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La mayoría del urbanismo salvaje que ha ocurrido en toda la costa española se ha debido a unos Planes Generales municipales desfasados y que no han sido actualizados a su debido tiempo. Eso ha traído como consecuencia que muchas actuaciones urbanísticas, aparentemente legales, sean un abuso del territorio propias de épocas 'desarrollistas' absolutamente fuera de lugar en una época como la actual. Es lo que ha ocurrido en Peñíscola (Castellón), donde todavía siguen con un Plan General urbanístico de 1997 que, lamentablemente, ha permitido cientos de actuaciones 'ilegales' hoy día, que han arrasado con su paisaje de postal y de espacios protegidos. Disparatado asunto donde ha primado la especulación inmobiliaria antes que las necesidades reales de la población, el enriquecimiento ilícito privado antes que el beneficio público de sus habitantes.
"LEVANTE* : El pueblo de miles de casitas, hoteles y apartamentos. Peñíscola ha pasado en medio siglo de ser un pequeño pueblo pesquero y agrícola protegido por unas murallas, a convertirse en el quinto destino turístico de la Comunidad Valenciana. Desde que su imponente castillo dentro del mar se hiciera famoso gracias a algunas promociones publicitarias de los pioneros del urbanismo como la Inmobiliaria Mir, los proyectos urbanísticos no han parado, como los campings, hoteles, clubes náuticos o piscinas nacidos a partir de los años 60 del pasado siglo.
Julián Mir tenía una inmobiliaria en la calle Alcalá de Madrid, cerca del teatro Alcázar. Conoció Peñíscola, se enamoró de ella y buscó inversores para sus proyectos. Su idea era ordenar y urbanizar 4,5 millones de metros cuadrados en una franja de 12 kilómetros de fachada que ocupaba todo el tramo litoral desde la Ratlla de Benicarló, hasta Irta y Alcossebre. Hoy buena parte de esta zona está protegida como Parque Natural. En sus carteles publicitarios se vendía Peñíscola como el Capri español, donde encontrarían paz, sosiego, quietud y calma, además de tesoros de arte, historia y folclore.
La superproducción cinematográfica «El Cid» hizo el resto al proyectar la silueta y la excepcional belleza de Peñíscola al mundo. A partir de aquella época nace el desarrollismo de Peñíscola y el PGOU de 1977, que entró en vigor un año antes de que se aprobara la propia Constitución democrática española. De aquellos años datan la construcción de miles de viviendas en terrenos de Irta, que hoy estarían protegidos, y la construcción en el entorno del marjal peñiscolano y primera línea de mar.
Es imposible determinar donde acaba Benicarló y comienza Peñíscola. Estas conurbaciones se evitan hoy, al igual que la ocupación de las primeras líneas de costa. Se protegen las vistas al castillo o se evita la ocupación de núcleos aislados a partir de urbanizaciones o la presión sobre zonas húmedas, mientra que el actual PGOU de la localidad preveía calles sobre la zona húmeda.
Más de 60.000 plazas turísticas
Para bien o para mal, Peñíscola tiene a día de hoy unos 8.200 habitantes y 66.000 plazas turísticas, aunque en verano los habitantes reales pueden estar entre los 150.000 y 200.000. Peñíscola trata desde las indicaciones recibidas en el año 2000 de actualizar al nuevo marco legal su planeamiento.
El Documento de Referencia recientemente enviado por la Conselleria de Infraestructuras critica que «el PGOU vigente asume acríticamente las determinaciones del Plan General de 1960, orientado por postulados claramente desarrollistas y absolutamente insensibles con la caracterización ambiental del soporte territorial». La misiva de la Dirección General de Evaluación Ambiental insta al consistorio a corregir y mejorar estas cuestiones, incorporando un proceso de evaluación ambiental, un estudio de vivienda, analizar la capacidad de acogida del suelo que queda por desarrollar y no ocupar ni un metro más de suelo necesario.
El texto es muy contundente y le insta incluso a desclasificar suelo donde sea posible en las inmediaciones de zonas protegidas como Irta. La conselleria no ve sostenible un planeamiento que pasa de los 10 millones de metros cuadrados urbanizables a 23, a pesar que reduzca el suelo urbano en 1,4 millones de metros cuadrados.
El nuevo PGOU, que se está desarrollando desde 2000, dotaría a Peñíscola de 40.361 vecinos de forma permanente y a la localidad con 152.450 plazas, lo que la dejaría con una capacidad de 192.811. La nueva sensibilidad ambiental de las administraciones parece dispuesta, en Peñíscola, a atajar nuevos desarrollos aislados en les Talaies d'Alcalà, los PAI Alt del Fardatxo y Peñíscola Hills y a cargarse propuestas de golf-residencial que ocupan grandes extensiones. El urbanismo y las sentencias judiciales están lastrando las arcas municipales.
* Levante - JORDI MAURA - 21.1.14
Foto: Peñíscola (Castelló), avance ladrillo - levante
Peñíscola basa su política urbanística en una norma aprobada en 1977
La Junta de Castilla-La Mancha promociona un campo de golf declarado ilegal por la propia Junta
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De nuevo el absurdo y el surrealismo interesado en el campo del urbanismo. En Castilla-La Mancha lleva funcionando años un complejo con campo de golf que tiene 2 (dos) declaraciones de impacto ambiental negativas. El notición ha surgido en la feria de Fitur cuando la propia Junta promocionaba este campo de golf ilegal, situado en Torrenueva (Ciudad Real), con el lema: "Un entorno para soñar golpes perfectos". Es decir: para 'pelotazos' perfectos, ya que el citado complejo es un claro abuso urbanístico; pero la caradura política 'popular' lo vende de cara al turismo engañado. Habría que anotar aquí un doble delito de la Junta de la presidenta Cospedal y esperar que la politizada justicia (¿justicia?) tome cartas en el asunto.
"ELDIARIO* : Un año más hemos visto cómo en Fitur, políticos e instituciones se afanan por vender al público las excelencias turísticas de sus respectivos territorios. La intención de llevarse tajada del pastel turístico, uno de los pocos sectores que se han mantenido a flote en el temporal de la crisis, hace que las administraciones se desvivan por renovar su imagen para hacer más atractiva la oferta. Este es el caso de Castilla-La Mancha, que aprovechando la llegada de la feria, ha estrenado estos días su nueva página web de turismo, para mostrar al mundo los lugares y las tradiciones más significativas de la región. En este escaparate virtual, la Junta de Comunidades ha incluido entre las razones para visitar la provincia de Ciudad Real, el complejo de 'La Caminera Golf'.
Con el sugerente titular 'Un entorno para soñar golpes perfectos', la web presenta este campo de 18 hoyos, que cuenta con dos declaraciones de impacto ambiental negativas y que se encuentra en este momento en medio de proceso judicial por la negativa de sus promotores a acatar las resoluciones de la propia Consejería de Agricultura.
“Nos parece increíble que se promocione una instalación que la propia administración ha declarado ilegal”, aseguran desde la delegación ciudadrealeña de Ecologistas en Acción, organización que denunció por la vía penal a los promotores del campo de golf, en un proceso que se encuentra en estos momentos abierto en el Juzgado nº 2 de Valdepeñas.
Cansados de ver “la impunidad” del promotor, que desde febrero de 2007 ha hecho caso omiso a las resoluciones de la Consejería y a las denuncias de la Conferencia Hidrográfica del Guadiana para acabar con la extracción de agua de pozos ilegales, Ecologistas en Acción se decidió a iniciar la vía judicial para que este campo de golf, ubicado en una zona ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) cumpla con las exigencias de la administración y restablezca el estado original de los terrenos.
La historia de un despropósito
La historia de este despropósito comienza en diciembre de 2005, cuando Promociones Sagemar S.A. presenta el proyecto de construcción de un hotel balneario de cinco estrellas en el término municipal de Torrenueva. La Dirección General de Evaluación Ambiental realiza la pertinente Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que para esta edificación resultó positiva, aunque en la misma se excluye expresamente las obras del campo de golf, que según indican en la resolución (publicada en Diario Oficial de Castilla-La Mancha 24 de enero de 2007) se habían comenzado a construir sin los permisos oportunos.
Poco después de la publicación de esta resolución, los promotores presentan el proyecto específico de este campo de golf que ocupa más de 40 hectáreas entre Torrenueva y Torre de Juan Abad. En este caso la DIA (publicada en DOCM 13 de febrero de 2008) dictamina que “el proyecto es ambientalmente inviable” y “se insta a la restauración de la totalidad de los terrenos afectados por las obras del campo de golf”.
Lejos de acatar esta primera resolución, el promotor presenta un “nuevo” proyecto para obtener el informe positivo, manteniendo la base del anterior aunque bautizándolo como “sostenible”. A pesar de esta nomenclatura, en octubre de 2009 recibe una nueva DIA negativa (DOCM 16 de enero de 2009) en la que se sentencia igualmente que el promotor debe restablecer los terrenos.
Las razones esgrimidas por la Dirección General de Evaluación Ambiental para negar el permiso pertinente a este campo de golf es su impacto negativo sobre el hábitat de varias especies de aves amenazadas, entre ellas el águila imperial (especie en peligro de extinción).
Además, en las declaraciones ambientales se apunta a los perjuicios en matería hídrológica que este complejo golfístico podría tener en la zona, pues tendría que utilizar para el riego, buena parte del agua de la depuradora de Torrenueva, dedicada a recuperar el caudal del río Jabalón, que transcurre por la zona. Una situación a la que se suman las sanciones por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadiana por extraer agua de cinco pozos, sobre los que existe un obligación de clausura de los mismo en una resolución fechada en febrero de 2010.
Con el proceso judicial ya en marcha, el promotor del campo de golf presentó por tercera vez (en septiembre de 2012) una nueva solicitud para que la Administración evalúe otra vez el impacto ambiental y poder así legalizar su situación. Un intento que, según los ecologistas, responde a la intención de tener “mayor receptividad” por parte del nuevo Gobierno regional.
“Este campo de golf lleva siete años funcionando de forma absolutamente ilegal”, denuncian desde Ecologistas en Acción, un tiempo en el que, según la organización ha contado con la “complicidad” de la Junta, que ha permitido con su dejación que este promotor actúe con impunidad. Esta presunta complicidad se transforma ahora en colaboración activa, con la inclusión de este complejo como uno de los atractivos turísticos de la región.
* El Diario - Ramón Ruiz Ruiz - El Crisol de Ciudad Real - 27.1.14
Foto: Torrenueva (Ciudad Real), anuncio golf ilegal - eldiario
La Vila Joiosa.- El Supremo anula el Plan de Montesol al no contar con la aprobación de la CHJ
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Siguen cayendo uno tras otro los recientes Planes urbanísticos aprobados en la Comunidad Valenciana. En este caso se trata de un PAI en La Vila Joiosa (Alicante), municipio que ha tenido gobiernos 'populares' con una notable falta de escrúpulos a la hora del desarrollar su territorio, como demuestra este nuevo varapalo de la justicia. En 2007 la politizada Comisión de Urbanismo provincial aprobó también el proyecto, con la negativa del representante ministerial de Medio Ambiente al contemplar que no poseía el preceptivo informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. Aun así siguieron adelante ilegalmente con el Plan hasta que la justicia actuó en contra, afortunadamente para este nuevo caso de corrupción urbanística.
