Las comisiones territoriales de urbanismo de las tres provincias de la Comunidad valenciana tramitaron 2.007 instrumentos de planeamiento de todo tipo desde 2003 hasta 2012. Una enormidad para lo habitual en la zona, lo que denota un afán de pura especulación económica, sin tener en cuenta las necesidades reales de la población. Esto, en muchos casos, ha llevado a la corrupción urbanística pactada entre las mafias políticas del poder, grandes empresas del sector y entidades financieras avispadas. Un salvajismo delictivo que ha traído como consecuencia la crisis-estafa que todavía se padece, lamentablemente.
"LEVANTE* : La Conselleria de Territorio ha dado vía libre en diez años a dos mil planes urbanísticos. «En la década pasada y en lo que se refiere al número de instrumentos urbanísticos aprobados, por las comisiones territoriales de urbanismo o por resolución del conseller, podemos contabilizar unos 2.000 documentos aprobados, lo que supone una media de 200 documentos al año», según admiten fuentes del departamento que dirige Isabel Bonig que facilitan, por primera vez desde que finalizó el «tsunami urbanístico», algunos datos sobre la tramitación urbanística de la época del boom del ladrillo.
Para quien desconozca su funcionamiento, las comisiones territoriales de urbanismo son órganos colegiados en los que están representadas todas las administraciones (central, municipal y autonómica), además de colegios profesionales como los arquitectos, en las que se tramitan todos los planes urbanísticos que precisan de aprobación autonómica.
Territorio considera que «la última década se puede calificar de excepcional ya que de manera consecutiva se ha pasado de una de las etapas más expansivas de nuestra economía, centrada en el desarrollo inmobiliario, a una de las peores crisis de las que se tiene memoria», señalan en un análisis estadístico que han realizado sobre el urbanismo entre 2003 y 2012, al que ha tenido acceso Levante-EMV. «Se trata de manejar datos objetivos que nos protejan de tantas apreciaciones subjetivas, prejuicios y lugares comunes que inevitablemente se producen cuando se habla de urbanismo», justifican desde el departamento que dirige Isabel Bonig.
La conselleria compara los datos recopilados entre 2003 y 2012 con «los del lustro anterior, 1997-2002, en los que se aprobaron 1.030 planes urbanísticos, lo que supone una cantidad media anual de 206 documentos, muy parecida a la de la siguiente década». Una similitud que, para el área responsable de urbanismo de la Generalitat, «quiere decir que globalmente, la tramitación y aprobación de instrumentos urbanísticos en la década no se aleja, en conjunto, de las pautas normales de épocas pasadas». Territorio también incide en que «el pico de aprobaciones [de planes urbanísticos] se produce en 2005 lo que supone que los documentos se iniciaron en el año 2003, o incluso antes». No obstante, según una estadística facilita por la entonces Conselleria de Urbanismo en 2005, y publicada por Levante-EMV en la edición del 6 de abril de 2009, la avalancha de presentación de proyectos urbanísticos se produjo entre 2003 y 2006 [cuando se anunciaron y aprobaron la ley de ordenación del territorio y protección del paisaje (Lotpp) y la ley urbanística valenciana (LUV), ambas actualmente en vigor]. En apenas dos años se tramitaron 556 planes urbanísticos, presentados en apenas viente meses por los ayuntamientos y promotores para evitar la entrada en vigor de ambas leyes. Un total de 198 se expusieron al público antes de la entrada en vigor de la Lotpp, el 3 de julio 2004, y otros 358 documentos urbanísticos se presentaron y aprobaron entre el 3 de julio de 2004 y el 1 de febrero de 2006 (el día que entraba en vigor la LUV), precisamente para esquivar la nueva normativa urbanística y tramitarse al abrigo de la ley reguladora de la actividad urbanística (LRAU), vigente desde 1994 a 2006.
La «calma» urbanística llegó con la entrada en vigor de la LUV el 1 de febrero de 2006. Desde esta fecha hasta 2009 apenas se expusieron al público 158 planes urbanísticos, según la información de Urbanismo facilitada en 2009, que no especificaba los tipos de instrumento de planeamiento que se impulsaban.
La Conselleria de Territorio sí que facilita ahora esa información y reconoce que de los 2.007 documentos urbanísticos aprobados, la mitad se trata de planes generales municipales o normas subsidiarias: 90 nuevos y 909 modificaciones. Otros 928 se corresponde con planeamiento diferido: planes parciales, planes de reforma interior, planes especiales o programas de actuación integrada (PAI), como se puede ver en la tabla adjunta.
Aunque la radiografía sobre el territorio queda incompleta porque Territorio omite el dato e las nuevas viviendas planificadas en los nuevos planes urbanísticos. Para hacerse una idea, del volumen de viviendas planificadas, los planes generales de 52 municipios proponían la construcción de 718.106 nuevas viviendas, según un estudio realizado en 2009 por el catedrático de Geografía, Eugenio Burriel.
* Levante - LAURA BALLESTER/ SERGI PITARCH - 16.12.13
Foto: Catarroja (Valencia), zona urbanización Nou Mil·lenni - levante-emv.com
C.Valenciana.- La década de los dos mil planes urbanísticos
Valladolid.- Retorcer el Urbanismo no es el camino
La Junta 'popular' de Castilla y León continúa con sus desmanes urbanísticos, aunque no haga tanto ruido como otras Comunidades. Saltarse las normas legales es una de sus características especiales y el caso del municipio de Arroyo de la Encomienda, junto a Valladolid, es uno de los preferidos.
"ELECONOMISTA* : El revolcón que el Tribunal Supremo ha dado a Ikea, al Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda y a la Junta de Castilla y León al invalidar la operación urbanística que permitió la instalación de la multinacional sueca en la localidad vallisoletana ha supuesto una importante victoria para el pequeño comercio de la capital del Pisuerga en su larga guerra contra los macrocentros comerciales.
También es otro ejemplo, y ya son incontables, de la facilidad de las administraciones para utilizar la ley a su antojo o saltársela incluso a la torera si es necesario.
En política urbanística ha sido una constante en nuestro país y los varapalos judiciales resuenan un día sí y otro también. Son los ecos de los tiempos de los pelotazos en los que se retorcía el urbanismo para construir miniciudades de chalés adosados que al final terminaron por provocarnos la indigestión que a punto ha estado de mandarnos al otro barrio.
La práctica de utilizar el PGOU a la carta también sirvió para ponerse a disposición de las grandes multinacionales, muchas veces en una frenética disputa municipal por ver quien se hacía con el proyecto. Y si era necesario no había ningún problema en desvirtuar las normas que obstaculizaban los fines perseguidos.
En el caso del centro comercial Río Shopping, no ha sido un juez sino toda la escalera judicial hasta llegar al Supremo la que constata el incumplimiento no sólo de las normas municipales sino de la misma Ley de Equipamientos Comerciales. Y también está claro que los comerciantes vallisoletanos han sido los paganos y están en todo su derecho de pedir compensaciones.
El fallo no tendrá efectos prácticos porqué ha nadie se le puede pasar por la cabeza que las instalaciones vayan a ser demolidas. La cuestión es ver si el desaguisado va a quedar sin castigo o alguien, por fin, va a asumir responsabilidades porque lo que no se entiende es que las administraciones públicas tenga bula a la hora de saltarse la ley a las bravas y a la vez sean las que no pasan ni una a los ciudadanos.
* El Economista - Rafael daniel - 23.12.13
Foto: Ikea Arroyo
La España autonómica del despilfarro: diecisiete monumentos a la incoherencia
"ELCONFIDENCIAL* : Son iconos del despilfarro de dinero público. Grandes inversiones de dudosa utilidad, ejemplo de una época de las vacas gordas en la que el dinero no parecía ser un problema. Todos se sumaron a la fiesta: alcaldes, presidentes autonómicos y hasta ministros inauguraron proyectos que han resultado ser un auténtico fracaso. En muchos de ellos se siguen invirtiendo decenas de millones de euros. Los aeropuertos sin aviones son los más conocidos de la lista, pero hay mucho más. En algunos casos, como el Fórum de Barcelona, la factura se disparó hasta mil millones de euros. Repaso a varios de los proyectos estrella de cada región que acabaron estrellados.
1. Cataluña: el Fórum del sobrecoste
Fue un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica en Barcelona. Se cifró el precio de las obras en 2.190 millones euros, pero finalmente el Ayuntamiento de la Ciudad Condal reconoció que la inversión real acabó siendo de 3.270: mil millones más. El Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, se llevó gran parte de la culpa de este sobrecoste. Su construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134.
2. Andalucía: el tranvía de Jaén
Estaba destinado a revolucionar la vida de los habitantes de Jaén. 4,7 kilómetros de vías de uso gratuito para desplazarse de un lado al otro de la ciudad. A cambio, sólo ha vaciado las arcas locales. Los 120 millones de euros que ha costado a la Junta andaluza lo han convertido en el sueño a la pesadilla de la movilidad urbana.
Desde mayo de 2011 no está operativo. Una sentencia judicial admitió la demanda por competencia desleal de la concesionaria de autobús, que temía la pérdida de viajeros ante un medio de uso gratuito. Además, a comienzos de este año una auditoría del consistorio cifró en 3,3 millones de euros el coste de mantenimiento de las vías. Estos, a su vez, se añaden al millón y medio que Jaén tiene que abonar a la Junta por la amortización de los vagones.
3. Aragón: el aeropuerto para esquiadores
El aeropuerto de los Pirineos puede esgrimir un récord. Fue el que tuvo, en el primer semestre de 2013, el menor número de pasajeros entre todos los de España. Los 2.446 viajeros que lo utilizaron no fueron suficientes para convencer a ninguna aerolínea extranjera a quedarse. Su gran atractivo, según el Gobierno regional, habría sido la cercanía con las instalaciones para deportes invernales, una circunstancia que sirvió para justificar las ayudas por 2,7 millones de euros que llegaron desde el Ejecutivo aragonés. La cantidad amenaza con quedarse muy pequeña para saldar la deuda de 70 millones de euros que el aeropuerto mantiene con varias aerolíneas extranjeras.
