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La Muela es un municipio a 23 kilómetros de Zaragoza que cuenta con unos 5.000 habitantes. Allí se han construido en los últimos años miles de viviendas, uno de los principales parques eólicos de la Comunidad y un gran polígono industrial. Pero la mayor parte de las obras las realizó la promotora Aranade, a cuyo frente estaba el inductor de la trama de corrupción urbanística que permitió a la exalcaldesa Pinilla (PAR) conseguir en unos años más de 3 millones de beneficios privados ilícitos. Ahora la Ficalía pide 37 años de cárcel para ella en este asunto que fue famoso al ocupar la policía el Ayuntamiento hace casi 5 años. Ya se verá cuando llegue la sentencia.
"ELPERIÓDICO* : Un siglo y medio de cárcel, tres y medio de inhabilitaciones para ocupar cargos públicos, multas que rondan los cien millones de euros e indemnizaciones por más de once a falta de valorar los perjuicios que sufrió el Ayuntamiento de La Muela con los manejos urbanísticos de la época en la que Mariví Pinilla ocupó la alcaldía. Ese es el resumen, con trazo grueso, del minucioso escrito de acusación en el que la fiscal V.Esponera describe la mayor presunta trama de corrupción nunca investigada en Aragón --a expensas del resultado global de los casos Plaza-- y solicita condenas para los 43 imputados que finalmente se sentarán en el banquillo.
El escrito desgrana, agrupándolos en siete bloques, un memorial de episodios entre los que destaca la relación de la alcaldesa con el empresario Julián de Miguel, quien desde Aranade pilotó el desarrolló urbanístico del municipio con unos resultados que, según el ministerio público, le permitieron darle a la primera y su familia, "bien en metálico, bien mediante el pago de gastos", hasta 2,89 millones de euros en veinte años.
Ambos, que se encuentran en libertad provisional bajo fianza --ella de 800.000 euros y él de 120.000--, afrontan las principales peticiones de condena por parte del ministerio público: 37 años de prisión, 170 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y multas por valor de 22.944.200 euros para ella; 26 años de cárcel, 15 de inhabilitación para puestos en la administración, otros doce para gestionar empresas y una sanción económica de 19,6 millones para él.
La familia Embarba-Pinilla irá al completo al banquillo. Juan Antonio, el exmarido de la exalcaldesa, se enfrenta a una petición de prisión de once años y medio a la que se suman multas por valor de nueve millones y medio de euros. Sus tres hijos, Antonio, Víctor y Jorge, afrontan solicitudes de tres y cuatro años de cárcel y multas de, respectivamente, 300.000, 600.000 y un millón de euros. Junto a ellos se sentará su tía Dolores --dos años y 200.000 euros--.
De Miguel también ha arrastrado con él hasta el banquillo a sus hijos David y Julio, para quienes el ministerio público solicita sendas penas de dos años y medio de prisión y 480.000 euros de multa.
FRAUDE. Carmelo Aured, preso en Zuera para cumplir una condena firme por fraude fiscal y pendiente de juicio en el caso Becerril, se enfrenta a una petición de veinte años y tres meses de prisión, uno de inhabilitación para ocupar cargos públicos y el pago de multas por más de nueve millones de euros. El grueso de las peticiones está basado en presuntos fraudes tributarios con los que, presuntamente, escamotearon a Hacienda más de cuatro millones y medio.
A Aured le acompañarán en el banquillo algunos de sus colaboradores, como el testaferro Miguel Ángel Horta --le piden tres años-- o el asesor económico José Antonio Puyadas Embid --más de doce años y multas por 4,7 millones--, y varios empresarios que participaron en operaciones en las que el ministerio público aprecia indicios de delito.
El banquillo de la operación Molinos tendrá 43 ocupantes, trece de los cuales podrían eludir el ingreso en prisión aunque la Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza --celebrará el juicio en aplicación del turno especial para asuntos de corrupción-- les impusiera las penas que solicita para ellos la Fiscalía. Si bien, en caso de condena, el pago de cuantiosas multas y/o indemnizaciones sería un requisito previo para poder eludir la cárcel.
En este grupo están María Jesús Velilla, intermediaria en el pelotazo del SR-1 y para quien las multas por 2,7 millones contrapesan la solicitud de dos años de cárcel; su hijo Antonio Royo, exescolta del exconsejero de la DGA Alfredo Boné --2,4 millones y seis meses-- y que se interesó por un expediente en el Pignatelli, o el excargo de Urbanismo Carlos Martín Rafecas --seis meses y 486.000 euros--. Fiscalía acusa a dos exconcejales --Fernando Barba y Juan Carlos Rodrigo--, al secretario Luis Ruiz y al arquitecto Francisco Núñez.
* El Periódico Aragón - BAYONA / IBÁÑEZ / MANTECÓN 21/12/2013
Foto: La Muela (Zaragoza), ayuntamiento - fspugtaragon.org
Fiscalía pide cárcel para 43 acusados de integrar la trama de corrupción urbanística en La Muela
Otros megaproyectos que iban de farol: Gran Scala y el Reino de D.Quijote
A propósito del 'afortunado' fracaso de Eurovegas, la megaciudad de los casinos en Alcorcón (Madrid), son diversos los grandes proyectos estrella que cayeron también hace pocos años en este país de la corrupción y los pelotazos urbanísticos. Siempre con una financiación sospechosa y el apoyo 'indiscriminado' de las administraciones implicadas y ciertos medios de comunicación, tras los faraónicos proyectos de las ciudades del ocio que pretendían crearse en zonas apartadas, se encontraban las trampas urbanísticas y la absoluta falta de estudios serios sobre el impacto en el Territorio. Aquí traemos los planes para abrir dos grandes templos del juego en Los Monegros y en Ciudad Real que, también afortunadamente, nunca se desarrollaron.
"ELPAÍS* : Se anunciaron en su día a bombo y platillo. Iban a ser grandes complejos de ocio y juego que activarían la vida económica de zonas desérticas o poco pobladas de España. Pero, como ha pasado con Eurovegas, tanto el proyecto Gran Scala en Los Monegros (Aragón) como el Reino de Don Quijote, en Ciudad Real, acabaron en fiasco: proyectos fantasma que murieron antes de nacer.
Gran Scala era el rimbombante nombre del parque de ocio y juego que iba a albergar la localidad de Ontiñena (Huesca), con 650 habitantes, en la zona desértica de Los Monegros. International Leisure Development (ILD), con sedes en Londres y Cardiff, prometía en 2007 la construcción de 32 casinos, parques temáticos, hoteles con capacidad para 25.000 clientes, 250 tiendas... Preveía destinar 17.000 millones y crear 65.000 puestos de trabajo.
Desde un primer momento, Gran Scala contó con el apoyo de las instituciones de Aragón, empezando por Marcelino Iglesias, entonces presidente de la región, hasta el líder del partido que le había dado el Gobierno, José Ángel Biel (Par), principal impulsor del proyecto. Para contentar a los promotores, el Parlamento aragonés aprobó la Ley de Centros de Ocio de Gran Capacidad, según la cual, un consorcio, en forma de Consejo de Administración, pasaba a gobernar los destinos de las localidades afectadas por el proyecto.
ILD firmó las opciones de compra y pagó a los propietarios entre el 4% y el 10% del valor de las parcelas. Pero el proyecto naufragó definitivamente en febrero de 2012 al no ejercerse la opción de compra que los promotores tenían sobre los terrenos sobre los que iba a desarrollarse.
El Reino de Don Quijote fue presentado en 2005. La compañía estadounidense Harrah’s Entertainment elegía Ciudad Real para su primer casino en Europa, que se iba a convertir en una auténtica Las Vegas europea. En torno al casino se alzaba un complejo que contaría con un hotel de cinco estrellas y 812 habitaciones, un centro de convenciones para 2.000 personas, un teatro con 3.000 localidades, un spa de 7.500 metros cuadrados y 9.000 viviendas. Se habló de inversiones de 6.500 millones de euros en 15 años, 7.000 empleos directos en Ciudad Real y 11.000 indirectos en el resto de Castilla-La Mancha.
La situación empezó a complicarse con el estallido de la crisis económica en 2008. Ese mismo año, sin que se hubiera puesto ni una piedra del supuesto macrocomplejo de ocio, Harrah’s Entertainment anunció que suspendía toda su inversión por la falta de financiación. Ese fue el inicio de una serie de problemas y, en diciembre de 2011, la sociedad Reino de Don Quijote entraba en concurso de acreedores. Su presidente, Sergio Álvarez, admitió en ese momento que la compañía tenía “falta de liquidez total”, pero que solicitaba el concurso con el ánimo de revitalizar el proyecto.
Queda por ver qué pasa con el único proyecto que sigue en pie: el macroresort de turismo, juego y negocios BCN World, vendido en su día en Cataluña como respuesta al no de Eurovegas. Existen dudas sobre su viabilidad, aunque en una entrevista reciente su presidente, Xavier Adserà, aseguraba que las inversiones para la primera fase están aseguradas y las obras podrían arrancar en el primer semestre de 2014.
* El País - 13.12.13
Foto: Gran Scala, proyecto - granscala
Alaya procesa al exteniente alcalde y a la cúpula de Urbanismo por fraude en el concurso de Mercasevilla
La polémica jueza Alaya procesa por el asunto de Mercasevilla a 15 personas, a los que acusa de haber cometido los delitos de prevaricación contra la Ordenación del Territorio y falsedad por, entre otras cosas, amañar supuestamente un concurso público para favorecer a una constructora. Una ilegalidad urbanística por la que ya han pasado casi 8 largos años y que ahora parece se reactiva, cuando el múltiple delito casi se ha olvidado y, en cualquier caso, ya no tiene retroceso posible. La lentitud judicial, una vez más, es exasperante y roza la complicidad con el delito que pretende atajar de malas maneras y peores resultados.
"DIARIODESEVILLA* : La juez Mercedes Alaya ha dictado un nuevo auto en el que acuerda el procesamiento por el “concurso fraudulento” para la venta de los suelos de Mercasevilla al concejal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el ex edil del PSOE Gonzálo Crespo, dos ex gerentes de Urbanismo y varios funcionarios de este organismo que se encuentran en la lista de 15 procesados, que también incluye a los ex directivos del Mercado mayorista Fernando Mellet y Daniel Ponce y a otros tantos funcionarios de Urbanismo.
El auto de la juez Alaya acuerda transformar las diligencias previas en un procedimiento abreviado -con lo que corrige su anterior error al elevar la causa a sumario- que se sigue por delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, asociación ilícita y falsedad cometido por funcionario público en delito mercantil.
