Más allá de banderas y políticas nacionalistas, en este blog se trata del grave problema urbanístico que representa la actividad ilegal del gobierno de Gibraltar. El ir rellenando terrenos, ganados al mar, para construir salvajemente en los alrededores de 'La Roca' es un atentado contra la delimitación costera que lleva consigo delitos medioambientales y urbanísticos. Debido a la boyante situación de 'paraíso fiscal' se continúa edificando en Gibraltar más allá de lo razonable en Urbanismo, con ello se crean problemas de falta de dotaciones estructurales de largo alcance para un terreno tan limitado geográficamente.
"ELPAÍS* : El Gobierno de Gibraltar sigue adelante con los rellenos que permiten ganar terreno al mar en la cara este del Peñón, con objeto de continuar las obras en Sandy Bay. El proyecto que pretende convertir la bahía en la gran zona de ocio de Gibraltar incluye la construcción de una treintena de edificios de apartamentos, varios hoteles, un lago artificial y hasta 15 muelles. El ejecutivo de Fabian Picardo ha decidido burlar la prohibición del Gobierno español que impide la entrada de piedras y arena a través de la aduana de La Línea de la Concepción (Cádiz), con la adquisición de un cargamento de 40.000 toneladas de piedra procedentes de Portugal.
Un carguero navega actualmente rumbo a Gibraltar con un pedido de 2.700 toneladas de piedra de entre 300 y 1.000 kilos adquiridos a la empresa portuguesa Sofareia (Sociedade Farense De Areias).
El cargamento es el primero de varios que la contratista holandesa Van Oord, concesionaria de las obras, ha comprado para completar las 40.000 toneladas de piedra y 7.000 de grava que servirán para realizar los rellenos denunciados por España. Según el diario Europa Sur, el barco llegó ayer desde Argelia a Faro (Portugal), donde la empresa portuguesa tiene una cantera con un muelle en el que se cargó el material que entrará en la Bahía de Algeciras (Cádiz) en las próximas horas.
Mientras tanto, los ecologistas de Verdemar en el Campo de Gibraltar han anunciado que la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha admitido a trámite la denuncia presentada a mediados de junio por la posible vulneración por parte del Gobierno de Gibraltar de los hábitats naturales y de la flora y fauna silvestres del Lugar de Interés Comunitario del Estrecho Oriental, lo que incluye los rellenos de áridos en la zona este del Peñón.
Según el portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, “en el escrito de la Unión Europea se comunica que la denuncia será examinada por los servicios de la comisión a la luz del derecho de la UE aplicable en la materia”. “También están realizando un informe sobre la utilización de arena procedente de Marruecos para los rellenos al este del Peñón, por lo que pedimos una actuación urgente de la Comisión Europea para que paralice estos trabajos”, apuntó Muñoz, satisfecho por el momento con la respuesta comunitaria.
* El País - CÁNDIDO ROMAGUERA - 22.10.13
Foto: Fabian Picardo ante una vista aérea de Gibraltar. / MARCOS MORENO
Gibraltar trae piedras de Portugal para su proyecto urbanístico
Piden dos años de cárcel para el exalcalde y el exedil de Urbanismo de Gondomar
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El municipio de Gondomar, muy cerca de Vigo, tiene una larga trayectoria de ilegalidades urbanísticas, siempre con gobiernos 'populares'. Ahora está acusado el anterior alcalde por irregularidades en la concesión de más una treintena de licencias, en contra de la opinión de la secretaria municipal y de la técnico de la administración general de Urbanismo. Ni corto ni perezoso el alcalde los sustituyó, contratando un asesor externo para conceder las polémicas licencias. Más ilegalidades delictivas no se pueden pedir ya que, además, la Xunta permaneció ajena a este cambalache urbanístico.
"LAVOZDEGALICIA* : El exalcalde de Gondomar Martín Urgal, del PP, y el exconcejal de Urbanismo y tránsfuga socialista Alfonso de Lis Fiuza se enfrentan a una petición de condena de la Fiscalía de dos años de cárcel y al pago de una multa de 22.500 euros por un presunto delito continuado de prevaricación urbanística. Del mismo modo, el abogado José Martínez Torea también se encuentra imputado como cooperador necesario.
El ministerio público solicita además la anulación de 38 licencias que el anterior gobierno local otorgó sin contar con los preceptivos dictámenes jurídicos municipales. El juicio se celebrará los próximos días 22 y 23 en el Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo.
Los dos responsables políticos serán juzgados por haber apartado a la secretaria municipal y a la técnico de administración general de sus funciones para informar sobre la concesión de licencias urbanísticas. En su lugar contrataron al abogado José Martínez Torea, que era el encargado de realizar los informes con los que concedieron las licencias entre los meses de febrero y junio del 2011.
Las malas relaciones de ambos responsables municipales con las funcionarias comenzaron poco después de que se auparan al poder mediante una moción de censura que desalojó al BNG de la alcaldía en el año 2009.
Entre septiembre y diciembre de ese año, el abogado particular cobró 5.568 euros por emitir informes jurídicos y otros 1.416 euros por otros dos informes firmados en el año 2010. Todas estas facturas tuvieron el informe de reparo de la interventora municipal, quien consideró que existía una duplicidad en el gasto, toda vez que el Ayuntamiento cuenta con su propio servicio jurídico. La situación no cambió hasta el final del mandato. El 22 de febrero del 2011, el alcalde suscribió con el abogado un contrato para que continuara informando la concesión de licencias por un importe de 17.500 euros durante seis meses.
Nuevamente la gestión municipal de este ayuntamiento de O Val Miñor vuelve a sentar en el banquillo a sus responsables políticos. El juzgado ya inhabilitó en el año 2008 a otro alcalde, Carlos Silva, por un delito de prevaricación urbanística por dar licencias sin PXOM.
* La Voz de Galicia - ALEJANDRO MARTÍNEZ - 19.10.13
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
España se rinde y confía su recuperación al 'ladrillo'
Algo que parecía inconcebible hace poco tiempo: hay bastantes síntomas de que se vuelva a apostar por el ladrillo en este país. Tras la debacle de la reciente 'burbuja inmobiliaria', que nos sumió en la mayor crisis-estafa que se ha visto en décadas, los mismos que la produjeron, políticos y financieros especuladores, están dispuestos a exprimir más aun el territorio hasta que no quede ni un centímetro libre de su nefasta influencia. Porque es evidente que no se trata de racionalizar la Ordenación Territorial sino de seguir especulando con ella, tratarla como otra mercancía más, cuando debería ser la base de una mejora de la calidad de vida para todos. Terrible panorama el que se avecina.
"MARÍA VEGA* : Nos hundió en la crisis y ahora parece estar llamado a sacarnos de la miseria. En un país sin apenas industria, sin consumo interno y sin financiación para proyectos empresariales, el ladrillo se perfila, seis años después del estallido de la burbuja, como el único motor capaz de atraer inversión a la economía real española. Tras cerrar el peor capítulo de esta crisis financiera en 2012, España ha vuelto a entrar en el radar de las firmas de capital riesgo, fondos de inversión y grandes inversores internacionales dispuestos a inyectar miles de millones de euros allí donde vean una oportunidad.
Ni el turismo, ni las empresas exportadoras del país de las que tanto alardea el Gobierno parecen capaces de sacar provecho a esta nueva coyuntura. Ese dinero fresco que ha devuelto el optimismo a Emilio Botín quiere aterrizar en España con un destino claro: el sector inmobiliario.
Desde la vuelta de vacaciones, no hay banco de inversión que no saque a relucir en privado el fuerte interés de los fondos extranjeros por entrar en el ladrillo. "Están todos esperando a que toque fondo. Pasa como en Cuba: todos quieren estar listos para comprar casa justo antes de que muera Castro", ironiza el directivo de un banco de inversión español.
Las ventas cerradas por el banco malo (Sareb) con fondos como HIG o las de la Comunidad de Madrid con Goldman Sachs han encendido las alarmas de sus competidores que no quieren quedarse atrás en esta carrera.
"Cuando un par de fondos entran en un sector, se produce un efecto dominó. El resto empieza a comprar para no quedarse fuera si la cosa funciona. Nadie quiere perderse la fiesta", resume un ejecutivo que trabaja con estos inversores.
En Bolsa, las empresas del ladrillo también han sido las que más han subido en los últimos seis meses. Mientras, en el Ibex Sacyr Vallehermoso es la que más gana desde mediados de abril, en el Mercado Continuo, la inmobiliaria Quabit es la estrella en ese tiempo.
La incapacidad de la clase política y empresarial para encontrar una alternativa de crecimiento en España deja la recuperación del país en manos de esos inversores.
Para entender el impacto que puede tener esa inversión a medio plazo en el bolsillo de los españoles, basta con analizar el caso de Estados Unidos. El crecimiento del 2,5% del PIB de la primera economía mundial ha sido posible gracias al consumo (que ha aportado 1,2 puntos), la inversión (con una contribución de 0,9 puntos), la Bolsa (con 0,6 puntos) y se ha visto lastrada en 0,2 puntos por los problemas de la Administración, según los datos que BlackRock manejaba en septiembre.
En España, con el sector público ahogado por las deudas y el consumo interno sumido en una depresión por el paro y las continuas rebajas salariales, empresarios y Gobierno han tirado la toalla a la espera de que esa inversión reactive la economía.
Lejos queda el discurso que con poco tino abanderó José Luis Rodríguez Zapatero sobre el cambio de modelo productivo. Ahora, lo que se lleva entre las grandes fortunas es volver a comprar pisos.
* El Mundo - Opinión - 21.10.13
Foto: El Roto, viñeta ladrillo - elpais.com 20100911
Ourense.- Los alcaldes hacen cola en los juzgados
La provincia de Ourense está repleta de municipios con delitos urbanísticos, siempre a la sombre del presidente 'popular' de la Diputación, Baltar, auténtico cacique de la misma y que ha ejercido su nefasta influencia sobre numerosas causas delictivas, ahora en los juzgados provinciales. Casi todos son temas de prevaricación urbanística de mayor o menor cuantía según cada municipio, pero la coincidencia de alcaldes del PP da mucho que pensar sobre la actitud de dicho partido político con la corrupción.
"ELPAÍS* : Rogelio Martínez lleva casi ocho años entrando y saliendo impertérrito de un juzgado de Ribadavia. Tiene que dirimir ante la Justicia el desvío de fondos públicos cometido en 2000. Martínez es el máximo representante de la Xunta de Galicia en la provincia de Ourense: el hombre de confianza del presidente, Alberto Núñez Feijóo, que lo ha mantenido en el cargo en sus distintas y cada vez más incómodas posiciones de investigado, imputado y finalmente procesado por las que ha ido pasando, lentamente, en este largo periplo judicial.
El superdelegadoestá acusado de haber desviado más de 51.000 euros de ayudas de Bruselas en su etapa de alcalde de Arnoia y presidente de una agrupación local, un hecho que la Audiencia Nacional consideró ya probado en 2009 y por el que lo condenó, en vía administrativa, a la devolución del dinero.