"INFORMACIÓN* : Los famosos planes parciales que pretendían multiplicar la población de La Vila Joiosa parecen seguir sin la misma suerte que auguraban sus ideólogos cuando se comenzaron a proyectar en 1999, fecha en la que se aprobó un PGOU que 15 años después sigue trayendo cola. El nuevo caso tiene que ver con una sentencia en firme del Tribunal Supremo que anula el plan parcial del sector PP-37 «Montesol 2», ya que, entre otras cosas, considera que se aprobó sin disponer de un informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), en el que se expusiera que existían los suficientes recursos hídricos para su desarrollo.
Este fallo, fechado en septiembre de 2013, viene motivado por un recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra una sentencia, del 11 de junio de 2010, que dictó el Tribunal Superior de Justicia Valenciano. En ella se declaraba la inadmisibilidad de un recurso contencioso-administrativo también presentado por el Estado, con el que se trataba de frenar un acuerdo de 2007 de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante para aprobar dicho PAI, que había tenido el voto en contra del representante del Ministerio de Medio Ambiente.
Según se puede extraer de esta sentencia, en este acuerdo se hacía referencia a que, para su aprobación, no era necesario un informe de la Conferencia Hidrográfica del Júcar (CHJ) mientras se tuviera uno de la entidad concesionaria del servicio del agua, en ese momento Aquagest (que se mantiene actualmente con otra denominación social), que sí justificaba la existencia de recurso hídricos.
Por otro lado, en este misma documento del Supremo, se indica que la Confederación, en su momento, remitió un escrito al Ayuntamiento de La Vila en el que ponía de manifiesto que habiendo sido requerida por ellos para emitir un informe sobre el plan parcial, la documentación que se le aportó desde el consistorio era insuficiente. El propio representante del Medio Ambiente llegó a expresar que «parece que el Ayuntamiento está más interesado en promover desarrollos urbanísticos que en regularizar sus derechos sobre uso de aguas públicas».
La importancia de contar o no con el informe de la CHJ que autorizara esta obra ha sido uno de los puntos claves de este caso que, desde 2008, lleva peleando la Abogacía del Estado. Al final, ha conseguido que el Supremo sí lo considere «preceptivo». No obstante, el camino para llegar hasta aquí ha tenido ciertos baches. Y es que en 2010, el TSJ, echó para atrás su primer recurso interpuesto, al ir contra una actividad administrativa no susceptible de impugnación, debido a que se trataba de «un acto de mero trámite». Ante el Supremo, la parte demandante ha defendido que el PAI es válido desde que se aprueba definitivamente, «por lo que es impugnable aunque no se haya publicado». Finalmente, el tribunal da por bueno el recurso de casación y declara nulo el acuerdo del 3 de diciembre de 2007.
En relación a estos hechos, el concejal de Urbanismo de La Vila Joiosa, Jerónimo Lloret, restó importancia a esta sentencia asegurando que el PAI de Montesol 2 lleva bastante tiempo abandonado por la empresa que lo había de explotar. «Lo bueno de ese plan parcial era que allí se podían construir viviendas unifamiliares, un tipo de inmueble del que carece La Vila», señaló. Fuentes del PSOE local señalaron que esta decisión del Supremo no es más que otro ejemplo «del tipo de urbanismo que nos ha llevado al fracaso. De 36 PAI's que se proyectaron, sólo el 15% se han ejecutado. La Vila, gracias a esto, es un verdadero desierto», subrayan.
* Información - S. ILLESCAS - 1.2.14
Foto: La Vila Joiosa (Alicante), - diarioinformacion.com
Aranjuez planea un complejo hípico y hotelero en terrenos protegidos
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La Comunidad de Madrid ataca de nuevo con otro proyecto urbanístico ilegal. Esta vez es en la protegida vega de Aranjuez donde, con el beneplácito del ayuntamiento 'popular', pretende levantar un gran complejo hípico y hotelero que de llevarse a cabo afectaría a una zona de ribera única con espectaculares especies botánicas y de fauna. El plan ya ha sido aprobado por la Comunidad a la espera de detalles en el estudio de impacto ambiental pero, afortunadamente, hay organizaciones y colectivos que lo han denunciado a tiempo. Ya veremos si la justicia actúa también con rapidez para detener este nuevo proyecto urbanístico especulador.
"ELPAÍS* : La Comunidad de Madrid proyecta construir un gran complejo hípico y hotelero en una parte de la finca llamada Dehesa de Sotomayor, situada en la vega del río Tajo, en Aranjuez. La alternativa en estudio ocupará unas 150 hectáreas de las 635 totales de la parcela. Los terrenos son Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC) y están incluidos en la Red Natura 2000. Además, aparecen en el ordenamiento urbano del municipio como no urbanizables de protección y espacio de interés forestal y paisajístico.
La iniciativa, para la que el Gobierno regional ha emitido un informe de viabilidad urbanística favorable, se encuentra en una primera fase en la que se están estudiando las alegaciones presentadas al estudio de impacto ambiental. “Se pretende transformar esta impresionante vega en la que existen endemismos botánicos y aves como el búho real o el halcón peregrino, a un lugar en el que se prevé un tráfico de 3.000 vehículos en días de eventos”, denuncia Raúl Urquiaga del colectivo ecologista Grama (Grupo de Acción para el Medio Ambiente).
Desde la Consejería de Medio Ambiente y el Ayuntamiento de Aranjuez, gobernado por el PP, recuerdan que se crearán puestos de trabajo y se recuperará la tradición hípica del entorno. “Sería más rentable si se utilizaran para proyectos agroecológicos”, puntualiza Urquiaga. La finca cuenta con endemismos botánicos tan curiosos como el pitano, un arbusto que en todo el mundo solo crece en esta finca y en Granada.
El proyecto lleva años gestándose. La explotación de la parcela, propiedad de la Comunidad de Madrid, recae desde marzo de 2011 y por 30 años en el grupo empresarial Ocio Sotomayor, el único que se presentó a la licitación pública. La sociedad se comprometió a realizar una inversión de 15 millones en el complejo, que incluye la rehabilitación de la Casa de la Monta, construida por Carlos III y que albergaba las antiguas caballerizas de la Real Yeguada de Aranjuez. A cambio, la Administración pública recibe un canon anual de 30.000 euros.
La actuación se encuentra en la primera de las tres fases en las que está previsto que se ejecute. La alternativa por la que se decanta el estudio de impacto ambiental incluye varias pistas de competición y entrenamiento, graderíos, cuadras para 1.050 caballos, centro veterinario, 28.600 metros cuadrados de aparcamientos, entre otras instalaciones. El complejo hotelero estará compuesto por 96 cabañas (28 tipo suite), edificio de recepción, restaurante, gimnasio, piscinas, pistas de tenis, campos de fútbol, jardines y viveros. En total, la superficie edificada abarca 38 hectáreas.
El grupo municipal socialista advierte de que el impacto en los momentos de máxima afluencia será como el de una ciudad de 2.000 habitantes. Advierten, al mismo tiempo, de que la profunda transformación del paisaje obliga a someter el proyecto a la evaluación del Ministerio de Cultura y de la UNESCO, para no poner en peligro la actual catalogación de Aranjuez como Paisaje Cultural Patrimonio Mundial. Sobre todo inciden en las “enormes dimensiones del hipódromo” (con graderío ocupa 119.913 metros cuadrados), y en su “nefasta situación, enfrente de los cortados fluviales, únicos en la región por su orientación y vistas al Tajo”. La Consejería de Medio Ambiente estudiará las alegaciones interpuestas y decidirá si incorpora alguna al proyecto. A continuación, redactará la Declaración de Impacto Ambiental en la que se tendrá que decidir si su voto es favorable o no al macrocomplejo.
"Quiero morirme en mi casa"
“Yo lo que quiero es morirme, en mi casa, donde llevo más de 50 años”, así de drástico se muestra Luis Olmo, vecino de los 32 inmuebles que se construyeron en la finca Dehesa Sotomayor en el año 1960. Las viviendas son de renta antigua y el proyecto prevé que sus inquilinos las tengan que abandonar. Luis abona 35 euros mensuales por su casa de unos 90 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. De momento, nadie se ha puesto en contacto de forma oficial con ningún vecino y solo conocen el proyecto “de oídas”.
Las casas, en buen estado de conservación, son de fachada de ladrillo y tejado de pizarra. Están situadas en un pinar a pocos metros de la Casa de la Monta, una edificación de una planta con una superficie construida de 5.382 metros cuadrados. La mandó edificar Carlos III en 1761, para albergar las antiguas caballerizas de la Real Yeguada de Aranjuez. En la décadas de los cincuenta y sesenta tuvo un uso limitado por haber desaparecido la yeguada.
Posteriormente se destinó al Ejército del Arma de Caballería hasta que se abandonó. Ahora se piensa rehabilitar para usarlo como centro docente, de eventos culturales, alojamiento hotelero y restaurante. Sus desvanes albergan, al menos desde 1977, colonias reproductoras de murciélagos. Algunas en claro retroceso como las de murciélago ratonero grande. En 1988 se censaron 2.716 individuos, que en 2012 se habían reducido a 246 ejemplares.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 26.1.14
Foto: Aranjuez (Madrid), proyecto ilegal en la Vega - elpais
Urbanismo y crisis social
El urbanismo en España ha sido claramente autoritario hasta el día de hoy, herencia todavía de la dictadura, a pesar de un cierto movimiento democrático intentado en los años 80's del pasado siglo. Las diferentes leyes y su aplicación práctica no han resuelto este importante asunto que en otros países, con una democracia más asentada, ha tenido mayor repercusión. Aquí, además, ha chocado contra el muro conservador de una justicia que, en complicidad con el poder político-financiero, no se ha movido un ápice para permitir una mayor participación de los ciudadanos en los problemas de la Ordenación del Territorio. Este panorama desolador de años anteriores parece que ha empezado a quebrarse tras la creciente indignación ciudadana, a la vista de los últimos acontecimientos públicos.
"JOAN OLMOS* : Ya no es posible desligar el buen urbanismo, incluso el denominado urbanismo ecológico, del urbanismo social. Es decir, no basta con que las propuestas para la ciudad eliminen los excesos, apuesten por medidas de respeto al medio ambiente, reduzcan los impactos e incorporen los avances en movilidad, energía o residuos. Es preciso, además, que se atengan a criterios de justicia social, de fomento de la cohesión, de avances sustanciales en materia de vivienda pública; de luchar, en definitiva, contra la desigualdad. Resulta imprescindible, al mismo tiempo, que los procesos participativos superen el estrecho marco legal, para dar paso a una cooperación ciudadana proactiva, desde el inicio, y no simplemente limitada al refrendo o al rechazo.
