Este país está de saldo, todo se vende barato, barato. Las administraciones del Estado y las Comunidades se deshacen del patrimonio público a marchas forzadas. Toda clase de edificios monumentales, históricos, castillos, etc, son puestos a la venta al mejor postor. Este es el momento de que los grandes capitales internacionales se hagan con un pedacito de esta tierra a estupendo precio. A la cabeza figuran el ministerio de Defensa, con sus instalaciones militares y el de Interior con cuarteles y otras dependencias públicas. Pero también Comunidades como la de Madrid o la de Andalucía venden asequiblemente todas sus propiedades.
"F.FAFATALE* : Castillos, antiguos hospitales y casas cuarteles de la Guardia Civil, edificios históricos, pisos de lujo y solares, entre otros inmuebles, han sido puestos a la venta por las administraciones públicas españolas. No sólo el Estado, sino también las administraciones regionales se han sumado a la fiesta, vendiendo incluso las propias oficinas desde las que se realizan las privatizaciones. El patrimonio inmobiliario público incluso se ofrece al mejor postor en internet.
Los ingresos por ventas del Plan de Gestión de la Propiedad ascienden a 153 millones de euros, según expone (en inglés) el Informe Anual CORA (Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas). La Comisión CORA, impulsada por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, persigue presuntamente mejorar la eficiencia de las instituciones. En ella se jacta de adelgazar al máximo el sector público, por ejemplo, destruyendo 424.800 empleos públicos desde el tercer trimestre de 2011. El propio informe añade que “la mayor desinversión está prevista en los ministerios de Defensa y Fomento”. Hasta ahí llega la transparencia del Gobierno. Quien quiera conocer en detalle las operaciones inmobiliarias de las administraciones públicas (qué se ha vendido, a quién, por cuánto, etc.) tendrá que bucear en la red.
En efecto, el Ministerio de Defensa, que dirige el exempresario armamentístico Pedro Morenés ha desplegado un sorprendente movimiento inmobiliario, tanto por número de inmuebles como por actividad. Recientemente vendió el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería, con una superficie de más de 14.000 m2, en la calle Raimundo Fernández Villaverde número 50 de Madrid, por 111 millones de euros a la gestora de viviendas DOMO, que ya está ofertando 355 viviendas y locales comerciales en esa parcela.
“Utilización eficiente”
En junio de 2013, en el marco de la venta de inmuebles del Estado, se puso en marcha la Propuesta de Racionalización y Utilización Eficiente del Patrimonio Inmobiliario del Ministerio de Defensa, que permitió la liberalización de 3,8 millones de metros cuadrados. La venta de inmuebles de Defensa se realiza a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa. Este organismo tiene entre sus misiones la obtención de ingresos procedentes de enajenar inmuebles desafectados del ministerio, así como viviendas militares, pero también locales, fincas, etc., para dedicarlos, entre otros, a la adquisición de infraestructura y equipamiento para su uso por las Fuerzas Armadas. Este ente tiene personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión y plena capacidad de obrar. Tanto la operación de subasta del solar de Raimundo Fernández Villaverde como muchas otras se realizan a través del portal inmobiliario Addmeet.com. Ya en diciembre de 2013, Defensa logró 14 millones de euros con la venta de dos solares en Ibiza y Sevilla. En el sevillano se ubicaba el Cuartel de la Intendencia de La Oliva, 47.000 m2, que fue vendido a través de subasta por Addmeet a Inmobiliaria del Sur. El terreno ibicenco se vendió al empresario italiano Giuseppe Cipriani, según fuentes inmobiliarias citadas por Expansión. Pero el gran pelotazo de Defensa puede venir de la mano del magnate chino Wang Jianlin, dueño del conglomerado Dalian Wanda Group, quien mantiene negociaciones para implantar un megacasino similar al fallido Eurovegas de Sheldon Adelson en los terrenos militares de Campamento (Madrid) y recientemente ha entrado en el accionariado del club Atlético de Madrid.
No sólo Defensa hace uso de las subastas online de Admeet. También el Ministerio de Interior oferta por 9,5 millones de euros el Castillo de Maqueda de Toledo. Más conocido como el Castillo de la Vela, es una antigua sede de la Guardia Civil. La subasta ha quedado desierta. Y el Ministerio de Empleo de Fátima Báñez ofrece el antiguo Hospital de San Jorge en Zaragoza por 2,4 millones de euros, aunque la puja también ha quedado desierta. Sucede que sobre esta subasta la CNT de Zaragoza ha presentado una petición de suspensión cautelar, ya que el antiguo hospital, cuya fachada está protegida, pertenece al Patrimonio Sindical Acumulado, con lo que CNT considera que Empleo no debería enajenarlo, sino cederlo a los sindicatos, informa El Heraldo de Aragón.
Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ofreció al mejor postor pisos de lujo en desuso en el centro de Madrid y plazas de garaje por 20 millones de euros. La encargada en este caso de llevar a cabo el proceso de enajenación de activos fue la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, a la que El Confidencial presuntamente ha vinculado con “el pequeño Nicolás” a través de Edhinor.
Madrid hace caja
También las administraciones regionales se han sumado a la especulación con inmuebles públicos. Un caso es el de la Junta de Andalucía, pero no le va a la zaga la Comunidad de Madrid. En los últimos años ha vendido los edificios de Gran Vía, 18 y 3 por más de 26 millones de euros, y Plaza Chamberí, 8 por 40, así como un inmueble de 728 m2 en Atocha por algo más de un millón de euros, y edificios de oficinas en la calle Miguel Ángel, 28 y en la Plaza de San Martín, 4 por unos 3,5 millones de euros cada uno. Por el edificio del Registro de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, en Gran Vía, 20, ha amasado 20 millones de euros. Y otros 35 millones por dos edificios, uno en Embajadores, 181 y otro en Vía Lusitana. Se le está resistiendo a Ignacio González el edificio protegido del año 1880 y sito en Alcalá 1. El vídeo-anuncio de internet informa de que está cerca del futuro Proyecto Canalejas y que comparte planta baja y sótano con Bankia, pero omite que alberga la sede de la Consejería de Economía, ofreciendo incluso usos hotelero y residencial, equipamiento y ocio recreativo. Por él, la Administración madrileña ha llegado a pedir 10,7 millones de euros, pero actualmente tiene oculto el precio de venta.
Muy cerca del pelotazo Canalejas, en la Carrera de San Jerónimo, se encuentran las oficinas del Área de Hacienda, con las que el sucesor de Esperanza Aguirre también quiere hacer caja: pide por ellas más de 14 millones de euros. Incluso ha puesto a subasta, irónicamente, el edificio sede de la Oficina de Información de Vivienda Pública, de 1.493 m2, en el barrio de Carabanchel, por el que pide casi 4,9 millones de euros, y la sede de la Cámara de Cuentas de la Comunidad, por 7,9 millones de euros.
Barcelona tampoco se libra del afán inmobiliario. La Generalitat de Catalunya ha vendido la emblemática Casa Burés de Barcelona, un edificio modernista de 1905 catalogado como Bien de Interés Cultural, por 18,8 millones de euros a Trinder Promociones y el fondo británico Europa Capital Partners. Sin contar esta operación, desde el año 2012 la Generalitat ha vendido inmuebles por valor de 578 millones de euros, según La Vanguardia.
Andalucía vende su patrimonio
Uno de los casos más recientes y llamativos de venta de patrimonio público por administraciones regionales, debido a su volumen, es el protagonizado por la Junta de Andalucía de la socialista Susana Díaz, que ha vendido 70 edificios por 300 millones de euros al grupo estadounidense WP Carey, a través de su filial en España Inversiones Holmes. La operación es de sale & leaseback, es decir, que la administración andaluza vende sus oficinas y se quedará en ellas como inquilina durante 20 años pagando una renta anual de 23,6 millones.
* Diagonal - F.F - 2.2.15
Foto: Defensa vendió por 111 millones el Taller de Precisión y Centros Electrónicos de Artillería a la gestora de viviendas DOMO. / ÁLVARO MINGUITO
La finca España se vende barata en internet
La Plataforma por una Vivienda Digna denuncia a doce entidades de crédito por ofrecer hipotecas ilegales
Continúa el tema de las hipotecas ilegales por parte de ciertas entidades bancarias que incumplen así las leyes al respecto. Y lo hacen después de todo lo que ha llovido con el tema y la cantidad de ciudadanos afectados por este asunto ilegal. La Plataforma por una Vivienda Digna ha vuelto a denunciar a doce entidades de crédito por estas prácticas irregulares de ofrecer hipotecas a 35, 40 y hasta 50 años, siendo 30 años lo máximo permitido por ley para una vivienda habitual, con lo que vuelven a vulnerar los derechos de los consumidores.
"REBELIÓN* : La asociación de carácter nacional Plataforma por una Vivienda Digna ha denunciado a doce entidades de crédito ante el Ministerio de Economía y la Dirección General de Consumo de la Comunidad de Madrid por ofrecer hipotecas que presuntamente incumplen la legislación vigente en materia de hipotecas: la Ley 2/1981, de 25 de marzo (en su redacción dada por la Ley 1/2013), reguladora del mercado hipotecario, que sólo permite conceder hipotecas por un máximo de 30 años para la vivienda habitual.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha detectado que al menos doce entidades de crédito, entre ellas Bankinter, Bankia, Uno-E, BBVA, Pichincha, OpenBank o ING Direct, ofrecen en sus páginas web hipotecas por plazos de 35 y 40 años, incluso ampliables en algunos casos a 50 años. Consideramos que estas ofertas presuntamente ilegales vulneran los derechos más elementales de los consumidores, fomentando nuevamente el modelo de las "hipotecas subprime" que tanto daño han causado a este país y alentando nuevamente las subidas artificiales de los precios de la vivienda. Este tipo de ofertas demuestran no solamente que los bancos actúan con total impunidad, sino que además siguen pretendiendo convertir en "esclavos hipotecarios" a los ciudadanos con perfiles sociales más vulnerables, no sólo por sus ingresos sino también por la precariedad e inestabilidad de sus puestos de trabajo.
Igualmente, y después de la gravedad de todo lo acontecido en este país con la burbuja inmobiliaria y la dejación de funciones mostrada por nuestras instituciones -cosa que esta asociación lleva años denunciando-, es totalmente inadmisible que las administraciones sigan cerrando los ojos ante el gravísimo riesgo que supone empujar a los segmentos más débiles de la población a unas deudas impagables y que provocarán nuevamente una crisis de desahucios. Se nos hace muy difícil de aceptar que los mecanismos de control y supervisión no hayan cambiado nada después de que la burbuja inmobiliaria haya llevado al país a una situación límite y que sigan sin perseguirse de oficio estas prácticas con contundencia.