4. Asturias: Musel, el gas cerca de casa
Costó casi como el más conocido Palacio de Congresos de Oviedo, obra de Santiago Calatrava, y conllevó además un problema medioambiental. La regasifigadora levantada en el puerto del Musel, en Gijón, supuso una inversión de alrededor de 370 millones de euros. Pero una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, emitida en octubre, anula la autorización administrativa concedida a Enagás en 2008 por la Dirección General de Política Energética y Minas para la construcción de la planta. ¿La razón? Al momento de construirla, nadie se acordó de que la legislación establece una zona de seguridad de 2.000 metros entre instalaciones industriales con actividades molestas o peligrosas y núcleos de población: está demasiado cerca de las casas.
5. Comunidad Valenciana: las Artes en números rojos
Fue un complejo arquitectónico diseñado por Santiago Calatrava que cambió la imagen de Valencia. Costó más de 1.200 millones de euros y acumula más de 500 en pérdidas. El 2013 tampoco será un buen año. Según las previsiones de la Conselleria de Economía, cerrará el ejercicio con números rojos por valor de 52 millones. Todo ello para levantar un cine Imax, un museo de las ciencias, una ópera, un puente sobre el viejo cauce del río Turia, un oceanográfico y un gran edificio multiusos (l'Àgora).
6. Extremadura: el expresidente quiere su despacho
La Asamblea de Extremadura ha destinado más de dos millones de euros desde 2007 en poner a punto un local para el expresidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra. El presupuesto incluía un coche oficial y un gabinete propio en esa oficina, formada por un asesor, un secretario y un chófer. Entre las facturas que se pagaron con fondos públicos, se incluyeron 3.050 euros para un sofá Le Corbusier, 579 euros para un perchero, 679 para una lámpara, 222 en un cenicero-papelera o 1.800 en una alfombra roja. El revuelo provocó que el expresidente se viera forzado a renunciar “temporalmente” a su despacho.
7. Galicia: la ciudad de la Cultura que empezó Fraga
Fue un proyecto iniciado en tiempos de Manuel Fraga, y hasta la fecha ha costado a las arcas autonómicas más de 400 millones de euros. Sólo en el mantenimiento de los edificios, se gastan 4,5 millones de euros al año. Wilfred Wang, el único arquitecto del jurado que votó en contra del proyecto, calcula que, si algún día se terminaran los dos bloques restantes, el coste ascendería a 600 millones, más que el aeropuerto de Ciudad Real.
8. La Rioja: viviendas japonesas en Logroño
El arquitecto japonés y premio Pritzker de Arquitectura, Toyo Ito, creó en Logroño una promoción de 468 viviendas. Corría el año 2006. Hoy, el 65% de ellas está aún sin vender. El complejo, que tiene un llamativo color entre azul turquesa y verde, simula una cadena de ADN, por lo que los bloques están enfrentados entre sí, con muy poco espacio entre las fachadas. El 70% de las viviendas estaban destinadas a jóvenes, según planteó el Ayuntamiento cuando presentó el concurso para la edificación en una parcela municipal en la periferia de la ciudad. Unos 300 pisos de esa promoción, que cuenta con servicios comunes, son propiedad de la entidad financiera CaixaBank.
9. Madrid: la Caja Mágica
Fue uno de los proyectos estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su etapa como alcalde, y habría tenido que ser el gran espacio deportivo de la Comunidad para la celebración de los esperados Juegos Olímpicos. Para su construcción se contrató al prestigioso arquitecto francés Dominique Perrault. La inversión, que comenzó siendo de 120 millones de euros, acabó alcanzando los 294, más del doble de lo presupuestado. La Federación de Tenis, último inquilino que albergó las instalaciones, ha rescindido su contrato porque no podía pagar el alquiler y el elevado coste de su mantenimiento, concebidas para unos JJOO y no para el día a día de un club de tenis.
10. Murcia: (otro) aeropuerto sin aviones
El aeropuerto privado de Corvera (Murcia) lleva un año terminado y ni siquiera se ha inaugurado. El aeródromo murciano seguirá sin recibir aviones de pasajeros por lo menos hasta dentro de un año, por lo que perderá una tercera temporada turística. Hasta ahora, el Ejecutivo regional ha dilapidado 270 millones en él. La situación se tornó endiablada. El aeropuerto, que costó 266 millones, exigía que cerrase otro, público, ubicado a 35 kilómetros y en el que se acaban de invertir 70 millones que nadie puede compensar.
11. Navarra: velocidad en Los Arcos
En 2010, el Gobierno foral destinó 43 millones de euros a la construcción de un circuito que no ha logrado albergar ningún evento de relevancia internacional. La infraestructura, que iba a suponer un empujón al desarrollo de Navarra, terminó convirtiéndose en un agujero financiero: además de la inversión, el Ejecutivo foral desembolsa anualmente un millón de euros en coste de gestión.
12. País Vasco: un túnel ferroviario sin conexión
Uno de los casos más llamativos en el País Vasco es el túnel de cuatro kilómetros que conecta el Puerto de Bilbao con la localidad de Ortuella, atravesando el corazón del monte Serantes. Las obras de infraestructura se ejecutaron entre 2005 y 2009, con un presupuesto de 48 millones de euros, pero se paralizaron. Las vías no se llegaron a equipar y, desde 2011, sus dos únicos accesos están tapiados, a la espera de que alguien construya el vial que lo conecte con la red ferroviaria general.
13. Baleares: Palacio de Congresos de Palma
Puede que esté viendo la luz al final del túnel. Pero, hasta la fecha, el Palacio de Congresos de Palma se ha llevado al menos 43 millones de euros públicos, que el Gobierno regional ha tenido que abonar a la constructora Acciona en concepto de deuda.
La infraestructura arrancó en 2008 para convertirse en la “estrella del Turismo” de Mallorca. Sin embargo, la crisis obligó a ralentizar al máximo las obras en 2011. En noviembre de este año quedó desierto el concurso público convocado para financiar con 40,5 millones el complejo hotelero (268 habitaciones) que acompañará a dicho centro de convenciones.
14. Canarias: obra de arte monumental
Gastar dinero público sin mover una piedra. Es lo que ocurre a los pies de la montaña de Tindaya desde, al menos, 1993. El escultor Eduardo Chillida propuso convertir ese trozo de tierra en un gran cubo vacío con unas galerías hacia el exterior. Una monumental obra de arte que ha costado 25 millones de euros al Gobierno local, según estimaciones a la baja. En 1995, la decisión del Gobierno local de declarar el monte bien de interés cultural, obligó a cerrar las minas abiertas a las faldas del peñón. El Ejecutivo local tuvo que inyectar 5,4 millones de euros en las arcas de la empresa que tenía los derechos de explotación.
15. Reino de don Quijote: el sueño de Castilla-La Mancha
Junto con el aeropuerto de Ciudad Real, fue uno de los proyectos que Caja Castilla-La Mancha no dudó en financiar. La primera caja en sucumbir bajo la explosión de la burbuja inmobiliaria fue también una de las más implicadas a la hora de otorgar dinero para la construcción del Reino de don Quijote. José María Barreda, entonces presidente de la región, llegó a declararlo “estratégico” para la zona. El Hotel de 812 habitaciones que se habría construido como apoyo a un macrocasino, sin embargo, se esfumó en menos de un año.
Los parecidos con Eurovegas van más allá de las casualidades.
16. Cantabria: apuesta por el fibroyeso
Una fábrica levantada sobre millones de euros públicos de la que nunca salió nada. Es lo que ocurrió en Cantabria, en un caso que a comienzos de 2013 ha llegado a los juzgados. La instalación en cuestión habría tenido que producir cartón-yeso, o fibroyeso -pladur para viviendas- y habría traído empleo y desarrollo en la Cantabria de Miguel Ángel Revilla. Sodercan, una empresa pública regional, era el socio minoritario de la fábrica, cuyo 70% habría sido aportado por EuroAmérica S.A., empresa con sede en Costa Rica. A ella fueron 40 millones de euros procedentes de las cajas cántabras con los que se consiguió algo distinto a lo prometido, maquinaria antigua sobrevalorada.
La ubicación de la fábrica tampoco fue un acierto: Reinosa no estaba suficientemente cercana al puerto de Santander para que mereciera la pena el traslado del material para su exportación. Las inversiones públicas en el centro se cifran en alrededor de 60 millones de euros.
17. Castilla y León: Ciudad del Medio Ambiente.
Una ciudad medioambiental inconstitucional. Es lo que queda en Soria desde el pasado 12 de diciembre, cuando el Tribunal estimó el recurso presentado por el PSOE en 2007 contra el proyecto regional de la Ciudad del Medio Ambiente “nulo” e “inconstitucional”.
Hasta la fecha, 42 de los 100 millones de euros públicos previstos han ido a financiar la obra. Otros 50 llegarían de manos privadas. El proyecto, conocido como “Cúpula de la Energía”, se enmarcaba en la construcción de siete cúpulas temáticas en cada una de las provincias de la comunidad. Fue impulsado durante la legislatura 2003-2007.
* El Confidencial - Ana I. Gracia - 16.12.13
Foto: Barcelona, edificio Fórum culturas - ub
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La importancia del urbanismo en África
La población que vive en las ciudades africanas incrementa rápidamente a causa del crecimiento natural de la población, haciendo cada vez más evidentes las deficiencias que existen en la mayoría de los países del continente en el ámbito de la planificación urbanística. Con múltiples problemas de pura subsistencia, la población tiene evidentes prioridades vitales, algo que los propios gobiernos, de carácter poco democrático normalmente, se encargan de que no sea reivindicado mayoritariamente.
"ALEX PRATS* : La creencia establecida de que la urbanización en África avanza de forma galopante parece ser, precisamente, un mito urbano. Los datos proporcionados por la agencia de las Naciones Unidas para los Asentamientos Urbanos (UN Habitat, dirigida por el exalcalde de Barcelona Joan Clos) indican que el ritmo de aumento de la proporción de la población que vive en la ciudad es tan sólo de un 1% cada diez años. De hecho, UN Habitat indica que se ha producido una reducción de la urbanización en 11 países de África sub-sahariana, entre los que se encuentran Mauritania, Tanzania, Uganda o Senegal. En Kenia, por ejemplo, el porcentaje de la población que vive en medio urbano se redujo del 34% en 2001 al 22% en 2010.
