Los delitos contra el Patrimonio histórico artístico son, lamentablemente, muy frecuentes en todo el país, pero que lo haga también un ayuntamiento como el de Madrid es algo que clama al cielo. Así ocurre con el céntrico Palacio de Sueca que, después de ser expropiado, fue abandonado ilegalmente a su suerte ruinosa, con una intención claramente especulativa.
"ELPAÍS* : Probablemente la investigación judicial sobre la ruina y derribo del palacio de la Duquesa de Sueca, un edificio del centro de la capital que goza de la máxima protección histórico-artística, no conduzca a una emocionante historia de novela negra, porque nace de la confesión del autor del crimen: el Ayuntamiento de Madrid. Tras expropiar el inmueble en 1998, el gobierno municipal, dirigido por José María Álvarez del Manzano (1991-2003), Alberto Ruiz-Gallardón (2003-2011) y Ana Botella (los tres, del Partido Popular), descuidó su obligación legal de conservarlo, tal y como reconoce en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS".
El total abandono sufrido durante los últimos 15 años llevó al Área de Urbanismo a decretar en abril su ruina, y a ordenar su inmediato derribo por el riesgo que supone para viandantes y bloques vecinos, entre ellos el patio de un colegio.
A partir de la información desvelada por este diario, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, ha abierto una investigación cuya primera consecuencia ha sido la paralización del derribo. La Fiscalía concluye que “existen indicios racionales de que los daños sufridos lo han sido como consecuencia de una falta de conservación y de mantenimiento flagrante”.
Tras la apertura de la investigación, la Guardia Civil se hizo con el citado informe de Urbanismo; comprobó los daños sufridos por el inmueble; tomó declaración a técnicos municipales; y recabó el testimonio de la directora del instituto público San Isidro, cuyas instalaciones están amenazadas por el posible derrumbe del palacio, hasta el punto de que un patio del centro se encuentra vallado para evitar que los niños puedan resultar heridos.
La Fiscalía comprobó que el Ayuntamiento tuvo que apuntalar el edificio en 1988, cuando aún era de propiedad privada. Diez años después, en 1998, se detectó que los daños se habían agravado, y se adoptaron nuevas medidas de seguridad. Ese mismo año, el Ayuntamiento expropió el inmueble. Sin embargo, en su inspección de abril, Urbanismo constató que desde entonces “no se ha acometido ninguna reparación”, y “la estabilización del edificio corresponde a intervenciones de carácter provisional con más de 15 años de antigüedad, sin que haya mediado desde entonces ninguna revisión de dichas medidas de seguridad”.
La actuación de Urbanismo se debió a la denuncia del instituto, que temía que el palacio se le cayera a los niños encima. Cabe destacar que el abandono no se puede imputar a Urbanismo, sino al área municipal de Hacienda, de quien depende el edificio.
A partir de estos hechos, la Fiscalía ha abierto diligencias informativas, y el Ayuntamiento ha paralizado por ahora el derribo.
El propio Consistorio había admitido ya su culpa en su informe de abril: “El deterioro y agravamiento de los daños existentes en la finca son fruto del total abandono en el que se encuentra la edificación. El incumplimiento del deber de conservación implica, además de los problemas de seguridad derivados, un incumplimiento en el deber de protección del Patrimonio Histórico”.
Urbanismo recordaba que la Ley regional del Suelo obliga a los propietarios de un edificio a “mantenerlo en condiciones de seguridad, salubridad, ornato público y decoro, realizando los trabajos y obras precisas para conservarlos o rehabilitarlo”. Así mismo, la Ley regional de Protección del Patrimonio dicta: “Los propietarios de bienes integrantes del Patrimonio Histórico están obligados a conservarlos, mantenerlos, custodiarlos, cuidarlos y protegerlos debidamente para asegurar su integridad y evitar su pérdida, destrucción o deterioro”.
El portavoz de IU, Ángel Pérez, pidió explicaciones al PP por este asunto: “¿Cómo se puede llegar a tanta desidia e irresponsabilidad como para permitir dilapidar de esta manera el patrimonio histórico de la ciudad?”. “No se hace lo que se promete ni se cuida lo que se tiene”, añadió, en referencia al compromiso de Gallardón de convertir el palacio en viviendas de alquiler para jóvenes, y de instalar allí una biblioteca o una escuela de música. El portavoz de UPyD, David Ortega, se mostró preocupado por la falta de seguridad que supone el estado actual del inmueble, llamó la atención sobre el “descuido del patrimonio” e inquirió al Ayuntamiento por “el coste de este desastre para los madrileños”.