Para la Plataforma por una Vivienda Digna, incrementar los plazos de las hipotecas sólo conduce a elevar los precios de la vivienda e incrementar los beneficios de los bancos en concepto de intereses. Es una evidencia que los préstamos con plazos muy largos son más arriesgados, son más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y suponen un incremento exponencial del pago de intereses, hasta el punto de que se puede llegar a abonar más dinero por intereses que por la amortización del capital prestado. De esta forma se arroja aún más gasolina a un fuego que aún no ha terminado de extinguirse y que a juicio de todos los analistas, tanto nacionales como internacionales, está en la raíz indiscutible de nuestra gravísima e interminable crisis social y económica. Es intolerable que el interés de los bancos y promotores inmobiliarios siga guiando nuestro modelo económico, como si el pasado no existiera y no fuera necesario aprender de una vez la lección.
Confiamos en que las autoridades competentes sancionen a las entidades que contravienen la legalidad vigente, al igual que a cualquier ciudadano se le sanciona, embarga o condena cuando no cumple con sus obligaciones legales.
* Rebelión - 31.1.15
Foto: Vivienda Digna, viñeta derecho a techo
Sospechas de corrupción en los jefes de Urbanismo de Los Alcázares y Murcia
%2C%2Bpolic%C3%ADa%2Bentrada%2BAyuntamiento%2B-%2B%2Blaverdad.es.jpg)
El alto nivel de corrupción urbanística alcanzado en toda la zona murciana no se podía quedar solo en los cargos políticos y, por fin, parece que se van aclarando, una década más tarde, las responsabilidades de los técnicos jefes de Urbanismo, algo que hemos denunciado muchas veces. Tanto en Los Alcázares como en en Murcia capital hay fuertes indicios de corrupción entre los arquitectos municipales respectivos. El asunto no es pequeño ya que se estaría hablando de toda una trama mafiosa encargada de desviar fondos públicos hacia negocios privados con el consentimiento político-técnico.
"LAVERDAD* : Su enorme capacidad de influencia sobre la marcha de los proyectos urbanísticos, que alcanzó cotas especialmente relevantes en los años de la explosión inmobiliaria que la Región vivió la década pasada, constituye el germen de algunos casos de aparente desviación y abuso de poder que se han registrado entre arquitectos municipales. El caso de los dos altos funcionarios de San Javier y Fuente Álamo, Miguel Botella y José Mariano Sánchez Martini, respectivamente, a quienes el fiscal imputa presuntos delitos de asociación ilícita y negociaciones prohibidas a funcionarios, son un ejemplo más de esas supuestas tramas de corrupción que habrían germinado en torno a las Oficinas Técnicas de Urbanismo.
En el año 2008, los agentes de la UCO desmantelaron otra supuesta red ilícita en el Ayuntamiento de Los Alcázares, que llevó a la detención del exalcalde socialista Juan Escudero y del arquitecto municipal, Mariano Ayuso, quien aparecía como supuesto líder y cerebro de la trama. Perrmanece imputado desde entonces en el denominado 'caso Ninette', acusado de haberse aprovechado de su condición de alto funcionario municipal para enriquecerse a través de un despacho privado, al que bautizó como 'Gyps Fulvus'. Unos hechos muy similares a los narrados sobre Botella y Sánchez Martíni.
En la misma línea van las imputaciones contra el exjefe de Plenamiento Urbanístico del Ayuntamiento de Murcia, Joaquín Peñalver, imputado en los casos 'Barraca' y 'Umbra' y que también se habría lucrado mediante un despacho que dirigían su padre y su hermano.
El propio director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, Alberto Guerra, fue detenido en 2010, acusado de haber hecho negocios con representantes de grandes promotores cuyos proyectos tenía que tramitar.
* La Verdad - Ricardo Fernández - 26.1.15
Foto: Los Alcázares (Murcia), policía entrada Ayuntamiento (archivo) - laverdad.es
Madrid.- Yuanes chinos en un espacio público: vecinos y ecologistas contra Wang Jianlin
El megacomplejo de ocio y viviendas que el magnate chino Wang Jianlin quiere levantar en la antigua zona militar de Campamento sigue adelante de forma poco transparente, según denuncian los vecinos que se oponen a esta gran operación urbanística. Pretenden que estos terrenos no urbanizables se conviertan en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama, mientras la actual zona de cuarteles abandonados podría ser dedicada a viviendas y dotaciones públicas. Para ello llevan luchando ya 20 años, a fin de que los terrenos públicos no sean privatizados al mejor postor. Pero como ocurrió con 'Eurovegas' el asunto es complicado y nada sencillo de solucionar ya que la Comunidad de Madrid da todo tipo de facilidades al empresario chino.
"ELCONFIDENCIAL* : No todo podía ser tan fácil ni todo el mundo podía estar de acuerdo. Al magnate chino Wang Jianlin le ha salido un enemigo en su inversión en España. Y no es un enemigo cualquiera: son los vecinos donde se va a construir el complejo de ocio, comercio y viviendas, los vecinos de Campamento. Es un enemigo pequeño, pero persistente. Las asociaciones de vecinos y los ecologistas se oponen radicalmente a que este inversor extranjero desbloquée la llamada Operación Campamento, 20 años paralizada a pesar de la necesidad de su rehabilitación, a golpe de yuanes (unos 3.000 millones de euros).
Quieren que la administración convierta estos terrenos no urbanizables propiedad del Ministerio de Defensa en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama. En la parte en la que actualmente se levantan unos abandonados y fantasmagóricos cuarteles apuestan por viviendas y dotaciones públicas.
Su reclamación se alarga durante dos décadas, las que llevan las diferentes administraciones intentando rehabilitar la zona. Ahora el llamado Eurovegas chino vuelve a frustrar sus intenciones. Esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos Campamento han decidido unir sus fuerzas para iniciar todas las reivindicaciones posibles para luchar contra el gigante del dinero oriental.
Quieren que la administración convierta estos terrenos no urbanizables propiedad del Ministerio de Defensa en un corredor ecológico que una la Casa de Campo con el Parque Regional del Guadarrama. En la parte en la que actualmente se levantan unos abandonados y fantasmagóricos cuarteles apuestan por viviendas y dotaciones públicas.
Su reclamación se alarga durante dos décadas, las que llevan las diferentes administraciones intentando rehabilitar la zona. Ahora el llamado Eurovegas chino vuelve a frustrar sus intenciones. Esta semana la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, Ecologistas en Acción y la plataforma Salvemos Campamento han decidido unir sus fuerzas para iniciar todas las reivindicaciones posibles para luchar contra el gigante del dinero oriental.
La alfombra roja de la Administración
Será una lucha vista otras veces: construcción frente a protección ecológica. En esta ocasión hay un tercer factor que puede hacer que se decante la balanza hacia un lado: el empleo. Con un país con la tasa de paro en el 24% las promesas de puestos de trabajo en la zona del suroeste de Madrid pueden ser demasiado apetecibles.
“Se ha vendido la moto en casos similares y se han quedado en humo. Hay que ver los proyectos, si son perdurables, si no van a hipotecar a Madrid de una manera irreversible y la van a convertir en desiertos urbanísticos como en otras ocasiones”, opina Juan sobre las oportunidades de trabajo.
Los impulsores del corredor ecológico de Campamento tienen en frente, curiosamente, a las administraciones públicas -regional y local- que están interesadas en facilitar la entrada al inversor extranjero. Ana Botella, que anunciaba que se reunirá con el magnate chino la próxima semana, decía que este proyecto no implica, necesariamente, una modificación del plan urbanístico. Ya lo señalaba, semanas atrás, el portavoz de Gobierno municipal, Enrique Núñez. “El grupo Wanda podría empezar a construir mañana”, ya que su proyecto se adapta al Plan Parcial firmado en 2009.
La Comunidad de Madrid también le ha puesto la alfombra roja tras el fracaso de las negociaciones con Sheldon Adelson. "Espero que el Estado tome también la iniciativa para hacer posible esta magnífica inversión”, apuntaba Ignacio González, quien también habla de lo “buena” que sería para el Ayuntamiento esta operación porque se recuperaría una zona que lleva muchos años “prácticamente inutilizada”.
Y es que para expertos como Pablo Méndez, director de Negocio, Suelo y Rehabilitación de Aguirre Newman, esta operación “tiene sentido” desde el punto de vista Inmobiliario. “Quizá al promotor nacional esta zona no le resulte atractiva pero él va a posicionarse donde no hay competencia”. A un lado Campamento, sí, pero al otro Pozuelo, donde también se encuentra la exclusiva urbanización de La Finca.
Méndez cree que es proyecto es más viable que el de Eurovegas y con mayor posibilidad de hacerse realidad. En aquella ocasión había varios propietarios con los que negociar; en esta ocasión, sólo uno, el Estado. “Es una noticia positiva que alguien de fuera quiera invertir aquí en estos momentos”. Augura que las primeras viviendas podrían estar terminadas en dos o tres años.
Wang Jianlin ha venido para quedarse. Primero le compró el Edificio España al Banco Santander, donde construirá un centro comercial, un hotel y viviendas de lujo. Posteriormente, acaparó el 20% del Atlético de Madrid y ahora quiere Campamento. Ha puesto su ojo en nuestro país, pese a quien le pese, y es probable que no lo quite tras la operación en el suroeste de Madrid. El acuerdo con Enrique Cerezo ha sido una buena entrada para seguir conociendo inversores en nuestro país. “Banderín de enganche” lo llegó a calificar el propio Ignacio González.
* El Confidencial - Angela Sepúlveda - 25.1.15
Foto: Madrid, terrenos Operación Campamento - soitu.es
El Supremo anula parcialmente el Plan Xeral de Urbanismo de Teo
%2C%2BPlan%2Bxeral%2B-%2BSoler.jpg)
El Plan General del municipio coruñés de Teo se ha visto anulado parcialmente por carencia de Estudio de Impacto Ambiental en lo referente a la nueva autovía y al cercano polígono industrial. El Plan fue recurrido por los vecinos y los tribunales les han dado finalmente la razón al advertir importantes irregularidades en su tramitación y desarrollo.
"LAVOZDEGALICIA* : El Tribunal Supremo, en una sentencia fechada el pasado 23 de diciembre, ha declarado la nulidad parcial del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Teo en lo que concierne a la autovía de cuatro carriles proyectada entre la carretera N-550 en As Galanas y la AC-841 en Cacheiras, pasando por Montes. Asimismo, anula el plan en lo relativo al polígono industrial calificado como SUD-9, proyectado entre la autopista y Cacheiras y las aldeas de Montes y Póboa. El motivo de la anulación es la falta de estudio de impacto ambiental en ambas actuaciones.
