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En la Comunitat Valenciana se ataron durante mucho tiempo los perros con longanizas y, quien no tramitaba un PAI en su pueblo «estaba muerto». El urbanismo era el nuevo maná en forma de PAI que propició durante la anterior década una vorágine urbanizadora que propició la reclasificación de millones de metros cuadrados, que no han llegado a ejecutarse, y que la Conselleria de Territorio no sabe aún cómo digerir.
"LEVANTE* : A mediados de 2003, dos altos cargos del área de Urbanismo de la Generalitat viajaron a Bruselas para calibrar el alcance de las protestas que empezaban a armar ruido en las instituciones europeas por los abusos urbanísticos cometidos en nombre de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU). «Tranquilos que no pasa nada», transmitieron a su vuelta. Las primeras protestas por los atropellos de la normativa urbanística ya comenzaban a extenderse por el territorio valenciano, de las que Levante-EMV informó en tiempo y forma, aunque desde la administración no se les hacía mucho caso e, incluso, se acusaba a manifestantes y medios de comunicación de «ir en contra del progreso» .
El 8 de agosto de 2003, el diario conservador The Times lanzaba en el reportaje «The spanish Land Grab-Great Spain Robbery« («La apropiación de tierras española. Espectacular robo en España», una gravísima acusación, repetida después decenas de veces en los medios europeos, que recogía las denuncias de los propietarios de terrenos atropellados por los programas de actuación integrada (PAI) que se tramitaban como rosquillas en aplicación de la LRAU. Según contaba un promotor, en lo alto de la ola en aquella época, el reportaje daba «una imagen nuestra como si fuéramos la tierra de José María el Tempranillo», el mítico bandolero andaluz del siglo XIX. Aunque las autoridades seguían ignorando los avisos a navegantes que se sucedían entonces.
La asociación ¡Abusos Urbanísticos No! (AUN), creada en mayo de 2003 para denunciar la especulación y el acoso a los propietarios incluidos en los PAI, ya había recogido a finales de año 3.000 firmas para reclamar al Parlamento Europeo una «comisión internacional y multipartidista» que analizara «la aplicación interesada, malintencionada y predatoria de la LRAU», en nombre del progreso urbanístico. Unas 150 personas se manifestaron el 4 de octubre de 2003 en Valencia, en la primera protesta pública de AUN, de la que informó Levante-EMV, para exigir a las Corts que «el texto de la LRAU y de las leyes que afecten al territorio se sometan a examen y se corrijan todos todos los artículos que dan pie a un desprecio absoluto a los derechos de los ciudadanos».
Eran las alertas del tsunami urbanístico que vivió la Comunitat Valenciana desde finales de los 90 hasta que la crisis hizo estallar la burbuja inmobiliaria, y que todos los actores principales negaron por activa y por pasiva durante aquellos años y que políticos y empresarios achacaban al excesivo celo informativo de los periódicos. Los datos objetivos sobre la avalancha de PAI nunca se han facilitado oficialmente por la conselleria responsable de urbanismo (que ha tenido cinco consellers en diez años), quizá para ocultar la magnitud del boom inmobiliario que nos puso en el disparadero de las críticas europeas por el «urbanismo salvaje y depredador» que se practicaba por estas tierras y que acabó sentando a las leyes urbanísticas valencianas en el banquillo de los acusados del Tribunal de Justicia Europeo (TJE), aunque finalmente se archivó la denuncia.
¿Cómo se llegó a esta situación? La LRAU se aprobó en noviembre de 1994, durante el último gobierno socialista, que apenas tuvo tiempo de aplicarla. La LRAU revolucionó el urbanismo español al introducir las figuras del agente urbanizador y de los PAI como novedades, con el objetivo de dinamizar y agilizar la actividad urbanística. El PP, muy crítico con la LRAU durante el debate parlamentario asumió la ley y no la modificó cuando llegó a la Generalitat en 1995. La ley preveía la redacción de un reglamento orientativo de zonas de zonas de ordenación urbanística, que nunca se elaboró, así como planes de acción territorial que nunca se redactaron durante sus once años de vigencia. El urbanismo valenciano se espoleó con la ley del suelo estatal aprobada por el gobierno de José María Aznar en 1998, que declaraba todo el suelo urbanizable, excepto el protegido. A finales de los años 90 comenzaron a surgir las primeras denuncias por abusos urbanísticos, pero no se les hizo mucho caso.
A partir del 21 de junio 2003, un viejo conocido del urbanismo valenciano volvió a dirigirlo. Catorce años después de abandonar la antigua Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes (Coput), Rafael Blasco vuelve a la conselleria de nueva creación, Territorio y Vivienda, en el primer gobierno de Francisco Camps. Blasco revoluciona el urbanismo valenciano en apenas tres años, con la aprobación del famoso «paquete legislativo» que aportó a la Comunitat Valenciana cuatro leyes y dos reglamentos que suman un total de 1.183 artículos «contradictorios entre sí e imposibles de aplicar», según denuncian los urbanistas y admitió con el tiempo la propia conselleria.
El problema es que entre 2004 y 2006, cada vez que Blasco anunciaba la entrada en vigor de una nueva ley, se producía una avalancha de presentación de planes urbanísticos, cuyo alcance territorial la Generalitat nunca ha querido revelar en detalle (número de viviendas planificadas, suelo reclasificado...) El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) echaba humo en las sucesivas oleadas para esquivar las nuevas leyes que tramitaba la Conselleria de Territorio. Mientras, las denuncias ante la comisión de peticiones del Parlamento Europeo no dejaban de crecer (se alcanzaron 15.000, según el europarlamento, una cifra que el Consell minimizó y ridiculizó) y provocaron tres visitas de diputados europeos para analizar las denuncias por abusos urbanísticos y dos documentos, el Informe Fourtou y el Informe Auken, en los que se constataban los abusos urbanísticos que se cometían en la Comunitat Valenciana y la corrupción ligada al urbanismo.
Algunos datos de esta «década prodigiosa del urbanismo español» son reveladores. En la Comunitat Valenciana se construyeron 713.214 viviendas entre 1997 y 2006 (Alicante con 362.269 casas y Valencia con 231.046 eran la cuarta y sexta provincias españolas con más viviendas construidas). Otros 52 municipios tramitaron planes generales o conciertos previos en los que proponían la construcción de de 718.106 nuevas viviendas, lo que multiplicaba por cuatro su suelo residencial: de 92 millones de metros cuadrados de suelo previsto en sus planes generales a 272 millones de metros cuadrados de nuevo suelo urbano, según la información recopilada en 2009 por el catedrático de Geografía de la Universitat de València y ex conseller, Eugenio Burriel. Precisamente, una de las críticas que se ha hecho al urbanismo valenciano es que ha sido una suma de planes municipales, sin que existiera un plan autonómico que ordenara el territorio. La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, que marca el crecimiento de los próximos 30 años y está en vigor desde enero de 2011, no «mete mano» a la avalancha de PAI de los últimos años, como tampoco lo hace la nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup) que la última consellera del ramo, Isabel Bonig, anunció en agosto de 2011, para reducir a 273 lo más de mil artículos urbanísticos de las leyes vigentes, que aún no ha llegado ni a las Corts.
El Supremo tumba las tesis del TSJ y el Consell sobre el agua
Una década después del «tsunami» urbanístico, el Tribunal Supremo se ha posicionado en 2013 sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el «boom» del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha anulado este año varios planes urbanísticos que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumbó así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que hicieron correr ríos de tinta en la última década. En el último año, el Supremo y el TSJ también han anulado algunos de los megaPAI estrella de la última década como el de Nou Mil·lenni en Catarroja o Mundo Ilusión en Cabanes-Orpesa. La crisis también ha obligado a suspender otros como el de Porxinos, en Riba-roja.
* Levante - LAURA BALLESTER - 6.12.13
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto Nou Mileni - levante-emv.com
El tsunami urbanístico valenciano
Murcia.- El juez del caso Umbra dice que el exgerente de Urbanismo fue beneficiado por el promotor Pérez Mateos
"EFE* : El promotor inmobiliario y abogado Higinio Pérez Mateos y su esposa, Isabel Parra, "proporcionaron importantes beneficios económicos" al entonces gerente de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, Alberto Guerra, según se recoge en un auto dictado por el juez que instruye el caso Umbra, sobre presunta corrupción urbanística. La resolución judicial desestima los recursos que tanto el matrimonio como el también imputado en esta causa Renato del Noce presentaron reclamando la declaración de nulidad del auto en el que se les atribuía la comisión de hechos delictivos.
Al analizar los recursos de Pérez Mateos y de Parra, el juez instructor dice que ambos "ofrecieron una negociación a Alberto Guerra y su esposa", en referencia al proyecto urbanístico en el que intervinieron, en el municipio murciano de Ulea.
Y añade que "el hecho de que Guerra desarrollara esa actividad comercial -dicho sea de paso, con ánimo ocultista- en territorio donde no desempeñaba su labor como funcionario, es indiferente a efectos del tipo penal referido a las negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos".
Por su parte, sigue diciendo el auto, Guerra participó en uno de los convenios urbanísticos que están sometidos a investigación, en concreto, el que contemplaba la rehabilitación del Casino de Murcia, "en el que actuó como asesor de Agrumexport, una de las empresas promotoras".
El magistrado se pregunta dónde está la indefensión alegada por este imputado, "pues los documentos notariales en que se basa la misma eran conocidos por él, ya que los firmó, y también sabía que Alberto Guerra era ya por entonces y al momento de la firma el gerente de Urbanismo".
"La imputación -añade- tiene fundamento y no oculta ningún dato al interesado, que declaró en dos ocasiones sobre la cuestión, por lo que procede desestimar su recurso de reforma y la nulidad que solicitó".
* ABC - EFE - 5.12.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - wikipedia.org
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Marbella.- El Supremo condena al presidente del Sevilla a siete años de cárcel
Tras más de 10 años (diez), la justicia sentencia el 'caso Minutas' en Marbella, condenando al abogado Del Nido y al alcalde Muñoz a 7 años de cárcel. Es una derivación más del caso Malaya de saqueo del ayuntamiento marbellí por una mafia de desaprensivos entre los que estaban los condenados ahora. La sentencia parece corta en virtud del grave delito cometido, pero en cualquier caso es más aceptable que la que se produjo hace poco con Roca y el resto de encausados de Malaya. El Consejo General del Poder Judicial debería revisar estas sentencias por débiles y permisivas con la corrupción urbanística.
"PÚBLICO* : El Tribunal Supremo ha condenado a siete años de cárcel al presidente del Sevilla, José María del Nido, y al exalcalde de Marbella Julián Muñoz en el llamado caso Minutas, relativo a corrupción en Marbella. La Audiencia de Málaga les condenó por prevaricación, malversación y fraude en el caso Minutas, y el Supremo ha confirmado su fallo en lo esencial, aunque anula la condena por fraude. La sentencia considera probado que entre 1999 y 2003 Muñoz, como alcalde en funciones, y Del Nido (con participación del resto de los condenados) idearon una trama para desviar dinero público del Ayuntamiento de Marbella.