En la resolución, Alaya acuerda el archivo de las actuaciones contra tres de los imputados, la ex directora del área de Contabilidad de Mercasevilla Pilar Giraldo Moreno y los técnicos José Manuel Ferrera Rimada y Alfredo Delmo Suárez, al estimar que “no existen motivos suficientes para considerar responsables” a estas personas de los delitos que se investigan.
En el auto, la juez da por concluida la investiga y concede un plazo de diez días a la Fiscalía y a la acusación particular para que soliciten la apertura de juicio oral, formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa.
Esta investigación se inició a raíz de las diligencias previas abiertas por un delito de cohecho –que terminaron con la condena de los ex directivos de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, y del ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas-.
Alaya ha investigado en esta causa la presunta preparación de un concurso público para la adjudicación de una opción de compra sobre la totalidad de los terrenos donde se encuentra ubicada la entidad Mercasevilla, sita en la carretera Sevilla-Málaga, con la “dirigida finalidad” de que la adjudicataria fuera la entidad Sanma, la misma que se habría subrogado con anterioridad en el derecho de superficie de la entidad Larena 98 sobre una de las parcelas de Mercasevilla, ante la imposibilidad de que dicha entidad pudiera construir unas naves.
La instructora considera que la “intención” de Fernando Mellet, y de los concejales Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE), así como Domingo Enrique Castaño -asesor del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín- era llevar a cabo un “concurso fraudulento” que beneficiara “claramente” a la constructora Sanma (filial del grupo Sando), para lo cual se introdujeron dos cláusulas en el pliego del concurso, una de limitación al alza, que “penalizaba extrañamente las ofertas superiores sobre el precio de compraventa” con la que se conseguía un “efecto perverso” al penalizar las ofertas de mayor cuantía económica en beneficio de las inferiores, y la cláusula de titularidades previa, que primaba la titularidad sobre un derecho de superficie sobre los terrenos.
Ese pliego de condiciones se elaboró, según argumenta la juez, “intencionadamente para beneficiar a Sanma” e incluso en el pliego definitivo del concurso aprobado por la Comisión Ejecutiva de Mercasevilla no se recogía la exigencia de incluir la descripción de cualquier derecho de superficie u ocupación, por lo que “quedaba oculto para el resto de los licitadores la ventaja (hasta 10 puntos) concedida a Sanma”.
La instructora señala que la cláusula de limitación al alza no aparecía en el pliego de condiciones cuando fue aprobado en la reunión de la Comisión Ejecutiva del 8 de noviembre de 2005, sino que fue “introducida de rondón” en la reunión del Consejo de Administración, ya meramente formal, el día 30 de noviembre, acción que Alaya atribuye entre otros imputados a Castaño, Mellet, Rodrigo Torrijos y Gonzalo Crespo.
La juez asegura que fue el entonces director de Vía Pública Domingo Enrique Castaño, “persona de confianza del alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín” quien entró en contacto con Sanma, que estaba muy “interesada en Mercasevilla” y en llevarse “todo el lote: derecho de superficie, opción de compra y futura adquisición de los terrenos y traslado y construcción de la nueva sede de la Unidad Alimentaria”.
Los responsables de Sanma, según Alaya, necesitaban como contraprestación para subrogarse el derecho de superficie de Larena 98 que “se les garantizara la concesión” del derecho de compra de la totalidad de los terrenos y que se les garantizara la obtención de licencia de edificación en las parcelas afectadas por ese derecho, una “garantía que sería prestada por el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena, también persona de confianza del alcalde”.
Al concurso concurrieron ocho empresas, algunas de las cuales tenían relaciones internas entre si y con Sando, y “salvo tres de ellas, las cinco restantes por su exiguo volumen y por la carencia de ajuste mínimo a las prescripciones del pliego, podrían considerarse ofertas de relleno” y el resultado, prosigue Alaya, fue que “indiciariamente todas las licitadoras, salvo Sanma, se excluyeron a sí mismas”, aunque para la juez la valoración de las ofertas que se hizo también “benefició ilegítimamente” a esta constructora.
Para la juez, Sanma fue igualmente beneficiada posteriormente con la concesión de la licencia de primera ocupación por parte de la Gerencia a pesar de que no había finalizado la construcción de la infraestructura eléctrica -con lo que existían unas “enormes deficiencias” en la urbanización-, cuando a la anterior empresa, Larena 98, se le había denegado por este motivo.
La instructora ha imputado a varios funcionarios por no haber dado el “pase” al servicio de Proyectos, Obras y Actuaciones Infraestructurales, lo que “impediría sin la visita a la obra y conociendo las graves deficiencias en el suministro eléctrico, la licencia de primera ocupación”. “El descontrol que existía en el Servicio de Licencias haría el resto, pues en ningún caso las imputadas y responsables del servicio Isabel Evans o Emilia Barrial, jefa y subjefa, leían el contenido de tales informes del servicio de coordinación de Vía Pública, ni se cuestionaban si con él se daba contestación a la conclusión o no de las obras de urbanización”.
El entonces gerente de Urbanismo y también procesado Miguel Ángel Millán concedió la licencia casi en el plazo solicitado de un mes y “sin examinar el expediente ni los informes existentes, en base supuestamente a un informe recopilatorio firmado por la señora Evans, extremo que es negado por la misma”, precisa la juez.
Alaya considera que los hechos pueden constituir un delito de prevaricación, en lo que se refiere a la “preparación presuntamente ilícita del concurso público”, desde la elaboración del pliego hasta la valoración favorable, del que serían presuntos autores Domingo Enrique Castaño, Antonio Rodrigo Torrijos, Gonzalo Crespo, Fernando Mellet, el asesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, la funcionaria María Victoria Bustamante, el economista José Antonio Ripollés, y los responsables de Sanma Luis Sánchez Manzano, José Luis Sánchez Domínguez y José Luis Miró.
Alaya también imputa un delito de prevaricación, en relación con la petición de licencia por parte de Larena 98, a la funcionaria de Urbanismo Emilia Barrial, mientras que procesa por un delito contra la ordenación del territorio a los responsables de Sando, a Emilia Barrial, Isabel Evans, al arquitecto Alberto Balbontín, y a los ex gerentes de Urbanismo Miguel Ángel Millán y Manuel Marchena. Sobre este último, Alaya dice que “estaría al corriente desde el principio de la problemática de Mercasevilla con Larena y de la necesidad de que aquella tenía de que la empresa que se subrogara en el derecho de superficie tuviera como contraprestación el derecho de opción de compra sobre la totalidad de los terrenos”.
La juez ha procesado por un delito de falsedad en documento mercantil a Fernando Mellet y Daniel Ponce, en relación con una factura.
A todos los imputados, salvo Isabel Evans y Miguel Ángel Millán, Alaya les atribuye además un delito de asociación ilícita del artículo 515 del Codigo Penal, pues “todo ellos en un momento determinado se habrían organizado, con cierta consistencia y jerarquía, en torno a la figura de Domingo Enrique Castaño y Fernando Mellet, para realizar cada uno su ilícito cometido”.
* Diario de Sevilla - JORGE MUÑOZ - 21.12.13
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
La sospechosa ubicación de once estaciones del AVE
El despilfarro público del AVE por los últimos gobiernos de país, de distinto signo además, es una de las causas más graves que ha traído la enorme deuda que arrastramos y que ha sido culpable de la crisis-estafa que padecen todos los ciudadanos todavía al día de hoy. Que un país como el nuestro se haya permitido el lujo de tener la mejor y más amplia red de alta velocidad del planeta (tras China) no es justificable bajo ningún parámetro y esto es un error mayúsculo que seguirán pagando próximas generaciones. Encima, como se ve aquí, con decisiones tan arbitrarias y delictivas como la pésima ubicación de las estaciones.
"ELDIARIO* : ¿En qué estarían pensando cuando decidieron ubicar las estaciones del AVE? Los responsables políticos que reclamaban que el AVE pasara por su comunidad autónoma, por su ciudad y casi por su pueblo, (y a fe que muchos de ellos lo lograron) a la hora de decidir dónde colocaban la estación de “sus” trenes veloces “particulares”, tuvieron muy mala puntería. El resumen es el siguiente: ocho terminales AVE de nueva planta han sido construidas a una distancia de entre cuatro y 19 kilómetros del centro urbano, pese a que las poblaciones a las que dan servicio (Puente Genil, Segovia o Tarragona, entre otras) son de tamaño mediano o pequeño y su número de habitantes oscila entre 30.000 y 150.000.
Por otra parte, ninguno de los tres principales aeropuertos peninsulares, Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat y Málaga-Pablo Picasso, están conectados con la red del AVE, aunque eso sí, existen estaciones de alta velocidad a menos de 10 kilómetros de distancia. Como consecuencia de esta extraña enemistad entre el transporte aéreo y el AVE, resulta que los 58 millones de pasajeros extranjeros (en su mayoría turistas) que reciben los aeródromos tienen severas dificultades para utilizar los servicios ferroviarios de alta velocidad en tráficos de conexión. Así, mientras los aeropuertos de AENA tuvieron 194 millones de pasajeros en 2012, el AVE consiguió poco más de 12 millones.
¿Mala puntería?
¿La puntería es mala o tal vez ha sido demasiado buena? Cuando ya existen 29 ciudades con estación de AVE nos encontramos en condiciones de aventurar ¿qué es lo que en realidad querían cuando decidieron dónde iban a situar los apeaderos del tren veloz? Y la respuesta es que quizá deseaban una mejor comunicación para su ciudad, pero sobre todo aspiraban a relanzar el negocio inmobiliario.
La primera ocasión en la que pudo demostrarse la estrecha relación que podía existir entre la promoción de viviendas y las estaciones del AVE fue con ocasión de la inauguración de la primera línea entre Madrid y Sevilla. A partir de 1992 y en un fenómeno que pocos habían previsto, la población de Ciudad Real, a 45 minutos en tren veloz desde Madrid, comenzó a crecer en dirección hacia la estación del AVE que se había construido en una zona periférica a unos tres kilómetros del centro.
Muchas personas que trabajaban y vivían en Madrid entendieron que podían trasladar su residencia a la capital manchega. Se beneficiaban no solo de la rapidez y comodidad del nuevo tren, sino también de un precio de la vivienda y, en general de la vida, que era la mitad que el de la capital. Así, en pocos años se multiplicaron las promociones de viviendas y de servicios junto a la estación del AVE y algunos promotores espabilados hicieron su agosto.
Diez años más tarde, la connivencia entre políticos y promotores inmobiliarios, tuvo ocasión de repetir la jugada en el primer tramo de la línea del AVE de Madrid a Barcelona. Así la estación del tren veloz en Guadalajara fue ubicada en Yebes, nada menos que a 10 kilómetros del centro de la ciudad. Junto a un complejo ferroviario de 12 millones de inversión, se proyectó una megapromoción inmobiliaria con el nombre de Valdeluz que debería albergar a unas 34.000 personas.
