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Cañete ha conseguido este premio Atila a pulso tras su desastroso paso por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, donde todo lo ha hecho mal, favoreciendo incluso a lobbies mafiosos como el de los constructores o los cazadores. Lo extraño es que haya salido indemne de su aventura ministerial, rumbo a Europa, tras sus intereses reconocidos con petroleras y otras empresas contaminantes en el sur de España. A pesar de la débil justicia, este personaje machista y retrógrado, ha dirigido normativas tan perjudiciales para el país como la Ley de Costas, un monumento a la delincuencia en el litoral que traerá graves consecuencias, o la Ley de Montes, especialmente diseñada para terratenientes y abusadores de la Caza como una atracción de pandereta más. Probablemente el peor ministro que haya pasado nunca por medioambiente (y ya es decir).
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El exministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, se ha alzado este año con el Premio Atila, mientras que la multinacional petrolera Repsol ha sido distinguida con el Caballo de Atila. Los galardones, que Ecologistas en Acción concede tradicionalmente en vísperas del Día del Medio Ambiente, distinguen a personas o instituciones que muestran especial empeño en la destrucción del entorno y la naturaleza. Arias Cañete se va a Bruselas con un merecido galardón bajo el brazo. Ha sido protagonista del desmantelamiento de buena parte de la legislación ambiental española y un gran defensor de la mercantilización de la naturaleza en aras del desarrollo económico peor entendido.
El jurado ha valorado especialmente su papel en la elaboración de la nueva Ley de Costas, que desprotege buena parte del litoral y sus valores naturales. También ha tenido en cuenta la creación de los Bancos de Conservación, que invitan a comerciar con los valores ambientales como si fueran cromos.
En su periodo como ministro también contribuyó a la reforma del Decreto de Especies Exóticas, que consiente la introducción de especies que pueden suponer unos graves problemas ambientales, pero que generan beneficios a empresas dedicadas a la peletería, caza o pesca. Y nunca defendió el medio ambiente frente a otros ministerios, como el de Industria, en su apuesta por las energías sucias y contra las renovables.
Por todo ello, el jurado y las votaciones populares se decantan por Arias Cañete, esperando que el político reciba orgulloso un premio que lleva el nombre de otro varón de gran superioridad intelectual: Atila, el rey de los hunos
La multinacional Repsol también se ha ganado a pulso una distinción. A esta le corresponde el premio Caballo de Atila, aquel que por donde pasaba no crecía la hierba. La corporación parece empeñada en arrasar tierra, mar y aire, promoviendo un modelo energético basado en energías supercontaminantes y peligrosas. La presión que Repsol ejerce sobre el Gobierno, ha permitido que este autorizara la semana pasada los sondeos previos a las prospecciones petrolíferas en Canarias. Buscar petróleo bajo el mar pone en serio peligro ecosistemas marinos y litorales y pasa por alto la voluntad de la inmensa mayoría de la población.
Repsol ha recibido además esta semana su primer gran cargamento de crudo de arenas bituminosas provenientes de Canadá. Para extraerlo se devastan tierras, dejan lagos tóxicos, desplazan poblaciones y además emite un 23 % más de dióxido de carbono que los petróleos convencionales. Repsol es además una de las empresas que, junto con Cepsa, presiona para rebajar los estándares de detección de fugas de hidrocarburos en tanques de gasolineras, lo que supone un gravísimo problema para nuestros acuíferos.
Al igual que otros años, el jurado expresa su esperanza en que la concesión de estos premios llame a la reflexión a los premiados sobre el deterioro ambiental que sufre nuestro planeta, y cambien radicalmente su actitud.
* Ecologistas en Acción - 4.6.14
Foto: Ley de Costas - wikipedia
El exministro Arias Cañete premio 'Atila 2014'
El puerto seco de Vigo sigue inservible tras 100 millones de inversión
Los casos de despilfarro en infraestructuras y otras construcciones son infinitos en estos años del 'boom' y la locura de las distintas administraciones. Que se sepa todavía no hay nadie en la cárcel por semejantes actos delictivos contra los ciudadanos, que los han sumido en la mayor crisis/estafa de la historia del país. Cerca de Vigo en la que iba a ser la Plataforma logística del Puerto hay un descampado de más de 400 hectáreas donde antes había naturaleza. El asunto viene de hace 14 años y ha supuesto un despilfarro público de 100 millones, nada menos. Tampoco aquí parece haber culpables del grave delito y la justicia, desde su poltrona, no sabe o no se quiere enterar, lamentablemente.
"ELPAÍS* : Tras 14 años de trámite infernal, lo que iba a ser la Plataforma Logística Industrial de Salvaterra-As Neves (Plisan) es un descampado de 419 hectáreas donde antes había un monte. El puerto seco de Vigo, infraestructura vital, segundo polígono-industrial de España por extensión de entre los de su género y comunicado con el resto del mundo por una autovía fantasma sigue dormitando. La Xunta no sabe cuándo estará operativo ni tampoco cuando se acabará de pagar a los propietarios originales.
Entre expropiaciones, movimientos de tierra y accesos se han gastado ya más de 90 millones de euros, que podrán superar los 100 cuando se completen las liquidaciones.
“Yo no voy a dar fechas”, se despachó el pasado miércoles Teresa Gutiérrez, directora general del Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) en la Comisión de Industria del Parlamento. El instituto depende de la Xunta, una de las tres instituciones que promovieron la infraestructura junto a la Autoridad Portuaria de Vigo y la Zona Franca, que depende del Ministerio de Economía. Lejos quedan los tiempos de la campaña de Feijóo en 2009 y el inicio de legislatura, cuando el PP insistía en que el área iba a ser el destino de Mitsubishi y su fábrica de baterías de litio. Un proyecto ingente que parece haberse fundido como el reactor de Fukushima.
El proceso coqueteó con la chapuza desde el inicio. La expropiación de los terrenos contó sobre plano y mal las fincas afectadas y desdeñó que parte del terreno era suelo de especial protección forestal, como constató el Tribunal Supremo hace cuatro años. 100 de las 400 hectáreas quedaron inutilizadas para el desarrollo industrial tras esa sentencia, con el añadido de que el sector, denominado MI (multifuncional industrial), era justamente la parte que correspondía a la Zona Franca. Las tres administraciones se avinieron a deshacer la segregación y regresar a un condominio, pero llevan un año de trámites para acordarlo. “Esperemos que se haga en breve”, lanzó Gutiérrez. La Xunta asegura que se trata de un “proyecto” estratégico pero que su relanzamiento depende de Zona Franca y el puerto de Vigo.
El centenar de hectáreas que quedó inutilizado debía restituirse a los propietarios iniciales, pero estos no quieren recuperar un terreno que era monte arbolado y ahora es, como describieron sucesivamente en el Parlamento los diputados Carme Adán (BNG) y Abel Losada (PSdeG), un “horizonte lunar” o un “paisaje de catástrofe nuclear con estética 'Mad-Max”, incluida una laguna en el medio de más de 20 metros de profundidad. Los vecinos quieren una indemnización y confían en la doctrina del Supremo en casos similares, que suele acarrear un icremento del 25% sobre el justiprecio abonado.
A ello se suma el homérico asunto de los derechos mineros, que los vecinos llevan más de una década peleando por ver reconocidos. Las negociaciones con el bipartito dejaron un acuerdo para abonar 7,7 millones de euros que quedó frustrado con el cambio de Gobierno. Fueron literalmente miles los procedimientos judiciales que se suscitaron, casi tantos como fincas en el área. Todavía no se han pagado, aunque el acuerdo parece próximo, según señala Alejandro Rodríguez, portavoz de los afectados.
Mientras tanto, la vida sigue. Con el suelo sin uso, la Zona Franca se plantea comprar 120.000 metros cuadrados en Mos o Porriño para un centro logístico. Preguntada por la cuestión por la nacionalista Carme Adán, la directora del IGVS empleó el poderosos argumento de que un parque de Xestur en Mos está a 24 kilómetros del puerto y la Plisan a 33. “Estamos en los proyectos de urbanización, que empezarán por la zona sur", acertó a decir sobre el futuro. Queda pendiente del Supremo la enésima causa, esta vez porque en el modificado del proyecto inicial para reestructurar el polígono tras el recorte en superficie no se incluyó la evaluación ambiental. “Se sometió a consulta y el órgano competente estimó la no necesidad. No tengo más que decir”, despachó la directora del IGVS. Los vecinos discrepan. Otra vez.
Descampado millonario
V. H.
Según el cálculo de la plataforma vecinal, el metro cuadrado de terreno de la Plisan se valoró finalmente, tras múltiples vaivenes, en una media de 14 euros; es decir, 56 millones de euros en total, de los que se han abonado 48. La autovía AG-51, un vial de menos de cinco kilómetros que lleva un año en pie sin funcionar, costó otros 22 millones. A esto se le suman los 20 millones enterrados en el movimiento de tierras de 2007.
Los vecinos siguen negociando por los derechos mineros, calculados en 2009 en 7,7 millones, que pueden ser menos si prosperan las conversaciones con la Administración. Y hay que contar también con la prima sobre el justiprecio del 25% para las 100 hectáreas de terreno excluidas por el Supremo, también susceptibles de rebaja pactada pero que de apreciarse totalmente podrían suponer otros 3,5 millones.
Respecto a la urbanización, en 2011 se anunció una inversión de 14,7 millones. Meses después la concesionaria se rindió casi antes de empezar, víctima de la crisis. De modo que el coste total supondrá una factura que como mínimo roza los 100 millones de euros pero que podría acabar rondando los 125.
* El País - Victor Honorato - 6.6.14
Foto: Estado actual de los terrenos del puerto seco de Vigo, entre Salvaterra y O Rosal. / LALO R. VILLAR
El juez imputa al exgerente de Urbanismo de Dénia y a dos técnicos por malversación
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El urbanismo en la Marina Alta alicantina sigue lleno de irregularidades, prácticamente desde la ciudad de Alicante hay un rosario de núcleos urbanos inmersos en la corrupción urbanística. Denia es un buen ejemplo de esto, ahora un juzgado abre diligencias por falsedad documental en el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses, imputando al exgerente de Urbanismo y 2 técnicos. Según parece hubo una desviación de los fondos públicos hacia bolsillos privados. Lo de siempre, vamos, aunque no sería descartable que, según avanza la investigación, caigan también en la red otros peces gordos de la política.
"LASPROVINCIAS* : El caso sobre el supuesto sobrecoste de 259.000 euros en las obras del colector de Les Deveses se ha convertido en un escándalo en la ciudad de Dénia. El titular del juzgado nº1 de Dénia, que investiga el caso, citará a declarar en calidad de imputados por un presunto delito de malversación y falsedad documental, al exgerente de Urbanismo en la época del gobierno del PSPV- Bloc, Juan Frasés; al funcionario del Consistorio de Dénia, Daniel Ruiz, y al técnico de la empresa adjudicataria de los trabajos, Juan Vicente Lorenzo.