Estos datos tienen importantes consecuencias políticas, especialmente en relación con los riesgos que acarrea la marginalización del ámbito rural. Sin embargo, que la urbanización en África sea mucho lenta de lo que se suele explicar no quiere decir que la población en las ciudades no esté aumentado; tan sólo quiere decir que no aumenta más de lo que lo hace en el campo. En efecto, la población que vive en las ciudades africanas incrementa rápidamente a causa del crecimiento natural de la población, haciendo cada vez más evidentes las deficiencias que existen en la mayoría de los países del continente en el ámbito de la planificación urbanística.
El mes pasado tuve la oportunidad de visitar Nairobi. Una de las cosas que más me llamó la atención fue el número de edificios de viviendas y centros comerciales en construcción. Lo mismo ocurre en otras ciudades como Luanda o Dar es Salaam. La primera pregunta que nos podemos plantear es hasta qué punto existe un plan urbanístico que regule el desarrollo de la ciudad; por ejemplo, algunas de las ciudades de la costa de África del Oeste carecen de un plan maestro. Pero aún cuando hay un plan urbanístico en vigor, sea antiguo o reciente – en muchos ciudades el plan vigente es todavía el establecido por los poderes coloniales – la pregunta más importante es si las leyes de planificación urbanística responden a las necesidades de la población más pobre y vulnerable o si, por el contrario, favorecen los intereses de las elites políticas y económicas.
La reforma, el desarrollo e implementación de leyes de planificación urbanística no son una mera cuestión técnica. Son cuestiones profundamente políticas. Por tanto, las organizaciones de la sociedad civil y las ONG internacionales tienen que trabajar para influir en las decisiones y prácticas adoptadas en este ámbito por los gobernantes; deben trabajar para que las leyes de planificación urbanística produzcan ciudades más inclusivas y sostenibles, donde los esfuerzos para mejorar la seguridad de toda la ciudadanía y favorecer el acceso a la vivienda y servicios de educación y salud por parte de la población más pobre primen por encima del desarrollo de infraestructuras destinadas a satisfacer los intereses de elites minoritarias.
En la actualidad, casi dos tercios de la población que vive en las ciudades africanas lo hace en slums sin unas condiciones de vida mínimamente aceptables. A medida que las ciudades se vuelven más inaccesibles, los asentamientos informales se expanden rápidamente alrededor de los núcleos urbanos. Dice Tallmark, predecesor de Joan Clos en UN Habitat, que en las ciudades africanas actuales la población más pobre se ve obligada a vivir fuera de la ley para poder sobrevivir.
Otra cuestión importante es la cultura de impunidad reinante, que permite que las elites violen las leyes existentes buscando su interés propio, y en detrimento del interés público. Para las elites, en ocasiones, la mejor forma de lidiar con los pobres y vulnerables es promoviendo su huida forzada al campo. Uno de los casos paradigmáticos se produjo en 2005 en Harare, cuando el gobierno decidió dejar sin casa a 700,000 personas pobres mediante la Operación Murambatsvina, que el gobierno amparó en una ley de 1976 (Town and Country Planning Act).
Mi impresión es que las ONG que trabajamos en África no estamos prestando a estas cuestiones la atención necesaria. Por lo comentado al principio, es evidente que no podemos olvidarnos de los retos que existen en el campo, pero debemos hacer esfuerzos para lograr que las leyes urbanísticas se diseñen e implementen de modo que contribuyan a la reducción de la desigualdad y la pobreza. El futuro de las ciudades africanas se está forjando ahora.
* Alex Prats (activista de Christian Aid)
* El País- Blog - 16.12.13
Foto: Nairobi from BBC studios (2008) - afromusing
El Corredor Mediterráneo será la primera red de tren privatizada
Fomento ultima una fórmula de franquicia para autorizar servicios regionales y de larga distancia entre Barcelona, Tarragona, Castellón, Valencia, y "alguna conexión con Madrid". Algo bastante polémico pero que parece, además, solo el principio de medidas mas radicales privatizadoras de este Gobierno desnortado y en manos de financieras y grandes empresas constructoras, dispuestas siempre a sacar tajada.
"ELDIARIO* : El Ministerio de Fomento duda sobre el modelo, pero parece dispuesto a tirarse a la piscina de la privatización de algunos tráficos ferroviarios de pasajeros. Ana Pastor ha puesto fecha al proyecto en el primer semestre de 2014. Así, dará concesión de “títulos habilitantes” a las compañías que quieran aventurarse. Los presuntos interesados son cautelosos y aseguran que prefieren esperar a conocer los planes y los modelos concretos.
Fuentes de toda solvencia han revelado a eldiario.es las principales líneas sobre las que Fomento ultima el plan para introducir al primer operador privado de trenes de pasajeros en la red española. La zona geográfica y ferroviaria elegida como conejillo de indias para que uno o varios operadores privados estrenen la competencia con Renfe en tráfico de trenes de pasajeros es el llamado Corredor Mediterráneo. Se trata de una infraestructura que en su trazado principal arranca en Barcelona, pasa por Valencia y, según un plan apoyado por la UE con fondos públicos, se ampliará hasta Algeciras en el plazo de quince años.
Fuera del tráfico del AVE
El Gobierno ha seleccionado esta zona porque en la actualidad tiene un tráfico ferroviario potencial importante, aunque no es una línea de AVE. En las dos últimas décadas, ha sido explotado con servicios de ‘velocidad alta’ con la marca Euromed. Precisamente, esta es una de las decisiones clave en el arranque del proyecto privatizador de Fomento: que la entrada de segundos operadores no interfiera en los planes de desarrollo del tren de alta velocidad, que, al menos durante el ejercicio 2014, seguirá siendo monopolio de Renfe. La única excepción a esta regla la encontramos a partir del día 15 de este mismo mes en los servicios entre Francia y España, que realizará la operadora española con la francesa SNCF a través de la sociedad conjunta Elypsos.
Variante del modelo británico de franquicia
El modelo por el que el Gobierno entregará un ‘titulo habilitante’ a una o varias empresas para que puedan realizar servicios ferroviarios de pasajeros en competencia con Renfe es una variante de la fórmula concesional de la franquicia utilizada desde hace 15 años en el Reino Unido. Mediante un concurso público –o en caso de que sólo se presente un candidato, por medio de una fórmula de acreditación–, Fomento agrupará un paquete de "líneas y servicios de movilidad en la zona". Los servicios integrarán rutas regionales (normalmente deficitarias) junto a trayectos de larga distancia (presuntamente rentables). La compensación de los ingresos de ambos servicios debe facilitar al operador la consecución de una explotación rentable.
Los aspirantes deben realizar sus ofertas de modo que aseguren estándares adecuados de frecuencias, servicio y puntualidad. El Estado no aspira a lograr contrapestación económica del nuevo operador, más allá del pago por el uso de los surcos ferroviarios que utilice en la red estatal que explota Adif. En principio, el nuevo o nuevos operadores tendría/n la opción de comprar su propio material rodante, aunque no se excluye que puedan alquilar unidades de Renfe.
El paquete de líneas y servicios de movilidad tendrá como eje la ciudad de Valencia y sus conexiones de larga distancia con Castellón, Tarragona y Barcelona, así como servicios de carácter regional. Con carácter concreto, también se considerará la realización por el nuevo operador de servicios de conexión por ferrocarril entre Levante y Madrid. Según las fuentes citadas, la oferta de servicios que se propondrá para la primera privatización del tren de pasajeros “no tiene por qué estar cubierta en este momento por Renfe y se buscará que sea lo menos redundante posible”.
Candidatos
Las intervenciones de la ministra de Fomento, Ana Pastor, poniendo fecha a la privatización de los primeros servicios ferroviarios de pasajeros en España, han disparado las especulaciones sobre los nombres de los candidatos que pudieran estar interesados en participar en las licitaciones.
Se han mencionado algunas firmas de constructoras (Acciona, OHL, Ferrovial y Comsa) y operadoras de transporte de pasajeros por carretera en autobús (Alsa y Arriva-DB), así como algunas otras como la patrimonial de la familia Lara (Hemisferio), cuyas vinculaciones con el mundo del transporte son más lejanas. Las citadas, no obstante, son cautas y esperan a que se definan rutas, plazos y condiciones. No en balde, varias de ellas han participado desde 2005 en la privatización de los servicios ferroviarios de mercancías en España, que ha resultado ser poco menos que un fiasco.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 9.12.13
Foto: El Corredor Mediterráneo llegará a Almussafes (Valencia) en 2015; y a Murcia y Cartagena, en 2016.- eldiario
El 75% de la inversión urbanística de la alcaldesa de Madrid para 2014 se pierde en el pago de justiprecios
La deuda inmensa del ayuntamiento de Madrid sigue lastrando la economía de la ciudad que, poco a poco, va perdiendo los reconocidos valores por los que hace algunos años fue conocida. Nada queda de aquel Madrid espléndido culturalmente del alcalde Tierno que progresaba velozmente, además, en todas las actividades urbanas. Al contrario, el oscuro largo periodo perdido de Manzano, los despilfarros del faraón Gallardón y la ineptitud de la alcaldesa Botella, han supuesto un retroceso lamentable de décadas en la capital, como demuestran todos los índices independientes.
"VOZPÓPULI* : Uno de los capítulos estrella de los últimos Presupuestos Generales de la ciudad de Madrid iba a ser el de la recuperación de la inversión, pero un análisis más detallado desmonta tal afirmación. Para empezar, se anunció una dotación de 332 millones, pero pronto se supo que el 45% de ese montante (150 millones) corría a cargo de las empresas adjudicatarias de contratos (operación asfalto, por ejemplo). En consecuencia, al Ayuntamiento le tocaría apoquinar 182 millones el año que viene, un 80% más que en 2012. Y de esa cantidad, el área de Urbanismo que dirige Paz González concentra el grueso inversor, con el 40%, algo más de 70 millones. Pero la realidad es que los madrileños apenas notarán mejoras urbanas: si acaso, unas pinceladas.