Pero el alto responsable institucional, inmerso ahora en el proceso penal, no se inmuta; no desiste de los constantes recursos contra todos los autos judiciales que le son adversos y que la Audiencia Provincial ordena sistemáticamente reabrir; no se cansa de reivindicar su inocencia o, según el caso, la prescripción del delito; no se aparta del cargo. Como él, una decena más de representantes institucionales ourensanos, casi en su totalidad del PP y encabezados por el que fue su máximo líder, el “cacique bueno” José Luis Baltar, desfilan estos días por los juzgados de la provincia implicados en causas que, salvo condena a la inhabilitación, jamás los arrancan de sus puestos. En algún caso, cuando la Justicia los arroja a la vida civil, tiran de sus parientes más cercanos para que los sucedan temporalmente al frente de las instituciones.
Fue lo que hizo el exalcalde de Melón, Alberto Pardellas (PP), inhabilitado por prevaricar al autorizar un polideportivo a 10 metros del monasterio cisterciense de su municipio. Pardellas miró entonces a su entorno inmediato y decidió colocar a su mujer, Cristina De Francisco, neófita en política, de candidata-sucesora a la alcaldía. Ganó las elecciones. El exregidor condenado la ha acompañado en las jornadas laborales al frente de la institución, cuyas obras ha supervisado él personalmente (lo nombró asesor) y también en la visita al juzgado: De Francisco ha acabado imputada por falsedad en documento público y por colaboración en quebranto de condena por firmar, “en falso”, según la acusación, convenios con Instituciones Penitenciarias para que determinados presos hicieran en su municipio labores para la comunidad “que jamás llegaron a realizar”. La alcaldesa sigue gobernando asesorada por su marido condenado.
Junto a la regidora de Melón desfilaron la semana pasada ante los jueces ourensanos otros alcaldes del PP: el de Baltar, José Antonio Feijóo (acusado de acoso y coacciones a militantes del PSdeG) y el de Rairiz de Veiga, Xaquín Rodríguez Ambrosio, por desobediencia a la justicia, acusado de incumplir las sentencias que le obligaban a pagar a una trabajadora municipal. Rodríguez (que se estrenó en la alcaldía por el BNG y acabó en el juzgado tras ser reelegido para el mismo cargo por el PP) tiene aún otra causa pendiente. Está procesado por un supuesto delito de prevaricación: la secretaria-interventora dictó contra él en un solo año 88 reparos de legalidad correspondientes a un buen número de contratos y facturas. El alcalde de Rairiz se expone a una pena de diez años de inhabilitación para el cargo. De momento, no se inmuta.
Tampoco se inmuta el alcalde de Baltar. Su causa ha quedado vista para sentencia mientras el regidor continúa al frente de la alcaldía y ocupando el escaño de diputado provincial en donde mantiene la estricta disciplina de grupo pese a que la dirección del PP anunció, al conocer su procesamiento, que le abría expediente disciplinario.
Entre los cargos que, como el de Rairiz de Veiga, hacen doblete ante la justicia está el superdelegado Martínez que en breve repetirá experiencia como imputado. La orden de procesamiento emitida hace unos días por el juez que instruye la causa de la presunta malversación de los fondos comunitarios cometida desde la agrupación local coincide con la apertura de una nueva investigación judicial que también lo señala. Tendrá que responder por otra denuncia, auspiciada por los especialistas en anticorrupción de la UE, por los supuestos delitos de malversación, prevaricación, falsedad en documento público y fraude en relación con la adjudicación a dedo a una empresa de 106 depuradoras en la provincia durante la misma etapa en la que era alcalde de Arnoia y vicepresidente de la Diputación.
Esta es ya la foto fija de la provincia: una decena de alcaldes y tenientes de alcalde investigados, imputados o procesados hacen cola a la puerta del Palacio de Justicia para responder, en buena parte de los casos, por la gestión que realizaron con el dinero público. A los alcaldes populares que ya acudieron estos días a los juzgados le seguirán en breve otros. Entre ellos, el de Barbadás, José Manuel Freire Couto y su teniente de alcalde, Manuel García González. La juez instructora los ha imputado tras analizar la acusación de prevaricación y enriquecimiento (entre ambos se hicieron con el 30% de un polígono urbanístico en el municipio que gobiernan) presentada por el PSOE provincial.
Todo es limbo
No solo los populares tienen asuntos pendientes con la Justicia aunque hasta el momento eran ellos quienes se fundían especialmente con el cargo en espera de una sentencia que los arrancara de cuajo. A la larga lista de políticos del PP con causas abiertas se suman, en el otro bando, las imputaciones, en el marco de la Operación Pokémon, del exalcalde ourensano Francisco Rodríguez y del exconcejal del BNG Fernando Varela. Ambos dimitieron; el socialista, tras forcejear con la dirección gallega de su partido. No renunció sin embargo el alcalde de O Carballiño, Argimiro Marnotes, del PP, imputado en la misma causa.
Pero los socialistas se han topado ahora con una nueva brecha judicial y han reculado en el hábito de las dimisiones. Un juez de instrucción ourensano ha imputado a la teniente de alcalde y concejala de Benestar del Ayuntamiento de Ourense, Marga Martín (PSOE) un delito de malversación de fondos públicos y el alcalde (Agustín Fernández, sustituto del procesado en la Pokémon) se ha apresurado a arroparla: Martín no ha dimitido.
En esta vorágine de imputaciones y procesamientos judiciales se lleva la palma el “cacique bueno”, el otrora todopoderoso presidente de la Diputación y del PP de Ourense José Luis Baltar. Como su íntimo rival en el PP provincial, el superdelegado Martínez, Baltar atenderá dos frentes en los juzgados: de una parte se sentará en el banquillo acusado de prevaricar por colocar a dedo en la institución provincial a 104 personas y, por otra, como Martínez, tendrá que explicar ante un juez de instrucción por qué firmó desde ese mismo cargo la adjudicación a dedo a una misma empresa de 106 depuradoras financiadas por la UE.
Pero a Baltar, las comparecencias judiciales lo han encontrado jubilado. “A mí no me inhabilita nadie, que ya me inhabilité yo”, presumió de cintura política al conocer la primera de las imputaciones que ha acabado sentándolo en el banquillo. Sin contar este oportuno despeje del cacique, desde el superdelegado Martínez hacia abajo todo es limbo: ese lugar en el que los cargos imputados o procesados se agarran al mástil de la institución que sujeta desde la base el propio partido. No hay quien dimita.
* El País - CRISTINA HUETE - 19.10.13
Foto: Rogelio Martínez tropieza al levantarse de un aparato de feria en presencia de Baltar, en Ourense en 2009. / NACHO GÓMEZ
Valencia se queda sin Fórmula 1 tras enterrar 300 millones
Valencia ha ganado un nuevo e inmenso solar repleto de basura, palés, bloques de hormigón y hasta vallas y señales de tráfico tiradas. Se trata del destinado al fallido circuito de Fórmula 1, con la particularidad de que ha costado al menos 89 millones de euros de todos los valencianos, a pesar que el expresidente Camps y la alcaldesa Barberá lo anunciaran como 'a coste cero'. Ahora se aprecia el enorme despilfarro público de estos pésimos gobernantes que, como suele ocurrir, se han ido 'de rositas' sin que desde instancias judiciales nadie haya planteado alguna imputación delictiva.
"ELDIARIO* : El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, da por hecho que Valencia no organizará más pruebas de la Fórmula 1 al tener un preacuerdo con Bernie Ecclestone, el organizador de la prueba, para rescindir el contrato firmado en su día por Francisco Camps sin tener que acometer el pago de la rescisión, cifrado en 54 millones de euros. Aunque la opacidad del gobierno valenciano, que, exceptuando la prueba de 2012, nunca desveló el coste real de la competición, hace difícil el cálculo, el circo de las cuatro ruedas le ha costado al contribuyente 300 millones de euros. Estas son, aproximadamente, las cifras.
Canón de la prueba: 110 millones
Hasta este año se había ocultado sistemáticamente cuanto le pagaba la Generalitat a Formula One Management –la organizadora del mundial- por tener su gran premio. Sin embargo, la consellera de Educación, María José Catalá, desveló en respuesta a la oposición el importe del cánon en 2012. 27 millones y medio. En total, de 2009 a 2012, 110 millones. Se supone, sólo se supone, que el cánon del primer año fue asumido por una empresa privada, Valmor.
Coste del circuito urbano: 89 millones
Francisco Camps y Ecclestone acordaron que, para diferenciarse y poner en valor la ciudad, la prueba de Valencia no debería disputarse en el cercano circuito de Cheste sino en la ciudad, concretamente en un circuito que pasaría por parte de la fachada marítima y la fastuosa Ciudad de las Artes y las Ciencias. Según el conseller de Fomento de la época, el coste del circuito fue de 89 millones de euros.
Otros: 46 millones
Sólo en 2012 el Consell reconoce haber gastado casi 12 millones en partidas inevitables como el arrendamiento de las gradas, la conservación y reparación del circuito, el mantenimiento de algunas instalaciones técnicas, publicidad o impuestos. Sin contar el año de la primera prueba, más de 45 millones, asumiendo, claro, que los costes hayan sido parejos entre 2009 y 2012.
Rescate de Valmor: 41 millones
En 2007 las expectativas parecían positivas. Sin apenas explicaciones, Camps otorgó la organización de la Fórmula 1 a Valmor, una empresa recién creada y constituida a partes iguales por Bankia, el empresario Fernando Roig (hermano del propietario de Mercadona, Juan) y el expiloto y manager de MotoGP Jorge Martínez, más conocido como Aspar.
Cuando el negocio se reveló ruinoso, de nuevo sin apenas explicaciones, la Generalitat compró Valmor por un euro…..y la asunción de todas sus deudas. Coste de la operación: 41 millones.
Retransmisiones de Canal 9: 22 millones
En una operación tachada de incomprensible por los expertos en televisión y al parecer auspiciada por Camps, Canal 9 compró los derechos de retransmisión para la Comunidad Valenciana de la Fórmula 1, que estaba (y siguió estando) entonces en la programación de La Sexta. La audiencia fue paupérrima, no así el coste: 22 millones (más IVA) por tres años de competición.
Ahora, Ecclestone, según publica el diario Levante-EMV, aceptaría la ruptura del contrato y se conformaría con llevarse las vallas, los tinglados y parte de los boxes para reutilizarlos en otros circuitos del campeonato. Después de 5 años de dispendio, parece que el magnate británico se ha apiadado de una administración en quiebra.
* El Diario - Voro Maroto - 16.10.13
Foto: Valencia, ruina en el circuito F1 - 20minutos
PAH.- Cada bloque recuperado contra la banca señala a la Troika
Los pisos que la banca mantiene vacíos, particularmente los reunidos en el llamado 'banco malo', deben ser usados para atender a la función social de la vivienda. Esa debería ser la finalidad de una política acertada de vivienda, después de que los bancos, además, hayan sido rescatados con dinero público. Pero evidentemente esto no es así y desde la PAH lo saben bien, cada vivienda o bloque recuperado cuesta un gran esfuerzo y es considerado por los gobernantes un atentado contra el orden público. Primero, dicen, son los bancos y luego las personas. Lamentablemente es el mundo al revés.