La sentencia del Supremo da la razón a dos vecinos afectados que recurrieron en casación y tumba el fallo dictado en mayo del 2012 por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).
El recurso contra el PXOM de Teo fue promovido por Ana Palacios Bartolomé y otro vecino, facultativo del Complexo Hospitalario Universitario de Santiago, propietarios de sendas viviendas en Montes sobre las que se proyectó la autovía y frente a los terrenos previstos para el polígono industrial SUD-9, por lo que debían ser expropiados. Ambos vecinos fueron representados por el letrado Sebastián Lorenzo Viejo.
El Tribunal Supremo va más lejos, al considerar que las irregularidades cometidas en la tramitación administrativa por parte de los demandados -el Concello de Teo y la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas- serían motivo para decretar la nulidad de todo el PXOM teense, que fue aprobado definitivamente por orden del citado departamento autonómico el 4 de junio del 2010 (DOG de 15 de junio), pero como los demandantes reclamaron en la parte que afectaba a sus propiedades, la declaración de nulidad afecta solo a ambos puntos.
El Supremo incide en ese aspecto tras expresar su «absoluta discrepancia con la aquiescencia» prestada por el TSXG a la declaración de inviabilidad del sometimiento del PXOM de Teo a los trámites de evaluación ambiental y estratégica. Añade que «llegamos a la conclusión de que tal conformidad con el proceder manifiestamente ilegal de la Administración urbanística implica la vulneración no solo del principio de desarrollo territorial urbano sostenible [...], sino también la conculcación de lo establecido en los artículos 9.3 y 103.1 de la Constitución». El Supremo añade que la citada sentencia «ha extendido un manto de silencio cómplice sobre la arbitraria actuación administrativa, proscrita por el artículo 9.3 de la Constitución [principio de legalidad] y sobre la sinuosa actividad desplegada por ambas Administraciones urbanísticas demandadas». El TS reitera que «no está debidamente justificada» la inviabilidad del trámite «preceptivo y esencial» de evaluación de impacto ambiental estratégica del PXOM de Teo, por lo que al haberse incumplido en su aprobación definitiva, quedan invalidados los puntos impugnados.
* La Voz de Galicia - 26.1.15
Foto: Exposición pública del proyecto del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Teo hace casi diez años. X. A. SOLER
Madrid.- Sanidad cierra medio ambulatorio tras funcionar 10 años sin licencia
Si ya está mal el sistema sanitario gracias a los recortes del gobierno, solo faltaba que las obras de las infraestructuras se hicieran ilegalmente. Esto ha pasado en el distrito de La Latina de Madrid donde la irresponsabilidad de la Consejería de Sanidad mantenía abierto un Centro de Salud sin la correspondiente licencia. Problemas administrativos llevaron a esta situación anómala, con peligro para los pacientes que allí acudían sin tener conocimiento del tema. Ahora se ha llegado al consenso de dejar abierto solo la mitad, pero esto también es mala solución ya que cierra espacios públicos imprescindibles.
"ELPAÍS* : La dejadez o la negligencia de la Consejería de Sanidad han permitido que el centro de salud Puerta del Ángel, en el paseo de Extremadura (distrito de Latina), lleve una década atendiendo a sus más de 20.000 pacientes sin licencia de apertura ni de funcionamiento. Un problema urbanístico de difícil solución lo impedía: parte del terreno sobre el que está construido es suelo industrial, es decir, no puede albergar un centro sanitario.
El Ayuntamiento de Madrid se plantó el año pasado y ordenó el cese de la actividad. Pero ahora ha llegado con la Comunidad de Madrid a un arreglo creativo: levantar unos tabiques y dejar una parte del centro de salud inutilizada.
La Consejería de Sanidad ya ha pedido las licencias correspondientes para hacer las obras de separación y para iniciar la actividad en la parte “legalizable”, es decir, en la que no está sobre el suelo de uso industrial, explican fuentes municipales. El plan consiste en trasladar el material y las consultas, tapiar el área y seguir con la actividad sanitaria en el resto del edificio. El local ocupa unos 800 metros cuadrados, según una fuente conocedora del contrato de alquiler. La parte legalizable supera los 500 metros cuadrados, por lo que el centro de salud perdería aproximadamente el 40% de su superficie.
Los vecinos de este barrio de la capital llevan meses protestando para evitar el cierre del centro de salud. Ese parecía que iba a ser su destino cuando, a principios del verano pasado, el presidente del distrito, el popular José Manuel Berzal, firmó la ejecución del cierre. Antes de eso los técnicos habían escrito varias actas de inspección en las que documentaban la ilegalidad del ambulatorio. Las opciones, hace unos meses, eran cambiar el uso del local para resolver el inconveniente administrativo o buscar uno nuevo en la zona, según decía la Consejería de Sanidad, que en las últimas dos semanas no ha respondido a las preguntas de EL PAÍS sobre el futuro del centro.
Fuentes municipales explican que es inviable cambiar el uso del local, al menos inmediatamente. De ahí que Sanidad haya optado por partirlo y seguir funcionando a medio gas. Estas fuentes añaden que después habrá que hacer un plan especial para legalizarlo todo. Con este trámite, el Ayuntamiento recalificará el uso para que sea terciario y no industrial. La Comunidad de Madrid tiene que solicitarlo a la Concejalía de Urbanismo.
José Luis Yubero, portavoz de la Plataforma Latina en defensa de la sanidad pública, asegura que los vecinos “no van a aceptar un recorte así, con las salas de atención al paciente reducidas casi a la mitad”. Yubero teme que parte de los más de 20.000 pacientes que tiene asignados el centro sean derivados a otros del distrito que a su vez ya están “saturados”, lo que obligaría a personas de edad avanzada —este barrio supera la media de la capital en población de la tercera edad— a desplazarse. La otra alternativa, atender a la misma cantidad de personas en la mitad de espacio, tampoco le convence.
Cuando la Consejería de Sanidad firmó el contrato de arrendamiento del local con Coymar el documento especificaba que una parte era suelo industrial y debía usarse como almacén, explica la fuente conocedora del acuerdo. “Alguien de Sanidad se equivocó al hacer la obra”, añade.
* El País - Elena Gª Sevillano - 26.1.15
Foto: Pasillo del ambulatorio de Puerta del Ángel, en el distrito de Latina. / CARLOS ROSILLO
La PAH ocupa un nuevo edificio del “banco malo” en Vallecas
Nuevo éxito de la PAH en Vallecas (Madrid), donde han ocupado un edificio vacío del 'banco malo' SAREB. Esto supone el número 11 de los ocupados al banco corrupto, que continúa haciendo sus turbios asuntos al margen de los ciudadanos y para beneficio de fondos buitres internacionales. El fin de estas ocupaciones, además, no puede ser, más loable: el alquiler social a gente que lo necesita de verdad y que, gracias a esta iniciativa, puede tener un cobijo asequible, no especulativo. Solo hay que esperar que el ejemplo cunda y que las autoridades municipales y autonómicas se pongan manos a la obra para solucionar el grave problema social."LAMAREA* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Vallecas ha anunciado la ocupación de un nuevo bloque de viviendas en este barrio madrileño. El inmueble, donde viven tres personas desde hace un mes, es propiedad de la Sareb y se trata del 11º edificio del banco malo (Sareb) que se ocupa en todo el Estado.
Según ha explicado un portavoz de la PAH, “hacemos pública esta ocupación porque queremos negociar un alquiler social” para las personas sin recursos económicos y sin vivienda, algo a lo que afirman “se ha negado siempre la Sareb”.
De hecho, esta mañana han hecho entrega de una carta al ministro de Economía y Finanzas, Luis de Guindos, en la que le piden que ejerza su “responsabilidad pública, dado que el préstamo de la Sareb lo ha avalado el Estado, y dedique los pisos vacíos a alquileres sociales”.
El bloque de pisos de Vallecas está compuesto por tres viviendas en las que viven dos personas desahuciadas y en situación de desempleo y un joven de 20 años, que “por su situación de precariedad laboral no puede acceder a un piso digno”, explican desde la PAH.
En la actualidad la Obra Social de la PAH tiene 30 bloques de viviendas ocupados. Ya se han conseguido en algunos de ellos el alquiler social o el realojo de las personas en viviendas como ocurrió en Terrasa, Sabadell o en el centro de Madrid. Gracias a estas negociaciones se han conseguido alquileres de entre 50 y 70 euros, aunque en ningún caso ha habido una negociación con la Sareb.
Para la PAH, esto es la prueba de que la Sareb “no responde a ningún mandato social”, e incluso ponen en duda que “puedan responder al otro mandato, que es el de sanear el balance de los bancos, algo que sólo se hará poniendo más dinero público”.
* La Marea . Toni Martínez - 27.1.15
Foto: PAH, bloque recuperado Malasaña - diagonal
.................................... Leer más...
Urbanismo ampara los edificios de vanguardia en el conjunto histórico de Sevilla
En principio la noticia no es ni buena ni mala, todo depende del cómo se hagan los edificios de vanguardia y de si existen garantías de que cumplen con todos los requisitos exigidos por el Patrimonio de la ciudad. Para ello, además de las necesidades técnicas imprescindibles, se debe dar cauce a la participación ciudadana, a través de vecinos, asociaciones específicas, etc. En el caso Metropol (las setas de la plaza Encarnación) parece que no se dan todas las condiciones antes expuestas y el asunto está enredado en los tribunales; además de por su fuerte impacto urbano, por el sobrecoste de las obras. Pero ya, tratándose de Sevilla, hay que mencionar la más grave agresión al paisaje urbano realizada, como es la descomunal Torre Pelli en la Cartuja, que rompe abruptamente el horizonte urbano y su rico Patrimonio.
"ELMUNDO* : El plan especial de protección de la Encarnación que la Gerencia de Urbanismo se ha visto obligada a redactar de nuevo después de que el Tribunal Supremo anulara varios artículos del anterior, contiene toda una declaración de principios en pro de la arquitectura contemporánea en el interior del conjunto histórico declarado. No sólo da vía libre a las propuestas de vanguardia en los proyectos destinados a equipamientos y servicios públicos, sino que protege expresamente algunos de los edificios más polémicos de las últimas décadas, incluido el Metropol Parasol.
Las 'setas' de la plaza de la Encarnación, proyectadas por el arquitecto alemán Jürgen Mayer, se incluyen en el catálogo del plan especial como espacio urbano digno de protección. Urbanismo considera que la plaza, con todos sus elementos construidos, compone «un fragmento inequívoco de la historia de la ciudad y [...] posee un carácter simbólico representativo de su proceso de formación». En la misma categoría se incluyen la plaza del Cristo de Burgos y la plaza del Buen Suceso.