En 2005 se produjo en Francia una revuelta urbana que afectó a numerosas ciudades en sus zonas más frágiles, barrios generalmente periféricos y con graves problemas sociales, agudizados por la crisis económica. La torpeza de la reacción gubernamental (con un Sarkozy provocador en su papel de ministro del interior) no hizo sino agravar la tensión. El sociólogo de origen argelino Ahmed ben Naoum, preguntado entonces por una vía de solución (EL PAÍS, 10/11/2005), respondía así: “No hay fórmulas mágicas, pero seguro que la solución no pasa por el autoritarismo que promueve el Gobierno. Pero le diré una que no pasa por el terreno educativo ni familiar, sino por el urbanismo. Hay que eliminar los guetos y hacerlo sin complejos (…) los guetos solo desaparecen de una manera: fundiéndolos con la ciudad.”
La Red Europea de Barrios en Crisis (experiencia seleccionada en el catálogo de buenas prácticas de 1996) reconocía diferentes tipologías - barrios antiguos del centro, suburbios, barrios obreros, torres de pisos...- y no necesariamente áreas de inmigrantes o áreas monofuncionales sin actividad económica, pero sí con problemas similares –desempleo, fracaso escolar, drogadicción…- que las diferencian del resto de la ciudad.
En Madrid, a principios del presente siglo, una fuerte crisis sacudió la Cañada Real Galiana, el mayor poblado chabolista (40.000 habitantes) de Europa, oculto hasta entonces debajo de la alfombra. Los primeros intentos de desalojo a la fuerza por parte de las autoridades hicieron recular a éstas y dieron paso finalmente a una propuesta para “legalizar” en parte la ocupación -más de 14 kilómetros- de esta antigua vía pecuaria.
Nuestra escasa cultura democrática en materia de participación ha proporcionado pocos episodios modélicos en la renovación de la ciudad.
En una escala madrileña más urbana, recordemos un proyecto supuestamente ilustrado para el eje Prado-Recoletos que fue duramente contestado, marcado por la rocambolesca amenaza de la baronesa Thyssen de atarse a un árbol frente a su museo. En Barcelona, el proyecto oficial de remodelación de la Plaza de Lesseps, en el barrio de Gracia, fue objeto de una fuerte contestación, que obligó al Ayuntamiento a reconsiderar su propuesta y admitir la intervención de los vecinos. En el caso más reciente del proyecto para rediseñar la Diagonal, con un falseado proceso de participación, el fiasco del ayuntamiento fue mayor ante las críticas que le llovieron de todas partes.
En Valencia, si repasamos el catálogo de conflictos urbanos de los últimos años, proyectos ejecutados o frustrados (con El Cabanyal de manera destacada) casi siempre se han venido saldando con decisiones autoritarias, porque algunos gobiernos toman el poder cuando ganan las elecciones como si la ciudad pasara a conformar su particular patrimonio, o el orden público solo tuviera su personal visión. Mientras los ruinosos eventos han dejado un panorama desolador, algunos modestos avances en barrios han ido más de la mano de las iniciativas ciudadanas que de la voluntad del gobierno local, véase el caso de Benimaclet con sus huertos urbanos, una propuesta desde la base, o del nuevo Russafa, en donde la administración hubo de paralizar un aparcamiento en el jardín de la plaza de Manuel Granero o reconocer la necesidad de construir un centro escolar. La reurbanización del barrio, sin embargo, con más sombras que luces, se ha llevado a cabo de manera nada participativa.
Son, en definitiva, algunas muestras de lo que ocurre cuando se trata de imponer soluciones urbanas sin el mínimo contacto con la realidad social.
Como “en España siempre acabamos discutiendo sobre lo accesorio y tendemos a obviar lo fundamental “ (Elvira Lindo) tan solo unos pocos han querido ver más allá de la remodelación de una calle en el conflicto de Burgos, que por cierto proporcionaba aceras más anchas, reducción del tráfico, más espacio verde, un camino para las bicicletas... El sorprendente estallido radica no solo en la falta de participación, o en las deficiencias del barrio de Gamonal, su escala de prioridades, sino que se mezcla con el autoritarismo municipal, la corrupción y el caciquismo que controla obras y medios de comunicación.
En Valencia, la vitalidad e iniciativa que muestran diferentes colectivos sociales, no se corresponde con un discurso urbano verdaderamente innovador por parte de los grupos políticos. La desabrida celebración del 25 aniversario del Plan General ofrece pocos síntomas de renovación oficial para el devenir de esta ciudad estancada. Hay quien confía casi todo a un cambio del gobierno en 2015, pero mucho me temo que las transformaciones que se necesitan son mucho más profundas, afectan a la cultura de lo común, a ese imaginario que se escapa entre nuestros dedos a marchas forzadas, a la necesidad de crear nuevos sistemas de participación y de gobierno urbano.
* Joan Olmos es ingeniero de Caminos
* El País - Opinión - 27.1.14
Foto: Valencia, asamblea indignados - reuters
Cómo y por qué nos estalló la burbuja inmobiliaria
Análisis certero sobre este tema que ha sido la causa principal de la mayor crisis-estafa ocurrida en este país desde hace bastantes décadas. Una desastrosa reforma de la legislación urbanística amparada por el Tribunal Constitucional concedió a los promotores inmobiliarios un papel tan determinante como nocivo en la economía. El entramado del promotor se sustentaba en la connivencia entre el poder financiero, fundamentalmente las cajas de ahorro, y la clase política. España paga desde hace seis años las consecuencias de una burbuja económica cimentada sobre un cambio legal que propició la especulación urbanística en connivencia con los poderes políticos y económicos locales. El cómo surgió y por qué nos estalló lo explica el economista Luis Garicano en este texto, extracto de su libro "El dilema de España".
"LUIS GARICANO* : 1 - El desenfreno urbanístico: una historia legal
Para entender el enorme desenfreno bajo el que funciona el urbanismo español es necesario comprender el desarrollo legislativo que ha permitido esa disipación. La mayor parte de los especialistas en la materia sitúan el origen de la descentralización del urbanismo en una ley de Aznar de 1998. La realidad es otra. El origen del caos parte (como en muchos otros temas, incluyendo el caos autonómico y la irreformable universidad) de una desafortunada sentencia del Tribunal Constitucional.
El urbanismo español estaba históricamente basado en una ley del 12 de mayo de 1956 que era en esencia una transposición de la ley de Mussolini promulgó para Italia en 1942. Diferenciaba tres tipos de suelo: urbano, urbanizable y rústico. Un aspecto importante de la ley era que las expropiaciones debían pagarse al precio que se esperaba que tuviera el suelo cuando estuviera urbanizado, lo cual resultaba muy caro para los Gobiernos y explica la falta de infraestructura pública durante los años del desarrollo.
En 1975 se reforma la ley en dos direcciones: se elimina el derecho a construir en suelo rústico y se cede a los ayuntamientos el 10 por ciento del terreno de un nuevo polígono. Esto hace que los ayuntamientos incentiven la construcción de polígonos. Más tarde, en 1990, se vuelve a reformar la ley y se incrementa la parte de los ayuntamientos hasta un 15 por ciento.
Pero el cambio drástico se produce con la legislación de 1994 de la Comunidad Valenciana, el kilómetro cero de los mayores desmanes urbanístico-financieros españoles. Esta ley introduce dos figuras novedosas en nuestro ordenamiento. La primera de ellas es el convenio urbanístico, que permite al propietario, tras un acuerdo con el ayuntamiento, hacer lo que desee con el suelo. El agente urbanizador es la segunda de estas figuras. Es un promotor que propone un plan de desarrollo del terreno de un tercero. Ofrece una parte al ayuntamiento, otra se la queda él y la tercera se la da al propietario. El ayuntamiento puede legalmente ofrecer un justiprecio al propietario y obligarle a aceptarlo. En ambos casos, si el ayuntamiento aprueba el plan, el proyecto no está sujeto a las clasificaciones previas del terreno.
Esta ley supone una descentralización sin precedentes del proceso de urbanismo y da una responsabilidad enorme a los ayuntamientos. Pone la primera piedra para que los promotores capturen (¡voluntariamente!) a los alcaldes y a los presidentes de las comunidades autónomas. La Administración central del Estado puso un recurso de inconstitucionalidad. Pero éste fue rechazado por el Tribunal Constitucional en 1997 con el argumento de que la Constitución otorga las competencias de derecho urbanístico a las autonomías.
La famosa ley del suelo de 1998 no es la causa de desastre, como muchos piensan, sino un intento de constitucionalizar la legislación anterior (el texto refundido de 1990), tratando de liberalizar la oferta de suelo y de crear un marco libre para evitar la arbitrariedad de los ayuntamientos. El Tribunal Constitucional tumbó de nuevo esta ley en 2001, con el resultado de que, en la práctica, cada comunidad autónoma puede hacer lo que quiera.
Tras estos cambios en el marco legal, un promotor podía hacerse rico desarrollando suelo que nunca antes había estado en el mercado, sólo con conseguir la aprobación del alcalde. Además, como la municipalidad también recibía altas compensaciones en metálico, el desarrollo urbanístico se convirtió en una importante fuente de financiación para las autoridades locales, que podían así expandir sus programas sociales.
2 - Las cajas como financiadoras de la burbuja
Para los individuos con buenas conexiones, el camino hacia la riqueza estaba despejado; sólo les hacía falta conseguir una fuente de financiación. Las cajas de ahorros, con una mezcla de gestión politizada y de simple ignorancia, jugaron un papel fundamental a la hora de proveer esa financiación.
Durante la primera década de este siglo el sistema financiero español se repartía en dos partes más o menos iguales entre las cajas y los bancos. Las cajas, originalmente creadas para prestar servicios bancarios locales para la población de clase media y obrera, por tradición ignorada por los bancos tradicionales, tenían una fuerte base territorial y una actitud conservadora.
Dos aspectos clave de su regulación cambiaron con la llegada de la democracia. En primer lugar, en 1985 su control fue transferido a las regiones, lo que abrió la puerta para su "captura" por parte de los políticos locales. En segundo lugar, recibieron autorización del legislador para expandirse territorialmente fuera de su área provincial original de actividad. Como resultado, las cajas comenzaron una diversificación geográfica imparable y el número de sucursales se disparó. El 1 de enero de 2008, España contaba con cerca de 25.000 sucursales de cajas, una por cada 1.800 habitantes.
En esta carrera por el crecimiento, las cajas empezaron a canalizar préstamos a los promotores inmobiliarios de manera indiscriminada. Entre 1995 y 2005, los préstamos para la construcción y el desarrollo inmobiliario pasaron del 8 por ciento al 29 por ciento del PIB, y los préstamos a hogares para la adquisición de la vivienda crecieron del 17 por ciento del PIB al 49 por ciento. Este auge de los préstamos fue acompañado por el mismo efecto en la construcción. El número de viviendas construidas, siempre al alza, pasó de 150.000 en 1995 a 600.000 en 2007. Los precios también aumentaron rápidamente: según datos del Ministerio de Vivienda español, entre 1998 y el pico del boom de 2008, los precios nominales de la vivienda se incrementaron en un 175 por ciento, en comparación con un aumento del 61,5 por ciento en el IPC.