De los 70.755.408 euros, casi 52 millones son puro humo. El Proyecto de los Presupuestos lo confirma: 47 millones se destinan a pagar “justiprecios determinados por resoluciones del Jurado Territorial de Expropiación Forzosa”; otros 4.769.593 euros van a parar a “bolsas de crédito para futuras expropiaciones, cumplimiento de sentencias y otros gastos”. Tres cuartas partes del presupuesto de Urbanismo que no se traduce en nada para la ciudadanía. El 25% de la inversión total.
La operación inversora más interesante, por no decir la única, son los créditos consignados para la “construcción de un Centro Polivalente en la Calle de Barceló”, para el que se destinan 12.400.000 euros. El resto de inversiones urbanísticas carece de relevancia: 3,2 millones para “derribo y vallado en ámbitos de expropiación” o 3 millones para la “adopción de medidas de seguridad y consolidaciones en edificios municipales”. Cibeles sigue al ralentí.
UPyD quiere más datos
UPyD ha tomado nota del despropósito inversor, y preguntará esta semana en comisión por los detalles de los justiprecios a abonar. Su portavoz David Ortega (UPyD) quiere “conocer el crédito total destinado a tal fin y en qué partida o partidas se encuentra contemplado”. También preguntará por “el importe anual de las sentencias condenatorias firmes, costas incluidas, de los últimos 5 años, con indicación de las Áreas a las que afectan”.
A Ortega le preocupa que no exista “dotación suficiente para hacer frente al pago de sentencias condenatorias firmes”, algo que, evidentemente, castraría aún más la capacidad inversora de Ana Botella. La alcaldesa, no obstante, seguro que estos días tiene otras preocupaciones.
* Voz Pópuli - 16.11.13
Foto: Madrid, edificio ayuntamiento - wikipedia.org
Fiscalía pide cárcel para 43 acusados de integrar la trama de corrupción urbanística en La Muela
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La Muela es un municipio a 23 kilómetros de Zaragoza que cuenta con unos 5.000 habitantes. Allí se han construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad y un gran polígono industrial. Pero la mayor parte de las obras las realizó la promotora Aranade, a cuyo frente estaba el inductor de la trama de corrupción urbanística que permitió a la exalcaldesa Pinilla (PAR) conseguir en unos años más de 3 millones de beneficios privados ilícitos. Ahora la Ficalía pide 37 años de cárcel para ella en este asunto que fue famoso al ocupar la policía el Ayuntamiento hace casi 5 años. Ya se verá cuando llegue la sentencia.
"ELPERIÓDICO* : Un siglo y medio de cárcel, tres y medio de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, multas que rondan los cien millones de euros e indemnizaciones por más de once a falta de valorar los perjuicios que sufrió el Ayuntamiento de La Muela con los manejos urbanísticos de la época en la que Mariví Pinilla ocupó la alcaldía. Ese es el resumen, con trazo grueso, del minucioso escrito de acusación en el que la fiscal V.Esponera describe la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza-- y solicita condenas para los 43 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo.
El escrito desgrana, agrupándolos en siete bloques, un memorial de episodios entre los que destaca la relación de la alcaldesa con el empresario Julián de Miguel, quien desde Aranade pilotó el desarrolló urbanístico del municipio con unos resultados que, según el ministerio público, le permitieron darle a la primera y su familia, "bien en metálico, bien mediante el pago de gastos", hasta 2,89 millones de euros en veinte años.
Ambos, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza --ella de 800.000 euros y él de 120.000--, afrontan las principales peticiones de condena por parte del ministerio público: 37 años de prisión, 170 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y multas por valor de 22.944.200 euros para ella; 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una sanción económica de 19,6 millones para él.
La familia Embarba-Pinilla irá al completo al banquillo. Juan Antonio, el exmarido de la exalcaldesa, se enfrenta a una petición de prisión de once años y medio a la que se suman multas por valor de nueve millones y medio de euros. Sus tres hijos, Antonio, Víctor y Jorge, afrontan solicitudes de tres y cuatro años de cárcel y multas de, respectivamente, 300.000, 600.000 y un millón de euros. Junto a ellos se sentará su tía Dolores --dos años y 200.000 euros--.
De Miguel también ha arrastrado con él hasta el banquillo a sus hijos David y Julio, para quienes el ministerio público solicita sendas penas de dos años y medio de prisión y 480.000 euros de multa.
FRAUDE. Carmelo Aured, preso en Zuera para cumplir una condena firme por fraude fiscal y pendiente de juicio en el caso Becerril, se enfrenta a una petición de veinte años y tres meses de prisión, uno de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de multas por más de nueve millones de euros. El grueso de las peticiones está basado en presuntos fraudes tributarios con los que, presuntamente, escamotearon a Hacienda más de cuatro millones y medio.
A Aured le acompañarán en el banquillo algunos de sus colaboradores, como el testaferro Miguel Ángel Horta --le piden tres años-- o el asesor económico José Antonio Puyadas Embid --más de doce años y multas por 4,7 millones--, y varios empresarios que participaron en operaciones en las que el ministerio público aprecia indicios de delito.
El banquillo de la operación Molinos tendrá 43 ocupantes, trece de los cuales podrían eludir el ingreso en prisión aunque la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza --celebrará el juicio en aplicación del turno especial para asuntos de corrupción-- les impusiera las penas que solicita para ellos la Fiscalía. Si bien, en caso de condena, el pago de cuantiosas multas y/o indemnizaciones sería un requisito previo para poder eludir la cárcel.
En este grupo están María Jesús Velilla, intermediaria en el pelotazo del SR-1 y para quien las multas por 2,7 millones contrapesan la solicitud de dos años de cárcel; su hijo Antonio Royo, exescolta del exconsejero de la DGA Alfredo Boné --2,4 millones y seis meses-- y que se interesó por un expediente en el Pignatelli, o el excargo de Urbanismo Carlos Martín Rafecas --seis meses y 486.000 euros--. Fiscalía acusa a dos exconcejales --Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo--, al secretario Luis Ruiz y al arquitecto Francisco Núñez.
* El Periódico Aragón - BAYONA / IBÁÑEZ / MANTECÓN 21/12/2013
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Otros megaproyectos que iban de farol: Gran Scala y el Reino de D.Quijote
A propósito del 'afortunado' fracaso de Eurovegas, la megaciudad de los casinos en Alcorcón (Madrid), son diversos los grandes proyectos estrella que cayeron también hace pocos años en este país de la corrupción y los pelotazos urbanísticos. Siempre con una financiación sospechosa y el apoyo 'indiscriminado' de las administraciones implicadas y ciertos medios de comunicación, tras los faraónicos proyectos de las ciudades del ocio que pretendían crearse en zonas apartadas, se encontraban las trampas urbanísticas y la absoluta falta de estudios serios sobre el impacto en el Territorio. Aquí traemos los planes para abrir dos grandes templos del juego en Los Monegros y en Ciudad Real que, también afortunadamente, nunca se desarrollaron.
"ELPAÍS* : Se anunciaron en su día a bombo y platillo. Iban a ser grandes complejos de ocio y juego que activarían la vida económica de zonas desérticas o poco pobladas de España. Pero, como ha pasado con Eurovegas, tanto el proyecto Gran Scala en Los Monegros (Aragón) como el Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, acabaron en fiasco: proyectos fantasma que murieron antes de nacer.
Gran Scala era el rimbombante nombre del parque de ocio y juego que iba a albergar la localidad de Ontiñena (Huesca), con 650 habitantes, en la zona desértica de Los Monegros. International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, prometía en 2007 la construcción de 32 casinos, parques temáticos, hoteles con capacidad para 25.000 clientes, 250 tiendas... Preveía destinar 17.000 millones y crear 65.000 puestos de trabajo.
Desde un primer momento, Gran Scala contó con el apoyo de las instituciones de Aragón, empezando por Marcelino Iglesias, entonces presidente de la región, hasta el líder del partido que le había dado el Gobierno, José Ángel Biel (Par), principal impulsor del proyecto. Para contentar a los promotores, el Parlamento aragonés aprobó la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, según la cual, un consorcio, en forma de Consejo de Administración, pasaba a gobernar los destinos de las localidades afectadas por el proyecto.
ILD firmó las opciones de compra y pagó a los propietarios entre el 4% y el 10% del valor de las parcelas. Pero el proyecto naufragó definitivamente en febrero de 2012 al no ejercerse la opción de compra que los promotores tenían sobre los terrenos sobre los que iba a desarrollarse.
El Reino de Don Quijote fue presentado en 2005. La compañía estadounidense Harrah’s Entertainment elegía Ciudad Real para su primer casino en Europa, que se iba a convertir en una auténtica Las Vegas europea. En torno al casino se alzaba un complejo que contaría con un hotel de cinco estrellas y 812 habitaciones, un centro de convenciones para 2.000 personas, un teatro con 3.000 localidades, un spa de 7.500 metros cuadrados y 9.000 viviendas. Se habló de inversiones de 6.500 millones de euros en 15 años, 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 indirectos en el resto de Castilla-La Mancha.
La situación empezó a complicarse con el estallido de la crisis económica en 2008. Ese mismo año, sin que se hubiera puesto ni una piedra del supuesto macrocomplejo de ocio, Harrah’s Entertainment anunció que suspendía toda su inversión por la falta de financiación. Ese fue el inicio de una serie de problemas y, en diciembre de 2011, la sociedad Reino de Don Quijote entraba en concurso de acreedores. Su presidente, Sergio Álvarez, admitió en ese momento que la compañía tenía “falta de liquidez total”, pero que solicitaba el concurso con el ánimo de revitalizar el proyecto.
Queda por ver qué pasa con el único proyecto que sigue en pie: el macroresort de turismo, juego y negocios BCN World, vendido en su día en Cataluña como respuesta al no de Eurovegas. Existen dudas sobre su viabilidad, aunque en una entrevista reciente su presidente, Xavier Adserà, aseguraba que las inversiones para la primera fase están aseguradas y las obras podrían arrancar en el primer semestre de 2014.