Las 'setas' obtienen, así, un grado de protección inicial sólo cuatro años después de su ejecución, que se produjo en medio de una considerable polémica por su impacto en el paisaje, sus problemas constructivos y su elevado coste, superior a los cien millones de euros. El proyecto se construyó, de hecho, con el amparo administrativo de un plan especial que el Tribunal Supremo ha declarado en gran parte nulo con posterioridad.
La asociación conservacionista Adepa, promotora del recurso judicial que terminó con esa declaración de nulidad, mostró ayer su indignación por el cambio de actitud demostrado por el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que, según asegura, «ha pasado de sugerir la demolición parcial de las 'setas' a protegerlas oficialmente». Su presidente, Joaquín Egea, dijo ayer estar «decepcionado» por la actitud de la Gerencia de Urbanismo, donde, afirma, siguen imperando los mismos criterios técnicos que condujeron a la anulación judicial de una quincena de artículos del Plan General relacionados con los planes especiales de protección.
El del Metropol Parasol no es un caso único. El plan de la Encarnación confirma la catalogación B (global) que ya establecía el PGOU de 2006 para la sede del Colegio Oficial de Arquitectos (plaza del Cristo de Burgos), obra de Gabriel Ruiz Cabrero y Enrique Perea Caveda en 1986. Los técnicos de la Gerencia describen el edificio como «una apuesta valiente sobre cómo intervenir en un tejido histórico» y aseguran que se ha convertido «en una clara referencia de la arquitectura de la ciudad».
La firme apuesta que hace la Gerencia de Urbanismo por la arquitectura contemporánea en el conjunto histórico se refleja también en la atención que recibe el ensanche de la calle Imagen (años 50) con la protección patrimonial de la práctica totalidad de sus edificaciones. Se trata, a juicio de los redactores del documento, de edificios de concepción racionalista que suponen «piezas de gran interés por su modernidad e impronta en la ciudad». Con esta protección, la Gerencia toca uno de los puntos sensibles de los grupos conservacionistas, que consideran el ensanche de Imagen como una de las operaciones de destrucción paisajística más graves de las ejecutadas en el siglo XX en Sevilla.
Después de proteger estos edificios contemporáneos, Urbanismo abre la mano definitivamente a la arquitectura de vanguardia en el interior del conjunto histórico con la redacción del artículo 30 del plan especial, que, según Adepa, contraviene la Ley de Patrimonio Histórico. Mediante ese artículo, el Ayuntamiento establece una excepción del cumplimiento de las normas de protección paisajística para los edificios destinados a equipamientos y servicios públicos.
Señala el citado artículo que estos inmuebles «podrán adoptar las regulaciones y las formas arquitectónicas que se consideren más adecuadas, incluyendo las que sean de expresión de tendencias contemporáneas». Para estos edificios no rige la ordenanza municipal en relación a la «composición, morfología y uso de materiales», que tendrán un «mero carácter indicativo», señala el documento
Egea asegura que el nuevo plan rectifica algunas de la cuestiones censuradas por el TS, pero sigue dejando en el aire los criterios por los que se rigen las excepciones a la norma, lo que, en su opinión, reincide en el problema básico de arbitrariedad que viene padeciendo la conservación del patrimonio. Teme, además, que el plan de la Encarnación sirva de modelo a los que aún quedan por aprobar.
* El Mundo - FRANCISCO JAVIER RECIO - 27.1.15
Foto: Cubierta de los parasoles de la Encarnación y, al fondo, el conjunto histórico de la ciudad y la Catedral. J. MORÓN
El Ayuntamiento de Madrid valora en 19 millones la Caja Mágica, que costó 300
Los grandes fastos que iban a suceder en Madrid pocos años atrás llevó a su inepto alcalde, R.Gallardón, a realizar enormes obras faraónicas por toda la ciudad que, como más tarde se ha visto, han generado la mayor deuda existente entre todas las capitales españolas o europeas. El fraude económico es de tanta repercusión que habrán de pasar varias generaciones para lograr un cierto equilibrio presupuestario. Sin embargo por estos hechos criminales no ha sido imputado todavía el exalcalde y le han permitido, incluso, ser ministro 'carca' de Justicia. La sociedad municipal encargada de perpetrar esta inmensa ruina, Madridec, quebró en 2013, dejando para el Ayuntamiento las deudas de la Caja Mágica y las obras inacabadas del Centro Acuático, el Centro de Convenciones y alguna más. Todo un 'muerto' para los madrileños.
"ELPAÍS* : El exalcalde de la capital Alberto Ruiz-Gallardon (Partido Popular, 2003-2011) encomendó a la empresa pública Madrid Espacios y Congresos (Madridec) la construcción de algunas de sus obras más emblemáticas, puesto que su deuda no computaba como municipal en el registro del Banco de España. Tres de esas grandes infraestructuras han resultado ruinosas, hasta el punto de que el valor económico que el Ayuntamiento les atribuye es muy inferior al coste de la obra, según un informe de la Intervención General, fechado el pasado 12 de marzo.
La Caja Mágica, la única acabada, fue presupuestada en 140 millones de euros y terminó costando 294. El Ayuntamiento le otorga sin embargo un valor de 19 millones. En el Centro Acuático, un esqueleto junto a La Peineta, se han invertido 54,5 millones; la tasación privada encargada por el Ayuntamiento valora la construcción en 19 millones. El frustrado Centro de Convenciones, un agujero junto al paseo de la Castellana, ha costado 82,8 millones. El Ayuntamiento asigna a la parcela un valor de 25,7 millones, frente a los 79 millones en los que valoró el suelo Madridec. Esta empresa pública quebró en 2013, ocasionando una pérdida de 118,3 millones al Ayuntamiento.
Quiebra y disolución. Madridec, cuya actividad principal era, según el Ministerio de Hacienda, la explotación de instalaciones inmobiliarias, quebró y fue disuelta el 31 de diciembre de 2013.
El Ayuntamiento (gobernado por el PP desde 1991) aseguró que su viabilidad se vio “comprometida por el importante esfuerzo inversor en infraestructuras”.
118 millones de pérdidas. Al quebrar Madridec, el Ayuntamiento asumió su deuda, infraestructuras y proyectos inacabados. Se apuntó unas pérdidas totales de 118,3 millones de euros, que según fuentes municipales responden a la aplicación de criterios contables diferentes entre el Ayuntamiento y la empresa pública. Al traspasar los bienes inmuebles se revisó su valoración, lo que supuso una minoración patrimonial de 86,6 millones de euros.
Centro Acuático. Madridec asumió la construcción del Centro Acuático en 2006. Ubicado junto al estadio de La Peineta, debía tener aforo para 15.000 espectadores para albergar las pruebas de natación de unos Juegos Olímpicos que nunca llegaron. Su presupuesto inicial fue de 136,7 millones, pero en abril de 2011, cuando se decidió la “suspensión temporal de la obra” por “las circunstancias económicas y las políticas de recorte de gasto”, ya se había elevado a 192,5 millones (un 41%).
En total, el Ayuntamiento heredó un conjunto de contratos vigentes que ascienden a 181,3 millones de euros. La alcaldesa, Ana Botella, ha insistido en que la obra no se concluirá como estaba proyectada, por lo que los contratos tendrán que modificarse o cancelarse, previo acuerdo o pago de compensaciones.
Madridec invirtió en total 54,5 millones de euros de dinero público en la construcción del Centro Acuático. Sin embargo, su valor de mercado asciende ahora a 23,5 millones (19 millones por la construcción y 4,4 millones por el suelo), según la tasación realizada para el Ayuntamiento por Gestión de Valoraciones y Tasaciones SA.
En su informe, la Intervención cuantifica una provisión de 92,3 millones para “adecuar la contabilidad municipal a los datos del balance de la empresa” pública. Considera que la minusvalía es “puramente contable” dado que el carácter público del inmueble (es decir, como no se va a vender, no se podrá comprobar que vale mucho menos de lo que costó).
El ‘agujero de la Castellana’. El Ayuntamiento cedió a Madridec en diciembre de 2010 la parcela junto al paseo de la Castellana, a la altura de las cuatro torres, en la que planeaba construir el Centro Internacional de Convenciones. Tan sólo se han realizado las obras correspondientes a la estructura bajo rasante; el proyecto como tal se ha abandonado, y el gobierno municipal planea licitar en breve la parcela para darle un uso comercial.
El valor del suelo que figuraba en los libros de Madridec asciende a 79 millones de euros; el Ayuntamiento se ha adscrito la parcela con un valor de 25,7 millones. La inversión total llevada a cabo asciende, según el informe de la Intervención, a 82,8 millones.
La Caja Mágica. Inaugurada en 2009 en el distrito de Usera, era la “joya de la corona” del proyecto olímpico. La obra se inició en 2006 con un presupuesto de 139,8 millones. El coste final ascendió a 294 millones. Tras varios intentos frustrados de explotación (albergó incluso una escudería de fórmula 1), Madridec admitió: “No logra la cuota de mercado que le correspondería, está en un lugar inconveniente y su mantenimiento es carísimo”.
El informe de la Intervención cifra en 213 millones la inversión realizada por Madridec (el resto habría corrido a cargo del Ayuntamiento), pero valora la infraestructura construida en 19,2 millones porque es “el valor neto registrado en el momento de la cesión”. El suelo, según estaba inscrito en los libros de contabilidad de la empresa, vale 28 millones.
“Si se vendiera, sería a precio de mercado”
El Ayuntamiento ha explicado a EL PAÍS que el informe de la Intervención “concilia el balance” de Madridec con la contabilidad municipal, “explicando de dónde viene la diferencia” entre el patrimonio que supuestamente debería recibir con el que realmente le llega. Según fuentes del área de Hacienda, esa diferencia “proviene, en líneas generales, de un tratamiento contable diferente”.
Así, las pérdidas que refleja la Intervención por la quiebra de Madridec no serían “una minusvalía patrimonial propiamente dicha, sino minusvalía contable”.
Respecto a la revisión a la baja del valor de los inmuebles, se debe, según a estas fuentes, a que el Ayuntamiento está obligado legalmente a “contabilizar su precio de adquisición original y no el valor que viene recogido en el balance de la sociedad”. Hay que precisar sin embargo que la Caja Mágica, el Centro Acuático y el Centro de Convenciones no fueron adquiridos sino construidos directamente por Madridec.
Las fuentes municipales citadas aseguran, por su parte, que “si en un futuro alguno de estos inmuebles pudiera enajenarse, se valoraría a precios de mercado, y entonces afloraría la pérdida o el beneficio que corresponde”. Pero el Ayuntamiento ya tiene la tasación de mercado de al menos uno de ellos y es indicativa: el Centro Acuático vale 19 millones aunque, inacabado como está, ya ha costado 54,5 millones.
El Ayuntamiento niega que se haya producido “ninguna operación de cirugía financiera”. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia ha detectado “incumplimientos de los principios contables” en la empresa pública.
Los magistrados anularon el año pasado el expediente de regulación de empleo aprobado en 2012 por Madridec, antes de su quiebra, al “desconfiar” de las cuentas aportadas por los responsables de la empresa. A su juicio, “no expresan su imagen real de la situación” y adolecen de “contradicciones sin resolver”. Según el tribunal, “el Ayuntamiento realizó una serie de operaciones de cesiones y adscripciones a Madridec de determinados bienes de propiedad municipal, registrándolos por los valores contables y no por los valores razonables”.
El concejal socialista Gabriel Calles asegura: “Si Madridec fuese una empresa privada, sus accionistas llevarían ante los tribunales por responsabilidad patrimonial al PP de Ana Botella, o de Alberto Ruiz-Gallardón. Esto no puede quedar en una reprimenda. Tienen que explicar por qué llevan años malvendiendo el patrimonio de los madrileños”, asegura el edil. El Grupo Municipal Socialista, que dirige Jaime Lissavetzky, “lleva meses exigiendo explicaciones. Ante este informe demoledor, deben asumir responsabilidades”, añade Calles.
* El País - Bruno García Gallo - 25.1.15
Foto: Madrid, centro Acuático sin acabar - elpais
Lerma.- Turismo exige a una constructora de Gürtel pagar la rehabilitación de una obra estrella de Aznar
%2C%2Bobras%2Bpalacio%2Bducal%2B-%2Befe.jpg)
El largo camino recorrido por el Palacio Ducal de Lerma no ha terminado todavía. Las obras de rehabilitación para ser reconvertido en Parador de Turismo acabaron en 2003, bajo proyecto del gobierno Aznar, del arquitecto 'popular' Pío Gª.Escudero y de la Junta de Castilla y León, pero ya en 2007 comenzó a tener problemas en su conservación. La constructora 'Hispánica', con fuertes relaciones con la trama mafiosa Gürtel, fue acusada por Turismo de graves perjuicios en el tejado y otras partes del edificio y, por lo tanto, a su correcta reposición, algo que todavía está pendiente de suceder, lamentablemente.
"ELDIARIO* : Uno de los proyectos estrella de José María Aznar se está cayendo a pedazos. Se trata del Palacio Ducal de Lerma (Burgos), que alberga un Parador de Turismo impulsado por el dirigente conservador cuando presidía la Junta de Castilla y León y cuyas obras se materializaron en su etapa en La Moncloa. Las obras se adjudicaron a la constructora Hispánica, famosa por sus implicaciones en la trama Gürtel y la aparición de su dueño en los papeles de Bárcenas, y han sido objeto de críticas por parte de Turespaña desde poco después de que se inaugurara el establecimiento hotelero.
El Ministerio de Industria exige a la empresa que presidía Alfonso García Pozuelo, que aparece como presunto donante ilegal del PP en las anotaciones de Luis Bárcenas, el pago del casi millón de euros que costará la rehabilitación del tejado del Palacio Ducal de Lerma y que el Gobierno ha adjudicado a Acciona después de rechazar dos ofertas por ser desproporcionadamente bajas.
El concurso para realizar estas obras está avalado por el Consejo de Estado, que dio la razón a Turespaña en sus quejas por "vicios ocultos en la ejecución de las obras de rehabilitación y acondicionamiento para Parador de Turismo" de ese edificio, que se adjudicaron a Hispánica en octubre de 1999.
La idea de convertir ese espacio en un establecimiento hotelero fue de Aznar en sus tiempos al frente del Gobierno regional, según Efe, y lo hizo realidad tres años después de llegar a La Moncloa. Su interés le llevó incluso a visitar las obras en abril de 2002. El presupuesto inicial para ese proyecto fue de 916 millones de pesetas (5,5 millones de euros), pero poco después de que el expresidente viajara a Lerma tuvo que ampliarse. El coste total superó los 6,6 millones de euros.
Peligro para clientes y peatones
Los problemas comenzaron tan solo seis meses después de la inauguración, a la que asistieron el entonces ministro de Economía, Rodrigo Rato, y el presidente de la comunidad, Juan Vicente Herrera. Un informe realizado por los servicios técnicos de Turespaña señaló que tan solo medio año después de "la entrada en funcionamiento del parador comenzaron a desprenderse losas de pizarra del tejado, precipitándose en algunos casos sobre el suelo desde gran altura".
En un estudio realizado en 2007, el departamento dependiente del ministerio que dirige José Manuel Soria alertaba de que la "rotura y caída" de partes de la bovedilla y el "desprendimiento de losas de pizarra, cornisa o remates de la cubierta suponen un riesgo para los ocupantes del parador y viandantes de sus alrededores".
Un nuevo informe de los técnicos de Turismo, respaldado por un "especialista en la materia", constataron tres años después que el tejado de pizarra del edificio se encontraba en "estado de grave deterioro por mala ejecución", es decir, que el problema partía de las obras realizadas por la constructora Hispánica. De hecho, los técnicos entendían que "la única solución viable era el levantamiento de la cubierta y su nueva ejecución".
Uso de materiales inadecuados
Sin embargo, la compañía de García Pozuelo, que solo se mostró dispuesta a hacer "reparaciones puntuales", aseguró que los problemas se debían a la falta de mantenimiento de la cubierta. Así, Hispánica propuso que el Estado la contratara para realizar el mantenimiento (consistente en dos visitas al año) por 3.700 euros más IVA. También ofreció reparar la pizarra de "zonas puntuales" de la cubierta y acusó del mal estado a "intervenciones de terceras empresas ajenas" y al daño producido por el viento.
Turismo aceptó la propuesta, por un importe de 23.324 euros, y dio el visto bueno a las obras en junio de 2011. Tan solo un mes y medio después, se produjeron nuevos desprendimientos.
Los servicios técnicos de Turismo concluyeron en 2013 que las obras puntuales no habían sido suficientes para subsanar los daños del tejado del palacio y advirtieron de que su estado era de "grave deterioro". Pese a que Hispánica insistió en la falta de mantenimiento, un informe de Turespaña fue tajante: los desperfectos se debían a la utilización de materiales inadecuados y a la incorrecta ejecución generalizada de las obras.
Hispánica debe pagar
A partir de esa resolución, el organismo público procedió a abrir un expediente a Hispánica para que se hiciera cargo de la rehabilitación completa de la cubierta o que, en caso de no ejecutar un proyecto de forma voluntaria, se hiciera cargo de los gastos, daños y perjuicios originados. El Consejo de Estado avaló esa decisión en febrero del año pasado.
La rehabilitación de la cubierta salió a concurso y Acciona fue la adjudicataria del proyecto por valor de 646.925 euros. El Parador de Lerma está ahora cubierto por andamios mientras se solucionan los "vicios ocultos" de las obras.
El ministerio ha iniciado un expediente para "reclamar a la constructora la cantidad" que se derive de la rehabilitación, según han confirmado fuentes oficiales de Turismo a eldiario.es, aunque está a la espera de que la medida sea respaldada de nuevo por el Consejo de Estado.
* El Diario - Irene Castro - 18.1.15
Foto: José María Aznar, acompañado de Juan Vicente Herrera, atiende las explicaciones de los técnicos durante la visita que realizó a las obras de rehabilitación del Palacio Ducal de Lerma en abril de 2002. / Federico Vélez (Efe)
Burriana.- El fiasco del urbanismo de golf y playa
%2C%2Bmaqueta%2BPai%2Banulado%2BS.Gregori%2B-%2BA.Sanchez.jpg)
La ignorancia en el tema urbanístico y las barbaridades cometidas en la costa continúan teniendo su poso en el pensamiento colectivo de muchos individuos que consideran, todavía, el turismo salvaje como la 'gallina de los huevos de oro'. Así se desprende de la opinión en muchas zonas costeras privilegiadas para una agricultura de calidad, como por ejemplo Burriana (Castellón), que prefieren el 'pelotazo' rápido y abusivo del territorio antes que el cultivo clásico debidamente modernizado. El enorme PAI Sant Gregori Golf se presentó en 2000. Era un proyecto de casi 7.000 viviendas para 15.000 residentes y un campo de golf de 27 hoyos. La justicia lo anuló acertadamente y ahora los terrenos están extrañamente improductivos. Demasiados intereses económicos hay por el medio.
"ELPAÍS* : “Esto hubiera sido muy bueno si se hubiera sacado adelante porque con la naranja no ganamos para nada, al contrario”. Un vecino de Burriana habla así del PAI Sant Gregori Golf de Burriana, el segundo proyecto urbanístico con campo de golf más grande de la provincia de Castellón después de Marina d'Or Golf (anulado por los tribunales) y el quinto de toda la Comunidad Valenciana.
Lo dice mientras mira delante de sí una vasta extensión de terrenos ahora abandonados que años atrás ocupaban cultivos, hasta que el ladrillo se fijó en estos 2,5 millones de metros cuadrados a lo largo de una franja de dos kilómetros de la costa norte de Burriana. “Entre los que vendieron su terreno y los que están esperando a que se construya, está todo abandonado”, dice. Él está justo en el límite del PAI, donde los naranjos vuelven a resurgir.
El PAI Sant Gregori Golf se presentó en 2000. Era un proyecto de casi 7.000 viviendas para 15.000 residentes (Burriana tiene 35.000 habitantes) y un campo de golf de 27 hoyos. Fue de los primeros de los 12 grandes proyectos de golf anunciados para la provincia de Castellón y en los que el expresidente de la Diputación, Carlos Fabra, basó su estrategia turística para justificar el aeropuerto. Ninguno se ha ejecutado. El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe (PP), recalca que Sant Gregori es el que está “en mejores condiciones de toda la Comunidad Valenciana” para echar a andar porque finalizó en 2011 todo el proceso administrativo y las obras podrían iniciarse de forma inmediata. Pero el proyecto ha estallado.