Del Nido no quiso dejar su puesto al frente del club hasta que se produjera este fallo, que ahora le obliga a hacerlo porque deberá ingresar con toda probabilidad en prisión.
El alto tribunal no ha atendido así la petición del fiscal, que quería que a los tres delitos por los que fue condenado por el tribunal malagueño, se sumase el de falsedad en documento mercantil, por lo que reclamaba que le fueran impuestos dos años más de prisión, hasta un total de nueve y medio.
Del mismo modo, la sentencia de 244 páginas, hecha pública este jueves, anula la condena impuesta al exalcalde de Marbella Julián Muñoz en lo que se refiere al fraude y deja su pena en los siete años correspondientes por malversación y prevaricación.
Confirmadas las penas a Roca y a la exmujer de Del Nido
El Tribunal Supremo revisó el 5 de noviembre en vista pública los recursos presentados por el fiscal y los condenados, entre los que también se encuentran el exasesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, al que se le impusieron cuatro años de prisión por fraude y malversación de caudales públicos; y la exmujer de Del Nido, Ángeles Carrasco, condenada a dos años de cárcel y seis de inhabilitación, por fraude en concurso con malversación. El alto tribunal ha confirmado las penas impuestas a éstos.
La sentencia de origen consideró probado que Muñoz y Del Nido idearon una trama para desviar dinero público del consistorio con objeto de enriquecerse personalmente pagando desde el Ayuntamiento minutas al abogado por trabajos jurídicos innecesarios de éste. El sevillano cobró en cuatro años casi tres millones de euros por actuaciones que el Fiscal vio "inexistentes" o "innecesarias".
Cuando se conoció la sentencia de la Audiencia malagueña, Del Nido eludió dejar la Presidencia del club de Nervión advirtiendo que esperaría al pronunciamiento del Supremo.
El alto tribunal sí atiende parcialmente el recurso del abogado de Del Nido en cuanto a que como cooperador necesario para el delito de malversación, no se le puede volver a condenar como cooperador necesario de fraude porque los hechos son los mismos. En ese sentido, la sentencia recoge que "la relación en la que se encuentran el tipo penal de fraude y el de malversación es una relación de progresión cuantitativa, de modo que el delito de fraude es un delito intermedio del delito de malversación de caudales públicos".
El Sevilla lo califica de "revés judicial"
Nada más conocer la sentencia, el Sevilla ha emitido un comunicado que califica de "revés judicial para Del Nido" la condena impuesta. "Sólo rebaja la pena en medio año respecto a la que impuso la Audiencia de Málaga", apunta el escrito que ha incluido el Sevilla en su página web.
"La Sala Penal del Supremo ha impuesto siete años de prisión al abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, por el denominado caso Minutas, relativo a los servicios prestados al Ayuntamiento de Marbella. El Alto Tribunal sólo ha rebajado en medio año la condena que impuso a Del Nido la Audiencia de Málaga, que juzgó el asunto en 2011", precisa el texto.
* Público - 5.12.13
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es
Almería.- Los ecologistas intentan blindar el Cabo de Gata del acoso de las inmobiliarias
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"ELBOLETÍN* : Los ecologistas de Almería y de toda España están muy pendientes de la batalla que se libra en el Cabo de Gata, un enclave natural que las inmobiliarias quieren convertir en su nueva mina de oro, según su opinión. A pesar de que ya ha estallado la burbuja inmobiliaria y de las múltiples viviendas vacías que hay en la actualidad en toda España, incluido el litoral, la empresa Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio, que pertenecen al Grupo Villar Mir, pretenden construir 700 viviendas, 1.560 plazas hoteleras y un campo de golf de 27 hoyos junto al Parque Natural del Cabo de Gata-Níjar.
Por ahora, el proyecto se ha encontrado con la oposición de la Junta de Andalucía que no considera este proyecto viable; sin embargo, sí cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Níjar del PP. A pesar de que los ecologistas consideran que la decisión de la Junta es positiva creen que al final la compañía se saldráa con la suya.
De hecho en la inmobiliaria no dan la promoción por pérdida, y ante las preguntas realizadas por este medio sobre cómo se está desarrollando el proyecto, la respuesta es: “La promoción está en desarrollo, ya hablaremos de ella…”.
“No tienen prisa, pero sí lo tienen todo preparado. Esta promoción está a las puertas del parque, pero no está en el parque, pero si la levantan, ya están a las puertas”, según ha declarado a este medio, Francisco Segura, de Ecologistas en Acción.
Asimismo, ha asegurado que “dentro del parque, lo que hay ya es un montón de intereses privados, porque la mayor parte de los terreno, son ya de particulares adinerados y de compañías inmobiliarias. Un lugar paradisíaco, atractivo”.
Otros expertos han afirmado que sí que es el momento para que las inmobiliarias consigan los permisos de construcción y el parque natural de Cabo de Gata, se convierta paulatinamente, en un lugar urbanizable.
Se trata de aprovechar la crisis económica, y el número descomunal de parados que hay en España para que puedan aprobarse proyectos 'extraordinarios' que jamás hubieran sido aprobados en una situación distinta a la actual. Todo parece valer con el señuelo de la posible generación de puestos de trabajo.
* El Boletín - 3.12.13
Foto: Cabo de Gata (Almería), parque natural - ideal.es
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Santa Cruz.- La fiscal concluye que Urbanismo inició el ´mamotreto´ sabiendo que era ilegal
"LAOPINIÓN* : La Fiscalía mantuvo ayer su petición de condena por los delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio contra los siete imputados del caso mamotreto, los exconcejales de CC Manuel Parejo, Norberto Plasencia, Luz Reverón (ahora en el PP) y José Domingo Pastor, y los funcionarios municipales Loreto Ariz, Candelaria Benítez y Epifanio Gómez. Lo hizo en la última jornada del juicio por uno de los litigios en torno a Las Teresitas y que se refiere al edificio de aparcamientos y locales comerciales que se construyó en la entrada de la playa. Además, solicitó a la jueza, Beatriz Méndez, que la condena abarque el pago de la demolición de este edificio inacabado. Para la Fiscalía ha quedado claro que el Consistorio construyó el edificio sabiendo que era ilegal.
Tras escuchar al último testigo y después de cuatro jornadas de juicio, la fiscal, Inmaculada Violán, ratificó su solicitud de tres años de cárcel para los exediles Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor y para la empleada pública Loreto Ariz, y de dos años de prisión para la exconcejal Luz Reverón y los técnicos Candelaria Benítez y Epifanio Gómez, por "haber llevado a cabo un plan preconcebido dirigido a la aprobación de un proyecto sí o sí con el objetivo de que las obras se ejecutaran cuanto antes, aunque incumpliera la normativa urbanística y la ley de ordenación del territorio y con una simplicidad que se excede de lo que podría considerarse una mala praxis".
Además, y al considerar la fiscal que la construcción es "completamente ilegal", solicitó a la juez que también se incluya en la condena la demolición del mamotreto para que su coste sea asumido por los imputados, ya que este edificio, según la Fiscalía, tendría que haberse derribado desde 2008, cuando se paralizaron las obras porque Costas advirtió de la irregularidad del mismo. Asimismo, la fiscal pidió siete años de inhabilitación para los siete acusados e incorporó en su escrito de acusación la pena por prevaricación administrativa genérica.
Los letrados de la defensa coincidieron en solicitar la absolución de los acusados. Las conclusiones de estos, sobre todo del abogado de Manuel Parejo, Eduardo García, se centraron fundamentalmente en dejar claro que la responsabilidad de lo ocurrido era de otros. Los letrados de los funcionarios insistieron en que son los políticos los que toman las decisiones, y los de los responsables políticos, en que son los técnicos los que informan favorablemente o no sobre un expediente. El abogado de Parejo, además, dio nombres concretos, queriendo dejar claro que los responsables de este expediente del mamotreto fueron el gerente de Urbanismo, el técnico Víctor Reyes y el concejal de Obras, Norberto Plasencia, también imputado en este caso. El juicio quedó visto para sentencia, la cual, según los abogados de los acusados, se conocerá en uno o dos meses.
Durante la última jornada del juicio, la fiscal destacó el contexto en el que el Ayuntamiento "decidió iniciar unas obras en contra de la normativa", refiriéndose al procedimiento contencioso administrativo que en aquel entonces estaba en curso en relación a la operación de compraventa de los terrenos de Las Teresitas. "Y ambas cosas están muy ligadas porque se estaba hablando de la disponibilidad de dichos terrenos. Cuando el Consistorio inicia las primeras acciones para aprobar el proyecto del edificio de aparcamientos y locales comerciales aún no existía la sentencia firme sobre la disponibilidad de las parcelas, algo indispensable porque esto implicaría la suscripción o no del convenio con Costas", indicó Inmaculada Violán.
La fiscal indicó que el exconcejal Manuel Parejo aseguró a la Dirección General de Costas que el Ayuntamiento contaba con la disponibilidad de los terrenos a pesar de que había pendiente un recurso que, además, finalmente todo el procedimiento acabó con una sentencia del Tribunal Supremo anulando la operación de compra de los terrenos llevada a cabo por el Ayuntamiento en 2001.
El Ministerio Público aseguró que ha quedado claro, según las declaraciones de los testigos y la prueba pericial, que la construcción del mamotreto era un proyecto inviable, que incumplía la normativa urbanística, que invadía la servidumbre de protección y de tránsito y el dominio público marítimo terrestre, que no contaba con autorizaciones y que incluía unos usos incompatibles con la ocupación del dominio público refiriéndose a los locales comerciales, y que todo esto lo sabían los acusados. "Y a pesar de todo, se inició y ha costado a Santa Cruz más de 10 millones de euros", concluyó la fiscal.
* La Opinión Tenerife - Eloísa Reverón - 30.11.2013
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto aparcamiento - laopinión.es .................................... Leer más...
Galicia.- Operación Pokemon: la juez acusa de corrupción a tres alcaldes y cinco exalcaldes
La importante 'operación Pokemon' sobre contratos municipales ilegales abarca ya a toda Galicia y sus principales ayuntamientos. El caso lleva bajo secreto de sumario 14 meses (catorce) y no se ve el final a la acción judicial que trata sobre irregularidades urbanísticas cometidas hace años. La mayoría de los 88 imputados son del PP y del PSOE pero hay más siglas, incluso de fuera de la comunidad gallega. El ayuntamiento más afectado es el de la capital, Santiago, pero hay numerosos gobiernos de poblaciones imputados por corrupción en la contratación de obras y servicios. Parece así que este grave asunto va para largo.
"ELPAÍS* : La juez de Lugo Pilar de Lara, que investiga el llamado caso Pokémon, por presunta corrupción en la concesión de contratos municipales, ha ratificado las acusaciones contra tres alcaldes, los de Santiago, Lugo y O Carballiño (Ourense) y cinco exalcaldes, así como contra tres concejales de la capital de Galicia, un exedil de ese Ayuntamiento y otro antiguo miembro de la Corporación de Lugo. La mayoría de los delitos que investiga la juez, centrados en Galicia, aunque con ramificaciones en Asturias y Cataluña, salpica a cargos públicos de PP y PSOE, pero también están imputados un exalcalde de CiU y un antiguo concejal del BNG.