De hecho, según el TSJ, el juez como paso previo a la imputación ya ha requerido al consistorio, que está personado en la causa, para que facilite los datos para remitir la notificación a los tres implicados con el fin de que presten declaración.
Además, el juez ha acordado practicar las diligencias solicitadas por el fiscal con el fin de tratar de averiguar si hubo o no falsificación de documentos y malversación de fondos.
Sospechas
Las sospechas de que podía haber posibles irregularidades en los trabajos para realizar el colector de Les Deveses, se produjeron en 2011, cuando se adjudicó el contrato para acabar las obras y se constató con la sorpresa de que faltaban 120 metros de tubería que debería de haber instalado la empresa Ecisa, que inició los trabajos del colector en 2005.
En ese momento desde Contratación se encargó un primer informe al que siguió otro de información reservada que fue remitido a Fiscalía con el fin de que fuera conocedor de los hechos. El fiscal tras tener conocimiento de los mismos denunció los hechos al juzgado que ahora ha abierto diligencias.
El instructor del documento de información reservada, tras las pertinentes investigaciones a las que se suma un informe externo de un ingeniero de Caminos, concluyó que hubo «una desviación, a favor del contratista de partidas que se han certificado, abonado y no se han ejecutado». Esa desviación se valora en «259.940 euros».
Las obras para que los vecinos de Las Marinas tuvieran alcantarillado se iniciaron en agosto de 2005, aunque días después, la empresa adjudicataria Ecisa, indicó una serie de deficiencias y un modificado del proyecto inicial valorado en 510.005 euros, lo que suponía un incremento de más del 59% sobre la adjudicación. A raiz de esta petición, según apunta el funcionario en el informe, «siguiendo las instrucciones de mis superiores» se inician los estudios para una posible modificación de las obras, mientras seguían con la ejecución de las mismas. Además, según comenta, al no haber proyecto modificado que sirviera de soporte real a las certificaciones que se iban generando, «siguiendo instrucciones de mis superiores, se certifican partidas que no están totalmente ejecutadas».
Coste del modificado
En febrero de 2007, la Gerencia de Urbanismo remitió a la Junta de Gobierno Local (JGL) una propuesta para aprobar modificación del proyecto que ya ascendía a 1.522.919 euros, por lo que el coste total de las obras del colector era de 2,5 millones de euros.
El modificado no se aprobó, pero las obras siguieron y se emitieron certificaciones de obras de trabajos que figuran en el modificado (documento que se estaba empezando a tramitar) y no del proyecto original.
En enero de 2008, la JGL aprobó el modificado pero días después se acordó dejarlo sobre la mesa tras el informe desfavorable de los Servicios Jurídicos. Por lo que en febrero se decidió resolver el contrato de la obra e iniciar un nuevo expediente para contratar el modificado.
Ya en 2011 con la llegada del nuevo ejecutivo, se adjudicó la finalización del colector a FCC y fue cuando al ir a conectar las nuevas obras con las que ya habían sido ejecutadas, se dieron cuenta de que faltaban 120 metros de tubería.
* Las Provincias - C.Pastor - 5.6.14
Foto: Imagen del Palau de Justicia de Dénia, donde el juzgado de instrucción número uno que lleva el caso del alcantarillado de Deveses:: R. G.
Pelotazo urbanístico en favor de la prima de Felipe VI en Lanzarote
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Yaiza, el conflictivo municipio urbanístico del sur de Lanzarote, mantenía un Plan General desde 1973, desbordado por todas partes, con grandes bolsas de suelo, planes parciales sin entregar, una lista interminable de ilegalidades: más de veinte complejos con licencias anuladas por los tribunales, ocupación de zonas verdes o pleitos por la propiedad de terrenos, y unos poderes fácticos que no renunciaban a seguir influyendo en su favor. Un desastre urbanístico mayúsculo. Actualmente se ha aprobado un nuevo Plan General, permisivo en numerosos casos, como el del marido de Alexia de Grecia, arquitecto, que de estar imputado en el 'caso Unión' ha pasado a legal con su lujosa mansión (en zona antes prohibida) y la posibilidad de edificar 60 nuevas viviendas. Un pelotazo urbanístico en toda regla auspiciado por el condenado exalcalde de CC-PNL, JF.Reyes, y la también imputada alcaldesa G.Acuña.
"DIARIOLANZAROTE* : De estar imputado por un delito contra la ordenación del territorio en una de las piezas del caso Unión por la construcción ilegal de su ‘mansión’ de más de 1.500 metros, el arquitecto C.Morales, marido de Alexia de Grecia, ha pasado a ser bendecido en el nuevo Plan General de Ordenación de Yaiza como promotor de una de las pocas bolsas de suelo que se recalifican en todo el municipio, con la posibilidad de levantar más de 60 viviendas. Y todo en poco más de un año.
El nuevo Plan General, cuya elaboración y aprobación el Ayuntamiento de Yaiza entregó al Gobierno de Canarias, califica como suelo urbanizable sectorizado no ordenado la franja de suelo de 85.000 metros cuadrados que separa las urbanizaciones de Puerto Calero y Cortijo Viejo. Es decir, bastará con presentar un documento en el que se defina dónde irán las villas y dónde las calles para que el Ayuntamiento dé vía libre a su ejecución.
Hasta ahora, la zona estaba vedada a nuevas construcciones. Otro arquitecto, Fernando Higueras, considerado uno de los más destacados profesionales del siglo pasado en España y estrecho colaborador de César Manrique, estableció en el Plan General de Yaiza de 1973, que todavía está vigente, una disposición avanzada para la época, en los albores del turismo: la obligación de dejar una franja de 50 metros de zona verde en los bordes de las futuras urbanizaciones, para evitar la sensación de masificación.
La franja de terreno que separa Puerto Calero de Cortijo Viejo tiene unos 115 metros de ancho. El equipo redactor del Plan General de Yaiza, encabezado por el urbanista Jorge Coderch, reconoce que esa obligación de dejar zonas verdes entre las urbanizaciones “supuso la inviabilidad de hecho” de cualquier desarrollo urbanístico.
En esa franja de terreno, en la que no se podía construir, el matrimonio formado por Carlos Morales y Alexia de Grecia compró 5.134 metros el 11 de abril de 2005. Luego Morales adquirió otros 5.135 metros el 18 de octubre del mismo año a través de la sociedad Island Kowledge on Settlement. Quien le vendió la primera finca fue un ciudadano llamado Heinrich Becker. Pagó 257.000 euros y en la escritura se detalla con claridad que lo que se vende es una finca rústica.
Ese mismo año, el entonces alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, le concede la licencia de construcción de una vivienda en primera línea y la urbanización de las inmediaciones. El vendedor declararía ante la Guardia Civil que había intentado construir y que ni el Ayuntamiento ni el Cabildo se lo habían autorizado.
Las licencias de la casa de Alexia de Grecia y Carlos Morales fueron investigadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el caso Unión. Morales estuvo imputado junto al ex alcalde de Yaiza. Al arquitecto el Juzgado número 5 de Arrecife le archivó la causa penal en marzo del año pasado, mientras que Reyes sigue implicado por vulnerar “las más básicas reglas” de la “normativa urbanística aplicable” al dar licencias sin informe jurídico y sin el dictamen “preceptivo y vinculante” del Cabildo.
Cuando le quitó de encima la losa de la imputación, el Juzgado recalcó que “las obras ejecutadas”, una espectacular vivienda de 1.511 metros distribuidos en tres plantas y piscina, sobre el paseo de Puerto Calero, eran “claramente ilegales” y que “nunca” se debió autorizar su construcción, pero que la actuación de Morales no alcanzaba “la infracción penal sino la administrativa”. El Juzgado se limitó a pedir a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun) que le abriese un expediente.
Fue clave que el redactor del nuevo Plan General y la Consejería de Política Territorial del Gobierno adelantasen en sus declaraciones en el Juzgado la intención de recoger los terrenos como un sector urbanizable en el nuevo planeamiento de Yaiza, que está pendiente de aprobarse de forma definitiva, nueve años después de la licencia para construir otorgada por el Ayuntamiento.
En julio de 2012, unos ocho meses antes de que el Juzgado archivase su imputación, Carlos Morales, Alexia de Grecia y Puerto Calero SA, sociedad propietaria de 4.030 metros en la citada franja, registran un convenio urbanístico en el Ayuntamiento de Yaiza para que se incorpore al Plan General. Piden que se les autorice el uso residencial, con 18.005 metros cuadrados de superficie edificable. Ahora el Gobierno de Canarias les concede, en el nuevo Plan General de Ordenación, 12.559 metros cuadrados y 62 viviendas. Un negocio redondo.
Desechadas las alegaciones
El Gobierno de Canarias ha desechado las alegaciones que se presentaron para impedir la recalificación de los terrenos entre Puerto Calero y Cortijo. Entidades como la Fundación César Manrique (FCM) y Transparencia Urbanística (TU), partidos como Alternativa Ciudadana y el PSOE, que forma parte del propio Ejecutivo regional, presentaron objeciones en tal sentido.
En las alegaciones, la FCM destacó que se estaba “incumpliendo” la legislación y TU subrayó que la recalificación estaba “forzada por las situaciones urbanísticas irregulares”. Para el equipo redactor, los terrenos “carecen en la actualidad de valor ambiental alguno” y “su consideración como suelo urbanizable responde a una estructura territorial lógica que elimine los vacíos” entre suelos “ya transformados o en avanzado estado de transformación”.
* Diario de Lanzarote - M.Riveiro - 7.6.14
Foto: Yaiza (Lanzarote), terrenos recalificados marido prima Rey - diariolanzarote
Dimite el alcalde de Santiago, imputado en el 'caso Pokémon'
El urbanismo en Santiago ha hecho dimitir ya 2 alcaldes 'populares' en 2 años, algo totalmente inaudito y que demuestra el punto al que ha llegado la corrupción también en Galicia. Mientras tanto el presidente de la Comunidad, A.Feijóo, continúa sin mover un músculo con la caradura del cómplice necesario para que estas irregularidades sucedieran entre sus más cercanos colaboradores. Tras la imputación judicial de 7 concejales del Ayuntamiento y la dimisión de otros 2 más, el alcalde, A.Currás, se ha visto obligado a lo que debía haber hecho hacía ya tiempo: dimitir. Habrá que esperar a que la justicia se atreva de una vez a actuar con más contundencia ante la corrupción urbanística y que toda esta gran trama mafiosa no se quede, como siempre, en agua de borrajas.
"REPÚBLICA* : Ángel Currás, sobre quien pesa una imputación en la Operación Pokémon y otra en una causa por supuesto acoso a un policía local, accedió a la Alcaldía de Santiago de Compostela tras la dimisión forzada, en abril de 2012, de Gerardo Conde Roa, que había sido imputado por fraude fiscal, un delito por el cual acabó por ser condenado a dos años de prisión. Currás era el candidato de Conde Roa para relevarlo en la Alcaldía, frente a las preferencias de la dirección autonómica por Paula Prado, quien, sin embargo, también ha tenido que dimitir como portavoz del PPdeG al resultar también salpicada por la Pokémon, aunque por el momento no está imputada.
Ángel Currás ha cedido ante la presión de la dirección del PPdeG y ha anunciado que presenta su dimisión como alcalde de Santiago de Compostela, cargo en el cual será sustituido por el conselleiro de Medio Ambiente e Infraestruturas, Agustín Hernández, que había ocupado el último puesto de la lista del partido en las municipales de 2011. En una rueda de prensa que había sido convocada para desvelar quiénes serían las personas que cubrirían las nueve vacantes en el Gobierno de la capital de Galicia, tras las siete renuncias forzadas por una sentencia judicial por prevaricación y otras dos dimisiones de ediles imputados en la Operación Pokémon, Ángel Currás ha confirmado que deja el bastón de mando tras reconocer que "no han sido fáciles las condiciones de gobierno" y desvelar que "aparca" el equipo que había diseñado en los últimos días fundamentalmente con concejales no electos.
Tras días en los cuales el presidente de la Xunta y del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, evitó respaldar públicamente al regidor compostelano y había dejado en sus manos “tomar la decisión que considere oportuna”, esta mañana el presidente de la Diputación de A Coruña y secretario general del PP en la provincia coruñesa, Diego Calvo, había instado a Ángel Currás a que “reconsidere su opción”, al ser preguntado si debería presentar su dimisión. “Que lo piense bien y decida”, señaló.
La permanencia de Currás al frente del Pazo de Raxoi se había hecho insostenible, después de dimitir, en cuestión de días, nueve de los trece miembros que conformaban su gabinete: siete condenados por prevariación y dos, ambos imputados en la operación Pokémon, por decisión propia. Para cubrir la vacante de la alcaldía, Feijóo ha decidido apostar fuerte, nombrando al titular de la consellería más inversora del Gobierno gallego, lo que lo convierte en la tercera persona con más poder en la Xunta, después de Núñez Feijóo y Alfonso Rueda.
El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy Fraga, dijo el domingo que la dirección del partido y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, estaban actuando “con mucho respeto” a la autonomía local. Asimismo, respecto a la inclusión de ediles no electos para suplir las vacantes, Puy recordó que “todos los partidos, mismo los que más critican esto, recurrieron en aplicación de la Ley a esa capacidad que tienen los responsables de registrar las listas de proponer suplentes fuera de ellas”. Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, Gómez Besteiro, no descartó una moción de censura en Santiago. “Las cuestiones son valorables, existe esa posibilidad”, indicó aún reconociendo que la mayoría absoluta del PP la hubiera tumbado.
* República - EP - 9.6.14
Foto: Santiago de Compostela, alcalde Currás y ayuntamiento - eldiario
Botín, 'concejal' de Urbanismo de Madrid
Que el banquero Botín sea considerado 'concejal' de urbanismo de Madrid no es ninguna novedad. En realidad, sería más bien el 'ministro' de urbanismo del país entero, dada su enorme influencia económica en todas partes. Que el urbanismo sea considerado una forma de hacer dinero, fácil y corrupta, por encima de otras consideraciones técnicas o humanísticas también lo sabemos ya desde hace tiempo, lamentablemente. Botín es capaz de influir en Planes municipales como el de Madrid, como ocurre con la gran operación del complejo Canalejas o la del edificio España, porque es su propietario. Otra cosa es que lo sea legal o ilegalmente, a través de ingeniería financiera, pero en cualquier caso esto ha sido permitido y alentado por una clase política corrupta y servil hasta extremos impensables.
"ELCONFIDENCIAL* : El patrimonio arquitectónico se crea, se destruye o se transforma, según requieran los tiempos o las necesidades. En los últimos meses, Madrid ha visto cómo dos de sus inmuebles más monumentales, con máxima categoría de protección o clasificación como bien de interés cultural, serán sometidos a una profunda y polémica transformación. Y en ambos casos, detrás del Complejo Canalejas (antiguas sedes de Banesto, Banco Zaragozano y Banco HispanoAmericano) y del Edificio España ha estado la mano vendedora del Banco Santander, es decir, de Emilio Botín, propietario durante años de estos activos singulares en pleno corazón de la capital.
Ayer jueves, la entidad financiera comunicó la venta del rascacielos ubicado en Plaza de España al inversor chino Wang Jialin, magnate del emporio de centros comerciales Dalian Wanda, por un importe de 265 millones de euros. El Banco Santander ha tardado nueve años, crisis mediante, en dar salida al inmueble, adquirido en 2005 por el fondo Banif Inmobiliario por 390 millones, pero mucho menos en gestionar los cambios normativos que permitirán transformar el rascacielos a los deseos del nuevo propietario, que pretende desarrollar en los 67.000 metros cuadrados un gran espacio comercial, además de un hotel y varios centenares de viviendas de lujo.
En el caso del Edificio España y del Complejo Canalejas, la administración pública representada por Comunidad y Ayuntamiento de Madrid ha accedido a las solicitudes de vendedor/comprador modificando la categoría monumental de los edificios, clasificación que bloqueaba la capacidad de transformar los activos para dotarlos de nuevos usos. Estos requisitos han sido superados (o serán) gracias a cambios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), una excepcionalidad que ha desatado las críticas de distintos colectivos (arquitectos, vecinos…), indignados por el visto bueno oficial a una “destrucción” del patrimonio arquitectónico madrileño.
Visto con perspectiva, ambas operaciones han seguido patrones muy parecidos. Del lado vendedor, el Banco Santander ha operado con gran celeridad para ejecutar el pase de estos activos a medida que el interés de los grandes inversores por entrar en el mercado inmobiliario iba desapareciendo. El primero fue el Complejo Canalejas, que tras varios intentos frustrados echó a rodar a la vuelta del verano de 2012, cuando este diario destapó el interés del empresario Juan Miguel Villar Mir por hacerse con la histórica manzana inmobiliaria, aunque no ha sido hasta finales de 2013 cuando el proyecto ha contado con todos los parabienes oficiales.
Resuelto el primer marrón inmobiliario, Emilio Botín reactivó por enésima vez la venta del Edificio España con el arranque de 2014. Para ello, Banco Santander requirió los servicios de los estudios Lamela y Foster, a quienes encargó el proyecto de transformación que deberían aprobar Comunidad y Ayuntamiento para que el rascacielos pudiera ser vendido con otro uso, algo muy parecido a lo que ya se consiguió antes para el Complejo Canalejas, donde el mismo estudio de arquitectura español ha diseñado la reconversión hotelera, comercial y residencial que Villar Mir desarrollará de la mano del operador Four Seasons en una operación de 285 millones de euros.
Para justificar su actuación, Comunidad y Ayuntamiento de Madrid han apelado al factor económico, como generador de empleo, para dar luz verde a las modificaciones técnicas de los inmuebles, pues considera que estos aspectos deben supeditarse a cuestiones de otra índole, como "favorecer la puesta en valor de un edificio muy degradado (Edificio España) en los últimos años debido a su inactividad". Este argumento es muy similar al empleado para el Complejo Canalejas, cerrado a cal y canto desde que Banco Santander se mudó a la Ciudad Financiera de Boadilla del Monte y en progresivo estado de deterioro por su abandono operativo.
A la luz de los hechos, las consecuencias de la crisis han permitido al vendedor y a sus compradores reconducir la sensibilidad de la Administración a planteamientos muy próximos a sus intereses. En el caso del banco, a su objetivo único de vender, sí o sí, parte de su ingente patrimonio inmobiliario; y en del comprador, a tirar y levantar tabiques según convenga, a excepción de las fachadas. Para desesperación de los más críticos, la ejecución de estas operaciones inmobiliarias, que han permitido al Banco Santander hacer caja pese a las minusvalías generadas, hacen que Emilio Botín parezca el nuevo responsable de Urbanismo de Madrid.
* El Confidencial - Carlos Hernanz - 6.6.14
Fotos: Madrid, proyecto manzana Canalejas - vozpopuli
Alicante, ciudad imputada por su urbanismo
Si hay una capital provincial donde se ejemplifica con mayor amplitud lo que significa la corrupción urbanística, sin duda es Alicante. Lo que lleva sucediendo de especulación delictiva en esta ciudad desde hace décadas es digno de pasar a los anales de la historia por el descaro e impunidad con que han actuado sus últimos alcaldes. Tras el imputado 'popular' Alperi, todavía diputado y sin pisar la cárcel, llegó su discípula aventajada S.Castedo, que aplicó con destreza las enseñanzas de su oscuro mentor. Un tercero en discordia podría ser el empresario Ortiz, presidente del Hércules CF, y capo mafioso en la construcción e inmobiliarias de la provincia. Sobre ellos pesa la imputación judicial en los graves casos de corrupción urbanística: Brugal y Gürtel, que la justicia, lamentablemente, no se atreve a juzgar todavía.
"PÚBLICO* : Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, está imputada --como su antecesor en el cargo-- por presuntos delitos relacionados con el desarrollo urbanístico de la ciudad. Pese a ello y su reciente renuncia a su acta de diputada autonómica, se aferra a la Alcaldía, ante una tibia reacción ciudadana. Solo ella conoce la verdadera dimensión de los "motivos personales" por los que hace unas semanas renunció a su acta de diputada en Les Corts valencianas pero decidió no tomar la misma senda respecto a la alcaldía que ostenta en la ciudad de Alicante.
Numerosos juristas y la oposición política no han dudado en considerar que la decisión, a la vista de que dilata su encuentro con los tribunales que desde hace meses le imputa la presunta comisión de varios delitos realizados en el ejercicio de la alcaldía, no responde a otra cosa que a entorpecer la justicia.
De lo que no cabe duda es de que su imputación --sumada a la de su predecesor y mentor en la alcaldía, Luis Díaz Alperi--, unida a su negativa a abandonar el Consistorio, salpican la imagen de la institución y la ciudad a la que representa. ¿Pero cómo asisten los alicantinos a todo ello? "Castedo y Alperi han convertido Alicante en un símbolo, en el paradigma de la corrupción urbanística, y la ciudadanía se divide entre los que lo viven con rabia y luchan por cambiar las cosas, y los que lo llevan con abatimiento y resignación".
Así describe el ambiente en la ciudad Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional en la Universitat d'Alacant y promotor -entre otros- de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas, organización que da altavoz desde hace años a numerosos movimientos ciudadanos de la urbe. Del mismo modo, Alcaraz no duda a la hora definir a Castedo: "Como le enseñó Alperi, practica una política concebida como una manera de crear condiciones para que algunos puedan enriquecerse, lo que no quiere decir que ella robe o se enriquezca necesariamente a partir de esa acción. Es ese liberalismo banal, que asegura que la gran riqueza luego acabará bajando a otras clases sociales. Y aquí el prototipo de la riqueza es su amigo Enrique Ortiz".
Sin conciencia de ciudad
Ortiz, empresario de la construcción, y poseedor del 70% del suelo urbanizable de Alicante, es una de las dos figuras -el otro es el empresario Ángel Fenoll- en el epicentro del caso Brugal, y ha arrastrado consigo a Alperi y Castedo, a los que se les imputan los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias por haber amañado -presuntamente- el plan general urbano de Alicante a su medida.
¿Y no indigna este trapicheo a la ciudadanía? "En los primeros años de la transición sí hubo grandes movilizaciones por motivos urbanísticos -como el plan de hacer un puerto en 1980 en la playa de la Albufereta-, pero ahora se ha perdido la conciencia de ciudad. Ahora, con el problema del soterramiento de las vías, se manifiestan los vecinos del entorno, pero el resto no lo consideran como si fuera un problema suyo", explica José Ramón Navarro, catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio Universitat d'Alacant.
"A los mismos profesores, mis compañeros -añade Navarro- no les interesa ningún tema de estos. Sí, si los trazados urbanísticos son bonitos o feos, pero no todo lo que hay detrás, y eso es fundamental. El trasfondo político es necesario llevarlo al aula para que los alumnos entiendan que el urbanismo no es una cuestión puramente tecnocrática y racional, sino que se ve afectada por otras dimensiones. ¿Como si no se van a mover después los alumnos en la vida real?".
Popular y populista
Esta apatía respecto a la corrupción urbanística podría ser la clave por la que Castedo aún retendría la alcaldía con el beneplácito del PP y el silencio cómplice de Alberto Fabra y su presunta línea roja contra la corrupción: que según las encuestas en poder del Consell, la imputada aún supusiera un gancho electoral para que el PP retuviera votos en la capital.
Sin embargo, Alcaraz -que tras haber sido diputado en el congreso en 1996 con Esquerra Unida, regresó recientemente a la política de partidos en Compromís- no da crédito a ese respaldo masivo a Castedo: "¿Quién ha visto esas encuestas? Hay otras públicas que sí hablan de una gran bajada del PP, que a lo sumo podría gobernar pactando con UPyD".
"Es cierto que, tras un deteriorado Alperi, Castedo, joven y populista, caló en mucha gente. Sin embargo, la época de poner flores y acudir a todas las fiestas --Castedo irrumpió en el Ayuntamiento anunciando la creación de una Concejalía de Estética y tuvo como acción más destacada y personal su campaña Alicante. ¡Guapa, guapa, guapa!-- se acabó", dice Alcaraz. Y se acabó, añade, porque se acabó el dinero. ¿Y hora qué?
"Pues bueno, ella sabe que hay que arreglar la entrada sur de Alicante o que sería bueno haber creado la estación intermodal para el AVE, y que hacerlo son votos, pero también da votos ir a las fiestas de un barrio y ponerse a bailar embarazada, salir de capataz en Semana Santa o vestirse de Bellea del Foc. Todo aquello que le dé unos votitos más a ella le vale", dice el profesor de Derecho Constitucional.
Pese a ello, Alcaraz, autor también del ensayo Alicante especulación, está seguro de que en 2015, si Castedo se presenta a la reelección, no lo tendrá tan fácil. "Durante muchos años no tuvo oposición, pero ahora una parte del PSOE, una Esquerra Unida muy activa, y Compromís desde fuera del consistorio, le están plantando cara. Es cierto que el PP parte de una mayoría muy potente y es una ventaja, pero estoy seguro de que ella misma no está muy tranquila".
¿Y cuál sería su herencia urbanística? Con los principales planes urbanísticos salpicados por la sombra de la corrupción y paralizados actualmente por la justicia, José Ramón Navarro apunta que -sin entrar en otro tipo de consideraciones- deberían retirarse definitivamente por estar realizados "sin las debidas garantías"; y ya sin ellos, considera que la ciudad -como el resto de urbes- "tiene vitalidad y saldría adelante".
No obstante, el catedrático de Urbanística advierte desde la ciudad en que se rodó Crematorio: "no creo que el fin de la burbuja inmobiliaria vaya a traducirse en un cambio por sí solo. Están las mismas personas, los mismos criterios que entonces, y si no hay un cambio político importante en esta comunidad, si las cosas vuelven a estar mejor, volveremos a lo mismo".
La corrupción agota la lista del PP alicantino en Les Corts
El número de diputados autonómicos del PP alicantino imputados, procesados o condenados en casos de corrupción es tan elevado, que se ha dado la circunstancia de que para relevar a Sonia Castedo, el partido ha tenido que recurrir al número el número 32 de los 35 candidatos de la lista que presentó a los alicantinos en las elecciones autonómicas de 2011. Para alcanzar ese número, antes han renunciado o se han visto forzados u obligados a dejar su escaño Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda, y Angélica Such, ambas procesadas en uno de los juicios del caso Gürtel; el condenado ex alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo; la ex consejera Alicia de Miguel; y los ex alcaldes de Alicante Luis Díaz Alperi, (acusado de múltiples delitos en dos causas) y Sonia Castedo.
No obstante, la salida de Castedo y la entrada en su lugar de Guillermo Moratal, alcalde de L'Orxa, puede no suponer el fin de estos relevos, pues la gestión de éste al frente del ayuntamiento de la pequeña localidad alicantina, también está siendo investigada por la fiscalía, tras observar indicios de posibles delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación en el manejo de un millón de euros de subvenciones de fondos europeos para el desarrollo rural, que actualmente continúa investigando la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal
* Público - JUAN E. TUR - 2.6.14
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn
“La mitad de la costa andaluza está destruida por decisiones políticas”
Algo que parece evidente tras recorrer el litoral andaluz, el urbanismo salvaje apenas ha dejado resquicios en toda la zona costera. Las zonas protegidas son escasas y siempre están rodeadas de unos niveles contaminantes altísimos, lo que produce graves problemas en la población. En este sentido Andalucía no es demasiado diferente a toda la costa mediterránea, donde este fenómeno delictivo se repite Comunidad tras Comunidad. La voracidad del ladrillo y el dinero fácil, unido a una clase política de cortas miras y amplios bolsillos, han hecho el resto. Desde aquellos inicios turísticos timoratos de los años 50-60 en Torremolinos, se ha llegado al desastre urbanístico y medioambiental actual, donde solo una masiva demolición de lo construido (mal) podría solucionar el triste panorama costero andaluz.
"ELPAÍS* : El catedrático Juan Manuel Barragán propone un consejo costero o un foro para divulgar aspectos de interés del litoral. ¿Por qué la Dirección General de Costas ha decidido invertir miles de euros en aportar arena cada año a la playa de Fuentebravía en El Puerto de Santa María y no en recuperar el desecado río Roche de Conil? En ningún documento oficial habrá contestación a esa pregunta. Tampoco ningún técnico asumirá la respuesta. Porque no depende de él. Ésta y todas las demás cuestiones que afectan a la gestión de la costa española y andaluza dependen de decisiones políticas.
Es la conclusión que el catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Cádiz, Juan Manuel Barragán (Cádiz, 1958), ha extraído tras un cuarto de siglo estudiando la gestión del litoral en el mundo.
“A diferencia de otros países, en España esas decisiones no se explican. Tampoco se coordinan o se buscan propuestas basadas en la cooperación. Y el problema es grave. El 50% de las costas está ya destruido”, sentencia el profesor citando datos del Ministerio de Medio Ambiente. Cree que hay medidas para conservar lo que tenemos e incluso recuperar parte de lo perdido. Y los Gobiernos tienen en su poder la decisión.
Barragán tiene tras de sí 25 años de trabajo en 20 países diferentes. En su libro Política y Gestión del litoral. Una nueva visión de la gestión integrada de áreas litorales (Editoral Tebar. 2014), presentado la semana pasada, ha querido resumir propuestas de cambio que sirvan para estudiantes, profesores, investigadores y políticos. Un manual de buenas prácticas. Porque cree que, sobre todo, en España faltan. “Cuando empecé a estudiar pensé que la gestión del litoral era algo científico y académico, que la dinámica natural era lo que marcaba la pauta y que después se tomaban decisiones políticas. Quizá todo era más sencillo y no había que esperar 25 años, pero ahora estoy convencido de que la lógica es la contraria. Son las decisiones políticas las que han marcado la evolución de nuestros ecosistemas”.
Son las políticas públicas, en palabras de Barragán, las que han cambiado las cosas y las que han venido a agravar la situación del litoral. Pero, “aunque ningún país es perfecto”, el catedrático está convencido de que en algunos estados sí se ha empezado a actuar de manera más efectiva para detener esta destrucción. “La gestión del litoral debe enfocarse a cómo se toman las decisiones. Si es algo político, ¿cómo se puede hacer para encontrar la mejor decisión?”. En su recorrido por el mundo descubrió los casos de Australia, Estados Unidos o Sudáfrica. Allí se han creado órganos de coordinación y cooperación. “El Gobierno central o federal se suele sentar en una misma mesa, en una especie de consejo costero, a todas las partes implicadas. Ahí están las regiones, los empresarios, los ecologistas. Y en ese marco se buscan soluciones y propuestas”.
Barragán destaca las políticas de transparencia de otros países donde las inversiones en la costa se explican y se publican para conocer por qué se actúa en unos proyectos y otros no. “En Estados Unidos el Gobierno federal financia las iniciativas cuando los estados presentan proyectos consensuados. Y, si decide acometer alguna inversión, pregunta a los estados qué les parece. Es una auténtica cultura federal. Y eso no existe en España aunque tengamos un sistema político similar”.
Barragán es muy crítico con la ley de Costas española y con su más reciente reforma. “No incluye ni un solo medio de coordinación, cooperación o transparencia”, lamenta. También cuestiona el papel de la comunidad andaluza porque recuerda que, junto a Cataluña, ya puede gestionar el dominio público marítimo terrestre, la zona posterior a la costa. “Andalucía debería asumir más responsabilidades. Cuenta con más de 20 agencias u organismos con competencias en el litoral pero no ha creado ni uno solo para coordinarlos”. El catedrático propone un consejo costero andaluz o un foro que permita divulgar aspectos de interés como la subida del nivel del mar.
Y la destrucción de la costa no es baladí. Lo resume en su libro recordando que el mar aporta gratuitamente servicios básicos de abastecimiento (alimentos, madera…), regulación (las dunas frenan la erosión, las praderas submarinas protegen de los efectos de las tormentas…) y cultura (las playas como zonas de ocio). Todo eso era gratis pero, al degradarse, los Gobiernos han tenido que invertir para compensar lo perdido. Barragán advierte de que la artificialidad de la costa no es rentable y puede agotarse el dinero. “Si acabamos con las playas, podemos construir piscinas. Si acabamos con los estuarios, podemos cultivar peces en piscifactorías. Pero vamos a pagar por lo que la naturaleza daba gratis”.
El catedrático recuerda que gran parte de la destrucción de la costa se hizo en pro del desarrollo y el empleo. “Un ejemplo. El litoral andaluz y español se llenó de apartamentos y casas a pie de playa para atraer millones de turistas. Y la conclusión es que medio siglo después la mitad de la costa está destruida y hay seis millones de parados”.
La opción de reinundar Las Aletas
El catedrático Juan Manuel Barragán cree que la situación de destrucción de la costa tiene solución si se aplican desde ya nuevas políticas que vayan más allá de detener el proceso de degradación del litoral. Y pone ejemplos concretos: en la bahía de Cádiz el Gobierno central y la Junta tienen proyectado en unas marismas desecadas de Puerto Real el que iba a ser el segundo parque logístico más importante de Andalucía, Las Aletas.
Diversas sentencias lo detuvieron por no justificarse convenientemente la ocupación de suelos de dominio marítimo terrestre. “En pro del desarrollo se puede plantear que en 300 o 400 hectáreas se quiera crear un polígono industrial para crear empleo. Pero, ¿alguien se ha planteado que también sería posible recuperar esas marismas? Además de esas hectáreas, hay otras 3.000 que podrían reinundarse y volver a dar recursos de forma gratuita”, propone. Ahora mismo Las Aletas es un terreno yermo junto a la autovía que la rodea. “Se desecó porque hace 50 años alguien pensó que allí se podía plantar arroz”, dice. Entonces quedó un desierto al que se quiere dar un uso industrial.
“Aquí se ha dicho que si viniera dinero europeo se podía plantear, además del parque logístico, un proyecto de reinundación. Es decir, que solo si viene dinero de fuera nos hacemos cargo de este problema”, cuestiona.
Barragán pone más ejemplos de malos planteamientos: el río Roche, en Conil, se terminó desecando por la construcción de un puerto pesquero. Se supone que esta infraestructura iba a ayudar al sector y, al final, le ha terminado perjudicando porque se ha eliminado un lugar rico de peces. “Si los pescadores lo hubiesen sabido no habrían querido ese puerto”, explica Barragán. Ahora la Diputación tiene un proyecto para mejorar ese estuario.
* El País - Pedro Espinosa - 1.6.14
Foto: Benalmádena vistas 1956 - 2006 - 20minutos
Venecia se ahoga con la corrupción en torno al proyecto que iba a salvarla del 'acqua alta'
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Ya sabemos que la corrupción urbanística no es única de España, aunque lo que llama la atención aquí es la impunidad en que se desenvuelve. En Italia es famoso el caso 'Tangentopoli' en los 90, que acabó con la antigua clase política. Ahora sale a la luz la enorme corrupción del proyecto 'Moisés' que permitiría dar un respiro al 'acqua alta' en la laguna veneciana. El propio alcalde de Venecia, junto a 34 altos cargos de la ciudad y la región de diferentes formaciones políticas, ha sido arrestado. Un suceso gravísimo, evidentemente, ya que se vuelve a hablar de una estructura mafiosa entre la casta política y el consorcio constructor de esta gran obra pública. A todos se les acusa de desvío de fondos en este superproyecto de esclusas móviles. Ya se verá al final si en Italia hay otra vara de medir judicial.
"ELCONFIDENCIAL* : Los flamencos han vuelto a Venecia. La noticia la daba el martes por la tarde el consorcio de empresas constructoras encargadas del proyecto Moisés, un sistema de diques móviles para proteger a esta ciudad patrimonio de la humanidad y a su laguna del acqua alta, las inundaciones que cada vez con mayor frecuencia e intensidad sufren los venecianos. El comunicado venía acompañado por unas imágenes en las que se veía a estas hermosas aves gozando en una marisma, mientras al fondo refulgía la torre del Campanile de la basílica de San Marcos.
Menos de doce horas después de que el consorcio Venezia Nuova diera la noticia, se sabía que los fotogénicos flamencos rosas no habían sido los únicos beneficiarios del proyecto Moisés antes incluso de que estuviera concluido. La Guardia de Finanzas, la policía financiera italiana, realizaba la pasada madrugada una gran operación en la que fueron detenidas 35 personas por ser supuestamente partícipes del sistema de corrupción surgido en torno a la gigantesca obra. El proyecto, completado en casi un 80%, cuesta más de 5.000 millones de euros y debería estar terminado antes de 2016.
Entre los detenidos está la cúpula del sistema político local y regional, sin distinciones políticas: hay dirigentes tanto del izquierdista Partido Democrático (PD), la formación del primer ministro, Matteo Renzi, como del derechista Forza Italia, la marca electoral de Silvio Berlusconi. Incluso está apresado un exgeneral de la Guardia de Finanzas, Vincenzo Spaciante, precisamente el cuerpo policial que llevaba tres años investigando el escándalo.
El alcalde de Venecia, un exministro…
Los detenidos más significativos son: el alcalde de Venecia, Giorgio Orsini, del PD, y Renato Chisso, miembro de FI y consejero de Transportes e Infraestructuras de la región del Veneto, cuya capital es Venecia. Se espera además la inmediata puesta a disposición judicial del diputado Giancarlo Galan, expresidente regional véneto y ministro de Agricultura durante el último Gobierno de Berlusconi. Los magistrados solicitaron al Parlamento la autorización para poder arrestarlo.
La mayoría de los sospechosos están acusados de corrupción, concusión, lavado de dinero negro y malversación de fondos públicos. “Cada uno de ellos, durante años, ha subordinado la función pública que debía tutelar a los intereses de un grupo económico criminal, logrando una serie impresionante de beneficios personales de todo tipo”, escribe el juez de instrucción preliminar que ordenó las detenciones. A los arrestados se les incautaron fondos y bienes por valor de 40 millones de euros. Según la Fiscalía, lo sucedido en Venecia es un caso similar a Tangentopoli, el escándalo de corrupción que acabó fulminando a los principales partidos políticos italianos en los años 90.
El paralelismo con aquel terremoto judicial y político, que dejó un vacío de poder aprovechado por Berlusconi, es muy acertado. Una parte de los 25 millones de euros que los acusados se habrían embolsado del consorcio constructor por medio de facturas falsas podría haber acabado en las cajas del PD y de FI. De hecho, el alcalde de Venecia sólo está acusado de financiación ilícita a su formación política por valor de 400.000 euros.
“Vemos implicados a exponentes políticos de primer plano”
Las cifras en torno a Galan son mucho más altas. El hombre de referencia del partido del líder derechista en la rica región del Véneto habría estado directamente a sueldo del consorcio. Según la acusación, recibió un millón de euros anuales desde 2005 hasta 2011. Además, le habría entregado otras cantidades adicionales y le habría pagado una reforma en su chalet valorada en 1,1 millones de euros. A cambio, aprobó normativas que beneficiaron a los constructores. También habría estado en nómina de Venezia Nuova un magistrado del Tribunal de Cuentas, quien recibió de 300.000 a 600.000 euros cada año. Tanto el exministro de Agricultura como el resto de sospechosos defendieron ayer su inocencia.
Roberto Papetti, director de Il Gazzettino, el principal diario veneciano, consideró “inquietante” que haya surgido este sistema de corrupción alrededor de una de las más grandes e innovadoras obras públicas del país. “La investigación muestra un cuadro preocupante porque vemos implicados a exponentes políticos de primer plano, como el exgobernador regional o el alcalde de Venecia, junto a financieros y a un general de la Guardia de finanzas”. Para Papetti resulta “desconcertante” que en Italia “no pueda hacerse ninguna gran obra pública sin que se registren episodios como este”.
Entre la cascada de reacciones que provocaron las detenciones por el escándalo del proyecto Moisés destacaron las que hizo el ministro del Interior, Angelino Alfano. Muestran a las claras cómo la corrupción se acepta como algo habitual e intrínseco del sistema y que lo único que importa para muchos es el poder. En lugar de denunciar el escándalo, Alfano subrayó que los partidos a los que pertenecen los detenidos “habían tenido el privilegio” de que la operación policial se realizara después de las elecciones.
“A otras fuerzas políticas no se les reservó el mismo privilegio a pocos días del voto”, se quejó, haciendo referencia al arresto en plena campaña de un dirigente de su formación, Nuevo Centroderecha, en la región sureña de Campania.
* El Confidencial - Darío Menor - 5.6.14
Foto: Varias personas caminan por las calles inundadas de Venecia tras unos días de fuertes lluvias en noviembre de 2012. (Reuters)
El Ministerio de Cultura desatiende el Patrimonio Mundial de la Unesco
No toda protección del Patrimonio histórico-artístico depende del capital invertido en él, pero una gran mayoría necesita como agua de lluvia unos recursos mínimos para su conservación y mantenimiento. Actualmente se ha reducido desde el 'popular' Ministerio de Cultura, con el incompetente ministro Wert al mando, un 76% de la inversión imprescindible en monumentos de primera línea, que están incluso en la lista del Patrimonio mundial de la Unesco. El disparate en esta cuestión es de inmensas proporciones ya que es mucho más sencilla la prevención y mantenimiento que no, luego, tener que acometer importantes obras de restauración. Esta es la verdadera 'Marca España' y todo lo que sea una reducción de las ayudas necesarias repercute negatívamente en esas obras arquitectónicas de primer orden, que son aplaudidas por todo el mundo... "Si las piedras hablaran".
"ELCONFIDENCIAL* : El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte mantiene la política de recorte sobre la conservación, protección y difusión de bienes declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, y así lo refleja el BOE: la inversión en esta partida que ayuda a las Administraciones locales y regionales en la preservación del legado reconocido por el organismo internacional ha caído hasta los 700.400 euros. En los últimos seis años la partida ha sido recortada un 76,6% (en 2008 se apoyaba con 3.000.0000 de euros), y desde 2012 un 65%, cuando se invirtieron 2.000.000 de euros.
Fuentes del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte reconocen la merma: "Naturalmente, en los últimos años ha sido necesaria hacer una disminución en los presupuestos destinados a patrimonio, pero se ha hecho disminuyendo la actividad en los aspectos menos importantes y manteniendo las necesidades básicas y las actuaciones urgentes". Es decir, se ha priorizado la urgencia sobre la prevención.
Añaden que los presupuestos destinados a la conservación son “mucho más amplios” que los recortados ahora. Efectivamente, las partidas en los Presupuestos Generales del Estado reflejan las inversiones de los departamentos que se encargan de estos asuntos y descubren la voluntad política sobre el patrimonio: si en 2010 se invirtieron 39.450.550 euros en la conservación y restauración de bienes culturales, cuatro años después se ha decidido dejarlo en 19.895.100 euros (de los cuales sólo 11 millones son inversiones reales), es decir, una dramática reducción del 49,5%.
Las rebajas se pagan
En la partida de la Protección del patrimonio histórico ocurre comprobamos la misma evolución: de los 11.529.880 a 4.874.470 euros, un 57,7% menos. Al compararlo con el resto de partidas presupuestarias bajo control de la Secretaría de Estado de Cultura, ninguna otra ha sufrido una rebaja tan acentuada y, según los especialistas de la conservación, “peligrosa”.
Jesús Serrano es Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales de 2013, galardón concedido por el Ministerio por la intervención que realizó, junto con Juan Carlos Pérez, en el Oratorio de San Felipe Neri, en Cádiz, es tajante al hacer balance de las ayudas a la conservación del patrimonio: “La situación es caótica. Es algo realmente lamentable. Con estas inversiones el patrimonio no está asegurado, porque sólo se invierte en caso de emergencia. Y cuando menos se invierte, más se destruye. Pero esto es muy difícil que lo entienda un político, porque son necios interesados sólo en inaugurar glorietas y polideportivos”, explica.
En la entrevista que el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, mantuvo con El Confidencial el pasado mes de abril, asegura que en 2015 el presupuesto de Cultura mejorará y con ello también la partida dedicada a patrimonio. “Creo que en estos dos años hemos sido capaces de salvaguardar la conservación de ese patrimonio y no se ve ni se ha visto amenazado”, añadió para despejar dudas.
"Con estos presupuestos no se puede asegurar el patrimonio”, habla Ana Laborde, miembro de la junta directiva del Grupo Español de Conservación, una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la protección del patrimonio. “La consecuencia de la retirada de apoyo del Estado supone un aumento del riesgo. Como las Administraciones locales dependen mucho de los recursos del Estado han dejado de invertir. Lo más grave es que cada vez se ponen en marcha menos proyectos de conservación preventiva, con lo que todo se deteriora más y recuperarlo será más caro”, sus palabras están avaladas por más de veinte años trabajando en el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Sin inauguración, no hay dinero
Sin embargo, desde el Ministerio de Cultura dan otra versión de los acontecimientos: “Hemos cambiado de estrategia de conservación, desarrollando aspectos como la conservación preventiva”. La intervención preventiva más conocida del momento es el estudio de las cuevas de Altamira.
Desde la cartera responsabilidad de José Ignacio Wert se indica a este periódico cuáles han sido las líneas de actuación en estos dos años, señalando la amenaza de la desaparición: “Nuestra prioridad ha sido mantener las instituciones culturales, cuya desaparición hubiera sido irreversible, y atender a las necesidades prioritarias”. En este sentido, continua la fuente del Ministerio, se ha hecho “una gran selección de las actuaciones, priorizando las necesidades más acuciantes”. Así que no queda muy claro si se invierte por urgencia o por prevención.
La presidenta de Hispania Nostra –organización que mantiene una lista roja sobre el patrimonio español en peligro– es Araceli Pereda, personalidad irremplazable en el desarrollo de la protección y conservación de los bienes de interés cultural de este país. Fue la directora de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, y reconoce que con más dinero no se asegura la protección, porque cree en “el poder de la inteligencia”, es decir, en la eficiencia de las inversiones.
“El patrimonio forma parte de nuestra vida y es como nosotros, si te cuidas es más probable que no tengas necesidad de cuidarte. Con una buena planificación haría falta menos dinero para conseguir buenos objetivos, pero ¿tenemos un plan de priorización de las actuaciones que deje claro qué es lo más importante?”, se pregunta la experta. Y desvela con crudeza el porqué de la ausencia de las intervenciones que previenen más que curan: “No se inauguran. El mantenimiento sostenido no luce, no sale, no tiene foto. Los políticos no se dan cuenta de la importancia del patrimonio”.
Demagogia, el peor enemigo
Para Pereda la mayor amenaza del patrimonio es la demagogia, porque si algo genera empleo todo vale, incluso la destrucción. Desde el paisaje a los monumentos. “Debemos mantener los presupuestos para evitar el peligro y buscar la participación social”. De nuevo, llegamos a la frustrada Ley de Mecenazgo. Las Administraciones se retiran del apoyo a la conservación dando a entender que es el turno de las empresas, pero los mecenas parecen necesitar incentivos fiscales para concienciarse.
Precisamente, otro agujero negro en la conservación es ese, la conciencia. La sociedad debe asumir la protección de su legado. De esta manera se reduce la voracidad del mercado y la complicidad política sobre los bienes, que ya se ha podido comprobar en las destrucciones de Canalejas y próximamente –y si nada lo evita- el edificio de España, ambos en Madrid.
Uno de los objetivos de la partida mermada por el Ministerio de Cultura drásticamente es, entre otros, “apoyar aquellos proyectos que ayudan a fomentar la función social del patrimonio cultural”, así como “impulsar la difusión y conocimiento de los bienes declarados Patrimonio Mundial de España y la Convención de Patrimonio Mundial”. No parece que la conciencia esté en la hoja de ruta de la estrategia del Ministerio.
A los especialistas les preocupa el mensaje que se manda desde Cultura: el recorte sobre las ayudas al patrimonio es la única salida. “Un recorte de este tipo añade más amenaza a la situación del patrimonio español. Es una situación insostenible”, cuenta Charo Fernández, miembro del Grupo Español de Conservación.
De restauradores a albañiles
La restauradora recuerda que con la eliminación de la “baja temeraria” de los concursos públicos de restauración, las empresas sin cualificación –las constructoras recicladas– han entrado con rebajas insostenibles y sin competencia. El peligro es absoluto. Ana Laborde avisa que para frenar esta deriva se debe reforzar la supervisión de la calidad de la ejecución de los concursos. “Hay cosas que no las puede hacer un albañil”, dice.
Fuentes del IPCE denuncian que el máximo organismo de protección de este país vive un momento muy complicado porque la plantilla se ha reducido mucho. La estructura y supervivencia de la institución está en entredicho, a pesar de lo que el Ministerio asegura a este periódico: "En el IPCE se han adoptado diez medidas para afrontar esta reducción presupuestaria, como el incremento de las actuaciones de oficio, las financiaciones por otras entidades, mientras se reducen las grandes intervenciones o las publicaciones en un 20%". De la reducción de plantilla no se apunta nada.
Justo esta mañana la institución presenta la creación del Observatorio para la investigación en conservación, para promover la “transferencia de los conocimiento” y los resultados de las investigaciones entre instituciones, investigadores, empresas y sociedad. Una iniciativa que podría ayudar a perfeccionar la gestión de los recursos, cada vez más escasos.
Para especialistas como Charo Fernández, el legado histórico y artístico español debería cuidarse como se mima en otros países el desarrollo tecnológico. “La explotación y conservación del patrimonio es una fuente de ingresos, peo sobre todo una obligación”. Parece indestructible, y no lo es. “El recorte de ayudas amplia el deterioro”.
Las comunidades autónomas tampoco recogen el testigo de la conciencia política para la defensa contra la ruina. En la Comunidad de Madrid el recorte ha sido también muy sonado: de 15.270.366 euros (inversión real de 7.536.706 euros), en 2012, a 9.698.126 euros (3.359.388 euros de inversión real), en 2014.
En las inversiones se incluye la dedicación a la obra eclesiástica y al consejo evangélico por valor de 1.801.269 euros para este año. Lo más llamativo es el gasto en “Promoción cultural” de esta Administración: 36.369.650 euros esta temporada destinados a fiestas y actividades. La voluntad política queda patente en el reparto de los recursos. El lamento de Fernández resume la desesperación ante esta falta de visión política: “No tenemos otro valor. Los alemanes tienen la industria del motor y nosotros nuestro patrimonio”.
* El Confidencial - Peio H. Riaño - 5.6.14
Foto: El acueducto de Segovia, pendiente de corregir las humedades del canal de plomo. (EFE)
Liberbank dilapidó 47 millones en una operación urbanística ruinosa en Asturias
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Empiezan a conocerse con detalle los delitos urbanísticos acaecidos en los años del 'boom inmobiliario' y del salvajismo territorial. Es por todos conocido que las Cajas de Ahorro (controladas políticamente) fueron las primeras financieras y donde recayeron la mayoría de proyectos faraónicos que se hicieron fraudulentamente aquellos días de dispendio. En Asturias era Cajastur (ahora Liberbank) una de las principales actoras y pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes. El año pasado la finca, conocida como La Talá, se traspasó a SAREB, el llamado banco malo, por un valor de casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes. Un negocio ruinoso y delictivo, evidentemente.
"ELCONFIDENCIAL* : La Policía sospecha que Cajastur, una de las 4 cajas de ahorros integradas en Liberbank, pagó en 2008 un precio muy superior al valor de mercado por unos terrenos de 28 hectáreas en Llanes por los que desembolsó 47,5 millones de euros pese a "la situación jurídica de los mismos", ya que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la localidad costera, que preveía la construcción de viviendas y equipamientos comerciales en esa parcela, había sido anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) antes de que se cerrase la operación de compraventa.
Tras la ruinosa operación, Cajastur transfirió el pasado año la finca, conocida como La Talá, a la Sociedad de Activos Procedentes de la Reestructuración Ordenada Bancaria (Sareb), el llamado banco malo, por un valor cercano a los 18 millones de euros. Es decir, casi 30 millones menos de los que la entidad ahora integrada en Liberbank había pagado cinco años antes.
Un informe de la Brigada de Delincuencia Económica de la Jefatura Superior de Asturias, al que ha tenido acceso El Confidencial, señala que "llama la atención" que Cajastur "adquiriera unos terrenos por ese precio teniendo en cuenta la situación jurídica de los mismos, con varias sentencias denegatorias del PGOU de Llanes y supeditadas a una decisión del Tribunal Supremo respecto de los recursos presentados, cabiendo la posibilidad de que los mismos [terrenos] finalmente no pudieran ser utilizados para la construcción de las viviendas y equipamientos proyectados", como, en efecto, así ocurrió.
El Ayuntamiento de Llanes, gobernado por el PSOE, recurrió en casación la sentencia del TSJA, pero el Tribunal Supremo tumbó definitivamente el plan urbanístico de La Talá el pasado mes de octubre. La sentencia del alto tribunal, contra la que no cabe recurso, sostiene que el plan parcial de La Talá, que preveía la construcción de más de 500 viviendas, no puede ser aprobado sin un PGOU que le dé cobertura jurídica; y el de Llanes fue anulado primero por el TSJA, en 2007, y más tarde por el propio Supremo, en 2011.
El informe de la Brigada de Delincuencia Económica fue entregado el pasado 22 de mayo al juez Ángel Sorando, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, que ordenó abrir una investigación contra el actual presidente de Liberbank, Manuel Menéndez, y el ex director general de Cajastur, Felipe Fernández, por un presunto delito societario y otro de falsedad documental. Las diligencias judiciales se incoaron a raíz de la denuncia presentada por la Corriente Sindical de Izquierdas (CSI), que acusa a ambos directivos de haber amparado la operación urbanística de La Talá a sabiendas de que la recuperación de la inversión era inviable.
Préstamo hipotecario
La promotora Nozar Masaveu compró los terrenos en octubre de 2007 por 35 millones de euros al empresario asturiano Juan Antonio Pérez-Simón, que los había adquirido una década antes por 500 millones de pesetas (tres millones de euros). La compra de la finca se financió con un préstamo hipotecario de 28 millones formalizado con Cajastur. Apenas 11 meses más tarde, en septiembre de 2008, Cajastur pagó al grupo Nozar Masaveu, gravemente afectado por la crisis inmobiliaria, 47,5 millones de euros por una parcela sin apenas valor.
Según la denuncia formulada por la CSI, la dirección de Cajastur -encabezada entonces por Menéndez y Fernández- "quebrantó todos los controles de riesgo y su proceder incurrió, como poco, en delito societario y falsedad documental, al adquirir un bien de escaso valor para favorecer a un holding empresarial [Nozar Masaveu] que se encontraba prácticamente en quiebra". El juez Sorando envió el pasado 1 de abril una copia de la denuncia a la Policía "a fin de que practique diligencias para el esclarecimiento de los hechos".
El informe policial, que ha sido también remitido a la Fiscalía, asegura que "lo lógico habría sido la adquisición a la baja, es decir, protegiendo el importe total del crédito hipotecario suscrito con Nozar Masaveu, que ascendía, según informe de riesgos de la propia Cajastur, a la cantidad de 28 millones de euros, y no al alza, pagando más que lo que la mercantil les debía por unos terrenos sujetos a controversia jurídica, con el riesgo que ello conlleva".
* El Confidencial - José L. Lobo - 5.6.14
Foto: Llanes (Asturias), urbanización La Talá - elcomerciodigital.com
Más de 3,4 millones de viviendas vacías en España... pero “hay que seguir construyendo”
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¡Más madera! parecen seguir pidiendo los mismos causantes del 'boom inmobiliario' que fue detonante de la crisis/estafa de los años pasados. Como si no se hubiera aprendido nada de esos errores ahora vuelven a la carga con las mismas falsas promesas y probablemente idéntica corrupción. El congreso ‘Solidaridad urbana’ celebrado en Bilbao ha profundizado en la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual, que suponen una paradoja frente a los más de 3,4 millones de inmuebles vacíos en España (otras fuentes mejor informadas llegan hasta los 5,5 millones). Hay una alarma por parte del poder central, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo, quizás para seguir enriqueciéndose personalmente y camuflar su pésima gestión urbanística, industrial o agrícola.
"ELDIARIO* : En 2013 existía en Euskadi un total de 91.008 viviendas vacías, de la cuales un 8,7% correspondía al parque inmobiliario, según señalan las últimas estadísticas elaboradas por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco. Las viviendas deshabitadas en la CAV crecieron entre 2011 y 2013, y en el total del Estado suman los 3.443.365, un hecho que choca frontalmente con la realidad de los desahucios y las necesidades de alojamiento actual.
Ambas cuestiones, vinculadas a las políticas de vivienda y un mejor aprovechamiento de los recursos, han sido discutidas esta semana en Bilbao dentro del congreso ‘Solidaridad Urbana. Derecho al Alimento y a una Vivienda Digna’, organizado por el grupo Ekiten-Thinking de la UPV, en el que se han planteado soluciones alternativas para una gestión pública que debe garantizar un bien de primera necesidad como es el derecho humano al hogar.
Para ello, el congreso ha contado con la intervención del jurista Juli Ponce de la Universidad de Barcelona quien ha incidido en que “el problema no está en la vivienda vacía, sino en que no hay vivienda asequible”. “Como estamos viendo estos años, el mercado produce externalidades y mucho sufrimiento que con una buena regulación de los desahucios y condiciones hipotecarias y una buena regulación de la actuación contra la vivienda vacía, como hacen los países de nuestro entorno, supone una vía razonable de actuar”, anunciaba. Y es que en Francia e Italia ya existen modelos fiscales que establecen medidas para la limitación del derecho a la propiedad y medidas de incentivación de la puesta del mercado en la vivienda vacía. “Porque contrariamente a lo que se piensa, aclara Ponce, el propietario no puede hacer lo que quiera con su propiedad”. “La vivienda asequible es un servicio de interés general, un servicio público”, sostenía.
En su intervención, el jurista recordaba que la vivienda está directamente vinculada con la ciudad y, por lo tanto, con el urbanismo. “En Cataluña el derecho a la vivienda se ha enmarcado dentro de un servicio de interés general”, ejemplificaba como se ha hecho también en otros países de la UE. Sin embargo, “pocas declaraciones de la vivienda como servicio de interés general, es decir público, he visto en España, creo que ninguna”, decía Ponce. Entre las medidas que actualmente están impulsándose en Tarrasa como posible solución al problema de los inmuebles vacíos, el jurista destacaba que “es posible sancionar con multas dinerarias, que en el caso del derecho a la vivienda están en 900.000 euros en Cataluña, o no dinerarias”. En este sentido, “Cataluña prevé otras sanciones que consisten en no poder inscribirse en determinados registros o no tener acceso a financiación pública”, explicaba. “Se puede expropiar y se puede llegar a perseguir penalmente como reconoce la doctrina penalista”, indicaba Ponce, quien instaba a declarar “la idea de que alguien está incumpliendo la función social de la propiedad públicamente” como un modo de desincentivo ensayado en otros países europeos.
700.000 viviendas deshabitadas en Andalucía
Por su parte, la consejera de Fomento de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, escenificaba la situación que se vive en su comunidad autónoma, que con ocho millones de habitantes “casi como un país”, el 35% de desempleo y 700.000 viviendas deshabitadas necesita nuevas políticas que contribuyan “a un cambio radical” en este sector. Para ello, Cortés ha explicado el plan que desde su consejería intenta cambiar lo que ella ha valorado como “las dos caras de una misma moneda: la burbuja de las viviendas y la burbuja de las infraestructuras innecesarias”. “Algo que hemos vivido prácticamente desde que estamos en democracia, aunque mucho más acelerado desde hace 20 años con el asalto al territorio, que tiene que ver con la alianza del bipartidismo con el capitalismo inmobiliario español”, aseguraba. En este sentido, Cortés defendía la vivienda como un derecho humano. “No es una mercancía; para especular uno puede comprar un lingote de oro pero no una vivienda, la vivienda es un bien de primera necesidad y un derecho humano. Por eso, la política de vivienda no es sectorial, es urbana”, argumentaba.
En palabras de la consejera, ”entregar la vivienda al mercado ha hecho que la función social de la vivienda no exista o se cuestione”. En Andalucía cuentan con 108.000 personas inscritas en los registros oficiales como demandantes de viviendas, algo que frente a las 700.000 viviendas desocupadas parece sencillo resolver, pero no lo es tanto, puesto que el 60% de los demandantes cobra menos de un IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) y la Junta no tiene constancia de la ubicación y situación de dichos inmuebles. “Es absolutamente increíble que un poder público que se supone que tiene que garantizar el acceso al derecho humano a la vivienda desconozca por qué no se dotó de herramientas necesarias para saber la ubicación y situación de las mismas”. Además, pese a su abultada población, en Andalucía solo existen 80.000 viviendas de parque público, “que es como si la ciudad de Granada fuera parque público”, compara Cortés que suma también a la complejidad de la situación “el drama de la infravivienda”.
Ante esta situación, la consejería de Fomento lanzó un plan para identificar las viviendas sin uso por más de seis meses y sancionar al propietario en caso de que no se pusieran en alquiler. Asimismo, las entidades financieras que se han quedado con VPO tenían la obligación de comunicarlo y ponerlas a disposición del registro de los demandantes de hogar. Sin embargo, el presidente del Gobierno, arguyendo que esto último provocaría un caos financiero, presentó un recurso ante el TC, que por el momento ha suspendido cautelarmente la ley. De modo que la Junta de Andalucía trata ahora de conseguir que no se construyan más viviendas, “salvo que esté acreditado en la orden de planes municipales”, porque según los últimos estudios, la comunidad cuenta con suelo y vivienda ya construida como para 75 años. Sin embargo, “hay una alarma por parte del poder central, señala Cortés, y es que, pese a no tener necesidad, dicen que hay que seguir construyendo”.
Críticas a la cultura de la propiedad
En la misma ponencia, la activista antidesahucios Ada Colau culpaba a los expertos de viviendas de “usar un lenguaje que el ciudadano no entiende”. “Se puede ser riguroso y compresible porque la lucha por los derechos es una lucha por definir la realidad”, reclamaba. Colau también condenaba la negación de la burbuja inmobiliaria por parte de los gobiernos que califica como una “estafa”. “Y no solo eso, indicaba la activista, nos hemos encontrado también con una recomendación a la población de que lo mejor que podía hacer era comprarse una vivienda porque era la mejor de las inversiones, la acción más segura y más prudente que podía hacer un ciudadano de este país”. Así criticaba Colau que se dijera que “la cultura de la propiedad la llevábamos en la sangre”. Una culpa también, en su opinión, de los medios de comunicación que reproducían ese mensaje. Sin embargo, “cuando nada invitaba, la ciudadanía se anticipó, denunció esa burbuja inmobiliaria y gracias a esto pudo también anticipar el estallido”, señaló Colau. “Y todo ello sin recursos, sin medios de comunicación, sin gabinetes económicos ni juristas, solo con el sentido común de la ciudadanía que hasta hoy sigue liberando la respuesta más efectiva”, sentenciaba.
* EL Diario - Laura Murillo Rubio - 1.6.2014
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
El TSJCV tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón por la anulación del Plan General
El Plan Mestrets era y es importante para el futuro de Castellón, pero las chapuzas delictivas que han ido sucediéndose desde 2003 con su desarrollo han terminado por hacerlo inviable en estas condiciones. La lucha vecinal ha acabado venciendo contra el PAI. El Ayuntamiento y la Generalitat infringieron "el principio de equidistribución de beneficios y cargas", según sentencia judicial de 2008, luego revocada por otra contraria del Supremo en 2012. Ahora, finalmente, el TSJCV lo vuelve a rechazar al considerar que el Plan General municipal donde pretende integrarse está anulado también. Como se ve una serie infinita de despropósitos y corruptelas que vienen de la etapa en que A.Fabra, ahora presidente de la Comunidad Valenciana, era alcalde de Castellón, lo que da más relevancia al problema.
"RADIOCASTELLÓN* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano tumba de nuevo el PAI Mestrets de Castellón al considerar que la actuación no puede incluirse en el Plan General de Ordenación Urbana porque está anulado. Los vecinos afectados aplauden la decisión judicial tras once años de litigio y esperan que el proceso no se dilate más.
El Ayuntamiento de Castellón anunció en 2003 uno de los proyectos más ambiciosos de la ciudad: el Programa de Actuación Integrada Mestrets. En él se preveía construir el Centro de Convenciones de Santiago Calatrava, el edificio del rectorado de la VIU, el polideportivo Chencho y la Ronda de Circunvalación, además de 6.000 viviendas, la mitad de ellas, públicas. Se trataba de buena parte de los compromisos electorales del PP, algunos de los cuales, con la crisis, han quedado en el cajón.
Para llevar a cabo la actuación debían derribarse unas cuarenta viviendas y algunos de los vecinos decidieron recurrir a los tribunales. El TSJ valenciano les dio la razón al considerar que se repercutían en el PAI proyectos generales y dotaciones públicas de toda la ciudad, es decir, que las cargas urbanísticas a Els Mestrets eran excesivas. La decisión fue recurrida al Tribunal Supremo por la Generalitat, el ayuntamiento y una asociación vecinal. El alto tribunal anuló la sentencia y ordenó reiniciar el proceso de nuevo en el TSJ. De allí es de donde viene ahora la sentencia a la que ha tenido acceso Radio Castellón.
La sala de lo contencioso-administrativo estima la demanda de los vecinos afectados, por lo que anula la resolución de 2005 en la que se modificaba el Plan General de Ordenación Urbana para incluir el PAI. Y es que, según recuerda la sentencia, el PGOU de Castellón está anulado, por lo que, asegura, "sobre lo inexistente no pueden realizarse modificaciones". Ahora, la Generalitat y el Ayuntamiento de Castellón podrán recurrir el fallo del juez.
La portavoz de la Asociación Mestrets-Borriolenc, Ángela Salax, ha mostrado su satisfacción por la sentencia, que llega tras una larga batalla en los tribunales. "Es tarde porque llevamos once años con peleas judiciales, estas cosas se deberían resolver antes porque por el camino siempre hay gente que enferma y que lo pasa muy mal", ha lamentado Salax. Sin embargo, el final del proceso se antoja aún largo. Y es que los tribunales aún tienen que resolver la propia aprobación del PAI, que se aborda por separado.
REACCIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO
El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón, Miguel Ángel Mulet, ha mostrado prudencia sobre la sentencia del TSJ que invalida el PAI Mestrets, pero ha señalado que cree que no afectará al urbanismo de la ciudad. Pese a ello, Mulet ha declarado que el equipo de Gobierno local no tomará ninguna decisión hasta tener los informes de los técnicos municipales.
* Radio Castellón - 28.5.14
Foto: Castelló, protesta vecinal PAI Mestrets - levante-emv.com
Otra edil de Santiago dimite y se suma a sus siete compañeros condenados
Galicia se ha convertido en uno de los principales focos de corrupción urbanística en el país. La trama mafiosa Pokémon, todavía no finalizada, se ha llevado por delante a numerosos miembros del PP gallego, muy cercanos al propio presidente de la Xunta, Feijóo, como estos concejales del Ayuntamiento de Santiago que tomaron la decisión de pagar con dinero público la defensa del entonces concejal A.Varela, imputado también en Pokémon. Este fallo judicial cae sobre mojado ya que el gobierno del PP en Santiago, durante tres años de mandato, ya ha perdido a su anterior alcalde, G.Conde Roa y a otros concejales por graves delitos de corrupción. Mientras tanto no se entiende que el propio Feijóo permanezca al margen judicial de toda esta trama mafiosa y no haya sido ya imputado.
"ELPAÍS* : Un mero acto administrativo derivado de los múltiples sumarios en que está inmerso —la decisión de pagar con dinero público la defensa del entonces concejal Adrián Varela, imputado en la trama Pokémon— ha hecho saltar por los aires al gobierno municipal de Santiago. Toda la Junta de Gobierno del PP, los siete ediles que ratificaron esa decisión el 30 de mayo de 2013, dimitieron a media tarde de ayer solo unas horas después de recibir una condena de inhabilitación para ejercer cargo público durante nueve años.
Este mediodía otra concejala popular, imputada en el caso Pokémon pero no condenada aún en ninguna causa, se unió a las renuncias de sus compañeros. La marcha de Rebeca Domínguez, responsable de Xuventude e Normalización Lingüística, complica todavía más la recomposición del gobierno local al elevar a nueve las vacantes, una cifra en la que se incluyen los siete miembros del ejecutivo dimitidos ayer y Adrián Varela, que entregó el acta la semana pasada al acumular su segunda imputación judicial. El alcalde, Ángel Currás, ya ha anunciado esta mañana que tendrá que recurrir a concejales no electos.
Los siete ediles condenados por prevaricación anunciaron hoy que recurrirán la sentencia. Admitieron que su dimisión, que hicieron pública ayer a las ocho de la tarde tras una reunión con el secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, les fue impuesta "por imperativo legal". El juez sustituto Jesús Leal, que está al frente del Juzgado de lo Penal número 1 de Santiago, ha impuesto a los siete concejales la pena que reclamaba la fiscalía y les considera culpables de haber dictado una resolución arbitraria a sabiendas cuando decidieron cargar a las arcas municipales la minuta del abogado de su compañero siguiendo a pies juntillas la petición del concejal afectado. El alcalde de la ciudad, Ángel Currás, que siempre ha defendido la inocencia de sus compañeros, a los que acompañó en el pesado trámite del banquillo, que duró casi seis horas el pasado 19 de mayo, aseguró tras conocer el fallo que lo iba a estudiar y anticipó una solución “en cuestión de horas”. El presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien también ha respaldado a sus ediles en la capital gallega, se encontraba de visita institucional en Japón.
En las últimas semanas había cundido el pesimismo en el partido y entre el círculo más próximo al presidente Feijóo. Incluso la teniente alcalde, Reyes Leis, la única edil que empezó la legislatura y no está imputada por un juez, admitió que se ultimaba un plan B por si la sentencia salía cruz. El fallo de ayer es el último revés judicial que sufre el gobierno del PP en Santiago, que durante tres años de mandato ya había perdido a su anterior alcalde, Gerardo Conde Roa, condenado por fraude fiscal y a los concejales Albino Vázquez Aldrey y Adrián Varela, acusados de graves delitos de corrupción en la trama Pokémon, igual que el anterior jefe de gabinete de la alcaldía, Ángel Espadas, encarcelado durante un mes por este mismo caso y actualmente en libertad condicional.
Precisamente el sumario Pokémon, que instruye la juez de Lugo Pilar de Lara e indaga sobre el presunto amaño de contratos en distintas instituciones, está en el origen de la inhabilitación de la Junta de Gobierno de Santiago. La defensa de los ediles alegó en el juicio celebrado hace unas semanas que todos actuaron siguiendo los informes del secretario municipal cuando aprobaron —tal y como les había llegado la propuesta del entonces edil Adrián Varela— que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los honorarios de su letrado, el exjuez decano de Santiago Javier Míguez Poza. Y defendió también que el acuerdo municipal adoptado aquel 30 de mayo de 2013 no conllevaba gasto alguno para el presupuesto público sino que requería de otro acto posterior para autorizar el pago de la minuta.
La fiscal del caso, Arancha Sanjosé, alegó justo lo contrario: que el gobierno local sabía, porque así constaba en el informe técnico del secretario municipal y asesor jurídico, que la defensa del edil solo podía costearse con dinero público cuando se diesen los supuestos establecidos en su día por el Tribunal Supremo. Es decir, que el imputado resultase absuelto, que la inculpación tuviese su origen en una actuación administrativa o de otra índole en el cumplimiento de sus funciones como edil y que dicha intervención no implicase desviación de poder. En su durísima sentencia, el juez concluye que “los acusados fueron plenamente conscientes del contenido de dicho informe [del secretario] y sabedores de que en las circunstancias de su compañero municipal y miembro de su propio partido no concurrían los requisitos informados por la asesoría jurídica, pues conocían perfectamente que Adrián Varela estaba imputado por varios delitos de corrupción en el marco de unas diligencias penales abiertas en su contra”.
La sentencia desacredita la declaración de varios de los concejales en el juicio, donde alegaron que desconocían o sabían vagamente por la prensa los delitos que se le atribuían a su compañero de Corporación. “Estas declaraciones son fácilmente refutables y poco creíbles”, según el juez, “primero, por la contradicción que existe entre los propios acusados, algunos de los cuales manifestaron que sí tenían conocimiento de esta circunstancia y, segundo, porque es un hecho fácilmente verificable en las hemerotecas”. En el relato de hechos probados, el fallo sostiene que los ediles “acordaron comprometer al presupuesto municipal el pago de una representación letrada, sobre la defensa de un concejal imputado por actividades presuntamente delictivas en contra del propio ente administrativo”. Y recuerda que en la designación del letrado de Varela nunca intervino la corporación local sino que fue una elección personal del edil imputado.
El juez también sostiene que la propuesta aprobada con carácter urgente solo un par de horas después de que entrase por registro la petición del concejal imputado “estableció un vínculo obligacional entre el Ayuntamiento y el abogado designado para la representación del concejal”. “De dicho vínculo se podría reclamar en un futuro la cantidad objeto de la correspondiente minuta que emitiese el letrado”, concluye el juez. La sentencia desbarata además la estrategia de la defensa de los ediles, que subrayó que la moción aprobada incluía una coletilla que, según los ediles, condicionaba el pago de los honorarios del abogado a un informe posterior del interventor municipal. La defensa se basaba en la frase que figura en el acta del acuerdo: “Sin perjuicio de la posterior fiscalización que se derive de las minutas correspondientes”. Pero el fallo sostiene que dicha frase pivota sobre “un punto incierto y escasamente probable y que entra dentro de lo aleatorio y lo casual”. Y añade: “Adoptar un acuerdo donde con carácter previo y en su origen se advierten evidentes, patentes, flagrantes y clamorosos vestigios de ilegalidad, no justifica cualquier otra circunstancia o eventualidad colateral. Esta posterior fiscalización que se podría derivar de las minutas correspondientes es una circunstancia futura y contingente que en modo alguno afecta a la legalidad del acuerdo adoptado”.
* El País - JOSÉ PRECEDO / SONIA VIZOSO - 3.6.14
Foto: Los concejales de la Junta de Gobierno, durante el juicio / ÓSCAR CORRAL
Condenado a un año de prisión el alcalde de Tolox por delito urbanístico
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"SER* : La sentencia condena a otras nueve personas a seis meses de prisión, también por delito urbanístico y obliga a demoler cuatro viviendas que fueron construidas en suelo no urbanizable con licencia para almacén de aperos. En cuatro de los siete hechos juzgados se trata de construcciones en parcelas que el mismo alcalde, Juan Vera (CA), había vendido a clientes extranjeros, firmado la licencia para almacén de aperos y, en algunos supuestos, abierto expediente administrativo por infracción urbanística.
Condenado a un año de cárcel al alcalde de Tolox, Juan Vera, de Convergencia Andaluza, por un delito contra la ordenación del territorio tras solicitar licencia para construir en una parcela de su propiedad en suelo no urbanizable.
La fiscalía había solicitado para el primer edil una condena de doce años de prisión al considerar que se sirvió de su cargo público para conceder siete licencias urbanísticas irregulares, cuatro de ellas, a clientes que compraron una parcela en terrenos de su propiedad.
Una condena menor pues, teniendo en cuenta que en el fallo el tribunal señala que es sospechosa la coincidencia entre la venta de las fincas por parte de Juan Vera, la construcción en las mismas y la firma de la licencias por parte del primer edil aunque, eso sí, señala, para un almacén de aperos, pese a todo, dice el tribunal, no hay pruebas. También exonera de responsabilidad al alcalde porque, en algunos casos, abrió expediente administrativo contra las licencias irregulares, eso sí, hasta cuatro años tardó en enviar a los técnicos municipales y ello cuando el proceso judicial ya estaba iniciado.
La sentencia también condena a otras 9 personas a seis meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
Sobre Juan Vera pesan, a día de hoy, condenas que superan los siete años y medio de prisión por distintos delitos relacionados con el urbanismo. Ninguna de esas sentencias es firme aún.
* Cadena Ser - IGNACIO SAN MARTÍN - 21-05-2014
Foto: Tolox (Málaga) - laopiniondemalaga.es
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