"DIAGONAL* : El pasado jueves 3 de octubre se hizo pública la recuperación de un bloque del ‘banco malo’ en el barrio de Carabanchel, en Madrid. El edificio es el nº14 que ha sido puesto a disposición de la gente que los necesita por parte de la campaña de la Obra Social lanzada hace unos meses por la PAH, y supone el estreno de esta campaña en esta comunidad, donde la impulsan fundamentalmente las asambleas de barrio del 15M y sus comisiones y asambleas de vivienda. No se debe pasar por alto la importancia de un movimiento que puede apuntar a una de las cuestiones clave de esta crisis: quién decide qué se hace con esos bloques que la lógica financiera ha dejado vacíos.
No es casual que el edificio recuperado pertenezca a la Sareb. En este aspecto, el llamado banco malo es en realidad una inmensa inmobiliaria pagada con fondos públicos que trata de volver a sacar al mercado los pisos que han ido cayendo en manos de los bancos. Detrás de estos edificios vacíos se encuentra toda una cadena de rescates: el rescate de la constructora o inmobiliaria que lo entreǵo como dación en pago al banco o caja, y después el rescate del propio banco o caja que ha visto cómo el Estado, a través de la Sareb, le ha comprado parte de esos llamados “activos tóxicos”. Esos pisos, por tanto, son parte de la riqueza que hemos producido entre toda la población y deben ser usados para atender a criterios de función social de la vivienda en perjuicio de su posible uso como activo financiero.
La campaña de la Obra Social es interesante porque funciona en dos niveles; por un lado, da salida a una situación de emergencia habitacional en el que nos encontramos atrapadas miles de personas, con o sin hipoteca. Pese a las pequeñas victorias que suponen las daciones en pago o la moratoria de dos años en una buena parte de los procedimientos de desahucio por hipotecas, tras el bloqueo a la ILP hipotecaria el acceso a la vivienda sigue dependiendo de la maquinaria del endeudamiento que operaciones como la Sareb quieren volver a poner en marcha para garantizar el nivel de beneficios de los agentes financieros. Las administraciones públicas están sucediendo a los bancos y las cajas en su política de desahucios y dejan a miles de personas en la calle como parte de sus propias operaciones de salvamiento financiero, caso de la EMV y del IVIMA en Madrid. Así, la respuesta a través del trabajo de base y de la organización en red permite ganar legitimidad (“se hacen cosas concretas”) y ensanchar la base social del movimiento. La recuperación de bloques vacíos en manos de las entidades financieras con la demanda del alquiler social es perfectamente replicable: cualquiera que asuma esos sencillos presupuestos puede ser Obra Social.
Por otro lado, la campaña puede elevar la escala del conflicto y sortear uno de los problemas del movimiento de oposición a la austeridad: el bloqueo de los Gobiernos nacionales (tanto los locales o autonómicos como el Gobierno central). Lo sucedido con la ley andaluza de vivienda es un buen aviso: pese a la timidez de sus medidas y a la escasez de medios de la Junta para ponerla en práctica, fue suficiente para poner en alerta a los actores que han intervenido la economía y la política española: la Comisión Europea, el FMI y el Banco Central Europeo. Un movimiento coordinado, bien ejecutado comunicativamente y bien trabajado discursivamente puede forzar todavía más a estos actores a mostrar la cara, habitualmente parapetados tras las decisiones dolorosas e inevitables de sus subalternos políticos. La campaña de la Obra Social de la PAH, que ha realojado ya a más de 700 personas en menos de dos años de actividad (y eso sólo en Catalunya) puede no ser suficiente para este cambio de escala del conflicto, pero desde luego supone un ejemplo que se debería replicar en otros sectores.
* Diagonal - Madrilonia - 15.10.13
Foto: El 3 de octubre medio centenar de personas, organizadas en la asamblea del barrio madrileño de Carabanchel, recuperaron un bloque vacío del banco malo para realojar a 6 familias. / ÁLVARO MINGUITO
Elche.- ‘Pelotazo’ pendiente de unas catas
La idea de derribar el mercado de Elche (Alicante) y dar la gestión a una empresa, que en 40 años se quedará gratis más de la mitad del edificio, no cala en la ciudadanía. Se ha constituido recientemente la Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio y el Comercio Ilicitano con el lema: “No al derribo, sí a la rehabilitación”. En realidad el edificio no posee gran valor arquitectónico, pero la forma de la adjudicación, sin mediar concurso público, ni estudios, ni participación vecinal es lo que más llama la atención de este caso.
"ELPAÍS* : En Elche el equipo de gobierno que preside Mercedes Alonso, del PP, ha pinchado en hueso con su propuesta para el mercado central. La intención del Ayuntamiento de derribarlo, construir uno nuevo, adjudicar su gestión por 40 años a un grupo de supermercados y después ceder tres plantas de las cinco construidas no gusta. “Es el solar más importante del centro de Elche y lo regalan”, denuncia José Joaquín Belda, con un negocio en la zona del mercado: “No existe ni estudio de impacto económico, ni de tráfico, ni concurso de ideas sobre qué hacer con este edificio”, señala este perito inmobiliario y judicial para criticar un proyecto que además, está pendiente de unas catas arqueológicas.
'Pelotazo' es una palabra muy común entre varios de los comerciantes de la Plaça de les Flors, donde su ubica el mercado y bajo la que descansan los restos de la ciudad árabe que fue el palmeral urbano que hoy es Elche. El pasado 2 de agosto, con media ciudad vacía, el equipo de gobierno del PP hizo valer su mayoría absoluta para aprobar un pliego de condiciones de un proyecto ideado por el antiguo gobierno socialista de la ciudad. El PP incluyó de cosecha propia lo que más ampollas levanta: la cesión de más de la mitad del nuevo espacio a la empresa lo construya y gestione.
De las 15 empresas que Urbanismo dijo en julio de 2012 que estaban interesadas en el proyecto poco se sabe. Solo suena el nombre del Grupo El Árbol, que ha presentado un plan de viabilidad “muy parecido curiosamente al pliego de condiciones del ayuntamiento”, apunta malicioso Belda, miembro de la recién constituida Plataforma Ciudadana en Defensa del Patrimonio y el Comercio Ilicitano. La semana pasada presentaron alegaciones al proyecto con el apoyo de más de 2.600 firmas a un enunciado muy directo: “No al derribo, sí a la rehabilitación”. Sindicatos y partidos, salvo el PP, hicieron lo propio.
La plataforma, en la que han confluido comerciantes de la zona e ilicitanos que comenzaron a informarse del tema a través de la página de Facebook Salvem el Mercat, piden que no se comercie con suelo público, un concurso de ideas y un estudio de impacto económico que evalúe en el tejido comercial de la zona para que todos los afectados participen. Pero el ritmo que lleva el proyecto hace prever que solo un descubrimiento arqueológico importante podría parar el derribo del edificio.
El Ayuntamiento, ante el movimiento vecinal y de comerciantes, estiró el plazo un mes más para que las empresas pudieran presentar proyectos, pero "el Grupo El Árbol ya va convocando reuniones" con los dueños de los puestos "sin tener el proyecto aprobado", cuentan en el mercado. "Nos piden por adelantado tres años de aval bancario de alquiler, que son unos 20.000 euros, más una entrada de 13.000 euros a la que debes sumar un 21% de IVA". Al margen de la cuantía de la inversión, en caso de aceptar y quebrar un año después, el comerciante no recuperaría nada. Actualmente, existe cierto temor entre los placeros del mercado tras haber vencido las concesiones municipales. Además, con el nuevo mercado pasarían de ser 70 a 40.
La propuesta de El Árbol queda así: las obras durarían de 18 a 24 meses, aunque los comerciantes las esperan “faraónicas”. Consistirían en derribar el edificio y construir otro que con un parking debajo para unas 400 plazas. Durante su explotación, la mercantil cobrará los alquileres de los locales y pondrá un supermercado dentro del recinto.
El mercado de Elche no es un edificio que llame la atención. Es un claro ejemplo de arquitectura pragmática y racional de finales de los años 50. En el registro municipal, con fecha de 13 de julio del 2012, entró un informe de la Dirección General de Patrimonio que decía que, obviando el Ayuntamiento y la vieja muralla, el "edificio del mercado, con diferencia es el de mayor importancia arquitectónica de esa parte urbana. Debería estar incluido en el catálogo urbanístico, hecho que no sucede". Ni sucedió, ni sucederá. Según fuentes municipales, Patrimonio se desdijo de su propio informe.
Regalar suelo, un hábito municipal
El pasado junio, Mercedes Alonso inauguró junto al obispo de la diócesis de Alicante-Orihuela, Jesús Murgi, la nueva sede de la universidad CEU Cardenal Herrera de Elche. Está situada sobre el terreno público donde se ubicaban los antiguos juzgados. Fue un acto por el que hubo protestas vecinales, resumidas en un comunicado de la Federación de Asociaciones de Vecinos Dama d’Elx: “Estas decisiones son demasiado importantes como para que se adopten sin tener en cuenta a la ciudadanía”.
Con motivo de esta cesión se creó Elx no es Privatitza, surgida de la asociación Joves d’Elx per la Llengua. A la cesión del terreno se unió una sensación vecinal de abandono de las instalaciones públicas. Incluso los clubes deportivos denunciaron la retirada de las subvenciones de las instalaciones deportivas del municipio, a las que subieron las tarifas.
La del CEU no fue la primera cesión. Alonso cedió gratuitamente 53.000 metros cuadrados durante 40 años para construir la futura Escuela Federativa de Golf de Elche, una entidad privada que promueve la Federación Valenciana de Golf.
* El País - RUBEN ESQUITINO - 13.10.13
Foto: El Mercado Central de Elche en la actualidad. / JOAQUÍN DE HARO
Los promotores podrán pagar para compensar el daño ambiental
Otro disparate urbanístico y medioambiental que ha pasado casi desapercibido para la opinión pública. Una fórmula esta de la compensación que existe 'condicionada' en algunos lugares del planeta, pero que aquí suena más bien a nuevos pelotazos urbanísticos y a fraude descarado contra el medio. ¿Cómo se puede compensar por la pérdida de joyas medioambientales y qué precio es el que se debe pagar por admitirlo? ¿Se puede reducir la Naturaleza a un valor monetario, a otra mercancía más? Más bien es una medida discriminatoria para el medio ambiente y que puede alcanzar cotas inimaginables en este país corrupto.
"ELPAÍS* : ¿Se puede poner precio a un hayedo? ¿Y a una pradera de posidonias? ¿Cuánto podrían costar las tareas de polinización de las abejas? El Gobierno de España quiere impulsar la creación de los bancos de hábitat o conservación, una figura que funciona en Estados Unidos desde los años 80, y que crea controversia porque permite la posibilidad de compensar el daño ambiental de un proyecto —una carretera, un edificio o una fábrica— adquiriendo un trabajo de recuperación ambiental hecho en otro lugar.