Entre los propietarios de los terrenos aledaños a la estación se encontraba la familia de Fernando Ramírez de Haro, marido de la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Con el paso de los años Valdeluz no ha superado los 2.000 habitantes y la estación del AVE de Guadalajara es la sexta de la red nacional que menos pasajeros recibe: poco más de 70 cada día.
Al arriesgado deporte de colocar las estaciones del AVE a una distancia temeraria del centro de la ciudad a la que debe prestar servicio se han apuntado posteriormente las localidades de Tarragona (cuya estación está a 11 kilómetros), Segovia-Guiomar (a 6 kilómetros), Puente Genil (a 4 kilómetros), Utiel-Requena (a 5,5 kilómetros de Requena), Antequera-Santana (a 19 kilómetros) y Cuenca-Fernando Zobel (a 4 kilómetros).
El propietario de todas estas estaciones, la sociedad pública Adif, justifica esta política con el argumento de que es más caro enterrar la línea del AVE para llevarla hasta el centro de estas poblaciones (en el caso de la recién estrenada terminal de Girona el túnel de 3,6 kilómetros ha costado 346 millones) que ubicarlas en las afueras. El razonamiento podría servir si no fuera porque todas las estaciones construidas a kilómetros del centro de las poblaciones se inscriben en el farolillo de cola de la alta velocidad ferroviaria española medida por el número de pasajeros por día: Tarragona, 563; Segovia (Renfe no ofrece datos); Puente Genil, 46; Requena, 21; Antequera, 92; y Cuenca, 164. Además en la mayoría de ellas existen o están proyectadas urbanizaciones que han quedado frustradas por la crisis del ladrillo.
Sin conexión a aeropuertos
La segunda peculiaridad que sorprende en cuanto a la ubicación de las estaciones del AVE la encontramos en que ninguna de ellas está situada en alguno de los 47 aeropuertos de la red de AENA, lo que facilitaría el uso de esta costosa y moderna red ferroviaria por los pasajeros extranjeros que nos visitan. Solo hay un aeródromo en España que tiene conexión con el AVE y es el de Ciudad Real. Lo perverso es que precisamente esta instalación está en quiebra por falta de vuelos.
Tanto la T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas como la T1 de El Prat tienen en sus sótanos el espacio y los andenes de la futura estación del AVE. Pero en ninguno de los dos casos existe el trazado que les permita conectarse a las vías del tren veloz. Y eso que el apeadero AVE de El Prat de Llobregat está a apenas cuatro kilómetros del aeródromo con el que comparte nombre. Existe un proyecto para llevar el AVE hasta la T1 de El Prat, pero faltan los 80 millones de euros en los que está presupuestado. La estación madrileña de Chamartín está a 10 kilómetros de la T4 de Barajas, pero hasta la fecha Fomento ha preferido gastar 218 millones en llevar al aeropuerto un tren de cercanías.
El aeropuerto Pablo Picasso de Málaga está a cinco kilómetros de la estación del AVE de la ciudad, denominada María Zambrano, pero tampoco en esta ocasión a los responsables del diseño del AVE se les ocurrió que sería una excelente idea buscar sinergias entre los 813.000 viajeros que llegan a la capital de la Costa del Sol en tren veloz y los 12,5 millones de viajeros que se desplazan en avión.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 27.1.2013
Foto: Estación del AVE en Cuenca. EFE
Una juez imputa por presunto blanqueo a la esposa del presidente de la Comunidad de Madrid
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Sale ahora a la luz este nuevo escándalo de corrupción del presidente de la Comunidad de Madrid, en relación con un ático de lujo que posee el matrimonio González en Estepona, se trata de blanqueo de capitales pero ocurrido ya hace años, mientras ha sido la propia justicia que lo investigaba la que ha estado frenando las diligencias previas, con lo que el asunto se ha dilatado inútilmente en el tiempo. La responsabilidad delictiva de I.González y su esposa es clara ya que hay numerosos datos de una trama en el extranjero que lo confirma, pero también se debería aclarar la sospechosa actuación judicial.
"ELPAÍS* : La juez de instrucción nº5 de Estepona (Málaga), M.Peregrina, ha imputado a Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, por su presunta implicación en blanqueo de capitales y delito fiscal por el caso del lujoso ático de Estepona que el matrimonio utiliza desde hace años. La magistrada cursó ayer mismo la causa a la Audiencia Nacional al tratarse de delitos que se han podido cometer en el extranjero, según confirmaron fuentes del Gobierno madrileño. La juez también ha imputado por el mismo asunto al empresario mexicano Rudy Valner, quien compró dicha vivienda en nombre de la empresa Coast Investors.
La juez de Estepona inició la investigación a comienzos del presente año y reclamó “toda la información fiscal” disponible sobre la empresa Coast Investor LLC, una sociedad del paraíso fiscal de Delaware (Estados Unidos) propietaria del piso, de 500 metros cuadrados —entre vivienda y solarium— y ubicado en la lujosa urbanización Alhambra del Golf. En un auto fechado el pasado 9 de enero, la juez también daba por incorporado a la causa un informe de 141 folios sobre el ático, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción.
La causa tiene su origen en una denuncia presentada ante ese juzgado por el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que intentaba demostrar que el citado ático es propiedad del presidente madrileño a través de sociedades interpuestas. La denuncia sostiene que el piso fue comprado en 2008 “por un fiduciario habitual llamado Rudy Valner, en nombre de la sociedad offshore Coast Inverstors” por un millón de euros.
La denuncia añade que Lourdes Cavero, esposa del presidente de la Comunidad de Madrid, alquiló el piso mediante un contrato de larga duración por 2.000 euros al mes. Ese precio es considerado una ganga para una zona donde el precio medio de los alquileres para casas de esa calidad es de 6.000 euros al mes. Además, el SUP sostiene que González ni siquiera paga ese alquiler.
Poco después de la apertura de la causa judicial, el presidente de la Comunidad de Madrid admitió que a finales de 2012 compró, por 770.000 euros, el ático de Guadalmina, cercano a Marbella y en el que veranea desde hace años. El dúplex de lujo cuenta con piscina propia, spa y jacuzzi. La Sociedad de Tasación SA tasó en julio de 2012 el apartamento en 769.611 euros. El 80% de la vivienda (equivalente a 616.000 euros de los 770.000) está a nombre de la esposa de González, que actualmente ocupa una de las vicepresidencias de la patronal madrileña.
El 20% restante supuestamente sería propiedad de González tras pagar 154.000 euros. En su respectivo patrimonio a él le corresponde un 20% indiviso y a ella, un 80%. En su día, fuentes cercanas al matrimonio atribuyeron el desembolso al cobro por parte de Cavero de una indemnización de 700.000 euros tras 26 años en Unesa, la patronal eléctrica, en julio de 2011. El sueldo del presidente madrileño asciende a 103.000 euros brutos al año.
La investigación del caso del ático ha sido procelosa y controvertida. En julio del año pasado, le costó el puesto nada más y nada menos que a Enrique Rodríguez Ulla, flamante comisario general de Policía Judicial, nombrado por el Gobierno del PP.
Este mando policial perdió la confianza de sus jefes por abrir una investigación secreta y oficial sobre el ático de lujo, sin conocimiento ni autorización del director general de la Policía, Ignacio Cosidó. Pero sobre todo porque Rodríguez Ulla ordenó tales pesquisas después de que el Sindicato Unificado Policial (SUP) le advirtiera por carta con llevarle a los tribunales si no lo hacía. En la misiva, el sindicato policial amagaba con denunciar a aquellos mandos policiales que dejaban de hacer su labor por lograr un puesto de trabajo para un pariente.
Cuatro meses antes, en abril de 2012, el director de la Policía destituyó al comisario de Marbella, Agapito Hermes de Dios, por investigar el ático a petición de quien fue número dos de la Policía, Miguel Ángel Fernández-Chico (ahora ya fallecido).
Una ‘primera dama’ discreta con cargo en la patronal
Lourdes Cavero, licenciada en Empresariales y poco dada a ejercer de primera dama, tuvo cierta visibilidad pública en 2011, cuando el presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, la fichó como adjunta a la presidencia. Antes de ese nombramiento, el cargo ni siquiera existía; fue creado para ella, lo que en su día provocó malestar en un sector de los empresarios, que criticaron la pérdida de credibilidad que suponía colocar a familiares de miembros del Gobierno regional. El organigrama que la CEIM publica en su página web le atribuye en la actualidad una de las 18 vicepresidencias de la organización empresarial.
Desde que acabó sus estudios en 1984 hasta que ingresó en la patronal madrileña, Cavero había trabajado para la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa). Según explicaron el pasado enero fuentes cercanas a la pareja, pudo formalizar la compra del ático gracias al desembolso de los 700.000 euros de indemnización que percibió tras 26 años de servicio en la patronal de la industria eléctrica. En la escritura pública figura como propietaria del 80% de la vivienda frente al 20% que posee González.
Cavero se deja ver poco por la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, según quienes trabajan allí con su marido. Sí acudió, junto a las tres hijas del matrimonio, a la toma de posesión de González, en septiembre de 2012, tras el inesperado abandono de la primera línea política de su antecesora y mentora, Esperanza Aguirre.
“Era una más en el trabajo, una persona de lo más normal, que salía a tomar café con el resto”, explica un antiguo empleado de Unesa. “No le pega ser la señora presidenta”.
Un pisazo en el paraíso
El ático de la lujosa urbanización Alhambra del Golf, en Guadalmina, tiene una superficie total construida, incluidas las zonas comunes, de 257 metros cuadrados. Según la escritura de su compraventa, facilitada en enero por la Comunidad de Madrid, el ático se compone de un recibidor, salón-comedor, cocina, lavadero, pasillo, tres dormitorios, tres baños, un aseo y terrazas con una superficie de 112 metros cuadrados.
A la vivienda le pertenece la terraza solarium, “ubicada en la planta ático del edificio, a la que se accede a través de una escalera que parte desde una de las terrazas de esta vivienda, tiene una superficie de 238 metros cuadrados, siendo sus linderos los mismos que los de la vivienda a la que pertenece, haciéndolo además en parte con cubiertas del edificio y con cuarto de máquinas de aire acondicionado”.
