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El urbanismo salvaje y la corrupción descarada siguen destacando en la Comunidad de Madrid. La permisividad y complicidad de los 'populares' Gallardón, E.Aguirre, y su sucesor I.González, al frente de la Comunidad coincide con la actuación de la trama mafiosa Gürtel y otros graves casos. En Villanueva de Perales, en la misma conflictiva zona noroeste, una cámping fue reconvertido en ilegal complejo urbanístico a pesar del consentimiento inicial hace 17 años del propio ayuntamiento. La situación, obviamente, se paralizó y ahora casi 200 propietarios que pagaron a la empresa constructora están en la cuerda floja del derribo. Estos días, al fin, se celebra la causa judicial que lo debe aclarar todo, pero conociendo a la justicia urbanística, el asunto llevará largo tiempo y más sinsabores.
"ELPAÍS* : El camping de Villanueva de Perales es la metáfora de unas vacaciones truncadas. El complejo turístico Mirador de Gredos, unos 100.000 metros cuadrados junto al kilómetro 26 de la carretera M-501, sigue sin licencia de actividad 17 años después de que el ayuntamiento otorgase los permisos. Los promotores acordaron con 195 personas la venta de parcelas a cambio de entre 18.000 y 60.000 euros para la instalación de viviendas prefabricadas (mobile homes), un negocio que sobrepasa los límites contemplados por la licencia.
Aunque el proceso para poner en marcha el campamento sigue adelante, José R. de L., Juan E. M, Miguel Ángel A. P. y Juan Manuel P. E. se enfrentarán desde el próximo lunes a un proceso penal por un supuesto delito de estafa.
El ayuntamiento de Villanueva de Perales (de unos 1.500 habitantes, cerca de Brunete) otorgó en 1997 una licencia para un campamento de turismo. “Los promotores lo transformaron en una venta de parcelas para fin de semana y el tema se acabó enquistando”, explica Lucio Rivas, asesor jurídico del consistorio. La licencia contemplaba la edificación de 29 bungalós, pero la empresa Vista de Gredos S. L. solicitó poco después que el terreno se dividiera en parcelas, idea que contó con el visto bueno municipal. “Es entonces cuando se les fue de las manos y me llamaron. Yo elaboré en abril de 2002 un informe para que se revocara ese permiso porque había una amenaza clara de que se edificaran viviendas ilegales”.
El ayuntamiento asegura que los promotores superaron los límites legales. “La licencia no permite hacer soleras de hormigón, parcelar ni instalar más bungalós de los permitidos”, explica Rivas. Una juez de Navalcarnero precintó el terreno en 2005 en base a un informe de la Guardia Civil que mencionaba la construcción de una veintena de viviendas móviles (de entre 40 y 52 metros cuadrados) y que los propietarios habían instalado soleras de hormigón para anclarlas al suelo.
Los promotores llevaron a lo contencioso-administrativo la decisión municipal de revocar el permiso para parcelar el terreno. La empresa solicitó la licencia de apertura en julio de 2003, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid se lo negó y exigió tres condiciones: retirar las soleras de más, elaborar unos estatutos y establecer un contrato con los propietarios en los que se reflejase que adquiría una participación en un club turístico privado y no una propiedad. “Han presentado el compromiso y los estatutos. Solo falta que un arquitecto verifique que han quitado todas las soleras: la mayoría están quitadas, pero los promotores han escrito diciendo que algún propietario ha hecho lo que ha podido para impedir que quitaran la casa que habían instalado encima” explica el asesor jurídico.
El futuro del terreno se aleja del complejo residencial. Desde el lunes empieza otra batalla, la de las responsabilidades penales de los promotores, para los que la Fiscalía pide de dos a nueve años de prisión. “Al ser un tema de estafa, el proceso penal no tendría por qué paralizar la parte administrativa [la licencia]: es un conflicto entre particulares”, explica Rivas.
De los 195 afectados, apenas una decena son vecinos de Villanueva de Perales, asegura su alcalde, César Muñoz (PSOE), en el poder desde julio de 2007. “Una vez que se levante el precinto nos reuniremos con la Comunidad, los afectados y la promotora”, subraya el regidor. Casi una década después, sus ahorros siguen en el limbo. “Que el terreno lleve 10 años precintado no es bueno para ninguno. Cualquier solución será mejor que lo que hay ahora”, añade Muñoz. Las hojas del calendario llevan años pasando para ellos, la huella de meses y meses pagando la hipoteca de una casa edificada en el limbo.
* El País - LUIS JAVIER GONZÁLEZ - 20.6.14
Foto: Vista panorámica del cámping Mirador de Gredos, en Villanueva de Perales / RICARDO GUTIERREZ
Madrid.- El ‘camping’ que se convirtió en una urbanización
Imputados el alcalde de Ferrol y el expresidente de la diputación de Ourense en el 'caso Pokémon'
La llamada operación 'Pokémon' de corrupción urbanística va a llevarse por delante a la gran mayoría de políticos del PP en Galicia. A la cantidad de imputados que hay ya (ver en el buscador del blog) hay que sumar ahora otros dos peces gordos de los 'populares': el alcalde Ferrol, presidente de la FEGAMP, y el famoso capo de la provincia de Ourense: JL.Baltar. Junto a ellos hay varios imputados más que se estrenarían. El asunto es el de siempre, el favoritismo a determinados amiguetes del partido en la concesión de obras y servicios municipales. Algo demasiado corriente hoy en día y que, como la justicia no actúe con mayor decisión, va a socavar las reglas de la Ordenación territorial. Y la Xunta de Feijóo callada, por supuesto.
"20MINUTOS* : La jueza del 'caso Pokémon', Pilar de Lara, ha imputado al alcalde de Ferrol, José Manuel Rey, y al expresidente de la Diputación de Ourense José Luis Baltar por presuntos delitos de cohecho, han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación de la jueza trata de desvelar posibles irregularidades en la concesión de servicios municipales en diversos Ayuntamientos gallegos, entre ellos los de las ciudades de Lugo, Santiago, Ourense y A Coruña.
Ambos políticos están citados para el próximo lunes a las 10:00 horas, en el marco de la pieza separada número 2 de la operación Pokémon, que se refiere a contratos de la empresa Vendex. Otros 16 imputados Además, la jueza ha imputado a otras 16 personas, entre ellas representantes políticos del PPdeG y PSdeG y un exconcejal del BNG, así como al titular de la empresa Vendex en España y su representante en Galicia.
Del Ayuntamiento de A Coruña, la jueza ha imputado al teniente de alcalde Julio Flores López; al anterior responsable de contrataciones el socialista José Nogueira Fernández y el exconcejal también socialista Xoán Xosé Martínez Cajigal. Así como a la exconcejala socialista ferrolana Mercedes Carbajales Iglesias. También se imputa al que fue jefe del gabinete del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa, condenado por delito fiscal, Ángel Espadas Díez; al exalcalde socialista de Ourense Francisco Rodríguez y al exconcejal nacionalista en el mismo Ayuntamiento Xosé Fernando Varela Parada.
Pilar de Lara recoge también en su auto como imputados al dueño de Vendex, Gervasio Rodríguez Acosta; así como a su representante en Galicia y su mujer, José María Tutor Lemos y Estrella Roca Naveira; y el delegado en Ourense, Adrián Cordero González.
Otros gestores empresariales imputados son Javier Reguera Pérez, responsable del servicio de la grúa en Lugo; el representante de Sermasa en Santiago, Alberto Antonio Quintana Vilarelle; y el empresario Moisés Rey Martínez. Asimismo figura como imputado en este auto el exjefe de la Policía Local de Ourense, Álvaro Abelardo Ulloa Pardo y Silvia Paradela González, administrativa en esta ciudad.
* 20 Minutos - EFE - 23.6.14
Foto: Ourense, imputado Baltar en Pokemon - republica
Aprobado el plan urbanístico para implantar Ikea en Alicante en medio de sospechas de corrupción
"PÚBLICO* : La Generalitat Valenciana niega que haya habido presiones del empresario Enrique Ortiz, que maniobró desde 2008 para que la multinacional se implantase en terrenos de su propiedad y beneficiarse de ello, según las conversaciones grabadas entre él y la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. El pleno del Consell ha declarado este viernes como Actuación Territorial Estratégica (ATE) el proyecto Alicante Avanza - Innovation Park - Shopping Centre en el que está prevista la implantación de la multinacional Ikea.
La consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, ha destacado que se trata de un proyecto "prioritario y fundamental" que "nada tiene que ver" con el procedimiento judicial en el que la alcaldesa alicantina, Sonia Castedo, y el empresario Enrique Ortiz están imputados en el caso Brugal. Ortiz llevó a cabo presuntas maniobras para que Ikea se instalase en su terreno, con lo que ganaría 97 millones de euros, según publica El Mundo. Según unas grabaciones de conversaciones entre él y Castedo, el empresario habría hecho estas maniobras desde 2008.
Al respecto, y a preguntas de los periodistas, Bonig ha manifestado que el Consell no ha "recibido ninguna presión" del empresario.
Bonig ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que ha comparecido junto a la portavoz y consellera de Educación, Cultura y Deporte, María José Català, para dar cuenta de la aprobación de la nueva ATE, la quinta declarada en la Comunitat Valenciana.
A partir de ahora, comienza el proceso de tramitación de esta Actuación Territorial Estratégica mediante la elaboración del plan, que debe cumplir todos los requisitos y condicionantes del Consell para, posteriormente, ser sometido a un período de participación y consulta pública durante 45 días. Una vez finalizada esta fase, se incorporarán las alegaciones que se consideren oportunas y posteriormente el Consell aprobará el proyecto.
En concreto, prevé la creación de un gran espacio multifuncional en Alicante de una extensión aproximada de 2,2 millones de metros cuadrados, es decir, 220 hectáreas, sobre los que se plantean actividades y usos terciarios, empresariales y espacios públicos, ubicados en uno de los nodos de actividad económica que se establecen en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, el de Alicante-Elx.
* Público - EP - 20.6.14
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
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El Ayuntamiento de Madrid gastará 21 millones en la operación de OHL en Canalejas
La polémica operación Canalejas, en el mismo centro de Madrid, supone un pelotazo de magnitudes desproporcionadas para el propietario 'concejal' de Urbanismo, Botín, junto a la constructora OHL, todo ello bendecido por el gobierno municipal 'popular' de la sin par alcaldesa Botella. El asunto llega hasta el mismo subsuelo del megacomplejo comercial y hotelero, donde hay que rehacerlo todo y para ello rescatar la concesión de lo existente, con cargo, por supuesto, a todos los ciudadanos que deberán apoquinar 21 milloncejos de sus bolsillos. Esto, de momento y que se sepa, porque seguro que la cantidad se multiplica exponencialmente en cuanto lleguen las comisiones y los 'listillos' de turno a meter mano.
"ELPAÍS* : Construir un nuevo aparcamiento que esté a la altura del complejo comercial y hotelero de lujo de OHL en Canalejas, hacer una infraestructura subterránea de transportes que permita enterrar las dársenas de autobuses y el trajín diario de carga y descarga, y peatonalizar parcialmente esa área junto a la Puerta del Sol no le saldrá gratis al Ayuntamiento de Madrid, tal y como habían mantenido hasta ahora fuentes municipales.
Las obras correrán a cargo de la empresa que se encargue luego de explotar el aparcamiento, pero la ciudad deberá rescatar con dinero público la concesión actual, lo que tendrá un coste de 20.986.056 euros, según un informe del área municipal de Hacienda al que tuvo acceso EL PAÍS.
La concesión actual del aparcamiento expira en 2027, de forma que esa cantidad constituye la indemnización que el Ayuntamiento deberá pagar a la empresa que lo explota por quitárselo 13 años antes de lo acordado.
El resto de las obras subterráneas previstas en esa zona de la calle de Alcalá tendrá un coste de 29.856.983 euros, según señala dicho informe, que será abonado íntegramente por la nueva concesionaria del aparcamiento.
El área municipal de Hacienda estima que los ingresos anuales para el Ayuntamiento provenientes del canon a pagar por la empresa que se haga con la concesión ascenderán a 2.460.325 euros, aunque fuentes del área de Urbanismo elevan esa cantidad a 2.509.532 euros. En uno y otro caso, harán falta algo más de ocho años para cubrir el abono íntegro del rescate del aparcamiento.
El Ayuntamiento había deslizado hasta ahora que la nueva concesionaria se vería libre del pago de ese canon, total o parcialmente, a cambio de hacerse cargo del coste de las obras (30 millones de euros). Sin embargo, fuentes del área municipal de Urbanismo negaron ayer esa posibilidad.
La concesión se sacará a concurso por un periodo de 40 años. Sumado el abono de las obras, el canon y los tributos correspondientes (impuesto sobre bienes inmuebles e impuesto de actividades económicas, con una estimación anual de 367.015 euros), el coste total de la concesión superará los 150 millones de euros.
O lo que es lo mismo, los ingresos anuales para la empresa concesionaria deberán rozar los cuatro millones anuales para evitar entrar en pérdidas. La indemnización a la actual concesionaria por el lucro cesante durante los próximos 13 años se eleva a cerca de 1,7 millones anuales.
El Ayuntamiento confía en que la implicación de la constructora OHL para revigorizar el área de Canalejas evitará que este concurso público quede desierto, tal y como ha sucedido en otras ocasiones con aparcamientos públicos de rotación.
En cualquier caso, el Ayuntamiento carece en la actualidad de dinero suficiente como para llevar a cabo el rescate del aparcamiento. “Esa cifra [20.986.056 euros] no tiene acomodo en 2015 dentro de los estrechos márgenes del plan de ajuste”, señala el informe, firmado el pasado 2 de junio por el director general de Presupuestos, Santiago Ruedas. “No es sino hasta el ejercicio de 2017 en el que el presupuesto municipal contemplado en el plan de ajuste podría dar cabida a un gasto de la citada magnitud”, añade.
Las cuentas municipales están intervenidas desde 2012 por el Ministerio de Hacienda, que debe dar el visto bueno a cualquier cambio en su plan de ajuste.
Fuentes del área de Urbanismo han explicado que el pago del rescate se llevará a cabo a plazos: 1.069.498 al año durante 20 años.
Se empezará a abonar en 2017. Las obras, sin embargo, comenzarán tan pronto como concluyan los trámites administrativos, de forma que el Ayuntamiento tendrá cerca de dos años de carencia en el pago del rescate.
Los cálculos del área de Urbanismo, que suman el abono del canon, los tributos correspondientes y otras tasas por el uso privado de las nuevas rampas que se construirán para la instalación subterránea, elevan a 4.160.456 euros los beneficios anuales para la ciudad durante los 40 años de concesión.
Calles peatonales y una parada subterránea para los autobuses
El Gobierno municipal, que preside Ana Botella (PP), dio luz verde en marzo al plan especial urbanístico que reordenará el transporte público y privado en la zona de Canalejas, a escasos metros de la puerta del Sol, donde OHL está construyendo un complejo comercial y hotelero de lujo. El proyecto será validado hoy en la comisión de Urbanismo, y refrendado a finales de mes en el Pleno local merced a la mayoría absoluta del PP.
Con el objetivo de “recuperar espacio para el peatón, mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación acústica”, se construirá una infraestructura subterránea que sirva de aparcamiento para vehículos privados, dársena para nueve líneas de autobuses urbanos, y espacio de carga y descarga para el complejo comercial, que estará listo previsiblemente en 2016.
El aparcamiento actual, a la altura del número 17 de la calle de Alcalá, consta de 476 plazas de rotación (cuya concesión finaliza en 2017) y 70 reservadas para residentes (hasta 2057). Inaugurado en 1964, se trata de uno de los más antiguos de la capital. Será sustituido por otro de nueva construcción con 439 plazas de rotación; el espacio para residentes se respetará. Los accesos y salidas cambiarán de lugar; también se modificará el sentido de circulación de las calles de Arlabán y Cedaceros.
La infraestructura subterránea albergará 10 dársenas de autobuses (confluyen allí nueve líneas de la EMT), cuyo acceso se realizará por una rampa doble de nueva construcción en la calle de Alcalá. La obra permitirá además hacer un acceso sin barreras arquitectónicas para la estación de metro de Sevilla.
El área de actuación suma 24.843 metros cuadrados de viario público, y afecta a la calle de Alcalá (del número 6 al 22), las calles de Sevilla, Cedaceros y Arlabán (enteras), la plaza de Canalejas y la carrera de San Jerónimo (del 22 al 34). Se ganarán a los coches 1.309 metros cuadrados de superficie peatonal.
Estas obras, que costarán 29.856.983 euros, según el Ayuntamiento, serán costeadas íntegramente por la nueva concesionaria del aparcamiento.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 16.6.14
Foto: Proyección municipal de cómo quedará el área de Canalejas - elpais
Seis centros penitenciarios sin estrenar están cerrados por falta de dinero
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El inmenso despilfarro delictivo en infraestructuras de transporte no debe ocultar otro tipo de excesos urbanísticos cometidos en estos años, con edificaciones de todo tipo: museos, polideportivos, centros de congresos o culturales, centros administrativos... y hasta penitenciarios. Así ocurre con al menos 6 de estos últimos que el Gobierno central o el catalán tienen cerrados, a pesar de estar totalmente acabados desde hace años. La disculpa es muy sencilla: falta dinero. Pero eso es muy fácil de desmontar sabiendo que se han levantado imprudentemente, con irregularidades de todo tipo y por encima de unas previsiones económicas o técnicas razonables. El resultado son miles de millones despilfarrados por las administraciones de Interior y sin que los responsables políticos hayan sido imputados todavía por su negligencia y delito público.
"ELPAÍS* : El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña tienen seis establecimientos penitenciarios terminados hace meses, algunos más de un año, y que no abren por falta de plantilla. Los recortes presupuestarios han desbaratado el mapa de prisiones que diseñó el PSOE y han dejado un goteo de obras suspendidas, otras que se alargan en el tiempo y unas cuantas, hasta seis, terminadas y cerradas.
La asfixia económica limita la capacidad del Ministerio del Interior y del Ejecutivo catalán (que tiene transferidas las competencias penitenciarias) para hacer las obras al ritmo previsto, pero el problema más grave es de recursos humanos: la tasa de reposición del 10% en el empleo público impide ampliar la plantilla y sin funcionarios no pueden abrir los nuevos centros.
Mantener cerradas las instalaciones, en las que se han invertido más de 1.100 millones de euros, no sale gratis. Más de un año lleva sin uso la cárcel de Archidona (Málaga), un recinto con 1.008 celdas, que se terminó en marzo de 2013 y a la que Instituciones Penitenciarias destinó 117 millones de euros. La Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios ha adjudicado el 10 de abril la vigilancia y el mantenimiento del centro a la empresa Vías y Construcciones S. A. La empresa adjudicataria recibirá hasta 3,27 millones de euros por garantizar la seguridad del complejo y velar por que, hasta que abra, funcionen todas las instalaciones, desde los ascensores a las calderas, los sistemas de comunicación y las puertas automatizadas. El contrato es prorrogable por dos años lo que lleva a pensar que Interior contempla que esta situación puede alargarse hasta 2016.
Algo parecido ocurre en el Centro de Inserción Social (CIS) de Almería y en las unidades de madres de Alicante y de Tenerife, que suman una inversión superior a los 21 millones de euros. Interior planea abrir el primero en las próximas semanas, pero no ha puesto fecha para las unidades destinadas a acoger a presas con hijos pequeños y cuyas obras concluyeron hace más de un año. Su mantenimiento corre a cargo de la empresa que mantiene los CIS a los que están anexas. Instituciones Penitenciarias no concreta cuánto cuesta mantenerlas cerradas pero fuentes del centro alicantino cifran en 100.000 euros el dinero invertido el año pasado.
“Las prisiones son construcciones complejas. Sin uso, se deterioran”, advierte José Ramón López, presidente de Acaip, el sindicato mayoritario en el ámbito penitenciario. López recuerda el caso de Zuera (Zaragoza), que, enredada en un debate político, tardó cinco años en inaugurarse y cuando fue a abrir hubo que reparar parte del equipamiento. Es lo que pretende evitar Interior en Archidona. “Dice que mientras no haya plantilla para garantizar la seguridad no abre nada. Estamos de acuerdo, pero si quisieran hay opciones, como contratar interinos”, señala López.
Los últimos datos publicados, de enero de 2013, cifran en 1.560 las plazas vacantes en Instituciones Penitenciarias entre funcionarios (954), personal laboral (514) y de organismos autónomos (92), a las que habría que sumar las bajas del último año y medio. Los sindicatos consultados (Acaip, UGT, CC OO y CSIF) estiman en cerca de 2.000 las vacantes actuales. El Gobierno ha anunciado una oferta de empleo de 90 plazas. “Esa cifra no cubre ni las vacantes de un año y llevamos cuatro sin oferta de empleo”, advierte Jesús Otín, secretario de Prisiones de UGT. Instituciones Penitenciarias ha declinado valorar la situación y concretar cuándo prevé abrir estos centros.
La falta de recursos está también detrás del retraso en la apertura de las prisiones catalanas de Puig de les Basses, en Figueres, y Mas d'Enric, en El Catllar (Tarragona). La primera se terminó en el verano de 2011 y el Ejecutivo de Artur Mas prevé abrirla por fin en julio; el edificio de la segunda está acabado hace más de un año, pero la Generalitat tiene problemas para financiar el saneamiento, el agua potable y los accesos y no cuenta con inaugurarla antes de 2015. Y mientras abren y no, debe pagar más un millón de euros al mes a Ferrovial Agroman, adjudicataria de Figueres, y otro tanto a la agrupación Comsa Concesiones y Emte, que ha construido la de El Catllar.
El modelo catalán se basa en que una empresa se hace cargo de la obra y la Administración abona un canon como alquiler. En una carta remitida a los funcionarios de prisiones en enero de 2013, el anterior director general de los Servicios Penitenciarios, Ramón Parés, revela que la Generalitat tendrá que estar pagando hasta 2042 una deuda de 2.258 millones de euros por la construcción de las cinco prisiones proyectadas con este sistema: Brians 2, Joves, Lledoners, Puig de les Basses y Mas d'Enric. Es decir, cada una cuesta 451,6 millones de euros, cuatro veces más que una cárcel tipo en el resto de España (unos 110 millones).
Estos proyectos se aprobaron en el Gobierno de Pasqual Maragall, cuando la previsión apuntaba a un incremento de población reclusa. Pero esta, en vez de aumentar, ha caído (10.062 a finales de 2012 y 9.660 en mayo de este año) y el ejecutivo de Artur Mas acusa a su antecesor de diseñar un mapa sobredimensionado. Esa opinión la comparte el sindicato Acaip en Cataluña. “El tripartito abusó de la fórmula de gestión de derecho de superficie hipotecando los servicios penitenciarios por más de 30 años”, señala su portavoz, Francesc López, que lamenta que CIU intente, en parte, reducir la deuda con “recortes sobre la plantilla”.
Un proyecto estrella de aquel plan fue la cárcel de preventivos de Barcelona, que debía suponer el cierre de la vieja Modelo y para la que la Generalitat reservó unos terrenos en la Zona Franca. El Ejecutivo de Mas ha acabado renunciando a él, pero ha tenido que pagarle a las empresas adjudicatarias 4,9 millones de euros.
* El País - Reyes Rincón - 22.6.14
Foto: Vista general de la prisión Puig de les Basses, en Figueres, terminada desde hace tres años/ PERE DURAN
Exconcejales de Teulada declaran por un presunto delito de prevaricación
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El Urbanismo es un cotizado manjar en cualquier municipio o autonomía del país. Así se sigue demostrando una y otra vez, aunque la tardanza e inoperancia judicial sea un pesado lastre sobre numerosos delitos contra el Territorio. En Teulada (Alicante) se ha tardado 10 años (diez), pero el juicio contra dos exconcejales y varios técnicos por fin se está celebrando. En 2004, en plena burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento 'popular' de Teulada- Moraira, cuyo alcalde en la época era el actual vicepresidente del Consell, José Ciscar, dio luz verde a la construcción de supermercado en la carretera Moraira-Calp. Ahora los tribunales han anulado la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental.
"ELPAÍS* : “¿Ha recibido presiones externas para conceder la licencia de obras? ¿Ha recibido alguna orden política para emitir un informe favorable?” Estas y otras preguntas dirigió el juez a los técnicos y exconcejales del Ayuntamiento de Teulada que declararon por un delito de prevaricación al permitir la construcción y apertura de un supermercado construido en suelo no urbanizable y de especial protección, al discurrir por el mismo una rambla.
En 2004, en pleno auge de la burbuja inmobiliaria, el Ayuntamiento de Teulada- Moraira, cuyo alcalde en la época era el actual vicepresidente del Consell, José Ciscar, dio luz verde a la construcción de supermercado en la carretera Moraira-Calp. Diez años después, los tribunales han anulado la licencia de obras, la ambiental y la de actividad por ser contrarias a la normativa urbanística y medioambiental. Los presuntos responsables de aprobar la construcción de este supermercado, dos antiguos técnicos municipales y dos exconcejales, han sido acusados de dos delitos de prevaricación, uno de carácter general y otro específico. Una quinta persona, que todavía presta sus servicios en el Ayuntamiento de Teulada, presentó un recurso contra el auto de admisión de la querella en el último minuto y no declarará hasta que el juez no se pronuncie sobre el mismo. Los acusados dieron el visto bueno a las licencias, pese a los repetidos informes en contra del arquitecto municipal. Los cuatro imputados negaron al juez y al fiscal haber recibido presiones externas o internas por parte de responsables políticos. Todos ellos se negaron a responder a las preguntas formuladas por las acusaciones particulares, acogiéndose a su derecho de no declarar.
La investigación judicial se inició a raíz de una querella presentada por el supermercado Pepe la Sal, que compite en esta localidad de la Marina Alta con la cadena Más y Más, propietaria del establecimiento denunciado. El denunciante entendía que la apertura se realizó sin contar con todos los requisitos legales. Sus reclamaciones han prosperado en todos los tribunales que han entendido del caso.
Las cinco personas acusadas son: Juan José S.P, concejal responsable de urbanismo en aquella época, que concedió la licencia, pese a los informes contrarios del arquitecto municipal Julio Setla; el edil José Luis A. que concedió la licencia de actividad para la apertura del centro; el arquitecto Julio T. P. y el técnico Alberto T. C., que dieron el visto bueno a la aprobación del Plan de Reforma Integral (PRI) que, posteriormente, fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia valenciano; y, por último, José Antonio I. B, que actuaba como secretario accidental del Ayuntamiento y que avaló con un informe jurídico la concesión de las licencias.
Pese al proceso que se sigue contra los responsables de la concesión de las licencias de apertura al centro y a las sentencias favorables al empresario de Pepe la Sal, la magistrada del Contencioso-administrativo número 4 de Alicante, atendiendo a las alegaciones presentadas por Más y Más, ha ordenado la suspensión del cierre del centro por los perjuicios que ocasionaría el cese de la actividad a los trabajadores. La magistrada ha reclamado a la empresa demandada un aval de 451.600 euros “tras calcular la facturación media anual y aplicando un porcentaje del 20%”.
El Ayuntamiento de Teulada, en cumplimiento de una sentencia, había decretado el cierre del supermercado para el 23 de junio. Sentencia que se ha paralizado por la decisión de la juez.
* El País - REGINA LAGUNA - 20.6.14
Foto: Teulada-Moraira (Alacant) - livingspain
Mondariz recalificará los jardines del Gran Hotel para construir un museo y viviendas
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Los pelotazos urbanísticos se siguen sucediendo sin parar, afectando gravemente a enclaves o lugares protegidos que están en la memoria de todos. Uno de estos ejemplos en Galicia es el balneario-hotel de Mondariz (Pontevedra), con un espacio boscoso de gran valor ambiental e histórico. A pesar de la oposición de una Plataforma vecinal que se opone a los nuevos planes urbanísticos, el Ayuntamiento 'popular' pretende recalificar los terrenos anexos para un museo y, sobre todo, la urbanización de la gran zona verde para nuevas viviendas especulativas. La Xunta decidirá al final, pero hay que temer que, vistos los antecedentes, la suerte esté ya echada de antemano.
"FARODEVIGO* : En manos de la Xunta está aceptar o no la modificación de los usos urbanísticos prevista para parte de los jardines del Gran Hotel del Balneario de Mondariz. Los cambios a realizar se han fijado en un convenio urbanístico, aprobado en pleno con los votos en contra del BNG, y firmado entre el Concello y la Sociedade para o Desarrollo Sostenible de Mondariz S.L. (Sodesmón SL).
El convenio afecta a una parcela de 4.100 m2 de zona verde que sería recalificada como edificable con uso residencial; también a otra parcela de 400 m2 que pasaría de ser zona verde a edificable para servicios municipales y, finalmente, una tercera parcela de 1.445 m2 destinada a equipamiento deportivo que pasaría a cultural, con la pretensión de cnstruir en ella un Museo del Agua.
Ese museo es una iniciativa impulsada por la Axencia Galega de Turismo y el Concello de Mondariz Balneario. La obra rondaría los 1,5 millones de euros y como todavía está pendiente de la autorización del departamento de Urbanismo de la Xunta, el alcalde de Mondariz Balneario, José Antonio Lorenzo, se muestra cauto y prefiere no adelantar detalles. "Yo soy de trabajar y trabajar y no de dar publicidad a las cosas porque si luego no salen son un fracaso. Es una inversión importante y esperemos que salga adelante por el bien de Mondariz" apunta el regidor.
Plataforma ciudadana
En contra de este recalificación impulsan en el municipio una plataforma ciudadana, denominada SOS Xardíns do Balneario de Mondariz, que considera que los jardines del Gran Hotel son una unidad y que hay que conservarlos íntegramente. Precisamente para ganar adeptos e instar a la Xunta a parar el proyecto, han convocado una reunión hoy, a las 18.00 horas, en la sala de cultura del ayuntamiento de Mondariz Balneario, en la que se explicarán los detalles del convenio urbanístico. Según advierten, el convenio aprobado establece que en caso de que, por cualquier causa, el museo del agua no llegase a construirse, las recalificaciones urbanísticas permanecerían.
Por su parte, el regidor considera que la zona afectada por el convenio "no pertenece a los jardines del Gran Hotel, sino al bosque, que no es lo mismo". Mientras que el BNG de la localidad entiende que los jardines se componen de dos zonas: jardín francés y jardín inglés, y este último incluye el área boscosa.
Respecto a la parcela en la que se construirían viviendas, Lorenzo recuerda que la norma urbanística existente contempla en ella la construcción de un hotel que ahora se elimina. El regidor defiende que con este convenio la mayoría de esos terrenos privados pasarán a ser de propiedad municipal, y se podrán mejorar y cuidar.
* Faro de Vigo - Verónica Palleiro - 14.6.14
Foto: Mondariz (Pontevedra), balneario - ociovia
Madrid.- Montan un plataforma ciudadana contra el Plan de Urbanismo de Botella
Que el urbanismo de la ciudad de Madrid lleva largos años de capa caída es un hecho incuestionable, que ha coincidido con alcaldes 'populares' de bajo nivel es cierto también, y que se avecina un nuevo Plan General urbanístico continuista y depredador también es sabido. Bajo el auspicio de la inefable alcaldesa A.Botella se pretende lograr este nuevo Plan y ya ha habido numerosas voces dicrepantes, desde técnicas hasta vecinales. Así se ha presentado la Plataforma ‘No a este Plan Urbanístico’ nacida para impedir un Plan que “abre la puerta al expolio de suelos y edificios públicos” para ponerlo en manos de intereses privados, es decir: de amiguetes de negocios.
"ELBOLETÍN* : Asociaciones vecinales, colectivos ecologistas, organizaciones de defensa el patrimonio, urbanistas, sindicatos y partidos políticos han creado una plataforma ciudadana denominada ‘No a este Plan Urbanístico’, que se presentará esta tarde en Madrid y cuyo objetivo es impedir que se apruebe el nuevo aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid capital en el que está trabajado el equipo de Gobierno de Ana Botella y dar a conocer a la ciudadanía lo que se pretende hacer con el municipio madrileño”.
La plataforma, que se presentará a las 19,30 horas, en el Ateneo de Madrid (Prado, 21), se movilizará para dar a conocer a los madrileños que “el Ayuntamiento de Madrid está tramitando un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, que desmantela la ciudad, abre la puerta al expolio de los suelos y edificios públicos para ponerlos al servicio de intereses privados y aboga por un modelo continuista de ocupación del territorio reclasificando el límite de lo posible”.
La plataforma nace por el rechazo de muchos colectivos, principalmente las asociaciones de vecinos, de que se haga un nuevo plan de urbanismo, ‘a marchas forzadas’ y pocos meses antes de las elecciones municipales y después de conocerse que numerosos edificios públicos emblemáticos de Madrid pasarán a tener un uso lucrativo privado) en virtud del nuevo plan urbanístico, tal y como adelantaba hace unos días elpais.com
Integran la Plataforma “No a este Plan Urbanístico”: Auditoría municipal y participación ciudadana Chamartín, AVV Carabanchel Alto, AVV Nudo Sur (Arganzuela), AVV Nuevo Legazpi, AAVV San Nicolás Dehesa de la Villa, AAVV Solidaridad Cuatro Caminos Tetuán, 15M Chamberí, Chamberí se Mueve/Parque Sí en Chamberí, CCOO de Madrid, Ecologistas en Acción de Madrid, Entorno Meaques Retamares/Plataforma Salvemos Campamento, Equo, FRAVM (Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid), GRAMA (Grupo de Acción por el Medio Ambiente), Grupo Municipal Izquierda Unida, Grupo Municipal PSMPSOE, MCyP (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio), Plataforma Salvemos la Casa de Campo y UGT-Madrid.
La presentación de la plataforma coincidirá con la celebración del debate titulado "Por el Derecho a la Ciudad", en el que intervendrán: Raúl Cordero (CCOO de Madrid), Carmen Ochoa Bravo (Chamberí se Mueve), Vicente Pérez Quintana (Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid), Rafael Córdoba Hernández (Ecologistas en Acción), Cristina Fernández Ramírez (arquitecta, investigadora UPM) y Amparo Berlinches (Madrid, Ciudadanía y Patrimonio).
* El Boletín - EB - 11.6.14
Foto: alcaldesa Botella junto a Gallardón - elpais
La Generalitat valenciana privatizó el control ambiental de obras de manera ilegal
El asunto de las privatizaciones también afecta a la especulación urbanística más descarada. Se ha visto en casos de contratación de asesorías privadas para firmar proyectos 'ad hoc', y de obras y servicios variados entre los que se encuentra el control medioambiental. La perversión del gobierno autonómico valenciano consistió no en privatizar, propiamente dicho, sino en traspasar esta condición legal de control ambiental de los funcionarios a otro órgano público bajo su estricto control político. La justicia ha actuado, al fin, y ha anulado todos los desarrollos urbanísticos concedidos bajo esta ilegalidad flagrante. Hay que tener en cuenta que bajo esta condición se encuentran todas las declaraciones ambientales aprobadas desde 2003 por la empresa de la Generalitat: Vaersa; de ahí la enorme importancia de esta sentencia.
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha propinado un duro varapalo al control público sobre los efectos en el medio ambiente o en el entorno de los proyectos de obra civil o construcciones de casas vía desarrollo urbanístico: todas las declaraciones de impacto ambiental realizadas por Vaersa, una empresa de la Generalitat, no son adecuadas.
Esta competencia corresponde a funcionarios, tal como recuerda el sindicato CGT, que presentó la denuncia junto con Intersindical, porque son los únicos que proporcionan un “mecanismo de garantía de objetividad, imparcialidad, independencia y sometimiento al principio de legalidad en la gestión de lo público”.
La Generalitat, sin embargo, cedió a un “órgano manifiestamente incompetente”, Vaersa, la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, en este caso, las declaraciones de impacto ambiental.
“Existe una sistemática y absoluta similitud de contenidos, fechas y formatos, solo desvirtuada ocasionalmente, así como una redacción unitaria de tales documentos por parte de quienes, teniendo solo el cometido de emitir determinados informes técnicos, habrían asumido sin embargo la totalidad de la tramitación y resolución del procedimiento administrativo correspondiente”, establece el tribunal.
Proyectos potencialmente ilegales
Las consecuencias prácticas de la decisión de los jueces están por ver, pero podrían ser notables. Gran parte de los proyectos avalados por Vaersa desde 2003, en plena burbuja inmobiliaria, nacen viciados y podrían ser considerados ilegales.
CGT, de hecho, ya se plantea actuar en esa línea y solicitar la revisión y eventual anulación de todas las declaraciones de impacto ambiental “en las que se ha instruido y resuelto el procedimiento administrativo de evaluación de impacto por personal de Vaersa, por concurrir una causa de nulidad de pleno derecho”.
* El Diario - Voro Maroto - 15.6.14
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com
La red de transportes por tierra, mar y aire ya es propiedad extranjera
La privatización de toda la red de transportes e infraestructuras es algo que viene ocurriendo desde hace una década gracias a la complicidad 'popular' y el pasotismo socialista. Hoy en día, y a falta de pequeños detalles como en Renfe, toda la red ha sido transferida de manos públicas a privadas (la mayoría extranjeras), con el consiguiente beneficio para empresarios amiguetes, y con comisiones bajo cuerda para los que lo han permitido. Esto es fácil de comprobar viendo solo la lista de antiguos altos cargos políticos y su situación actual de consejeros de grandes empresas. Es igual si hablamos de transporte por tierra, por mar o por aire, en todos los casos siempre aparecen propietarios privados ajenos al país, a menudo con intermediación de fondos buitre opacos y supuestamente ilegales.
"ELDIARIO* : Las empresas de transporte han sido puestas a la venta una a una desde hace una década. La integración de Alsa en la británica National Express en 2005 parecía marcar una senda por la que los grupos empresariales nacionales del sector daban un salto hacia la internacionalización de su actividad. Pero de inmediato en 2007 la venta pura y dura del mayor operador privado español de carga ferroviaria, Transfesa, al gigante alemán de la logística DB fue el anuncio de lo que se echaba encima. La confirmación llegó en 2011 con la integración en IAG de Iberia, la compañía estrella del sector de la aviación.
Con posterioridad, la crisis ha acelerado la sangría. Ningún modo de transporte se libra; aerolíneas, navieras, empresas de autobuses, compañías ferroviarias de carga. En algunos casos el movimiento inicial de compra ha estado protagonizado por grupos españoles. Pero en una segunda vuelta de tuerca, el inversor foráneo se ha comido a ambos, comprado y comprador español.
Principales operaciones
Un repaso de las principales operaciones de venta que se han producido, especialmente tras el estallido de la crisis, muestran que la España del transporte se mueve al ritmo que le imponen desde fuera.
En el negocio de las compañías de autobuses por carretera, National Express se ha hecho con dos de las principales referencias. Tras la adquisición de Alsa en 2005, el grupo de transportes de pasajeros británico compró en 2007 a la constructora ACS su filial en ese sector, Continental Auto.
Más tarde, la mexicana ADO adquirió en septiembre de 2013 los 1.881 autobuses del grupo Avanza. No ha trascendido el precio de la operación pero los nuevos dueños han asegurado que mantendrán la estructura y la dirección actual. Avanza había sido adquirida en 2006 por el fondo de capital riesgo británico Doughty Hanson, quien acababa de finalizar con éxito el proceso de refinanciación de una deuda que superaba los 400 millones.
En el sector de las navieras, Iberocruceros ha anunciado que desaparecerá cuando finalice la actual temporada. Tras fusionarse con Costa Cruceros en diciembre de 2012, la firma ha tomado la determinación de utilizar una sola marca. Pese a que la operación se presentó en su día como una “unión entre iguales”, en pocos meses la enseña española ha menguado en favor de la naviera italiana, hasta desaparecer.
Aguanta en el mercado Trasmediterránea, la naviera de mayor tradición, integrada en el grupo nacional Acciona desde su privatización en 2002. Sin embargo, su evolución es menguante y se ha dejado por el camino el 26% de sus pasajeros. La marca levantina Balearia mantiene el ritmo e incluso se apresta a comprar el 50% de la ceutí Stamp.
Aerolíneas
El panorama de las compañías aéreas es en el que se ha producido una reconversión más dramática. La lista de empresas quebradas con la crisis no tiene fin: Air Madrid, Air Comet, Futura, Quantum, Andalusair, Air Almería, South Atlantic, Regional Wings, Vising Operaciones, Air Asturias, Lagunair, Air Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Arlines, Gadair, Hola Airlines, Air Class Airways Spanair o Girjet.
Vueling, la compañía nacida en Cataluña en 2004, ha terminado por entrar en el mismo paquete de Iberia en su integración en IAG. Pero ahora la primera ‘low cost’ nacional se ha convertido en la auténtica joya de la corona del holding de mayoría británica, por encima de sus dos hermanas mayores, British Airways y la propia Iberia.
El colofón en la huida del conglomerado aéreo nacional hacia manos extranjeras se produjo en junio de 2013 cuando Bankia, hasta entonces primer accionista de IAG, se deshizo por 167 millones del 12,09% que tenía en el capital del grupo.
En los últimos nueve meses el fondo de inversiones Nazca, esta vez español, se ha hecho con el 100% de Gestair, la empresa líder de la aviación ejecutiva. El grupo de capital riesgo Springwater, junto a su socio el touroperador Gowaii, ha adquirido a Pullmantur la aerolínea Pullmantur Air, la agencia de viajes Nautalia, su touroperador y su negocio de circuitos turísticos Land & City Tours.
Florentino Pérez se ha deshecho de la empresa de carga aérea Cygnus Air para dejarla en manos del empresario estadounidense Arnold Leonora, quien en su día participó en los estertores de la liquidada Air Comet. Solo resiste Juan José Hidalgo y su grupo de empresas agrupadas en torno a las marcas Globalia y Air Europa.
Helicópteros y tren
El mayor grupo español de helicópteros, Inaer, con una flota de 80 aeronaves y titular de los principales contratos licitados por el Estado en servicios de emergencias, acaba de rodar a manos la británica Babcock International, Hace dos años ya fue adquirida por Avincis, un grupo propiedad de los fondos KKR e Investindustria.
La liberalización del ferrocarril de viajeros que el Gobierno prevé iniciar en breve dará entrada a nuevos operadores que competirán con Renfe. El proceso, en apariencia, provoca un posicionamiento de grupos empresariales nacionales y extranjeros. Se han barajado múltiples nombres: Alsa, Hemisferio, Avanza, Ferrovial, Acciona, Comsa, OHL, ACS y Globalia. Lo cierto es que las principales empresa que hoy ya han puesto un pie en el territorio que era monopolio de Renfe son las grandes administradores ferroviarios europeos: la SCNF francesa, a través de un pacto con la operadora española en los tráficos del AVE Madrid-Barcelona-París, y la alemana DB con la adquisición de Transfesa, en la actividad de carga por tren.
Infraestructuras también
El grueso del sistema logístico español se encuentra ya en manos extranjeras en muchos casos bajo la propiedad voluble e infiel de grupos de capital riesgo. El fenómeno se cierne también sobre las infraestructuras que dan soporte al transporte: aeropuertos, algunos puertos y no es descartable que el capital foráneo caiga en picado sobre algunas carreteras de gran capacidad.
El enésimo intento de la privatización de Aena parece que de nuevo se pospone otra legislatura. Sin embargo, las intenciones estaban claras: en la privatización del 60% de capital de la empresa propietaria de la red de los 49 aeródromos públicos españoles, la mitad se vendería en una OPV y la otra mitad en una colocación institucional entre fondos “sin voluntad de control de la gestión”, esto es, únicamente con intereses financieros.
En la reconversión de los llamados aeropuertos privados sin aviones, el de Castellón llegó a estar adjudicado a la empresa canadiense SNC-Lavalin, un grupo castigado por el Banco Mundial a no operar durante diez años por haber sobornado a funcionarios en Bangladesh.
Oligarcas rusos vinculados con la petrolera Lukoil perecen estar detrás de la compra de Marina Port Vell, el puerto deportivo en el centro de Barcelona que el Ayuntamiento quiere convertir en un amarre de superyates para multimillonarios internacionales.
Finalmente, fondos de inversión de EEUU y Australia muestran interés por hacerse con las autopistas españolas quebradas y mueven ficha ante la indefinición de la operación de rescate de las diez radiales en quiebra apadrinada por el Ministerio de Fomento, a través de la creación de otro ‘banco malo’.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 11.6.14
Foto: El tren comienza ya su proceso de liberalización que enfrenterá a Renfe con un competidor.- diagonal
Un hermano del ministro Soria presiona a alcaldes del PP para que amañen un concurso
Otra vez salen a la 'palestra' del urbanismo ilegal los hermanísimos, en este caso el del ministro canarión de Industria JM.Soria, que tenía montada toda una trama mafiosa para presionar a alcaldes en relación a la contratación de obras y suministros. En Canarias esto no es nada nuevo y desde este blog ya hemos destapado numerosos casos de corrupción urbanística por diversos clanes isleños, normalmente compinchados con altos cargos políticos, para repartirse el pastel de suculentos beneficios en la urbanización del territorio y su posterior edificación. Lógicamente, este delito tipificado es más fácil de ejecutar si los beneficiarios pertenecen a un partido como el PP (o CC) con gran influencia en las islas y con bastantes alcaldes entre sus filas. Así las pistas ilegales se difuminan más eficazmente y la propia sociedad apenas se entera de lo que está ocurriendo ante sus ojos.
"ELDIARIO* : Un hermano del ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha dedicado los últimos meses a presionar a alcaldes del Partido Popular en Canarias para que amañen un concurso público en favor de una empresa que asesora. Luis Soria López, que fuera consejero de Industria durante uno de los gobiernos que el PP compartió con Coalición Canaria (2003-2005) ha visitado al menos a tres alcaldes populares y ha intercedido ante un cuarto para que recibiera al administrador de Effico, una filial de VVO, en concurso de acreedores, interesada en participar en la concesión administrativa para la gestión del alumbrado público en los municipios gobernados por el PP.
Iguales gestiones ha hecho ante el Cabildo de Gran Canaria, el único de los siete del archipiélago gobernado por el Partido Popular. En esa institución, Luis Soria y su patrocinado se han reunido con el consejero del PP Carlos Sánchez.
Las presiones de Luis Soria se han venido sucediendo desde que algunos ayuntamientos canarios decidieron adoptar la modalidad de gestión externalizada de su alumbrado público mediante una fórmula que de momento ya han aplicado con éxito municipios como Tacoronte (Tenerife) y Arucas (Gran Canaria), entre otros. Una modalidad que consiste en adjudicar mediante concurso público la reposición de todos los elementos para abaratar costes a las arcas públicas y conseguir un ahorro energético, una menor huella ambiental, un mantenimiento adecuado y, principalmente, un menor gasto para cada corporación local.
Luis Soria asesora a la empresa VVO Construcciones y Proyectos, en concurso voluntario de acreedores desde noviembre de 2013, aquejada del mismo mal que ha afectado a muchas mercantiles desde que estalló la crisis del ladrillo en España. Ante la imposibilidad legal de concurrir a convocatorias públicas de este tipo, VVO creó una empresa filial, Effico, con cuyo administrador, Enrique Sánchez, el hermano del ministro se presenta a las reuniones con los alcaldes canarios del PP.
De momento está confirmada la mediación de Luis Soria ante los ayuntamientos de Los Realejos (Tenerife), Moya y Valleseco, en Gran Canaria, y Tías, en Lanzarote, además del Cabildo de Gran Canaria, presidido por José Miguel Bravo de Laguna (PP), que estudia en estos momentos externalizar la gestión del alumbrado en las carreteras que son de su competencia.
El modus operandi del hermano menor de Soria suele ser el mismo: él personalmente llama desde su teléfono móvil al alcalde en cuestión solicitándole que fije en su agenda una reunión con un representante de VVO y él mismo para hablarle de un asunto de interés.
En todos los casos menos en uno, Luis Soria se ha presentado acompañando al empresario Enrique Sánchez, administrador de VVO y de su filial Effico, y desde el primer momento ha planteado que el objetivo de la reunión es el concurso para la gestión del alumbrado público.
Todas las fuentes consultadas han reconocido que tanto Luis Soria como Enrique Sánchez han sugerido la conveniencia de “colaborar” en la elaboración del pliego de condiciones de ese concurso, al que acto seguido confiesan pretender presentarse a través de la empresa Effico.
Sólo en uno de los casos, Luis Soria no acompañó al empresario Enrique Sánchez, pero fue él quien hizo las gestiones para que se celebrara la reunión. Fue concretamente con el alcalde de Tías (Lanzarote), Francisco Hernández. Al comprobar que el regidor no le contestaba las llamadas telefónicas, Luis Soria recurrió a la presidenta del PP de Lanzarote, Astrid Pérez, que tuvo que telefonear a Francisco Hernández haciéndole saber que las llamadas que no respondía eran del hermano del ministro.
La reunión se celebró finalmente el pasado 14 de abril y a ella acudieron, además de Enrique Sánchez y el alcalde de Tías, el concejal responsable del área de alumbrado, Quico Aparicio. Ninguna de las fuentes consultadas ha confirmado que el alcalde accediera a las peticiones que le formuló el empresario. Una persona conocedora del contenido de esa reunión, que ha pedido el anonimato “por cuestiones obvias”, resumió en una sola frase cuál fue la reacción del alcalde popular de Tías: “Así sí que es difícil perder un concurso”.
El Ayuntamiento de Tías, uno de los de mayor incidencia turística de Lanzarote, prepara un concurso para ceder la gestión de su alumbrado público por importe de 1,8 millones de euros. Las bases las elaboran funcionarios del consistorio con el apoyo de una consultora externa especializada. Entre las exigencias mínimas figura la experiencia de los licitadores y su solvencia económica, condiciones que no podría cubrir la filial de VVO.
Pero no sólo ha sido en Tías. Luis Soria y su acompañante han utilizado recurrentemente el mismo método para presionar a otros alcaldes del PP. Tras gestionar la reunión, Luis Soria y Enrique Sánchez se sientan ante el alcalde elegido y le explican las bondades de la empresa, le muestran una revista especializada y terminan proponiéndole que les permitan redactar el pliego de condiciones técnicas del concurso. Acto seguido reconocen que también están interesados en concursar.
Una gestión marcada por el escándalo
Luis Soria López, uno de los cinco hermanos que tiene José Manuel Soria (el resto son mujeres) es el único de todos ellos que ha hecho escarceos con la política. En concreto, su hermano lo hizo consejero de Industria, Comercio y Consumo en la legislatura 2003-2007, en uno de los tradicionales pactos del PP con Coalición Canaria. Presidía entonces la Comunidad Autónoma el fallecido Adán Martín, que rompió el pacto con los populares en mayo de 2005, lo que significó la salida de todos los consejeros conservadores del Ejecutivo.
Durante ese corto mandato, la consejería que dirigió Luis Soria estuvo envuelta en varios escándalos, entre ellos en el primer caso de corrupción de envergadura que estalló en Canarias, el conocido como caso Eolo. Un concurso para la asignación de potencia eólica que acabó en los tribunales y con siete personas detenidas en la primera redada, entre ellos el director general de Industria, Celso Perdomo, en directa relación con su consejero.
Desde Industria se filtraron a determinados empresarios las bases del concurso antes de que se publicaran, lo que se complicó con intentos de soborno a un funcionario relacionado con la mesa de contratación y con el intento frustrado de José Manuel Soria, por entonces presidente del Cabildo de Gran Canaria (2006), de beneficiar a un empresario que le había proporcionado el uso y disfrute de un chalet en una urbanización de lujo de Santa Brígida (Gran Canaria) durante al menos 21 meses en la modalidad de gratis total.
La investigación policial, en manos del por entonces comisario jefe de la Brigada de la Policía Judicial, Ignacio Badenas, impidió que nada salpicara al hermano de Soria, que extrañamente no apareció nunca en ninguna conversación telefónica de las miles interceptadas por la Policía durante la investigación. El comisario Badenas, al que el PP no pudo hacer jefe superior de Canarias tras llegar al poder en 2011, vive en estos momentos un destino dorado en la embajada de Cuba con un salario que supera los 9.000 euros al mes.
Luis Soria, además, fue copartícipe de la operación Tebeto, una montaña de Fuerteventura con posibles yacimientos de traquita (piedra ornamental de gran valor) mediante la que se pretendió indemnizar con 102 millones al titular de la explotación minera una vez esta fue intervenida por la Comunidad Autónoma. El Supremo dio la razón al Gobierno canario en una disputa en la que los hermanos Soria se pusieron claramente a favor del reclamante después de que el presidente del Gobierno, ya Paulino Rivero, en 2009, retirara a su consejero de Hacienda, el hoy ministro, todas las competencias sobre la cuestión.
Una vez destituido como consejero de Industria y sin haber cumplido los dos años que la ley le obligaba a abstenerse en cuestiones de su competencia, Luis Soria apareció en las conversaciones policiales (ya en manos de otra brigada, la de Información) en el caso Góndola, en el que se investigaba un caso de corrupción en el municipio grancanario de Mogán, también en manos del PP. El hermano del ministro apareció como intermediario entre una cadena de distribución alimentaria, Hiperdino, y el empresario Santiago Santana Cazorla, detenido en la causa, para que diera ventaja a su cliente en la instalación de un supermercado en la urbanización Anfi Tauro, también envuelta en otro caso de corrupción de José Manuel Soria al ser uno de sus propietarios, el desaparecido noruego Björn Lyng, el que lo agasajó con un viaje en su jet privado a la pesca del salmón en Noruega, el conocido caso salmón.
Luis Soria no consiguió su propósito en Anfi Tauro, pero el promotor le recompensó con 100.000 euros.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 15.6.14
Foto: Ministro Industria JM.Soria - fuerteventuralimpia
Córdoba.- La plataforma pro Mezquita pública urge una inspección de la Unesco por la 'lesiva gestión' de la Iglesia
En Córdoba la intransigencia de la Iglesia con el asunto de la posesión y cambios en su famosa Mezquita, monumento patrimonio de la humanidad, ha hecho que surja una Plataforma vecinal contra estas polémicas decisiones eclesiales. Esta plataforma pide que la propia Unesco compruebe in situ los 'abusos en la gestión confesional del edificio' que han borrado su huella islámica. También solicita que la Junta de Andalucía 'ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia'. Parece razonable y deseable lo que se está pidiendo, pero "amigo Sancho: con la Iglesia hemos topado".
"ELDIARIO* : Una visita in situ a la Mezquita-Catedral de Córdoba para comprobar sobre el terreno la gestión que sobre ella lleva a cabo la Iglesia y que, como muestra, sólo llama Catedral al monumento que la organización de Naciones Unidas denomina como Mezquita –The Great Mosque- desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad en 1984.
Esa es la petición que ha realizado la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos –que reivindica que el monumento sea detitularidad pública y se frene la gestión del Obispado de Córdoba que en los últimos años ha borrado la evidente huella islámica del edificio de toda mención que hace de él.
Así, ante lo que califican como un "grave hecho, que amenaza la imagen de un símbolo único en el mundo", la plataforma cree que "urge una inspección de la Unesco sobre el monumento que verifique sobre el terreno la lesiva gestión del Cabildo".
En ese sentido, desde la plataforma por una Mezquita-Catedral pública recuerdan que hace unas semanas entregaron en el Parlamento de Andalucía un documento en el que solicitaban a los tres grupos políticos representados –PSOE, IU Y PP- que sobre este asunto "pidan una inmediata actuación del Icomos", organismo dependiente de la Unesco dedicado a la conservación de los bienes declarados Patrimonio Mundial.
Pretenden, con ello, que la Unesco compruebe sobre el terreno la gestión que el Obispado realiza sobre un monumento al que solo denomina como catedral mientras es internacionalmente reconocido como Mezquita y como tal va a ser declarado lugar de Excepcional Valor Universal por el organismo de Nacional Unidas que celebra una reunión en Doha (Qatar) entre el 15 y el 25 de junio.
Informe del Gobierno a la Unesco que desoye al Obispado
La previsible declaración como lugar de Excepcional Valor Universal se realizará tras un informe emitido por el Ministerio de Cultura español para actualizar a las nuevas normas de la Unesco la concesión de Patrimonio de la Humanidad de la Mezquita-Catedral y otros 15 lugares culturales del país.
Sobre dicho informe del Gobierno español, donde el emblemático monumento cordobés se denomina siempre Mezquita –The Great Mosque- y en ningún caso catedral como la llama la Iglesia, la plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos cree que "deja en evidencia la estrategia del Obispado".
En su opinión, el informe que el Gobierno central ha enviado a la Unesco para elevar la protección de la Mezquita-Catedral "subraya los valores andalusíes e islámicos del monumento universal y desoye la campaña puesta en marcha por el Obispado de Córdoba para destruir su identidad y borrar su nombre".
"El Ministerio de Cultura obvia sistemáticamente el término Catedral en todo el texto y destaca la singularidad de un edificio que es conocido en todo el mundo por ser la principal joya del arte hispano musulmán en Europa", advierten. "Espléndido ejemplo de arquitectura califal", "monumento islámico de Occidente", "híbrido de estilos artísticos", "edificio único por su mezcla de culturas" son algunos de los epítetos que utiliza el informe avalado por el Ministerio de Cultura para hacer valer ante la Unesco la singularidad de la Mezquita-Catedral como argumento para que se actualice su grado de protección como Excepcional Valor Universal.
Por eso, desde la plataforma creen que dicho informe "contradice claramente la actual gestión del Obispado de Córdoba e ignora los abusos en su gestión" que, desde hace unos quince años, pretende "liquidar la cultura andalusí y amputar la esencia omeya de todos los folletos, cartelería, vídeos, espectáculo nocturno y guías turísticos" que enseñan el monumento "hasta el punto de que la palabra Mezquita, su seña de identidad universal, ha sido absolutamente eliminada".
Una gestión que la plataforma denuncia pero que nada tiene que ver con el "derecho de uso litúrgico" que sí le reconoce a la Iglesia y que defiende, no como derecho de propiedad sino "en el marco de una gestión pública que garantice una administración profesional y respetuosa de la dimensión cultural, arquitectónica, patrimonial y económica" del monumento.
Piden la acción de la Junta de Andalucía
Junto a la petición a la Unesco para que examine in situ la situación de la Mezquita-Catedral, la plataforma que defiende la titularidad pública del monumento ha anunciado que en las próximas semanas recurrirá al Gobierno de la Junta de Andalucía, "como administración competente del Patrimonio Histórico" dentro de la comunidad autónoma.
En ese sentido, solicitan su actuación "para que ejerza su obligación de protección de un monumento cuya naturaleza e identidad están en serio peligro por una gestión excluyente y desleal con su historia en sus reiterados intentos de amputar su esencia omeya y andalusí".
Por último, la Plataforma Mezquita-Catedral Patrimonio deTodos ha querido dejar claro que "apoya incondicionalmente cualquier reconocimiento que aumente la protección" de este edificio y advierte que "la actual gestión confesional de la Mezquita-Catedral es contraria a los principios, valores y declaraciones de la Unesco".
* El Diario - Carmen Reina - 15.6.14
Foto: Mezquita-Catedral de Córdoba - EFE
Urbanismo suspende el polémico POUM de Alfarràs por crecimiento desmesurado
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Parece que no se ha aprendido demasiado del boom inmobiliario de años pasados que nos condujo, lamentablemente, a la enorme crisis-estafa en la que aun navegamos. Todavía se sigue apostando por Planes urbanísticos desmedidos para una normalización adecuada del Territorio, al calor de la especulación pura y dura y los beneficios delictivos. Así ocurre en Alfarràs (Lleida) donde hasta la inútil Comisión de Urbanismo provincial (como casi todas) ha suspendido el Plan General municipal que pretendía duplicar la población en poco tiempo, un disparate urbanístico del equipo de gobierno que, según parece, también está originado por motivos políticos poco claros.
"LAVANGUARDIA* : La Comisión Territorial de Urbanismo de Lleida ha suspendido la aprobación provisional del Plan de Ordenación Urbanística de Alfarràs (Lleida) al considerar "desproporcionado" el crecimiento previsto, que supondría pasar de 3.000 a 5.400 habitantes, con 1.800 viviendas nuevas.
Según el director general de Urbanismo, Agustí Serra, se ha tenido en cuenta el decrecimiento continuado de la población en los últimos 10 años y por eso la Comisión ha emitido un informe desfavorable y una serie de indicaciones al Ayuntamiento que tendrá que tener en cuenta si quiere reconducir la aprobación del nuevo planeamiento urbanístico.
Por su parte, el alcalde de Alfarràs, Kleber Esteve, ha insistido en que no se trata de una suspensión, sino de un informe previo a la aprobación provisional del planeamiento urbanístico.
Esteve asegura que el siguiente paso será valorar este informe emitido por Urbanismo y tomar las decisiones oportunas.
Además, el alcalde asegura que el planteamiento planteado por el consistorio se ha basado en los parámetros que la Generalitat marca actualmente, y ha indicado que si la propuesta del consistorio era de un crecimiento del 60 % y Urbanismo recomienda que sea del 50 %, no le parece que la desproporción sea tan grande.
Uno de los miembros de la plataforma vecinal No al POUM de Alfarràs, surgida para manifestar su disconformidad con el planeamiento, Antonio Mangues, ha dicho que "se ha emitido una decisión basada en el sentido común".
Una de las quejas principales de esta plataforma ha sido que no se contará con un periodo de participación ciudadana, tal y como prevé la normativa.
En este sentido, la plataforma espera que si se ha de revisar el planeamiento se cuente con la participación vecinal.
*La Vanguardia - Vida - 13.6.14
Foto: Alfarras (Lleida), ayuntamiento - ayuntamiento
Lista de políticos españoles imputados por corrupción
"VAVEL* : Lista de políticos imputados por corrupción y que a pesar de todo están presentes en la política:
1- Francisco Camps (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel
2- Ricardo Costa (PP), Valencia, IMPUTADO Caso Gürtel.
3- Xicu Tarres (PSOE), Baleares IMPUTADO Caso Eivissa.
4- José Manuel Tortosa (PP) Parlamento Autonómico Cuenca, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
5- Carlos Penit (IU), Pinto – Madrid IMPUTADO Cohecho.
6- Ferrán Falcó (CIU), Barcelona, IMPUTADO caso Adigsa.
7- Jesús Machín (C. Canaria), Canarias, IMPUTADO Operación Unión.
8- Marc Moreno (ERC), Vilaller – Lleida, IMPUTADO corrupción urbanística.
9- Antonio Rodrigo Torrijos (IU), IMPUTADO Caso Mercasevilla.
10- Raimundo González (BNG), Pontevedra, IMPUTADO caso Naturgalia
11- Jose Manuel Traba (PP), Fisterra Galicia, IMPUTADO Operacion Orquesta
12- Jose Manuel Santos (PP) Mazaricos Galicia,IMPUTADO Operacion Orquesta
13- Jose Antonio Cacabelos (PSOE), O Grove – Galicia, IMPUTADO diversos delitos.
14- Juan Jose Diaz Valiño (PSOE) -IMPUTADO caso Castro de Rei
15- Rafael Gómez (Unión Cordobesa), Córdoba, IMPUTADO caso Malaya
16- Esteve Ferrán (UTpS), Salou Tarragona, IMPUTADO delitos varios
17- Antoni Banyeres (NSP), Salou Tarragona IMPUTADO delitos varios.
18- Ignacio García de Vinuesa (PP) , Alcobendas Madrid, IMPUTADO malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas
19- Jose Ignacio Fernández Rubio (PP) (Las Rozas)
20- Miguel Rodríguez Bonilla (PP), Guadarrama Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
21- Miriam Rabaneda (PP) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
22- Luis Partida (PP) Villanueva de la Cañada Madrid, IMPUTADO delitos varios
23- Antonio Martín Lara (tránsfuga, PSOE, antes PP, antes GIL) Ronda, Málaga, IMPUTADO corrupción urbanística, cohecho, prevaricación, falsedad documental, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales; actualmente detenido junto con otros tres ediles.
24- Raúl López (PP) Coslada Madrid, IMPUTADO delitos varios
25- Íñigo Henríquez de Luna (PP) Madrid
26- Trinidad Rollán (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
27- Carmen Toledano (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
28- Cristina González (PSOE), Madrid, IMPUTADO delitos varios
29- Jose Joaquin Ripoll (PP), Alicante Valencia, IMPUTADO caso Brugal.
30- Carlos Fabra (PP), Castellón Valencia, IMPUTADO caso Fabra
31- Mariano Arévalo (PSOE) Carabaña Madrid, IMPUTADO prevaricación y delitos urbanísticos. Condenado por no presentar las cuentas de los últimos 10 años en su municipio.
32- José Miguel Rodríguez López (ACAI) Parlamento Cantabro, IMPUTADO tráfico de influencias y delito continuado de prevaricación
33- Carmen Toledano (PSOE) Galapagar Madrid, IMPUTADO delitos varios
34- María Isabel Peces-Barba (PSOE) Colmenarejo Madrid, IMPUTADO delitos varios
35- José I Fernández (PP), Las Rozas Madrid, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
36- Ignacio Gómez (CCN) Parlamento autonómico de Canarias, IMPUTADO financiación ilegal
37- Yolanda Tieso de Andrés (PSOE) Fontanar, Guadalajara, IMPUTADO prevaricación
38- Clara Torre (PP), Torres de la Alameda Madrid, IMPUTADA malversación
39- Miriam Rabaneda (PP,) Pinto Madrid, IMPUTADA prevaricación
40- Raúl López Coslada (PP), Madrid, IMPUTADO prevaricación
41- Luis Partidad (PP), Villanueva de la Cañada, Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
42- Ana María Pinos (PP), Belmonte de Tajo, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
43- Ángel García (PP) Guadalix de la Sierra Madrid, IMPUTADO negociaciones prohibidas
44- Íñigo Henríquez de Luna (PP), Madrid, IMPUTADO tráfico de influencias
46- Mariano Arévalo González Carabaña (PSOE) Madrid, condenado por no presentar las cuentas municipales en los últimos 10 años, etc.
47- José Miguel Govantes (PSOE)Alcorcón Madrid, IMPUTADO condenado por acoso laboral
48- Natalia de Andrés (PSOE) Alcorcón Madrid, IMPUTADA y condenada por un delito de injurias contra el portavoz popular
49- Roberto Vázquez Souto (PP) Portas, Pontevedra, IMPUTADO falsedad documental
50- María del Carmen Toledano Rico (PSOE) Madrid, IMPUTADO prevaricación
51- Cristina González (PSOE) Getafe Madrid, IMPUTADO prevaricación
52- José María Fraile Parla (PSOE) Madrid PSOE prevaricación
53- Manuel González Rojo (PSOE) San Fernando de Henares Madrid , IMPUTADO prevaricación
54- Hans Antón Bock Galapagar (PSOE) Madrid IMPUTADO prevaricación
55- Jesús Dionisio (PP) Madrid, IMPUTADO prevaricación y tráfico de influencias
56- Jaume Matas (PP), Baleares, IMPUTADO, Caso Palma Arena
57- Cristina Almagro (PP) Granada, IMPUTADA por falsificación de documentos
58- José Manuel Santos Maneiro (PP), Galicia, IMPUTADO por corrupción en la adjudicatura de obras públicas
59- Juan José Rubio (ATC), Zarra, Valencia, IMPUTADO delitos urbanísticos
60- Tamara Rabaneda (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADA prevaricación
61- Raúl López Vaquero (PP) Coslada, Madrid, IMPUTADO prevaricación y malversación
62- Ramón Polo (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
63- Manuel Tello (PP) Torres de la Alameda, Madrid, IMPUTADO malversación
64- Pilar Algobia Aparicio (PP) Colmenar de Oreja, Madrid, IMPUTADA delito urbanístico
65- Mustafá Aberchán (CpM) Melilla, IMPUTADO delito electoral
66- Juan Enciso (PAL), El Ejido, Almería, IMPUTADO operación poniente
67- Antonio Asín (PSOE) Mallén, Zaragoza, IMPUTADO prevaricación y falsedad documental
68- Angel Vadillo (PSOE) Alburquerque, Badajoz, IMPUTADO prevaricación, tráfico de influencias, y ordenación contra el territorio
69- Juan Carlos Benavides (CA), Almuñecar, Granada, IMPUTADO malversación y delitos contra ordenación del territorio
70- Agustín Padrón Benítez (PP) El Hierro, Canarias, IMPUTADO malversación
71- José Dimas Martín (PIL), Teguise, Lanzarote, IMPUTADO corrupción urbanística
72- José Fernández Amador (PP), Sorbas, Almería, IMPUTADO prevaricación
73- Isaac Valencia (Coal. Canaria) Orotava, Canarias, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, tráfico influencias
74- Pedro Antonio Sánchez (PP), Murcia, IMPUTADO prevaricación, delitos urbanísticos, malversación
75- Daniel García Madrid (PP), Torre Pacheco, Murcia, IMPUTADO prevaricación, ordenación del territorio, malversación
76- Maria Antonia Conesa (PP), Fuente Álamo, Murcia, IMPUTADA cohecho
77- Pedro Angel Hernández (PP), Parlamento Valenciano, IMPUTADO tráfico de influencias
78- Juan Martín Serón (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO cohecho y prevaricación
79- Cristóbal Bonilla (PP), Alhaurín el Grande, Granada, IMPUTADO delito urbanístico
80- José Antonio Robles (PP), Güejar Sierra, Granada, IMPUTADO presunta compra de votos
81- María Victoria Molina (PP) Maracena, Granada, IMPUTADA cohecho, caso “Morelábor”
82- Miguel Zerolo (Coal. Canaria) Parlamento Autonómico Tenerife, IMPUTADO prevaricación, malversación, cohecho
83- Reyes Maestre (PP) Pinto, Madrid, IMPUTADO corrupción urbanística
84- Pedro Torrejón (CPCI) Ciempozuelos, Madrid, IMPUTADO blanqueo de dinero, cohecho y falsedad documental
85- Fernando Muguruza (ACAI) Castro Urdiales, Cantabria, IMPUTADO prevaricación
86- Gerardo Pérez García (PP) Navas del Marqués, Málaga, IMPUTADO caso “Ciudad del Golf”
87- María Elía Blanco (PSOE) Plasencia, IMPUTADA delito en adjudicación de obras
88- Teresa Roca (PSOE) Moraleja, Cáceres, IMPUTADA prevaricación
89- José Antonio Arrojo (PP) Casar del Palomero, IMPUTADO delito electoral y prevaricación
90- Salvador Álvarez (PP) Calamonte, IMPUTADO prevaricación
91- Dionisio Muñoz (PSOE) Melilla, IMPUTADO delito electoral, falsedad documental, obstrucción a la justicia
92- María José Lara Mateos (PSOE) Grazalema de la Sierra, Cádiz, IMPUTADA corrupción urbanística por cobro de comisiones
93- Miguel Uroz (PSC) Querol, Tarragona, IMPUTADO corrupción urbanística, tráfico de influencias, uso de inf. privilegiada
94- Manuel Vallejo (PSOE) Quesada, Jaén, CONDENADOe inhabilitado por omisión al deber de perseguir delitos urbanísticos; tiene recurrida la sentencia.
95- Pedro Clavero Salvador (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
96- Francisco Javier Maldonado (PSOE) Gójar, Granada, IMPUTADO delitos contra la ordenación del territorio
97- Antonia Muñoz (IU) Manilva, Málaga, IMPUTADA contratar presuntamente en el Ayuntamiento a 17 miembros de la lista de su partido y a 57 familiares de estos; incluidos varios familiares suyos
98- José Manuel Cendán (PP) Ares, Galicia, IMPUTADO delito electoral: alteración del censo
99- Manuel Taboada (PP) O Pino, La Coruña, IMPUTADO delitos urbanísticos
100- Jesús Vázquez Almuiña (PP) Bayona, Pontevedra, IMPUTADO prevaricación
101- Alfonso Puente (PP) Barreiros, Lugo, IMPUTADO prevaricación
102- Josep Marí Ribas (PSOE) Sant Josep de sa Talaia, Ibiza, IMPUTADO cobro de comisiones en adjudicación de obras
103- José Alberto González Reverón (Coal. Canaria) Arona, Tenerife, IMPUTADO presunta concesión de licencias urbanísticas con informes técnicos en contra
104- Juan José Dorta (PSOE) Los Vinos, Tenerife, IMPUTADO prevaricación y delitos medioambientales
105- Macario Benítez (PSOE) El Rosario, Tenerife, IMPUTADO delitos urbanísticos
106- María del Carmen Castellano (PP) Telde, Gran Canaria, IMPUTADA malversación y cohecho
107- Francisco González (PP) Mogán, Gran Canaria, IMPUTADO prevaricación, “caso Góndola”
108- David Valadez (PSOE) Estepona, Málaga, IMPUTADO por pagar sueldos municipales con el dinero de los convenios
109- Luis Díaz-Alperi (PP) Parlamento Autonómico, Alicante, IMPUTADO prevaricación
110- Francisco Muñoz (PSOE) Torrox, Málaga, IMPUTADO delito urbanístico
111- Cristobal Torreblanca (PSOE) Almogía, Málaga, IMPUTADO prevaricación
112- Joaquín Villanova (PP) Alhaurín de la Torre, Málaga, IMPUTADO malversación
113- José Manuel Martín Alba (Independiente) Alhaucín, Málaga, IMPUTADO prevaricación
114- Antonio Torres (PP) Béjar, Málaga, IMPUTADO delito contra la ordenación del territorio
115- Ana Mula Redruello (PP) Fuengirlo, Málaga, IMPUTADA falsedad documental
116- José Ignacio Crespo (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
117- Manuel Reina (PES) Estepona, Málaga, IMPUTADO cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, blanqueo de capitales (Caso Reina)
118- Ruyman García (PSC) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO prevaricación, malversación, tráfico de influencias
119- Ana Lupe Mora (PSC) El Rosario, Tenerife, IMPUTADA prevaricación, tráfico de influencias (caso Varadero)
120- Juan Vera (Conv. por Andalucía) Tolox, Málaga, IMPUTADO delitos urbanísticos
121- Enrique Bolíns (BOLI) Benalmádena, Málaga, IMPUTADO concesión de licencias ilegales
122- Javier Trujillo Bernal (PP) Cabildo Gomera, IMPUTADO prevaricación
123- Jorge Bellver (PP) Parlamento Valenciano, IMPUTADO prevaricación
124- Esteban Bethencourt (PP) Valle Gran Rey, Gomera, IMPUTADO malversación
125- César Manrique (PP) Ciudad Real, IMPUTADO cohecho y falsedad documental
126- Ernesto Silva (Foro Andaluz) Villanueva de la Concepción, Málaga, IMPUTADO cohecho
127- Manuel González Jarana (PSOE) El Cuervo, Sevilla, IMPUTADO por prevaricación, tráfico de influencias y trato de favor
Bonus:
RELACIÓN DE POLITICOS IMPUTADOS POR CORRUPCIÓN EXCLUIDOS POR SU PARTIDO
Jesús Javier García García (UPyD) Seseña Toledo, IMPUTADO por cohecho EXCLUIDO por su partido.
Antonio Martín Lara, actualmente detenido, ha sido expulsado del PSOE, partido en el que militaba como tránsfuga tras haber pasado por el PP y el GIL.
* Vavel - Junio 14
Foto: .................................... Leer más...
Cartagena.- El magistrado de 'Novo Carthago' ordena investigar los bienes de consejeros de Valcárcel
El urbanismo ilegal en Murcia afronta uno de sus casos más esperados y de mayor repercusión, la urbanización salvaje de Novo Carthago, ubicada en el término municipal de Cartagena en primera línea del Mar Menor. Se trata de un complejo diseñado sobre una superficie de 5,600.000 m2 para hoteles y unas 10.000 viviendas en una zona de alta protección medioambiental. El juez instructor y el fiscal anticorrupción insisten en la línea del cohecho, convencidos de que la tramitación del plan urbanístico se realizó con pagos a cargos públicos y altos funcionarios de los gobiernos municipales y autonómicos, entre otros a varios consejeros de gobiernos del presidente murciano Valcárcel. Es de suponer, por tanto, que dada la envergadura del delito urbanístico, el propio Valcárcel estuviera al tanto de esta operación fraudulenta, algo que, de momento, la justicia no se ha atrevido siquiera a considerar.