Estos bancos funcionarían como los mercados de carbono, pero con la naturaleza como materia prima. De momento se concentrarán en los hábitats y las especies. El sistema es el siguiente. Por un lado hay empresas o particulares que se dedican a hacer trabajos ambientales: reforestar un parque, recuperar una especie en peligro, limpiar los vertidos de un lago. Eso se inscribe en un registro controlado por la Administración, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, y se monetariza en forma de créditos ambientales. Los clientes de ese banco son los promotores, que tendrán la opción de adquirir voluntariamente esos créditos para compensar el daño de sus proyectos.
En el mundo hay unos 540 bancos de conservación, de los que más de 400 se encuentran en EE UU y del resto, una gran parte en Australia. La mayoría están enfocados a la reducción de daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas. En Europa hay experiencias piloto en varios países, como Francia y Reino Unido, pero donde más avanzado está el modelo es en Alemania, donde se incorporaron en 2002.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden las bondades de una fórmula cuyas particularidades todavía no han decidido. Se concretará en un reglamento una vez que se apruebe la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados. En este proyecto de ley se especifica que tendrá carácter voluntario y según el Gobierno permitirá dar uso a una “importante bolsa de dinero” —no precisada— porque algunas compensaciones medioambientales tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.
En el mundo hay unos 540 bancos de conservación, de los que más de 400 se encuentran en EE UU y del resto, una gran parte en Australia. La mayoría están enfocados a la reducción de daños sobre humedales, arroyos, bosques y riberas. En Europa hay experiencias piloto en varios países, como Francia y Reino Unido, pero donde más avanzado está el modelo es en Alemania, donde se incorporaron en 2002.
Desde el Ministerio de Medio Ambiente defienden las bondades de una fórmula cuyas particularidades todavía no han decidido. Se concretará en un reglamento una vez que se apruebe la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental, que ahora se debate en el Congreso de los Diputados. En este proyecto de ley se especifica que tendrá carácter voluntario y según el Gobierno permitirá dar uso a una “importante bolsa de dinero” —no precisada— porque algunas compensaciones medioambientales tardan mucho tiempo en ponerse en marcha.
“En países como Cuba o Venezuela y los colectivos medioambientalistas nos acusan de reducir la naturaleza a un valor puramente monetario y económico, pero no estamos acabando con la poesía, ni con la inspiración que supone la naturaleza”, aseguró el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos, en unas jornadas organizadas en septiembre por el Colegio de Ingenieros de Montes. Su exposición iba acompañada de una retahíla de cifras. Un 40% de la economía mundial depende de la salud de los ecosistemas. En España, el valor de la polinización que realizan los insectos en los cultivos se estima en unos 3.000 millones de euros al año. “El capital natural es un generador de riqueza (…) Los insectos no cobran, pero el servicio está ahí”, añadió Ramos.
El modelo de los mercados de carbono, con sus defectos y virtudes, siempre aparece de fondo. “Hace 20 años era imposible pensar que una tonelada de carbono iba a tener un precio y sin embargo lo tiene”, dijo el secretario de Estado. En 2008 alcanzó los 30 euros y el pasado septiembre bajó a tres euros.
Los ingenieros de Montes creen necesario que cada país cree sus propios mercados nacionales: de carbono forestal, de calidad de agua, de biodiversidad... Todo ello obligará a fijar precios, y a estimar el coste de unos servicios que todos consideramos gratuitos y de los que se beneficia toda la ciudadanía. “Queremos poner a trabajar nuestro capital natural, por eso es importante su contabilidad”, aporta José María Rábade, experto del área de economía ambiental del Colegio de Ingenieros de Montes.
Barry Gardiner, exministro de Medio Ambiente de Reino Unido en 2006, defiende la creación de los bancos de conservación, aunque con matices. Para empezar, propone que se intente evitar el daño ambiental a toda costa y que, si no se pudiera, se reduzca o mitigue en la medida de lo posible. “Solo después se puede hacer esa compensación en otro lugar”, explica.
El Ministerio de Medio Ambiente no ve con malos ojos que se pueda compensar ambientalmente en otro lugar. La consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, María Jesús Serrano, ha criticado este aspecto tras la última conferencia sectorial, celebrada el 7 de octubre. “Un proyecto que tiene impacto en Andalucía puede compensarse en Galicia, eso no nos sirve y no nos gusta”, dijo Serrano tras la reunión.
Uno de los desafíos más importantes de esta figura es saber cómo calcular el valor económico del daño ambiental. “No se puede preservar un humedal creando un hábitat de menos calidad”, subraya Gardiner. Así, según el esquema del exministro británico, se le debería dar prioridad a una zona contigua al entorno dañado y después pasar a buscar otros lugares. En Reino Unido, donde hay en marcha varios proyectos piloto, se ha establecido un Comité de Capital Natural para asegurar que los valores de mercado que proporciona la naturaleza se tienen en cuenta en la toma de decisiones políticas.
“Hay que ser muy cuidadosos a la hora de elaborar estos mercados porque no puede haber una pérdida neta de ecosistemas”, contempla Miguel Ángel de la Calle, profesor del Máster Profesional en Ingeniería y Gestión Ambiental de la Escuela de Organización Industrial. El experto considera que estos instrumentos pueden servir para generar empleo y fijar población en el ámbito rural y pide un especial cuidado a la hora de idear el sistema de cálculo de créditos. “No vale compensar una hectárea con otra hectárea porque pueden ocupar suelos con valores medioambientales distintos”, recuerda.
Los grupos ecologistas echan en falta una consulta a la comunidad científica, al igual que el PSOE, en la oposición. “Más allá de la mercantilización se abre un abismo de impunidad por el que determinados enclaves podrían terminar arrasados en beneficio de intereses particulares a cambio de mejoras ambientales que podrían no servir para paliar los efectos negativos del proyecto en cuestión”, advierte Hugo Morán, secretario de Medio Ambiente socialista.
“No compartimos esa visión mercantilista porque comporta riesgos importantes, deberían aprender del resultado de otros mercados como el de carbono, o afrontar la cuestión de ver a quién termina beneficiando realmente”, subraya Laia Ortiz, diputada de Izquierda Plural.
El ecólogo Fernando Prieto se pregunta por el reparto de los beneficios que generarán estos ecosistemas y cómo se distribuirán entre los conservadores y gestores de estos ecosistemas, algo todavía pendiente de determinar.
Los principales grupos ecologistas inciden en que los ejemplos de Estados Unidos que se han presentado como modelo de bancos de conservación trabajan con realidades territoriales, legales y económicas muy distintas de las de la Unión Europea y España. Proponen posibilidades alternativas o complementarias en las que no intervengan los mecanismos de mercado y reclaman que se mejore el control administrativo de los mecanismos de compensación ambiental.
El ecólogo Prieto enumera sonoros fracasos, como la proposición de desplazar una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de avutardas unos cuántos kilómetros al este de Madrid para construir una de las radiales o gran parte de las inadecuadas plantaciones de coníferas y eucaliptos en una parte importante del país desde la década de los 50 que alimentan gran parte de los incendios de cada verano.
* El País - JUANA VIÚDEZ - 13.10.13
Foto: Los bancos de conservación en España se prevén para hábitats y especies. / ANGELO GANDOLFI (CORDON PRESS)
Salt se despierta entre lágrimas
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El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha parado de forma cautelar el desalojo del bloque recuperado por la PAH en Salt (Girona) previsto para el miércoles. Además de para el Gobierno y para el banco malo, la sentencia supone un golpe también para el Gobierno catalán, que había dado órdenes a los mossos de Esquadra para que intervinieron en el desalojo. La alcaldía de Girona (municipio vecino a Salt), del mismo partido, así como el PP local, también salen mal parados después de tumbar el lunes una moción de rechazo al desalojo. Como se ve, en Europa son más sensibles al tema de la vivienda digna que en este país abandonado a su suerte por la casta político-financiera.
"PÚBLICO* : Ni los más optimistas esperaban combinar los sorbos del primer café del día con lágrimas. La noticia de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos solicitaba, de manera cautelar, paralizar el desalojo de las 43 personas que viven en el bloque de viviendas de Salt ha cogido por sorpresa al millar de vecinos, miembros de la PAH y activistas que han pasado la noche en la vivienda de Salt.
Pasaba un cuarto de hora de las 8.00 horas cuando la portavoz de la PAH en Girona, Marta Afuera, pronunciaba las primeras palabras desde un balcón: "¡No han podido!". La explosión de felicidad ha sido instantánea, con escenas de lo más emotivas. Cánticos, saltos y muchos llantos.
La orden del Tribunal de Estrasburgo no tiene precedentes en España, al menos en bloques de viviendas con un procedimiento penal. Los únicos que hay similares, confesaba Afuera sin las cámaras de por medio, se encuentran en Madrid y se tratan de viviendas individuales, nunca de un bloque entero. La portavoz de la PAH explicó, además, que a ella por lo de Salt le acusan de creación de banda terrorista, de ahí que el procedimiento sea penal y no civil, como en los otros casos registrados de desalojos paralizados por el tribunal europeo.
Doris, una de las personas que vive desde marzo en el bloque de Salt, ocupado por la Obra Social de la PAH, aún tiene los ojos húmedos. A cada paso que da, en los aledaños de la zona, recibe un abrazo fuerte, sentido, de aquellos que no han querido dejarla sola en estos momentos de incertidumbre. "Hemos sido valientes y aquí está la recompensa", confiesa a Público. "La sociedad ha podido ver con sus propios ojos que, cuando hay emergencia social y el Gobierno no actúa, el pueblo sí responde". Doris reconoce que no ha podido dormir y que la noticia le ha provocado una ilusión nunca antes vivida.
Bomberos contra el desalojo
El apoyo del cuerpo de bomberos, aunque al final no han tenido que actuar, también ha sido una de las notas coloridas de la jornada, que arrancó en la tarde del martes con actividades, movilizaciones, conciertos y centenares de voluntarios pasando la noche en el bloque. En total han acudido más de 40 bomberos, venidos de toda Catalunya y con una orden firme de ser expedientados si se oponían al desalojo, que al final no se ha producido.
Luis Ros es uno de ellos. Trabaja en el cuerpo barcelonés de bomberos pero es activista de la PAH en Badalona. "Yo apuesto por la desobediencia con nombre y apellidos. Siempre sin violencia, de forma pacífica, pero no se lo pondremos fácil a quienes intentan arrebatar los derechos más básicos de la ciudadanía", sentencia orgulloso. Delante del bloque, estos bomberos se han dado un auténtico baño de masas, siendo vitoreados al grito de "Más bomberos y menos Policía" y "Queremos calendario", este último grito como estímulo para la creación de un calendario donde muchos de ellos pudieran posar semidesnudos.
En total han sido 800 miembros de distintas PAH catalanas ─ han llegado también desde Valencia ─ quienes han vivido una jornada emocionante. La noche, según fuentes consultadas, no ha sido sencilla. Rosa, proveniente de la PAH Cardedeu, es una de las personas que ha pasado la noche. Más allá de la causa que defiende, ha querido participar en la reivindicación en calidad de sanitaria, por si al final se precisaban primeros auxilios. "Si hubieran intentando desalojar el bloque, no hubieran podido. Pero aquí hay 21 menores que han pasado horas de angustia y toda atención es poca para prevenir situaciones de emergencia". Rosa reconoce que, como muchos de sus compañeros, han pasado la noche en vela. Afortunadamente, con los primeros rayos de sol ha vuelto la esperanza y la convicción de que el "Sí se puede" que proclama la PAH está más vivo que nunca.
Con la tranquilidad de que el Bloc Salt no iba a ser desalojado, se ha realizado una marcha hasta el Ayuntamiento, donde miembros de la PAH, vecinos y las familias implicadas han protestado airadamente contra la administración pública, considerándola parte responsable de la orden de desahucio que finalmente no se ha llegado a aplicar.
Varios cánticos después -el que más se ha escuchado es el que reclamaba al alcalde que diera la cara-, el portavoz de la PAH Valencia ha notificado una nueva ocupación en la capital valenciana, Ca L'Esperança, siendo este el 15º bloque que la Obra Social de la PAH ocupa en el territorio español. Una revelación fuertemente aplaudida y que ha contribuido a acentuar el carácter festivo de la jornada.
"Si me pinchan no me sacan sangre"
La manifestación ha abandonado la plaza del Ayuntamiento y ha iniciado un nuevo recorrido por las calles del municipio gerundense, hasta llegar nuevamente al punto de partida: el Bloc Salt. Ahí se han vivido nuevamente escenas emotivas, como la de varias familias abrazándose entre ellas, en especial la de Doris, que ha capitaneado la marcha de la mano de sus dos hijas.
Visiblemente afectada se encontraba también Marta Afuera, quien culminaba el acto con unas palabras de agradecimiento y apoyo. Con la jornada concluida, Afuera repasaba para Público todo lo vivido desde que en marzo la PAH de Girona ocupó el Bloc Salt: "Han sido siete meses muy intensos, con alegrías y decepciones. Yo particularmente estoy muy orgullosa de las familias y las personas que viven en el bloque y de cómo lo han afrontado. Si me pinchan no me sacan sangre", confesaba.
No obstante, aún hay que valorar lo logrado en la fecha de hoy. Afuera prefiere ser optimista: "Lo de hoy marca un antes y un después en nuestra lucha. Nos enfrentamos a un monstruo capitaneado por el Partido Popular y el banco malo, pero se ha demostrado que cuando nos unimos las personas podemos dar la vuelta a escenarios que parecían imposibles de cambiar".
¿El aliado del Tribunal de Estrasburgo será suficiente para derrotar a Goliat? "Hay que hacer una lectura exhaustiva del documento y pensar en la próxima estrategia seguir, pero hemos dado un gran paso. La resolución de hoy no sólo paraliza el desahucio sino que obliga a la administración a ofrecer salidas dignas a las familias que viven aquí. Esto es una punta de lanza, solamente en Girona hemos recibido la petición de vivienda de 1000 familias en riesgo de vivienda. Lo que hemos vivido hoy en Salt pasa en cualquier lado de España. Y no podemos mirar a otro lado", concluía.
Esta tarde la coordinadora de la PAH en Girona se reunirá de urgencia para tomar una decisión sobre cómo actuar en el futuro con el Bloc Salt. Sin embargo hoy sus familias podrán dormir tranquilas. Han logrado una prórroga en el partido más difícil.
* Público - ROGER XURIACH - 16.10.13
Foto: Los ciudadanos que se han concentrado durante toda la noche en el bloque de Salt han estallado de júbilo al conocer la paralización.- EFE
Valencia.- Un patrimonio que amenaza ruina
No solo existe la Valencia de las grandes obras inútiles y los pelotazos urbanísticos famosos, complementariamente existe otra ciudad que ha olvidado su patrimonio histórico dejándolo morir lentamente por falta de atención. Edificaciones de gran valor cultural y arquitectónico, no solo urbanas sino de sus alrededores, como alquerías, molinos, palacetes, etc, que poblaban la huerta se están desmoronando sin que las autoridades políticas o culturales hagan nada al respecto. Otro ejemplo más de la nefasta gestión urbanística de los actuales gobernantes.
"ELPAÍS* : Valencia ha abandonado a su suerte buena parte de su patrimonio histórico. Enfebrecido por erigir nuevos iconos arquitectónicos, el Gobierno local ha menospreciado una parte de su pasado. Alquerías de l’Horta, viviendas señoriales, naves industriales, palacios o conjuntos arquitectónicos penan ahora entre hierbajos y suciedad. El inventario de patrimonio olvidado —solo los bienes catalogados en el Plan General como equipamiento público— reúne a más de 70 inmuebles o conjuntos arquitectónicos, según el último recuento de los socialistas.
“La ocupación irregular, los incendios y robos están causando daños irreparables en los edificios”, advierte el concejal socialista Vicent Sarrià, que reclama un plan para la rehabilitación de todos estos inmuebles.
Más allá de las rondas de Valencia, salpican el paisaje de l’Horta unos 20 o 25 exponentes destacados de la arquitectura rural. Dos de las alquerías, catalogadas como Bien de Relevancia Local, se han venido abajo tras años de abandono. La edificación Nel.lo el Xurro, resto de lo que fue una gran alquería de origen medieval en Campanar, se cae a pedazos. Parecida suerte corre la alquería de Ponsa, una construcción del siglo XV en Nou Moles, cuyos muros se desplomaron, o la Alquería del Moro, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) en 2004 y propiedad del Ayuntamiento de Valencia desde hace 14 años. Situada en el barrio de Benicalap, es un ejemplo de la arquitectura señorial valenciana que ha llegado en buenas condiciones y sin transformaciones importantes en siglos posteriores, dicen los expertos. La fundación Hispania Nostra la ha incluido en su lista roja del patrimonio.
“Tenemos uno de los mejores patrimonios rurales", reconoce el arquitecto Miguel del Rey. Recorrer sus ejemplos es revivir la historia de Valencia y su área metropolitana y entender la evolución de las técnicas agropecuarias. “Con cada desplome, Valencia pierde parte su historia e identidad”. añade Del Rey.
En el interior de la ciudad, otro puñado de edificios languidecen con el paso del tiempo. La Casa del Relojero, situada junto al Micalet en una de las rutas más visitadas del centro histórico, está en ruinas. Allí vivía el encargado de mantener en funcionamiento el reloj de la ciudad que se encontraba en un lateral del Micalet. Cubierto ahora con una lona verde para evitar que los desprendimientos dañen a los viandantes, el edificio, con más de 200 años, tiene protegida su fachada pero el Gobierno local pretende derribarlo y colocar una plaza en su lugar a petición de vecinos y hosteleros de la zona. Lo único que ha impedido su derribo es la negativa de la Consejería de Cultura, que pretende que se reconstruya la manzana. La asociación Amigos del Centro Histórico denunció hace 12 años el penoso estado de la casa y el Consistorio, propietario del inmueble, colocó un andamio pero al poco los cacos robaron la azulejería. Desde entonces todo ha ido a peor.
“Se saltan la obligación de todo propietario de cuidar la finca, se saltan la protección de grado 3 de su fachada, y también la recuperación de la trama urbana”, advierte un portavoz de la plataforma cívica Paco Leandro, que solicita que se declare BIC porque porta en su fachada un escudo de la ciudad de más de 100 años. “Deben respetar un vial que tiene más de 2.000 años de antigüedad”, prosigue el colectivo. “Esos viales de los que se avergüenza [el gobierno local], “están llenos de encanto, forman parte de una trama antiquísima y son la esencia del barrio”, concluye.
El inventario recoge otros ejemplos. El solar con restos de una casa palacio del siglo XVI en la Subida al Toledano, también a pocos metros del Micalet, está abandonado. Se conservaba una escalera gótica y un arco, restos que en 2010 se trasladaron a los almacenes municipales. El objetivo de la oposición es que se integren los restos cuando se edifique el solar. La antigua Tabacalera, ahora sede municipal, perdió en su rehabilitación tres naves del conjunto arquitectónico, asunto pendiente en los tribunales. La Casa dels Bous, situada en pleno Cabanyal y característica por el reloj de sol que luce en su fachada, está descuidada y amenazada por la pretendida prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez.
De los hornos de La Ceramo, fábrica de cerámica fundada por José Ros Furió en el año 1885, salieron en los siglos XIX y XX cerámicas que hoy decoran edificios notables de Valencia como la Estació del Nord, el Mercat Central o el propio Ayuntamiento de Valencia. El Consistorio intentó con sus dueños una permuta que no salió adelante y no hizo más. Comida por la vegetación, Urbanismo instó en agosto a los dueños a conservar el complejo tras las denuncias de Cercle Obert, otro colectivo defensor del patrimonio.
Fuera de la lista de patrimonio destinado a equipamiento público está el Colegio del Arte Mayor de la Seda, un edificio de 1492, totalmente protegido desde 1981. Su propietario, el gremio sedero, carece de presupuesto suficiente para rehabilitarlo y el intento del Ayuntamiento de incluirlo en la lista de inversiones del Ministerio de Fomento a cuenta del 1% cultural a cambio de su uso, se suspendió antes del verano. Mientras el Ayuntamiento y la Generalitat buscan su encaje en algún plan de rehabilitación, el inmueble se deteriora todavía más.
El arquitecto Tito Llopis, responsable de la rehabilitación de la Plaza Redonda, reconoce que se ha dejado perder de manera gradual los centros históricos, no solo la arquitectura de antes del siglo XIX sino también la de principios del XX. Llopis insiste en la importancia de que los centros históricos estén habitados y no se expulse a la gente de ellos. “Los poderes públicos tienen que plantear el modelo, volviendo a la rehabilitación puntual e incentivando a la iniciativa privada”.
El Gobierno local de Valencia del PP, se escuda en que en 2012 se gastó en rehabilitación y recuperación de edificios dos millones de euros, y en 2013 hay previstos otros ocho millones. El concejal delegado de Urbanismo, Alfonso Novo, hizo una lista de bienes recuperados de la que entresacó las naves de Demetrio Ribes, la Alqueria del Rei y la del Camí del Pouet.
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - 12.10.13
Foto: Panorámica del interior de la fábrica de La Ceramo, en la avenida de Burjassot. / TANIA CASTRO
La PAH se prepara para resistir a la orden de desalojo del Bloque de Salt
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"ELDIARIO* : La Plataforma de Afectados por la Hipoteca se prepara para resistir este miércoles a la orden de desalojo del edificio de Salt de su Obra Social, el programa de ocupación de edificios en manos de los bancos para realojar a personas desahuciadas. Ante la amenaza que pende sobre las 43 personas que ocupan el edificio desde el pasado marzo, la PAH ha organizado una resistencia que se prevé masiva y llama la ciudadania a pasar ahí la noche del martes. Los afectados consideran especialmente grave que esto se dé en un edificio propiedad de la Sareb.