Como el crecimiento de los depósitos no era suficiente para hacer frente al auge de los préstamos, las cajas recurrieron a la financiación mayorista. Y dado que los préstamos estaban denominados en euros y en contra de garantías físicas (activos inmobiliarios), las instituciones internacionales no tuvieron ningún reparo en prestar lo necesario.
Desgraciadamente, el enorme crecimiento del sector de las cajas no fue acompañado de mejoras en su gobernanza. Las cajas no tenían accionistas; se regían por un consejo gobernado por normas autonómicas y elegido por los Gobiernos locales, los empleados y los clientes regionales y locales. Mediante sistemáticas modificaciones de la legislación autonómica, sufrieron en muchos casos un verdadero asalto a sus órganos de dirección por parte del poder político, que procedió a nombrar gestores, en ocasiones de bajísima formación financiera y empresarial, y a utilizar las cajas como bancos regionales de financiación de proyectos. Unos proyectos que, en no pocos casos, carecían de rentabilidad económica, como aeropuertos sin aviones, grandes y vacíos, parques temáticos o grandiosas ciudades de las artes, la justicia o la cultura (?)
3 - Intereses, no ideología
Es tentador, y quizás reconfortante, pensar que lo que presenciamos en España fue simplemente una combinación de errores de los poderes públicos y mucha mala suerte. Y sí, es cierto que hubo coincidencias negativas importantes en el germen del desastre. Pero también existen multitud de anécdotas que evidencian que no fue ésta la razón principal del desarrollo de una burbuja tan descomunal. Los poderes públicos buscaban en muchos casos su interés personal, incluso desarrollando proyectos que no tenían ningún sentido. Hemos visto muchas veces cómo el partido que gobierna defiende un proyecto insensato, y la oposición lo denuncia y se opone con dureza. En el momento en que el partido opositor consigue el poder, la situación cambia repentina y radicalmente: el que era la oposición se convierte en un defensor acérrimo del proyecto loco y el que estaba en el Gobierno, el pasar al otro lado, de repente ve la luz y lo rechaza.
Un ejemplo clásico al respecto es la construcción de la faraónica Ciudad de la Cultura de Galicia (...) Es inevitable concluir que, en muchos casos, a lo largo y ancho de nuestra geografía los partidos no defienden ideas sino que se comportan como intermediarios entre intereses económicos más o menos confesables (...)
4 - Crecimiento sin conocimientos: consecuencias de la burbuja
La consecuencia del mecanismo diabólico que unía a los poderes locales, promotores y cajas fue que España tuvo los años más fáciles de su historia. Años en los que no era necesario estudiar, trabajar duro o innovar para hacerse rico. Sólo hacía falta tener un amigo en la Administración adecuada, es decir, tener un buen "enchufe".
La burbuja sumergió a España en una confortante pero engañosa neblina de éxito que ocultaba la realidad del país. A medida que los precios subían, el riesgo percibido por bancos y cajas y por los reguladores disminuía. Las familias, que solían vivir en viviendas de su propiedad y que invertían la mayor parte de su riqueza en bienes inmobiliarios, también se sentían más ricas. El resultado es que, al final de este período, España se encontró con un fuerte aumento de precios en el sector inmobiliario, uno de los niveles más alto de deuda privada en el mundo desarrollado (que se calcula en términos brutos en el 300 por ciento del PIB) y un enorme número de viviendas sin vender construidas entre 1995 y 2007.
Esta burbuja inmobiliaria tiene ahora consecuencias negativas para el crecimiento. Primero, porque, como en los países que descubren petróleo u otros recursos, los Gobiernos se embarcan en fastuosas inversiones y gastos improductivos (la Ciudad de la Cultura, por ejemplo) que tienen consecuencias sobre el gasto futuro y, por tanto, requieren de mayores impuestos. En el caso de España, el AVE, la mayor parte de cuyas vías es fuertemente deficitaria y lo será para siempre (como ha argumentado Germán Bel en España, capital París), es un caso obvio, pero existen muchos otros, particularmente en la cartera de prestaciones sanitarias.
Segundo, porque la deuda en sí misma reduce el crecimiento. La razón es que incluso los proyectos de inversión que generan beneficios pueden tener problemas para conseguir capital si los financiadores temen que la inversión vaya a pagar las deudas previas. Es por eso que existe la bancarrota: alguien muy endeudado no puede salir del agujero porque ningún acreedor nuevo goza de protección contra los deudores pasados.
Además, en lo concerniente a nuestro país hay dos mecanismos adicionales por los que la burbuja tiene un impacto negativo sobre el crecimiento que requieren de una atención especial. Primero, España ha sufrido una variante de la "enfermedad holandesa". Esta expresión se refiere a los países que descubren repentinamente recursos naturales y que generalmente sufren como consecuencia de ello un fuerte deterioro de sus industrias exportadoras. Como en la España del Siglo de Oro, la repentina riqueza lleva a una fuerte subida de los precios de los productos no comerciales y causa un movimiento de los recursos desde los sectores comerciales y exportables hacia los no comerciales. Durante el Siglo de Oro España vio la destrucción de gran parte de su capacidad productiva. Los españoles, sobre todo los castellanos, se dedicaban a ser soldados o curas, mientras la construcción de palacios, iglesias y catedrales consumía una gran parte del ahorro del país.
El ladrillo no ha durado un siglo, sino sólo una década. Las catedrales de la España del nuevo milenio han sido los huertos solares, los estadios deportivos, los conciertos y festivales gratuitos en cada ciudad y en cada pueblo, las actividades de afirmación regional o provincial. Las tareas en las que los españoles han tenido éxito no son exportables (con contadas excepciones), sino que van ligadas al consumo interno.
La segunda consecuencia de la burbuja en España que requiere especial atención es su impacto sobre las instituciones y sobre las élites que nos gobiernan. Los incentivos y la selección que se produjo en el boom fueron nefastos. Los políticos desmontaron sistemáticamente todas las instituciones independientes para ponerlas a su servicio. Por poner un ejemplo, el orgulloso e independiente Banco de España tuvo durante los años del descontrol financiero de la burbuja dos gobernadores sucesivos que eran políticos de carrera (uno de cada signo) y que no tenían ningún conocimiento de las que iban a ser sus dos funciones principales: la política monetaria y la supervisión bancaria. Lo mismo ha sucedido con el Tribunal Constitucional, hasta el punto de que es ahora presidido por un juez que es militante de un partido político. Una vez desmontadas las instituciones, puede llevar décadas reconstruir su independencia y su capacidad de análisis (...)
* Faro de Vigo - Opinión - 26.1.14
Foto: España en obras - google
El Consell gasta 22 millones en equipar el aeropuerto de Castellón
El aeropuerto sin uso de Castellón se merece una película de tipo 'berlanguiano', porque el surrealismo 'interesado' aparece por todas partes. Desde los inicios del corrupto condenado (mínima condena) presidente de la Diputación C.Fabra, hasta la actuación ilegal partidista del Gobierno de la Comunidad Valenciana. A pesar del gran dineral público dilapidado por unos políticos mafiosos, la justicia hasta el día de hoy no ha imputado a todos los responsables de tamaño despropósito que ha sido portada de todos los medios y, por tanto, no ha dictado una sentencia condenatoria como claman la enorme mayoría de ciudadanos. Reír del absurdo, por no llorar.
"ELPAÍS* : La empresa pública Aeropuerto de Castellón (Aerocas), de titularidad casi exclusiva del Gobierno valenciano, ha gastado 22 millones de euros en diversos contratos para equipar la torre de control, la central eléctrica y para sistemas de seguridad aeroportuaria. Los gastos ascienden a medio millón de euros más al contar otros contratos como los de limpieza y para la construcción de un stand en Fitur para el año 2007. Así consta en una respuesta parlamentaria dada a Compromís y que refleja nuevos costes de la instalación de Vilanova d’Alcolea, más allá de su construcción.
El Gobierno valenciano ha acabado pagando los 120 millones de una infraestructura pensada para ser sufragada por la iniciativa privada. A ello se suman otros 50 millones en sobrecostes y obras anexas como, por ejemplo, el desvío de la torre eléctrica. El desembolso también ha sido millonario en otras partidas como los informes de asesoramiento (16 millones) y de patrocinio deportivo. En este último caso destacan los veinte millones de patrocinios para el Villarreal CF, así como el millón de euros para patrocinar al equipo de motociclismo de Alex Debón en el mundial de 2011. El aeropuerto también patrocinó durante años al CD Castellón.
Junto a lo gastado ya, el Consell desembolsará otros 25 millones para la empresa encargada de gestionar la instalación. Otro gasto que no estaba previsto cuando se proyectó el aeropuerto. Está previsto que a finales de este mes el Consell adjudique el contrato. Las dos empresas que compiten son SNC-Lavalin Aéroports y el grupo formado por Marina d’Or, Airvata, Inmaquip Europa y Gesnaer Consulting.
* El País - LORENA ORTEGA - 22.1.14
Foto: Castellón, bendición aeropuerto con Fabra y Camps - aerocas
La resaca del ladrillo arruina Miño con deudas urbanísticas por 30 millones
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El pueblo coruñés de Miño es conocido sobre todo por su estupenda playa en la ría, y esa ha sido también su desgracia en el boom inmobiliario de hace pocos años, ya que las monstruosas urbanizaciones ilegales arruinaron gran parte de su paisaje idílico. Muchos propietarios fueron expropiados hace 11 años por el gobierno municipal para permitir esas construcciones, luego declaradas ilegales, y todavía no han recibido las cantidades adeudadas. Numerosas sentencias judiciales contrarias han caído sobre los promotores sin escrúpulos y el propio el ayuntamiento delincuente que las autorizó. Actualmente la situación es dantesca ya que la costa ha sido destrozada, pero no hay visos de una solución rápida.
"ELPAÍS* : El bum del ladrillo y las descomunales macrourbanizaciones arruinan la pequeña localidad costera de Miño, a 20 minutos en coche de A Coruña. Este ayuntamiento gobernado por el PP desde hace décadas debe 30,5 millones de euros por condenas judiciales a consecuencia de una mala tramitación de expropiaciones de terrenos para albergar promociones inmobiliarias a gran escala, como la descomunal e inacabada Costa Miño Golf (1.217 viviendas y parcelas) de Martinsa-Fadesa, o el proyecto de 750 viviendas que pretendían erigir en el monte Piñeiro cinco promotoras. Una factura millonaria que representa seis veces el presupuesto anual de este municipio de apenas 5.700 habitantes. Y puede dispararse en otros 75 millones de euros por reclamaciones de daños y perjuicios de las empresas afectadas.
