid, el único interlocutor ante la Comisión Europea en nombre del Estado español. De ahí que, en un gesto meramente efectista y en previsión del revolcón jurídico que le acecha, el consejero de Territorio, Esteban González Pons, haya proclamado su intención de entrevistarse con el comisario europeo de Mercado Interior para defender sin intermediarios sus alegaciones a favor de la ley urbanística vigente, objeto del ya aludido expediente de infracción.
Según el mentado consejero -y el Consell con él- hay 13 comunidades autónomas que aplican la misma o muy parecida normativa urbanística, incluyendo la figura del cuestionado por estos pagos agente urbanizador. Y eso es lo que, en suma, se pretendía aducir ante Bruselas, pero que Madrid no ha incluido en su alegato porque sólo es el urbanismo valenciano el que está en candelero. ¿Por qué será, ciertamente, como se preguntaba el ex consejero socialista Eugenio Burriel? ¿Por malevolencia europea, por inquina del Gobierno de Rodríguez Zapatero, porque hay una conspiración contra el que fue descrito como "el modelo urbanístico más sostenible de España"? Los trinos populares de victimismo pueden alcanzar cotas insólitas.
Hay dos aspectos de este episodio que no acabamos de columbrar. Nos referimos, en primer lugar, a la salida de pata de banco que ha sido la referida pretensión de apelar directamente a Bruselas, obviando la mediación del Gobierno e instando una audiencia. ¿Habremos de creer que no ha sido previamente filtrada y valorada por nadie para impedir el disparate? De ser así, la conclusión está clara: el Consell no funciona coordinadamente y, además, está al albur de uno de sus miembros más temerarios, decimos del referido consejero, que en esta ocasión le ha dado por el desahogo secesionista como antes nos amenizó con el discurso verde. Un verdadero peligro para dejarlo a su aire. No obstante, lo probable -y patético- es que el núcleo duro del Gobierno autonómico estuviese al loro de esta pirueta recibida con pasmo y risa en los medios políticos.
El otro aspecto chocante es la desvelada propuesta de enmendar legalmente la referida figura del agente urbanizador, alfa y omega de todo este problema por cuanto condensa la inmensa mayoría de las protestas que han llegado a Bruselas. "Se acerca la hora de cerrar el grifo", ha declarado -y recogido en estas páginas- el consejero de marras, refiriéndose a la fórmula que ha permitido las vastísimas recalificaciones de terreno rústico a impulsos de quien no era su propietario, pero -añadimos nosotros- contaba con la complacencia o complicidad de la autoridad municipal y autonómica. Se trata, al parecer, de ponerle coto a este procedimiento, restaurando el ámbito de la iniciativa pública.
Ver para creer, pero si tal es el propósito, ¿por qué demonios no se activó cuando ya era evidente el correctivo sancionador que merecía la ley urbanística en vigor e incluso las intenciones de las instancias europeas? Es posible que fuese evidente para todos, menos para el PP valenciano, que se tiene por un dechado urbanístico. Hay desvaríos que requieren tratamientos severos.
*El País 14/01
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14.1.07
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La vivienda bajará este año
Gonzalo Bernardos* :
"En España, muchos ciudadanos consideran que el mercado de la vivienda es una excepción al comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. Están de acuerdo en que, en otros bienes y activos (como el petróleo, las acciones y los bonos), el precio sube cuando la demanda supera a la oferta y baja en caso contrario. No obstante, según ellos, este comportamiento simétrico no tiene lugar en el mercado residencial.
Para la sabiduría popular, el precio de la vivienda sube tanto cuando la demanda excede a la oferta, como cuando esta supera a aquella. Pero no considera idénticas a ambas situaciones. En la primera, la subida supera a la tasa de inflación del periodo. En la segunda, dicho incremento se sitúa por debajo de la inflación. Ningún manual de Economía refleja la excepcionalidad de dicho comportamiento, pero casi nadie se opone a esa visión de funcionamiento del mercado residencial español.DISCREPO
de la sabiduría popular. El mercado de la vivienda en España no tiene ninguna característica singular para constituir una excepción de las leyes de oferta y demanda. Debido a ello, el precio de la vivienda baja cuando existe un exceso de oferta y los propietarios y promotores se convencen de que, para tener más posibilidades de venta, deben reducir los precios inicialmente establecidos. Creo que esta situación tendrá lugar en el 2007. En concreto, espero una reducción del precio de aproximadamente un 4%. Y este no será un año excepcional, pues es muy posible que el valor de mercado de las viviendas siga reduciéndose en los próximos.