15 años de negligencia municipal
El palacio de la Duquesa de Sueca se alza en el número 2 de la plaza del Duque de Alba, data del año 1850, tiene 7.200 metros cuadrados de superficie, y fue expropiado en 1998 por el entonces alcalde, José María Álvarez del Manzano (PP), para convertirlo en sede de la Concejalía de Asuntos Sociales.
Alberto Ruiz-Gallardón (PP) aparcó ese proyecto tras ganar las elecciones municipales de 2003, y encargó al arquitecto portugués Álvaro de Siza que rehabilitara el inmueble para albergar 205 pisos de alquiler para jóvenes. En la planta baja se iba a ubicar una escuela infantil o de música, o una biblioteca. El proyecto costaría 12,5 millones y concluiría en 2006.
El alto grado de protección del edificio (el máximo posible) rebajó el proyecto a tan solo 60 viviendas. Además, el uso del suelo, dotacional, llevó a Gallardón a retorcer el lenguaje para convertir esos pisos en “alojamientos municipales”.
En 2007, cuando el proyecto ni siquiera había comenzado precisamente por los trámites urbanísticos para cambiar el uso del suelo, un juez dio la razón a la constructora a la que se le había expropiado el edificio, y dictó que se le devolviera, puesto que el Ayuntamiento dijo que lo iba a usar para dotaciones y estaba haciendo pisos. Ambas partes mantienen ahora un litigio judicial para acordar el precio de reversión. El Ayuntamiento espera compensar con ese dinero no sólo el coste de la expropiación (4,4 millones de euros en 1998), sino también el gasto en vigilancia para evitar okupas (470.000 euros).
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 5 JUN 2013
Foto: El palacio de la duquesa de Sueca, en la calle Duque de Alba. / SAMUEL SÁNCHEZ
Madrid.- La Fiscalía investiga la ruina del palacio de Sueca y paraliza su derribo
Alicante.- Stop al plan Rabasa: La lucha ha merecido la pena
El Plan Rabasa de Alicante fue finalmente anulado por la justicia que encontró numerosas irregularidades en la contratación y adjudicación a dedo al empresario 'amigo' Ortiz, que en la ciudad, bajo el mandato de los alcaldes del PP Alperi y Castedo, era algo así como el jefe de Urbanismo. Aquí tenemos el testimonio de un ciudadano.
"MANUEL ALCARAZ RAMOS* : Ya hay sentencias que anulan el Plan Rabasa. Y faltan más, incluida la de la PIC. Cuando hace 8 años varios ciudadanos nos levantamos contra el Plan lo hicimos con un manifiesto titulado: "Por la dignidad de Alicante, no al Plan Rabasa". Eso molesto a algunos. Peor para ellos. Pero estaba claro lo que queríamos decir: en una ciudad a la que se le robaba futuro con decisiones urbanísticas destructivas y en la que una trama se repartía los despojos, el Plan Rabasa era la línea roja: resumen de toda la irracionalidad de una época puesta al servicio de un personaje y de sus monaguillos municipales, destruía la posibilidad de diseñar un Alicante practicable con desequilibrios poblacionales, desastre medioambiental, carencias dotacionales y problemas de comunicación.
Pero el Plan Rabasa, sobre todo, siempre fue la historia de una mentira. Porque las élites de codicia ilimitada vendieron el producto como la solución al problema de la vivienda y al paro. Nunca hubo tal, pero demostrarlo era tarea casi imposible. Fuimos atacados, presionados y amenazados, bloqueados con campañas de publicidad e insultados. Y eso que empezamos siendo muy pocos: los que queríamos que cuando se escribiera la historia de Alicante nuestros nombres constaran a pie de página como los que no nos resignamos. Por eso la lucha contra el Plan Rabasa fue, ante todo, una lucha por la ética, por introducir otros valores en el horizonte ciudadano; una lucha pedagógica por convencer a la mayoría de nuestras razones alternativas. Creo que eso lo conseguimos, sobre todo cuando la troika de la que hay que rescatar Alicante -Alperi, Castedo, Ortiz- fue retratándose con perfiles más fuertes y sus voces quedaron indeleblemente grabadas en registros policiales. Quedaba la nulidad jurídica: sin ese clima ciudadano no se hubiera conseguido. Pero aquí esta. Hemos ganado. Y otros han perdido. Un minuto de respiro y de alegría se nos puede permitir.
Sobre todo porque era importante que la victoria fuera un hecho tangible. Que el Plan Rabasa, como gran maniobra especulativa, no se iba a completar era algo que sabíamos, pues lo importante era que unos políticos que desprecian a la ciudad confiaran a un empresario que la hace sangrar el control de suelo suficiente para condicionar el mañana. Por eso la sentencia es esencial: castiga los errores, describe la incuria e impericia de munícipes y empresario, nos enseña hasta qué punto se sintieron impunes, meras máquinas de trasegar fortunas; pero, sobre todo, como aviso imperecedero, sirve para sanciona su insolencia.
Pero ya vuelven a las andadas, ya regresan al engaño y a hablar de Ikea y a decir -nuestra todavía alcaldesa- que son "problemas formales" -¿y qué otra cosa se iba a dilucidar en un contencioso?-. Tiempo habrá de analizar la letra pequeña, pero valgan unas palabras contra las nuevas mentiras. ¿Empequeñecer el asunto? El Plan Rabasa figura en el PGOU paralizado en la Generalitat como "en ejecución". O sea, que una infinidad de actuaciones previstas en el proyecto han de enlazar con las previsiones del Plan. Desaparecido el Plan, lo que queda es un vacío de 4 millones de metros cuadrados y un desequilibrio insoportable. Ya puede sentarse Castedo a esperar que le aprueben el PGOU en estas condiciones. Y, si lo hacen, ya tendremos tiempo de nuevos recursos y de enredar un poco más bajo las pisadas de las pesquisas judiciales. Lo único decente es retirar el PGOU.
No me opongo a Ikea, e incluso creo que podría ponerse en territorio del extinto Plan Rabasa. Pero hay varios problemas. El primero es que Ikea no consta en el Plan Rabasa: mentira sobre mentira, Castedo se esfuerza en ligar la caída del Plan con su juguete sueco, cometiendo, otra vez, la obscenidad de traer a su pantomima la necesidad de empleo. Ikea apareció sólo a los pocos días de que la Generalitat aprobara definitivamente el Plan, aunque ahora sabemos que algunos estaban ya al tanto de la maniobra. Se trataba de multiplicar las ganancias de Ortiz, ese no amigo de Alperi y Castedo. Por lo tanto las sentencias no aluden a Ikea. El segundo es que Ikea es Ikea y dos megacentros comerciales que arrasarían los precarios equilibrios comerciales y, quizá, acabaran por provocar más paro. El inconveniente es que nunca el PP ha querido abordar esa cuestión en conjunto, porque lo importante de verdad era su ubicación en el Plan Rabasa. El tercero es que, pese a los desaforados esfuerzos del Ayuntamiento, la sentencia ha llegado antes de que las instancias implicadas den solución al gran problema de los accesos y el tráfico. Y sobre eso Castedo sigue callando. Así que avisan de un posible Plan B. Muy bien. Avanzo posibilidades jurídicas de Plan B: la tramitación de una Declaración de Interés Comunitario o de una Actuación Territorial Estratégica. Pero hay una complicación: ha de aprobarlas la Generalitat. ¿Va a aprobar Fabra esto cuando el Brugal escruta a Castedo, Alperi y Ortiz sobre el Plan Rabasa?, ¿cuando cada piedra de Rabasa es sospechosa de haber cometido delito? Que la Generalitat moviera esta pieza sería tanto como amnistiar a priori a cohechadores y prevaricadores. Están los tiempos para eso. Y lo que Fabra quiere es que Castedo y Alperi se vayan. O sea, que si hay unos culpables de que Ikea no se construya, por su empecinamiento en llevarlo a Rabasa, son Ortiz, Alperi y Castedo. El círculo se cierra.
Puestas así las cosas sólo cabe preguntarse: ¿qué va a ser de la gran pieza territorial del anulado Plan? Como no hay ningún cartel que diga "Reservado a Ortiz", deberíamos empezar a hablar en serio del asunto. Y, más cerca, lo dicho: hemos ganado. El PP ha sufrido su mayor derrota desde que gobierna y hunde esta ciudad. Sus aliados se han reducido un poco más y sus vergüenzas se quedan al aire. Castedo y Alperi deberían dimitir. No insistiré, ¿para qué? Crepusculares, Rabasa es el Waterloo de su poder. Ahora pueden lamentarse, tratar apenas de justificarse. Allá ellos si quieren sumar a su cobardía el ridículo. La dignidad de la mayoría está salvada. La lucha ha merecido la pena.