La estrategia del alcalde, Jesús Veiga Sabín, intenta ganar tiempo recurriendo invariablemente las sentencias contra el ayuntamiento que sucesivamente emitió el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Pero ya van más de 11 años de entuertos, litigios, impagos y condenas judiciales que abocan a un callejón sin salida y la ruina económica de esta localidad. Su deuda municipal, unos cuatro millones de euros, va camino de ser tan grande como su presupuesto anual (4,9 millones en 2013, prorrogado este año).
El último varapalo llegó la semana pasada, cuando el Ayuntamiento confirmó que decayó, por incumplirse los plazos, el convenio urbanístico para construir 750 viviendas en el monte Piñeiro, un enclave privilegiado con vistas al mar y gran valor ecológico al incluir una marisma y humedales. El proyecto fue ideado y pactado antes de la crisis, en 2006, cuando Miño ya llevaba cuatro años enfrascado en una de las promociones más grandes de Galicia, la de Costa Miño Golf de Martinsa-Fadesa.
Pero en el monte Piñeiro, las cinco promotoras (una UTE compuesta por Constantino Núñez, Odegal y Lucus Urban así como las empresas Promociones Areal y Vallehermoso) recurrieron en los tribunales el sistema de expropiación y ganaron el litigio frente al Ayuntamiento, que fue condenado a devolver los tres millones de euros que cobró en 2006 como canon por ese aprovechamiento urbanístico que nunca se llegó a realizar y a pagar 1,5 millones en intereses. Hace un año, en un intento de resucitar el proyecto y pagar a plazos esa deuda que ponía en quiebra las maltrechas arcas municipales, el Ayuntamiento renegoció y firmó con las constructoras un nuevo convenio por el que se comprometía a tramitar en un año la aprobación definitiva de esta macrourbanización y su proyecto de parcelación.
Debiera estar todo listo antes de la entrada en vigor, el próximo 24 de febrero, del Plan de Ordenación del Litoral que acota, y bastante, la edificación en el monte Piñeiro al calificarlo de área de mejora ambiental. Pero transcurrió el año sin que ese convenio fuese al pleno y ahora la nueva norma obligaría a redimensionar el proyecto, dado que ya no se podrá construir cerca de la marisma. Además, alerta el PSOE local, único partido en la oposición (seis ediles frente a siete del PP), la resolución del convenio da la posibilidad a las promotores de reclamar perjuicios al Ayuntamiento, unos 20,8 millones de euros según cálculos de las empresas.
“Se está repitiendo el caso de Fadesa”, acusa el portavoz socialista, Manuel Vázquez Faraldo: “el gobierno local expropia terrenos para un negocio privado, con una tramitación turbia y problemas judiciales, hasta la entrada en concurso de empresas implicadas”, como ocurrió con una filial de la UTE promotora de la urbanización del monte Piñeiro. En 55 millones de euros cifró Martinsa-Fadesa la indemnización que podría reclamar a Miño, después de la sentencia del Tribunal Superior, en noviembre pasado, que anula el proceso de adjudicación de la urbanización Costa Miño Golf. Una condena que ha sido recurrida ante el Supremo, pero que también amenaza con llevar a la ruina total al Ayuntamiento. Y sigue sin pagar los 26 millones por las expropiaciones de esa promoción.
Sin visos de cobrar
Expropiados por la fuerza hace ya 11 años por su Ayuntamiento, los 400 exdueños de parcelas que hoy albergan la macrourbanización Costa Miño Golf siguen sin cobrar. Ni hay visos de que vean a corto plazo un euro de la millonaria factura, cifrada en más de 21 millones por el Tribunal Superior de Xustiza, el pasado junio. El Ayuntamiento también recurrió ese fallo que, entre duras críticas por su “funcionamiento anormal” al tramitar esa descomunal promoción privada, le condenó a hacerse responsable del pago del justiprecio de las expropiaciones realizadas en su día para Martinsa-Fadesa.
En solitario, sin conseguir siquiera entablar diálogo con el gobierno local, los expropiados lograron, en una batalla judicial de casi una década, que los tribunales elevasen el precio de sus solares de 6,32 a 25,9 euros el metro cuadrado. Pero al entrar la promotora en 2011 en concurso de acreedores, el tribunal consideró “ desproporcionado” que los expropiados tengan que esperar, según el calendario de la administración concursal, hasta 2019 o incluso 2022 para cobrar. Y condenó al Ayuntamiento, que no reclamó en su día un aval a la empresa.
* El País - PAOLA OBELLEIRO - 28.1.14
Foto: Miño (A Coruña), urbanización Fadesa - laopinioncoruna.es
Más de 580.000 familias españolas atrapadas en viviendas que valen menos que sus hipotecas
"ESTEFANÍA GONZÁLEZ* : Miles de familias en toda España están atrapadas sin posibilidad de poder vender su vivienda y finiquitar su préstamo en caso de necesidad, es decir, tienen una hipoteca con un valor superior al valor de su vivienda: una hipoteca burbuja. Este problema afecta a más de 580.000 españoles y la cifra superará los 710.000 en 2015. Hasta hace pocos años, contar con una vivienda propia era el sueño de muchos. Pero hoy, ese sueño se ha convertido en casi una pesadilla para más casi 600.000 hipotecados en España.
En concreto, 581.441 ciudadanos cuenta con una vivienda que vale menos que la hipoteca que aún le queda por pagar, una cifra que se situará en 668.940 en 2014 y en 710.386 en 2015. Es decir, que crecerá un 22% en los próximos dos años.
Estas cifras forman parte del primer estudio sobre “hipotecas burbuja” que se realiza en España, que ha sido elaborado por Kelisto.es junto con el CEBR (Centre of Economics and Business Research) con el objetivo de hacer un retrato de una problemática que provoca que miles de familias se vean atrapadas y sin posibilidad de vender su vivienda y finiquitar su préstamo en caso de necesitarlo.
La principal causa de esta ratonera hipotecaria es el fuerte desplome que han experimentado los precios de vivienda como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Desde los máximos históricos de 2007, el valor de los inmuebles en España ha caído un 38,5%. A esto se suma el endurecimiento de las condiciones que exige la banca para poder acceder a un crédito, la grave crisis económica que atraviesa el país y el fuerte aumento de la tasa de paro.
Este cóctel explosivo ha provoca que, en la actualidad, uno de cada 10 propietarios (9,5% del total) cuente con una “hipoteca burbuja”, una cifra que se ha multiplicado por 30 desde 2009, cuando tan solo el 0,3% de las hipotecas estaba en esta situación.
Traducido a euros, el valor del agujero causado por esas hipotecas burbuja ronda los 13.000 millones de euros. Es decir, la diferencia entre el valor de las viviendas afectadas y el importe de sus hipotecas es de 12.917,5 millones de euros, y se incrementará hasta los 16.722,2 millones de euros en 2014 (+29,5% anual) y los 19.579,8 euros en 2015 (+17,1% anual).
Si dividimos la cifra global entre el número de afectados por las hipotecas burbuja, el resultado muestra que el agujero medio por propietario asciende 22.216 euros, una cifra que se incrementará un 12,5% en 2014 (hasta los 24.998 euros) y un 10,3% en 2015 (27.562 euros).
Cataluña y Comunidad de Madrid, las regiones más afectadas por las “hipotecas burbuja”
Las consecuencias de este problema no han sido iguales para todas las comunidades autónomas. Cataluña y la Comunidad de Madrid son las dos regiones donde más impacto tienen las “hipotecas burbuja”. En estas comunidades, el precio de la vivienda ha caído un 47,2% (Cataluña) y un 43,4% (Madrid) desde sus máximos históricos, registrados antes del inicio de la crisis. De las 581.441 viviendas que valían menos que sus préstamos en 2013, el 42,6% estaban en estas dos regiones. En concreto, un 24,4% (142.008) estaba en Cataluña, donde se alcanzarán las 155.347 en 2015. El 18,1%, restante (105.481) estaba en Madrid, donde se llegará a 116.208 en 2015.
A continuación se sitúan la Comunidad Valenciana, con 67.181 (11,6% del total), Andalucía, con 66.418 (11,4%) y Castilla y León, con 26.668 (4,6%). En el extremo contrario se encuentran Ceuta, con 387 (0,07%); Melilla, con 429 (0,07%); Extremadura, con 4.637 (0,8%) y La Rioja, con 6.082 (1%).
Por lo que respecta al agujero creado por esas “hipotecas burbuja”, la región con un volumen mayor en 2013 fue Cataluña con 5.175,85 millones de euros, seguida de Comunidad de Madrid (3.680,3 millones) y Comunidad Valenciana (con 767,4 millones). El valor medio por inmueble de ese agujero fue mayor en Cataluña (36.448 euros), Comunidad de Madrid (34.891 euros) y Aragón (30.853 euros).
El precio de la vivienda caerá un 15,8% en los dos próximos años
La evolución de las “hipotecas burbuja” está totalmente relacionada con la evolución del precio de la vivienda en España. En el último trimestre del año pasado, una vivienda valía 150.787 euros de media, es decir, un 10,6% menos que en 2012 y un 38,5% menos que en la época de máximos históricos (2007).
En 2014, el importe medio de las viviendas sufrirá una caída anual del 8,5%, hasta llegar a los 138.013 euros. En 2015, el descenso se moderará ligeramente (-8%) y el importe medio caerá hasta los 126.999 euros. En total, el precio de la vivienda en España caerá una media del 15,8% en los dos próximos años, de 150.787 euros a 126.999 euros.
Para entender por qué se producirá este bajón en los precios hay que tener en cuenta el contexto económico que nos espera para los dos próximos años. Por un lado, el crecimiento de la economía seguirá siendo débil (con un avance del Producto Interior Bruto del 0,4% en 2014 y del 0,6% en 2015), el mercado laboral se recuperará, pero de forma muy frágil (con descensos del número de personas ocupadas 2,3% en 2014 y del 2,2% en 2015) y continuará cayendo el número de hipotecas concedidas (en 2012 se aprobaron 273.873 hipotecas, un 20% del máximo histórico registrado en 2006). Además, los estándares de la banca para conceder hipotecas se mantendrán relativamente estables hasta 2015, lo que significa que acceder a un préstamo seguirá siendo muy complicado.
Por otro lado, la demanda de créditos para comprar viviendas seguirá a la baja (debido a la escasa confianza del consumidor y a las malas perspectivas para el mercado inmobiliario) y la oferta de vivienda seguirá cayendo hasta 2015 (un 42%), año en el que podría tocar fondo.
En cuanto a la distribución por comunidades autónomas, la caída de los precios de la vivienda también ha sido desigual. Cataluña ha sido la comunidad autónoma con un mayor descenso desde los niveles máximos hasta el cuarto trimestre de 2013, con un desplome del 47,2%. A continuación se sitúan la Rioja (-43,5%), Aragón (-43,5%) y la Comunidad de Madrid (-43,4%). Por el contrario, Extremadura (-26%), Melilla (-30,1%) y Andalucía (-30,4%) son las comunidades donde la bajada ha sido más moderada.
* Kelisto.es - EG - 28.1.14
Foto: Hipotecas burbuja, mapa 2013 - kelisto.es .................................... Leer más...