Mi opinión se sustenta en tres motivos: un elevado estoc de viviendas sin vender; una reducción esperada de la demanda y una gran oferta prevista. El primer aspecto ya lo ve en las calles del país cualquier persona que preste un mínimo de atención a su entorno. Hay una proliferación de propiedades con el cartel "en venta", inexistente en los periodos inmediatamente precedentes. En obra nueva, escasas promociones se venden en su totalidad sobre plano. Y cada vez es más frecuente observar cómo, en el momento de constitución de la correspondiente comunidad de propietarios, más de un 50% de los pisos de la misma aún son del promotor (especialmente en las provincias de Madrid, Málaga y Alicante).
En vivienda usada, principalmente en las ciudades de Barcelona y Madrid, ha crecido espectacularmente el número de pisos que están a la venta desde hace más de un año. Ambas situaciones se observan porque en el 2006, aunque no bajó el precio de la vivienda en España, la absorción de la oferta por parte de la demanda sí que lo hizo de forma sustancial.
En el 2007, la demanda de viviendas sufrirá una significativa reducción. En la realizada por motivo de uso, las principales causas estarán relacionadas con la disminución de la capacidad financiera de las familias y con un menor crecimiento de la ocupación. En el primer caso, el factor clave será la evolución alcista de los tipos de interés. Una previsiblemente moderada desaceleración del PIB en Estados Unidos, unido a la subida del IVA en Alemania (del 16% al 19%) y a la probable confirmación de la recuperación de la demanda interna de su economía, pueden provocar que el euríbor a un año (principal índice hipotecario) alcance el 4,75% este año. El menor vigor del consumo privado (gasto de las familias) y la reducción del número de viviendas iniciadas generarán una inferior creación de empleo. Esta situación retrasará en un número significativo de parejas el cambio de una vivienda de alquiler por otra de propiedad o la emancipación del núcleo familiar original, mediante la adquisición de un piso.
En el caso de la demanda para inversión, el elevado exceso de oferta y la subida prevista de tipos de interés provocarán la reducción de la misma. El primer factor hará prácticamente imposible dar el pase (comprar y vender, obteniendo una elevada plusvalía, sin llegar a escriturar la vivienda). El segundo provocará que muchos inversores patrimonialistas, que destinan el piso adquirido al arrendamiento, ya no puedan pagar la cuota hipotecaria generada por la vivienda comprada con el importe del alquiler recibido. En la actualidad, la demanda por motivo inversión, especialmente la de carácter especulativo, se está trasladando al Este de Europa. Para muchos especuladores, ahora el Eldorado Inmobiliario ya no se encuentra en España, sino en los nuevos países de la UE (Polonia, Hungría, Rumanía).
PREVISIBLEMENTE, en el año 2006 el número de viviendas visadas rozará las 925.000 unidades. Constituirá un récord histórico y más que cuadruplicará el observado en el último año alcista del anterior boom inmobiliario (en 1991 se visaron 210.000 viviendas). Esta elevada oferta responde principalmente a tres causas: las grandes facilidades crediticias otorgadas a los promotores por parte de las entidades financieras (en algunas ocasiones, el importe del crédito cubre el precio del solar y el IVA generado); la creencia de numerosos promotores de que el precio de la vivienda no puede bajar en España; y la entrada en esta actividad de numerosos advenedizos atraídos por los elevados beneficios obtenidos por el sector en años anteriores. Aunque el número de residencias visadas disminuirá en el 2007, las 725.000 nuevas unidades continuarán siendo superiores a la demanda prevista (alrededor de 350.000 viviendas).