En un comunicado, la Plataforma expresa que el conflicto visualizará la colisión de dos modelos confrontados: "El modelo del Gobierno 'El Banco del Terror' (SAREB), y el modelo de la gente 'La autotutela de derechos' (La Obra Social de la PAH)." Denuncian que la entidad, con un 45% de fondos públicos, busca "malvender el patrimonio público, de las entidades rescatadas con dinero público, de todos", en vez de destinarlo a cumplir una función social.
La noche será amenizada por un concierto solidario a cargo de Feliu Ventura, Lágrimas de Sangre, Amparo Sánchez y Gossos. Ahí se reunirán activistas de PAHs de todo el territorio, así como de otros colectivos movilizados, como los bomberos que anunciaron que enviarán 100 personas a participar en la defensa del bloque. Aunque no sea una cifra fiable, en Facebook ya son más de 800 personas las que han asegurado que asistirán a la concentración en el evento creado por la Plataforma.
La PAH ha explorado todas las vías institucionales para intentar paralizar el desahucio antes de la fecha. La última de ellas, ayer por la noche en el pleno del ayuntamiento de Girona, donde se votó una moció presentada por PSC, ICV-EUiA y la CUP pidiendo la paralización del desahucio. La votación resultó en empate con los votos en contra de CiU y PP y el voto de calidad del alcalde Carles Puigdemont sirvió para reprobar la propuesta.
La semana pasada 38 diputados del Parlament, pertenecientes a Esquerra, PSC, ICV-EUiA y la CUP, firmaron una petición en la que solicitaban al Conseller de Interior Ramon Espadaler la paralización del desahucio y que los Mossos d'Esquadra no ejecutaran la orden. El texto remarcaba que "la ocupación de viviendas vacías se ha convertido en una necesidad y la única posibilidad existente para los que ya han agotado las restantes".
El viernes la Agencia de Vivienda de la Generalitat reaccionó a la presión de la PAH y presentó un escrito en el juzgado para solicitar que se retrasen los desahucios. La Secretaría de Vivienda asegura que pide el aplazamiento para seguir estudiando la situación de todas las familias y admite que algunas se ajustan a los criterios de realojo de la Generalitat.
* El Diario - João França - 15.10.13
Foto: Bloque en Salt - eldiario
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Varapalo del TSJ al Ayuntamiento de Cartagena al anular un trámite de Novo Carthago
El plan de Novo Carthago, junto al Mar Menor, continúa la larga serie de irregularidades cometidas por el ayuntamiento de Cartagena. Las 10.000 viviendas, hoteles, campo de golf, etc, están todavía pendientes en la vía penal para dirimir las responsabilidades de los dirigentes públicos implicados. Ahora se suma un nuevo rechazo administrativo, lo que da idea de cómo se cometen los pelotazos urbanísticos de mayor relevancia territorial. Afortunadamente, en este caso, el macroproyecto delictivo ha sido detenido a tiempo, no como en otros lugares.
"LAVERDAD* : Mientras en la vía penal trata de aclarar las posibles responsabilidades de cargos políticos y funcionarios por los supuestos delitos de prevaricación y vulneración de las leyes de ordenación del territorio protegido en la tramitación del proyecto Novo Carthago, en la vía administrativa el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) acaba de dar un varapalo al Ayuntamiento de Cartagena por este mismo asunto. En una sentencia conocida ayer, la Sala de lo Contencioso del TSJ ha anulado el decreto municipal de mayo de 2007 por el que aprobó el proyecto de reparcelación de esta macrourbanización de 10.000 viviendas, dos hoteles y un campo de golf en San Ginés de la Jara, junto al Mar Menor y la finca Lo Poyo.
La resolución confirma una anterior de un juzgado de Cartagena, que ordenó devolver el expediente al momento en que se debieron recoger unas propiedades de la comunidad de regantes de la zona. La sentencia estimó también de forma parcial el recurso de otros tres propietarios de terrenos.
Los regantes habían alegado que la distribución de los solares aprobada de forma definitiva por el Ayuntamiento no contemplaba varios caminos de su titularidad que atravesaban el espacio afectado.
La Sala rechaza los recursos presentados por la empresa Hansa Urbana, promotora del proyecto, el Ayuntamiento y dos particulares contra esa primera sentencia.
El TSJ sostiene que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Cartagena, en su resolución de julio de 2012, estimó íntegramente el recurso de la comunidad de regantes contra el decreto de la Gerencia de Urbanismo y contra la resolución posterior de la Junta de Gobierno Local que mantuvo la reparcelación aprobada.
El fallo judicial, que se ve confirmado ahora, imponía retrotraer las actuaciones municipales para que se recogieran las demandas de los regantes y el aprovechamiento urbanístico que les correspondía.
En cuanto a la apelación de la empresa, ésta planteó la existencia de una contradicción entre lo declarado por el juez y lo que se desprendía de las actuaciones llevadas a cabo, así como un error en la apreciación de los hechos y una valoración «arbitraria, irrazonable o ilógica de la prueba». Al desestimar sus alegaciones, los magistrados del Tribunal Superior de Justicia indican que aquéllas deben ser planteadas por la vía administrativa, aprovechando el cauce abierto con la decisión judicial de retrotraer el expediente.
Este diario solicitó al Gobierno municipal información sobre la repercusión de la sentencia (contra la que no cabe recurso) y cómo la evalúa, pero no hubo respuesta.
La Comunidad y la UE
Según fuentes municipales, el trámite al que se refiere la sentencia es un paso previo al proyecto de urbanización, que todavía no ha sido aprobado de forma definitiva. El trámite anterior al ahora anulado, llamado Plan Parcial, también fue objeto de un recurso contra el Ayuntamiento. Lo interpuso la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), pero el TSJ dio la razón el Consistorio por un defecto de forma en febrero de este año.
Uno de los escollos actuales es cómo se concretará lo relativo a la restauración del humedal de Lo Poyo. En su día, se estableció la obligación por parte de la empresa de descontaminar de los metales pesados procedentes de la minería la parte del saladar que se veía afectada por el campo de golf.
Al retirarse del plan esa zona protegida por exigencias de la Unión Europea, la Administración entendió que tampoco había lugar ya a la obligación de restaurar el humedal. El argumento es que éste no genera ya a la promotora un beneficio en forma de edificabilidad en otra zona de este residencial.
Aunque el nuevo Plan General de Ordenación Urbana abre la puerta a esta posibilidad, el proyecto de urbanización (que necesita el visto bueno del área de medio ambiente de la Comunidad Autónoma) aún no ha sido aprobado de manera definitiva.
Asimismo, el propio Plan General ha sido objeto de un recurso judicial por la vía contencioso-administrativa por parte de la asociación ecologista ANSE, que considera que pasa por alto la declaración de impacto ambiental en lo relativo al humedal con una redacción ambigua sobre la zona de Novo Carthago.
Si al final no tiene que limpiar el humedal, Hansa Urbana (que compró parte de los terrenos con un préstamo de la antigua CAM de 95 millones de euros) evitará un gasto de unos 31 millones. Queda la duda de si el saladar quedará sin descontaminar o si el coste tendrán que asumirlo los ciudadanos a través de sus administraciones públicas.
Conexiones con Marbella
La empresa calculó en 7,11 millones el desembolso para la limpieza del 23% del paraje, ya que la zona restante iba a ser restaurada por los promotores de otra urbanización: la de Lo Poyo. Sin embargo, la Unión Europea indicó en varios informes que sería necesario restaurar de forma íntegra todo el saladar. Y eso elevó la factura en unos 23 millones.
Hansa contaba con que el 77% del suelo iba a ser restaurado por los dueños de la finca anexa, pero el Gobierno regional suspendió los planes de urbanización por las conexiones de los propietarios con el caso de corrupción en Marbella.
El proyecto también es polémico porque la empresa tiene pendiente la restauración completa del monasterio medieval de San Ginés de la Jara.
* La Verdad - J. A. G. / EFE - 12.10.13
Foto: Cartagena, proyecto Novo Carthago - osmobra
El Centro Comercial La Maquinista de Barcelona construirá una escuela pública a cambio de una recalificación millonaria
Cada vez se va acercando más el urbanismo privado, en este caso ya no son necesarios los servicios de la Generalitat ni del Ayuntamiento barcelonés, es una empresa comercial la que dicta las normas y construye una escuela pública con el beneplácito de los anteriores organismos. Pero, lógicamente, para hacerlo tiene unos intereses muy definidos, como son una recalificación de suelo urbano multimillonaria, por encima de lo presupuestado para la escuela, ya que constará de cinco grandes torres con casi 600 pisos, más una ampliación de la zona comercial. En urbanismo no debería valer todo, pero se ve que los principios se van dejando atrás para beneficio de unos pocos listillos.
"ELDIARIO* : La escuela La Maquinista, que actualmente está en barracones, no la construirá ni la Generalitat ni el Ayuntamiento: lo hará el Centro Comercial. A cambio de esta inversión de casi seis millones de euros (esto es lo que vale construir una escuela con IVA incluido), el Ayuntamiento recalificará los 92.000 metros cuadrados que hay delante del Centro Comercial y convertirá unos terrenos industriales en zona comercial y de vivienda.
De esta manera, el Centro Comercial contará con 47.000 metros cuadrados para levantar cinco grandes edificios de 588 pisos y con 45.000 metros cuadrados más para ampliar la oferta comercial. Toda esta operación se hará justo delante de La Maquinista, donde actualmente está el aparcamiento descubierto. El espacio que ocupan actualmente los barracones son del Centro Comercial que los cedió temporalmente hasta que se construyera la escuela en otro lugar. Y es que un parte de esta gran parcela, que limita con las vías del tren, es propiedad municipal y el resto del Centro Comercial, pero los terrenos están muy mal repartidos y era necesaria una reordenación.
Con este acuerdo, el alcalde Xavier Trias desatasca un problema que se arrastraba desde hacía años, ya que permitirá que los alumnos de La Maquinista tengan una escuela de obra en lugar de los módulos prefabricados. Por el contrario, la ciudad sigue privatizándose y pierde unos terrenos industriales que hubieran podido servir para atraer oficinas y generar empleos que ayudaran a dinamizar los polígonos que hay al lado del Centro Comercial. Hay que recordar que, con la crisis, Barcelona ha perdido más puestos de trabajo en el sector industrial que en el de la construcción.
A pesar de la magnitud de esta gran operación, el proyecto se ha negociado sin hacer mucho ruido. Para que salga adelante, aunque hay un período de exposición pública, presentar las enmiendas que vecinos y partidos consideren y volverlo a discutir. De momento, a la Comisión de Hábitat Urbano que se ha celebrado en el Ayuntamiento, todos los partidos se han abstenido a la propuesta del Gobierno, salvo ICV-EUiA, que ha votado en contra.
"Estamos a favor de que se construya la escuela, pero si no la puede pagar la Generalitat lo puede hacer el Ayuntamiento, que prevé cerrar el año con 123 millones de euros de superávit", ha apuntado Janet Sanz, la concejala de ICV-EUiA. Según Sanz, la posición del Gobierno "es un chantaje a la ciudadanía, ya que dice: si quieres la escuela, debes pagarlo por otro lado. Yo entiendo a las familias del AMPA que quieren que se construya la escuela, pero no vale todo. Si la prioridad es la escuela se puede hacer porque hay dinero, de hecho, cuesta menos que la remodelación del Paseo de Gracia".