La juez además sospecha que los dos principales partidos de Santiago -el Ayuntamiento con más imputados- pudieron haberse financiado ilegalmente.
La confirmación de los cargos en un caso que lleva 14 meses bajo secreto de sumario y acumula 88 imputados está recogida en un auto dictado por la juez para dividir la laberíntica instrucción de las diligencias entre nueve piezas. De Lara basa sus acusaciones en los datos obtenidos de intervenciones telefónicas, registros en oficinas públicas y domicilios privados, análisis de expedientes oficiales y las declaraciones prestadas a lo largo de la instrucción.
La magistrada advierte que su escrito no equivale a la “imputación formal” previa a la celebración del juicio, ya que su propósito es reorganizar el sumario para facilitar la investigación, pero reitera las sospechas contra todos los cargos públicos citados y contra los máximos responsables de la empresa Vendex, concesionaria de diversos servicios en ayuntamientos gallegos, y de Aquagest, que gestiona el abastecimiento de aguas en Santiago y Ourense. Entre los imputados también hay diversos funcionarios municipales, como el antiguo jefe de la policía local ourensana Abelardo Ulloa.
En la mayor parte de los casos la juez no individualiza sus acusaciones, pero los posibles delitos descubiertos en su investigación abarcan la mitad del Código Penal: cohecho, falsedad documental, malversación de fondos públicos, blanqueo de dinero, negociaciones prohibidas a funcionarios, delitos electorales… Los tres alcaldes imputados son dos del PP, los de Santiago, Ángel Currás, y O Carballiño (Ourense), Argimiro Marnotes, y otro socialista, el de Lugo, Xosé López Orozco.
Además la juez mantiene las acusaciones contra tres exregidores que dimitieron de sus cargos por este caso, el socialista Francisco Rodríguez (Ourense), el popular Adolfo Gacio (de la localidad coruñesa de Boqueixón) y el convergente Robert Fauria (del pueblo gerundense de Sant Hilari). Al mismo tiempo, están encausados los que fueron alcaldes por el PP de Santiago, Gerardo Conde Roa -dimitió antes de conocerse estos hechos tras descubrirse que defraudó 290.000 euros a Hacienda- y de Pravia (Asturias), Juan Carlos Guerrero, aunque este último en relación con hechos cometidos en el municipio de Cangas de Narcea. Por las ramificaciones asturianas del caso figura entre los imputados el que fuera vicesecretario del PP en el Principado Joaquín Fernández Díaz.
De entre los antiguos concejales el que acumula más cargos es el socialista Francisco Fernández Liñares, el que fuera mano derecha del alcalde de Lugo. A Liñares se le acusa de manejos corruptos en la adjudicación del servicio de grúa del Ayuntamiento de Lugo, cuando era edil, y en los contratos que repartió desde la Confederación Hidrográfica Miño-Sil, de la que fue presidente con posterioridad. Es precisamente la concesión del servicio de grúa y otros contratos al grupo Vendex lo que mantiene las imputaciones contra el alcalde de Lugo, que está incluido en dos de las piezas separadas por la juez.
Pero sin duda el Ayuntamiento más sacudido por el sumario es el de Santiago. Los supuestos amaños de contratos a cambio de favores a las empresas del grupo Vendex y a Aquagest colocan bajo sospecha de la juez al actual alcalde, su antecesor, dos concejales del grupo de gobierno del PP, otro exedil popular que dimitió por este caso y además al concejal socialista Bernardino Rama. Este último fue secretario local del PSdeG y hombre fuerte del gobierno que dirigió hasta 2011 el alcalde socialista Xosé Sánchez Bugallo.
Pero además la juez sospecha que los dos principales partidos de Santiago se financiaron de forma ilegal. En el caso de los socialistas, la juez apunta a que la imprenta La Ibérica de la capital de Galicia, “en connivencia con otras empresas, entre ellas, Aquagest”, “habría elaborado” para el PSOE local “facturas falsas por un elevado importe de dinero, lo que podría constituir un delito de falsedad documental, y delito electoral”. En el caso del PP, la juez investiga “posible irregularidades” en su financiación “mediante la aportación de dinero por empresas adjudicatarias de obras y servicios en el Ayuntamiento”.
En la capital de Galicia, De Lara sospecha de actuaciones corruptas relacionadas con la adjudicación de los contratos de gestión de las multas de tráfico y de suministro de autobuses urbanos. La magistrada indaga posibles tratos de favor a empresas a cambio de regalos, viajes, el pago de actos del Ayuntamiento o la contratación de trabajadores enchufados.
* El País - XOSÉ HERMIDA - 26.11.13
Foto: Santiago de Compostela, ayuntamiento - turismo
Urbanizaciones fantasma.- Bloques vacíos junto al Ebro
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Todavía queda mucho por destripar de la llamada burbuja inmobiliaria, que llevó al país a la mayor crisis-estafa habida. Hay ejemplos sangrantes como el megacomplejo de 1.318 viviendas y campo de golf que lleva cinco años varado en un antiguo campo de melocotoneros de la localidad tarraconense de L’Aldea. Otro pelotazo urbanístico mayúsculo de la promotora-constructora Fadesa que lo promocionó en 2003 con todo el apoyo político-financiero posible, siendo ya criticado entonces por organizaciones ecologistas que, como se ha demostrado, llevaban razón una vez más. Así se va destruyendo poco a poco la Ordenación Territorial de todo un país.
"ELPAÍS* : Todo el mundo recuerda la finca de la Palma, en L'Aldea (Tarragona) como un campo de melocotoneros. Hasta que la fiebre inmobiliaria ideó para esas 125 hectáreas junto al río Ebro una enorme urbanización de 1.318 viviendas que suponía duplicar de golpe la población de la localidad, de unos 3.500 habitantes. Se construyeron varios bloques con 170 pisos e incluso se hallaron compradores. Pero en 2008 su promotora, Martinsa Fadesa, protagonizó el mayor concurso de acreedores de la historia, lo cual frenó de golpe las obras. Todavía hoy no hay perspectivas de que se reanuden.
Fue en 2003 cuando la entonces gallega Fadesa, dirigida por Manuel Jove, anunciaba el gran complejo de viviendas con campo de golf y hotel de cinco estrellas en L'Aldea, que llamó El Mirador del Ebro. A partir de entonces, las comarcas del sur de Cataluña hirvieron con proyectos inmobiliarios. Solo en 2006 y 2007 se iniciaron más de 1.500 viviendas en L'Aldea. Los municipios del sur aparecían cada año en las listas de los más castigados del ladrillo. Solo los superaba de vez en cuando alguna localidad cercana a una estación del AVE o pequeños enclaves como La Torre de Cabdella (Lleida), de 700 habitantes, donde también Martinsa Fadesa puso en marcha 1.085 viviendas con pista de esquí, campo de golf y tiendas. Ese proyecto corrió la misma suerte que el de L'Aldea y hoy permanece varado.
Los grupos ecologistas protestaron, pero el Ayuntamiento y la inmobiliaria defendieron el complejo por su interés turístico, la inversión de 165 millones de euros y la creación de 600 puestos de trabajo en la zona. Francisco Javier García, propietario de una empresa de fontanería, trabajó para Fadesa. "Les hice instalaciones de tuberías para saneamiento. Era un gran trabajo. Eran más de 1.000 viviendas con servicios, tiendas e incluso un embarcadero", explica. Las facturas de su trabajo ascienden, dice, a 289.000 euros. Nunca ha visto ni un euro. Recientemente García sufrió la quiebra que protagonizó la sección de crédito de la cooperativa agrícola de L'Aldea y que dejó en una situación de corralito a cientos de vecinos. En ese caso, la cooperativa dejó a deberle unos 300.000 euros, lo cual lo llevó a cerrar su empresa.
El Mirador del Ebro es hoy un coto privado. Está completamente vallado y un vigilante procura que nadie pise las calles ya asfaltadas del barrio fantasma, con farolas sin luz y casas sin habitantes. Los vecinos de L'Aldea cuentan que algunas tienen dueño. De cualquier modo, aunque quisieran no podrían entrar a vivir, puesto que aún no disponen de todos los servicios necesarios.
Ximo Esteller, ecologista del grupo Gepec, que en su día denunció el proyecto de Fadesa, explica que la localidad tiene otra urbanización en Vinaxarrop en la que estaban proyectadas también 400 viviendas y otro campo de golf. La diferencia, explica, es que en esa otra área no hay nada urbanizado, lo cual debería facilitar que el Ayuntamiento diera marcha atrás y dejara la zona libre de cemento. "Durante la burbuja se urbanizó en todos los municipios cercanos. Nos quejamos por el desarrollo de L'Aldea, sobre todo por su proximidad al río, que es un corredor ecológico", asegura.
L'Aldea, cuyo alcalde no ha atendido las llamadas de este diario, está repleta de esqueletos de edificios e inmuebles vacíos que, cuentan los vecinos, en varios casos han sido ocupados. El último informe inmobiliario de CatalunyaCaixa, elaborado en enero, señala que en el área de Tortosa hay 4.400 viviendas vacías por vender, lo cual representa el 12,6% del parque de casas. "Durante la época dorada del sector se construyó en todas partes. Queda mucha obra por vender y por acabar", explica Joan Vicenç Rieres, de la junta directiva del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Tarragona.
La inmobiliaria, que salió del concurso y pugna por rehacerse, explica que "debido a la variación" de la propiedad del suelo —hoy compartida con bancos acreedores— fue necesario crear una Junta de Compensación en la que ya no tiene mayoría. Para reanudar las obras, prosigue la promotora, los propietarios deben decidirlo —y están de acuerdo en hacerlo, añaden—, aunque admiten que están barajando "distintas alternativas y viendo cuando es el momento más oportuno".
No muy lejos de L'Aldea, en L'Ametlla de Mar el ayuntamiento quiere dar marcha atrás y ha aprobado ya la "renaturalización" de una zona en la que una empresa de capital ucraniano iba a levantar 70 chalés. No hay casas construidas, pero la piqueta sí deberá pasar para arrasar calles, farolas o contenedores subterráneos. La crisis del ladrillo también ha dejado paralizado ese proyecto. Primero, porque el grueso de la propiedad pasó a manos de la banca, y segundo, porque requiere del concurso de la Generalitat, ahora sin capacidad para afrontar ese coste al estar enzarzada en sus planes de austeridad. Un portavoz del Consistorio explicó que de momento se sigue negociando con el banco una permuta de esos terrenos. Se trata de devolver a la naturaleza lo que la burbuja le arrebató hace una década.
El Mirador del Ebro
- El proyecto constaba de 1.318 viviendas, de las cuales 840 eran apartamentos y 478 eran casas unifamiliares, además de un hotel y un campo de golf.