Por tanto, si tiene intención de adquirir un piso, tenga paciencia. Mire, compare y, sólo si encuentra una auténtica oportunidad, compre. En caso contrario, espere. Tendrá suficientes oportunidades en los próximos años para encontrar la residencia que desea. En cambio, si ha invertido recientemente en vivienda, no se lo piense dos veces: póngala en venta. Es posible que el próximo año le paguen menos de lo que obtendría en la actualidad.
*Director del máster de Asesoría
y Consultoría Inmobiliaria de la UB.
*El Periódico, 12 de Enero
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14.1.07
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Tema: ARTÍCULOS VIVIENDA
Calificación urbanística y racionalidad
AlmudenaFERNÁNDEZ CARBALLAL* : "La oportunidad de cesión de la propiedad municipal donde se emplaza un estadio de fútbol a una entidad privada para su reutilización con nuevos usos es, dejando al margen cuestiones de índole política y económica, una cuestión urbanística que ha de regirse por los principios que rigen esta disciplina y, en especial, por el principio de servicio a los intereses generales que pauta toda modificación de planeamiento que pretenda llevarse a cabo con una concreta finalidad.
El carácter discrecional con que se configura la calificación urbanística del suelo y su posible recalificación determina que, no estando sometida dicha modificación de uso de suelo a criterios legalmente tasados, todo dependerá de la voluntad de las partes afectadas (el club de fútbol, el ayuntamiento y los ciudadanos en general) y de si en dicha iniciativa existe una solución de equilibrio entre todos los distintos intereses concurrentes: por un lado, los de la sociedad que actualmente explota el estadio, y por otro lado, los generales de la ciudad por los que en todo momento ha de velar la Administración municipal por imperativo constitucional.
Se trata de valorar cuándo una recalificación de suelo es razonable y está amparada por el ordenamiento jurídico por ser proporcional, coherente y racional. O si, por el contrario, resulta arbitraria en cuanto injusta, carente de fundamentación objetiva, ajena a toda razón, incongruente o contradictoria con la realidad que ha de servir a toda decisión.
El PGOM de un municipio no es otra cosa que la decisión formal de un designio racional orientado a la ordenación coherente de la ciudad. Su último destinatario son los ciudadanos. Entre sus determinaciones, la propiedad donde se ubica un estadio municipal se configura como bien de dominio público-servicio público, cuyo uso se ha cedido en régimen de concesión a la sociedad deportiva que lo utiliza.
Cambiar dicho uso y su régimen jurídico para destinar dicho terreno a otros fines más o menos lucrativos, sin que ambas partes resulten perjudicadas, constituye el tema de fondo a valorar, atendiendo a todas las circunstancias concurrentes y teniendo en cuenta los límites racionales de la discrecionalidad administrativa que, definitivamente, han de llevar a una concreta decisión.
En concreto, dichos límites pueden resumirse en tres: 1) la objetiva racionalidad y la adecuación objetiva de la nueva calificación, en el sentido de que sea de posible realización por estar conectada con las necesidades de la población en cuanto a nuevos usos de suelo y ser congruente con la líneas directrices y la finalidad del plan general vigente; 2) la proporción, que sólo se dará si la nueva calificación no impone a la propiedad del suelo -en este caso el ayuntamiento- un sacrificio absolutamente desproporcionado con la finalidad perseguida, sobre todo si no va acompañado de un significativo beneficio para la colectividad; 3) la igualdad ante la ley no justifica que a supuestos de hecho aparentemente iguales se atribuyan consecuencias urbanísticas iguales, pues su obligada interpretación dentro de la legalidad obliga a atender al caso concreto y a todas las circunstancias significativas de la parcela calificada.
En todo caso, una diferente calificación del suelo y de intensidad de aprovechamiento ha de estar conectada con el interés general emanado de las circunstancias concurrentes en la actuación y con la filosofía inspiradora del planeamiento en perfecta sintonía con las necesidades urbanizadoras municipales y con las necesidades urbanísticas de los ciudadanos, en cuanto últimos destinatarios del planeamiento municipal, de la ordenación del uso del suelo en él prevista y de su posible modificación.
*La Voz de Galicia 12 Enero
en
12.1.07
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO