En el mes de febrero de este año, la Comisión Europea ya planteó sus serias dudas sobre el proyecto de remodelación urbanística del estadio S.Bernabeu en Madrid, ya que sospechaba de ayudas públicas importantes para su lucrativo negocio. La relación del fútbol con la política viene de antaño y da lo mismo en un lugar o autonomía que en otra. Lógicamente las ayudas públicas son mayores cuanto mayor sea la importancia real del club de fútbol. Y en esto parece que el Real Madrid es uno de los más agraciados tras el pelotazo de su Ciudad Deportiva de la Castellana (hoy las 4 torres). De nuevo estamos ante cesiones de suelo público delictivas y precios desorbitados, en la misma línea que se manejan los emolumentos de las estrellas de ese llamado 'deporte'. Pues bien, desde febrero hasta casi agosto, la vergonzosa justicia de este país ha sido incapaz de mover un dedo y, finalmente, lo ha hecho gracias a la acción de Ecologistas y otros ciudadanos escandalizados ante la grave situación.
"TERCERA* : En un auto dictado el 31 de julio y notificado esa misma noche a la organización, el Tribunal considera que la investigación abierta por la Comisión Europea por las posibles ayudas públicas recibidas por el club de fútbol Real Madrid, está íntimamente relacionada con la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio. Por ello suspende el acuerdo que habilita esta ampliación, en tanto se dicte resolución por la Comisión. Esta ampliación supone pérdida de patrimonio público en beneficio del club.
El pasado mes de marzo, la Comisión Europea hizo pública sus dudas sobre algunas cesiones de suelo y la desmesurada revalorización de los terrenos implicados en operaciones urbanísticas realizadas entre el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol. Estas actuaciones podrían haber supuesto ventaja económica para el Real Madrid. Según la Comisión este intercambio de parcelas se consideraría ayuda estatal de apoyo al club. Es decir el Real Madrid, gracias a esa operación obtendría un beneficio selectivo que afectaría a la competencia y al comercio entre estados miembros. Por ello abrió un proceso de investigación que está pendiente de resolución.
En junio, Ecologistas en Acción solicitó al TSJM que suspendiera el acuerdo por el cual la Comunidad de Madrid aprobó la modificación puntual del plan general de Madrid que permite la ampliación del estadio Santiago Bernabeu. El recurso pudo ser presentado gracias a los donativos recaudados en una existosa campaña bajo el nombre #PelotazoBernabéu.
La organización entiende que existe una íntima relación entre los hechos investigados por la Comisión Europea y este acuerdo. La sucesión de acontecimientos lo confirma:
En 1998 el Ayuntamiento de Madrid y el club de fútbol establecieron un intercambio por el cual el Real Madrid cedía al Consistorio 30.000 metros cuadrados en su ciudad deportiva y recibía en contrapartida dos parcelas, una de ellas en Las Tablas.
En 2003, el Ayuntamiento estimó que no podía transferir a una entidad privada esos terrenos, por lo que debía indemnizar al Real Madrid.
En 2011, ambas partes firmaron un convenio por el cual el Consistorio asumía una deuda con el club deportivo de 19.772.357 euros, derivada en buena medida del supuesto valor de la parcela. Eso suponía una revalorización del 3700% con respecto al precio de los terrenos de Las Tablas once años antes.
Para pagar la deuda, el Ayuntamiento cedió al Real Madrid cuatro parcelas en el distrito de Carabanchel y los terrenos de dominio público (zonas verdes y zona peatonal) situados frente al estadio Santiago Bernabéu, en el Paseo de la Castellana. Sobre estos terrenos, el club de fútbol planeó la ampliación del estadio y la construcción de un hotel y un centro comercial. Esta ampliación se posibilitaba con una modificación puntual del plan general que propuso el Ayuntamiento de Madrid y aprobó definitivamente la Comunidad de Madrid en noviembre de 2012. Fue este acuerdo el que recurrió Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En un auto de fecha 31 de julio, el TSJM asume los argumentos esgrimidos por Ecologistas en Acción y acuerda suspender el acuerdo de la Comunidad de Madrid por el cual se permite la ampliación del estadio madridista, al considerarlo relacionado con la modificación puntual recurrida.
De esta forma el TSJM quiere evitar “cautelarmente cualquier actuación que no solo pudiera hacer imposible la restitución de la posible ayuda sino también impidiendo que la ejecución del acto pudiera producir perjuicios que hicieran aún más gravosa la restitución como sería la demolición de lo construido al amparo de la Modificación si no se quiere evitar la consolidación de la supuesta ilegalidad habida cuenta que la ayuda se ha traducido en bienes inmuebles sobre los que se sustenta dicho acto de planeamiento”. Todo ello, en tanto la Comisión Europea se pronuncie.
Ecologistas en Acción valora muy positivamente el auto de suspensión y recuerda que no se trata de una decisión contra la actividad deportiva del Real Madrid, si no contra los negocios inmobiliarios, ajenos al deporte, que desarrolla el club y que no benefician en nada a la ciudad ni a sus habitantes.
La organización, además agradece la colaboración de los ciudadanos, ya que el recurso se ha podido costear gracias a las numerosas donaciones recibidas durante la campaña de recogida de fondos que finalizó el pasado mes de junio.
* Tercera Info - 4.8.14
Foto: Madrid, pelotazo nuevo Bernabeu - madrilonia
Madrid.- #PelotazoBernabeu: No es fútbol, es especulación inmobiliaria
El fiscal halla indicios de precios inflados en obras públicas de Verín
La misma especulación urbanística, ahora en el municipio orensano de Verín, con precios inflados en facturas y concursos amañados para los amiguetes de turno. Todo convenientemente sazonado por la corrupción de otro alcalde 'popular' en la provincia, que se está destacando por el alto nivel de actividades delictivas relacionadas con el urbanismo. Bien desde la Diputación del cacique condenado del PP, Baltar, o desde los principales municipios, los ejemplos de atentados contra la Ordenación del Territorio son numerosos y graves, como para decretar el estado de excepción en la provincia y que casi todos los altos cargos, jefes o caciques 'populares' fueran desterrados inmediatamente y cumplieran unas penas judiciales más elevadas, devolviendo previamente lo afanado irregularmente a la ciudadanía. Así está de penosa la situación en la Galicia interior, dejando de momento la costa para otro día.
"ELPAÍS* : Facturas presumiblemente infladas y un concurso con indicios de haber sido amañado. El juez de Verín ha abierto diligencias para investigar una posible prevaricación del alcalde de esta localidad ourensana y senador del Partido Popular, Juan Manuel Jiménez Morán, en la adjudicación a la empresa constructora Vipeca Obras y Servicios, SL —receptora de buena parte de las obras de ese Ayuntamiento—- de la urbanización de dos calles financiadas con las ayudas del Plan E. La investigación judicial también ha puesto bajo sospecha las certificaciones de esas mismas infraestructuras que fueron rubricadas por una funcionaria del Ayuntamiento de Ourense.
La apertura de diligencias se produce tras un periplo de reclamaciones iniciado en 2012 por un vecino del municipio que, al percatarse de algunas irregularidades en la ejecución de proyecto, alertó al Ayuntamiento de Verín y a la constructora.
Según consta en la denuncia, el alcalde hizo oídos sordos a la reclamación después de haber adjudicado los trabajos ahora investigados por la justicia a Vipeca Obras y Servicios, SL, mediante un procedimiento negociado sin publicidad. El regidor cumplió el trámite legal de invitar a participar a tres empresas —la mencionada Vipeca, Orvi Verín, SL, y Agemat, SL— pero las tres resultaron ser solo una: Agemat, que no declara ningún empleado en su inscripción en el Registro Mercantil, se encuentra en proceso de liquidación, mientras que Vipeca y Orvi están vinculadas a través de Josefa Silva Martínez, que en la primera figura como administradora con su marido y en la otra con su hijo.
A esas anomalías se une el hecho de que la directora de obra, María Dolores Arteche —ingeniera en el departamento de Infraestructuras del Ayuntamiento de Ourense— retocó la memoria inicial tras recibir un burofax del particular alertando de la irregularidad pero, según detallaba el vecino en su denuncia, mantuvo, sin embargo, el mismo “coste inflado” y certificó, junto con el arquitecto municipal, la devolución del aval a la empresa. En la denuncia inicial presentada en la fiscalía, que ahora investiga ahora el juez de instrucción de Verín, consta que Arteche certificó 26 acometidas de saneamiento y 19 de abastecimiento para una pequeña calle con nueve familias residentes cuando en la memoria se especificaba que se repondrían solo 16. Tras recibir la notificación del particular avisando de que los números “no cuadraban”, la directora de obra rebajó a 15 las acometidas de saneamiento y a nueve las de abastecimiento pero mantuvo el mismo precio final. “Aumentó el número de metros cuadrados de la actuación para justificar el precio”, sostiene el denunciante.
Las irregularidades que el vecino documentó fueron confirmadas por el perito designado por la fiscalía ourensana. El particular sostiene que el sobrecoste fue de al menos 35.000 euros en las obras de una de las calles, presupuestada en 200.000, y de 20.000 euros en la otra, presupuestada en 140.000, aunque el particular afirma que la cantidad es considerablemente más elevada teniendo en cuenta que el informe pericial confirma que se utilizaron materiales distintos de los presupuestados.
Alertada ya en 2012 por la denuncia del vecino, la concesionaria del servicio municipal de aguas, Espina y Delfín, realizó una inspección de la red de saneamiento. El denunciante sostiene que, pese a que el gerente de la empresa concesionaria —casado con la secretaria municipal— entregó el informe en el Ayuntamiento, el documento “jamás apareció”. Cuando, en el verano de 2012, los sumideros se desbordaron e inundaron una de estas calles, el vecino acudió a la Fiscalía, que encargó el peritaje.
El juez de Verín comenzó a investigar una denuncia por amenazas que presentó el particular aportando grabaciones para probar las presiones a las que fue sometido cuando comenzó a alertar de las irregularidades detectadas en las obras. Finalmente, el juez instructor reclamó a la fiscalía el informe pericial y abrió las diligencias que ahora está practicando, a las que se incorporó el sindicato CIG como acusación popular el pasado febrero.
Amenazas de muerte
Desde que comenzó a alertar de las supuestas irregularidades de las obras municipales, comenzó un calvario para el vecino de Verín que denunció los hechos a las autoridades. Un año después de acudir con la documentación de las obras a la fiscalía, se personó en el cuartel de la Guardia Civil para presentar una nueva denuncia penal. En este caso, por amenazas de muerte relacionadas con los mismos hechos.
El particular aseguró —y documentó con grabaciones de sonido— haber recibido llamadas telefónicas en la que “una voz distorsionada” le anunciaba que “sería liquidado” si no retiraba la denuncia por supuestos sobrecostes en la remodelación de las calles. El juzgado de Verín corroboró la veracidad de la amenaza recibida por el vecino aunque ante la imposibilidad de identificar al autor (se comprobó que las llamadas habían sido realizadas desde una cabina telefónica), acabó sobreseyendo provisionalmente esa denuncia mientras continuó investigando la relacionada con la supuesta prevaricación del alcalde y senador.
Juan Manuel Jiménez Morán es hombre de la estrecha confianza del presidente de la Xunta. A él recurrió Feijóo para postularlo como candidato al congreso provincial del PP de 2010 en un intento fallido de frenar la sucesión dinástica del baltarismo. Después lo premió designándolo senador en representación de la comunidad autónoma.
* El País - CRISTINA HUETE - 8.8.14
Foto: Juan Manuel Jiménez Morán, alcalde PP de Verín / NACHO GÓMEZ
El abandono de las instalaciones olímpicas de Atenas 2004
Como se suele decir: "en todas partes cuecen habas"; en Grecia sucede el mismo fenómeno que aquí en España y las instalaciones para las Olimpiadas de 2004 están en gran parte abandonadas, tras el efecto devastador de la crisis/estafa que ha ocurrido en ambos países. En Atenas se las prometían muy felices con las nuevas instalaciones olímpicas y urbanísticas, que suponían una renovación del país y de su capital en el nuevo siglo, pero llegó también la especulación y acabó con todos los sueños helenos. Tras la gran inversión realizada, muchos de los recintos construidos para el evento deportivo no tienen ningún uso actualmente y duermen abandonados entre la indignación ciudadana que ve cómo se han dilapidado, con insólita alegría, muchos recursos económicos imprescindibles para el desarrollo de una ciudad y su habitual actividad humana.
"PÚBLICO* : Fue alabado como la oportunidad para transformar la imagen de Grecia en el exterior e impulsar el crecimiento, pero 10 años después de que el país acogiera el mayor acontecimiento deportivo del mundo, hay poco que celebrar en el lugar de nacimiento de los Juegos Olímpicos de la era moderna. Muchas de las entonces brillantes instalaciones olímpicas, que tuvieron una actividad frenética, han sido abandonadas, mientras que otras se utilizan ocasionalmente para actos no deportivos como conferencias o bodas.
En el antiguo centro olímpico de remo, en la localidad de Maratón, que dio su nombre a la prueba de resistencia, perros vagabundos juegan entre las algas crecidas mientras decenas de jóvenes entrenan en el agua. Al otro lado de la ciudad, la antigua sede de las pruebas de canoa y kayak se han secado, y se han arrancado filas enteras de asientos para los espectadores.
A pocos días del aniversario de los Juegos, que se disputaron del 13 al 29 de agosto de 2004, y mientras Brasil se prepara para los Juegos de Río 2016, muchos dudan de si Grecia, uno de los países más pequeños en organizar los Juegos, se benefició del acontecimiento multimillonario.
Para los griegos, que entonces se mostraron orgullosos, ahora los Juegos son un motivo de indignación mientras el país pasa por su sexto año de depresión, desempleo récord, falta de viviendas y pobreza. Grecia ha tenido muchos problemas para generar ingresos con las instalaciones.
"¿Celebrar qué?" preguntó Eleni Goliou, que tiene un ultramarinos en la capital. "Se gastaron dinero que no tenían -nuestro dinero, el dinero de los contribuyentes- en una gran fiesta. ¿Veis que quede dinero para una celebración?".
Después de fracasar en su intento de organizar los Juegos del centenario en 1996, Grecia, fundadora de los Juegos de la Antigüedad y de la modernidad fue elegida organizadora de la edición de 2004 tras derrotar a Roma, la ciudad favorita.
Cuando el presidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch hizo el anuncio, la delegación griega, incluyendo al ex primer ministro Giorgios Papandreu, estalló de júbilo, ondeó las banderas y se abrazaron.
Sin embargo, la euforia inicial se fue desvaneciendo, y Atenas desperdició los tres primeros de los siete años de preparación, lo que llevó a que recibiera una advertencia del COI en 2000 de que acelerara los preparativos o podría perder los Juegos. El país se embarcó en una fiebre constructora que llevó a completar los proyectos a pocas semanas de los JJOO, pagando generosos salarios para conseguir tres turnos al día y asegurar la finalización de las instalaciones.
Nuevos tranvías y esplendorosos recintos crecieron junto a antiguas infraestructuras en la soleada capital de cuatro millones de habitantes, con una factura estimada de 8.220 millones de euros, el doble de las proyecciones iniciales. "Fue dinero desperdiciado, y todo para hacer un espectáculo. Costó mucho", dijo Dimitris Mardas, profesor de economía en la Universidad Aristóteles de Tesalónica, entonces secretario general de comercio.
La empresa griega de propiedades públicas ETAD, que se hizo con la gestión de varias instalaciones olímpicas en 2011, rechaza las críticas y que estén en mal estado. En un comunicado, afirma que "están siendo mantenidas por equipos especializados (...) mientras que las propiedades están vigiladas por empresas de seguridad".
Un estudio de la Universidad de Oxford sobre los JJOO de 1960 a 2012 halló que su coste se dobla siempre. En Grecia fue de un 97 por ciento, añadió.
No todas las instalaciones están abandonadas. El Centro para los Medios es un atareado centro comercial, la sede de badminton es un teatro y recintos cerca del aeropuerto en el antiguo aeropuerto de la capital se han vendido.
Pero incluso los defensores de los Juegos dicen que los gobiernos fallaron a la hora de aprovechar el legado olímpico y utilizarlo para impulsar el turismo, su principal industria. Solo un año después de los JJOO, hoteles construidos por espectadores tuvieron que cerrar.
"Si lo pones en una balanza, los aspectos positivos superan a los negativos, pero desgraciadamente, no hemos sabido comunicarlo", dijo el presidente del Comité Olímpico Griego y antiguo jugador de waterpolo Spyros Kapralos. "La cara de la ciudad cambió".
* Público - Reuters - 10.8.14
Foto: Imagen actual del estadio que albergó la competición de voleibol playa en Atenas 2004. REUTERS
El presidente del comedor social de Benalmádena denuncia a la alcaldesa y al interventor
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Lo que ocurre en el municipio 'costasoleño' de Benalmádena es un ejemplo de desgobierno desquiciado y caótico. Tras la desaparición hace pocos años del cacique E.Bolín que fue alcalde durante décadas, con el PP e independientes, el gobierno del ayuntamiento ha pasado por casi todos los partidos, coaliciones, mociones de censura, cambios inexplicables, rencillas particulares, etc. De la actividad urbanística excesiva e ilegal la mayoría de las veces del capo Bolín, se ha pasado al descontrol por batallitas políticas personalistas. Ahora hay acusaciones por despilfarro y acciones ilícitas en el comedor social del municipio. Habrá que esperar que nuevos personajes o partidos aparezcan y pongan fin al monstruo urbanístico desquiciado en que se ha convertido Benalmádena hoy día.
"INFOLIBRE* : El escándalo del comedor social de Benalmádena crece. Tras conocerse el informe provisional del interventor del Ayuntamiento, que denunció que la asociación que gestiona el comedor social de la localidad malagueña no había justificado 250.000 euros de los 324.000 recibidos en subvenciones desde 2011, ahora ha sido el presidente de la propia asociación, José Lara, quien ha denunciado tanto a la alcaldesa como al interventor por dos supuestos delitos de malversación de fondos públicos y prevaricación.
La asociación ha criticado en un comunicado la "información injuriosa que se está trasladando a la opinión pública a través de los medios de comunicación" y ha desmentido, contra la opinión del interventor, que exista "cantidad alguna sin justificar".
El proyecto del comedor social depende del teniente de alcalde, Francisco Salido, de Unión Centro Benalmádena (UCB). Su cuñado es el secretario de la asociación del comedor social y su hermano se encarga de las compras de comida. Tres concejales de UCB apoyaron la moción de censura que convirtió en alcaldesa a Paloma García (PP).
El Ayuntamiento, ya ha respondido asegurando que no piensa "consentir ningún tipo de presión o ejercicio de intimidación" y se compromete a "defender el dinero de los contribuyentes y velar por las familias más necesitadas". En un comunicado, ha apoyado explícitamente la labor del interventor. Asimismo, el consistorio ha adelantado que, en caso de que se confirme que existen facturas sin justificar, "iniciará todos los procedimientos legales existentes para recuperar dichos fondos".
Por su parte, el Partido X –que apoyó a la concejal Encarnación Cortés en la investigación de las supuestas irregularidades en el comedor– denuncia que los implicados, "en lugar de dar las explicaciones pertinentes y tratar de aclarar algo, siguen haciendo lo mismo de siempre", algo que a su juicio se resume en "amenazas de denuncias a diestro y siniestro abusando de su posición y su dinero como si eso siguiera funcionando para frenar a una ciudadanía que ya no les tiene miedo".
"Ahora sabemos que es simplemente otra acción desesperada que acelera la descomposición de su gobierno caciquil, que no sirve ni como lavado de cara y que muy probablemente no llegue a nada dado que los hechos que describe la nota de prensa emitida por la asociación responsable del comedor social no constituyen ilícito penal alguno", señala la formación, que explica que "ni hay prevaricación –porque no hay resolución administrativa ni propuesta de resolución– ni malversación –porque no se está dando al dinero público un destino distinto al fijado legalmente–".
"Un informe provisional plagado de errores"
La Asociación Comedor Social ha criticado este jueves duramente el informe provisional del interventor y la actuación del Ayuntamiento, del que el comedor ha recibido 3.000 euros semanales hasta el 27 de junio pasado, cuando según la propia organización el consistorio cortó cautelarmente la subvención. La asociación afirma que la decisión se basa "en un informe provisional plagado de errores" y apunta directamente al interventor como el responsable de que se suspendiesen las transferencias.
"Para suspender el abono de la subvención semanal, que se viene pagando desde enero de 2012, el director de Bienestar Social debe dirigir una petición en tal sentido al concejal de Hacienda, al tesorero y al interventor, [...] y tal comunicación o petición no se realizó en ningún momento", señala la asociación, que denuncia que esa suspensión se llevó a cabo "sin acuerdo alguno expreso y oficial". "Es más, en ese informe provisional del interventor, al final del mismo, como conclusión 'se sugiere que se suspenda el pago en tanto se justifica el destino de la subvención', y la pregunta de esta parte es ¿cómo se puede sugerir que se suspenda algo que parece ser que él mismo, el Interventor, suspendió hace mes y medio?", remacha el comunicado.
Los gestores del comedor social también critican que el informe provisional del interventor carece de "número de expediente, lo cual es incomprensible y nunca visto en cualquier procedimiento administrativo o de cualquier índole", así como que la investigación se inició "por una simple notificación de la Alcaldía al interventor, cuando las bases de ejecución del Presupuesto Municipal [...] establecen un procedimiento específico”.
El consistorio se defiende
Sin embargo, el Ayuntamiento ha rechazado estas acusaciones y ha asegurado, a tenor de la fiscalización, que "cumple los requisitos legales que establece la normativa en este tipo de actuaciones". "La fiscalización de una asociación como el comedor social tiene como único objeto el garantizar que dichas familias no sufran ningún perjuicio y constatar que el dinero de los contribuyentes de Benalmádena se utilice, cumpliendo escrupulosamente con la legalidad vigente, para prestar un servicio solidario de ayuda a los vecinos que en la actualidad sufren una situación de precariedad económica", señala.
La alcaldesa de Benalmádena, Paloma García, ha rechazado a través de su gabinete de prensa realizar declaraciones a este diario y ha argumentado que prefiere esperar a que se publique el informe definitivo del interventor para no interferir en el proceso.
La retirada de la documentación
Quien sí ha hablado para infoLibre ha sido Antonio Pérez Relinque, tesorero de la Asociación Comedor Social, quien ha asegurado que el interventor tiene "toda la documentación" que justifica los 250.000 euros de gastos.
Preguntado por el motivo por el cual el primer teniente de alcalde, Francisco Salido, y varios responsables de la asociación retiraron irregularmente documentación que había solicitado el interventor, Pérez Relinque reconoce que no se siguieron los cauces legales, pero se defiende afirmando que el responsable de analizar las cuentas tampoco respetó la legalidad para realizar su petición, sino que lo hizo "verbalmente". "A mi me la pidió verbalmente, no oficialmente, el jefe de asuntos sociales para el interventor, y yo con la fe más buena del mundo pedí que me dieran todas las facturas, la copia y el original". ¿El fin? "Traérlas metidas en sus carpetas", una explicación similar a la que ofreció Salido, que aseguró que retiró la documentación para presentarla "bien foliada".
* InfoLibre - DANIEL RÍOS - 14.8.14
Foto: Benalmádena Costa - J.Rojas (El País)
Vall d'Alba.- El penúltimo cacique de Castellón
La mano del capo C.Fabra es alargada en Castellón y, lógicamente, no se acaba en su familia sino que abarca a toda una legión de seguidores o discípulos aventajados que han aprendido las maneras y códigos de este siniestro personaje 'popular'. Entre ellos destaca el actual alcalde de Vall d'Alba, F.Martínez, que durante años ha ido acumulando un patrimonio importante, a veces en la misma población de origen. Así se puede hablar de unas dotaciones urbanísticas fuera de lo normal para la propia capacidad del municipio, como el paseo marítimo desarrollado a 20 km de distancia de la población que termina en una espectacular plaza de toros. Obras desproporcionadas que podrían ser un valor futuro si no vinieran acompañadas del tráfico de influencias y la mafia en urbanismo característica del modo de hacer del PP en la Comunidad Valenciana. Todo ese 'imperio de naipes' se ha desarrollado mediante la concurrencia de la Diputación provincial, verdadero nido de ilegalidades y concesiones arbitrarias. Otro caso más del evidente caciquismo imperante en la zona.
"ELPAÍS* : En Vall d’Alba corre una expresión que define la relación de la población con su alcalde: contra mayores no vayas. O, lo que es lo mismo, no lleves la contraria a Francisco Martínez, el político que gobierna este municipio desde 1991. Es el gran artífice de la Vall d’Alba actual, un municipio de 3.000 habitantes con dotaciones sobredimensionadas y obras tan llamativas como el paseo marítimo (pese a estar a veinte kilómetros de la playa) que arranca casi en la puerta de su casa y termina en una imponente plaza de toros.
Martínez es uno de los últimos máximos representantes del fabrismo en la provincia. El todopoderoso Carlos Fabra le llamó a ocupar un puesto de diputado provincial cuatro años después de acceder a la alcaldía. Desde la Diputación ha ejercido como mano derecha de Fabra y se ha ocupado de coordinar las inversiones de obras y servicios de la provincia. Y Vall d’Alba ha tenido siempre un puesto prioritario en el reparto. Los nombres de Fabra y Martínez van unido en las innumerables placas conmemorativas de las inauguraciones en todo el pueblo. El regidor ha heredado además el gusto por dejar huella. Su rostro aparece (junto al de Carlos Fabra) en un cuadro que preside el altar de la ermita que mandó construir en lo alto de un monte. Cada año los vecinos van allí en romería en una tradición que inventó.
El aumento de dotaciones ha ido en sintonía al incremento de apoyos en la población. Pocos son los que le critican gracias a ello. “Son obras que benefician al municipio pero da la casualidad de que también le benefician a él”, explica Fernando Grande, portavoz del PSPV en la localidad. Una de ellas, explica, es la creación de una coqueta plaza en la zona de masías cercana llamada Mas de Roures. “Al mismo tiempo que, con inversión pública, comenzaba esta remodelación, la familia Martínez comenzó por su cuenta la construcción de una serie de apartamentos rurales que recaen en esta plaza”, denunció el coportavoz de Compromís en Castellón, Carles Mulet. “Lo que iba a ser una construcción de apartamentos en una zona sin ningún encanto es ahora una urbanización rodeada de una bucólica plaza (de aspecto privado)”, criticó. Estos seis apartamentos forman parte de Franvaltur, la empresa que el alcalde comparte con sus hijos y que ha estado involucrada en el escándalo de la depuradora de Borriol.
Pero en un pueblo plagado de adeptos queda espacio para el reducto de los pocos que le plantaron cara. Manolo es uno de ellos y fue testigo de la forma de actuar de Martínez, que describe rotundamente como “caciquil”. A finales de los años 90, en Vall d’Alba circularon rumores de que se estaba proyectando un polígono industrial. “Yo tenía la experiencia de Vilafamés, donde el Ayuntamiento llamó a los afectados y a la empresa y los sentó a hablar entre ellos, aquí se actuó de una forma muy distinta, no hubo esa reunión y el Ayuntamiento aprobó un precio de 500 pesetas el metro cuadrado cuando en Vilafamés era el doble”, explica este vecino. Un día le llegó la carta del consistorio para que fuera a la notaría. Allí tenía preparado el cheque por la compra del suelo a 500 pesetas el metro menos un 5% que había que ceder al consistorio. El procedimiento lo confirma otro vecino que prefiere ocultar su nombre. “No quiero que me ponga en la lista negra”, se excusa.
Los dos se opusieron y acudieron a los tribunales. “Me decían, contra mayores no vayas, no acudas a los abogados”, cuenta Manolo. Fue el primero en ganar. El TSJ fijó en 3.000 pesetas el precio. Grande habla del “poder de intimidación” de Martínez para obrar sin que nadie le rechiste. El miedo se extiende incluso a los concejales socialistas que, pese a saber de sus cacicadas, no las denuncian públicamente por miedo a represalias.
La querella de la fiscalía de Castellón contra Martínez por presuntos delitos relacionados con la corrupción por la depuradora de Borriol (proyectada sobre terrenos familiares y que le iba a granjear importantes beneficios) ha generado esperanzas entre sus contrarios. El fiscal ha instado también a abrir una investigación sobre su patrimonio y el urbanismo de Vall d’Alba.
No son pocos los recelos. Martínez ha pasado de regentar una tienda de ultramarinos a poseer un patrimonio declarado de 1,5 millones. Ya en su día extrañó que varios vecinos le donaran hasta trece fincas y otros se las dejaran en herencia. Algunas han sido recalificadas.
El alcalde está ahora en horas bajas. Fue destituido fulminantemente como vicepresidente de la diputación por la depuradora de Borriol y Javier Moliner ya ha anunciado que le reclamará su acta de diputado cuando resulte imputado por la querella de fiscalía. Mientras, en Vall d’Alba parece haber nacido el germen de una nueva oposición. La semana pasada, varios vecinos se reunieron para hablar de futuro. Un vecino irrumpió para anotar en una libreta el nombre de todos los asistentes.
* El País - LORENA ORTEGA - 27.7.14
Foto: Carlos Fabra y Francisco Martínez en una imagen de archivo. / ÀNGEL SÁNCHEZ
La factura del hotel 'El Algarrobico'
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El culebrón del ilegal hotel de 'El Algarrobico', situado en una playa virgen del municipio almeriense de Carboneras, parece que no va a terminar nunca. Si alguien tiene interés en conocer todos los pasos que se han dado desde que el ayuntamiento socialista concediera la licencia municipal para su construcción, que mire en el buscador de este blog, donde hemos seguido punto por punto todas las acciones realizadas desde entonces. Han pasado más de 11 largos años (once) en los que ha habido de todo, pero destaca siempre el empeño de unos ciudadanos y asociaciones altruistas en su lucha contra la especulación urbanística más salvaje y desmesurada de toda la costa española. A pesar de ello, la confusión 'interesada' político - empresarial - judicial todavía continúa, lamentablemente, y la demolición se sigue demorando, sin visos de fechas concretas, hasta el punto de ser ya el 'hazmerreir' de media Europa que contempla asombrada cómo este símbolo del Urbanismo ilegal y depredador del país sigue todavía en pie.
"ELPAÍS* : La imagen hubiera sido demoledora, como reconocen en la Junta de Andalucía. Ocho años después, las cuatro enormes grúas amarillas otra vez en funcionamiento. El penúltimo día de julio el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) falló que la licencia de obras que la promotora Azata recibió en 2003 para levantar un complejo turístico en el paraje almeriense de El Algarrobico era legal. Y el Gobierno andaluz temía que, gracias a esa sentencia, en cualquier momento la promotora pudiera volver entrar en esos terrenos del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar para rematar la construcción.
Cuando un juzgado de Almería paralizó los trabajos en febrero de 2006, las obras estaban ejecutadas al 94%, según una tasación presentada por Azata. Pero aquella medida cautelar teóricamente ha quedado anulada tras el fallo que valida la licencia de obras, apuntan desde la Abogacía del Estado.
Esta interpretación la comparte la Consejería de Medio Ambiente, que esta semana movió ficha y decidió formalizar el derecho de retracto que le convierte en propietaria de los suelos. La promotora recibiría —en el caso de aceptar el trato— 2,3 millones de euros, que desde 2006 están depositados en una entidad financiera. Pero la factura del despropósito de El Algarrobico puede ser mucho mayor si se cumplen las aspiraciones de los propietarios, a los que las últimas decisiones judiciales están cargando de argumentación.
Azata presentó en septiembre de 2013 tres recursos ante el Ayuntamiento de Carboneras (que le concedió la licencia), el Gobierno y la Junta en los que se solicitaba una indemnización de 70 millones de euros por el “anormal funcionamiento” de las Administraciones, que en un principio no pusieron reparos al hotel. Estas tres instituciones no han contestado y la promotora llevó hace unas semanas su reclamación patrimonial a la Audiencia Nacional. Fuentes de la Consejería de Medio Ambiente avanzan que la Junta archivará por la vía administrativa esa reclamación, aunque para que la decisión sea firme hace falta esperar a un informe del Consejo Consultivo de Andalucía.
Los propietarios del complejo turístico ya han intentando en alguna ocasión anterior que la justicia le reconozca el derecho a ser indemnizados. El Tribunal Supremo taponó en 2012 esa vía a Azata, que reclamaba ser resarcida por el Estado. Fue en el marco de una de las muchas causas que este caso tiene abiertas y dispersas por varias instancias: la del incumplimiento de los 100 metros de servidumbre. El Supremo resolvió que en la zona en la que se levanta el hotel están vigentes esos 100 metros de protección y que la construcción, por lo tanto, invade en parte la zona de servidumbre. Cuando la empresa presentó un incidente de nulidad contra ese fallo, el mismo tribunal estableció que Azata no tiene derecho a indemnización en caso de derribo, algo que parecía que se podría producir en cualquier momento hace dos años.
Pero aquellos pronunciamientos se produjeron en un contexto en el que la mayoría de decisiones judiciales parecían conducir a la ilegalidad del hotel y, por lo tanto, a su demolición. El retrato ha variado por completo en sólo cuatro meses, cuando han cambiado los magistrados del TSJA que se han puesto a analizar este desgajado caso.
La sección tercera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJA ha dado alas a la promotora. Primero, en marzo de este año, al establecer que el hotel estaba en un área del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar donde se puede construir. Este fallo decía justo lo contrario que uno anterior de otra sección de la misma sala de este tribunal. La sección primera estableció en junio de 2012 que el hotel estaba en la zona del parque donde no se puede construir.
Sin embargo, el respaldo más importante que ha recibido Azata es el de la validez de la licencia. El Gobierno y la Junta estudian ahora la posibilidad de recurrir contra esa sentencia en el Supremo, según apuntan fuentes de ambas Administraciones. Pero no está asegurado que esos recursos sean admitidos. Tampoco, que la justicia fuera a aceptar que cautelarmente se impidiera a la constructora entrar en los terrenos para rematar las obras.
De ahí que la consejería andaluza haya decidido formalizar el derecho de retracto, que supone un desembolso de 2,4 millones, lo que cobraría la promotora por esta especie de expropiación de los suelos en los que se levantó el hotel. Pero tampoco está claro que este retracto se vaya a concretar en breve. La Junta ha citado a la promotora en una notaría de Almería el 12 de septiembre a las 12.00. Allí se tendría que ratificar por ambas partes la operación. Luego, con la escritura de compra, la consejería inscribiría en el registro los terrenos de El Algarrobico como propiedad de la Administración.
Puede que la promotora no acuda en septiembre a la notaría. Y un nuevo caso se abriría en los tribunales, ya que fuentes de la consejería sostienen que tendrían que hacerle un requerimiento judicial a Azata.
El retracto que quiere formalizar ahora la Junta ya fue respaldado por el TSJA. Pero la promotora lo ha recurrido ante el Supremo, que aún no se ha pronunciado. Por lo tanto, también cabe la posibilidad de que esa compra de los suelos sea anulada por la justicia, con lo que se enredaría más este complicado caso. De hecho, ese fue el argumento que la Administración habría empleado hasta ahora para rechazar la formalización del retracto que esta semana ha anunciado.
* El País - MANUEL PLANELLES - 11.8.14
Foto: Un grupo de bañistas en la playa de El Algarrobico (archivo) / FRANCISCO BONILLA
El fiscal presenta otra denuncia contra el alcalde de Porriño
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Continúa la corrupción en Galicia y en la provincia de Pontevedra, feudo del presidente Rajoy, se acumulan los casos, como ocurre en el municipio 'popular' de Porriño. El ministerio público acusa, una vez más, al alcalde N.Santos por permitir una construcción ilegal a una empresa afín. Parece mentira que este alcalde continúe en la poltrona del ayuntamiento dada la avalancha de casos urbanísticos ilegales que existen contra él y su equipo de gobierno. De nuevo la justicia actúa con lentitud y a cuentagotas, cuando este personaje del PP debería haber pasado hace tiempo por los tribunales y 'pagado' por sus continuas fechorías urbanísticas. Es un atraso, reconocido por todos, que la justicia intente detener de esta lamentable forma la enorme corrupción existente.
"ELPAÍS* : Al alcalde de Porriño, Nelson Santos, del Partido Popular, se le acumulan las denuncias y las acusaciones de corrupción. La justicia comienza a tejer un cerco sobre el regidor del municipio pontevedrés, a un paso ya de sentarse en el banquillo para responder por los supuestos delitos de prevaricación continuada, malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, falsificación y vulneración de los derechos de los trabajadores, relacionados todos ellos con el supuesto favoritismo a empresas afines creadas desde su llegada a la alcaldía.
Mientras la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Porriño, Olalla Díaz, abre una pieza separada para agilizar la causa contra Santos en el marco de la llamada Operación Multiusos, la fiscalía atribuye un nuevo delito al alcalde. Lo acusa de favorecer presuntamente a la empresa Narom —implicada igualmente en la Operación Multiusos y a la que ahora la fiscalía atribuye un supuesto delito de desobediencia— por haberle permitido levantar una nave en el municipio pese a que el planeamiento urbanístico estaba sin desarrollar y a que la compañía no presentó el preceptivo aval bancario. Sostiene el ministerio fiscal que supuestamente Santos permitió la obra contraviniendo además un decreto del propio Ayuntamiento que ordenaba su paralización.
La empresa Narom, SL fue —junto con Impi y Mecánica Rocha, ambas vinculadas al teniente de alcalde de Porriño, el también popular José Manuel Jacobo— una de las beneficiadas con la adjudicación de obras municipales desde la llegada de Santos a la alcaldía. Su propietario, Manuel Fernández, esquivó en 2013 una condena de cárcel, a cambio de pagar una multa de 260.000 euros, por no haber declarado a Hacienda ingresos relacionados con obras realizadas para Marcial Dorado en la Quinta do Feital, una gran explotación vinícola que el condenado por narcotráfico posee en Portugal. Santos le adjudicó a Narom obras municipales levantando para ello reparos de la Intervención Municipal.
La fiscalía ha remitido ahora a los juzgados, para que abran la correspondiente investigación, la nueva denuncia contra Santos basada, de nuevo, en la documentación aportada por un particular que reclama la reposición de la legalidad urbanística (la demolición de lo construido) en el enclave en el que se levantó la nave de Narom “incumpliendo manifiestamente lo ordenado por el alcalde en Decreto de 9 de enero de 2014”. El denunciante sostiene que “resulta manifiestamente imposible” que el gobierno municipal no tuviera constancia de la continuación de la obra “dada la envergadura de la misma”. Para continuar la construcción en contra del decreto de la alcaldía, Narom hubo de “quebrantar el precintado de las instalaciones” aun cuando la policía local “llevaba a cabo una inspección cada tres días”, sostiene la denuncia en la que se apoya la fiscalía.
El alcalde, que ha reconocido públicamente el enchufismo y que manifestó ante la juez que existe una trama organizada y pagada para apearlo de la alcaldía, intenta mientras tanto aferrarse al cargo. En una reciente entrevista en una cadena local de televisión viguesa, recogida por Faro de Vigo, amenazó con resucitar el partido independiente Ciudadanos por Porriño —le permitió acceder a la alcaldía de antes de desembarcar en el PP— si el presidente Feijóo no lo respalda en su aspiración de repetir candidatura en 2015 pese a estar imputado. El líder del PP gallego ha esquivado hasta el momento pronunciarse abiertamente sobre esta cuestión y mantiene a Santos al frente del gobierno municipal.
* El País - CRISTINA HUETE - 4.8.14
Foto: Porriño (Pontevedra), alcalde del PP, N.Santos - EP
La jefa de Urbanismo de Alicante ofreció un negocio a Ortiz de 7,5 millones con su marido
A estas alturas casi nada sorprende ya en Alicante, el nivel de corrupción es tan elevado que, quizás, tras el caso de Marbella sea la ciudad española donde la especulación urbanística ilegal ha llegado más lejos, rozando ya el esperpento descarado, y todo ello, además, con la justicia mirando para otro lado o, peor aún, siendo cómplice de esta insoportable situación delictiva. La actual jefa de Urbanismo de la ciudad de Alicante, I.Campos, ofreció un negocio privado al conocido capo mafioso E.Ortiz, con su marido en el asunto por el medio. Todo ello tras la aprobación municipal del ilegal macroproyecto urbanístico 'Rabassa' en el que el empresario se jugaba mucho. Ahora Campos está imputada también por el caso de las basuras 'Brugal', pero, además, su ascensión al mayor cargo de la legalidad urbanística en Alicante, de la mano de la alcaldesa S.Castedo, fue irregular, ya que no cumplía los requisitos para ese puesto, algo que ya fue denunciado en su día. Una ilegalidad tras otra, como se ve.
"ELMUNDO* : La jefa de servicio de Urbanismo en Alicante en el año 2009 -actual jefa de Servicios Jurídicos en Urbanismo-, Isabel Campos, pudo llevarse algo más que un bolso tras sus gestiones con el principal promotor de la ciudad, Enrique Ortiz, para desbloquear el Plan Rabasa. Según las conversaciones intervenidas por la Policía, Campos ofreció directamente al promotor un negocio con su marido. La fecha es el 31 de marzo de 2009, casi cuatro meses después de que el pleno aprobase el macroproyecto urbanístico del empresario (el 5 de diciembre de 2008), y tras la batería de llamadas en las que la técnico se compromete hacer las gestiones que sean necesarias para desbloquearlo («Está todo controlado», le llega a decir). Campos se pone en contacto directamente con Ortiz para proponerle «un negoci».