La urbanizadora Golf Sant Gregori, SA se ha declarado en concurso voluntario de acreedores y ha solicitado al juzgado la liquidación. A la sociedad formada por Bankia (70%) y Urbanizadora Vistamar, del grupo G&C (30%), le ha explotado la burbuja inmobiliaria tras quince años de tramitación que les abocó a tener que iniciar las obras en el peor momento. La devaluación del suelo y la devolución de los terrenos que habían sido adquiridos por la Sareb, el banco malo, han supuesto un golpe definitivo. Los terrenos de la sociedad estaban valorados en 29,7 millones pero ahora valen unos seis. La sociedad tiene unos activos de 14,3 millones y un pasivo de 42,6 millones. Es la quiebra. Algunos vecinos que adelantaron 2,8 millones en pagos por cuotas de urbanización podrían perderlo todo. Ante esta situación, el Ayuntamiento va a iniciar el expediente de resolución con la urbanizadora alegando “incumplimientos reiterados”.
Es la historia de la crisis. Cuando en 2009 la antigua Bancaja entró en la sociedad como socio mayoritario todos pensaban que esto suponía garantizar la viabilidad del PAI. Pero ha sido todo lo contrario. La urbanizadora es ahora una sociedad integrada en BFA —matriz de Bankia— y en 2012 se acordó traspasar los activos al banco malo. Los terrenos y solares estaban valorados en 29,7 millones de euros pero, tal y como consta en los datos del Registro Mercantil, Golf Sant Gregori tuvo que bajar su valor en 24 millones, fijando un precio de venta en 5,6. El problema vino después. En 2013, la Sareb vio que los activos traspasados estaban hipotecados por varias entidades, así que los terrenos se devolvieron.
Ahora la urbanizadora tiene los terrenos (un 20% del total) pero con ese deterioro de 24 millones y con una deuda de 31,6 millones por los créditos que se pidieron con garantía hipotecaria sobre los solares. La deuda total actual es de 42,6 millones.
Para intentar salvar la situación, la empresa llegó a un acuerdo con sus acreedores financieros para paralizar el pago de la deuda a cambio de lograr del Ayuntamiento la suspensión del PAI durante dos años. Pero llegó el concurso y el consistorio ha optado por abrir expediente de resolución y buscar otra salida que pasa por la gestión directa o por la búsqueda de un nuevo urbanizador. “El presupuesto de obra supera los cien millones, el ayuntamiento se colapsaría si asumiera el programa”, reconoce Calpe.
El regidor reunirá a los propietarios afectados (unos 300 que tienen cerca de la mitad de los terrenos) para abordar posibles salidas. De no encontrarlas, el Ayuntamiento podría enfrentarse a un verdadero conflicto. Además, la rescisión implica, como consta en un informe municipal del pasado año, la cancelación de la programación. Lo mismo ha hecho Torreblanca con el PAI Doña Blanca Golf, de casi dos millones de metros cuadrados y 4.500 viviendas. Eran los únicos dos proyectos de golf de la provincia que habían anunciado el inicio de las obras.
En Burriana, el sueño de golf y playa es solo un espejismo del que queda una majestuosa maqueta en el Ayuntamiento de Burriana. En la parte real quedan los solares abandonados y las viviendas diseminadas que había en la zona okupadas.
* El País - Lorena Ortega - 19.1.15
Foto: Maqueta del proyecto urbanístico Sant Gregori Golf expuesta en el Ayuntamiento de Burriana. / ÁNGEL SÁNCHEZ
Totana.- Duras críticas vecinales al Plan de Urbanismo
La iniciativa ciudadana en el Urbanismo de todo el país es cada vez más habitual, afortunadamente. Grupos de vecinos o afectados directamente por planes urbanísticos especuladores hacen patente su disconformidad, mediante Plataformas o asociaciones que vienen a cumplir el antiguo papel de los partidos políticos, cada vez más enfangados en sus intereses electoralistas poco claros. Ahora es en la localidad murciana de Totana donde se ha creado una coordinadora vecinal para 'vigilar' el proceso de las más de 11.000 alegaciones presentadas contra el nuevo Plan General de Urbanismo. Según parece poco se ha avanzado allí contra la corrupción urbanística y continúan mandando los mismos de siempre con sus evidentes intereses económicos.
"LAOPINIÓN* : Un grupo de vecinos lanzó ayer la coordinadora 'Otro plan urbanístico es posible', para denunciar la «expropiación» que llevará a cabo el ayuntamiento de Totana con el Plan General de Ordenación Urbana, pues beneficia «a los convenios urbanísticos originarios de la época corrupta» y amenaza tanto al campo como al casco urbano del municipio.
Según expuso la portavoz de este colectivo ciudadano, Marcela Crespo, el objetivo es informar a los vecinos de lo que está ocurriendo e invitarlos a participar en la coordinadora.
Este grupo de personas, «afectadas y preocupadas por otro nuevo abuso del Gobierno municipal», exige al Partido Popular que aclare «las consecuencias que tendrán los cambios producidos en el casco urbano». Según Marcela, el nuevo Plan contempla que los edificios construidos en esta zona no podrán tener más de dos plantas y deja «en un vacío jurídico» a aquellos edificados con anterioridad y que tienen más, ya que «habrá problemas a la hora de tasarlos o pedir una hipoteca». «Les hemos pedido que expliquen si la medida tiene carácter retroactivo pero no responden y no nos fiamos». Por otro lado, la coordinadora denuncia la falta de transparencia y la «intencionada mala fecha» en la que se ha aprobado el Plan, que, según informa la portavoz, ha recibido hasta 11.500 alegaciones, y añade que seguirán de cerca todo el proceso y si finalmente sale adelante «tomaremos medidas legales».
* La Opinión de Murcia - R.Martínez - 18.1.15
Foto: Totana, críticas vecinales - laopinion
El concejal de Urbanismo de Yaiza, nuevo imputado en el caso Stratvs
%2C%2Bplaya%2BBlanca%2B-%2Blaprovincia.es.jpeg)
Todavía continúa el proceso judicial del caso Stratvs, por la concesión de multitud de licencias ilegales en Playa Blanca, dentro del municipio de Yaiza (Lanzarote). Cuando ya se cumplen 10 años (diez) de la enorme corrupción urbanística fomentada por el exalcalde JF.Reyes (CC-PNL), junto a otros imputados, el caso parece que llega, por fin, a su conclusión. Ahora se suma también al grupo el actual concejal de Urbanismo que, extrañamente, había conseguido sortear la ley. Resulta vergonzoso que la justicia tarde tanto, una vez más, cuando los capos prevaricadores se han hecho mientras tanto de oro, disfrutando de bienes ilícitos y, además, el territorio haya quedado marcado para siempre por el salvajismo interesado de individuos sin escrúpulos.
"LAVOZDELANZAROTE* : El concejal de Urbanismo de Yaiza, José Antonio Rodríguez, acaba de sumarse a la lista de imputados en el caso Stratvs. En la recta final de la instrucción, la juez Silvia Muñoz ha acordado citarle a declarar el próximo 2 de febrero, para que responda por dos presuntos delitos de prevaricación urbanística, tanto por su participación en el expediente que autorizó la bodega, como por un supuesto incumplimiento de su deber de actuar ante las “actividades que venían desarrollándose ilegalmente” en Stratvs.
José Antonio (Tato) Rodríguez fue durante años concejal de Urbanismo bajo la Alcaldía de José Francisco Reyes, cuando se concedieron decenas de licencias ilegales, especialmente en Playa Blanca. Ahora, sigue ocupando ese mismo cargo en virtud del pacto entre Nueva Canarias y el PIL, con Gladys Acuña como alcaldesa. Pese a que ha sido responsable del área de Urbanismo en Yaiza en las dos últimas décadas, hasta ahora Rodríguez no había tenido que responder ante los tribunales en ninguna de las causas penales abiertas, ya que quien firmaba esas licencias ilegales era el alcalde. Sin embargo, en el caso Stratvs, el nombre del concejal sí ha aparecido en el expediente.
Concretamente, José Antonio Rodríguez firmó un decreto el 28 de junio de 2005, ejerciendo de alcalde accidental en reemplazo de Reyes. Y con ese decreto autorizó una prórroga de la licencia, así como la transferencia de la misma a una de las empresas de Juan Francisco Rosa, que hasta ese momento no había figurado como solicitante de los permisos.
Presunto delito por omisión
Además, atendiendo la solicitud del fiscal Ignacio Stampa, la juez también imputa a Rodríguez otro presunto delito de prevaricación urbanística por “omisión”. Concretamente, la providencia de la juez se refiere a la “arbitraria ausencia de medidas como concejal de Urbanismo respecto a las actividades que venían desarrollándose ilegalmente en el complejo Stratvs”.
El delito por omisión está recogido en el artículo 11 del Código Penal, que castiga a quienes teniendo obligación de actuar, no lo hacen, y a quienes, con esa inacción, causan igualmente un efecto perjudicial en el “bien jurídicamente protegido”.
Junto a José Antonio Rodríguez, en la causa hay ya una veintena de imputados, entre los que se encuentran tanto el ex alcalde José Francisco Reyes como la actual alcaldesa, Gladys Acuña, que fue quien otorgó la licencia de apertura a la bodega. También están imputados otros tres concejales que entonces constituían la Junta de Gobierno (Juan Lorenzo Tavío, Evaristo García y Leonardo Rodríguez). Además, entre otros hay imputados técnicos tanto del Cabildo de Lanzarote como del Gobierno de Canarias, así como el propio Juan Francisco Rosa.
* La Voz de Lanzarote - Isabel Lusarreta - 21.1.15
Foto: Yaiza (Lanzarote), playa Blanca - laprovincia.es
Benimaclet: participación vecinal contra el urbanismo de la casta valenciana
El barrio de Benimaclet en Valencia siempre ha sido muy activo a nivel de iniciativas vecinales y, ahora, no podía ser menos ante el grado de abandono en que se encuentra debido a la nefasta gestión urbanística de la alcaldesa R.Barberá. Para ello han presentado un concurso de ideas como “estrategia pionera de participación ciudadana en el ámbito del planeamiento urbano”, y como alternativa al plan municipal especulativo que amenaza con destruir muchas hectáreas de huerta de alto valor ambiental y social.
"ELDIARIO* : La Asociación de Vecinos de Benimaclet ha decidido pasar a la acción para superar los proyectos urbanísticos del ayuntamiento para el barrio, “que prometen felicidad ciudadana y beneficio económico, pero que pocas veces responden a las necesidades reales”. Para ello, ha convocado un concurso de ideas que, entre otras cosas, ayude a superar la transición entre Valencia y su huerta alrededor de los huertos urbanos del barrio, ejemplo de iniciativa de la sociedad civil al margen del poder político.