- La antigua Fadesa comprometió 165 millones de euros para el complejo y aseguró que se crearían 600 puestos de trabajo.
- La inversión atrajo a otras inmobiliarias e inversores. Solo en dos años se iniciaron más de 1.500 casas en L'Aldea, con 3.500 habitantes.
- Los municipios próximos a Tortosa suman 4.400 pisos acabados vacíos, lo que supone más del 12% de todo el parque de viviendas de la zona.
* El País - LLUÍS PELLICER - 25.11.13
Foto: Obras sin acabar y paradas en Torredembarra (Tarragona). / JOSEP LLUIS SELLART
Madrid encarga el informe ambiental 'previo' de una autovía que funciona desde 2008
Aquí todas las administraciones hacen lo que quieren, saltándose leyes y normativas, ante una justicia casi inexistente contra ellas. Ya se sabía que la polémica autovía M-501 en la Comunidad de Madrid había sido declarada ilegal hace 5 años (cinco), pero es que ha seguido funcionando como si nada hasta hoy día, a pesar de la condena, incluso, de la UE por carecer del informe ambiental 'previo'. Los sucesivos gobiernos autonómicos de E.Aguirre e I.González han puesto toda suerte de trabas irregulares a una justicia demasiado permisiva o altamente politizada. Algo inaudito.
"ELDIARIO* : Quizá sólo en España pueda existir una autovía que, pese a ser declarada ilegal por el Tribunal Supremo, siga funcionando a razón de 50.000 vehículos diarios. Está en la Comunidad de Madrid y es una vía por la que ya han circulado 20 millones de coches a través de espacios naturales protegidos, y que los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (en 2008) y los europeos de Luxemburgo (en 2011) consideraron que fue construida por el Gobierno regional saltándose la ley. Toda una maraña judicial ha conseguido que por los 18 kilómetros de autovía M-501 que unen los pueblos de Quijorna y Navas del Rey, y que cruzan un parque regional y una zona de especial protección para las aves, circulen vehículos como si nada, aunque la primera sentencia date de hace ya un lustro.
El Gobierno de Esperanza Aguirre decidió en 2006 que la carretera sería autovía a cualquier coste y burló la legalidad. Se saltó el estudio de impacto ambiental previo al declarar la obra de interés general. Aducía que era una carretera peligrosa, análisis que los ecologistas pusieron en duda.
El conflicto saltó a los medios, que acabaron buscando pruebas de la existencia de linces ibéricos en la zona. El Ejecutivo de la Comunidad de Madrid acaba de contratar hace dos meses a una empresa para que realice el estudio de impacto ambiental previo de la autovía que en su momento no se efectuó.
La asociación Ecologistas en Acción denunció en su día el proyecto. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid declaró nula la obra –que se había encargado a la empresa Corsán por 40 millones de euros– al vulnerar las leyes medioambientales. Y fallaba que, en su caso, debería "restituir" la zona a su estado anterior.
Madrid recurrió al Supremo, y los coches comenzaron a circular. Casi tres años tardó el Supremo en decidir. En febrero de 2011, ratificó la ilegalidad de la obra. ¿Se cumplió la sentencia? En absoluto. Más vehículos viajando por la autovía mientras el 15 de julio los magistrados de Madrid daban a la Comunidad "dos meses" para decir cómo cumpliría la "ejecución forzosa". Agosto, septiembre, octubre… El 21 de noviembre, los jueces claman y le imponen al Gobierno de Esperanza Aguirre un plazo de 15 días "improrrogable" para que informe "detalladamente" sobre las medidas que adoptará.
El límite se multiplicó por ocho. Tras un cambio de magistrado al frente de la sala encargada, se dictó un auto sobre la ejecución de la sentencia –sentencia que acumulaba entonces cuatro años de polvo–, en la que se otorgaba al Ejecutivo regional "dos meses" más para que dijera cómo solventaría los trámites administrativos que no llevó a cabo en 2006 al planear la carretera: el famoso informe previo de impacto ambiental que debe velar por los daños a la naturaleza antes de meter las piquetas.
A pesar de que la Comunidad aseguró todo este tiempo que "ha subsanado los errores procedimentales a los que hace referencia la sentencia", en agosto de este año sacó un concurso para contratar a una empresa que hiciera la "redacción del estudio impacto ambiental duplicación M-501 entre Quijorna/Navas del Rey". Usó el trámite de urgencia para adjudicarlo el 27 de septiembre de 2013 por más de 200.000 euros. Plazo de ejecución: 18 meses. Sólo con este movimiento se llevará el asunto hasta marzo de 2015.
Condena europea
Nada ha detenido la idea que tuvo Esperanza Aguirre de llevar los carriles lo más dentro posible de las zonas de protección ambiental. Mucho menos, los trámites legales o las sentencias firmes. ¿Por qué? La Comunidad insiste: "Se ha demostrado en estos cinco años que el desdoblamiento de este tramo de la M-501 era una necesidad de primer orden para todos los madrileños, ya que se ha conseguido aportar a la carretera mayor seguridad vial y una menor siniestralidad". Pero acatar la sentencia sería un desastre para las finanzas. Y no sólo ya por lo gastado en construir esos 18 km de autovía. Existen implicaciones más profundas.
Esta M-501 se ha hecho autovía en dos fases. La primera fue adjudicada por el actual ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón –en su época de presidente regional–, a un consorcio llamado Ruta de los Pantanos S.A., en el que aparecen corporaciones como Iridium (de ACS) o Globalvía (de FCC). Esta sociedad construyó la autovía y se encarga de su mantenimiento a cambio de un peaje en la sombra, según el tráfico que soporta, abonado por la Comunidad de Madrid.
En 2014, la concesionaria se llevará 19,9 millones de euros, 1,1 millón más que en este 2013. En las cláusulas del contrato, la Administración incluyó que "las actuaciones de la Comunidad de Madrid que disminuyan la demanda de uso de estas carreteras darán derecho a la sociedad concesionaria al reequilibrio económico". Desmochar la autovía en 18 kilómetros por haber incumplido la ley es, desde luego, hacerla menos atractiva para los conductores.
La M-501 provocó en diciembre de 2011 que Europa condenase a España por contravenir la protección de la naturaleza y los trámites de evaluación de impactos ambientales. La Comunidad de Madrid, que provocó el recurso de la Comisión Europea ante los jueces de Luxemburgo, calificó la sentencia de "irrelevante". Sólo la crisis económica ha detenido la apertura de carriles hasta el corazón de las zonas protegidas en el límite de la región con Castilla y León.
* El Diario - Raúl Rejón - 1.12.13
Foto: Madrid, autovía M-501 - eldiario
Condenado a 8 años de inhabilitación un exalcalde de Gondomar por prevaricación
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Otra sentencia judicial ridícula, esta vez en Gondomar (Pontevedra). Se condena al exalcalde 'popular' solamente a inhabilitación para cargo público, más una pequeña multa, tras conceder ilegalmente más de 30 licencias urbanísticas. Es decir que, una vez más, resulta favorable delinquir en la Ordenación Territorial, ya que es de suponer que el citado alcalde haya logrado importantes 'mordidas' con esas múltiples ilegalidades cometidas. Es una vergüenza lo que está ocurriendo con la permisividad judicial ante la corrupción. Hay muchos intereses políticos-financieros ocultos detrás, a todos los niveles.
"ELPAÍS* : La titular del juzgado de lo Penal nº2 de Vigo ha condenado a 8 años y 6 meses de inhabilitación para cargo público al exalcalde de Gondomar (Pontevedra), Martín Urgal, del PP, y al que era su concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis (tránsfuga expulsado del PSOE), por un delito continuado de prevaricación, al cometer irregularidades en la concesión de más de una treintena de licencias urbanísticas. La Fiscalía pedía para ellos y para su abogado (como cooperador necesario) dos años de cárcel, ocho de inhabilitación y multa de 22.500 euros.
Finalmente la juez ha condenado a los excargos públicos y ha absuelto al letrado, que había sido contratado por el gobierno local como asesor externo para emitir informes jurídicos sobre los expedientes urbanísticos. La sentencia condena a ambos por la concesión de licencias urbanísticas en contra de la opinión de la secretaria municipal y de la técnico de la administración general de Urbanismo de ese Ayuntamiento. Estas dos funcionarias rechazaban la concesión de licencias porque Gondomar carece de planeamiento urbanístico -el plan de ordenación de 1997 fue anulado por los tribunales-, mientras que el gobierno municipal se amparaba en las normas subsidiarias anteriores para la aprobación de esos permisos. Durante el juicio, las dos funcionarias que denunciaron los hechos ante la Fiscalía, ratificaron que recibieron "presiones" por parte de Urgal y de Lis, así como "críticas" por "emitir informes desfavorables con demasiada frecuencia".
Por su parte, Alfonso de Lis se defendió en la vista alegando que las denunciantes obstruían de manera "sistemática" los expedientes urbanísticos, y que no aplicaban la normativa vigente que, a su juicio, eran las normas subsidiarias de planeamiento. El exalcalde Martín Urgal se acogió a su derecho a no declarar durante el juicio. En la sentencia, la titular del juzgado penal de Vigo, señala que la resolución del entonces alcalde, apartando de sus funciones a las técnicos municipales que no querían informar los expedientes es "evidentemente injusta y muy burda". Además, apunta que los acusados no acudieron al procedimiento disciplinario ante el supuesto incumplimiento de estas funcionarias, sino que recurrieron directamente a apartarlas "saltándose de forma bastante grosera toda la normativa reguladora de la función pública".
Según la juez, tanto el alcalde como su concejal actuaron "a sabiendas" y al margen del ordenamiento jurídico. "Actúan porque quieren este resultado y, por lo tanto, anteponen su voluntad personal a cualquier otra consideración", señala la sentencia. Se da la circunstancia de que otro exalcalde de Gondomar, Carlos Silva también del PP, fue condenado a 6 meses de prisión y 7 años de inhabilitación, junto con los cinco ediles de su Junta de Gobierno, por prevaricación urbanística. La condena fue ratificada por la Audiencia Provincial y, pocos días después, un juzgado de Vigo lo absolvía de una acusación por falsedad documental. Previamente, en febrero de 2007, dos concejales del gobierno de Silva (junto con la novia de uno de ellos y un arquitecto vigués), José Luis Mosquera y Alejandro Garrido, habían sido detenidos y acusados de cohecho, por el cobro de comisiones a cambio de favores urbanísticos. La Audiencia Provincial les condenó a 15 años de inhabilitación y 135.000 euros de multa, en el caso de Mosquera; y a 3 años de inhabilitación y 540.000 euros de multa, en el caso de Garrido, que fue edil de Urbanismo.
En las elecciones de 2007, fue elegido alcalde de Gondomar Antón Araúxo, entonces en el BNG (ahora no adscrito), que gobernó en coalición con el PSOE hasta que surgieron las desavenencias, que concluyeron con la moción de censura votada en un pleno el 7 de julio de 2009, apoyada por los concejales del PP (a excepción de Silva, que no estuvo presente), del PSOE, y de Move Gondomar. En ese momento, fue elegido alcalde Martín Urgal, número dos de los populares en esa localidad y de Lis se convirtió en su edil de Urbanismo.