La residencia dispone de tres plazas de garaje con una superficie de entre 22 y 24 metros cuadrados y de tres trasteros, cuyo tamaño va de los seis a los nueve metros cuadrados. El precio de cada plaza de garaje ascendió a 13.000 euros, por los 3.000 que se abonaron por cada trastero, cantidades incluidas dentro de los 770.000 euros que González y su esposa, Lourdes Cavero, pagaron por la casa.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ - 18.12.13
Foto: Imagen del residencial en el que se ubica el ático del presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González (EFE)
El Supremo tumba por tercera vez el intento de Castellón de validar su PGOU
Este es un buen ejemplo de lo que no se puede hacer nunca en Urbanismo. En Castellón se aprobó el Plan General de la ciudad en el año 2000, cuando estaba de concejal responsable, luego alcalde, el actual presidente de la Comunidad Valenciana A.Fabra. Dicho plan fue anulado, tardíamente, por el Supremo en 2008, pero es que el asunto no acaba aquí, sino que el ayuntamiento ha insistido hasta 2 veces más con el PGOU, ligeramente modificado, por si colaba. Y no ha colado, claro. Pero clama al cielo que, debido a la lentitud judicial y a la caradura municipal, una ciudad esté sin nuevo Plan General durante tantos años, con el perjuicio urbanístico que eso puede causar. Lamentable ejemplo donde, seguro, tampoco habrá sanciones para los responsables.
"ELPAÍS* : Ni una, ni dos. Hasta tres veces ha tenido el Tribunal Supremo que instar al Ayuntamiento de Castellón a que elabore desde el principio un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad tras anular el aprobado en el año 2000. El alto tribunal lo declaró nulo en 2008. El Ayuntamiento, que entonces presidía Alberto Fabra, intentó validar el mismo documento que él mismo promovió años antes como edil de Urbanismo, pero vecinos afectados consideraron que la sentencia no se ejecutó correctamente y recurrieron. En 2011, el Supremo consideró que aquella decisión fue un “simulacro de cumplimiento” del fallo que obligaba a iniciar desde cero unas nuevas reglas urbanísticas.
La sentencia fue uno de tantos varapalos judiciales que ha recibido el actual alcalde, Alfonso Bataller, como herencia de las decisiones de Fabra. Pero también él continuó con la rebeldía a la decisión judicial y optó por esperar primero una orden de ejecución forzosa del fallo y aprobar después (en un pleno de septiembre de 2012) una nueva exposición pública del PGOU 2000 por el que esperaba tenerlo aprobado en enero de este año. El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano truncó estas esperanzas y le instó en un auto a que dejara de “persistir en la aprobación de un PGOU” que ya había sido declarado nulo en dos ocasiones y que elaborara y tramitara un nuevo plan “aplicando la normativa urbanística vigente”. “El PGOU de 2000 no existe jurídicamente al haber sido declarado nulo, no tratándose tan solo de la mera subsanación del trámite de información pública”, recogía el auto.
No cabe recurso
Bataller acudió al asesoramiento de la Generalitat y optaron por presentar sendos recursos de casación ante el Supremo en el que alegaban que el TSJ se había “extralimitado” y que sí valía una mera exposición pública.
Ahora, el Supremo ha vuelto a dictar sentencia y confirma que el TSJ no contradijo sus dos sentencias anteriores, sino que les da “exacto y puntual cumplimiento al declarar nulo el acuerdo municipal que ha tratado de eludirlas” e insiste en que no se han ejecutado los fallos de 2008 y 2011. Así, desestima ambos recursos y condena a costas a ambas Administraciones en una sentencia contra la que no cabe recurso.
* El País - LORENA ORTEGA - 13.12.13
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
Caso Bárcenas.- Ultimátum del juez Ruz a las constructoras: o envían los contratos o la Policía los requisa
Reír por no llorar. Da la impresión 'ahora' que la justicia se tomase con mucho interés el caso Bárcenas de corrupción en el PP, cuando se llevan casi 5 años desde que el juez Garzón le imputara en el caso Gürtel. A Garzón le apartó la propia justicia y aunque Bárcenas esté en prisión, el resto de implicados, tanto políticos como empresarios, siguen riéndose bien resguardados. Es triste que todo un juez tenga que amenazar con nuevas medidas a las empresas constructoras porque no le hacen ni caso, prueba evidente de quién tiene el mando aquí.
"ELCONFIDENCIAL* : El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz no está dispuesto a que los empresarios imputados por los ‘papeles de Bárcenas’ no se tomen en serio sus requerimientos, así que, en un auto les ha dado un “plazo improrrogable” de cinco días para que aporten todos los datos de los contratos adjudicaciones por administraciones públicas entre 2002 y 2009. Entre las empresas que no han remitido hasta ahora la documentación o lo han hecho de manera incompleta o errónea están Aldesa, Bruesa Contrucción, FCC, Sacyr Valleherrmoso, OHL, Sando, Rubau o Licua.
En el auto, el instructor que investiga la presunta contabilidad B del partido ha lanzado esta advertencia a los empresarios después de que la Udef haya podido observar que le faltan datos para poder continuar con su investigación. Para asegurarse que se cumple lo ordenado, Ruz ha facultado a los agentes de la referida unidad para intervenir en el diligenciamiento de los despachos de las empresas a las que se ha requerido la información.
En el caso de Bruesa Construcciones, la documentación que esta envió al Juzgado es distinta de la que se le requirió, “lo que impide conocer la globalidad de contratos públicos que se suscribieron efectivamente por la empresa constructora al no poder disponer de una relación total de los mismos”. En el caso de Assignia Infraestructuras no indica el importe de las licitaciones o el procedimiento de adjudicación, y a Azvi ni siquiera se le ha solicitado un listado de contratos públicos en los que ha resultado adjudicataria entre 2002 y 2009.
Por su parte, OHL se ha saltado remitir alguno de los contratos públicos recibidos y, de dos listados enviados al juzgado, uno en marzo y otro en agosto, hay diferencias en el importe de adjudicación de un mismo contrato, por lo que no se puede conocer cuál fue la cantidad real que recibió por cada uno de ellos.
En el caso de FCC, ha mandado la documentación en un formato que complica mucho la investigación, además de remitir algunos contratos en las lenguas cooficiales, que deben ser traducidos. Por su parte, Construcciones Rubau ha enviado la información sin hacer constar el concepto relativo al tipo de contrato licitado de los 34 de los que la misma es adjudicataria. Asimismo, sólo se ha remitido la contratación pública llevada a cabo con Administraciones gobernadas por el Partido Popular, por lo que procede que envíe los contratos concedidos por todos los partidos.
La Policía ha detectado que en el caso de Sacyr Vallehermoso no ha mandado todas las licencias que le han sido adjudicadas, “limitándose a los licitados por los órganos contratantes pertenecientes a los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, así como el Ayuntamiento de Toledo”. Además, recuerda el juez, se limita temporalmente a la contratación pública entre los años 2003 al 2009, ambos inclusive, obviándose el año 2002.
A Sando, Licuas, José Antonio Romero Polo, Degremont y Asedes Capital y Aldesa les ocurre lo mismo, por lo que Ruz les exige que remitan toda la información relativa a los contratos públicos otorgados entre 2002 y 2009 en un plazo de cinco días para que la Policía pueda continuar con su investigación.
A todos ellos, les recuerda que deben aportar todos aquellos contratos no sólo recibidos a título de licitante individual, sino también en los que se haya formado parte de una unión empresarial en unión temporal de empresas (UTE), debiendo indicar el porcentaje de participación en la misma.
Ruz no quiere una investigación prospectiva
El instructor está centrando la investigación a partir de 2002, porque lo ocurrido en los años anteriores sería en todo caso delitos prescritos. De ahí que en otro auto haya rechazado el recurso interpuesto por las acusaciones contra su decisión de no requerir al Ministerio de Fomento la integridad de los concursos y contrataciones concedidos a los empresarios imputados en esta causa desde 1990 hasta 2012.
Según explica Ruz, las acusaciones no justifican por qué piden todos esos contratos y, de aprobar su petición, se estaría cometiendo una “investigación prospectiva” en vez de “una investigación de hechos concretos con indiciaria relevancia penal”. En su auto, el instructor recuerda que, la primera vez que lo rechazó, pidió a las acusaciones que ofrecieran datos adicionales que pudiesen ayudar a concretar la proporcionalidad, necesidad y utilidad de dicha diligencia, algo que a su juicio no han hecho.
* El Confidencial - C. Guindal - 17.12.13
Foto: Bárcenas, peineta - tiempodehoy
La jefa de Urbanismo de Alicante iba a las reuniones del PGOU a aprender
"ELPAÍS* : La sombra del caso Brugal, que investiga el presunto amaño del planeamiento urbanístico de Alicante para favorecer al constructor Enrique Ortiz, proyecta suculentas ramificaciones. La Fiscalía Anticorrupción indaga cómo aterrizó el frustrado diseño del empresario Enrique Ortiz para remodelar el estadio José Rico Pérez en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) bajo sospecha. La jefa jurídica de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento, Isabel Campos, aseguró este viernes que asistió a las primeras reuniones donde se decidió la operación “en calidad de oyente y para aprender”.
Campos, una interina que recaló en la cúpula urbanística de la mano de Castedo, en octubre de 2008, supervisó la redacción del PGOU durante la recta final de su tramitación. Este viernes declaró como testigo en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia ante el instructor del caso Brugal, Juan Climent.
La empleada municipal negó que formara parte de la comisión que decidió la recalificación del Rico Pérez. Un argumento que choca con la declaración del redactor del PGOU investigado, Jesús Quesada, según el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero, que ejerce la acusación popular junto al PSPV.
La fiscalía investiga si estas reuniones influyeron en la tramitación final del PGOU. O por el contrario, el Ayuntamiento de Alicante decidió de antemano plegarse al proyecto de Ortiz. De hecho, Quesada mantuvo reuniones previas con técnicos municipales con el constructor sobre la recalificación del estadio.
Climent tomó también declaración como testigo al funcionario municipal Manuel Beltrán Martínez. El trabajador elaboró en junio de 2008 un riguroso informe que concluyó desestimar el proyecto de Ortiz y, en el supuesto de aprobarse, incorporarlo al PGOU y no como un plan parcial, como solicitaba el promotor. El funcionario, que acumulaba una experiencia de más de 15 años, fue apartado del área del planeamiento tras firmar su documento.
Este viernes se presentó ante el juez como un técnico independiente que “dejó de leer periódicos para aislarse de la presión mediática”, según un asistente a su declaración. “Le retiraron del puesto por elevación”, añade esta fuente.
El abogado de Ortiz, Alejandro Bas, enmarcó las sospechas del Ministerio Público en la “desaparición” de “una hoja” de un escrito de Campos. “Hay veces que se traspapela un folio al hacer una fotocopia”, justificó el letrado.
La polémica urbanística del Rico Pérez se remonta a 2008. Ortiz, máximo accionista del Hércules, proyectó a través de su empresa Aligestión aprovechar la remodelación del estadio para construir una torre con un hotel, oficinas y una zona comercial de 30.000 metros cuadrados. El constructor presentó su plan a la Gerencia de Urbanismo, donde acababa de llegar Campos como jefa. El plan se frustró por la presión de las asociaciones vecinales y la polémica del caso Brugal. Quedó entonces al descubierto la amistad entre Castedo y el constructor, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante.