* El País - 13.12.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala
Alaya procesa al exteniente alcalde y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso de Mercasevilla
La polémica jueza Alaya procesa por el asunto de Mercasevilla a 15 personas, a los que acusa de haber cometido los delitos de prevaricación contra la Ordenación del Territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a una constructora. Una ilegalidad urbanística por la que ya han pasado casi 8 largos años y que ahora parece se reactiva, cuando el múltiple delito casi se ha olvidado y, en cualquier caso, ya no tiene retroceso posible. La lentitud judicial, una vez más, es exasperante y roza la complicidad con el delito que pretende atajar de malas maneras y peores resultados.
"DIARIODESEVILLA* : La juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que acuerda el procesamiento por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevilla al concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex edil del PSOE Gonzálo Crespo, dos ex gerentes de Urbanismo y varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 15 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.
El auto de la juez Alaya acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado -con lo que corrige su anterior error al elevar la causa a sumario- que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil.
En la resolución, Alaya acuerda el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada y Alfredo Delmo Suárez, al estimar que “no existen motivos suficientes para considerar responsables” a estas personas de los delitos que se investigan.
En el auto, la juez da por concluida la investiga y concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Esta investigación se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho –que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-.
Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la “dirigida finalidad” de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.
La instructora considera que la “intención” de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un “concurso fraudulento” que beneficiara “claramente” a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que “penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa” con la que se conseguía un “efecto perverso” al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad sobre un derecho de superficie sobre los terrenos.
Ese pliego de condiciones se elaboró, según argumenta la juez, “intencionadamente para beneficiar a Sanma” e incluso en el pliego definitivo del concurso aprobado por la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla no se recogía la exigencia de incluir la descripción de cualquier derecho de superficie u ocupación, por lo que “quedaba oculto para el resto de los licitadores la ventaja (hasta 10 puntos) concedida a Sanma”.
La instructora señala que la cláusula de limitación al alza no aparecía en el pliego de condiciones cuando fue aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, sino que fue “introducida de rondón” en la reunión del Consejo de Administración, ya meramente formal, el día 30 de noviembre, acción que Alaya atribuye entre otros imputados a Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.
La juez asegura que fue el entonces director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, “persona de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín” quien entró en contacto con Sanma, que estaba muy “interesada en Mercasevilla” y en llevarse “todo el lote: derecho de superficie, opción de compra y futura adquisición de los terrenos y traslado y construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria”.
Los responsables de Sanma, según Alaya, necesitaban como contraprestación para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 que “se les garantizara la concesión” del derecho de compra de la totalidad de los terrenos y que se les garantizara la obtención de licencia de edificación en las parcelas afectadas por ese derecho, una “garantía que sería prestada por el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena, también persona de confianza del alcalde”.
Al concurso concurrieron ocho empresas, algunas de las cuales tenían relaciones internas entre si y con Sando, y “salvo tres de ellas, las cinco restantes por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego, podrían considerarse ofertas de relleno” y el resultado, prosigue Alaya, fue que “indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas”, aunque para la juez la valoración de las ofertas que se hizo también “benefició ilegítimamente” a esta constructora.
Para la juez, Sanma fue igualmente beneficiada posteriormente con la concesión de la licencia de primera ocupación por parte de la Gerencia a pesar de que no había finalizado la construcción de la infraestructura eléctrica -con lo que existían unas “enormes deficiencias” en la urbanización-, cuando a la anterior empresa, Larena 98, se le había denegado por este motivo.
La instructora ha imputado a varios funcionarios por no haber dado el “pase” al servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, lo que “impediría sin la visita a la obra y conociendo las graves deficiencias en el suministro eléctrico, la licencia de primera ocupación”. “El descontrol que existía en el Servicio de Licencias haría el resto, pues en ningún caso las imputadas y responsables del servicio Isabel Evans o Emilia Barrial, jefa y subjefa, leían el contenido de tales informes del servicio de coordinación de Vía Pública, ni se cuestionaban si con él se daba contestación a la conclusión o no de las obras de urbanización”.
El entonces gerente de Urbanismo y también procesado Miguel Ángel Millán concedió la licencia casi en el plazo solicitado de un mes y “sin examinar el expediente ni los informes existentes, en base supuestamente a un informe recopilatorio firmado por la señora Evans, extremo que es negado por la misma”, precisa la juez.
Alaya considera que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, en lo que se refiere a la “preparación presuntamente ilícita del concurso público”, desde la elaboración del pliego hasta la valoración favorable, del que serían presuntos autores Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Fernando Mellet, el asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.
Alaya también imputa un delito de prevaricación, en relación con la petición de licencia por parte de Larena 98, a la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, mientras que procesa por un delito contra la ordenación del territorio a los responsables de Sando, a Emilia Barrial, Isabel Evans, al arquitecto Alberto Balbontín, y a los ex gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena. Sobre este último, Alaya dice que “estaría al corriente desde el principio de la problemática de Mercasevilla con Larena y de la necesidad de que aquella tenía de que la empresa que se subrogara en el derecho de superficie tuviera como contraprestación el derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos”.
La juez ha procesado por un delito de falsedad en documento mercantil a Fernando Mellet y Daniel Ponce, en relación con una factura.
A todos los imputados, salvo Isabel Evans y Miguel Ángel Millán, Alaya les atribuye además un delito de asociación ilícita del artículo 515 del Codigo Penal, pues “todo ellos en un momento determinado se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet, para realizar cada uno su ilícito cometido”.
* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 21.12.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
La sospechosa ubicación de once estaciones del AVE
El despilfarro público del AVE por los últimos gobiernos de país, de distinto signo además, es una de las causas más graves que ha traído la enorme deuda que arrastramos y que ha sido culpable de la crisis-estafa que padecen todos los ciudadanos todavía al día de hoy. Que un país como el nuestro se haya permitido el lujo de tener la mejor y más amplia red de alta velocidad del planeta (tras China) no es justificable bajo ningún parámetro y esto es un error mayúsculo que seguirán pagando próximas generaciones. Encima, como se ve aquí, con decisiones tan arbitrarias y delictivas como la pésima ubicación de las estaciones.
"ELDIARIO* : ¿En qué estarían pensando cuando decidieron ubicar las estaciones del AVE? Los responsables políticos que reclamaban que el AVE pasara por su comunidad autónoma, por su ciudad y casi por su pueblo, (y a fe que muchos de ellos lo lograron) a la hora de decidir dónde colocaban la estación de “sus” trenes veloces “particulares”, tuvieron muy mala puntería. El resumen es el siguiente: ocho terminales AVE de nueva planta han sido construidas a una distancia de entre cuatro y 19 kilómetros del centro urbano, pese a que las poblaciones a las que dan servicio (Puente Genil, Segovia o Tarragona, entre otras) son de tamaño mediano o pequeño y su número de habitantes oscila entre 30.000 y 150.000.
Por otra parte, ninguno de los tres principales aeropuertos peninsulares, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Pablo Picasso, están conectados con la red del AVE, aunque eso sí, existen estaciones de alta velocidad a menos de 10 kilómetros de distancia. Como consecuencia de esta extraña enemistad entre el transporte aéreo y el AVE, resulta que los 58 millones de pasajeros extranjeros (en su mayoría turistas) que reciben los aeródromos tienen severas dificultades para utilizar los servicios ferroviarios de alta velocidad en tráficos de conexión. Así, mientras los aeropuertos de AENA tuvieron 194 millones de pasajeros en 2012, el AVE consiguió poco más de 12 millones.
¿Mala puntería?
¿La puntería es mala o tal vez ha sido demasiado buena? Cuando ya existen 29 ciudades con estación de AVE nos encontramos en condiciones de aventurar ¿qué es lo que en realidad querían cuando decidieron dónde iban a situar los apeaderos del tren veloz? Y la respuesta es que quizá deseaban una mejor comunicación para su ciudad, pero sobre todo aspiraban a relanzar el negocio inmobiliario.
La primera ocasión en la que pudo demostrarse la estrecha relación que podía existir entre la promoción de viviendas y las estaciones del AVE fue con ocasión de la inauguración de la primera línea entre Madrid y Sevilla. A partir de 1992 y en un fenómeno que pocos habían previsto, la población de Ciudad Real, a 45 minutos en tren veloz desde Madrid, comenzó a crecer en dirección hacia la estación del AVE que se había construido en una zona periférica a unos tres kilómetros del centro.
Muchas personas que trabajaban y vivían en Madrid entendieron que podían trasladar su residencia a la capital manchega. Se beneficiaban no solo de la rapidez y comodidad del nuevo tren, sino también de un precio de la vivienda y, en general de la vida, que era la mitad que el de la capital. Así, en pocos años se multiplicaron las promociones de viviendas y de servicios junto a la estación del AVE y algunos promotores espabilados hicieron su agosto.
Diez años más tarde, la connivencia entre políticos y promotores inmobiliarios, tuvo ocasión de repetir la jugada en el primer tramo de la línea del AVE de Madrid a Barcelona. Así la estación del tren veloz en Guadalajara fue ubicada en Yebes, nada menos que a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Junto a un complejo ferroviario de 12 millones de inversión, se proyectó una megapromoción inmobiliaria con el nombre de Valdeluz que debería albergar a unas 34.000 personas.
Entre los propietarios de los terrenos aledaños a la estación se encontraba la familia de Fernando Ramírez de Haro, marido de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Con el paso de los años Valdeluz no ha superado los 2.000 habitantes y la estación del AVE de Guadalajara es la sexta de la red nacional que menos pasajeros recibe: poco más de 70 cada día.
Al arriesgado deporte de colocar las estaciones del AVE a una distancia temeraria del centro de la ciudad a la que debe prestar servicio se han apuntado posteriormente las localidades de Tarragona (cuya estación está a 11 kilómetros), Segovia-Guiomar (a 6 kilómetros), Puente Genil (a 4 kilómetros), Utiel-Requena (a 5,5 kilómetros de Requena), Antequera-Santana (a 19 kilómetros) y Cuenca-Fernando Zobel (a 4 kilómetros).