* El País - EP - 29.11.13
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - revistafusion.com
Los vecinos en el caso PGOU de Valladolid piden imputar al alcalde
La ciudad de Valladolid sigue inmersa en una tiranía urbanística sin precedentes, debida al equipo de gobierno formado alrededor del inefable alcalde 'popular' De la Riva. El escandaloso 'cambiazo' del Plan General ocurrido en 2003 todavía colea (cambiaron los documentos urbanísticos una vez aprobados). La 1ª sentencia judicial no llegó a imputar, sorprendentemente, al alcalde ni a varios colaboradores suyos en el tema. Ahora la acusación particular de los vecinos vuelve a insistir en la revisión del caso, ya que ve motivos sobrados de la delictiva actuación municipal de numerosos personajes cercanos al alcalde. Habrá que ver si son aceptados también por la Audiencia.
"EUROPAPRESS* : La acusación popular en el caso de irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid (PGOU), ejercida por la Federación de Vecinos 'Antonio Machado', ha solicitado en su recurso de apelación contra el auto del juez instructor no sólo la imputación del alcalde, Francisco Javier León de la Riva, y del concejal Manuel Sánchez, junto con la del empresario Ramón Herrero Merino, de Área Especial S.L, sino también la declaración como imputadas de otra docena de personas.
Si en su inicial recurso de reforma--desestimado por el Juzgado de Instrucción 1--el letrado de este colectivo, Carlos Castro, tan sólo pedía la imputación del primer edil, en el de apelación ante la Audiencia Provincial--lo tendrá que resolver la Sección Segunda que preside Feliciano Trebolle--coincide con la Fiscalía al solicitar que sean imputados los tres citados y, a mayores, plantea que el juez instructor tome declaración como imputados a otros doce, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
Entre estos figuran directivos de la Fundación Emilio Álvarez, en relación con la operación urbanística en la calle José María Lacort, y propietarios de terrenos en Arcal Real 54 y la Avenida de Madrid, con motivo de las distintas irregularidades que son objeto de la presente causa.
La particularidad de esta última petición es que si la Audiencia Vallisoletana estimara el recurso sería preciso que el juez instructor, José María Crespo, tomara declaración como imputadas a estas doce personas, algunas de las cuales han prestado testimonio hasta la fecha como testigos mientras que otras ni siquiera han sido interrogadas en sede judicial.
Lo que sí ha hecho ya el juez instructor es dar traslado de los autos originales de la causa, en total 7.750 folios y numerosas grabaciones de declaraciones, a la Audiencia de Valladolid junto con los catorce recursos de apelación interpuestos contra su auto de fecha 31 de julio para que sea dicho tribunal el encargado de resolver las distintas cuestiones planteadas, algo que, según las mismas fuentes, no se producirá hasta bien entrado el año 2014.
En aquel auto de imputación, que ha mantenido invariable hasta la fecha, el juez excluyó al alcalde de Valladolid y en cambio dirigió la causa contra doce personas físicas y cuatro empresas.
En concreto, responsabilizó de las alteraciones detectadas en la principal herramienta de planeamiento urbano de Valladolid al exedil de Urbanismo, José Antonio García de Coca; al secretario municipal, Valentín Merino Estrada; al arquitecto Luis Álvarez Aller; al exjefe de Área de Urbanismo, Modesto Mezquita; a José Luis Cerezo, exjefe de este servicio; a los hermanos José Luis y Eduardo González Torres y a José Luis Mayordomo (expresidente del Baloncesto Valladolid), los tres socios de Grupo Capitol; Antonio Pastrana y José Ángel Astorga, socios de Parkosa; así como a José Luis Barca, exjefe de la Asesoría Jurídica municipal y al todavía letrado municipal, Luis Ángel Lavín Deza.
Junto a ellos, figuraban también como imputadas cuatro empresas: Capitol Promociones, Parkosa, Vallenaba Capitol y Progot.
A los imputados se les acusa de delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, falsedad, cohecho, tráfico de influencias y negociación prohibida a funcionarios, todo ello por hechos ocurridos a partir de 2003 relacionados con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que, antes de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en febrero de 2004, fue modificado para, supuestamente, beneficiar a los promotores de distintos proyectos urbanísticos.
CINCO AÑOS DE INVESTIGACIÓN
El denominado 'Caso del PGOU' de Valladolid fue llevado a la Fiscalía de Valladolid el día 7 de julio de 2008 por el Grupo Municipal Socialista, que denunció ya entonces la modificación ilícita de 67 artículos y cinco planos --el Ayuntamiento reconoció errores en ocho epígrafes y cinco planos-- y consideró como principal responsable al exedil de Urbanismo, a quien imputaba por las manipulaciones en el planeamiento urbanístico de la ciudad en los últimos días de agosto de 2003, entre su aprobación provisional por parte del Pleno y la definitiva por parte de la Junta.
Aunque los hechos fueron denunciados por el grupo de concejales socialistas, éstos no han podido personarse en las diligencias debido a la elevada fianza exigida, algo que, por el contrario, sí han logrado hacer la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid, que figura como acusación popular tras desembolsar 8.000 euros de fianza.
* Te Interesa - EP - 26.11.13
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Condenado el exalcalde de Gerb (Lleida) a pagar 6.000 euros por dar licencias sin competencia
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Esto ya es el colmo. La Audiencia de Lleida condena a un alcalde pedáneo a una multa insignificante, tras conceder ilegalmente 13 licencias de obra (trece). Pero es que, además, no tenía competencias para ello y él lo sabía. Es decir fraude tras fraude, ilegalidad urbanística tras ilegalidad. Peor imposible. Sin conocer exactamente las causas de esta lamentable y débil condena, lo único que viene a hacer es dar más alas a la corrupción urbanística y a que sigan proliferando casos parecidos en todo el país. De nuevo la justicia actúa injustamente ante delitos insultantes contra la Ordenación Territorial.
"20MINUTOS* : La Audiencia de Lleida ha condenado al exalcalde de la entidad municipal descentralizada (EMD) de Gerb (Noguera), Jacint Tribó, a la pena de multa de 20 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros —6.000 euros en total— e inhabilitación especial para empleo o cargo público por un período de 9 años por otorgar licencias de obras sin tener competencias entre 2004 y 2006.
La sentencia considera probado que Tribó, que fue alcalde pedáneo de Gerb entre 1987 y 2007 en su condición de presidente de la EMD de Gerb, otorgó trece licencias de obras a diferentes compradores de terrenos, algunos de los cuales los habían adquirido en su día de las sociedades Promocions Gerb 1998 S.L. y Promocions Gerb 2000 S.L., según la sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.
Según la sentencia, el acusado concedió tales licencias ya directamente, tras la solicitud efectuada por los diferentes constructores, o bien tras la denegación por parte del Ayuntamiento de Os de Balaguer, pero en todo caso conociendo que no tenía potestad para ello y que no existía ninguna competencia legal o delegada para esta función.
La sentencia señala que en el proceso, Ignasi Cortés Giné, quien desempeñó el cargo de alcalde de Os de Balaguer entre los años 1999 a 2012, manifestó que en ningún momento, ni por parte del Ayuntamiento de Os de Balaguer ni por él mismo, se delegó competencia a atribución alguna en materia de urbanismo a favor ni de la EMD de Gerb ni tampoco a favor de su presidente.
Los magistrados absuelven a Tribó de los delitos de estafa y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos por los que estaba acusado y también absuelven al Ayuntamiento de Os de Balaguer y a la entidad municipal descentralizada de Gerb.
* 20 Minutos - EP - 26.11.13
Foto: Gerb (Noguera-Lleida), vista - turismo
Goldman ya ejerce de casero en Madrid
Como está ocurriendo en varias ciudades, las viviendas de propiedad oficial en Madrid se están privatizando aceleradamente para obtener beneficios de dudosa legalidad, mientras a los propietarios o rentistas se les deja en una difícil situación al no poder hacer frente a los nuevos precios que, lógicamente, impone la especulación privada. Así ocurre con los 3.000 pisos que, procedentes del Ivima, pasará a gestionar el grupo financiero especulativo Goldman (de lamentable recuerdo en la crisis/estafa actual).
"ELPAÍS* : "De momento, todo han sido buenas maneras, aunque dejando ver muy claramente algunas de las cuestiones que van a cambiar", comenta Enrique Villalobos, portavoz de la Asociación de Vecinos del PAU Ensanche Vallecas, la impresión obtenida tras la primera reunión con los responsables de Encasa Cibeles, la sociedad a través de la que Goldman Sachs y Azora van a gestionar los 2.939 pisos comprados al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
Entre los asuntos que van a cambiar figura el final de las ayudas al alquiler que, en función de la situación económica de los inquilinos, oscila entre el 20% y el 90% de las rentas. Los que acaben de acceder a ellas contarán con un plazo de dos años para disfrutarlas, pero a otros se les están acabando y no serán renovadas. "En muchos casos, no podrán seguir pagando", comenta Villalobos.
Otra cuestión que Encasa Cibeles ha dejado claro es que si un inquilino no puede ejercer la opción a compra perderá cualquier derecho sobre la vivienda, y se verá obligado a entregar las llaves. Se rompe así la posibilidad que había de la posible prórroga del contrato de arrendamiento. O compran o se quedan en la calle. No hay alternativa.
A lo largo de 2014 serán casi 400 los arrendatarios a los que les vence la opción a compra. Los primeros, los 52 que viven en sendos edificios del barrio de La Ventilla, junto a la plaza de Castilla, en Madrid, que recibieron sus llaves el 27 de enero de 2007 de manos de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre.
Como se debe comunicar al arrendador la intención de ejercer el derecho de opción de compra en los tres meses anteriores al vencimiento previsto, esos primeros inquilinos lo deberían haber hecho como muy tarde el pasado 27 de octubre, justo dos días después de que se firmara la escritura de compraventa a favor de Encasa Cibeles.
Teniendo en cuenta la actual situación económica por la que atraviesan estas familias, en muchos casos en paro y sin apenas ingresos, resultará difícil que una entidad financiera acceda a otorgar el préstamo para poder adquirir estos pisos por un precio de entre 120.000 y 150.000 euros, en función del máximo de venta que figure en la calificación definitiva, multiplicado por un coeficiente de actualización variable según el año de adquisición, y restando el 50% de las cantidades pagadas solo en concepto de renta, sin incluir los gastos de comunidad u otros conceptos.
En el Portal de Vivienda de la Comunidad de Madrid los pisos del Plan Joven que estaban a nombre del Ivima hasta hace un mes ya pueden ser adquiridos a Encasa Cibeles. Existen 80 pendientes de adjudicar.