* Información - Opinión - 2.6.13
Foto: Alicante, cartel protesta en Rabasa - laverdad.es
Madrid.- La empresa que hizo el informe de Metrosur realizó parte de la obra
Esto es lo que ha pasado con muchas grandes infraestructuras realizadas en los últimos años. Este caso de Metrosur en Madrid es paradigmático de la tremenda corrupción urbanística: la misma empresa 'amiga' que hacía los informes técnicos, luego era premiada con la adjudicación de las obras que ella misma aconsejaba. Es decir, era juez y parte en la trama mafiosa.
"ELPAÍS* : Las obras que la Consejería de Transportes efectuó el verano pasado en Metrosur —línea que fue cortada durante mes y medio— eran imprescindibles por la posible “rotura súbita” de la plataforma por la que transcurren los trenes y por el “grave riesgo de daños materiales y personales”. Esto era lo que indicaba el informe encargado a una auditora externa por Metro y Transportes. Pero la empresa que alertaba de la necesidad urgente de la obra, Geocisa, resultó luego adjudicataria de parte del trabajo requerido. Se encargó de consolidar el terreno en uno de los tramos, por 2,2 millones de euros, un 17,3% del presupuesto total del proyecto.
Metrosur, la línea 12 que conecta los municipios del sur de la región, sufrió un corte en dos tramos. La versión oficial de la Consejería de Transportes e Infraestructuras fue que se trataba de un trabajo de “mantenimiento” habitual para el que se aprovechó el verano para “molestar lo menos posible” a los vecinos, según señaló entonces el consejero, Pablo Cavero. Días antes de que se produjera el corte, Izquierda Unida denunció que se habían previsto unas obras por temas de seguridad, un extremo que Transportes negó entonces.
Según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS, la consejería contrató la obra por la vía de emergencia, un procedimiento reservado a “situaciones que supongan grave peligro”, según la normativa sobre contratos del sector público, y que es el modelo que permite tramitar con más velocidad y menos controles. Transportes justificó esa necesidad imperiosa con un informe de la Unidad de Seguimiento, Auscultación y Control (USAC), una Unión Temporal de Empresas formada por tres empresas: Europea de Ingeniería y Servicios, SA; Ingerop T3 SA y Geocisa. Esta última fue una de las adjudicatarias de la obra.
La Dirección General de Infraestructuras, dependiente de la consejería, contrató entonces a tres empresas para la reparación de la plataforma de vía y otras tres para la consolidación de los terrenos. Una séptima sociedad fue contratada como responsable de la vigilancia de las obras, organizadas en turnos de 24 horas al día durante siete días a la semana, y en las que falleció un trabajador. El presupuesto total ascendió a 12,7 millones de euros, la mitad de la partida anual destinada a la mejora de infraestructuras ferroviarias de la Consejería de Transportes.
La consultora USAC inició una inspección en Metrosur el 22 de mayo de 2012 “a petición conjunta de la Dirección General de Infraestructuras y de Metro de Madrid”, según consta en el propio informe. Todos los trabajos de inspección terminaron el 20 de junio y Metro recibió el documento el día 26. El corte se produjo el 17 de julio. El informe alerta de la “posible rotura súbita de la plataforma de la vía” en los tramos que luego se cortaron. Transportes se basó en este estudio para elaborar el documento con el que justificó la contratación por procedimiento de emergencia de las obras, en el que señalaba el “elevado riesgo de descarrilamiento” de los trenes si no se iniciaban los trabajos de forma inmediata.
Las empresas que participan en los documentos preparatorios de un contrato “no podrán concurrir a las licitación” en contratos con las Administraciones públicas “siempre que dicha participación pueda provocar restricciones a la libre concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadas”, según el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Un portavoz de Transportes señaló ayer que “no se incumple la normativa” y alegó distintos motivos. En primer lugar, la USAC tiene un contrato con Metro desde el 21 de mayo de 2012 y quien contrata es la Dirección General de Infraestructuras, “con una personalidad jurídica distinta”, según el portavoz, si bien la propia consultora señala en su informe que el encargo provino de ambos organismos y tenía un contrato con Transportes hasta un día antes de iniciar la inspección, el 21 de mayo.