El propietario de todas estas estaciones, la sociedad pública Adif, justifica esta política con el argumento de que es más caro enterrar la línea del AVE para llevarla hasta el centro de estas poblaciones (en el caso de la recién estrenada terminal de Girona el túnel de 3,6 kilómetros ha costado 346 millones) que ubicarlas en las afueras. El razonamiento podría servir si no fuera porque todas las estaciones construidas a kilómetros del centro de las poblaciones se inscriben en el farolillo de cola de la alta velocidad ferroviaria española medida por el número de pasajeros por día: Tarragona, 563; Segovia (Renfe no ofrece datos); Puente Genil, 46; Requena, 21; Antequera, 92; y Cuenca, 164. Además en la mayoría de ellas existen o están proyectadas urbanizaciones que han quedado frustradas por la crisis del ladrillo.
Sin conexión a aeropuertos
La segunda peculiaridad que sorprende en cuanto a la ubicación de las estaciones del AVE la encontramos en que ninguna de ellas está situada en alguno de los 47 aeropuertos de la red de AENA, lo que facilitaría el uso de esta costosa y moderna red ferroviaria por los pasajeros extranjeros que nos visitan. Solo hay un aeródromo en España que tiene conexión con el AVE y es el de Ciudad Real. Lo perverso es que precisamente esta instalación está en quiebra por falta de vuelos.
Tanto la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas como la T1 de El Prat tienen en sus sótanos el espacio y los andenes de la futura estación del AVE. Pero en ninguno de los dos casos existe el trazado que les permita conectarse a las vías del tren veloz. Y eso que el apeadero AVE de El Prat de Llobregat está a apenas cuatro kilómetros del aeródromo con el que comparte nombre. Existe un proyecto para llevar el AVE hasta la T1 de El Prat, pero faltan los 80 millones de euros en los que está presupuestado. La estación madrileña de Chamartín está a 10 kilómetros de la T4 de Barajas, pero hasta la fecha Fomento ha preferido gastar 218 millones en llevar al aeropuerto un tren de cercanías.
El aeropuerto Pablo Picasso de Málaga está a cinco kilómetros de la estación del AVE de la ciudad, denominada María Zambrano, pero tampoco en esta ocasión a los responsables del diseño del AVE se les ocurrió que sería una excelente idea buscar sinergias entre los 813.000 viajeros que llegan a la capital de la Costa del Sol en tren veloz y los 12,5 millones de viajeros que se desplazan en avión.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 27.1.2013
Foto: Estación del AVE en Cuenca. EFE
Una juez imputa por presunto blanqueo a la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid
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Sale ahora a la luz este nuevo escándalo de corrupción del presidente de la Comunidad de Madrid, en relación con un ático de lujo que posee el matrimonio González en Estepona, se trata de blanqueo de capitales pero ocurrido ya hace años, mientras ha sido la propia justicia que lo investigaba la que ha estado frenando las diligencias previas, con lo que el asunto se ha dilatado inútilmente en el tiempo. La responsabilidad delictiva de I.González y su esposa es clara ya que hay numerosos datos de una trama en el extranjero que lo confirma, pero también se debería aclarar la sospechosa actuación judicial.
"ELPAÍS* : La juez de instrucción nº5 de Estepona (Málaga), M.Peregrina, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su presunta implicación en blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del lujoso ático de Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años. La magistrada cursó ayer mismo la causa a la Audiencia Nacional al tratarse de delitos que se han podido cometer en el extranjero, según confirmaron fuentes del Gobierno madrileño. La juez también ha imputado por el mismo asunto al empresario mexicano Rudy Valner, quien compró dicha vivienda en nombre de la empresa Coast Investors.
La juez de Estepona inició la investigación a comienzos del presente año y reclamó “toda la información fiscal” disponible sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) propietaria del piso, de 500 metros cuadrados —entre vivienda y solarium— y ubicado en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. En un auto fechado el pasado 9 de enero, la juez también daba por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que intentaba demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad offshore Coast Inverstors” por un millón de euros.
La denuncia añade que Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes. Ese precio es considerado una ganga para una zona donde el precio medio de los alquileres para casas de esa calidad es de 6.000 euros al mes. Además, el SUP sostiene que González ni siquiera paga ese alquiler.
Poco después de la apertura de la causa judicial, el presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde hace años. El dúplex de lujo cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi. La Sociedad de Tasación SA tasó en julio de 2012 el apartamento en 769.611 euros. El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) está a nombre de la esposa de González, que actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la patronal madrileña.
El 20% restante supuestamente sería propiedad de González tras pagar 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y a ella, un 80%. En su día, fuentes cercanas al matrimonio atribuyeron el desembolso al cobro por parte de Cavero de una indemnización de 700.000 euros tras 26 años en Unesa, la patronal eléctrica, en julio de 2011. El sueldo del presidente madrileño asciende a 103.000 euros brutos al año.
La investigación del caso del ático ha sido procelosa y controvertida. En julio del año pasado, le costó el puesto nada más y nada menos que a Enrique Rodríguez Ulla, flamante comisario general de Policía Judicial, nombrado por el Gobierno del PP.
Este mando policial perdió la confianza de sus jefes por abrir una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo, sin conocimiento ni autorización del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero sobre todo porque Rodríguez Ulla ordenó tales pesquisas después de que el Sindicato Unificado Policial (SUP) le advirtiera por carta con llevarle a los tribunales si no lo hacía. En la misiva, el sindicato policial amagaba con denunciar a aquellos mandos policiales que dejaban de hacer su labor por lograr un puesto de trabajo para un pariente.
Cuatro meses antes, en abril de 2012, el director de la Policía destituyó al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, por investigar el ático a petición de quien fue número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico (ahora ya fallecido).
Una ‘primera dama’ discreta con cargo en la patronal
Lourdes Cavero, licenciada en Empresariales y poco dada a ejercer de primera dama, tuvo cierta visibilidad pública en 2011, cuando el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, la fichó como adjunta a la presidencia. Antes de ese nombramiento, el cargo ni siquiera existía; fue creado para ella, lo que en su día provocó malestar en un sector de los empresarios, que criticaron la pérdida de credibilidad que suponía colocar a familiares de miembros del Gobierno regional. El organigrama que la CEIM publica en su página web le atribuye en la actualidad una de las 18 vicepresidencias de la organización empresarial.
Desde que acabó sus estudios en 1984 hasta que ingresó en la patronal madrileña, Cavero había trabajado para la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Según explicaron el pasado enero fuentes cercanas a la pareja, pudo formalizar la compra del ático gracias al desembolso de los 700.000 euros de indemnización que percibió tras 26 años de servicio en la patronal de la industria eléctrica. En la escritura pública figura como propietaria del 80% de la vivienda frente al 20% que posee González.
Cavero se deja ver poco por la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, según quienes trabajan allí con su marido. Sí acudió, junto a las tres hijas del matrimonio, a la toma de posesión de González, en septiembre de 2012, tras el inesperado abandono de la primera línea política de su antecesora y mentora, Esperanza Aguirre.
“Era una más en el trabajo, una persona de lo más normal, que salía a tomar café con el resto”, explica un antiguo empleado de Unesa. “No le pega ser la señora presidenta”.
Un pisazo en el paraíso
El ático de la lujosa urbanización Alhambra del Golf, en Guadalmina, tiene una superficie total construida, incluidas las zonas comunes, de 257 metros cuadrados. Según la escritura de su compraventa, facilitada en enero por la Comunidad de Madrid, el ático se compone de un recibidor, salón-comedor, cocina, lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo y terrazas con una superficie de 112 metros cuadrados.
A la vivienda le pertenece la terraza solarium, “ubicada en la planta ático del edificio, a la que se accede a través de una escalera que parte desde una de las terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de 238 metros cuadrados, siendo sus linderos los mismos que los de la vivienda a la que pertenece, haciéndolo además en parte con cubiertas del edificio y con cuarto de máquinas de aire acondicionado”.
La residencia dispone de tres plazas de garaje con una superficie de entre 22 y 24 metros cuadrados y de tres trasteros, cuyo tamaño va de los seis a los nueve metros cuadrados. El precio de cada plaza de garaje ascendió a 13.000 euros, por los 3.000 que se abonaron por cada trastero, cantidades incluidas dentro de los 770.000 euros que González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaron por la casa.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 18.12.13
Foto: Imagen del residencial en el que se ubica el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (EFE)
El Supremo tumba por tercera vez el intento de Castellón de validar su PGOU
Este es un buen ejemplo de lo que no se puede hacer nunca en Urbanismo. En Castellón se aprobó el Plan General de la ciudad en el año 2000, cuando estaba de concejal responsable, luego alcalde, el actual presidente de la Comunidad Valenciana A.Fabra. Dicho plan fue anulado, tardíamente, por el Supremo en 2008, pero es que el asunto no acaba aquí, sino que el ayuntamiento ha insistido hasta 2 veces más con el PGOU, ligeramente modificado, por si colaba. Y no ha colado, claro. Pero clama al cielo que, debido a la lentitud judicial y a la caradura municipal, una ciudad esté sin nuevo Plan General durante tantos años, con el perjuicio urbanístico que eso puede causar. Lamentable ejemplo donde, seguro, tampoco habrá sanciones para los responsables.
"ELPAÍS* : Ni una, ni dos. Hasta tres veces ha tenido el Tribunal Supremo que instar al Ayuntamiento de Castellón a que elabore desde el principio un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad tras anular el aprobado en el año 2000. El alto tribunal lo declaró nulo en 2008. El Ayuntamiento, que entonces presidía Alberto Fabra, intentó validar el mismo documento que él mismo promovió años antes como edil de Urbanismo, pero vecinos afectados consideraron que la sentencia no se ejecutó correctamente y recurrieron. En 2011, el Supremo consideró que aquella decisión fue un “simulacro de cumplimiento” del fallo que obligaba a iniciar desde cero unas nuevas reglas urbanísticas.