En Majadahonda se pide una renta de 506 euros por un piso de dos dormitorios con 55 metros cuadrados útiles, y su precio de compra es de 175.000 euros. En el Ensanche de Vallecas para viviendas de uno y dos dormitorios, de entre 44 y 50 metros útiles, el alquiler varía entre 419 y 450 euros, y se venden entre 143.670 y 154.320. Goldman Sachs y Azora compraron estos pisos al Ivima por una media inferior a 70.000 euros. En estas rentas no se incluyen los gastos de comunidad ni el impuesto de bienes inmuebles (IBI) que, a partir del próximo ejercicio, será pasado al cobro de los inquilinos, según lo comentado por los responsables de Encasa Cibeles a los representantes de los vecinos.
Encasa Cibeles inició operaciones el pasado 12 de septiembre, dos semanas después de que Azora Gestión resultara adjudicataria de 32 promociones en alquiler, con o sin opción a compra, propiedad del Ivima. Lo hizo con el capital mínimo exigido de 3.000 euros, y con el mismo domicilio, en el número 30 de la calle de Serrano, en Madrid, donde tiene su sede Azora.
Posteriormente, hace un mes, ya con la escritura en la mano, la sociedad llevó a cabo una ampliación de capital, hasta 21,27 millones de euros, cambió su domicilio social al número 155 de la avenida del Talgo, junto a la estación de Aravaca, y nombró a los miembros de su primer consejo de administración.
El piso bajo de la urbanización residencial en el que Encasa Cibeles va a gestionar sus activos sirve también de sede central a la promotora Larcovi y a Lazora, la mayor sociedad de vivienda protegida en alquiler de España, con 13.000 viviendas repartidas en 85 inmuebles.
Como presidente de Encasa Cibeles figura Fernando Gumuzio –uno de los fundadores de Azora junto a Concha Osácar– y como vicepresidenta, Ana Estrada, también de Azora. Junto a ellos, la representación de Goldman Sachs recae, en calidad de consejeros, en Tavis Cannell, director general de Goldman Sachs International, y Manon Meijer y Mark Vennekens, dos altos directivos de la consultora británica Whitehall Management Services, perteneciente al fondo estadounidense. El casero es bilingüe.
* El País - JUAN CARLOS MARTÍNEZ - 28.11.13
Foto: Madrid, PAU Vallecas - elpais
Alicante.- Castedo maniobró para controlar el urbanismo antes del ‘caso Brugal’
La actual alcaldesa de Alicante, S.Castedo, imputada en varias corruptelas urbanísticas en la ciudad, ya controlaba el urbanismo desde hace 10 años cuando era concejala del también imputado exalcalde, Alperi. Los movimientos de Castedo en el personal técnico municipal se pueden considerar escandalosos, a fin de apartar a los más díscolos con su delictiva política urbanística. Todo esto debe salir a la luz pública cuando se juzgue el llamado caso 'Brugal', con el plan Rabassa como fondo. Pero parece que la justicia no avanza tampoco en este importante caso de corrupción.
"ELPAÍS* : Cuando la semana pasada se divulgó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que obligaba al Ayuntamiento de Alicante a readmitir a un funcionario destituido en julio de 2007 como jefe jurídico de la Gerencia de Urbanismo, una decena de altos empleados municipales encajó la resolución como un triunfo. Desde que Sonia Castedo tomó las riendas del desarrollo de la ciudad, primero como concejala (2003) y después como alcaldesa (2008), los técnicos críticos fueron desplazados.
Solo uno de la Gerencia de Urbanismo ha ganado en los tribunales, Felip Lozano Vidal. El resto, guarda un resignado silencio. Las degradaciones comportan tijeretazos de 300 euros mensuales.
La "purga", como coinciden varias fuentes, se desarrolló en tres tandas con similar esquema. Funcionarios con más de una década de experiencia en el cargo, prestigio y sin mácula en el expediente fueron sustituidos por interinos. “Son más manejables porque firman lo que les pongan delante para no perder su trabajo”, explica un abogado conocedor de los cambios en este Ayuntamiento investigado por el caso Brugal, presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para favorecer al constructor Enrique Ortiz de un pelotazo de 120 millones. El empresario, Castedo y su antecesor del PP, Luis Díaz Alperi, están imputados.
Fue en 2003 cuando la actual alcaldesa desembarcó en la Concejalía de Urbanismo. El arquitecto catalán Lluís Cantallops elaboraba entonces el PGOU. El proyectista discrepó con el alcalde Díaz Alperi a cuenta del Plan Rabassa, un macroproyecto de 13.505 viviendas impulsado por Ortiz. Los técnicos que respaldaron al arquitecto fueron desplazados. Y Cantallops, sustituido por los alcoyanos Jornet y Picó y, después por Jesús Quesada, que está imputado en el caso Brugal.
El organigrama de la Gerencia de Urbanismo sufría sus primeros retoques. “Se cambió a un auxiliar y al supervisor municipal del PGOU, un técnico prestigioso, que ahora se dedica a repasar planos menores como el cruce de dos calles”, afirma una fuente que ha seguido el “calvario” de los dos funcionarios destituidos en 2003. Estos trabajadores, sostiene, sufrieron mobbing. Ninguno quiere hablar. Un exconcejal del PP explica el silencio: “Tienen miedo. Si largan o no se avienen a las decisiones pueden tener problemas”.
Cinco años después llegaría un movimiento estratégico, según varias fuentes. Un retoque en la Gerencia coincidiendo en el calendario con la recta final de la tramitación del PGOU bajo sospecha: entre mayo de 2008 y junio de 2010. Las interinas María Ángeles de la Sierra-Llamazares e Isabel Campos García, consideradas de la máxima confianza de Castedo, alcanzaban la cima de este departamento con un centenar de empleados y un presupuesto el pasado año de seis millones de euros. Las nuevas jefas aterrizaron en octubre de 2008 en el área responsable de la disciplina urbanística y la tramitación planes parciales, como el polémico Rabassa. Su desembarcó degradó al histórico funcionario Miguel Ángel Cano, redactor del plan de 1987 y con fama de técnico insobornable.
La ungida por Castedo, Campos, aparece en los pinchazos policiales del caso Brugal como receptora de un bolso de Ortiz. El empresario instó a esta empleada a agilizar la tramitación de Rabassa para que llegase “al próximo pleno”.
“Los trabajadores desplazados por las interinas se creían su función. No se casaban con nadie y acumulaban décadas de experiencia”, asegura el abogado de EU, José Luis Romero. Elena Martín, concejala del PSPV, añade otra clave: “Castedo ejerce un férreo control sobre las áreas importantes: Urbanismo y Atención Urbana, donde están las grandes contratas del Ayuntamiento”. La socialista se refiere con sinceridad aplastante a la connivencia de Ortiz con los regidores de PP. “A Díaz Alperi se le conoce con el alias de Luis XV porque se le atribuye que se llevaba el 15% [de las contratas]”.
La Gerencia de Urbanismo fue absorbida por la Concejalía el pasado año. “Los cambios siempre se hacen para mejorar el funcionamiento del área”, indica la concejala de Urbanismo Marta García-Romeu, que lleva dos años en el cargo y declina valorar los polémicos nombramientos de 2008.
* El País - JOAQUÍN GIL - 17.11.13
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
Privatizados 298 pisos de alquiler social en Barcelona por 11 millones
La empresa pública de vivienda de Barcelona, Regesa, debido a su pésima situación económica se deshace de 300 pisos de alquiler social pasando ahora la gestión a un fondo privado. Parece dudoso que esto se pueda hacer sin más, ya que es una pérdida de patrimonio público en un sector muy necesitado de intervención por la administración, que podría controlar eficazmente la especulación inmobiliaria que desarrolla siempre el sector privado. Además puede ser un primer paso para privatizar el resto de viviendas que posee la empresa pública, lo cual significaría otro desastre mayor en la gestión del Ayuntamiento barcelonés.
"ELPAÍS* : El Consejo Comarcal del Barcelonès privatizó el pasado mes de agosto la gestión de 298 viviendas de alquiler social de la capital catalana. Colón Viviendas, un fondo de inversión propiedad de la gestora Azora, pagó 11,4 millones de euros por las viviendas de protección oficial distribuidas en cuatro bloques de Sant Andreu, Les Corts y dos de Nou Barris. Todos los inmuebles tienen inquilinos con contratos en vigor.
Regesa, la empresa pública de promoción de vivienda social del Barcelonès que hasta ahora gestionaba las viviendas, desvinculó esta operación de su delicada situación financiera, que sí le obligó a desprenderse de otros 391 pisos en 2010 también a favor de Azora. El director general de Regesa, Jaume Vendrell, aseguró que la privatización es el resultado de la extinción de la Fundación Pisos de Alquiler, entidad privada pero vinculada a Regesa, que gestionaba las 300 viviendas. Según explicó, la fundación no podía pagar una promoción de alquiler que está construyendo en el Raval a causa de la denegación de un crédito por parte del ICO, por lo que precisaba liquidez para acabar los pisos. Cuando acabe la construcción de las viviendas del Raval, la fundación se extinguirá.
Colón Viviendas no podrá modificar los precios sociales de los alquileres hasta que expiren los contratos de alquiler vigentes. Los cuatro bloques deben destinarse a alquiler social durante 25 años. Los derechos de superficie de los edificios que ha adquirido, en cambio, tienen una duración de 75 años, tras los cuales la propietaria deberá devolver los pisos al Ayuntamiento de Barcelona.
Después de estas privatizaciones, Regesa se queda con un parque de 200 viviendas de protección oficial. Vendrell negó que existiera la intención de vender más activos sociales y que antes de su venta a una compañía privada, los pisos fueron ofrecidos al Ayuntamiento de Barcelona, que las rechazó. “Hace tres años había necesidades de tesorería y se privatizaron 400 viviendas, hoy estamos cumpliendo con el plan de viabilidad y no se privatizará nada”, aseguró Vendrell. El plan de viabilidad, tutelado por Deloitte y que concluye en 2014, ha obligado a la empresa a desprenderse de 12 solares y aplicar rebajas salariales. Vendrell admitió que Regesa “no tiene un buen horizonte” debido al fin de las subvenciones para la promoción de alquiler social por parte del Gobierno central y aseguró que, en el peor de los casos, recomendaría ceder la gestión de las viviendas de Regesa a la entidad municipal de vivienda de Barcelona, tal y como sucedió con los pisos de Regesa en Torre Baró, cedidos al Consistorio por su baja ocupación.
Por su parte, la asociación que denunció esta privatización, 500u20, señala que, tras esta operación, las viviendas sociales del Consell Comarcal se quedan “en cuadro” y temen que Regesa se privatice totalmente. Azora compró, junto a Goldman Sachs, los 3.000 pisos del plan de vivienda joven de la Comunidad de Madrid por 201 millones de euros en agosto pasado. La Generalitat también analiza la posible venta de sus 14.000 viviendas de protección oficial.