El concurso se presenta como una “estrategia pionera de participación ciudadana en el ámbito del planeamiento urbano”. Ha sido organizado por los vecinos y varios expertos (abogados, arquitectos, profesores de urbanismo de la Universitat Politècnica de València) y surge ante la parálisis en el barrio -una actuación urbanística (PAI) prevista desde hace 20 años ha sido finalmente aparcada- y la nueva planificación urbanística impulsada por el gobierno de Rita Barberá, que amenaza cientos de hectáreas de huerta.
La asociación, sin embargo, cree en el valor de este patrimonio, “un paisaje agrícola, milenario y de regadío tradicional, único en Europa”. Por ello, los vecinos de este barrio de 30.000 habitantes quieren “anticiparse al planeamiento de manera participativa para decidir un futuro compatible con la huerta”.
Su iniciativa “aspira a convertirse en un referente para la ciudad de Valencia, se plantea un modelo participativo sobre cómo gestionar los restos de la crisis inmobiliaria, y se genera una respuesta desde la sociedad civil que pone en duda los procesos urbanísticos y especulativos” que han contribuido a la actual crisis económica, moral y social que sufre España.
David Estal, arquitecto y secretario del concurso, valora positivamente la iniciativa vecinal. “Es urbanismo participativo porque es una convocatòria promocionada de una entidad con 40 años de historia que ante la incapacidad de la administración para resolver equilibradamente la transición de la ciudad con la huerta, más allá de una clasificación de suelo que responde a intereses particulares y reparto de beneficios, decide anticiparse e implicarse mostrando un abanico de propuestas”.
Estal, colaborador de eldiario.es, cree que el concurso puede ser un referente. “Contagia entusiasmo sobre aquello que no está solucionado por parte de la planificación ortodoxa y que deriva en descampados”. El jueves 8 a las 19.30 horas se presenta un proyecto que pretende definir cómo es y como quieren los vecinos de que sea Benimaclet.
* El Diario - Voro Maroto - 8.1.15
Foto: Varios vecinos trabajan en un huerto abandonado de Benimaclet.- eldiario
Indicios de malversación en cinco contratos del AVE firmados en 2012 por más de 15 millones
Si el faraónico proyecto del AVE ya es cuestionable por sí mismo, al haberse demostrado que casi todas las líneas son deficitarias y han causado un daño irreparable a la Ordenación Territorial, el que, además, exista una tremenda malversación de fondos públicos con adjudicaciones fraudulentas, es de 'apaga y vámonos'. La justicia analizará 5 contratos del AVE adjudicados por ADIF en 2012 al hallarse indicios de malversación. La obra ilegalmente abonada supera los 15 millones. Tales irregularidades se suman a las que ya investigaba la Fiscalía Anticorrupción (una presunta trama que regaló seis millones a constructores) y el Tribunal de Cuentas (unos sobreprecios del 230% que ocasionaron 415 millones injustificados).
"FRANCISCO MERCADO* : De los más de 70 millones de sobrecostes hallados en obras de infraestructuras ejecutadas por organismos dependientes de Fomento a lo largo de 2012, cinco contratos por valor de más de 15 millones acabarán en los tribunales al apreciarse serios indicios de malversación. Es una cifra (15,3 millones) casi idéntica a lo gastado con las ilegales tarjetas black de Caja Madrid, 15,5 millones. El ente adjudicador en todos los casos fue ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente del ministerio de Fomento.
La denuncia está en fase de tramitación, según han confirmado fuentes jurídicas conocedoras del caso. La conducta delictiva que se desprende en estos contratos sospechosos encajan plenamente en el artículo 432 del código penal sobre el delito de malversación:
1. La autoridad o funcionario público que, con ánimo de lucro, sustrajere o consintiere que un tercero, con igual ánimo, sustraiga los caudales o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, incurrirá en la pena de prisión de tres a seis años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis a diez años.
2. Se impondrá la pena de prisión de cuatro a ocho años y la de inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo al valor de las cantidades sustraídas y al daño o entorpecimiento producido al servicio público. Las mismas penas se aplicarán si las cosas malversadas hubieran sido declaradas de valor histórico o artístico, o si se tratara de efectos destinados a aliviar alguna calamidad pública.
3. Cuando la sustracción no alcance la cantidad de 4.000 euros, se impondrán las penas de multa superior a dos y hasta cuatro meses, prisión de seis meses a tres años y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de hasta tres años.
Los detalles de los cinco contratos bajo sospecha de malversación adjudicados por Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), organismo dependiente de Fomento, son los siguientes:
-Tramo Colada de la Buena Vida (Ave a Murcia). El contrato principal fue adjudicado el 30 de enero de 2009 por 41,7 millones. El plazo de ejecución ha sido prorrogado dos veces hasta sumar 24 meses de retraso. Sin embargo, tuvo premio: el 26 de octubre de 2012 se le añadió un contrato por obras complementarias por otros 7,4 millones más. Esto suponía un 18% del precio del contrato principal. Y otros seis meses más de plazo para realizar la obra. Adif alegó que dio tal contrato al constructor ya contratado para "adelantar la solución a dos afecciones que el proyecto iba a causar en Beniel (Murcia) como eran la permeabilidad y los impactos acústicos".
El Tribunal de Cuentas desnuda tal argumentación. "No puede afirmarse que siendo obras necesarias, e incluso siendo necesario adelantarlas, se deban a una circunstancia sobrevenida e imprevista pues la existencia del núcleo urbano de Beniel ya se conocía al redactarse el proyecto". Beniel no era la Atlántida. Estaba en el mapa. Nadie lo puso ahí para que el constructor chocara con el pueblo. ¿Qué hace ahí Beniel? Y, por ello, no ve razonable que el mismo contratista cope el proyecto y su posterior corrección. A juicio de los auditores, no está justificada la adjudicación directa de tal contrato bis.
-Tramo Ponts-Borrasa (AVE a Francia). El contrato principal fue adjudicado el 29 de junio de 2007 por 23,5 millones. Fue prorrogado tres veces hasta sumar 18 meses adicionales. Casi igual duración que el plazo de ejecución inicial: 20 meses. Pero doblar el tiempo pactado aquí también tuvo una distinción: el 16 de julio de 2012 se le contrata por otros 4,2 millones, un 18% del precio inicial, y otros 12 meses para acabar la obra. Adif alegó que había que ejecutar obras complementarias como estabilizar la ribera del río Fluviá o rehabilitación de viales. El Tribunal de Cuentas es meridiano: no ve por qué tales obras son inseparables del contrato inicial ni por qué son necesarias para su perfeccionamiento.
-Tramo Arrazúa/Ubarrundia (AVE de Euskadi): El contrato inicial fue aprobado en 2007 por 19 millones. Cinco años después, se firmó un contrato extra el 2 de junio de 2012 por 2,2 millones. Tal mordida suponía un 16% del monto del contrato inicial y otros tres meses extra para rematar la obra. Adif alegó que, oh sorpresa, el proyecto exigía unas voladuras especiales porque, cinco años después, habían descubierto que la AP1 y una línea eléctrica estaban cerca de la obra. ¿Quién ha dejado ahí una autopista? Pero el Tribunal de Cuentas, que nuevamente parece manejar mejores mapas, afirma que esas "circunstancias ya eran conocidas cuando se aprobó el proyecto". En este caso, además, por unos cambios de medición se añadieron otros 290.000 euros en favor del contratista. Esto suponía adicionar un valor equiparable al 13% del presupuesto original de adjudicación. La ley sólo permite variaciones hasta un tope del 10%.
-Tramo Palencia-León. (AVE Palencia-León). Fue adjudicado por 2,1 millones el 15 de febrero de 2012. El contrato incluye "la indebida convalidación de actuaciones ya ejecutadas por valor de 350.000 euros, que fue autorizada el 13 de septiembre de 2011 por el presidente de la Entidad sin que conste en el expediente el motivo por el que no pudo formalizarse el contrato correspondiente a estas alturas".
-Tramo Cerponzs-Portela. (AVE del proyecto atlántico). Fue otorgado el 5 de octubre de 2012 por 1,2 millones de euros. El contrato incluye actuaciones variadas. Como mantenimiento en servicio de la estación de Portela, mejora de accesibilidad y recuperación de la fuente de los Peregrinos del Camino de Santiago. Pero ni el apóstol logra cubrir de legalidad tales obras, ya que se ejecutaron "sin que en ningún momento se acredite su relación con la obra principal, ausencia especialmente significativa en relación con la actuaciones destinadas a la recuperación de la fuente de los Peregrinos y tampoco existe motivación sobre lo imprevisto de su origen ni sobre lo necesario de su ejecución".
El AVE es un goteo continuo de contratos y actuaciones que han acabado en la justicia por sospechas de corrupción. Las obras del AVE a su paso por Barcelona están bajo pesquisas judiciales. Un juzgado de Barcelona investiga si responsables de ADIF (la empresa pública que gestiona las infraestructuras ferroviarias), malversaron seis millones de euros a favor de una constructora. La Operación Yogui, que está bajo secreto de sumario, estalló este lunes en Madrid y Barcelona con nueve detenidos entre funcionarios de Adif y trabajadores de la empresa Corsan, que en 2008 fue adjudicataria.Están acusados de malversación de caudales públicos, cohecho y falsificación de documento.
Sobreprecio de 6 millones
La investigación se centra en averiguar si funcionarios de Adif certificaron obras de Corsan —que ganó el concurso por casi 68 millones sobre un precio de licitación de 98— por un importe muy superior al de los trabajos que realmente ejecutaron entre 2008 y 2011. Gracias a ese “ilícito sobreprecio”, según la Fiscalía Anticorrupción, la empresa se benefició ilegalmente de unos seis millones de euros procedentes de las arcas públicas. A cambio de avalar ese fraude, “cualificados funcionarios” de Adif recibieron dádivas y dinero de los directivos de la contratista. Para obtener pruebas documentales de todo ello, los agentes registraron por orden judicial las sedes de Adif y de la adjudicataria en ambas ciudades, y detuvieron también a empleados de la ingeniería Inocsa, que debía controlar la ejecución de las obras. El tramo afectado estaba situado junto a la estación de la Sagrera, al norte de la ciudad de Barcelona.
Por otro lado, el Tribunal de Cuentas tras concluir en abril de 2013 su informe de fiscalización de las principales contrataciones relacionadas con la construcción de la línea férrea AVE Madrid-Barcelona (desarrolladas entre 2002 y 2009), detectó unas anomalías tan graves, con incrementos del precio de hasta el 230% y unos desembolsos injustificados de 415 millones de euros, que abrió una investigación interna que aún no consta que haya concluido. Las irregularidades detectadas por dicho organismo supervisor en las obras del AVE Madrid-Barcelona son distintas de las que investiga la fiscalía anticorrupción y que han propiciado ya una decena de detenciones. Se resumen en los dos siguientes aspectos.