La sentencia fue uno de tantos varapalos judiciales que ha recibido el actual alcalde, Alfonso Bataller, como herencia de las decisiones de Fabra. Pero también él continuó con la rebeldía a la decisión judicial y optó por esperar primero una orden de ejecución forzosa del fallo y aprobar después (en un pleno de septiembre de 2012) una nueva exposición pública del PGOU 2000 por el que esperaba tenerlo aprobado en enero de este año. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano truncó estas esperanzas y le instó en un auto a que dejara de “persistir en la aprobación de un PGOU” que ya había sido declarado nulo en dos ocasiones y que elaborara y tramitara un nuevo plan “aplicando la normativa urbanística vigente”. “El PGOU de 2000 no existe jurídicamente al haber sido declarado nulo, no tratándose tan solo de la mera subsanación del trámite de información pública”, recogía el auto.
No cabe recurso
Bataller acudió al asesoramiento de la Generalitat y optaron por presentar sendos recursos de casación ante el Supremo en el que alegaban que el TSJ se había “extralimitado” y que sí valía una mera exposición pública.
Ahora, el Supremo ha vuelto a dictar sentencia y confirma que el TSJ no contradijo sus dos sentencias anteriores, sino que les da “exacto y puntual cumplimiento al declarar nulo el acuerdo municipal que ha tratado de eludirlas” e insiste en que no se han ejecutado los fallos de 2008 y 2011. Así, desestima ambos recursos y condena a costas a ambas Administraciones en una sentencia contra la que no cabe recurso.
* El País - LORENA ORTEGA - 13.12.13
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Caso Bárcenas.- Ultimátum del juez Ruz a las constructoras: o envían los contratos o la Policía los requisa
Reír por no llorar. Da la impresión 'ahora' que la justicia se tomase con mucho interés el caso Bárcenas de corrupción en el PP, cuando se llevan casi 5 años desde que el juez Garzón le imputara en el caso Gürtel. A Garzón le apartó la propia justicia y aunque Bárcenas esté en prisión, el resto de implicados, tanto políticos como empresarios, siguen riéndose bien resguardados. Es triste que todo un juez tenga que amenazar con nuevas medidas a las empresas constructoras porque no le hacen ni caso, prueba evidente de quién tiene el mando aquí.
"ELCONFIDENCIAL* : El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no está dispuesto a que los empresarios imputados por los ‘papeles de Bárcenas’ no se tomen en serio sus requerimientos, así que, en un auto les ha dado un “plazo improrrogable” de cinco días para que aporten todos los datos de los contratos adjudicaciones por administraciones públicas entre 2002 y 2009. Entre las empresas que no han remitido hasta ahora la documentación o lo han hecho de manera incompleta o errónea están Aldesa, Bruesa Contrucción, FCC, Sacyr Valleherrmoso, OHL, Sando, Rubau o Licua.
En el auto, el instructor que investiga la presunta contabilidad B del partido ha lanzado esta advertencia a los empresarios después de que la Udef haya podido observar que le faltan datos para poder continuar con su investigación. Para asegurarse que se cumple lo ordenado, Ruz ha facultado a los agentes de la referida unidad para intervenir en el diligenciamiento de los despachos de las empresas a las que se ha requerido la información.
En el caso de Bruesa Construcciones, la documentación que esta envió al Juzgado es distinta de la que se le requirió, “lo que impide conocer la globalidad de contratos públicos que se suscribieron efectivamente por la empresa constructora al no poder disponer de una relación total de los mismos”. En el caso de Assignia Infraestructuras no indica el importe de las licitaciones o el procedimiento de adjudicación, y a Azvi ni siquiera se le ha solicitado un listado de contratos públicos en los que ha resultado adjudicataria entre 2002 y 2009.
Por su parte, OHL se ha saltado remitir alguno de los contratos públicos recibidos y, de dos listados enviados al juzgado, uno en marzo y otro en agosto, hay diferencias en el importe de adjudicación de un mismo contrato, por lo que no se puede conocer cuál fue la cantidad real que recibió por cada uno de ellos.
En el caso de FCC, ha mandado la documentación en un formato que complica mucho la investigación, además de remitir algunos contratos en las lenguas cooficiales, que deben ser traducidos. Por su parte, Construcciones Rubau ha enviado la información sin hacer constar el concepto relativo al tipo de contrato licitado de los 34 de los que la misma es adjudicataria. Asimismo, sólo se ha remitido la contratación pública llevada a cabo con Administraciones gobernadas por el Partido Popular, por lo que procede que envíe los contratos concedidos por todos los partidos.
La Policía ha detectado que en el caso de Sacyr Vallehermoso no ha mandado todas las licencias que le han sido adjudicadas, “limitándose a los licitados por los órganos contratantes pertenecientes a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Toledo”. Además, recuerda el juez, se limita temporalmente a la contratación pública entre los años 2003 al 2009, ambos inclusive, obviándose el año 2002.
A Sando, Licuas, José Antonio Romero Polo, Degremont y Asedes Capital y Aldesa les ocurre lo mismo, por lo que Ruz les exige que remitan toda la información relativa a los contratos públicos otorgados entre 2002 y 2009 en un plazo de cinco días para que la Policía pueda continuar con su investigación.
A todos ellos, les recuerda que deben aportar todos aquellos contratos no sólo recibidos a título de licitante individual, sino también en los que se haya formado parte de una unión empresarial en unión temporal de empresas (UTE), debiendo indicar el porcentaje de participación en la misma.
Ruz no quiere una investigación prospectiva
El instructor está centrando la investigación a partir de 2002, porque lo ocurrido en los años anteriores sería en todo caso delitos prescritos. De ahí que en otro auto haya rechazado el recurso interpuesto por las acusaciones contra su decisión de no requerir al Ministerio de Fomento la integridad de los concursos y contrataciones concedidos a los empresarios imputados en esta causa desde 1990 hasta 2012.
Según explica Ruz, las acusaciones no justifican por qué piden todos esos contratos y, de aprobar su petición, se estaría cometiendo una “investigación prospectiva” en vez de “una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal”. En su auto, el instructor recuerda que, la primera vez que lo rechazó, pidió a las acusaciones que ofrecieran datos adicionales que pudiesen ayudar a concretar la proporcionalidad, necesidad y utilidad de dicha diligencia, algo que a su juicio no han hecho.
* El Confidencial - C. Guindal - 17.12.13
Foto: Bárcenas, peineta - tiempodehoy
La jefa de Urbanismo de Alicante iba a las reuniones del PGOU a aprender
"ELPAÍS* : La sombra del caso Brugal, que investiga el presunto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz, proyecta suculentas ramificaciones. La Fiscalía Anticorrupción indaga cómo aterrizó el frustrado diseño del empresario Enrique Ortiz para remodelar el estadio José Rico Pérez en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) bajo sospecha. La jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Campos, aseguró este viernes que asistió a las primeras reuniones donde se decidió la operación “en calidad de oyente y para aprender”.
Campos, una interina que recaló en la cúpula urbanística de la mano de Castedo, en octubre de 2008, supervisó la redacción del PGOU durante la recta final de su tramitación. Este viernes declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ante el instructor del caso Brugal, Juan Climent.
La empleada municipal negó que formara parte de la comisión que decidió la recalificación del Rico Pérez. Un argumento que choca con la declaración del redactor del PGOU investigado, Jesús Quesada, según el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, que ejerce la acusación popular junto al PSPV.
La fiscalía investiga si estas reuniones influyeron en la tramitación final del PGOU. O por el contrario, el Ayuntamiento de Alicante decidió de antemano plegarse al proyecto de Ortiz. De hecho, Quesada mantuvo reuniones previas con técnicos municipales con el constructor sobre la recalificación del estadio.
Climent tomó también declaración como testigo al funcionario municipal Manuel Beltrán Martínez. El trabajador elaboró en junio de 2008 un riguroso informe que concluyó desestimar el proyecto de Ortiz y, en el supuesto de aprobarse, incorporarlo al PGOU y no como un plan parcial, como solicitaba el promotor. El funcionario, que acumulaba una experiencia de más de 15 años, fue apartado del área del planeamiento tras firmar su documento.
Este viernes se presentó ante el juez como un técnico independiente que “dejó de leer periódicos para aislarse de la presión mediática”, según un asistente a su declaración. “Le retiraron del puesto por elevación”, añade esta fuente.
El abogado de Ortiz, Alejandro Bas, enmarcó las sospechas del Ministerio Público en la “desaparición” de “una hoja” de un escrito de Campos. “Hay veces que se traspapela un folio al hacer una fotocopia”, justificó el letrado.
La polémica urbanística del Rico Pérez se remonta a 2008. Ortiz, máximo accionista del Hércules, proyectó a través de su empresa Aligestión aprovechar la remodelación del estadio para construir una torre con un hotel, oficinas y una zona comercial de 30.000 metros cuadrados. El constructor presentó su plan a la Gerencia de Urbanismo, donde acababa de llegar Campos como jefa. El plan se frustró por la presión de las asociaciones vecinales y la polémica del caso Brugal. Quedó entonces al descubierto la amistad entre Castedo y el constructor, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante.
La responsable jurídica de Urbanismo, Isabel Campos, se situó también en el centro de la polémica por su aparición en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de lujo de Ortiz. El empresario instó a la empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”, según las grabaciones.
Este viernes, el fiscal preguntó a Campos si estaba imputada por esta causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante. La trabajadora zanjó: “Solo estoy denunciada”.
* El País - JOAQUÍN GIL - 5.12.13
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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Cáceres.- El TSJ anula que se puedan construir 768 viviendas junto a la mina de la Esmeralda
Lo mismo de siempre, para que una Plan urbanístico salga adelante necesita de dos actores principales: el municipal que es el que propone y el autonómico que es el que da el visto bueno. Así ha ocurrido también en este caso delictivo del Plan General de la ciudad de Cáceres. La sentencia del tribunal judicial dice que la administración se excedió al clasificar los terrenos implicados como urbanizables contra la declaración de impacto ambiental, afectando asimismo al futuro desarrollo del ferial, cuya consulta de viabilidad ya aprobó el ayuntamiento.