El citado portavoz añade que solicitaron cinco ofertas para ese tramo “como mecanismo adicional de garantía”, aunque el mecanismo de emergencia “permite contratar libremente”. Geocisa, que declinó hacer declaraciones a este periódico, ofreció la tarifa más económica. La misma empresa se postuló para otro tramo en el que la adjudicataria ofreció un presupuesto de 1,63 millones y Geocisa de 1,59, aunque no resultó elegida.
* El País - PILAR ÁLVAREZ / JOSÉ MARCOS - 4.6.13
Foto: El Metrosur, a su paso por Fuenlabrada. / CLAUDIO ÁLVAREZ
El alcalde de Baltar (Ourense) autoriza obras sin licencia a la constructora de su socio
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Otro caso más de evidente corrupción urbanística. Este alcalde empresario 'popular' está ya procesado por otro asunto y ahora sale a la luz este nuevo caso en el que se adjudicaba obras sin licencia a sí mismo, a través de su socio en el turbio negocio de la construcción. Parece que la Diputación ourensana está plagada de alcaldes como éste, que cierran filas tras su jefe 'popular', el también denunciado J.M.Baltar.
"ELPAÍS* : La actividad promotora de José A.Feijóo (alcalde del PP del Ayuntamiento ourensano de Baltar procesado por supuestas amenazas y coacciones a candidatos del PSOE de su municipio) choca con su gestión al frente de la institución local. Feijóo, vinculado a seis empresas constructoras con sede en la comarca de A Limia a la que pertenece el municipio que preside, comparte socios con una adjudicataria de obra pública de su propio Ayuntamiento. El alcalde tiene, además, varias empresas en común con otro promotor que ejecuta obras para particulares y que ha reconstruido una casa sin licencia en una localidad del municipio, Meaus, cuyo suelo está calificado como rústico.
La vivienda que el socio del alcalde levantó sobre la ruina de una planta baja sin los permisos oportunos está en el radio de acción de un crucero catalogado.
Meaus es, además, uno de los tres pueblos que conforman el Couto Mixto, zona fronteriza con Portugal de singulares características catalogada como enclave histórico-cultural por el Congreso de los Diputados y el Parlamento gallego. El planeamiento urbanístico que está redactando el Ayuntamiento de Baltar y que sustituirá a las normas subsidiarias de 1991 por las que se rige ahora, incluirá la protección específica de las tres localidades del Couto Mixto, entre las que se encuentra Meaus. José Antonio Feijóo ha mirado hacia otro lado mientras una de las empresas de su socio Francisco Andrade reconvertía unas ruinas de planta baja en una vivienda de bajo y dos alturas en Meaus. “No nos consta que haya hecho ahí ninguna obra significativa”, disculpa el alcalde en declaraciones a este diario la intervención en esa zona en la que no se puede edificar. “Sé que se hacen algunas chapuzas, arreglos, esas cosas propias de los pueblos”, justifica el regidor. Feijóo no es capaz de precisar si es necesaria licencia municipal para esas actuaciones. “Tratándose de obras menores, yo creo que no hace falta licencia”, señala y resta importancia a la intervención de su asociado apuntando que “se han hecho varias casas por ahí”.
El alcalde de Baltar se refiere a Andrade como “un señor que creo que tiene una constructora en Calvos de Randín”, ayuntamiento limítrofe. Pero Feijóo y Andrade están asociados en al menos dos empresas: Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, y Promociones Terra da Limia, SL. Ambas carecen de empleados aunque obtienen beneficios. La primera cerró el ejercicio de 2010 con un activo de 611.929,16 euros y un patrimonio neto de 296.970,71 euros. La segunda, con un activo total de 6,6 millones de euros. Las dos constructoras, que comparten domicilio social, fueron constituidas con menos de 4.000 euros de capital.
A quien sí asegura conocer el alcalde es al dueño de Construcciones Rodríguez, una de las empresas que ejecuta obra municipial en Baltar. “Sí, a Ángel Rodríguez lo conozco, aunque apenas hace obra pública aquí”, resuelve el alcalde. Pero el empresario, que comparte socios con el regidor de Baltar en algunas promotoras, ha construido el colegio de Educación Primaria del ayuntamiento y ha sido beneficiado con la adjudicación de la carretera Baltar-Xinzo que financia la Diputación. El alcalde-promotor del Ayuntamiento de Baltar está inmerso en un conglomerado empresarial de tal calibre en la comarca de A Limia que no solo comparte socios con los promotores a los que adjudica obras, sino también sede social.
Inversiones Inmobiliarias Xinzo, SL, integrada por José Antonio Feijóo, Francisco Andrade Quelle, José Rodríguez García y José Antonio Carrasco, tiene el mismo domicilio social, el número 6-B de la calle San Sebastián, que Promociones Val do Salas, la inmobiliaria de la que fue administrador Rudesindo Alvar Mayo, el socio en varias inmobiliarias del empresario que ejecuta ahora obra pública en el municipio. La actividad constructora es una de las características de Feijóo. Él fue uno de los alcaldes que contrató obras a la empresa del exalcalde de Os Blancos José Antonio Rodríguez Ferreiro (autoproclamado devoto “de Dios, la Virgen y Baltar”, por el expresidente de la Diputación ourensana) cuando este iba ya a ingresar en la cárcel condenado a cinco años y tres meses por un delito de malversación (se había llevado 200.000 euros de las arcas municipales). Feijóo le echó entonces un capote y permitió que la empresa del condenado realizara, mediante subcontrata, la obra del pabellón polideportivo de Baltar.
Un procesado para la ‘marca Ourense’
José Antonio Feijóo preside el Ayuntamiento de Baltar con un pie en el juzgado (la vista de su procesamiento por amenazar y acosar a militantes del PSOE está fijada para el 7 de octubre) y el otro fuera del PP, partido en el que causó baja a marchas forzadas tras su procesamiento pero al que sigue perteneciendo de facto en el Ayuntamiento y en la Diputación Provincial de Ourense, en donde vota disciplinariamente.
Imputado y procesado, Feijóo se resistió a causar baja en el partido, e incluso encontró respaldo en el presidente provincial, pero la dirección gallega anunció la apertura de un expediente disciplinario contra el regidor, y este anunció entonces que él mismo renunciaba a la militancia. Lo hizo pero, pese a ello, sigue al frente del Ayuntamiento e incluido en el grupo de gobierno de la Diputación. El alcalde-constructor y diputado provincial a quien José Manuel Baltar designó responsable de la promoción y la imagen de la provincia de Ourense, tiene un considerable patrimonio en fincas, inmuebles, vehículos, acciones y sociedades inmobiliarias, según consta en los datos patrimoniales que él mismo hizo públicos. En la demanda por el supuesto acoso y amenazas que sufrieron los candidatos socialistas —y otras personas del pueblo que secundaron la denuncia— en las municipales de 2011, el PSOE atribuye los presuntos delitos por los que será juzgado a su intento por lograr una mayoría suficiente “para conseguir más dinero para él”. Feijóo obtuvo una aplastante mayoría: siete concejales frente a dos.
* El País - CRISTINA HUETE - 5 JUN 2013
Foto: Vivienda en la que, según el alcalde, se ha ejecutado una obra menor. / NACHO GÓMEZ
Alicante.- El TSJCV anula la aprobación del plan Rabasa y su adjudicación al empresario Enrique Ortiz
El macroproyecto del Plan Rabasa en Alicante fue aprobado por el ayuntamiento 'popular' en 2006 y en 2009 recibió el visto bueno de la Consejería de Medio Ambiente. Es decir, estaban todos implicados en esta irregular actuación, como finalmente ha sancionado la justicia, que demuestra que se vulneró la ley de contratación pública para otorgar a dedo, al conocido, por sus ilegalidades, empresario E.Ortiz... Más corrupción imposible.
"EUROPAPRESS* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación provisional de plan parcial de Rabasa llevada a cabo por el Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006 a una empresa del empresario Enrique Ortiz, imputado en el 'caso Brugal', y deja sin efecto también la posterior aprobación del mismo planeamiento urbanístico concedida por la Generalitat Valenciana en mayo de 2009.
En una sentencia del 30 de abril, que incluye el voto particular de uno de los magistrados que no está de acuerdo con el fallo ni con los razonamientos de la sentencia, la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del tribunal valenciano estima el recurso interpuesto por dos particulares al considerar que se vulneró la Ley de Contratos.