Aena vulnera la legislación urbanística con el aeropuerto de Asturias
La falta de buen juicio y despilfarro en Fomento continúa ampliándose con la ministra Pastor en el gobierno actual. Ahora es en el aeropuerto de Asturias donde su decisión de no informar suficientemente a las autoridades de la Comunidad ha traído como respuesta una denuncia del gobierno asturiano por vulnerar, a través de la estatal Aena, la legislación urbanística allí existente. La causa última es el acortamiento de la pista del aeropuerto que, según las autoridades del principado, perjudica económicamente a sus intereses al reducir su operatividad. En cualquier caso, la actuación prepotente del ministerio de Fomento dista mucho de ser ejemplar, una vez más.
"ELDIARIO* : La batalla del Gobierno del Principado de Asturias contra Aena ya está en los tribunales. Los servicios jurídicos consideran que la decisión del Ministerio de Fomento de dar luz verde al recorte de la pista utilizada por el 80 por ciento de las aerolíneas, “vulnera la legislación urbanística y perjudica los intereses económicos y empresariales de la región”. Los servicios jurídicos del ejecutivo autonómico consideran que el proyecto de obra “no respeta el plan Especial de Ordenación del Principado ni el Plan Director”, ya que en ninguno de los dos se prevé una reducción del umbral de aterrizaje del aeropuerto. Como medida cautelar, se solicita que se paralice el proyecto hasta que los tribunales determinen si se trata de una actuación ilegal.
Aena ha sacado a concurso público esta obra por valor de tres millones de euros sin informar previamente al ejecutivo autonómico y al ayuntamiento de Castrillón, donde está ubicado el aeródromo. La opacidad de esta opacidad termina en un recurso contencioso-administrativo ante los juzgados centrales contra Aeropuertos Nacionales.
El hecho de no poner en conocimiento de las autoridades autonómicas competentes esta decisión, es otro de los argumentos utilizados por los servicios jurídicos, que consideran que “podría conllevar un supuesto de nulidad de pleno derecho”.
Algo extraño está pasando con el aeropuerto de Asturias. En 2009, Aena inició la ejecución de obras en las pistas por un importe de tres millones de euros, que concluyeron al año siguiente. Dichas obras, consistieron en levantar, rellenar y ampliar las cabeceras 29 y 11, con la finalidad de adecuarse a la nueva normativa en materia de seguridad.
Ahora, en base a esa misma normativa, ya entonces vigente, se plantea una nueva obra, también por tres millones de euros, que además de reducir el tamaño de la pista, reduce su operatividad. Ante esta tesitura, el senador de IU, Jesús Iglesias, ha presentado una pregunta escrita al Gobierno de Rajoy para que aclare la inversión de tres millones en 2009 y “si fue un derroche, a la vista del nuevo proyecto de remodelación para adaptar el aeródromo a las nuevas exigencias de seguridad aérea”.
Hasta ahora, el Gobierno del Principado ha intentado llevar este asunto por las buenas, pero el cerrajón y las vagas explicaciones del Ministerio de Fomento y de Aena han hecho que las relaciones entre las dos administraciones sean “bastante desesperantes”, como las calificó la consejera de Fomento.
La alternativa que presenta Aena es la menos favorable de las tres soluciones que se plantean para el aeropuerto asturiano: alargar la pista, mantener la situación y superar obstáculos y acortar la pista. La opción tercera perjudica a las empresas de la región y a la estrategia del Gobierno del Principado de potenciar la internacionalización del sector turístico.
El representante de IU por Asturias, Gaspar Llamazares, se ha unido a los diputados nacionales asturianos del PSOE para presionar al Ministerio de Ana Pastor para que retire la propuesta de Aena y busque otra alternativa. Llamazares denunció que en La Coruña la decisión ha sido alargar la pista en un aeropuerto “con unos resultados de explotación muy por debajo de los asturianos, mientras que aquí, se opta por la peor de las alternativas”.
* El Diario - Mariló Suárez - 28.1.14
Foto: Asturias, aeropuerto - aeropuertos.net
El Ayuntamiento de Telde quiere hacer jefe de Urbanismo a un acusado por corrupción
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Hasta aquí podíamos llegar, resulta que ahora en Urbanismo se pone a los zorros a cuidar de las ovejas. Esto ocurre en el ayuntamiento, del PP y CC, de Telde (Gran Canaria), donde pretenden colocar de jefe del Servicio de Urbanismo a un acusado de haber cobrado 30.000 euros en sobornos urbanísticos, por lo que pide el fiscal de este caso ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para él. Como se aprecia el grado de degeneración política al que se ha llegado justifica todo, porque además la prepotencia con la que actúan los implicados es totalmente delictiva y, de nuevo, la justicia debería intervenir atajando estas situaciones, so pena de caer en complicidad evidente.
"ELDIARIO* : El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Telde (Gran Canaria), formado por el Partido Popular y Coalición Canaria, pretende llevar al pleno corporativo de final de mes una propuesta de concurso para cubrir las jefaturas de servicio de la institución con la principal pretensión de colocar con plaza fija al frente del Servicio de Urbanismo a José Luis Mena, actualmente acusado y con petición de ocho años de cárcel y catorce de inhabilitación para empleo público por recibir sobornos y falsificar documentos precisamente cuando ocupaba ese puesto interinamente en el periodo 2003-2007.
Los sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Telde, la cuarta ciudad de Canarias (100.000 habitantes), pusieron el grito en el cielo el pasado viernes cuando en la comisión municipal de Régimen Interior aparecieron unas propuestas para la nueva relación de puestos de trabajo (RPT), tramitadas por la vía de urgencia, en la que, entre otras jefaturas, aparecía la de Urbanismo, con unas bases que las centrales consideran “un traje a la medida” de Mena.
Fuentes sindicales consultadas este lunes por Canarias Ahora han confirmado sus sospechas que se centran en el baremo que PP y CC quieren aplicar para otorgar estas jefaturas por considerar que están hechas para que Mena pueda regresar al departamento de Urbanismo ya como jefe y sin posibilidad de que se le remueva por decisiones políticas, como ocurrió en este mandato al acceder a la concejalía de Urbanismo el nacionalista Pablo Rodríguez.
En concreto, las bases que el grupo de gobierno quiere aprobar prevén 27 puntos sobre 32 posibles para criterios que cumple sobradamente el acusado de corrupción José Luis Mena. Es particularmente destacable que se otorguen seis puntos a la “experiencia” en el puesto de jefe de servicio, condición que, unida a la exigencia básica de ser funcionario de carrera, pocas personas cumplen en Telde.
Los otros criterios que dan ventaja a Mena son grado personal (6 puntos), cursos (6), antigüedad (6) y titulación (3), mientras que tan solo cinco puntos se destinan a evaluar la memoria que habría de presentar cada opositando (3 puntos) y la defensa oral de la misma ante un tribunal (dos puntos).
De policía local a factótum del urbanismo
José Luis Mena entró en el Ayuntamiento de Telde como policía local y fue escalando posiciones a partir de haber obtenido la carrera de Derecho con la que ya optó, vía oposiciones, a una plaza de técnico de Administración General. Esa plaza está adscrita al área de Urbanismo, a cuya jefatura accedió por la vía de la libre designación (decisión política) siendo alcalde Aureliano Francisco Santiago Castellano. Cuando el PP accedió a la alcaldía en compañía de Ciuca en 2003 desempeñó un papel determinante en varios casos de presunta corrupción.
Con el urbanismo en manos de Guillermo Reyes (Ciuca) se le retiró del puesto para que lo ocupara una trabajadora interina del Ayuntamiento, María Jesús Santana, hija de un veterano de la UCD que fue concejal entre 1979 y 1983. Pero pronto Reyes se cansó de la inacción del departamento y volvió a recuperar a José Luis Mena para dirigir juntos el urbanismo de la ciudad.
Mena ha sido detenido en dos ocasiones en otras tantas operaciones de corrupción de la Policía en Telde, y en estos días se sienta en el banquillo de los acusados presuntamente por haber cobrado sobornos de la de la cooperativa Grupo Europa para facilitar que esa compañía accediera a suelo municipal para la construcción de viviendas sociales mediante un concurso amañado.
El fiscal anticorrupción pide para este funcionario al que Coalición Canaria y el PP quieren consolidar al frente del urbanismo de Telde ocho años de prisión por los delitos de cohecho y falsedad, además de 90.000 euros de multa.
Además, está imputado en una investigación penal por presuntamente haber falsificado documentos del servicio de urbanismo que dirigía para implicar en un caso de tráfico de influencias al concejal que lo nombró jefe de esa oficina, Ildefonso Jiménez, que resultó por ello condenado en primera instancia en el marco del llamado caso Alisios.
* El Diario - Canarias Ahora - Carlos Sosa - 27.1.14
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Un juzgado procesa al exconcejal de Urbanismo de Elche por ‘UrbiElx’
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Continúa la corrupción urbanística en la provincia de Alicante, siguiendo el mal ejemplo de la capital donde aun hay pendientes varias y graves causas judiciales. En este caso se trata de Elche, donde se imputa al concejal de Urbanismo entre los años 2003-2007 por tráfico de influencias y negociación prohibida en una permuta de terreno. Un caso confuso ya que el propio Tribunal de Justicia de la Comunidad Valenciana ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el alcalde de entonces. Como vemos no hay quien entienda muchas decisiones judiciales, sobre todo si éstas se producen diez años más tarde de suceder los hechos delictivos.
"ELPAÍS* : El juzgado de Instrucción nº5 de Elche ha incoado un procedimiento abreviado contra el exconcejal de Urbanismo de Elche (Alicante) entre 2003 y 2007 y actual concejal socialista en la oposición, Emilio Martínez, a quien se le atribuyen los delitos de tráfico de influencias y negociación prohibida para funcionarios.
Así lo ha confirmado este viernes el propio Martínez en una comparecencia ante los medios de comunicación convocada con carácter urgente después que esta mañana se le haya comunicado el auto.
La resolución judicial se enmarca en el conocido como 'caso UrbiElx', en el que un arquitecto ilicitano acusó, entre otros, al propio Martínez y al exalcalde socialista de la ciudad, Diego Macià, de influir en la compra de una parcela en las inmediaciones del actual centro comercial de El Corte Inglés --inaugurado en 2007-- mucho tiempo antes de la construcción de ese complejo, lo que reportó a la mercantil que adquirió los terrenos, según el querellante, unos cuantiosos beneficios cuando se edificó el centro comercial. Esos terrenos fueron adquiridos por la mercantil 'UrbiElx', participada por familiares de Macià.
Emilio Martínez ha expresado su "sorpresa y estupor" ante un auto judicial que permite seguir el proceso contra él cuando, según ha recordado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ya archivó la causa que por esta misma querella se seguía contra el exalcalde de Elche y exdiputado autonómico, Diego Macià.
"Quiero denunciar que esta querella forma parte de las casi 20 que han promovido dos personas afines al PP de Mercedes Alonso contra el alcalde y el equipo de urbanismo y que en su inmensa mayoría han sido archivadas", ha señalado Emilio Martínez.