"ELPERIÓDICO* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) anula en una sentencia la clasificación como suelo urbanizable de toda la franja de terreno que está delante y alrededor de la mina de la Esmeralda y enfrente del ferial. La Sala concluye en su resolución que el planificador --la Consejería de Fomento y el ayuntamiento-- se excedieron a la hora de clasificar estos terrenos como urbanizables al hacerlo "en contra de los informes técnicos y estudios realizados y en contra también de las conclusiones de la declaración de impacto ambiental". Es hasta ahora el fallo más duro contra el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo en vigor desde 2010.
La sentencia no es firme. Desde la Consejería de Fomento se afirmó ayer a preguntas de este diario que "se está analizando la resolución del TSJ y evaluando la justificación del fallo, tras lo cual se decidirá si se recurre en casación o no".
La Sala de lo Contencioso del TSJ estima parcialmente el recurso de Tuco Gestión de Inmuebles contra el acuerdo de la Consejería de Fomento de febrero de 2010 con el que se aprobaba definitivamente el plan general.
La decisión del TSJ afecta a sectores residenciales en suelo urbanizable que se planifican en el PGM. En uno la incidencia es total. En el otro solo afecta a una parte del mismo, pero su repercusión real es mucho mayor.
Todo el sector residencial que se planifica entre la mina y la carretera de Mérida se anula con la decisión del tribunal. Deja de ser suelo urbanizable. En este sector, con una superficie bruta de setenta hectáreas, se planifica la construcción de 768 viviendas. A corto y medio plazo la sentencia no tiene efecto, dado que el sector no se iba a desarrollar, pero la resolución avala la protección de este terreno frente a futuras actuaciones y lo fundamenta en la declaración de impacto ambiental que se incluyó en el plan de urbanismo y en los informes con los que hace 15 años se impidió a Tuco el desarrollo de un residencial en esta zona debido a su valor ambiental y al impacto en el acuífero del Calerizo.
El otro argumento de la Sala para fundamentar la protección del terreno es que cuando se decidió que el suelo se clasificaría como urbanizable no se aportaron "en el expediente otros informes sobre la zona afectada distintos" a los que unos años antes habían impedido urbanizar y edificar en este terreno a causa de su valor ambiental.
EL SECTOR DEL FERIAL El otro sector al que afecta la sentencia es al que está planificado alrededor del recinto ferial y que es el único de los nuevos sectores que están en suelo urbanizable que tenía ya consulta de viabilidad aprobada por el ayuntamiento. Le afecta porque parte de este sector está al otro lado de la carretera de Mérida, enfrente del Junquillo. En esta zona no se planifica la edificación de viviendas, pero es parte de las cesiones que se harían al ayuntamiento para, entre otros usos, espacios verdes, pero al quedar con la sentencia como terreno no urbanizable no puede entrar en este sector y obligaría a redefinir el desarrollo del ferial ya planteado en la consulta de viabilidad.
* El Periódico Extremadura - JOSE LUIS BERMEJO 06/12/2013
Foto: La sentencia impide que se pueda edificar en todo el terreno que está entre la mina de la Esmeralda --la chimenea en la foto-- y la carretera de Mérida.- FRANCIS VILLEGAS
Los verdaderos motivos del adiós de Eurovegas
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Las Vegas Sands y el Gobierno rompen definitivamente las negociaciones sobre Eurovegas ante las crecientes exigencias del capo magnate Adelson. Todo ha sido una inmensa patraña, una especie de 'Bienvenido Mr. Marshall' del siglo XXI. Meses y meses de elucubraciones y engaños institucionales han caído por fin. Afortunadamente, hay que decir, porque más allá del varapalo 'popular', la instalación de la ciudad de los casinos en Alcorcón suponía un grave atentado a la Ordenación Territorial, como había sido denunciado en múltiples ocasiones por la plataforma 'Eurovegas No'. Un ejemplo nefasto de la gestión urbanística.
"ELDIARIO* : El sueño de Eurovegas ha saltado por los aires, si es que alguna vez tuvo intención de hacerse realidad. El Gobierno de Rajoy ha dicho "no" a las exigencias de Las Vegas Sands y ésta retira su propuesta. Es decir, el Ejecutivo no ha pasado por el trance de aprobar una beneficiosa fiscalidad propia que hubiera permitido a la compañía blindarse ante cualquier cambio legislativo y ante posibles pérdidas; modificar la legislación para eliminar el juego online, al que Sheldon Adelson ve como un enemigo de su negocio; y la recalcada solicitud de permitir fumar en sus casinos.
"El proceso ha sido extremadamente minucioso y, mientras el Gobierno y muchos otros, han trabajado con diligencia en este esfuerzo, no vemos un camino con los criterios necesarios para sacar adelante este proyecto a gran escala. Como resultado, no vamos a continuar persiguiendo esta oportunidad", asegura Sheldon Adelson a través de un comunicado. Adiós a los 35.000 millones de dólares (más de 25.000 millones de euros) que iban a convertir la Comunidad de Madrid en un nuevo maná económico, con la supuesta creación de más de 200.000 puestos de trabajo y la puesta en marcha al sur de la capital del mayor centro de ocio, hoteles y casinos que se hubiera visto nunca en Europa.
"Tenemos que agradecer a mucha gente que ha dedicado su tiempo y su energía a este proyecto". "El Gobierno de España, y especialmente el de la Comunidad de Madrid, ha perseguido esta oportunidad teniendo en mente el interés de los ciudadanos españoles", señala en el mismo comunicado el consejero delegado de la compañía, Michael Leven, el mismo que hace unos meses daba por hecho Eurovegas en una rueda de prensa multitudinaria acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Y Adelson matiza: "Como presidente y consejero delegado, mi papel no es sólo crear una visión de futuro para la compañía, también lo es conseguir los mejores intereses para nuestros accionistas. Desarrollar centros turísticos integrados en Europa ha sido mi idea desde hace años, pero hay un tiempo y lugar para todo y ahora nuestra atención se centra en el fomento de los países asiáticos, como Japón y Corea". Y, ahí, en Japón están puestas sus esperanzas, porque Eurovegas no ha muerto antes de nacer por falta de entendimiento con Mariano Rajoy. Detrás hay mucho más.
Sin financiación y con la mirada puesta en Japón
El principal problema: el dinero. Las Vegas Sands nunca ha tenido la financiación para el proyecto. Los bancos no le han dado carta blanca, entre otras cosas, porque el grupo está inmerso en un complejo proceso de renegociación de su deuda actual. Según su última presentación de resultados, su endeudamiento con la banca alcanza los 9.767 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros). Y, desde principios de diciembre, está negociando con Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas y Goldman Sachs, unos términos de pago más beneficiosos.
Además, en el firmamento de Adelson, España ya no era la estrella con más brillo. Desde hace tiempo, su mirada está puesta en Japón, donde el Ejecutivo promueve una ley, que podría estar lista en enero, que permitirá por primera vez la industria de los casinos y convertirá Japón en el tercer mercado mundial del juego, por detrás de Estados Unidos y de Macao, el paraíso de los casinos en China.
De hecho, Sheldon Adelson llevaba semanas oyendo recomendaciones para aparcar su proyecto madrileño y centrarse en el país del sol naciente. Uno de los últimos consejos llegó de la agencia de calificación Fitch, que, en el último informe sobre la compañía estadounidense, destacó las pegas del proyecto español y los posibles beneficios que le reportaría la apuesta japonesa. Fitch recalca, además, "la debilidad económica de Europa" como un factor clave que debe tener en cuenta. "La primera fase del proyecto costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares (entre 5.800 y 8.700 millones de euros al cambio actual), seguida de otras dos fases más con un coste total de más de 36.000 millones de dólares", señala la agencia de calificación que, además, incide en que Eurovegas está condicionada tanto a recibir el visto bueno de las administraciones públicas españolas como a "un paquete de subvenciones e incentivos". Algo que ya no llegará.
Por ello, Fitch lanzó una clara recomendación a Adelson: que se centrase en sus opciones asiáticas. "Japón está considerando la legalización" de los megaresorts de casinos. Una "legislación que está respaldada por el actual partido en el Gobierno y que puede estar aprobada a principios de 2014", señala la firma de calificación. Sin embargo, le pone un 'pero': que el Gobierno nipón puede imponer a los inversores interesados en el prometedor mercado del archipiélago que vayan de la mano de un socio local, y puede limitar el número de licencias de juego que se permitan, por ejemplo, en grandes ciudades como Tokio y Osaka.
Por ello, Adelson tendría que ponerse las pilas. "Las Vegas Sands puede estar en la lista corta de candidatos que logren una licencia, dado su perfil financiero y su exitosa trayectoria en el desarrollo de resorts en Singapur, Macao o Las Vegas. A diferencia de España, Fitch vería positivamente la posibilidad de invertir en Japón", concluye.
Si se cumplen las previsiones, la compañía del magnate estadounidense será una de las primeras en ponerse en marcha, junto a otras grandes multinacionales como MGM Resorts International o Caesars Entertainment. No en vano las previsiones vaticinan que los casinos nipones pueden llegar a suponer unos ingresos de 10.000 millones de dólares al año (alrededor de 7.249 millones de euros). Detrás de este movimiento del Gobierno nipón, encabezado por el Partido Liberal Democrático, está, en gran medida, la necesidad de dotarse de una mejor oferta hotelera de cara a los Juegos Olímpicos de 2020, donde Tokio se alzó con la victoria y Madrid vio cómo se esfumaba, de nuevo, la posibilidad de ser olímpica.
Pero estas no son las únicas críticas que Sheldon Adelson ha tenido que escuchar. Antes del verano las dudas sobre el proyecto llegaron desde Deutsche Bank, que veía insalvables las condiciones planteadas por el grupo estadounidense para poner en marcha Eurovegas. Alcorcón tampoco era una opción de éxito para JP Morgan que, simplemente, aseguró hace unas semanas que abandonar su megacomplejo en España podría ser "un catalizador" para su negocio.
* El Diario - Cristina G. Bolinches - 13.12.13
Foto: EurovegasNo, protesta (Madrid) - elmundo (archivo)