Cinco torres del estilo Diagonal Mar
Sanz critica que detrás del proyecto hay una "operación especulativa porque los terrenos comerciales y de vivienda son mucho más valiosos que los de suelo industrial". Aún así, esta parcela se hubiera podido convertir en una especie de "22 @ que atrajera economía verde, espacios de tecnología, etc". El proyecto también perjudicará "el tejido comercial del barrio", según Sanz a parte del impacto visual que provocarán las "cinco torres del estilo Diagonal Mar". El proyecto prevé cuatro grandes edificios de 20 pisos un quinto de 24 pisos de altura.
Según ICV, el gran beneficiado del acuerdo es el Centro Comercial La Maquinista, que ganará mucho dinero con la venta de los pisos y al mismo tiempo atraerá nuevos compradores a sus tiendas. De hecho, según sostienen, el plan que presenta CiU es directamente la propuesta del promotor.
Otro punto que también ha sido criticado en la comisión es que de toda la promoción sólo se reservarán un 30% a la protección social , muy por debajo del 50% que preveía el Plan de Vivienda que se aprobó durante el mandato anterior .
La presidenta de la Asociación de Vecinos del Buen Pastor, Paquita Delgado, también se opone “totalmente” a esta gran operación, después, eso sí, de reclamar que la escuela "se haga sí o sí". La portavoz vecinal lamenta que se pierda terreno industrial: "Esta zona está al lado de la futura estación del AVE donde se tenían que construir oficinas, lo que hubiera potenciado los polígonos y generado nuevos puestos de trabajo". Según Delgado, los casi 600 pisos densificar aún más la zona y complicarán el tráfico. Desde la Associació de Veïns de Sant Andreu prefieren esperarse a ver el proyecto para presentar las alegaciones.
* El Diario - Jordi Mumbrú - 10.10.13
Foto: Imagen corporativa del centro comercial La Maquinista - eldiario
Madrid.- Desahuciar para pagar las deudas de Gallardón
Contradictoria situación la que analiza este artículo sobre la Empresa municipal de la vivienda de Madrid, ya que a pesar de ser pública está desahuciando continuamente como si se tratara de una privada más. Pero es que su funcionamiento ha sido catastrófico, por lo que arrastra importantes deudas consecuencia de una gestión dirigida a fomentar grandes construcciones, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda. La política faraónica del alcalde Gallardón, y su equipo de gobierno, sigue pasando factura años más tarde.
"CARLOS HUERGA* : Últimamente es habitual encontrar noticias sobre desahucios ejecutados por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). Los últimos ejemplos que nos vienen a la cabeza son los desahucios de la calle Unanimidad o el fatídico caso de una vecina de Carabanchel que se suicidó tras recibir una carta de la EMVS que informaba de la no renovación de su alquiler a causa de una deuda de 900€. Según estas informaciones, parecería que la EMVS es una entidad bancaria más. Sin embargo, la EMVS es “una sociedad anónima con capital 100% municipal —es decir, público— que desarrolla la política de vivienda del Ayuntamiento de Madrid”.
Entre sus objetivos destaca el de “facilitar el acceso a la vivienda a los sectores con mayores dificultades”. La pregunta se hace evidente: ¿Por qué una entidad pública encargada de la política de vivienda y cuyo objetivo explícito es proteger a los grupos más vulnerables está desahuciando?
Para comprenderlo es necesario conocer en qué estado se encuentra esta empresa pública.
La EMVS es una de las tres mayores empresas públicas que gestiona el Ayuntamiento de Madrid, junto con “Madrid Espacios y Congresos” (Madridec) y la “Empresa Municipal de Transportes” (EMT). Su deuda asciende a 800 millones de euros, del total de 7.430 del Ayuntamiento de Madrid: es decir, cerca de un 10% del total de la deuda municipal. Esta deuda está siendo utilizada por el Ayuntamiento de Madrid para justificar su inviabilidad.
Como bien es sabido, el objetivo prioritario de las empresas públicas no es ser rentables, si no prestar un servicio público. Es lógico, por tanto, que muchas de estas empresas sean financieramente deficitarias. Aún así, conviene analizar el por qué de esta situación.
La deuda de la EMVS proviene del mandato del anterior alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, actual ministro de Justicia. Este alcalde fue famoso por sus faraónicos proyectos: soterramiento de la M-30, todas las infraestructuras construidas para las dos candidaturas olímpicas que se presentaron bajo su mandato, traslado de la sede del Ayuntamiento a la Real Casa de Correos, etc. Parte de la financiación de estos proyectos vino por la venta de terrenos del Ayuntamiento a la EMVS, a precios superiores a los del mercado. Un ejemplo son los terrenos de Valdecarros, que se vendieron en 2008 por 175’5 millones de euros, siendo el actual valor de esa parcela de 32,5 millones.
Estos datos dejan claro un punto muy importante: la deuda de la EMVS no proviene solamente de prestar un servicio social, ni es consecuencia exclusiva de la explosión de la burbuja inmobiliaria: viene del uso que desde el Ayuntamiento se ha dado a los recursos públicos que gestiona la esta empresa municipal. Es consecuencia de una gestión dirigida a fomentar grandes construcciones, en lugar de facilitar el acceso a la vivienda.
Hoy en día, la EMVS dispone de, refiriéndonos a vivienda en alquiler (datos de enero de 2013): 1.608 viviendas en arrendamiento libre (402 de ellas vacías), 3.595 viviendas protegidas (554 vacías) y 949 protegida con opción a compra (436 vacías). ¿Qué uso se está dando a este stock de viviendas vacías? ¿Tal vez viviendas sociales para esos grupos vulnerables a quienes la EMV debería facilitar acceso a la vivienda? No: se está vendiendo con el objetivo de subsanar deuda.
Dos han sido hasta hoy las iniciativas que han tratado de vender esta vivienda pública.
Noviembre de 2012: varios vecinos de cinco edificios de viviendas sociales recibieron una carta en la que se les informaba de que tenían que desalojar sus casas (todos los alquileres estaban próximos a su vencimiento). ¿Cuál era el motivo de estos desalojos? La EMVS quería vender los edificios a una empresa privada, Renta Corporación (vinculada al marido de María Dolores de Cospedal) por 21 millones de euros. 117 familias se vieron perjudicadas por esta operación. Finalmente la empresa se echó atrás y la venta no se realizó, en gran parte, por el revuelo mediático que se generó.
Julio de 2013: la EMVS vendió 1860 viviendas en régimen de alquiler por 128,5 millones de euros a Magic Real Estate Blackstone. La delegada de urbanismo, Paz González, aseguró que estos alquileres seguirían vigentes y que “lo único que cambiará en su recibo de alquiler es el emisor”. El periodo de protección de los contratos de alquiler expirará dentro de diez años, lo cual hace pensar que en ese momento perderán su voluntad social, viéndose afectados los y las inquilinas.
Este proceso de venta del patrimonio de la EMVS (parque inmobiliario público, ni más ni menos), ha sido tan confuso y se ha desarrollado con tanta desinformación que incluso un fondo de inversión estadounidense (Harbour Group) ha arremetido contra la privatización de las viviendas sociales de la EMVS acusando al Ayuntamiento de “incompetencia y malas artes” en la venta de estas 1.800 viviendas.
Por otra parte, y de forma simultánea, conviene saber que la plantilla de le EMVS está amenazada con un ERE que afecta al 90% de los y las trabajadoras.
Como resultado de esta situación, y aunque parezca paradójico, la mayoría de los desahucios en los que está trabajando actualmente la PAH Madrid son de vivienda social. Estos desahucios se caracterizan por dos elementos: 1) la deuda que tienen las familias con la EMVS se reduce a mensualidades y, 2) en varios casos, los y las afectadas han tratado de pagar esta deuda, pero la EMVS no lo ha aceptado, o incluso ha llevado a cabo el desahucio, a pesar de que el inquilino había pagado su deuda. Este tipo de desahucios tienen un propósito muy claro: vaciar las viviendas sociales de la EMVS para facilitar su venta a empresas privadas.
Tal ha sido el crecimiento de los desahucios de vivienda social que, desde la PAH, se ha creado otro colectivo llamado Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social que se encarga de dar un mayor seguimiento a este fenómeno.
Estos desahucios de vivienda social han llegado a ser tan injustos, que han tratado de desahuciar a mujeres víctimas de violencia de género, ancianos sin otra solución habitacional o simplemente jóvenes que necesitan esta intervención social para emanciparse. Sectores sociales desfavorecidos, a los que debería estar dirigida la actuación de la EMVS, pero en un sentido radicalmente distinto al actual.
Ya sabemos que la situación de la vivienda en este país es terrible, pero la vuelta de tuerca que se está produciendo con los desahucios sociales es, simplemente, inasumible. Una constante vulneración de los derechos humanos, con dinero público. No podemos permitirlo.
* Ingeniero y Activista de la PAH Madrid
* Público - Opinión - 23.9.13
Foto: Desahucio, concentración Madrid - elpais
'Caso Malaya' : «Es una pena; a la vista de las condenas, igual les ha compensado»
Santiago Torres, exjuez de la Audiencia Nacional, fue el primero que logró frenar los abusos de Jesús Gil en 1998. Su paso por Marbella le causó 3 infartos y 6 anginas de pecho. Ahora se ha retirado de la profesión, pero considera las condenas de la resolución judicial "cortas" y un punto y seguido en la lucha contra la corrupción urbanística que se desató. A continuación una breve entrevista.
"SUR* : – ¿Qué opina del fallo?... Me parece un punto y seguido en la lucha contra la corrupción que se desató en una época en Marbella. Deja una serie de cuestiones en el aire. La primera y más llamativa, las absoluciones en el entramado empresarial y de blanqueo que había servido de soporte a ese sistema de corrupción generalizada al que hace referencia la sentencia. Y eso es llamativo porque ha quedado impune todo el aparato que permite obtener beneficios de los sobornos a funcionarios, que es el blanqueo. La segunda, la liviandad de las penas impuestas a los condenados. Marbella tiene todavía pendiente esclarecer todo el entramado económico que había detrás de la corrupción del ayuntamiento gilista y postgilista... ‘Malaya’ es la punta del iceberg.
– ¿Le parecen cortas las condenas?
Me parece una condena corta. Los dos años de cárcel a Julián Muñoz o los seis que se le han impuesto a Marisol Yagüe parecen penas menores para un entramado continuado de corrupción generalizada. Y llama la atención también la condena a Roca mediando confesión del mismo. Aun así, la sentencia tiene unos efectos muy saludables y beneficiosos como es poner punto y final a una era, pero me da pena que, a la vista de las condenas, igual les ha compensado. Alguien no ha hecho bien su trabajo, y parece ser que las defensas han estado por encima de las acusaciones. Significa que ha habido 43 ciudadanos expuestos a un proceso judicial cuando resulta que no había pruebas para condenarles. Lo que plantea dudas es por qué el gran trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que han realizado una investigación muy complicada, no se ha transformado en todos los casos pruebas válidas para el juicio. Los policías hicieron una labor exquisita.