La responsable jurídica de Urbanismo, Isabel Campos, se situó también en el centro de la polémica por su aparición en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de lujo de Ortiz. El empresario instó a la empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”, según las grabaciones.
Este viernes, el fiscal preguntó a Campos si estaba imputada por esta causa que se investiga en el juzgado de Instrucción número 6 de Alicante. La trabajadora zanjó: “Solo estoy denunciada”.
* El País - JOAQUÍN GIL - 5.12.13
Foto: Alicante, ayuntamiento - wikipedia.org
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Cáceres.- El TSJ anula que se puedan construir 768 viviendas junto a la mina de la Esmeralda
Lo mismo de siempre, para que una Plan urbanístico salga adelante necesita de dos actores principales: el municipal que es el que propone y el autonómico que es el que da el visto bueno. Así ha ocurrido también en este caso delictivo del Plan General de la ciudad de Cáceres. La sentencia del tribunal judicial dice que la administración se excedió al clasificar los terrenos implicados como urbanizables contra la declaración de impacto ambiental, afectando asimismo al futuro desarrollo del ferial, cuya consulta de viabilidad ya aprobó el ayuntamiento.
"ELPERIÓDICO* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJ) anula en una sentencia la clasificación como suelo urbanizable de toda la franja de terreno que está delante y alrededor de la mina de la Esmeralda y enfrente del ferial. La Sala concluye en su resolución que el planificador --la Consejería de Fomento y el ayuntamiento-- se excedieron a la hora de clasificar estos terrenos como urbanizables al hacerlo "en contra de los informes técnicos y estudios realizados y en contra también de las conclusiones de la declaración de impacto ambiental". Es hasta ahora el fallo más duro contra el Plan General Municipal (PGM) de urbanismo en vigor desde 2010.
La sentencia no es firme. Desde la Consejería de Fomento se afirmó ayer a preguntas de este diario que "se está analizando la resolución del TSJ y evaluando la justificación del fallo, tras lo cual se decidirá si se recurre en casación o no".
La Sala de lo Contencioso del TSJ estima parcialmente el recurso de Tuco Gestión de Inmuebles contra el acuerdo de la Consejería de Fomento de febrero de 2010 con el que se aprobaba definitivamente el plan general.
La decisión del TSJ afecta a sectores residenciales en suelo urbanizable que se planifican en el PGM. En uno la incidencia es total. En el otro solo afecta a una parte del mismo, pero su repercusión real es mucho mayor.
Todo el sector residencial que se planifica entre la mina y la carretera de Mérida se anula con la decisión del tribunal. Deja de ser suelo urbanizable. En este sector, con una superficie bruta de setenta hectáreas, se planifica la construcción de 768 viviendas. A corto y medio plazo la sentencia no tiene efecto, dado que el sector no se iba a desarrollar, pero la resolución avala la protección de este terreno frente a futuras actuaciones y lo fundamenta en la declaración de impacto ambiental que se incluyó en el plan de urbanismo y en los informes con los que hace 15 años se impidió a Tuco el desarrollo de un residencial en esta zona debido a su valor ambiental y al impacto en el acuífero del Calerizo.
El otro argumento de la Sala para fundamentar la protección del terreno es que cuando se decidió que el suelo se clasificaría como urbanizable no se aportaron "en el expediente otros informes sobre la zona afectada distintos" a los que unos años antes habían impedido urbanizar y edificar en este terreno a causa de su valor ambiental.
EL SECTOR DEL FERIAL El otro sector al que afecta la sentencia es al que está planificado alrededor del recinto ferial y que es el único de los nuevos sectores que están en suelo urbanizable que tenía ya consulta de viabilidad aprobada por el ayuntamiento. Le afecta porque parte de este sector está al otro lado de la carretera de Mérida, enfrente del Junquillo. En esta zona no se planifica la edificación de viviendas, pero es parte de las cesiones que se harían al ayuntamiento para, entre otros usos, espacios verdes, pero al quedar con la sentencia como terreno no urbanizable no puede entrar en este sector y obligaría a redefinir el desarrollo del ferial ya planteado en la consulta de viabilidad.
* El Periódico Extremadura - JOSE LUIS BERMEJO 06/12/2013
Foto: La sentencia impide que se pueda edificar en todo el terreno que está entre la mina de la Esmeralda --la chimenea en la foto-- y la carretera de Mérida.- FRANCIS VILLEGAS
Los verdaderos motivos del adiós de Eurovegas
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Las Vegas Sands y el Gobierno rompen definitivamente las negociaciones sobre Eurovegas ante las crecientes exigencias del capo magnate Adelson. Todo ha sido una inmensa patraña, una especie de 'Bienvenido Mr. Marshall' del siglo XXI. Meses y meses de elucubraciones y engaños institucionales han caído por fin. Afortunadamente, hay que decir, porque más allá del varapalo 'popular', la instalación de la ciudad de los casinos en Alcorcón suponía un grave atentado a la Ordenación Territorial, como había sido denunciado en múltiples ocasiones por la plataforma 'Eurovegas No'. Un ejemplo nefasto de la gestión urbanística.
"ELDIARIO* : El sueño de Eurovegas ha saltado por los aires, si es que alguna vez tuvo intención de hacerse realidad. El Gobierno de Rajoy ha dicho "no" a las exigencias de Las Vegas Sands y ésta retira su propuesta. Es decir, el Ejecutivo no ha pasado por el trance de aprobar una beneficiosa fiscalidad propia que hubiera permitido a la compañía blindarse ante cualquier cambio legislativo y ante posibles pérdidas; modificar la legislación para eliminar el juego online, al que Sheldon Adelson ve como un enemigo de su negocio; y la recalcada solicitud de permitir fumar en sus casinos.
"El proceso ha sido extremadamente minucioso y, mientras el Gobierno y muchos otros, han trabajado con diligencia en este esfuerzo, no vemos un camino con los criterios necesarios para sacar adelante este proyecto a gran escala. Como resultado, no vamos a continuar persiguiendo esta oportunidad", asegura Sheldon Adelson a través de un comunicado. Adiós a los 35.000 millones de dólares (más de 25.000 millones de euros) que iban a convertir la Comunidad de Madrid en un nuevo maná económico, con la supuesta creación de más de 200.000 puestos de trabajo y la puesta en marcha al sur de la capital del mayor centro de ocio, hoteles y casinos que se hubiera visto nunca en Europa.
"Tenemos que agradecer a mucha gente que ha dedicado su tiempo y su energía a este proyecto". "El Gobierno de España, y especialmente el de la Comunidad de Madrid, ha perseguido esta oportunidad teniendo en mente el interés de los ciudadanos españoles", señala en el mismo comunicado el consejero delegado de la compañía, Michael Leven, el mismo que hace unos meses daba por hecho Eurovegas en una rueda de prensa multitudinaria acompañado por el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González.
Y Adelson matiza: "Como presidente y consejero delegado, mi papel no es sólo crear una visión de futuro para la compañía, también lo es conseguir los mejores intereses para nuestros accionistas. Desarrollar centros turísticos integrados en Europa ha sido mi idea desde hace años, pero hay un tiempo y lugar para todo y ahora nuestra atención se centra en el fomento de los países asiáticos, como Japón y Corea". Y, ahí, en Japón están puestas sus esperanzas, porque Eurovegas no ha muerto antes de nacer por falta de entendimiento con Mariano Rajoy. Detrás hay mucho más.
Sin financiación y con la mirada puesta en Japón
El principal problema: el dinero. Las Vegas Sands nunca ha tenido la financiación para el proyecto. Los bancos no le han dado carta blanca, entre otras cosas, porque el grupo está inmerso en un complejo proceso de renegociación de su deuda actual. Según su última presentación de resultados, su endeudamiento con la banca alcanza los 9.767 millones de dólares (más de 7.000 millones de euros). Y, desde principios de diciembre, está negociando con Bank of America, Merrill Lynch, BNP Paribas y Goldman Sachs, unos términos de pago más beneficiosos.
Además, en el firmamento de Adelson, España ya no era la estrella con más brillo. Desde hace tiempo, su mirada está puesta en Japón, donde el Ejecutivo promueve una ley, que podría estar lista en enero, que permitirá por primera vez la industria de los casinos y convertirá Japón en el tercer mercado mundial del juego, por detrás de Estados Unidos y de Macao, el paraíso de los casinos en China.
De hecho, Sheldon Adelson llevaba semanas oyendo recomendaciones para aparcar su proyecto madrileño y centrarse en el país del sol naciente. Uno de los últimos consejos llegó de la agencia de calificación Fitch, que, en el último informe sobre la compañía estadounidense, destacó las pegas del proyecto español y los posibles beneficios que le reportaría la apuesta japonesa. Fitch recalca, además, "la debilidad económica de Europa" como un factor clave que debe tener en cuenta. "La primera fase del proyecto costaría entre 8.000 y 12.000 millones de dólares (entre 5.800 y 8.700 millones de euros al cambio actual), seguida de otras dos fases más con un coste total de más de 36.000 millones de dólares", señala la agencia de calificación que, además, incide en que Eurovegas está condicionada tanto a recibir el visto bueno de las administraciones públicas españolas como a "un paquete de subvenciones e incentivos". Algo que ya no llegará.
Por ello, Fitch lanzó una clara recomendación a Adelson: que se centrase en sus opciones asiáticas. "Japón está considerando la legalización" de los megaresorts de casinos. Una "legislación que está respaldada por el actual partido en el Gobierno y que puede estar aprobada a principios de 2014", señala la firma de calificación. Sin embargo, le pone un 'pero': que el Gobierno nipón puede imponer a los inversores interesados en el prometedor mercado del archipiélago que vayan de la mano de un socio local, y puede limitar el número de licencias de juego que se permitan, por ejemplo, en grandes ciudades como Tokio y Osaka.
Por ello, Adelson tendría que ponerse las pilas. "Las Vegas Sands puede estar en la lista corta de candidatos que logren una licencia, dado su perfil financiero y su exitosa trayectoria en el desarrollo de resorts en Singapur, Macao o Las Vegas. A diferencia de España, Fitch vería positivamente la posibilidad de invertir en Japón", concluye.
Si se cumplen las previsiones, la compañía del magnate estadounidense será una de las primeras en ponerse en marcha, junto a otras grandes multinacionales como MGM Resorts International o Caesars Entertainment. No en vano las previsiones vaticinan que los casinos nipones pueden llegar a suponer unos ingresos de 10.000 millones de dólares al año (alrededor de 7.249 millones de euros). Detrás de este movimiento del Gobierno nipón, encabezado por el Partido Liberal Democrático, está, en gran medida, la necesidad de dotarse de una mejor oferta hotelera de cara a los Juegos Olímpicos de 2020, donde Tokio se alzó con la victoria y Madrid vio cómo se esfumaba, de nuevo, la posibilidad de ser olímpica.