La conversación, que se puede leer íntegra en el recuadro gris de la derecha, es tremendamente explícita: Campos explica al constructor que su marido tiene pagarés de una firma «muy importante» por 7,5 millones de euros, comisiones incluidas. Ofrecen «un 15% de beneficio» pero le advierte de que el riesgo tendrá que valorarlo él.
Ortiz replica que todo depende de qué empresa sea, a lo que ella responde que es «muy importante» y da por seguro que el empresario la conoce «de sobra». También le deja claro que no es una empresa de «la construcción», a lo que el jefe de Brugal contesta que quizá le interese. «Y si no me puede interesar a mí te puedo... Le puedo hacer a tu marido un favor para que lo solucione», agrega solícito Ortiz.
Sin embargo, queda claro que Campos no se fía de tener esta conversación por teléfono. La jefa de servicio se niega a decir de qué empresa se trata, pese que es «fundamental» para que el constructor se decida. Finalmente quedan en que Ortiz hable con su marido, pero en persona. «¿Mañana vas a estar por Alicante?», pregunta Campos. «Sí, porque digo que... Tú quieres que me lo cuente pero no por teléfono, ¿no?», interviene el empresario. «Claro», contesta. «Pues por eso. Le das mi teléfono, me llama y se acerca», zanja Ortiz.
Según la Policía, Campos era una figura clave en el organigrama del departamento de Urbanismo y persona de total confianza de la alcaldesa, Sonia Castedo. De hecho, ha llegado a ser jefa de la legalidad urbanística en la segunda ciudad de la Comunidad Valenciana pese a ser una trabajadora interina, algo que el sindicato CCOO denunció que es «ilegal» porque son plazas que «sólo pueden ocupar los funcionarios de carrera». Tanto Castedo como Campos están imputadas en el caso Brugal por un presunto amaño del Plan General de la ciudad a favor de Ortiz, principal contratista del Ayuntamiento y mayor dueño de suelo urbanizable de Alicante. Los investigadores sospechan que Campos ayudó especialmente a Ortiz con la tramitación del Plan Rabasa, el proyecto urbanístico con 13.500 viviendas donde además iba a encajarse la tienda de Ikea en la ciudad.
Este periódico publicó ayer las conversaciones más comprometidas de esta época (entre octubre y diciembre de 2008, justo después de heredar Castedo la Alcaldía de Alicante), y donde queda patente el nerviosismo del promotor por aprobar el Plan Rabasa cuanto antes. Ortiz teme que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana decrete la suspensión cautelar del proyecto urbanístico, lo que le podía acarrear penalizaciones económicas porque ya había cobrado una parte del dinero por la llegada de Ikea a estos terrenos (66,9 millones de euros).
En los pinchazos telefónicos Campos llega a asegurar al constructor que «todo está controlado», que la técnico que tiene que supervisar los cambios es amiga suya y que, además, «el informe» que va desbloquear el Plan Rabasa «lo voy a hacer yo y lo firma ella». También le dice que la alcaldesa no va a tener ningún problema en convocar un pleno extraordinario para que se apruebe.
UN 'NEGOCI' QUE LA TÉCNICO NO QUIERE 'CONTAR POR TELÉFONO'
31 de marzo de 2009. Hacía casi cuatro meses que el Ayuntamiento había aprobado en un pleno extraordinario el Plan Rabasa, que la jefa de servicio de Urbanismo, Isabel Campos, se había comprometido con Ortiz a desbloquear. Las conversaciones entre Campos y el promotor eran frecuentes por esta época, y la Policía cree que la técnico se llevó al menos un bolso de regalo por ayudar al jefe de 'Brugal' a tramitar sus negocios urbanísticos en la ciudad. Esta nueva conversación desvela que se pudo llevar algo más:
Isabel Campos: Holaaa...
Enrique Ortiz: Buenas noches, se me ha ido la olla y no me he acordado de llamarte.
I. C.: Nada, nada. No, si ya me lo había imaginado.
E. O.: ¿Qué me cuentas?
I. C.: Nada, te voy a proponer un 'negoci', a ver si te apaña.
E. O.: ¿Ah, sí? Seguro que sí.
I. C.: O igual no.
E. O.: ¿Tú crees en él?
I. C.: ¿Yo creo en él? No lo sé.
E. O.: A ver, dime.
I. C.: No lo sé. Bueno, yo te cuento de qué va y si quieres luego... Bueno, hablas con mi marido, que te llame y le dices, oye que sí, sí me interesa. Tiene unos pagarés de siete millones y medio.
E. O.: Sí.
I. C.: Con un 15% de beneficio.
E. O.: Sí.
I. C.: En el descuento, ya incluido comisiones y todo.
E. O.: Ya. ¿Y de una firma importante?
I. C.: Muy importante (ríe). Tú me dices si te interesa, y luego yo ya te digo oye, habla con él y ya...
E. O.: ¿Y no hay riesgo de pérdida?
I. C.: Hombre, riesgo de pérdida. Eso lo tienes que valorar tú.
E. O.: Claro, depende...
I. C.: La firma la conoces de sobra.
E. O.: La firma la conozco de sobra... Dime, dime de quién es la firma y te digo sí o no.
I. C.: No, no, no.
E. O.: Es que es fundamental.
I. C.: Ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé. Pero que prefiero que te llame él y hablas con él y ya...
E. O.: Vale, vale... Si me dices Santa Ana [constructora que pidió el concurso voluntario de acreedores en 2011 ] te digo ya que no, ¿eh?
I. C.: Vale, no tiene nada que ver con la construcción.
E. O.: Vale, pues venga, me puede interesar. Y si no me puede interesar a mí te puedo... Le puedo hacer a tu marido un favor para que lo solucione.
I. C.: No si él lo soluciona, él... Bueno, que te lo cuente él. Y me dices...
E. O.: Mañana que me llame y que me cuente de que va.
I. C.: Vale, ¿mañana vas a estar por Alicante?
E. O.: Sí, porque digo que... Tú quieres que me lo cuente pero no por teléfono, ¿no?
I. C.: Claro, claro.
E. O.: Pues por eso. Le das mi teléfono, me llama y se acerca.
I. C.: Vale, vale.
E. O.: ¿Vale?
I. C.: Venga, quedamos así.
E. O.: Venga, un beso, venga, adiós...
I. C.: Venga, un beso, hasta luego.
* El Mundo - SERGIO SAMPEDRO - 11.8.14
Foto: Alicante, jefa Urbanismo y empresario Ortiz - cuatro
La Audiencia pide investigar un caso de corrupción del PP en Torrejón
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De nuevo estamos ante otro caso de corrupción por adjudicación ilegal de contratos en concursos públicos, favoreciendo a los empresarios amiguetes de turno. Esta vez se trata del municipio madrileño de Torrejón de Ardoz, donde un concejal 'popular' realizó esta adjudicación delictiva, que ahora pasa a la Audiencia para que determine la sentencia judicial definitiva. Contra lo que suele habitual en este tipo de asuntos en los que normalmente acusa la ciudadanía u organizaciones alternativas, en este caso hay que felicitar a un medio de comunicación que fue el que destapó la trama de corrupción. Si esto es cierto, es todo un ejemplo del buen periodismo que hace falta en este país, donde los 'massmedia' están siempre a las órdenes de mafias político-empresariales, con lo que la labor de investigación del periodismo libre e independiente es algo extraordinario, por poco frecuente.
"ELCONFIDENCIAL* : La Audiencia Provincial de Madrid aprecia "indicios de delito" y pide la apertura de la instrucción en un presunto caso de corrupción en el madrileño municipio de Torrejón de Ardoz. El grupo municipal socialista del consistorio interpuso una demanda en los tribunales días después de que El Confidencial destapara que un concejal del PP, Raúl Yusta, intermedió en la adjudicación de un concurso público municipal para beneficiar a una empresa afín. En un auto firmado la semana pasada, el Alto Tribunal pide emprender las acciones judiciales pertinentes para esclarecer la presunta trama.
Los hechos se remontan a principios de 2013, cuando este diario tuvo en su poder decenas de correos electrónicos que evidenciaban el papel activo de Yusta para que la empresa Gedeseo Sports S.L. consiguiera la explotación del servicio de la cafetería del Club de Basket Torrejón. En uno de esos emails, Juan Pedro González Gaitero, asesor fiscal del presidente del Club, Julián Sastre, dejaba en evidencia el mecanismo que se seguía para adjudicar a dedo la concesión: “Te va a costar algún percebe. Los puros los pondré yo”. A finales de 2012, esta empresa consiguió que el consistorio de Mejorada del Campo le adjudicase la piscina cubierta.
Yusta presentó su dimisión como concejal delegado de Nuevas Tecnologías, Sanciones y Patrimonio del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz dos semanas después de que saltara el escándalo para evitar el “linchamiento” al que decía estar sometida su familia. El alcalde, Pedro Rollán, mostró entonces su apoyo incondicional al concejal “hasta que alguien traiga pruebas”, pero dejó claro que no iba a consentir “actividades ilegales bajo su tutela”.
El concejal desmintió a este diario cualquier tipo de vinculación personal con Gedeseo Sport SL, a pesar de que fue él mismo, junto con Sastre -con quien compartió la cúpula del club de basket hasta julio de 2011- quien preparó en junio, justo un mes antes de abandonar su puesto, la constitución de esta empresa. Según los correos electrónicos cruzados entre el concejal popular y los responsables de la empresa interesada en la concesión, fue el propio Yusta quien llegó a aconsejar que incluyera en la constitución de su nueva sociedad un objeto social "amplio", para que "quepa la cobertura de todas las actividades, incluido merchandising, servicios, parking, explotación...". También dio el visto bueno a que se modificara el artículo 44 de los estatutos del Basket Torrejón, en el que se prohibía destinar los bienes del club a "fines comerciales".
La supuesta trama de corrupción destapada por este diario implicaría además, según los socialistas, a la esposa del edil, así como a la compañera sentimental de su hijo, director de Deportes en el Consistorio. Desde que estallaron los hechos, el PSOE pide la desvinculación total de Raúl Yusta con el consistorio, ya que aunque abandonó sus responsabilidades al frente del área de Deportes, aún sigue percibiendo un salario del erario público por ser el presidente de la Comisión de Empleo y Hacienda.
Una empresa afín a los concursos públicos de Torrejón
No era la primera vez que Gedeseo Sports SL intentaba hacerse con un concurso público que publicita el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz. La compañía, creada en septiembre de 2011, pujó nada más constituirse para hacerse con la gestión del aparcamiento de Parque Europa, un recinto de pago ubicado junto a un parque público con ese nombre de la ciudad. Según la documentación que ya está en poder de los tribunales, Yusta también intermedió a través de Francisco Soriano, el jefe de servicio de Servicios Deportivos, el empleado público que se encargaba de dar el beneplácito final a la adjudicación. El concejal popular avisó personalmente a Sastre de que tenían "hasta el 31 de octubre de 2011 a las 12 de la mañana" para presentar la mejor oferta si querían hacerse con el concurso. Sastre llegó incluso a reunirse con el alcalde unos días antes de que se cerrara la fecha de presentación de candidaturas. Yusta reconoció a este diario que ha hablado "muchas veces" con Soriano, pero ninguna, asegura, para beneficiar a Gedeseo.
El plan se abortó cuando Yusta recibió un correo electrónico de un anónimo el 4 de noviembre en el que le advertía del supuesto "entramado" que estaban gestando. El email recogía textualmente que "el antiguo presidente del Club Deportivo Torrejón (Raúl Yusta) + nuevo presidente (Julián Sastre) + Gedeseo Sports + licitación parking + ¿concejal de tráfico? + asesor fiscal indiscreto… De esto se entera todo el país. Que haya suerte. Esperamos el resultado de la concesión”. El concejal afectado desmintió entonces a este diario haber recibido esa información pese a que fue él mismo quien ese día a las 12.53 horas reenvió este correo electrónico a Julián Sastre y otras tres personas más, entre ellas María Victoria S. B., por aquel entonces administradora mancomunada de Gedeseo Sports junto con Sastre y Alba.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 4.8.14
Foto: La ministra Ana Pastor junto al alcalde de Torrejón de Ardoz, Pedro Rollán (EFE)
Gran Canaria.- Se consumó el escándalo del Oasis de Maspalomas
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El llamado 'Oasis' de Maspalomas es un espacio singular, no solo en Canarias, sino en todo el país. Un conjunto dunar con palmeras situado espectacularmente junto al mar que ha conseguido sobrevivir hasta ahora, gracias al apoyo ciudadano, pero que, una vez más, parece que la Administración Autonómica Canaria no está dispuesta a preservar, declarándolo, como se ha solicitado reiteradamente, BIC natural. Evidentemente su situación en el extremo sur de la isla de Gran Canaria es un jugoso fruto para la especulación urbanística más voraz, así el Gobierno de Canarias de Paulino Rivero (CC) parece dispuesto a privatizar este importante espacio natural para beneficio de las grandes promotoras y constructoras de las islas, un asunto que ha encontrado la repulsa de vecinos y organizaciones como Ecologistas.
"ECOLOGISTASENACCIÓN* : Ben Magec - Ecologistas en Acción hará frente al rechazo del Gobierno de Canaria a la declaración de BIC para el Oasis de Maspalomas, que vuelve a despreciar los intereses públicos frente a los intereses de las grandes empresas. Además de instar al Cabildo a que siga defendiendo el BIC, y denuncie por prevaricación la actuación del Consejo de Gobierno de Canarias, llama a la movilización ciudadana y emprenderá sus propias acciones legales.
Ante este atropello contra nuestra cultura, nuestro territorio y la sociedad canaria, La Federación Ben Magec - Ecologistas en Acción hace las siguientes declaraciones:
1- Hemos apoyado la iniciativa de proteger el Oasis de Maspalomas, no sólo recogiendo una vieja aspiración de la sociedad de Gran Canaria y de distintos movimientos sociales, sino porque podía abrir una nueva etapa de cómo entender y defender el territorio, sobre la base del más escrupulosos respeto al medio natural, a los intereses de la sociedad, en particular de las nuevas generaciones y de una nueva forma de tomar las decisiones sobre su uso y destino, de manera democrática y bajo el interés colectivo.
2- Nos personamos en el expediente de BIC, promovido por el Cabildo, dejando claro que era positiva la intención de proteger el ecosistema original del Oasis frente al urbanismo feroz que había imperado, aunque era insuficiente, y que dicha apuesta debería ser la tónica general para otros espacios emblemáticos del Archipiélago, como Granadilla, Majanicho, Tindaya, La Geria , etc.
3- Ha sido muy positivo el intenso debate en torno a este tema, que demuestra cómo se han movido, y se siguen moviendo, los grandes intereses especulativos, sin escrúpulos, que hipotecan nuestro escaso territorio, destruyendo algunas de las mejores zonas paisajísticas, infinidad de recursos naturales de gran valor, imponiendo sus ambiciones sobre el interés general, como hemos con la cadena RIU, plegando a las instituciones públicas, como el propio Gobierno de Canarias, cuando no haciéndolo cómplices, a sus mezquinos intereses. Aunque la sociedad canaria viene tomando consciencia, entre otras cosas con su voto, de estas actuaciones antidemocráticas para favorecer una política de tierra quemada sobre el territorio, volvemos a asistir a otro nuevo atropello.
4- Ben Magec - Ecologistas en Acción, denuncia el acuerdo del gobierno, porque desprecia el cualificado trabajo de decenas de profesionales, que apostaban por reconocer el valor no sólo natural, sino histórico de Maspalomas. Pero aún es más denunciable, que nuevamente el urbanismo, política territorial y el señor Berriel (que es como poner al lobo a cuidar a los corderos), se pongan al servicio de los intereses privados de empresas como RIU o LOPESAN, despreciando el derecho colectivo y constitucional, recogido en la Ley de Patrimonio Histórico de Canarias, que ampara el reconocimiento y el disfrute de la cultura, el patrimonio histórico y la naturaleza.
5- Asistimos otra vez, a la política de imposición de este Gobierno, que se dice ecologista, suspendiendo el planeamiento, como hecho cada vez menos excepcional, para amañar una recolocación de intereses privados sobre el territorio, que además les generará beneficios complementarios, haciéndonos creer que se trata de una medida de inspiración medioambiental y por el interés general. El procedimiento de BIC, con un año de desarrollo, con el respaldo de numerosos informes técnicos e institucionales, con todas las garantías de participación pública y democrática, después de contar con el respaldo del propio Consejo de Patrimonio Histórico del Gobierno, ha sido ninguneado, para resolver, por decreto y sin las más mínimas garantías democráticas la preservación del Oasis. ¿Cómo creernos que así se protegerá el Oasis, qué ahora sí les interesa las palmeras, que ahora sí están del lado de la sociedad y de su futuro? ¿Quién hará seguimiento de esas medidas, quién las controlará, qué garantías tememos de que se cumplan? ¿Si querían preservar el Oasis, por qué no apoyan el BIC? Entre creer a Paulino, Inés Rojas y Berriel (artífice de escándalos como Tindaya o Granadilla) y creer a un procedimiento reglado y participado como un BIC, está claro donde está, al menos, el sentido común.
Ben Magec - Ecologistas en Acción, exige al Cabildo de Gran Canaria que no se pliegue a este bochorno. Que si es cierto que apuesta, al menos en este tema, por el interés general, el de Gran Canaria y por nuestro Patrimonio Histórico, que no permita este atropello y continúe apoyando el BIC y que adopte las medidas legales que sean necesarias para frenar este despropósito, exigiendo responsabilidades. Al menos Ben Magec - Ecologistas en Acción, sí va a seguir ese camino y llamará a la sociedad de la isla a que se movilice y emprenderá las acciones legales que sean pertinentes.
* Ben Magec-Ecologistas en Acción - 3.8.14
Foto: Maspalomas (Gran Canaria) - maspalomas
BCN World: el juego de la especulación
Los llamados megaParques Temáticos continúan su carrera imparable en todo el país, a pesar de que, como ha quedado demostrado con la quiebra de varios de ellos, además de no ser rentables económicamente, provocan un daño irreparable a la Ordenación Territorial de las zonas en cuestión que deben ser totalmente modificadas al servicio de la especulación urbanística más demoledora. En Madrid se consiguió parar, afortunadamente, el llamado 'EuroVegas' del capo de los casinos Adelson, pero en Barcelona parece que el BCN World continúa adelante. Se trata de otro Parque Temático dedicado a casinos, resorts y centros comerciales que tiene previsto ubicarse al lado de Port Aventura (Tarragona). Para ello se dan toda clase de facilidades desde las distintas administraciones, algo que causa un fuerte agravio comparativo y puede ser objeto de ilegalidades varias, según ya se ha denunciado. Las conexiones, además, con distintas mafias es más que evidente y el asunto traerá cola en los Tribunales y en la ciudadanía concienciada.
"DIAGONAL* : Hace casi dos años se presentaba de manera inesperada el proyecto BCN World, un macrocomplejo turístico basado en el juego y el ocio formado por grandes casinos, resorts y centros comerciales que tenía previsto ubicarse al lado del parque temático de Port Aventura, situado entre los municipios tarraconenses de Salou y Vila-Seca. Aquel día 7 de septiembre de 2012, Andreu Mas-Colell, conseller de Economía; Francesc Xavier Mena, encargado de Empresa, y Lluís Recoder, titular de Territorio de la Generalitat, anunciaban con grandes alhajas lo que estaba previsto que fuera la alternativa al ya fallido Eurovegas del magnate estadounidense Sheldon Adelson, que tenía que haber sido construido en Madrid.
Ese día también estaban presentes Isidre Fainé y Enrique Bañuelos. El primero, uno de los hombres más poderosos de Catalunya y presidente de La Caixa, entidad bancaria propietaria de los terrenos donde está prevista la construcción del complejo, que tienen una extensión de unas 800 hectáreas y están valorados en 377 millones de euros, según Expansión. El segundo, empresario valenciano que fue uno de los estandartes de la especulación del ladrillo en los años previos al estallido de la crisis. De hecho, se considera que su inmobiliaria Astroc fue la primera víctima del pinchazo de la burbuja de la construcción. Actualmente es el máximo accionista del grupo Veremonte, sociedad que se comprometió a aportar el 20% del capital. Xavier Adserà es el consejero delegado de la misma y la mano derecha de Bañuelos.
En aquel momento se barajaban unas cifras astronómicas en relación al proyecto. Artur Mas, presidente de la Generalitat, anunció una inversión multimillonaria de 4.500 millones de euros. Se afirmó que la idea era construir seis parques temáticos, seis casinos, 12.000 habitaciones de hotel y la creación de 20.000 puestos de trabajo de forma directa. En opinión de Ernest Cañada, miembro de Albasud, “la imperiosa necesidad de generar puestos de trabajo, dado el contexto de desocupación tan importante que tenemos hoy en día, es usada como uno de los principales argumentos de los defensores de BCN World. En realidad es un chantaje. Lo que hará es avanzar hacia un proceso de precarización y degradación de las condiciones laborales”.
Hagan sus apuestas
Después de presentar estas cifras tan prometedoras, lo cierto es que la opacidad ha sido la tónica dominante que ha acompañado al proyecto a lo largo de su corta historia. Hasta el momento, el proyecto de BCN World sólo cuenta con empresas inversoras para dos de los seis resorts programados en la planificación inicial del complejo. El día 30 de mayo de 2013 se presentaban los inversores para el primer resort, que prometieron desembolsar la cantidad de mil millones de euros. Éstos eran la firma hotelera Melià, Melco Crown y Value Retail.
Por otra parte, el segundo resort de BCN World contará con Hard Rock como único inversor. La marca estadounidense prevé construir el hotel más grande de la compañía en Europa en el complejo tarraconense. Hard Rock, que ya gestiona hoteles y casinos en Las Vegas, Macao y Singapur, pretende con este movimiento potenciar su imagen en Europa. El quinto inversor es Port Aventura, actualmente propiedad del grupo italiano Investindustrial, que gestionará el 50% de las plazas hoteleras de todo el complejo. Con este movimiento, BCN World se alía con su competidor más cercano, aunque los dirigentes de ambos complejos siempre han defendido que se retroalimentarán entre ellos. Después de unas arduas negociaciones con diferentes partidos políticos, CiU ha hallado en el PSC su aliado principal para sacar adelante el proyecto de reforma de la ley que regula los centros recreativos turísticos. Esta reforma era una condición que exigía Veremonte para impulsar el proyecto de construcción del complejo de BCN World, y fue gestionada por trámite de urgencia para que las obras puedan empezar cuanto antes. Y es que, como manifestó Adserà en la comisión de Economía, Finanzas y Presupuestos, “si este Parlament, con toda la legitimidad, decide no crear el marco legal para hacer este proyecto en Catalunya, se hará en otros lugares de España que ya tienen la condiciones para hacerlo”.
La ley fue aprobada con los votos de CiU y PSC, mientras que PP y Ciutadans optaron por abstenerse. ERC –principal socio de gobierno de los convergentes–, ICV-EUIA y la CUP mostraron su rechazo frontal a la propuesta. David Fernàndez, líder de este último partido, expresó en el Parlament que “el proceso de aprobación de BCN World concentra lo peor del capitalismo ludópata, de un modelo desarrollista e insostenible, y de un modelo de crecimiento caducado que forma parte del pasado”. La reforma de la ley tiene su punto más polémico en la reducción de la tributación de los casinos, que pasará del 55% actual a un 10%, cumpliendo así las exigencias que dicta la empresa de Bañuelos.
Otro de los puntos de la reforma es la legalización de los casinos a crédito en los complejos, que hasta ahora sólo estaban permitidos en España en la Comunidad de Madrid. “Jugar a crédito facilitará las fantasías de recuperación del jugador. Es el punto de la ley más complejo y preocupante para nosotros, es el que más problemas nos podrá acarrear, siendo ya un colectivo suficientemente castigado”, sentencia Francesc Perendreu, presidente de la Asociación Catalana de Adicciones Sociales.
La nueva ley también ha aprobado un nuevo plan urbanístico en el que se establecen los terrenos donde se prevé construir BCN World como zona para usos hoteleros, comerciales, residenciales y de actividades relacionadas con el juego y las apuestas. Son numerosas las voces críticas que se han alzado contra este proyecto, ya que opinan que transformará radicalmente el modelo de turismo familiar operante hasta ahora en la zona. “Es falso que en un determinado territorio quepa todo, cuando argumentan que una cosa no afectará a la otra no tienen en cuenta que sus decisiones tendrán consecuencias sobre el desarrollo económico y social de los recursos naturales”, esgrime Cañada. Además, expone que “la apuesta por el ‘monocultivo’ del turismo es un error que pagaremos caro, ya sea en forma de casinos, de sol y playa o de visitas culturales. El gran problema de BCN World es que es una apuesta más para profundizar en este modelo de desarrollo basado en el turismo”.
El nexo de la mafia china con BCN World
P.M.A. Y P.M.R.
Melco Crown, la empresa china que gestionará el casino del primer resort, ha sido vetada en New Jersey y Australia por su estrecha relación con Stanley Ho, magnate del juego de Macao, cuya fortuna ha sido vinculada a la mafia china. Ho fue consejero delegado de Melco hasta 2006. Hoy la empresa está a cargo de su hijo Lawrence. Según un informe publicado por el Departamento de Seguridad Pública de New Jersey, Stanley Ho “permitió que el crimen organizado prosperara en sus casinos”. Este mismo informe califica a Ho de “inadecuado” para gestionar negocios relacionados con el juego. La Generalitat defiende la empresa y Andreu Mas-Colell ha declarado que “está sometida a duras inspecciones”.
Bañuelos y Adserà, viejos conocidos
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Filiales en paraísos fiscales para esquivar legalmente la tributación, macroproyectos anunciados a bombo y platillo que quedan en nada, y especulación inmobiliaria. Éstas son las prácticas habituales tanto de Enrique Bañuelos, empresario valenciano que controla la empresa Veremonte, como de Xavier Adserà, consejero delegado de la misma. La propia Veremonte opera desde Londres, ciudad madre de los principales paraísos fiscales del mundo. La empresa de Bañuelos tributa en los Países Bajos, aprovechándose así de las bajas imposiciones a compañías extranjeras. El empresario valenciano también es conocido por el hundimiento de su empresa inmobiliaria Astroc y por sus proyectos fallidos en Brasil.
Salou censura los opositores al proyecto
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Prohibición de presentarse en la biblioteca pública del municipio, retirada de carteles situados en escaparates privados o tablones de anuncios municipales o veto a la realización de debates sobre la construcción del complejo. Así se las gasta el Ayuntamiento de Salou que, encabezado por el alcalde Pere Granados (CiU), intenta evitar que se produzca un debate público sobre BCN World.
Los sindicatos mayoritarios enfrentados
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Mientras que CC OO se opone frontalmente al proyecto por impulsar un modelo turístico basado en el juego y las apuestas, y por sus tintes especulativos, UGT defiende que los casinos sólo representarán el 15% de las inversiones en BCN World y que el complejo creará unos puestos de trabajo que pueden ser muy valiosos para aliviar la dificultosa situación que vive el paro en la demarcación de Tarragona, donde en 2013 llegó a ser del 27% según la EPA. Posiciones claramente enfrentadas y que parece que no van a acercarse en los próximos meses. CGT y CNT también han mostrado su rechazo total a la construcción del complejo.
* DIAGONAL - Pedro Martínez Artero, Pere Millan Roca - 30.7.14
Foto: Tarragona contiene entre sus fronteras tres centrales nucleares, una de las mayores petroquímicas de la península, el complejo Port Aventura y ahora, además, el proyecto de BCN World. / ELI MORA
Madrid.- La Justicia frena el intento de Botella de desahuciar a familias de pisos sociales
La 'insigne' alcaldesa de Madrid, A.Botella, a través de la cómplice Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo, había ordenado a numerosos vecinos de la capital abandonar sus viviendas. Se habla, de momento, de 185 familias de pisos sociales amenazados por el desalojo forzoso. Pero la unión de los vecinos, una vez más, ha conseguido una sentencia judicial favorable en los Tribunales, con lo cual el desvergonzado Plan de la alcaldesa 'popular' salta por los aires y viene a demostrar su política antisocial y clasista, favoreciendo siempre a los que tienen más medios y a los más poderosos. Hay que esperar que esta forma de hacer política de vivienda desde los salones de la 'alta belleza' termine de una vez por todas en Madrid y otras ciudades del país.
"ELBOLETÍN* : El plan de Ana Botella para solucionar los problemas económicos de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) vendiendo pisos sociales de forma masiva ha tropezado con los tribunales. De momento seis sentencias judiciales dan la razón a los inquilinos que, a través de la asociación de vecinos ‘Yo no me voy’, se han enfrentado en los juzgados a la EMVS que les había ordenado desalojar sus viviendas después de no prorrogar sus contratos.
Y es que la empresa municipal quiere cambiar los contratos vigentes -que están blindados con una prórroga forzosa si se mantiene la situación económica de los arrendatarios- para cambiarlos por otros con condiciones menos ventajosas para los afectados y con una duración máxima de tres años, que permitiría una venta posterior de los inmuebles a inversores privados, según denuncia en declaraciones a ElBoletin.com, Alberto Romeral, presidente y portavoz de Yo no me voy.
Romeral explica que la asociación aglutina, de momento, a 185 familias de 14 inmuebles de la capital que han recibido cartas de la EMVS y a las que la empresa municipal está llevando a juicio por negarse a cambiar su contrato vigente, que es indefinido, “por uno con condiciones leoninas y con fecha de caducidad que nos deja a los pies de los caballos, ya que lo que quieren es a los tres años vender los inmuebles a una promotora”.
El último varapalo judicial que ha recibido el Gobierno de Ana Botella ha sido la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que da la razón a una inquilina octogenaria, que vive sola y esta delicada de salud, a la que se había ordenado desalojar su vivienda en Puerta Cerrada por negarse a cambiar el contrato, tal y como informa el presidente de esta asociación.
Yo no me voy se creó en 2013 primero como plataforma y luego como asociación vecinal, para defenderse de las intenciones de alcaldesa de Madrid de vender cinco inmuebles a Renta Corporación, inmobiliaria vinculada con el marido de María Dolores de Cospedal, una operación que la alcaldesa se vio obligada a abortar por la polémica suscitada.
Esta asociación -que presentó el año pasado una querella criminal por “acoso inmobiliario” contra el Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella y la EMVS por el “mobbing” que dicen están sufriendo los inquilinos para que abandonen sus viviendas sociales o las compren- considera que a pesar de que dicha querella no fue aceptada, los tribunales les están dando la razón y esgrimen las seis sentencias que lo demuestran.
* El Boletín - AMP - 7.8.14
Foto: Madrid, alcaldesa Botella y presidente Comunidad - vozpopuli
Nuevo revés judicial del Ayuntamiento de Benissa con la sentencia del PAI Pedramala-2
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De nuevo el urbanismo en la Marina Alta de Alicante sigue dando que hablar, para mal. Benissa es una población privilegiada por su naturaleza en la costa y, tal vez por eso, ha contado desde hace tiempo con numerosas irregularidades municipales, favoreciendo la especulación urbanística más dura en alguno de sus núcleos urbanos. Ahora llega otro varapalo judicial a la política de Urbanismo del Partido Popular, que en 2008 aprobó un PAI conflictivo que acaba de ser anulado por el Tribunal Supremo en 2ª sentencia. Hay que esperar que la tardanza judicial no sea óbice para que este enclave mediterráneo recupere la sensatez perdida, votando democráticamente a políticos menos especuladores que los últimos de los gobiernos municipales.
"INFOBENISSA* : L’Ajuntament de Benissa ha patit un nou revés judicial, aquesta vegada per part del Tribunal Suprem, en desestimar el passat 8 de juliol el recurs que l’Ajuntament havia presentat contra la decisió del Tribunal Superior de Jústicia de la Comunitat Valenciana d’anul·lar l’adjudicació del PAI Pedramala-2 a l’empresa Construcciones Benimarco SL. La sentència del Tribunal Suprem condemna, a més, a pagar les costes del procés a l’Ajuntament de Benissa.
L’adjudicació del PAI Pedramala-2 es va aprovar en el ple de l’ajuntament a gener de 2008 i va comptar només amb el recolzament del PP, els quals van necessitar del vot de qualitat del batle per a la seua aprovació. La resta de partits es van oposar i van reclamar que l’assumpte es deixara sobre la taula per la manca d’acord entre totes les parts afectades, excepte Vicent Cabrera, portaveu del PSOE, que no va poder votar en estar assessorant en exercici de la seua professió a l’empresa Construcciones Benimarco SL.
Al ple arribaven dos propostes: la de Construcciones Benimarco SL i la de Pedramala 2 SL, aquesta última societat constituïda pels propietaris de cases existents a la zona i que va haver de plantejar una alternativa, forçada per la situació. Les propostes eren semblants, però es diferenciaven en el nombre de cases a construir i les places de pàrquing a la via pública. Mentre que Construcciones Benimarco SL proposava 72 cases i 198 places de parquing, Pedramala 2 SL indicava 58 cases i 37 places de parking.
En la sessió es van sentir, i recollir a l’acta, fortes acusacions per part de José Maria Serna, portaveu del PP, indicant que en les seues llistes no hi havia ningú amb interessos urbanístics en aquest PAI [en referència al portaveu del PSOE]. Serna també va qualificar d’imparcial al CIBE-BLOC ja que un component de la seua llista era membre de l’empresa Pedramala 2 SL, i carregava també contra l’associació Abusos Urbanístics NO, dels quals deia que també tenien interessos a l’empresa.
La rèplica va vindre per part d’Isidor Mollà, del CIBE-BLOC, el qual va manifestar que es tractava d’un nou escàndol urbanístic, que es pretenia agredir un dels paisatges més importants que té Benissa i que el que volien era pegar el pelotasso i afavorir un amic del PP. Va afegir, que en un moment de desacceleració econòmica, el que calia era desclassificar i no construir.
Periple pels tribunals
Després de l’aprovació pel ple, els propietaris de les cases van interposar un recurs contenciós-administratiu, a través de l’empresa Pedramala 2-SL, davant el TSJCV al·legant diverses causes, entre les quals indicaven l’absència de sol·licitud d’informe a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX) que acreditara la suficient disponibilitat de recursos hídrics per a desenvolupar el PAI. Aquest va ser el motiu pel qual el TSJCV va anul·lar l’adjudicació del PAI el 28 de setembre de 2011.
L’Ajuntament de Benissa va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem el 15 de febrer de 2012 contra la sentència emesa pel TSJCV. L’ajuntament va al·legar que amb la publicació de l’Edicte d’Informació Pública al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana el 23 d’abril de 2004 ja no era necessari l’informe de la CHX que acreditara la suficiència de recursos hídrics.
El Tribunal Suprem, en la seua sentència anunciada recentment, contradiu aquesta afirmació i indica que l’informe de la CHX sí que és necessari. Afegeix, a més, que no haurien d’haver entrat a valorar la qüestió ja que el PGOU de Benissa ja es va declarar nul en el seu moment i, per tant, tots els PAI que se’n deriven són forçosament nuls per haver-se quedat sense suport normatiu.
* InfoBenissa - 6.8.14
Foto: Benissa (Alicante), urbanización anulada - levante-emv.com
Una investigación atribuye la corrupción urbanística en España a un 'diseño institucional fallido'
La investigación de la Universidad de Murcia acerca de la corrupción urbanística viene a decir lo que en este blog ya hemos comentado desde hace años: que una serie de factores han confluido para que este fenómeno delictivo se haya apoderado de todas las instituciones con poder en este país. El trabajo universitario profundiza en los factores socioeconómicos y financieros de la corrupción en el ámbito municipal, pero igual se podría añadir al ámbito autonómico o, incluso, central, que no se tratan en este estudio. En las conclusiones, se constata que hubo menos corrupción en aquellos municipios con mayores niveles de transparencia y con equipos de gobierno mejor pagados. Con este último punto, de ser cierto, aquí no estamos muy de acuerdo ya que la actividad política debe ser ante todo un 'servicio' al pueblo, nunca un trabajo profesional altamente remunerado.
"ELDIARIO* : La corrupción urbanística en España no es nueva, pero durante la primera década de este siglo confluyeron una serie de factores que desencadenaron un aumento considerable de su incidencia, tales como la burbuja inmobiliaria, las competencias municipales en materia urbanística, la legislación compleja, la figura del convenio urbanístico, la capacidad del alcalde de tomar decisiones sin contar con el pleno municipal y la gran cantidad de recursos económicos que movieron dichas actividades.
Así se interpreta en la investigación sobre los factores socioeconómicos y financieros que pudieron contribuir a tal multiplicación de la corrupción en la administración local; un trabajo que han llevado a cabo cuatro profesores del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Murcia y que concluye que los ayuntamientos con mayor grado de transparencia y cuyos equipos de gobierno cuentan con una remuneración más elevada han presentado menos casos de corrupción.
El trabajo –realizado por María Dolores Guillamón, Francisco Bastida y Ana María Ríos, y coordinado por Bernardino Benito– toma como referencia el periodo 2000-2009 y se centra en los 110 municipios españoles de más de 35 mil habitantes, donde habitan el 48% de la población del Estado. Para su elaboración se parte de los datos recogidos en un estudio anterior de la Universidad de La Laguna y de la información oficial –que los mismos autores califican en ocasiones como insuficiente-.
En la investigación se ponen bajo el microscopio 676 casos de corrupción urbanística, tomando en consideración los siguientes factores para identificar cuáles de ellos fueron determinantes: el grado de transparencia en el municipio afectado, los ingresos totales del ayuntamiento, el porcentaje de dichos ingresos que provienen de la planificación urbanística, el nivel de endeudamiento del consistorio, el crecimiento del superávit en la hacienda local, el nivel educativo de la población del municipio y los salarios del equipo de gobierno.
Más transparencia y más salarios, menos corrupción
"El trabajo demuestra con datos una serie de cosas lógicas que todos tenemos en la cabeza cuando reflexionamos sobre la corrupción", explica a eldiario.es el coordinador del estudio, Bernardino Benito. En relación a la transparencia, Benito argumenta: "Es cierto que no es una garantía , pero por lo menos ayuda. Con nuestro estudio se demuestra que cuando hay más transparencia, se reduce la corrupción".
Las tretas legales también se reducen, según los resultados del estudio, a medida que aumentan los salarios de los equipos de gobierno municipales. No obstante, el coordinador de la investigación considera que "en torno a los sueldos de los políticos hay mucha demagogia". Y se explica: "Querer pagar a un alcalde en función del número de habitantes de su población es absurdo. Habrá políticos que tengan que estar bien retribuidos y otros que no lo tengan que estar tanto, pero el hecho de limitar el sueldo no significa que se vaya a acabar con la corrupción". Sin embargo también recuerda que, al margen de los resultados obtenidos, existe un componente cíclico que tiene mucho que ver con la relajación de los estándares morales en periodos de auge económico, y con el llamado "efecto avaricia", que opera sin importar el sueldo que percibe el gobernante.
Un diseño institucional fallido
Uno de los factores clave que subraya la investigación es la forma en la que está establecida la planificación urbanística en España, con la concentración de competencias en los gobiernos municipales, y sobre todo, en los alcaldes, y con la opacidad del proceso. Solo hay que fijarse, señala Benito, en la figura del convenio urbanístico, que permite al primer edil alcanzar acuerdos con interesados sin necesidad de someterlos al Pleno. "Antes llegaba una persona que había comprado un millón de metros cuadrados y le decía al alcalde: mira, voy a hacer aquí una urbanización, y a cambio de la reclasificación del suelo te voy a hacer tres pistas polideportivas y cuatro jardines... Y aparte de eso te pago un viaje y te compro un chalet", ejempliflica.
Además de la figura del convenio, existe otro elemento que ha generado muchos casos de corrupción: los modificados. Bernardino resopla: "Eso requiere mucho trabajo y ahí no hemos entrado porque hay que meterse a investigar todos los contratos. Pero desde luego es algo digno de estudio, ver cómo muchas empresas se llevan la adjudicación de concursos porque ofrecen de manera abusiva unos precios muy bajos, y pasan todas las cribas de las comisiones de contratación, y luego hacen unos modificados que son escandalosos, que elevan los presupuestos y que eluden todos los controles facilitando la corrupción".
Medidas insuficientes
"La llamada Ley de Transparencia nos parece claramente insuficiente", afirma el profesor Bernardino Benito. Y prosigue: "Yo siempre digo que la agenda de los políticos municipales tiene que ser pública. Si el alcalde se va a comer con un constructor, tendrá que ponerlo en la página web del ayuntamiento. Yo quiero saber qué hacen el alcalde y los concejales de nueve de la mañana a seis de la tarde y saber qué nos cuesta a todos los ciudadanos el hecho de que el político trabaje de esa forma. No entiendo ese ocultismo".
¿Y las medidas de regeneración que anunció hace pocas semanas el presidente Rajoy? Bernardino Benito considera que "es circundar el problema, no abordarlo de raíz". "Ahora todo se ha parado por la crisis, pero cuando esto pase volveremos a cometer los mismos errores", opina. En planificación urbanística, Benito apuesta por la creación de un "órgano superior que estudie todo lo relacionado con el urbanismo, como planes ambientales, necesidades de agua, colegios..." para evitar que todo quede en manos de los alcaldes. "No puedes construir una urbanización y no saber si vas a tener agua, si vas a tener servicios asistenciales sanitarios, educativos... Porque luego eso, ¿quién lo paga? Antes los ciudadanos tampoco se lo cuestionaban, y como había dinero y trabajo, pues venga... Y no, eso no puede ser", concluye.
* El Diario - Pedro Serrano Solana - 2.8.14
Foto: corrupción urbanística, viñeta ayuntamiento