Confía en la absolución
El edil socialista ha indicado que "ayer mismo se absolvió a una técnico municipal que ha sido criminalizada durante muchos años, asegurando el órgano judicial que existió temeridad manifiesta en la querella y en el escrito de acusación, es decir, que el acusador ha actuado de muy mala fe, y por tanto le obliga al pago de las costas", ha explicado Martínez, que ha confiado en que la causa que a él se le ha abierto tenga el mismo final.
"La hemeroteca constata que al menos desde noviembre de 2001 se conocía en la ciudad la ubicación del centro comercial El Corte Inglés en esta zona y no sólo eso, sino también que se han sometido a aprobación y a difusión pública en diarios oficiales todos los elementos que confirmaban la llegada y ubicación de ese centro comercial, antes que yo fuera concejal en el Ayuntamiento", ha defendido el edil socialista.
Martínez ha avanzado que presentará un recurso contra la resolución judicial porque "entendemos que el paso que da el juzgado contiene algunos elementos que en nuestro recurso vamos a intentar aclarar para que el órgano judicial reconsidere este paso". Emilio Martínez ha dicho que no abandonará su acta de concejal hasta conocer la resolución del recurso.
* El País - EP - 24.1.14
Foto: Elche (Alicante), ayuntamiento - absolutelche
La Comunidad de Madrid autoriza levantar hoteles rurales, tiendas y chalés en zonas protegidas
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La Comunidad de Madrid parece que no termina nunca en su afán depredador del territorio y ahora, con las últimas reformas en materia ambiental aprobadas en diciembre por el gobierno 'popular', permitirá ocupar terrenos en montes públicos, vías pecuarias y espacios protegidos. Una ley muy peligrosa ya que, por su propia indefinición, hace que quepan todo tipo de actividades, turísticas o privadas, con lo que zonas protegidas hasta ahora pasarían a ser una mercancía más para su uso. Además, sin exigir especiales medidas para esta utilización abusiva, simplemente se deja al criterio de cada cual, con lo que la especulación urbanística y la corrupción están garantizadas de antemano.
"20MINUTOS/ÁNGEL CALLEJA* : Desde este año, cualquier madrileño que cumpla los requisitos podrá regentar una casa u hotel rural, una tienda de comestibles, una empresa de actividades al aire libre (excursiones, observación de la naturaleza) y hasta una finca para celebrar eventos en zonas protegidas donde antes estaba prohibido. Para hacerlo posible, el gobierno de Ignacio González aprobó en el pasado 19 de diciembre una serie de reformas que permitirán explotar económicamente espacios que hasta el momento estaban vetados, aunque las zonas catalogadas de máxima protección o zonas clasificadas como reserva natural y reserva integral permanecerán al margen.
La modificación se hizo a través de la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, más conocida como ley de acompañamiento de los presupuestos, un método que impide que los asuntos sean debatidos por separado en el parlamento regional.
En total, la conocida como 'ley escoba' ha cambiado cinco preceptos. El primero de ellos es la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza, que pasa a autorizar "excepcionalmente" la cesión y ocupación de parcelas en los 216 montes públicos catalogados (el Monte Abantos, las dehesas de Cercedilla o el Robledillo de Moralzarzal) por períodos de hasta 75 años para cualquier uso que se considere "compatible con las funciones de utilidad pública del monte".
El criterio es tan amplio que incluye la explotación maderera y de pastos, la recogida de setas, la creación de itinerarios recreativos, zonas de acampada y aparcamientos o "cualquier otro tipo de infraestructura recreativa de uso público".
La pasada legislatura, la Comunidad llegó a introducir como uso tolerable en la Ley del Suelo la práctica del golf, lo que le dio vía libre para contruir un campo en la finca de investigación agropecuaria El Encín, en Alcalá de Henares. En 2013, el Tribunal Supremo declaró el recinto ilegal, aunque sigue en funcionamiento. Ahora, la Comunidad promueve un espacio recreativo y hotelero de hípica en la en la Dehesa de Sotomayor en Aranjuez, incluida en la Red Natura 2000.
Negocios en los parques
El Ejecutivo ha entrado de lleno en los parques regionales de la Cuenca Alta del Manzanares, del río Guadarrama y del Sureste, tres de los espacios con mayor valor ambiental del territorio. Merced a la modificación de sus respectivas leyes, la Comunidad convierte en legales dentro de sus límites las tiendas de productos agropecuarios, los establecimientos hosteleros, las casas y hoteles rurales y las instalaciones para actividades científicas o divulgativas en edificaciones ya construidas.
Además, autoriza la conversión en alojamientos de las edificaciones tradicionales y también de aquellas que tengan algún valor arquitectónico, aun cuando estas últimas estén fuera del ordenamiento urbanístico. De forma complementaria, permite como novedad "las obras de ampliación indispensables para las condiciones de habitabilidad", según el artículo 10 de la Ley de Medidas Fiscales, que modifica a su vez los preceptos de las leyes de los parques. Los dueños, por lo tanto, podrán incluir habitaciones o salas adicionales de nueva construcción.
La Comunidad ha redactado de nuevo el apartado 17.2 de la ley del parque del Manzanares para permitir instalaciones en una de las zonas donde estaba prohibido. Ello supone regularizar de facto la carpa que la socia de la mujer del presidente autonómico, Carmen Cafranga, usa para celebrar bodas, bautizos, comuniones y reuniones de empresa en la finca La Muñoza. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid paralizó el negocio de Cafranga por estar al margen de la normativa, pero ahora ya no puede ponerle pegas.
Cafranga ya había salido beneficiada en 2012, cuando la Comunidad introdujo como uso tolerable en los parques regionales la organización de eventos. De un golpe, el gobierno regional legalizó la actividad de 39 fincas similares denunciadas reiteradamente por la Asociación Madrileña de Empresas de Restauración y la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. En paralelo, la Comunidad ha reorientado la Ley de Vías Pecuarias para que los particulares puedan ocupar parcialmente estas sendas por un máximo de 10 años. A cambio, el beneficiario deberá pagar las tasas correspondientes.
Chalés "sostenibles"
Los cambios acometidos a finales del año pasado son una continuación de la senda iniciada por el Ejecutivo con la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (o 'ley virus', como la calificaron sus detractores), que se gestó en 2012.
Gracias a la misma, los propietarios de parcelas rurales de más de 6 hectáreas (60.000 metros cuadrados) pueden construirse chalés de una planta y varias habitaciones dotados de acceso, aparcamiento y todos los suministros necesarios. Su única obligación será respetar unas mínimas normas técnicas y estéticas, ya que no tendrán que cumplir ninguna pauta específica de eficiencia energética ni presentar un proyecto de impacto ambiental.
La ley, que consta de solo nueve artículos, tres disposiciones y un anexo, sentencia en su preámbulo que "la concepción de que la presencia del hombre necesariamente tiene un efecto negativo sobre el medio rural no es cierta en muchos casos". Sin embargo, no aporta ningún dato o estudio que apoye esa afirmación.
"Esquilman el territorio"
La Comunidad defiende que sus políticas promueven un aprovechamiento "sostenible" del medio natural y promover el "empleo verde". Expertos y colectivos ambientalistas, sin embargo, denuncian que el objetivo es "liberalizar" el campo y "desregular" los espacios protegidos.
"Como el mercado inmobiliario no repunta, buscan poner elementos de valor en el campo esquilmando el territorio y anteponiendo el derecho de disfrute del propietario al derecho y obligación de conservación del medio ambiente. Es una postura ideológica", critica Agustín Hernández Aja, director del departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Politécnica.
María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, sostiene que estos cambios no benefician a la población rural, sino a los propietarios de grandes fincas: "¿Quién tiene dinero para hacerse un chalé, restaurar un molino o poner un negocio en el campo? Los grandes terratenientes, en su mayoría".
Nieto recuerda que Esperanza Aguirre ya eliminó las juntas rectoras de los parques regionales y los patronatos de los espacios protegidos, los consejos de Caza y de Pesca Fluvial, el Consejo del Fuego, el Patronato de Vías Pecuarias y la Comisión de Calidad del Aire en 2010. El pasado 2 de enero, la Consejería de Medio Ambiente dejó sin competencias a los responsables de los parques regionales y creó la figura del director único de parques, que delegará funciones en los conservadores de estos espacios.
Los defensores de la naturaleza creen, sin embargo, que la 'ley virus' es la más dañina de todas las iniciativas. "Es un desastre completo. Ignora la normativa urbanística y de planificación del territorio y se lleva por delante todo el conocimiento acumulado en sostenibilidad", argumenta la arquitecta María Jesús González, miembro de la asociación profesional Sostenibilidad y Arquitectura (ASA), que emitió en 2012 un duro comunicado contra el anteproyecto de ley.
La ley, además, perjudica la labor de los agentes forestales. "A más viviendas o edificaciones en el campo, más riesgo de que se produzca un incendio. Los comprobamos en Robledo de Chavela. Nuestra prioridad es la gente. Si tenemos que salvar edificaciones dispersas, el resto del monte se quema", alerta Miguel Higueras, portavoz del cuerpo en Madrid por UGT. Ello se une a otras agresiones toleradas por la Consejería de Medio Ambiente como la proliferación de viviendas ilegales en suelo rústico o los vertidos y la falta de conservación que sufren los espacios protegidos.
El Partido Socialista de Madrid ha recurrido la 'ley virus' ante el Tribunal Constitucional. Si los magistrados la rechazasen, no sería el primer varapalo que la Justicia da a la Comunidad de Madrid en materia ambiental. En 2011, el Supremo declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera M-501 debido a que Aguirre lo realizó sin la obligada declaración de impacto.
* 20 Minutos - Ángel Calleja - 23.1.14
Foto: El Escorial (Madrid), vista desde monte Abantos - 20minutos
Juzgan al excalde de Campos y a su edil de Urbanismo por falsificar un documento
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"LAOPINIÓN* : La Audiencia Provincial de Murcia juzgará el próximo martes al ex alcalde de Campos del Río, Ricardo Valverde, y al ex concejal de Urbanismo Juan Luis Peñalver, que están acusados de falsificar un documento para hacer viable el proyecto de las obras de un resort promovido por Trampolín Hills. Las conclusiones provisionales de la fiscalía piden cuatro años de prisión y quince meses de multa, con una cuota diaria de diez euros, junto con cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
Con ellos se sentará en el banquillo Antonio Martínez, promotor urbanístico que, en nombre de la empresa citada, suscribió un convenio con el Ayuntamiento, luego anulado por los tribunales, para la puesta en marcha del proyecto urbanístico.
Según el fiscal, tanto el entonces alcalde como el que era concejal de Urbanismo suscribieron un documento para sortear el inconveniente que para la viabilidad del proyecto representaba la modificación introducida en la ley de 2006, que regula la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. Para «burlar los nuevos requisitos ambientales, afirma el ministerio público, los acusados, en septiembre de 2006, decidieron elaborar y firmar un mendaz documento, fechándolo el dos de junio de 2004, que daba cumplida respuesta a las exigencias de la ley».