Pero estas no son las únicas críticas que Sheldon Adelson ha tenido que escuchar. Antes del verano las dudas sobre el proyecto llegaron desde Deutsche Bank, que veía insalvables las condiciones planteadas por el grupo estadounidense para poner en marcha Eurovegas. Alcorcón tampoco era una opción de éxito para JP Morgan que, simplemente, aseguró hace unas semanas que abandonar su megacomplejo en España podría ser "un catalizador" para su negocio.
* El Diario - Cristina G. Bolinches - 13.12.13
Foto: EurovegasNo, protesta (Madrid) - elmundo (archivo)
Costa del Sol.- Esqueletos con vistas al mar
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El gran desastre urbanístico ha terminado por ocurrir finalmente. La burbuja inmobiliaria de los últimos años ha arruinado la costa española que, ahora, se encuentra repleta de edificaciones y urbanizaciones sin uso o a medio hacer, como tristes esqueletos de un paisaje desolado. Las grúas apenas se mueven ya en la Costa del Sol. Las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano en una zona que trata de digerir un enorme parque de viviendas sin dueños, edificios a medio ocupar y complejos abandonados.
"ELPAÍS* : Las urbanizaciones sin habitar y de aspecto fantasmal, símbolo incómodo del furor inmobiliario y de la época de bonanza, se concentran en la Costa del Sol en la franja más occidental del litoral malagueño. El tránsito por la autopista de peaje que conduce hasta el límite con la provincia de Cádiz se convierte en un espectáculo de estructuras y edificios sin rematar salpicados por Estepona, Manilva o Casares, en pendientes imposibles que invitan a pensar cómo fue posible sufrir semejante fiebre por el ladrillo. Son complejos de viviendas pillados por la falta de dinero y la quiebra de sus promotoras o paralizados por orden judicial. Macroproyectos de centenares de casas, reducidas luego a decenas, que ahora agonizan y solo muestran persianas echadas. Algunas ni eso.
El stock de viviendas nuevas se eleva en Andalucía a 160.446 unidades, de las que 38.862 están en Málaga, según las últimas estimaciones de Unicaja. El parque se ha reducido en 30.000 inmuebles a nivel regional desde 2010, un tercio de ellas (11.900) vendidas en esta provincia.
La Costa del Sol está plagada de complejos habitables y con pocos inquilinos porque la venta de inmuebles ha sido mínima. Los carteles de inmobiliarias de bancos y promotoras, o simples anuncios de ‘se vende’ con teléfonos de particulares, se agolpan en la decena de urbanizaciones de la zona de Santangelo norte, en Benalmádena. El plan urbanístico para desarrollar este sector se quedó a medias, sin equipamientos públicos ni zona comercial, y hay unas 750 viviendas de las aproximadamente 2.000 proyectadas inicialmente. No están pobladas ni la mitad.
María del Carmen es propietaria desde septiembre de 2012. Lo suyo fue uno de esos chollos que a veces se consiguen en crisis, aunque no todo el mundo está dispuesto a reducir los precios. Compró su casa, de unos 80 metros cuadrados, por 93.000 euros. El anterior dueño se hizo con el inmueble unos años antes por 275.000 euros. En el bloque de al lado, un piso similar al suyo no baja de los 170.000 euros.
Disfruta de unas vistas al mar espectaculares, pero tiene que coger el coche para todo. En el camino se quedaron el supermercado y el gimnasio que había proyectados justo delante de su edificio. Dos de las urbanizaciones de la zona tienen vigilantes de seguridad las 24 horas del día para evitar ocupaciones (ya ha ocurrido alguna vez) y los dueños de las casas vacías, bancos o promotoras, manejan trucos como tener levantadas las persianas para dar apariencia de que están habitadas.
A la entrada del sector, un complejo de color amarillo tiene sus 62 viviendas habitables desde hace años, pero está completamente vacío. Su promotora, Cogilco, logró superar el concurso de acreedores y pretende comercializar el complejo en breve. Varios operarios se dedican ahora a labores de mantenimiento del exterior. La mayoría de las casas se destinarán a alquiler. Frente a estas, una constructora levanta varios adosados. Las grúas apenas se mueven en la Costa del Sol, las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano, porque el parque de viviendas sin vender es demasiado elevado.
Málaga presenta todas las quinielas posibles que pueden rodear al excedente de cemento. Y no solo en la costa, tanto en la zona oeste como en la parte oriental, donde abundan los ejemplos en Rincón de la Victoria. Las pretensiones faraónicas de crear nuevos núcleos de población que se quedaron por el camino se extienden también al interior.
En el ramal de la A-92 que se dirige al litoral, en Villanueva del Rosario (3.641 habitantes), llaman la atención tres estructuras de ladrillo que se alzan sin enlucir en una pequeña ladera en mitad de la nada. La capital malagueña y la playa están a algo más de 50 kilómetros, el clima es más continental que mediterráneo y solo campo rodea a estos edificios fantasma. Uno de los esqueletos pretendía ser un bloque de viviendas, otro un hotel y el tercero no se sabe ni lo que es. Forman parte del macrocomplejo urbanístico Valle del Rosario Gol, promovido por Grupo Mirador y Aifos (esta promotora está en concurso de acreedores y tres directivos han sido condenados en el caso Malaya).
La intención era construir más de 800 viviendas (la población del municipio se hubiera duplicado), un campo de golf de 18 hoyos, un establecimiento hotelero y una zona comercial. El proyecto se remonta a la década de los noventa, aunque las obras no se iniciaron hasta principios de 2006. Se paralizaron pocos meses después, en verano, por incumplimiento del convenio firmado con el Ayuntamiento. Existía la obligación de iniciar los trabajos por el equipamiento deportivo, pero se optó por levantar primero las viviendas. El abastecimiento de agua tampoco estaba garantizado en ese momento.
El proyecto ha estado salpicado de denuncias que poco a poco han sido archivadas por los juzgados, que no han apreciado ni delito medioambiental ni contra la ordenación del territorio. Lo que continúa en investigación es la denuncia de los particulares que compraron una vivienda en este complejo y se quedaron con las manos vacías.
Las licencias del macrocomplejo son legales y toda la documentación para desarrollar el sector es correcta, explica el alcalde de Villanueva del Rosario, José Antonio González. Incluso el problema del agua estaría solventado gracias a la depuradora que comenzó a funcionar a principios de 2012. Es decir, los promotores podrían ahora continuar con la obra. El alcalde ve “con buenos ojos” un proyecto de estas características, siempre dentro de la legalidad, porque sería un revulsivo para la economía local.
Pero la decadencia del sector inmobiliario no solo se concentra en estructuras espectrales. La Costa del Sol está plagada de complejos habitables y con pocos inquilinos porque la venta de inmuebles ha sido mínima. Los carteles de inmobiliarias de bancos y promotoras, o simples anuncios de ‘se vende’ con teléfonos de particulares, se agolpan en la decena de urbanizaciones de la zona de Santangelo norte, en Benalmádena. El plan urbanístico para desarrollar este sector se quedó a medias, sin equipamientos públicos ni zona comercial, y hay unas 750 viviendas de las aproximadamente 2.000 proyectadas inicialmente. No están pobladas ni la mitad.
Disfruta de unas vistas al mar espectaculares, pero tiene que coger el coche para todo. En el camino se quedaron el supermercado y el gimnasio que había proyectados justo delante de su edificio. Dos de las urbanizaciones de la zona tienen vigilantes de seguridad las 24 horas del día para evitar ocupaciones (ya ha ocurrido alguna vez) y los dueños de las casas vacías, bancos o promotoras, manejan trucos como tener levantadas las persianas para dar apariencia de que están habitadas.
A la entrada del sector, un complejo de color amarillo tiene sus 62 viviendas habitables desde hace años, pero está completamente vacío. Su promotora, Cogilco, logró superar el concurso de acreedores y pretende comercializar el complejo en breve. Varios operarios se dedican ahora a labores de mantenimiento del exterior. La mayoría de las casas se destinarán a alquiler. En frente, una constructora levanta varios adosados. Las grúas apenas se mueven en la Costa del Sol, las obras nuevas se cuentan con los dedos de una mano, porque el parque de viviendas sin vender es demasiado elevado.
* El País - ESPERANZA CODINA - 29.11.13
Foto: Una urbanización en Benalmádena, con pisos cerrados e inhabitados / GARCÍA SANTOS
El Constitucional anula la Ciudad del Medio Ambiente de Soria
Todo parece puro surrealismo: el Constitucional declara anticonstitucional la Ciudad del Medio Ambiente de Soria, ya que ésta es medioambientalmente delictiva, aparte de otras ilegalidades. Más de 7 años después que Castilla y León aprobara por Ley como de 'interés especial' esta gran ciudad junto al Duero, se anula cuando ya está a mitad de su construcción. Así pues grave delito autonómico que no permitió entonces que organizaciones ciudadanas y ecologistas recurrieran esta 'especial' aprobación. Habrá que ver si la justicia es ahora más diligente y condena a los políticos culpables de este atentado contra el medio ambiente y los ciudadanos.
"ELPAÍS* : El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional la Ley que las Cortes de Castilla y León aprobaron en 2007 con la mayoría del PP y que amparaba la construcción de un gran proyecto urbanístico en el Soto de Garray (Soria). La llamada Ciudad del Medio Ambiente, que está a medias y ya se ha llevado 52 millones de euros de dinero público, incluía siete edificios emblemáticos en terreno protegido junto al Duero y sin un destino claro. El alto tribunal anula la urbanización al considerar que, al aprobarla por ley, Castilla y León se saltó el control de los tribunales y los ciudadanos, que no podían recurrir contra el plan urbanístico.
Más de siete años ha tardado el tribunal en fallar el recurso de inconstitucionalidad que presentaron 50 diputados del PSOE a la Ley de Aprobación del Proyecto Regional Ciudad del Medio Ambiente.
Fue en marzo de 2007 cuando las cortes aprobaron el extraño texto legal: dos páginas de Boletín Oficial del Estado de exposición de motivos, un artículo único de cinco líneas, dos disposiciones y 164 páginas de anexo con los detalles de la urbanización en las que incluso se fijan los metros de los viales o los kilovatios de las bombillas.
Al aprobarlo por ley, Castilla y León evitaba que los ciudadanos o los ecologistas pudieran recurrirlo ante los tribunales ordinarios. Evitaba así reveses judiciales como el de Las Navas del Marqués (Ávila), donde el Tribunal Superior de la comunidad anuló un gran plan urbanístico en un pinar protegido. Con un procedimiento similar, Castilla y León aprobó una pista de esquí con nieve artificial en terreno quemado en Valladolid, un vertedero en la misma provincia y una estación de esquí en Palencia.