"LAVERDAD* : Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) e inspectores fiscales llevan unas semanas metiendo las narices en el patrimonio de un grupo de ilustres imputados del caso Novo Carthago, entre los que se encuentran el consejero de Agricultura y Agua, Antonio Cerdá, y el que fue su compañero en el Consejo de Gobierno, el exconsejero de Medio Ambiente y exdelegado del Gobierno en Murcia, Francisco Marqués, junto a varios alcaldes de Cartagena y al exconsejero y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana.
La existencia de una investigación patrimonial ya en marcha contra los principales sospechosos en las diligencias por presunta corrupción urbanística se ha conocido ahora, a raíz del informe presentado ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Región por el fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano.
En el apartado de conclusiones de su escrito, el representante del Ministerio Fiscal se muestra partidario de no remitir todavía la causa al Tribunal Supremo y sí de «llamar al proceso penal» a la alcaldesa de Cartagena y diputada nacional, Pilar Barreiro. Lozano considera que, antes de decidir si existen indicios de delito suficientes contra la primera edil cartagenera como para desprenderse del asunto en favor del Alto Tribunal, es necesario agotar la investigación practicando nuevas diligencias. Entre éstas, tal como ayer publicó este periódico, se encontraría la de tomar declaración en calidad de imputado al exconsejero de Obras Públicas y actual delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, a quien se refiere como, «en puridad, el autor último de la prevaricación».
El fiscal también reclama que se impute al exdirector general de Vivienda, Manuel Alfonso Guerrero Zamora; al asesor jurídico Luis R.A.; al exdirector general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado, y al exdirector general de Ordenación del Territorio, José María Bernabé, «todos ellos verdaderos cooperadores de la reclasificación» del proyecto urbanístico Novo Carthago «en su fase de aprobación definitiva».
Otra de las gestiones que, en su opinión, deben ser concluidas antes de plantearse la remisión del caso al Supremo es «la investigación patrimonial ya interesada respecto a los imputados y en relación a la mercantil Hansa Urbana». Aunque el fiscal no especifica quiénes son los sospechosos cuyo patrimonio está siendo escrutado, fuentes de la investigación confirmaron ayer que la orden afecta al grupo de principales encartados. Entre ellos figuran el consejero de Agricultura, Antonio Cerdá; su excompañero Francisco Marqués; el exdirector general del Medio Natural, Carlos Brugarolas; la exsecretaria general de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez; el aún subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; la antigua asesora de Cerdá, María Antonieta Fernández; el exvicealcalde de Cartagena, Agustín Guillén; la arquitecta municipal Mónica Lavia, y el jefe del Servicio Jurídico de Urbanismo del Consistorio cartagenero, Pascual Lozano.
En busca de las razones
La petición del magistrado Manuel Abadía de que se investigue el patrimonio de los imputados y su posible origen se justifica por su voluntad de insistir en la senda de los posibles cohechos, toda vez que tanto el instructor como el fiscal anticorrupción parecen íntimamente convencidos de que la tramitación del megaproyecto urbanístico junto al Mar Menor se &lsquoengrasó&rsquo con pagos a altos responsables de las administraciones regional y/o municipal.
Desde la hipótesis de investigación que ambos mantienen, y que se centra en la adopción de decisiones supuestamente ilegales para impulsar Novo Carthago, no les queda otra opción que tratar de hallar las razones de esa supuesta prevaricación en cadena o, como la define el fiscal, &lsquode tracto sucesivo&rsquo. Desde un punto de vista teórico, una razón podría hallarse en posibles pagos, que es una línea a la que ya apuntan algunos datos. A modo de ejemplo, puede señalarse que la exasesora de Cerdá, María Antonieta Fernández, ingresó en esa época en una de sus cuentas 120.000 euros, cuyo origen no fue capaz de justificar en un primer momento. Luego aseguró que procedía de una comunidad de bienes, aunque el instructor consideró «poco creíble» la explicación.
Otro dato que no pasó desapercibido al instructor fue la nota hallada en un registro de la sociedad inmobiliaria Aifos, en la que podían leerse «los nombres de Jacinto Martínez Moncada, gerente de Urbanismo de Cartagena, y del concejal Agustín Guillén, con la cifra 120.000-coste».
Ya meses atrás, a raíz de esos datos, el magistrado ordenó que se averiguaran los movimientos bancarios de ocho imputados, lo que ofreció algunos resultados tan llamativos como las 48 cuentas que gestionaba el exedil Guillén.
En el mismo plano teórico, cabe la posibilidad de que la prevaricación presuntamente cometida por cargos públicos y altos funcionarios no estuviera motivada por cohechos, sino por otras razones, entre las que habría de considerarse el aparente beneficio social y económico que iba a generar el proyecto.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ/JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ - 13.6.14
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra
Un alto cargo del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó 2,7 millones, y el polémico alcalde sin enterarse
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Hay noticias que se repiten como el ajo, en este país tan propio del condimento. Que un alcalde, o miembros de su gobierno, se lucren beneficiando a empresas contratistas de obras está dentro de lo más 'normal'. Si, encima, esto ocurre en la ciudad de Valladolid, donde el machista alcalde 'popular L.dela Riva manda a su antojo, es más que normal: casi una vulgaridad. Así pasó con el jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento, que se autoadjudicó 451 contratos a través de empresas familiares, embolsándose por la cara cerca de 3 millones de euros. Por supuesto, el alcalde dice no saber nada y que no tiene responsabilidad en el delito, faltaría más, no se puede romper con facilidad la ley mafiosa de la Omertá.
"ELPLURAL* : El jefe de Mantenimiento del Ayuntamiento de Valladolid se embolsó, al menos, en los últimos tres años, 2,7 millones de euros gracias a la autoadjudicación de 451 contratos, a través de 11 empresas, a su propio nombre o los de su hijo y su primo, según denuncia el Grupo socialista en el Consistorio, que se pregunta cómo el alcalde, Javier León de la Riva, no controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal.
Lo denunciarán ante la Fiscalía
Los socialistas llevarán este lunes a la Fiscalía de Valladolid todos los datos reclamados en diciembre y recibidos de la Intervención hace pocas semanas, coincidiendo con la apertura del expediente disciplinario al empleado municipal, según ha avanzado la SER.
Reclaman una comisión de investigación
El Grupo socialista en el municipio sospecha que esta manera de actuar puede haberse prolongado durante décadas, puesto que una de las empresas, precisamente la que está a nombre del propio jefe de Mantenimiento fue creada en 1990. Los socialistas reclaman una Comisión de Investigación para aclarar las responsabilidades políticas.
Qué hizo el alcalde todo este tiempo
El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Óscar Puente, ha declarado que no entiende cómo nadie controlaba o vigilaba el proceder del funcionario municipal, y afirma que le cuesta creer que “aquí nadie se enteró de nada”, ni que el alcalde, Javier León de la Riva, que presume de entrar por la puerta del Consistorio cada día a las 8 de la mañana y controlar todo lo que sucede en él, “tampoco se enteraba, ni de esto, ni de lo del Plan General, ni del caso Zambrana, ni de las obras de los áticos de su casa”.
* El Plural - 15.6.14
Foto: Valladolid, pleno municipal - EP (archivo)
El exalcalde de Almonte y sus ediles, a juicio por la compra del campo de golf
Como ya sabemos, en numerosas ocasiones son los propios gobiernos municipales los actores de la especulación urbanística delictiva, es decir que no es necesario que haya empresarios intermediarios en las ilegalidades territoriales. Así ocurre en Almonte (Huelva) donde el anterior grupo de gobierno adquirió un campo de golf de una manera irregular y tasándolo por un precio superior al del mercado, con lo cual la corrupción urbanística era evidente y, probablemente, fuera delito también individual en la figura del exalcalde socialista, F.Bella. Ahora, él mismo y 12 de sus concejales deberán rendir cuentas a la justicia, 5 años más tarde de cometido este delito preocupante.
"ELPAÍS* : El anterior alcalde de Almonte, el socialista Francisco Bella, y 12 concejales del resto de su equipo en la legislatura 2007-2011 tendrán que dar cuenta ante los tribunales de la compra del campo de golf Dunas de Doñana en 2009, de 54 hectáreas y 18 hoyos. Los ediles están acusados de supuestos delitos de prevaricación y negociaciones prohibidas. La Sección Tercera de la Audiencia de Huelva ha desestimado los recursos de apelación contra el auto dictado el 27 de febrero de 2014 en el Juzgado de la Palma del Condado.
Los procesados son 13 y no los 14 del grupo porque la concejal Rocío Márquez se encontraba entonces de baja maternal. La justicia ha desestimado igualmente los recursos de reforma y la apelación de los empresarios propietarios y vendedores, Exclusivas Doñana.
En el auto, la audiencia señala que “en las actuaciones existen una serie de indicios documentados que permiten a la acusación sostener que la operación de adquisición a Exclusivas Doñana, propietaria a su vez del campo de golf de Matalascañas, pudo presentar algunas irregularidades que, de probarse en juicio la desproporción entre los bienes que el consistorio de Almonte adquirió y los que a cambio se entregaron y la falta de procedimiento administrativo oportuno, pudieran ser constitutivas de delito”.
La sala deja a la acusación la acción de “perfilar respecto a cada imputado, de manera singularizada y pormenorizada, su posible participación en tales hechos”. Será el juez de instrucción el que determine la apertura de juicio oral contra ellos.
El entonces gobierno liderado por Francisco Bella adquirió el campo de golf por 7,5 millones de euros, a razón de 2.569.230 euros divididos en seis mensualidades, una hipoteca por valor de 750.000 euros y 14 parcelas en El Rocío cuantificadas en 4.030.000 euros. Se daba la circunstancia de que la empresa arrojaba pérdidas de 500.000 euros anuales.
El ex alcalde socialista pagó por el campo de golf una cifra superior a su coste real. Según la evaluación de los técnicos municipales. El campo (antes de la crisis inmobiliaria) costaba 3.000.000 euros, una cifra que fue corroborada por la empresa Taxo, tras una tasación encargada por el juez de la Palma que investigaba el caso.
El Ayuntamiento de Almonte ha recordado en una nota que en un pleno extraordinario de 31 de enero de 2014 se aprobó la nulidad de esta operación después de que el Consejo Consultivo de Andalucía dictaminara un mes antes que esa venta era “nula de pleno derecho”.
En el Ayuntamiento de Almonte gobiernan ahora los populares con ocho concejales, tras la pérdida de uno que se pasó al grupo no adscrito. IU posee dos y PSOE diez.
* El País - LUCÍA VALLELLANO - 5.6.14
Foto: Usuarios del campo de golf de Almonte. / IVÁN BOZA