* El País - ORIOL SOLÉ ALTIMIRA - 28.11.13
Foto: Barcelona, protesta en Nou Barris (archivo) - elperiodico.com
Imputada la Directora Xeral de Urbanismo por irregularidades en Sanxenxo
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El municipio de Sanxenxo (Pontevedra) continúa con su larga lista de imputados o sentenciados por corrupción urbanística. A raiz de la imputación hace unos días de la alcaldesa 'popular' junto a varios técnicos, ha caído también la actual directora general de la Xunta, ya que era la responsable de Urbanismo en la localidad cuando era alcalde el corrupto 'popular' Telmo Martín. Como se ve toda una saga familiar mafiosa que afecta también al gobierno 'popular' de la Xunta de Galicia. Imposible pedir más en cuanto a degeneración urbanística en la autonomía gallega.
"IDEALGALLEGO* : Las imputaciones por prevaricación relacionadas con presuntas irregularidades urbanísticas en el Ayuntamiento de Sanxenxo a lo largo de los últimos años afectan también a Encarnación Rivas, actual Directora xeral de Urbanismo en la Xunta de Galicia. Rivas era la responsable de la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo en la época en la que Telmo Martín era alcalde de la localidad, de ahí su relación directa con los expedientes investigados por orden del Juzgado de Instrucción nº2 de Cambados.
La directora xeral de Urbanismo de la Xunta será de las primeras personas que están imputadas en declarar ante el juez en calidad de acusada de un presunto delito de prevaricación urbanística. Deberá acudir a los juzgados acompañada por un abogado y un procurador para responder a las preguntas que le formule su señoría al respecto.
Las investigaciones desarrolladas a lo largo de los últimos meses motivaron también la imputación de otros políticos como la propia alcaldesa de Sanxenxo, Catalina González Bea, y el exconcejal de Urbanismo de la localidad, Ángel Casal.
Implicados
También están acusados de prevaricación tanto el arquitecto municipal como el aparejador, siendo la construcción de la casa de este último uno de los expedientes urbanísticos que motivó la denuncia y posterior investigación dirigida desde los juzgados de Cambados.
Junto a ellos se encuentran dos extrabajadoras de la Xerencia de Urbanismo. Una de ellas es Soledad Leiro y la otra Belén Louro, una sobrina de Antón Louro, concejal socialista en el Ayuntamiento de Pontevedra, donde tiene responsabilidades de gobierno. Además, podrían estar imputadas otras dos personas relacionadas con la gestión urbanística del Concello de Sanxenxo.
Cabe destacar que no todos ellos están imputados por los mismos casos, aunque sí por presunta prevaricación urbanística, sin que las acusaciones alcancen la categoría de cohecho.
En este sentido, la alcaldesa, Catalina González, estaría imputada por tres expedientes diferentes, que serían los relacionados con la construcción de viviendas unifamiliares en la parroquia de Dorrón, al lado del cementerio, la vivienda del aparejador municipal o el del edificio de la Rúa Progreso, sobre el que pesa una orden de derribo.
En el caso del exconcejal de Urbanismo, Ángel Casal, la imputación pasaría únicamente por la concesión de las pertinentes licencias a los chalés de Dorrón.
Todas las personas imputadas por este caso tendrán que prestar declaración ante el juez a lo largo de la próxima semana, siendo la primera en hacerlo la actual directora xeral de Urbanismo, Encarnación Rivas. Posteriormente pasarán por los juzgados el resto de los imputados, que ya han sido notificados durante la jornada del pasado viernes.
Todo comenzó el febrero del pasado año cuando agentes del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil irrumpieron en el Ayuntamiento de Sanxenxo para solicitar al menos cinco expedientes.
Las actuaciones solicitadas y sobre las que se basó la investigación eran los de los chalés de Ferro Messego en Dorrón, unas viviendas en Bascuas y el edificio de la calle Progreso entre otros.
Pleno
Estas imputaciones motivaron que la alcaldesa convocase de urgencia un gabinete de crisis en el que se analizó esta situación de forma pormenorizada.
La alcaldesa eludió hacer cualquier tipo de valoración sobre su imputación y la del resto de los acusados de presunta prevaricación y se limitó a convocar a los medios para una comparecencia pública que tendrá lugar mañana.
El caso que puede generar una crisis política sin precedentes en el Concello de Sanxenxo se inició cuando un vecino se dirigió a la Fiscalía para denunciar que el Gobierno local no le concedía una licencia para obrar en su casa.
* Ideal Gallego - 24.11.13
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), chalés de Dorrón - elpais
Correa impuso a Majadahonda las empresas que debía contratar
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El capo de la trama mafiosa Gürtel, F.Correa, se ha movido a sus anchas por los municipios 'populares' del extrarradio madrileño, sin que las administraciones implicadas o la propia justicia le hayan puesto cortapisas. Todo lo contrario, el amigo de Aznar, Aguirre y demás jerifaltes 'populares' se ha valido de esa condición para la realización ilegal de sustanciosos contratos urbanísticos, cuyos beneficios particulares han supuesto una importante merma de los caudales públicos. Por ejemplo en el importante municipio de Majadahonda (Madrid).
"ELPAÍS* : En 2001, el Ayuntamiento de Majadahonda, del PP, decidió instalar un stand para explicar a los vecinos los cambios que suponía la llegada del euro. Esta campaña salió más cara de lo previsto a los residentes en este municipio del oeste de la región. El trabajo terminó en manos de la organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, o de empresas vinculadas a ella como proveedoras de servicios (Q+D, Punto Centro, Swat Data y M. R. Asociados), según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF).
Los beneficios generados fueron a parar “a la contabilidad b” de Correa, sostienen los agentes. Al frente de la corporación municipal se encontraba en aquel momento el popular Guillermo Ortega, imputado en el caso Gürtel.
Los agentes han detectado en su investigación que la contratación del stand informativo se dividió en cuatro contratos negociados sin publicidad (petición de ofertas a tres empresas) y otros tres contratos menores (adjudicación directa). Como el importe total fue de 131.995,51 euros, se debería haber llevado a cabo un procedimiento abierto mediante concurso público, al que se podría haber presentado cualquier empresa interesada. El fraccionamiento permitió eludir la convocatoria pública.
Rafael de León (FCS Travel Group, empresa de Correa) remitió a Majadahonda los datos de las sociedades que debía invitar a los concursos negociados sin publicidad, con el número de fax de estas “al objeto de que se proceda a su invitación oficial”, dice la UDEF. Esta información iba a la atención de “Pepe”. La UDEF deduce que se puede tratar de José Luis Peñas, entonces miembro de gabiente de alcaldía, y exedil que destapó la trama con su denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por desavenencias con Francisco Correa.
El informe policial explica también que la empresa Óscar Bermejo/Swat, S. L. (adjudicataria final de uno de los trabajos tramitados como contratos menores) envió por correo electrónico a Juan Carlos Díaz (gabinete de Alcaldía) “los borradores de los pliegos a confeccionar con motivo de los distintos concursos negociados a elaborar”. El edil recibió esta información el 8 de octubre de 2001, pero no fue hasta 21 días después cuando se aprobó mediante decreto de alcaldía el expediente de contratación y los pliegos de prescripciones técnicas y de cláusulas administrativas por los que se regía la adjudicación.
Los agentes resaltan en su informe la adjudicación a M. R. Asociados, S. L. de dos de los contratos. La empresa no ejecutó ninguno de los trabajos, por los que facturó 36.449 euros a Majadahonda. Es la organización de Correa, especifica la UDEF, en este caso su sociedad Special Events, a través de Rafael de León, la que da las instrucciones a la administradora de M. R. Asociados, Mar Rodríguez, para que confeccione las facturas a nombre del Ayuntamiento, con indicación de conceptos e importes que tenía que reflejar.
“Especialmente llamativa” es la forma en la que M. R. Asociados, S. L. hace llegar con posterioridad a la organización de Corea, a la caja B, el dinero cobrado al Ayuntamiento. Primero, siempre según la policía, Pedro Martínez López, diseñador de stands, emitió una factura el 26 de diciembre de 2001 por 31.348 euros más IVA a M. R. Asociados por los trabajos realizados. Este importe coincide con la factura que M. R. Asociados le cobró al Ayuntamiento.
Después, esta empresa emitió un cheque bancario por la misma cantidad a nombre de Pedro Martínez, en pago a la factura emitida por el mismo. Al día siguiente, después de hacer efectivo el cheque, Rafael de León ingresó en la caja b de Correa 28.650 euros. El desfase que existe de 2.698 euros entre lo cobrado y lo ingresado en la caja b se puede deber, según los investigadores, a los honorarios de Martínez, “al finalizar su relación laboral con la empresa (diseñador de stands)”.
“De lo que se infiere”, señala el informe, “que el cobro del cheque y el posterior pago de los servicios prestados pueden estar relacionados”. En las declaraciones tomadas por la UDEF, tanto la administradora de M. R. Asociados como el diseñador Martínez dicen desconocer los trabajos efectuados para el stand de Infoeuro en Majadahonda. Tampoco reconocen los documentos que les mostraron, confeccionados supuestamente por ellos mismos.
Atado y bien atado
La trama empresarial de Francisco Correa, cabecilla de la red Gürtel, utilizó en Pozuelo de Alarcón métodos similares a los empleados en Majadahonda, sostiene la investigación llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) remitida al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz. Los regidores de los dos municipios en esos momentos, Guillermo Ortega en Majadahonda y Jesús Sepúlveda en Pozuelo, ambos del PP, están imputados en la trama Gürtel.
La red utilizó a empresas interpuestas y envió a miembros del equipo de gobierno los borradores de los pliegos de condiciones por los que se iban a regir los concursos de adjudicación. No se dejaba nada al azar. El fraccionamiento del contrato, como ocurrió con el stand de información del euro en Majadahonda, para disminuir la cuantía del mismo y lograr así eludir la convocatoria de concursos públicos a los que se podría presentar cualquier empresa, era otra de sus prácticas habituales.
Otra maniobra usada por la trama para dificultar la concurrencia de otras sociedades ajenas a su entramado era tramitar el concurso por urgencia, como ocurrió con la convocatoria para celebrar el Congreso Nacional de Parques y Jardines en 2004.
* El País - ESTHER SÁNCHEZ - 18.11.13
Foto: Majadahonda (Madrid), ayuntamiento - actualidad
El gerente de Urbanismo y otro exconsejero del gobierno de Ceuta, imputados por un presunto delito de prevaricación
Poco se habla normalmente de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en cuanto a corrupción urbanística, pero quizás se deba más a lejanía que a que no exista realmente. Se ve en este caso donde importantes miembros del gobierno popular 'caballa' están imputados por dividir los contratos de obras para así poder adjudicarlos directamente a dedo a empresas amigas. Algo que suele pasar desapercibido normalmente, pero que es práctica delictiva habitual de ayuntamientos y otras administraciones públicas.
"LAINFORMACIÓN* : El actual responsable de la Gerencia de Infraestructuras y Urbanismo de Ceuta (Giuce), Juan Manuel Doncel, exconsejero de Fomento del Ejecutivo local que preside Juan Vivas (PP), y otro antiguo miembro del Gobierno ceutí José Antonio Rodríguez Gómez, que dirigió el Área de Gobernación hasta octubre de 2010, cuando fue cesado, figuran como imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa en las diligencias previas incoadas en los Juzgados de Instrucción de la ciudad autónoma.