El Constitucional ya tumbó hace un año la ley de Murcia para levantar 9.000 viviendas en primera línea de costa virgen. Aunque ese fallo llegó 11 años después de la ley, allí no habían empezado las obras. No ha sido así en Soria, donde las máquinas entraron pronto y levantaron los esqueletos de las cúpulas de la energía. Son edificios blancos y modernos, que representan los gajos de una naranja. Están junto al Duero en un soto protegido y no tienen un destino claro. En marzo pasado la junta paralizó la construcción de los edificios pero afirmó que mantenía el resto del complejo, que incluye un polígono industrial en el que apenas hay empresas.
El objetivo oficial era fijar los criterios “ecológicos, territoriales, sociales, económicos y científicos que han de definir un asentamiento sostenible contemporáneo”. En teoría la ciudad iba a crear mil empleos sostenibles y albergar a 4.000 personas.
Los aparcamientos semienterrados tienen punto de carga eléctrica en cada una de las 709 plazas de garaje aunque no hay coches. No existe ninguno de los 788 chalés ecológicos y sostenibles anunciados, pero las calles ya tienen fibra óptica. Sí funciona una central de biomasa.
El Constitucional recuerda que la ley “reclasifica una parte del suelo clasificado [...] como no urbanizable de especial protección” y lo convierte en terreno urbano. El uso de una ley “impide el control de la jurisdicción contencioso administrativa a que se someten el resto de planes urbanísticos”, afirma la sentencia, notificada ayer a las partes. El Constitucional critica “la desproporción en que ha incurrido el legislador” al usar una ley para amparar este proyecto, y más con los problemas que suscitaba, entre los que cita que la población de Garray iba a pasar de 500 habitantes a 4.500 y que el suelo estaba protegido.
El entonces secretario general del PSOE de Castilla y León, Óscar López, celebró el fallo: “Decían que iban a crear 1.000 empleos y al recurrirlo nos acusaban de ir contra el empleo y el desarrollo de la zona. Ahora se ve que ha sido una forma, otra más, de enterrar dinero público”. Añadió que la ciudad del Medio Ambiente tenía un fin político, atacar al alcalde de Soria, el socialista Carlos Martínez, que ayer pidió a la cúpula del PP que asuma responsabilidades políticas por lo que calificó como despilfarro.
Una portavoz de la Junta de Castilla y León afirmó que era pronto para opinar sobre la sentencia. La impulsora de estas iniciativas —que inicialmente incluía otras “cúpulas temáticas” a lo largo de las provincias del Duero— fue la exvicepresidenta regional, la soriana María Jesús Ruiz, hoy senadora por el PP. Esta ayer eludió la responsabilidad del proyecto: “Es una ley de las Cortes de Castilla y León. Llame allí”. Sobre si se sentía desautorizada, zanjó: “Yo era consejera de un Gobierno con un programa”.
La Ciudad del Medio Ambiente es un caso retorcido de la burbuja inmobiliaria. No solo es una urbanización en terreno protegido sino que lo impulsa la Administración pública donde no había llegado el ladrillo y con el fin teórico de proteger el medio ambiente.
Aunque durante años fue apoyado en Soria por el empleo y la inversión de 100 millones de euros, últimamente había cosechado críticas, ya que la Junta renunció hace un año a la segunda fase de las obras de ampliación del hospital de Soria, presupuestadas en 34 millones, mientras destinaba 11 a la ciudad del Medio Ambiente.
En abril pasado, el gerente de la Ciudad del Medio Ambiente, Nicolás Alonso, defendía ante las grúas que una sentencia adversa del Constitucional no afectaría en nada: “De cualquier manera, salga como salga, esto no tiene marcha atrás”.
Luis Giménez, arquitecto y miembro del grupo ecologista Asden, que batalló contra la Ciudad, reclama ahora ir a por los responsables: “Tiene que haber responsabilidad penal de los políticos que lo aprobaron. Ahora eso quedará como monumento al despilfarro”.
Leyes a la carta
El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno rpotegido eludiendo el control de los tribunales.El Tribunal Constitucional ya ha anulado varias leyes a la carta autonómicas que permitían construir en terreno protegido eludiendo el control de los tribunales.
En diciembre pasado, el Constitucional anuló la reforma legal que aprobó Murcia en 2001 para construir 4.000 chalés en Marina de Cope, un parque natural virgen en el Mediterráneo. Pese a llegar 11 años después de que se aprobara la ley, el estallido de la burbuja inmobiliario hizo que aún estuviera sin construir.
En 2010, Castilla y León aprobó una ley para poder construir una pista de esquí en un antiguo bosque quemado en Valladolid, algo prohibido por la Ley de Montes. Está pendiente de fallo del Constitucional.
* El País - RAFAEL MÉNDEZ - 10.12.13
Foto: Las Cúpulas de la Energía de la Ciudad del Medio Ambiente, en el Soto de Garray (Soria). / L. S.
Cartagena.- Urbanismo corrige el proyecto Novo Carthago obligado por la Justicia
La Comunidad murciana sigue su lucha particular con la valenciana por el mayor índice de corrupción urbanística. En Cartagena destaca la macrourbanización ilegal de Nova Carthago, permitida por el ayuntamiento, y que fue tumbada tiempo después por la justicia. Pero sigue faltando, como siempre, que se depuren las responsabilidades públicas para que casos graves como este no vuelvan a ocurrir. Mientras esto ocurre, el equipo municipal de Urbanismo trata de buscar una solución, bordeando la legalidad, para que 'cuele' a pesar de los pesares.
"LAVERDAD* : Mientras el Tribunal Superior de Justicia de la Región avanza con la investigación penal a políticos y funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena y de la Comunidad Autónoma, por tramitar el proyecto de macrourbanización Novo Carthago pese a la protección del paraje natural de Lo Poyo, el Gobierno municipal tuvo que anular ayer uno de los trámites del plan promovido por la promotora alicantina Hansa Urbana. Ésta tuvo, entre otros, financiación de la antigua Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM).
Según confirmó a 'La Verdad' el nuevo concejal de Urbanismo, Francisco Espejo, la Junta de Gobierno Local aprobó ayer bajo la presidencia de la alcaldesa, Pilar Barreiro, una propuesta suya para «dejar sin efecto el Proyecto de Reparcelación de la Unidad de Actuación Única del Sector SG-1 de San Ginés de la Jara». Este trámite fue aprobado por decreto del vicepresidente de la Gerencia de Urbanismo el 7 de mayo de 2007.
La propuesta, explicó el edil, supone aplicar la sentencia que dictó en octubre el TSJ para dar marcha atrás a una ordenación del territorio que no tuvo en cuenta la propiedad de unos terrenos de la Comunidad de Regantes de la zona. Asimismo, indicó Espejo, el reconocimiento de esa titularidad se reflejará en el nuevo Plan General Municipal de Ordenación de Cartagena.
La Sala de lo Contencioso del TSJ anuló, en concreto, el decreto por el que se aprobó el proyecto de reparcelación de una macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.
La resolución confirmó una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.
Los regantes alegaron que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no recogía varios caminos de su titularidad que atraviesan el espacio afectado. La Sala rechazó los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra la sentencia inicial. Y obligó a dar a los regantes el aprovechamiento urbanístico que les corresponde.
«La sentencia reconoce a la Comunidad de Regantes la propiedad de unas parcelas cuya titularidad el Ayuntamiento consideró que no estaba lo suficientemente acreditada. Eso significa que en la reparcelación, es decir en la distribución de edificabilidad en función de la propiedad del suelo, hay que tenerla» en cuenta. «Ése es el único efecto», añadió un portavoz municipal.
Desde el Ayuntamiento explicaron que el proyecto de reparcelación es un paso previo al de urbanización, aún no aprobado de forma definitiva. Uno de los escollos actuales es cómo se concretará la restauración del humedal de Lo Poyo.
Metales pesados de la minería
En su día, se estableció la obligación de que la empresa descontaminara de metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se iba a ver afectada por un campo de golf. Al anularse esta última zona deportiva por exigencias de la Unión Europea, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abrió la puerta a que la empresa no tuviera que limpiar el saladar puesto que ya no obtendría de él edificabilidad.
Tras un periodo de dudas, el Ayuntamiento ha asegurado a este periódico que «entiende que dentro de las obligaciones del urbanizador se encuentra la restauración ambiental del humedal».
* La Verdad - JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ - 6.12.13
Foto: Cartagena, presentación Novo Carthago - JM.Rodríguez, laverdad.es
Caso Gürtel.- Diez exconsellers valencianos investigados por corrupción tras una nueva imputación
"ELDIARIO* : El Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) acaba de imputar a Luis Rosado, exconseller de Sanidad, por la contratación supuestamente delictiva de varias empresas de la trama Gürtel. Con esta decisión, hasta 10 miembros de sucesivos gobiernos de la Generalitat están imputados por casos de corrupción. Otro, el exvicepresidente Víctor Campos, fue condenado por un delito de cohecho impropio.
Rosado y otros tres cargos de su departamento están siendo investigados por encargar de manera presuntamente irregular la producción de un vídeo promocional sobre el Hospital Clínico de Valencia. El juez, siguiendo el criterio de la Fiscalia, cree que la contratación pudo ser delictiva. El modus operandi de la Generalitat con la trama Gürtel es conocido: se encomendaban trabajos prescindiendo de un concurso público y pagando, habitualmente, precios muy por encima de mercado.
Además de Rosado, otros cinco exconsellers están imputados por su relación con la organización de Francisco Correa y su hombre en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes: Milagrosa Martínez (Turismo), Angélica Such (Turismo y Bienestar Social), Alicia de Miguel (Bienestar Social), Vicente Rambla (que ocupó hasta cuatro carteras distintas) y Manuel Cervera (Sanidad). Los otros cuatro antiguos altos cargos están imputados por otros casos.
José Luis Olivas, expresidente de la Generalitat y Bancaja, por el caso Bankia. Rafael Blasco, exportavoz del gobierno y exconseller en varias carteras, por el caso Cooperación, por el que la propia Generalitat le pide 11 años de prisión. José Joaquín Ripoll, exvicepresidente, por el caso Brugal, y Luis Fernando Cartagena, ex consejero de obras públicas, por un producto financiero. Estos cuatro, al igual que Rambla, ya formaban parte de los gobiernos de Eduardo Zaplana, primer presidente popular de la Generalitat antes de unirse como ministro al último gabinete de José María Aznar.