– ¿Piensa que las penas habrían sido distintas si el caso se hubiera juzgado años antes?
No creo que hubiese cambiado el resultado del fallo de haberse producido en otra época, pero sí pienso que las condenas hubiesen sido más duras en la Audiencia Nacional.
– ¿Qué mensaje se traslada a la sociedad con estas condenas?
Hay que repensarse si nuestra Justicia sirve para dar respuesta a problemas como el de la corrupción. Primero por la tardanza, ya que han transcurrido siete años, y segundo por la liviandad de las penas.
– ¿Cree que este tipo de sentencias son disuasorias?
En absoluto. Las condenas que se han producido y el hecho de que la sentencia no alcance al entramado económico de la corrupción permite pensar en la impunidad de determinados comportamientos que están en la base de esta situación.
– Muchos ciudadanos han mostrado su indignación por las penas impuestas...
¡Qué quiere que le diga, si yo me sentí más solo que un comando tras las filas enemigas! [ríe]. Ahora todo el mundo se apunta al carro, pero esto venía de mucho antes, no era algo secreto. Seguramente, si una parte de la sociedad marbellí hubiera actuado de otra manera, no se habría llegado a esta situación. Pero sería injusto decir que todo el mundo actuó así. Hubo voces que se alzaron, y que fueron silenciadas. Algunos lo pasaron muy mal cuando denunciaron lo que estaba pasando.
–Las acusaciones de blanqueo se han saldado con más absoluciones que condenas. ¿Cree que hay armas legales para combatir este delito?
Hay que tener en cuenta que ha habido dos reformas y se han agravado sustancialmente las penas. El problema radica en que las herramientas judiciales son muy poco útiles para investigar delitos telemáticos. Los defectos organizativos de la Justicia española, que es de la época de la diligencia, de 1.882, no son eficaces para perseguir delitos de la era de las telecomunicaciones. Eso no ocurre en Estados Unidos, Alemania o Inglaterra, que sí que han depurado los casos de corrupción allí planteados.
– ¿Qué ha supuesto Juan Antonio Roca para Marbella?
Roca era el organizador en la sombra de los aprovechamientos urbanísticos ilícitos en los que se basaba la corrupción, según ha resultado de diversas resoluciones judiciales. Ha supuesto la saturación de la calidad urbanística de Marbella y la eliminación de desarrollos urbanos públicos.
* Sur - HÉCTOR BARBOTTA |JUAN CANO - 6.10.13
Foto: Marbella, arco entrada símbolo del gilismo - laopiniondemalaga.es
Las claves de la sentencia del 'caso Malaya'
Todavía continúan las críticas por la débil sentencia del Tribunal 'malayo', en cuanto a dejar libres a numerosos reconocidos implicados, y a las penas mínimas impuestas a los máximos capos del saqueo en Marbella. La importancia de este caso, que fue uno de los primeros y más graves en sacar a la luz la corrupción urbanística generalizada en este país, hace que se vuelva a incidir en la falta de ejemplaridad de una sentencia que debería ser revisada por instancias judiciales superiores. Algo difícil que suceda, nos tememos.
"SUR* : Una descripción de hechos gravísimos, condenas mínimas y casi la mitad del banquillo absuelto. La sentencia del 'caso Malaya' se mueve en una aparente contradicción que se explica en algunos aspectos clave: la validación de las pruebas sobre la estructura de corrupción montada por Roca; los convenios en los que el Tribunal consideró que no había pruebas suficientes para dictar condenas; la aplicación del criterio jurídico de que los aprovechamientos urbanísticos no constituyen caudales públicos y por lo tanto no pueden ser considerados para la acusación de malversación, y la falta de pruebas suficientes en el apartado del blanqueo son las principales causas que explican el fallo.
Red de corrupción
El Tribunal no ha tenido dudas a la hora de considerar que en el Ayuntamiento de Marbella había una situación de corrupción generalizada, donde los concejales del equipo de gobierno habían incurrido en una absoluta dejación de funciones, al ceder el verdadero poder a Juan Antonio Roca, quien los tenía a nómina. La sentencia considera que tanto el entonces asesor de Urbanismo como los ediles se aprovecharon del caos inmobiliario, «en cierto modo propiciado por ellos mismos -dice la sentencia-, para obtener unos beneficios económicos injustos, ilegales y absolutamente reprobables.
La principal prueba en la que se basa esta consideración del tribunal es el conocido como 'Archivo de Maras', la caja B o contabilidad de Roca, una serie de documentos en soporte informático y en papel hallados por la policía durante la operación del 29 de marzo de 2006 y que ha constituido la prueba fundamental de la causa. Constituido por asientos contables en los que se reflejaban pagos y cobros y se señalaba a los aportantes y perceptores con abreviaturas o iniciales, la mayor parte de las personas que allí aparecían negaron durante el juicio que se refirieran a ellos. Sin embargo, el Tribunal da validez a la tesis de la policía, salvo en el caso del empresario Cristóbal Peñarroya, y es en esta convicción en la que está basada la condena contra 15 de los 17 ediles acusados, así como contra el exjefe de la Policía Local, Rafael del Pozo. Pero en la propia consideración de que los concejales estaban 'en nómina' de Roca y no que recibían sobres puntualmente para aprobar resoluciones concretas ha aparecido el resquicio para que se saldara con penas mínimas.
En la sentencia, la Sala destaca las «imputaciones ambiguas» por parte de las acusaciones, ya que en algunos casos se atribuyó a empresarios y concejales cohechos para actos delictivos y en otros, para actos injustos. Según el tribunal, no se pudo vincular cada entrega de dinero con un acto concreto de los concejales, que para los jueces estaban en nómina. «Guste o no guste, eso es lo que realmente ha constatado el Tribunal tras casi dos años de juicio», sostiene la sentencia. «Reconocida la existencia de cierta ambigüedad en la acusaciones y la falta de especificación de actos atribuidos a cada dádiva, tales circunstancias no pueden perjudicar al reo», indican los magistrados, por lo que se opta por lo que lo que se aplica la calificación más favorable, la de «cohechos para actos injustos no realizados», cuya pena privativa de libertad está comprendida entre 1 y 2 años de prisión. Dentro de ese tipo delictivo, se aplica la pena más grave: dos años de prisión.
Roca, 11 años y no 30
Uno de los aspectos que más ha llamado la atención en la sentencia es la condena de 11 años impuesta a Juan Antonio Roca, para quien el fiscal había solicitado 30 años de prisión. La explicación de este desajuste está en el número de delitos por los que Roca ha sido finalmente condenado. Además de las referidas a sendos delitos continuados de cohecho pasivo y blanqueo de capitales, sobre Roca pesaban diferentes imputaciones en relación a ocho operaciones urbanísticas, cinco convenios y la concesión de licencias por silencio administrativo, y es ahí donde la acusación flaqueó. Sólo fue condenado en cuatro de estos 14 apartados. En algunos casos, porque aunque existen «serias y fundadas sospechas», admite la sentencia en varias ocasiones, de que Roca participó en los hechos imputados, la Sala no llega a la convicción necesaria para condenarlo. En otras, señala que las acusaciones no han precisado con claridad en qué hechos basan sus acusaciones o no han sido «lo precisas, tajantes y concluyentes para consignar los hechos concretos que a su juicio eran ilícitos».
Debido a circunstancias de este tipo, el principal acusado resultó absuelto en ocho acusaciones de malversación, siete de fraude, cuatro de tráfico de influencias, dos contra la Hacienda Pública, dos de apropiación indebida y una de prevaricación.
En ese sentido, la sentencia dedica un crítica nada velada, tanto a la acusación pública como a las particulares del Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, en cuyos escritos de acusación encuentra «una cierta ambigüedad y falta de precisión tanto a la hora de exponer los hechos que consideran delictivos, como a la hora de su calificación jurídica, y a la hora de fijar el nexo causal entre hechos y delitos, lo que indudablemente ha exigido un mayor esfuerzo a las defensas e incluso al propio Tribunal a la hora de dictar sentencia».
Según la Sala, «han existido calificaciones difíciles de encajar como las relativas a la malversación de caudales públicos referidas a permuta de bienes inmuebles, o apropiación indebida de bienes inmuebles».
No obstante, los magistrados resaltan que esas consideraciones no deben ser entendidas como críticas, sino «como reflejo de la realidad que impone la existencia de macroprocesos como el aquí enjuiciado».
Casi la mitad, absueltos
Hay una gran cantidad de acusados que resultaron absueltos: un total de 43 sobre los 95 que se sentaron en el banquillo, aunque dos de ellos lo fueron por fallecimiento y nueve, por la retirada de los cargos por parte de las acusaciones. Hubo también tres absoluciones por prescripción en casos de cohecho.
Del resto, destaca que 26 absoluciones se dictaron por presunción de inocencia aplicando el principio de 'in dubio pro reo', y la mayoría de éstas corresponden a personas juzgadas en el bloque de blanqueo. En la mayoría de estos casos, el Tribunal deja constancia de sus sospechas de que los acusados colaboraron con Roca en el lavado de dinero, pero sin contar con elementos de convicción suficientes como para condenarlos.
Críticas a las detenciones
La sentencia hace suya una de las tesis más repetidas por las defensas para referirse a la forma en que se realizaron las detenciones, y aunque reconoce que fue necesario practicar un número importante en un periodo extraordinariamente corto de días a fin de evitar fugas y destrucción de pruebas, «no se ajustaron a los patrones habituales propios de estos actos procesales».
Entre las críticas, la sentencia censura que se dictaran autos de detención «estereotipados», que hubiese detenciones «excesivamente mediáticas» con medios de cámaras de televisión «retransmitiendo en directo el momento de la detención», así como la a juicio del Tribunal innecesaria «espectacularidad con que se realizaron algunas detenciones.
Sin embargo, a la hora de trasladar estas cuestiones al fallo y aplicar atenuantes a las penas , la sentencia solo toma en cuenta aquellos casos en los que considera insuficiente el auto acordando la detención, y sobre todo la transgresión del límite constitucional de la detención judicial, fijado en 72 horas, «y que con respecto a algunos procesados concretos se ha sobrepasado injustificadamente».
Por ello, diez de los condenados recibieron penas atenuadas. Se trata de los cinco miembros de la red de blanqueo - Manuel Sánchez Zubizarreta, Francisco Soriano Zurita, Óscar Benavente, Montserrat Corulla y Salvador Gardoqui-, los empresarios condenados por cohecho Rafael Gómez, José Ávila Rojas y Fidel San Román, el directivo de Aifos Francisco García Lebrón y el concejal José Jaén, que recibió una pena de un año y medio, y no de dos como los otros ediles condenados solo por cohecho pasivo.
* Sur - J.CANO / H.BARBOTTA - 6.10.13
Foto: Marbella, juicio Malaya - EP