El proceso se remonta a hace tres años, cuando el primer grupo de la oposición en la Asamblea, la coalición Caballas, denunció al Tribunal de Cuentas la firma de más de 30 contratos por parte de Rodríguez Gómez "siempre con las mismas dos empresas y siempre por debajo de 3.000 euros para tramitarlos como un contrato menor".
Los tres sindicatos con representación en la Administración local --UGT, CCOO y CSIF--, habían hecho días antes saltar las alarmas al denunciar en una carta dirigida al presidente Vivas "una serie de obras comprometidas (ampliación de gimnasio, área de descanso y sala de transmisiones de la Policía Local) que no han sido ni tan siquiera iniciadas pese a los diferentes expedientes de contratación tramitados al efecto".
Nada más conocer el contenido del escrito sindical, Vivas cesó a Rodríguez Gómez y reconoció que se habían extendido las "sospechas" sobre su gestión. A pesar de todo, los informes técnicos evacuados sobre esos contratos concluyeron que no se habían registrado más que "irregularidades administrativas".
Según han informado fuentes judiciales a Europa Press, el Tribunal de Cuentas no apreció la existencia de irregularidades contables aunque sí indicios de responsabilidad penal, por lo que puso el tema en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez lo ha derivado al Ministerio Público de Ceuta, que ya ha emitido un primer informe negativo sobre al menos una petición de sobreseimiento.
Para el próximo mes de enero se ha fijado la declaración, en calidad de testigo-perito, del interventor de la Asamblea de la Ciudad Autónoma.El artículo 404 del Código Penal establece que a la autoridad o funcionario público que, "a sabiendas de su injusticia", dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo "se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años".
Rodríguez Gómez, empresario, permanece alejado de la política activa desde 2010. Doncel no entró en la candidatura del PP a las elecciones autonómicas de 2011 después de ser imputado por dos supuestos delitos de prevaricación y contaminación acústica por ignorar la normativa a la hora de conceder licencias para terrazas hosteleras en el centro pese a la existencia de mediciones de la Policía Local que demostraban que se superaban "escandalosamente" los límites establecidos por las ordenanzas. Tras los comicios fue designado gerente de la Giuce.
* La Información - EP - 24.11.13
Foto: Ceuta, ayuntamiento - wikimapia
La Audiencia condena al alcalde de Arroyo a tres años de prisión por cohecho
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8 años (ocho) más tarde, la 'ágil' justicia ha sentenciado el caso de corrupción urbanística en el municipio de Arroyo de la Encomienda, en las afueras de Valladolid capital. Se condena al alcalde 'popular, Méndez, a 3 años de cárcel, algo que parece insuficiente dada la gravedad de las ilegalidades cometidas. Además todavía es recurrible y seguro seguro que este alcalde corrupto, junto a sus colaboradores, no pisan para nada la prisión. Ya se ha visto en el caso del imputado exDelegado Territorial de la Junta y expresidente de la Comisión de Urbanismo cuyo delito, dicen ahora, ha prescrito. Parece evidente el partidismo judicial en pleno núcleo duro 'popular' de Castilla y León.
"ELNORTEDECASTILLA* : El actual alcalde de Arroyo de la Encomienda, José Manuel Méndez, ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Valladolid a 16 años de inhabilitación especial para ejercer cualquier empleo o cargo público. Además, el regidor ha sido condenado a tres años de prisión por cohecho, lo que conlleva una «inhabilitación especial de sufragio». Méndez deberá hacer frente también a los 132.000 euros de multa que le han impuesto los magistrados de la Audiencia como responsable social subsidiario y además tendrá que abonar un noveno de las costas procesales.
Por su parte, el exconcejal del PP en el Ayuntamiento de Valladolid y exportavoz en la Diputación, Jesús García Galván, ha sido absuelto de los delitos de prevaricación y cohecho, al igual que María Iluminada Miguel, apoderada de la constructora Mahía. La absolución de García Galván se fundamenta en que el posible delito ha prescrito.
También ha sido condenado a otros tres años de privación de libertad y siete de inhabilitación el presidente del grupo Mahía, Ramón López Casal, como inductor de un delito de prevaricación y autor de un delito de cohecho; así como al arquitecto municipal, Benaventura Conde Salazar, condenado por cooperador necesario en el delito de prevaricación, por lo que se le han impuesto siete años de inhabilitación.
El fallo de la sala que preside Feliciano Trebolle, cuatro meses después de que el juicio quedara visto para sentencia, ha absuelto también de de todos los cargos al también socio de Mahía, José Presas Zobra.
Recurrible al Supremo
La sentencia condenatoria no es firme puesto que contra el mismo cabe la presentación de recurso de casación ante el Tribunal Supremo, según informa Europa Press.
El fiscal y la acusación popular, ejercida por la Asociación de Vecinos de Arroyo Siglo XXI, habían solicitado para el regidor de Arroyo, José Manuel Méndez, un total de diez años de cárcel, inhabilitación por veintisiete años y multa de 316.720 euros por dos delitos de cohecho (del artículo 419 del Código Penal), otros tantos de prevaricación y uno de malversación, mientras que Jesús García Galván, por delitos de cohecho y prevaricación urbanística, estaba expuesto a una condena de tres años, dieciocho de inhabilitación y multa de 316.720 euros.
En cuanto al resto de imputados, las acusaciones habían solicitado para Ramón López Casal y José Presas Zobra, representantes de la empresa gallega Mahía Grupo Inmobiliario S.L, penas de catorce y dos años de cárcel, respectivamente, junto con el pago de multas, por el mismo orden, de 851.500 y 180.000 euros.
Además, para el arquitecto municipal de la localidad, Buenaventura Conde Salazar, habían pedido dos años de prisión y veintisiete años de inhabilitación y para la apoderada de Mahía en Valladolid, María Iluminada Miguel Fernández, tres años de prisión y el pago de 174.800 euros de multa, así como inhabilitación durante nueve años.
La sentencia otorga al alcalde independiente de la localidad, procedente de Galicia y en la etapa investigada bajo las siglas del PP, un papel primordial en la trama montada, en el sentido de que las relaciones que éste mantenía con Ramón López Casal antes de recalar en Arroyo habrían sido aprovechadas por los dos para sacar rédito de las distintas operaciones urbanísticas desarrolladas por Mahía en el municipio a partir de 1999, primero cuando Méndez ocupaba la Concejalía de Deportes y Medio Ambiente y, sobre todo, a raíz de su posterior acceso a la Alcaldía.
A lo largo del juicio se analizaron, entre otras cuestiones, un supuesto préstamo de 30 millones de las antiguas pesetas--en realidad un regalo--concedido por Mahía al alcalde de Arroyo , así como una vivienda, gratuitamente, en Villagarcía de Arosa (Pontevedra) tasada en 87.400 euros, además del regalo realizado por éste, sin expediente alguno, de unos columpios usados, tasados en 2.000 euros y propiedad municipal, al municipio de As Nogais, su lugar de procedencia y donde fue concejal por el Bloque Nacionalista Galego, aunque la Audiencia Provincial entiende no delictivo este último hecho.
En cuanto al que fuera en aquella época delegado territorial de la Junta y presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo, Jesús García Galván, quien días antes del juicio dimitió de sus cargos de portavoz del PP en la Diputación y de concejal en el Ayuntamiento de la capital, los acusadores le imputaban haber recibido un regalo en forma de chalé, concedido por Mahía, en el municipio gallego de Mugardos (La Coruña), de 196 metros cuadrados y valorado en 148.000 euros, por gestiones realizadas en favor de la empresa respecto de distintas operaciones urbanísticas.
'Cantidades salvajes'
El proceso judicial tuvo como principal prueba de cargo de las acusaciones el testimonio aportado por el que fue socio fundador de Mahía en 1989 Manuel Gómez Maroñas, quien aseguró que el alcalde José Manuel Méndez percibió "cantidades salvajes" de mordidas de la promotora gallega por los favores prestados a ésta en su expansión urbanística por el municipio y otros de Castilla y León.
Con un discurso absolutamente hostil a los intereses de las defensas, fundamentalmente del primer edil y del presidente de Mahía, Ramón López Casal, amigo desde la infancia del declarante pero hoy enfrentados ambos por cuestiones de índole económico, Gómez Maroñas llegó a sentenciar que Mahía no consideraba a Méndez alcalde sino "uno de sus mejores colaboradores y lanzadera" de sus negocios de promoción urbanística en Arroyo de la Encomienda y la provincia de Salamanca.
* El Norte de Castilla - S. QUINTANA - 22.11.13
Foto: De izquierda a derecha, José Manuel Méndez; Jesús García Galván; y María Iluminada Miguel Fernández. / El Norte
Imputada la alcaldesa de Sanxenxo en una investigación urbanística
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"LAVOZDEGALICIA* : La alcaldesa de Sanxenxo, la popular Catalina González, se enfrenta a una imputación en una investigación de carácter urbanístico que lleva a cabo el Juzgado de Cambados a raíz de la denuncia de un particular. La Policía Judicial de la Guardia Civil acudió el pasado jueves por la mañana a la Xerencia de Urbanismo de Sanxenxo y allí entregó también citaciones para entre cinco y seis técnicos municipales. Según señalaron algunas fuentes, entre los técnicos citados por el juez se encuentran algunas personas que actualmente no trabajan en el Ayuntamiento de Sanxenxo.
Poco es lo que ha trascendido sobre la razón concreta que llevó al juez a enviar a la Policía Judicial al Ayuntamiento de esta localidad pontevedresa, pero sí se supone que todos los expedientes consultados por los agentes se corresponden a mandatos anteriores y no al actual.
Al parecer, el número de políticos imputados se limita a la alcaldesa, que también es la presidenta de la Xerencia. González evitó ayer hacer ningún comentario sobre su imputación, remitiendo a los medios de comunicación a una rueda de prensa el próximo lunes. En esa convocatoria, la regidora señaló que dará explicaciones de «lo que haya, de lo que nos ha mandado el juzgado». Además, sostuvo que «no hubo ningún registro, simplemente nos han pedido los originales de unos expedientes». La regidora no quiso añadir más y también fue imposible recabar el punto de vista de sus concejales.
La presencia de la Guardia Civil en dependencias municipales de Sanxenxo causó un gran revuelo y cogió por sorpresa a los trabajadores del Concello y los grupos políticos. El urbanismo es uno de los temas más delicados de las sucesivas corporaciones locales y en la actualidad existen varios procesos judicializados por denuncias de particulares.
Uno de los expedientes que, según algunas fuentes, revisaron los agentes, se refiere a una polémica obra en Dorrón, que fue objeto de un largo proceso judicial por la vía administrativa. Este es uno de los supuestos expedientes por los que el juez de Cambados se interesó esta semana, pero no es el único probable y la incógnita se despejará el lunes con la comparecencia de la alcaldesa.
* La Voz de Galicia - M. GAGO - 23.11.13
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es
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