Más de 100 imputados
Según Sergi Castillo, periodista y autor del libro Tierra de Saqueo, un pormenorizado análisis de la historia política reciente de la Comunidad Valenciana, más de 100 cargos públicos valencianos están imputados por casos de corrupción, seguramente, un caso inédito en las democracias avanzadas. También lo puede ser la situación del grupo popular en el parlamento autonómico: casi una quinta parte está siendo investigado por casos de corrupción. El expresidente regional, Francisco Camps, que conserva su escaño, fue juzgado –y absuelto- en el caso de los Trajes.
Camps fue defenestrado por este asunto. Su sucesor, Alberto Fabra, apenas ha podido lidiar con la corrupción que asola al PP valenciano, una mayoria de cuyos diputados solicitó el indulto para un alcalde –y exmiembro de las Corts Valencianes- condenado por corrupción. Los problemas se le acumulan a Fabra, ahora aislado por la contestación social y sindical contra el cierre de Ràdio Televisió Valenciana.
* El Diario - Voro Maroto - 5.12.13
Foto: Francisco Camps, en las Cortes Valenciana, con Alberto Fabra al fondo a la derecha.- el diario
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El declive de Metro de Madrid: menos usuarios, peor servicio y más reclamaciones
El metro de Madrid ha perdido un 12% de usuarios en los últimos años. El deterioro de la red, la disminución de las frecuencias de paso de los trenes y el aumento de las tarifas han logrado que los usuarios den la espalda al que un día fue el mejor metro del mundo. Y esto parece incomprensible dado el caos automovilístico, la ausencia de un eficaz transporte público en superficie y la carencia de modelos alternativos sostenibles. No se entiende la dejadez política del Ayuntamiento y la Comunidad salvo que tenga más que ver con la enorme deuda que arrastra la capital por la incompetencia delictiva de sus últimos cargos públicos.
"VOXPÓPULI* : El Metro de Madrid ha presumido de ser el mejor del mundo o incluso el más innovador. También se ha llevado premios por sus campañas de márketing y no cabe duda de que ha llegado a ser el orgullo de los madrileños. Aquello fue en el pasado. Ahora, el suburbano ha perdido calidad, y los usuarios no sólo lo están notando sino que no se lo perdonan.
Cada día, la cuenta de Metro en Twitter (@metro_madrid) se llena de quejas. Al igual que en la red del suburbano, los momentos de mayor actividad en la red de microblogging coinciden con la hora punta. También son frecuentes las reclamaciones (algunas ilustradas con imágenes) a partir de las diez de la noche, cuando los tiempos de espera se multiplican.
Las quejas de los viajeros aumentan a la vez que los tiempos de espera y el precio de los billetes. El servicio, por el contrario, ya no es el que era. Lo que antes se contaba como incidencias aisladas, ahora son constantes en el día a día de cualquier usuario del Metro: torniquetes fuera de servicio, escaleras mecánicas paradas, tiempos de espera que superan los intervalos indicados en las tablas de frecuencias o vagones sin climatizar acaparan la mayoría de las quejas.
Peor servicio y precios más altos
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha iniciado una campaña para constatar todas estas incidencias y agruparlas para presentar acciones en el futuro. Desde la OCU explican a Vozpópuli que la iniciativa arrancó en las redes sociales, con la etiqueta #dondeestamimetro, tras el aumento de las quejas registradas por la organización sobre el funcionamiento del suburbano en la capital.
El objetivo de #dondestamimetro es “constatar para luego presentar acciones”, indican, aunque precisan que aún no han decidido si serán administrativas o judiciales, ya que la campaña aún se encuentra en fase inicial. En cuanto al éxito de la campaña, afirman que “está teniendo bastante acogida porque la gente está cansada”, entre otras cosas porque “no se cumplen las frecuencias”, motivo que dio origen a la campaña.
“Hay una carta de servicios que se tiene que cumplir”, denuncian desde la OCU. Estos servicios, consideran, no sólo no se cumplen sino que cada vez “cuesta más y el servicio es peor”. “Cuando se sube una tasa o precio público, se supone que es para mejorar”.
La OCU ya hizo un estudio en abril de este año sobre las tarifas del transporte urbano en 53 ciudades españolas. El precio de transporte público subió un 8,1% de media en los últimos tres años, porcentaje que en el caso del Consorcio de Transportes de Madrid (que agrupa Cercanías, Metro y autobuses) ascendió al 21%. Además, los madrileños son quienes más pagan por utilizar el transporte público. “Sus bonos y abonos son desde hace tiempo los más onerosos y la subida del 21% de sus tarifas en los últimos tres años no contribuye en modo alguno a reducir diferencias”, señala el estudio.
La mayor subida de tarifas se produjo en 2012, coincidiendo con un recorte en el servicio que prestaba el suburbano. Entonces, las tarifas experimentaron el mayor repunte en diez años, con una media del 11%. El título que más subió fue el suplemento por ir al aeropuerto de Barajas, que pasó de 1 a 3 euros, seguido por el metrobús de 10 viajes, que pasó de 9,3 a 12 euros, un 29% más.
Un 12% de los viajeros abandonan el Metro
El paso de los abonos mensuales de banda magnética a la tarjeta sin contacto también está trayendo no pocos quebraderos de cabeza a los usuarios. Primero, fue la demora entre la solicitud de la tarjeta y el envío, que superaba los dos meses. Ahora, son los torniquetes. “Es posible que haya algún fallo porque todavía se están adaptando”, indican a Vozpópuli desde Metro de Madrid.
En cuanto a las escaleras mecánicas, Metro resuelve las quejas que envían los usuarios al respecto informando de que este tipo de incidencias suelen tener una media de entre el 2% y el 3%. En total, la red tiene 1.700 escaleras mecánicas, por lo que esta tasa “supone unas 40 ó 45”, indican desde el suburbano. “Entendemos que genera molestias a los viajeros”, indican, sobre todo cuando estas incidencias se producen en estaciones con un gran tráfico de viajeros, y reconocen que en ocasiones “se han podido demorar un tiempo las reparaciones”.
“Sí es cierto que estos últimos meses hemos tenido que tomar una serie de medidas para ser sostenibles”, explican respecto a las reclamaciones. Entre estas medidas, se encuentra la reducción del servicio de trenes, realizada en octubre de 2012, que Metro cifra en el 6% y relaciona con la caída de la demanda, ya que el número de viajeros se redujo en un 12% en el periodo 2008-2012.
La fuga de usuarios continúa este año, con un 9,1% menos entre enero y septiembre, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto no quiere decir que los habitantes de Madrid den la espalda al transporte público, ya que en el último año ha aumentado un 5,9% el número de personas que prefieren moverse en autobús.
Asegurar la viabilidad en 2014
Desde Metro, indican a Vozpópuli que los objetivos para 2014 son “asegurar el mantenimiento de la calidad del servicio” además de “la viabilidad de la empresa”, tal como recogen los presupuestos para el próximo año. Así, recogen un aumento “en las inversiones en mantenimiento de instalaciones y servicio en general que se dé al viajero”.
Según explican los presupuestos para el año que viene, que llegarán a la Asamblea de Madrid en diciembre para su aprobación, el año que viene el suburbano pretende "incrementar los ingresos por viajero". Así, espera reducir el resultado negativo de 98,6 millones de euros estimado para cierre de 2013 a unas pérdidas de 9,8 millones con un incremento en el presupuesto de tan sólo el 0,65% al pasar de los 971 millones de este ejercicio a 978.
El presupuesto incluye también la reducción de plantilla en 593 empleados (un 11,7) del ERE voluntario de Metro, que ya cuenta con el acuerdo de empresa y sindicatos y que se votará en asamblea la próxima semana. No será hasta esta aprobación definitiva por parte de los trabajadores cuando se puedan llevar a cabo tanto el ERE como otras medidas de contención y ahorro recogidas en el convenio, como la congelación del salario a los trabajadores.
“Esperamos que todo se pueda poner en marcha a la mayor brevedad posible”, explican desde Metro, y añaden que la intención de la empresa pública es comenzar a aplicar el ERE a principios del año que viene.
* Vox Pópuli - Laura G.Cabanillas - 24.11.13
Foto: Torniquetes averiados en una de las estaciones del Metro.- agusalonsog
Ávila.- El TSJ anula el proyecto urbanístico de Navahondilla
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Otro caso grave de delito medioambiental en Castilla y León. 10 años después (diez) de presentarse esta macrourbanización en un pequeño pueblo de Ávila y tras ser aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de la Junta, los tribunales anulan este proyecto disparatado. Una vez más han tenido que ser organizaciones ecologistas las que, a pesar de sus escasos medios, han tenido que recurrir este claro pelotazo urbanístico en el que había oscuros intereses privados. Pero la Junta y sus responsables, que lo autorizaron ilegalmente, saldrán sin un rasguño de esta condena judicial... como siempre.
ÁVILARED* : El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado por motivos medioambientales y logísticos el Plan Parcial Cabeza de Caballo, que aprobó el Ayuntamiento de Navahondilla y luego la Comisión Provincial de Urbanismo de la Junta para levantar una macrourbanización. El proyecto, que data de 2003, incluía una urbanización de 1.106 viviendas y un campo de golf en un municipio de 250 vecinos, sobre 55,81 hectáreas, parte de las cuales estaban incluidas en la Red Natura 2000.
La resolución judicial se produce a instancias de la denuncia en 2011 de SEO/BirdLife, organización conservacionista que se opuso en 2003 a la modificación en 2003 de las normas urbanísticas del municipio.
La modificación incluía la recalificación como suelo urbanizable de varias parcelas que hasta entonces eran de suelo rústico, una parte de las cuales se encontraban situadas en un espacio incluido dentro de la Red Natura 2000 y dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León.
Red Natura
Según SEO/BirdLife, la sentencia ha tenido en cuenta “criterios medioambientales”, ya que se recalificaba como urbanizables terrenos pertenecientes a la Red Natura 2000, dentro del Cerro de Guisando, declarado ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).
Asimismo, parte de los terrenos estaban incluidos dentro de Área Crítica del Plan de Recuperación del Águila Imperial aprobado por la Junta, que en marzo de 2003 autorizó la urbanización en la Comisión Territorial de Urbanismo.
Otro de los criterios a los que alude el fallo es el logístico, al considerar que según la organización conservacionista “no estaba garantizada la disponibilidad de agua para un campo de golf y para abastecer a 1.106 viviendas”.
Además, según SEO/BirdLife, el fallo aclara que los municipios que cuenten con espacios incluidos dentro de la Red Natura 2000 sí pueden desarrollar determinadas actividades compatibles con la conservación de estos espacios protegidos y de sus especies y hábitats, mientras que otras deberán estar sometidas a mecanismos de evaluación ambiental.
* Ávila Red - 3.12.13
Foto: Navahondilla (Ávila) - nodo50.org