El fiscal acusa por el mismo delito al promotor inmobiliario Antonio Martínez, para el que solicita dos años y seis meses de cárcel; quince meses de multa a razón de 150 euros por día, y un año y nueve meses de inhabilitación.
* La Opinión de Murcia - EFE - 25.1.14
Foto: Campos del Río (Murcia), Trampolín Hills - laverdad.es
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Alicante.- Edificios públicos en pie que iban a ser y no fueron
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Ya se ha hablado aquí en bastantes ocasiones del enorme despilfarro público de los últimos años habido en la Comunidad Valenciana en obras y edificios sin utilidad o que superaban el límite de lo necesario para sus habitantes. Al final solo han dejado esqueletos vacíos y deudas, mientras los responsables del delito, políticos y financieros, no han sido sancionados o penalizados por ello. En la provincia de Alicante hay numerosos ejemplos delictivos de este afán derrochador público que ha sido una verdadera plaga y que, lamentablemente, como se puede contemplar actualmente van a dejar huella en el urbanismo y la ordenación territorial.
"MARINAPLAZA* : En plena época de bonanza económica no solo las grandes capitales o la Comunitat Valenciana se lanzaron a hacer obras faraónicas. Los municipios pusieron bajo la supervisión de las áreas de Urbanismo e Infraestructuras grandes proyectos que dotarían a los pueblos de espacios públicos para uso y disfrute de los vecinos. Muchos de ellos fueron inaugurados, algunos coincidiendo con periodos electorales, pero otros ni siquiera han abierto sus puertas o, si lo hicieron, otros han tenido que cerrarlas.
Las inversiones llegaban de planes como el de la Generalitat, conocido como Plan Confianza, o del Gobierno central con el Plan E. Millones de euros destinados a construir edificios municipales. Pero en algunos municipios el problema vino después: había que llenar esos espacios y las arcas municipales ya empezaban a resentirse. En otros casos, las inversiones de instituciones públicas se destinaron a algo tan necesario como centros de salud o de día que ni siquiera han visto la luz. También es cierto que algunos de ellos se han reconvertido para darles uso y que muchas otras obras sí han cumplido su cometido.
Finestrat es uno de esos municipios. En su término municipal se han invertido 1,2 millones de euros en algunas instalaciones municipales que permanecen cerradas y sin uso. Así, el nuevo Centro de Salud, el centro social de Terra Marina y las aulas sociales construidas en al antiguo cine llevan cerradas a cal y canto desde hace dos años.
Así lo denunciaba el PSPV local esta semana. El nuevo consultorio ha tenido un coste de 571.855,38 euros a los que luego se añadieron 60.5936,63 euros por unas obras complementarias para adecuar los accesos del edificio. Las aulas sociales construidas en el antiguo cine costaron 353.934 euros y el centro social de la urbanización Terra Marina, 212.512 euros.
Tanto el Centro de Salud como el de Terra Marina son viejos conocidos. El alcalde Honorato Algado lleva dos años anunciando su puesta en marcha cada Navidad cuando hace balance del año y anuncia los proyectos del siguiente. Por ello, los socialistas creen que la fecha para su inauguración está marcada: las elecciones municipales de 2015. Y es que la fiebre de abrir instalaciones municipales suele llegar cuando hay unos comicios a la vista.
Pero Finestrat no es el único. En La Vila, el Ayuntamiento destinó fondos del Plan E a la rehabilitación del viejo colegio de La Ermita, catalogado como Bien de Interés Local, para convertirlo en un centro de uso polivalente. Cuatro años después, el edificio permanece cerrado e incluso se está deteriorando, según las fuentes consultadas. El presupuesto: cerca de 600.000 euros.
A él se suma la extensión administrativa de la Cala, unos locales para dar servicio a los vecinos de esta zona vilera y que permanecen también cerrados después de acondicionarlos. Pero además, el Ayuntamiento también destinó dinero a rehabilitar dos casas en pleno centro del municipio, al lado del Consistorio, de las que solo hizo la fachada para mejorar la imagen.
No todo son edificios cerrados a cal y canto. En L’Alfàs del Pi, el edificio del Centro de Día, construido con fondos del Plan E, fue construido pero nunca fue dotado para tal fin por el Consell. Por ello se ha sido reconvertido en el Centro ‘L’Alfàs + social’ en el que se da cabida a más de 100 colectivos entre asociaciones y entidades de Bienestar Social, así como el departamento municipal.
El Centro de Día de Benidorm, construido en La Cala, ha corrido la misma suerte. Ahora, el edificio construido también con fondos del Plan E con un presupuesto de 600.000 euros más algún modificado en la obra que encareció su coste, ha sido rebautizado, y no solo en el nombre sino en uso.
El inmueble recibió la denominación de Centro Municipal Pepa Esperanza Llinares Llorca y se ha destinado a varios colectivos sociales del municipio para dotarlos de un lugar donde ejercer su actividad como la Asociación de Familiares de Alzheimer (AFA Marina Baixa) o Asmibe, entre otros. Pero una de sus plantas aún no tiene uso aunque el alcalde Agustín Navarro anunciaba esta misma semana que el presupuesto de 2014 contará con una partida que rondará los 80.000 euros para adecuar ese espacio para esa primera asociación.
Y entre todo, la capital turística mantiene otro edificio financiado con el Plan Confianza cerrado, el museo de Boca del Calvari. Pero entre todo, el proyecto más destacable es el Centro Cultural, ubicado en la avenida de Europa, que solo es un esqueleto de hormigón al igual que le ocurre al Auditorio planeado en Callosa. Ambas obras no tienen fecha, ni plazos ni siquiera financiación sobre la mesa que permita terminarlas por lo que, mientras esto no cambie, seguirán siendo edificios faraónicos a medio terminar.
* La Marina Plaza - Andrea Vicente - 18.1.14
Foto: Finestrat (Alicante), ayuntamiento - lamarinaplaza
La España del despropósito inmobiliario - Documental 'Casas para todos'
"PÚBLICO* : ¿Qué idea hay más necia que la de decenas de miles de casas vacías cuando existe la misma cantidad de personas sin un hogar? ¿Qué adjetivo se merece un país en el que muchas de sus familias han perdido la casa precisamente por la codicia de los promotores inmobiliarios, los constructores, los bancos... lanzados a una desaforada carrera en la construcción de viviendas? ¿Insensato? Sí. ¿Disparatado? También. Pero sobre todo, país bárbaro, inhumano, despiadado. Territorio del despropósito y de lo irracional, España es mal ejemplo en el resto del mundo por las consecuencias de la burbuja inmobiliaria, circunstancia que se ha convertido en el eje central de 'Casas para todos', película documental del alemán Gereon Wetzel.
Récord histórico de creación de viviendas
Una urbanización abandonada. Casas y calles vacías. Un barrio de edificios altos deshabitado. Terrenos urbanizados -asfalto y farolas- en mitad del campo. La garita de un guardia de seguridad que vigila 30.000 pisos vacíos y que en sus ratos libres, es decir, prácticamente siempre, hace gimnasia en los jardines y las piscinas medio llenas de esa colonia. Son imágenes que solo se detienen para que el espectador escuche algunas voces, generalmente sobre fondos negros. Y la primera de todas es la de Aznar. 27 de noviembre de 2003: "¿Por qué España crece al 2,5 por 100 y Alemania, Francia e Italia no? ¿Por qué? Pues yo le voy a decir a usted por qué, porque son los países en los que más confianza hay hoy en Europa, en el mundo. Vamos a construir el año que viene 650.000 nuevas viviendas en España, más que en Francia y Alemania juntas. Récord histórico de creación de viviendas en España".
Récord histórico de especulación. Pisos y más pisos, adosados, chalés... desiertos, que nadie compra. Y con ellos, lo que ha quedado. Calles que sirven de pistas de prácticas para futuros conductores de autobús o como canchas de skateboard o vías para ciclistas... terrenos que han vuelto a ser conquistados por la naturaleza y por donde pasan de nuevo los pastores con sus rebaños. "Modelo de concepción urbanista sumamente innovador y eficaz...", decía el anuncio del proyecto de Marina d'Or Golf, cuyo PAI (Programa de Actuación Integrada) acaba de ser anulado por el Tribunal Superior de Justicia.
Premio al mayor disparate
Casas para todos incide en esa sensación del absurdo, mostrando en la pantalla la situación incoherente de unos hombres y mujeres que viven debajo de un edificio que no se terminó de construir o la de las 26 familias que encontraron refugio en unas viviendas de nueva construcción en Sevilla. Escenas que hacen saltar chispas cuando aparecen después de haber escuchado las palabras de Francisco Hernández 'el Pocero', en septiembre de 2008, sentenciando: "En tres meses se quita el paro en mi país. ¿Cómo? Liberando el suelo".
Isidro Fainé, presidente de La Caixa, también está 'invitado' a participar en esta película, en la que se aprovechan unas declaraciones que hizo en 2011, en las que afirmaba: "Hay cosas que hoy cuestan cien y mañana sólo cincuenta, pero tu casa siempre tendrá un valor". Los audios de otras promociones urbanísticas completan el panorama sonoro del filme, en el que, sin duda, el premio al mayor despropósito se lo lleva Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón entre 1995 y 2011.
"Hay quienes dicen que estamos locos por inaugurar un aeropuerto sin aviones. No han entendido nada (...) Este es un aeropuerto para las personas, este es un aeropuerto por y para Castellón. Y a partir de hoy, durante mes y medio, cualquier ciudadano que lo desee podrá visitar esta terminal o podrá caminar por las pistas de aterrizaje, algo que evidentemente no podrían hacer si fueran a despegar o a aterrizar aviones".
La burbuja inmobiliaria en el cine
Ni aviones en los aeropuertos ni familias en las viviendas, justo la idea contraria de la que lanzaron las familias que habitaron Corrala Utopía (bloque propiedad de Ibercaja): "Ni gente sin casa / ni casas sin gente". Un lema que, tristemente, no es realidad en España.
Casas para todos no es la primera película que se ocupa de la burbuja inmobiliaria en nuestro país. Desde el género documental, Erwin Wagenhofer contó las consecuencias del capitalismo, las causas de la crisis y, entre ellas, se detuvo especialmente en la edificación masiva en España en Let's Make Money (Vamos a hacer dinero). En €spanish dream, de Guillermo Cruz y Santiago Cirugeda, se hablaba de la dificultad que se les presenta a los jóvenes a la hora de acceder a una vivienda. Laura Folguera, en A ladrillazos, hablaba del pelotazo inmobiliario, del crecimiento urbanístico de la Comunidad Valenciana, y de las denuncias en la Unión europea. El cortometraje de Aleix Saló Españistán (La burbuja inmobiliaria), realizado sobre su propio cómic, fue un éxito de visitas en la Red. Desde la ficción, Jaume Balagueró o Max Lemcke, con Para entrar a vivir y 5 metros cuadrados, se ocuparon también del tema.
* Público - Begoña Pina - 23.1.14