Por un lado, se detectó un incremento en el precio del contrato para la construcción de la Plataforma en el tramo Hospitalet-La Torrassa de 247 millones de euros, lo que representa un incremento del 230% del precio de adjudicación del contrato.
En segundo lugar, so pretexto de que se detectaran deficiencias en el proyecto para la construcción de tres tramos (Castellbisbal-Papiol, Hospitalet-Can Tunis y La Torrassa-Sants), se modificaron los contratos primitivos firmados con la Administración. Estos añadidos o modificados supusieron unos gastos adicionales de 18,2 millones en el primer tramo, 23,7 millones en el segundo y 126 millones en el tercero. El Tribunal de Cuentas no logró acreditar que la Administración, la empresa ADIF dependiente de Fomento, hubiera exigido responsabilidad alguna a ninguno de los contratistas.
Restitución a las arcas públicas
Ante la envergadura de este malgasto y descontrol en el pago de las obras, los hechos fueron puestos en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas. En la actualidad, años después de abrirse las pesquisas, el asunto está aún en fase de investigación para determinar las circunstancias en las que se produjeron los sobrecostes, la identidad de sus presuntos responsables y el importe de los perjuicios que pudieran haber sufrido los caudales públicos. Estos datos son el paso previo para poder ejercitar acciones y exigir su restitución a las arcas públicas.
Si, por añadidura, se advirtiera algún indicio penal en el curso de esta investigación interna del Tribunal de Cuentas, se pondría en manos de la justicia ordinaria. Pero la naturaleza de la documentación que maneja suele generar que este escenario no se produzca. Los datos que obran en poder del Tribunal de Cuentas solo permiten detectar que la Administración no ejerce los controles exigibles, que no justifica los contratos o alzas que abona, pero no puede adentrarse en las marañas que frecuentemente esconden tales mecanismos: el supuesto regalo de dinero público, una parte del cual luego presuntamente devuelven las constructoras con cohechos. Y este campo es el que investiga la Fiscalía Anticorrupción.
Cuando estalló este escándalo ADIF, bajo mandato ya del PP, culpó al PSOE de los sobrecostes. "En 2008, cuando se estaba llevando el AVE a Barcelona… el gobierno de entonces tenía prisa por acabar y quería cumplir los plazos, hubo muchos problemas… se tiró mucho de la obra complementaria y de la obra de emergencia", explicó el responsable de Adif. Pero en 2012, cuando se han producido los cinco contratos bajo sospecha de malversación, ya gobernaba el PP. Ana Pastor, actual titular de Fomento, siempre ha proclamado su voluntad de erradicar toda suerte de tramas o corruptelas que pudieran anidar en su ministerio. Este diario solicitó, sin éxito, la versión de Fomento.
* Voz Pópuli - FM - 17.1.15
Foto: AVE - vozpopuli
Andalucía.- Las viviendas ilegales ya se pueden regularizar en 82 municipios
%2C%2Bviviendas%2Bilegales%2B-%2BG.Santos.jpg)
Lo que nos temíamos está sucediendo finalmente: la Junta de Andalucía pretende regularizar (legalizar) los cientos de miles de viviendas ilegales existentes en la Comunidad. No todos los casos son iguales, evidentemente, pero al final lo que queda es una sensación de impunidad, de que aquí vale todo, alarmante. Los agravios comparativos que esta medida puede generar son numerosos y viene a decir que da igual saltarse las Leyes de Ordenación Territoriales porque al final: 'borrón y cuenta nueva'. El precedente que una medida como esta va a representar es igualmente bochornoso y delictivo. Como se ha comentado hay casuísticas diferentes, pero que se legalicen viviendas en suelo no urbanizable clama al cielo y parece una medida electoralista muy peligrosa sin pies ni cabeza.
"ELPAÍS* : 4.500 casas ilegales de Conil tienen más cerca su regularización. Esta semana este ayuntamiento del litoral gaditano hacía pública su incorporación al decreto de la Junta, aprobado en 2012, que daba luz verde a solucionar un problema enquistado en numerosos pueblos de Andalucía, el de la existencia de más de un cuarto de millón de viviendas sin licencia. 332 municipios (el 42,83%) han respondido a la llamada del Gobierno andaluz.
De esos, 82 ya tienen el avance aprobado, de forma que los dueños pueden ya tramitar el papeleo para que sus casas dejen el limbo legal en el que han estado tantos años. No obstante, queda mucho trabajo por delante. De hecho, unas 25.000 casas siguen esperando la reforma anunciada por Susana Díaz el pasado año, la que permitirá también dar cobertura a edificaciones construidas en suelos no urbanizables.
En 2012 la Junta de Andalucía decidió actuar para tratar de poner orden a tres décadas de urbanismo descontrolado. Todo un reguero de casas, urbanizaciones enteras, habían crecido en la comunidad sin control alguno. Al margen de las actuaciones judiciales, estas construcciones avanzaron sin problema y movieron mucho dinero e intereses. La administración dejó hacer. Pero la situación se complicó cuando muchos propietarios de esas casas demandaron una legalización que les permitiera acceder sin barreras a servicios básicos como la luz, el agua o el alcantarillado. Algunos dueños sabían de la irregularidad de sus viviendas. Otros, muchos extranjeros, compraron sin saber que su casa no tenía licencia. Y no lo sabían porque pagaban impuestos municipales creyendo que eso daba validez a su nuevo hogar.
El decreto de 2012 reflejaba una doble situación. Por un lado, muchas de esas casas ilegales se encontraban en zonas que la renovación de los planes generales de ordenación de cada municipio iban a hacer urbanos. Otras, en cambio, estaban en terrenos que, por su ubicación o características, jamás serían urbanizables. El proceso se encuentra en una primera fase de tramitación. Son los ayuntamientos, a petición de los interesados, los que tienen que poner en marcha el proceso. La Consejería de Medio Ambiente viene animando a los consistorios a poner mayor interés para realizar un diagnóstico de su municipio y dar la respuesta idónea. Cada gobierno municipal debe definir qué viviendas irregulares se encuentran en sus asentamientos urbanísticos, con qué hábitos rurales diseminados cuentan y, por último, cuáles son las edificaciones aisladas cuya reconducción debe venir de la mano de la declaración de asimilado a fuera de ordenación (AFO).
“Estamos atendiendo un problema general de Andalucía aunque deben ser los ayuntamientos los que completen todo este proceso”, asegura Nieves Masegosa, secretaria general de Ordenación del Territorio de la Consejería de Medio Ambiente. 332 municipios ya han superado esta primera fase. 201 han comunicado a la Junta que el decreto es innecesario en su territorio, fundamentalmente, porque no tienen este problema. 49 tienen el avance en trámite y 82 ya lo tienen aprobado. En estos últimos es donde los propietarios ya pueden tramitar sus regularizaciones, que se deben hacer cumpliendo una serie de requisitos y, dependiendo de la situación de su vivienda, aguardar al plan general para acogerse a una solución conjunta de su urbanización o bien, en el caso de ser un AFO, buscar su solución individual.
En ninguno de los casos al propietario le saldrá gratis la legalización y llegada de servicios básicos. Por provincias, Almería es la que más ha avanzado en la aplicación del decreto. 84 de sus 102 ayuntamientos han superado esta fase. En Cádiz, son 18; en Córdoba, 28; en Granada, 44; en Huelva, 25; en Jaén, 45; en Málaga, 47; y en Sevilla, 41.
La medida de la Junta trató de dar respuesta a todos los casos, aunque la lentitud y dificultad con la que avanzó el proceso en los dos primeros años llevó a la Junta a plantear una reforma, cuya fase de audiencia acabó el 7 de enero. “Ahora se revisarán las alegaciones, se aprobará en Consejo de Gobierno y se elevará al Consejo Consultivo”, detalla Nieves Masegosa. La reforma, anunciada el pasado año por Susana Díaz, provocó una de tantas fricciones en su pacto de gobierno con IU, que rechazaba dar más facilidades a los propietarios de viviendas ilegales. Sin embargo, el Gobierno andaluz terminó haciendo entender que lo que se trataba de dar respuesta a casos que el decreto no había tenido en cuenta.
El primer decreto permitía la regularización de las casas siempre que no tuvieran ningún proceso judicial abierto, no se encontrara en zonas inundables o de especial protección y tuviesen más de seis años, tiempo en el que la irregularidad urbanística prescribe. Pero ese documento no daba salida a unas 25.000 casas, la mayoría de Málaga y Almería, que se ubicaban en parcelaciones de suelos no urbanizables, donde esa prescripción no se podía producir. El cambio permitirá que esas casas, muchas en manos de extranjeros, puedan tener agua, luz y registro oficial.
Conil ha sido el último municipio en comunicar públicamente su incorporación al decreto. Abre así, según los cálculos municipales, a poner orden a 4.500 viviendas. “Es para tranquilidad de muchos vecinos que van a poder escritura sus casas”, explica el alcalde de IU, Juan Bermúdez. Al igual que otros ayuntamientos, Conil ha tenido que aprobar dos ordenanzas. Una para identificar las casas fuera de ordenación y otra para iniciar el proceso de regularización. Las puertas municipales están abiertas para que los dueños acudan a sus oficinas y presenten un certificado para registrar la propiedad y empezar a pedir la luz, el agua o el alcantarillado. 443 ayuntamientos siguen sin aplicar en Andalucía este decreto.
Un baño y 35 metros cuadrados
Cada ayuntamiento debe elaborar una ordenanza que, además de abrir el proceso a la identificación de los asentamientos, establezca las características mínimas que debe reunir una casa para ser considerada como tal. Las que no lo cumplan no pueden sumarse a esta iniciativa. En el caso de Conil, las viviendas no pueden medir menos de 35 metros cuadrados y deben incluir, como mínimo, una estancia que realice las funciones de estar y descanso, un equipo de cocina y un cuarto de baño independiente. Las habitaciones no pueden estar situadas en un sótano. El aseo no puede servir de paso obligado al resto de estancias. Todas las habitaciones deben tener iluminación natural, salvo el baño o despensas. Ninguna casa susceptible de legalizar puede tener una altura inferior de 2,40 metros. Son características que impone cada ayuntamiento atendiendo a sus criterios. En Andújar (Jaén) por ejemplo su ordenanza es algo más flexible. Las casas no pueden ser inferiores a 30 metros cuadrados ni tener una altura menor de 1’90 metros. También Andújar exige, como mínimo, un cuarto de baño completo.
* El País - Pedro Espinosa - 18.1.15
Foto: Una vista de viviendas ilegales en Alcaucín (Málaga). / GARCÍA-SANTOS