Por ello, ordena anular la resolución del conseller de Medio Ambiente, Agua Urbanismo y Vivienda, que en mayo de 2009 aprobó la Homologación y Plan Parcial del Sector Lagunas de Rabasa de Alicante.
Además, deja sin efecto el acuerdo adoptado por el pleno del Ayuntamiento de Alicante en junio de 2006, por el cual se aprobó provisionalmente la homologación, el plan parcial y PAI de la U.E. única del sector Rabasa, en cuanto la adjudicación al agente urbanizador, la mercantil Viviendas Sociales del Mediterráneo S.L., propiedad del empresario Enrique Ortiz.
En la demanda presentada en 2009, los dos particulares mantenían que esta actuación urbanística "sólo perseguía el enriquecimiento y beneficio propio del urbanizador, en perjuicio de los propietarios" y para ello "se servía de instituciones públicas, con fines contrarios al interés público".
Los demandantes, además, consideraban que la mercantil adjudicataria del PAI, Viviendas Sociales del Mediterráneo, no se había ajustado a la ley de Contratos, dado que no reunía los requisitos legales para ser agente urbanizador, ni había constancia de que estuviera debidamente calificada para contratar con la administración y el procedimiento de adjudicación del PAI.
Vulneración de la ley de contratos
Ahora, el TSJCV estima su recurso y accede a anular el acuerdo plenario del consistorio al considerar que sí se vulneró la ley de contratos por falta de publicidad del instrumento de adjudicación en el ámbito europeo, y que además no quedó acreditada la solvencia económica, técnica y financiera y profesional de la sociedad que resultó adjudicataria del Programa.
En este sentido, la sala entiende que "no se han cumplido los principios de publicidad y libre concurrencia" en la aplicación de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) a la que está sometido esta adjudicación y aún cuando sea de aplicación la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Por otra parte, los demandantes aludían en su recurso a la falta de recursos hídricos y recordaban que el informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) era "desfavorable".
En este sentido, los magistrados sostienen que el plan parcial de Las Lagunas de Rabasa ha sido sometido a sucesivas modificaciones después de 2009, —entre ellas las referidas en el convenio con IKEA Ibérica SAU, aprobado en julio de 2012— por lo que afirman desconocer a día de hoy si el informe favorable relativo al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) incluye también previsiones para esta zona.
En todo caso, puntualiza la sentencia, el plan Rabasa requeriría de un informe "preceptivo y vinculante favorable de la CHJ" sobre esta concreta actuación urbanística, dado que proyecta la recalificación de 3,6 millones de m2 de suelo y la previsión de edificación de 12.503 viviendas.
Por otra parte, la sala rechaza que este plan parcial tal y como mantenían los demandantes, vulnere el principio general del uso sostenible del suelo por ser iniciativa privada tramitada al margen del Plan General.
En este punto, recuerdan que el plan Rabasa está "congelado en el tiempo en junio del 2009 por motivos procesales", y que su calificación anterior era de suelo urbanizable.
En principio, añade la resolución, "no pude apreciarse una imposibilidad legal absoluta y total para que, por medio del instrumento de modificación de un plan parcial, pueda recalificarse suelo no urbanizable en suelo urbanizable y programarse el sector reclasificado, ni con la normativa de la LRAU, ni con la actual LUV".
El tribunal aclara que el recurso presentado no hace referencia a las modificaciones sucesivas de la homologación y del plan parcial, por lo que tampoco cabe su pronunciamiento al respecto.
* 20 Minutos - EP - 30.5.13
Foto: Alicante, terrenos Plan Rabasa - información
El plan de urbanismo de A Estrada fue avalado por la archivera
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Los intereses económicos que hay detrás de los planes de urbanismo quedan retratados en este caso de A Estrada (Pontevedra). Aprovechando las vacaciones del secretario municipal, el alcalde y su corporación aprobaron un controvertido Plan General solo con el aval de la archivera del ayuntamiento, miembro, además, del mismo partido político. Creo que se ve a la legua la intención claramente ilegal del alcalde 'popular'.
"ELPAÍS* : El alcalde de A Estrada y ex diputado autonómico del PP, José López Campos, logró eludir el preceptivo informe del secretario municipal del Ayuntamiento, José Naveira, sobre el Plan General aprovechando sus vacaciones para que ese dictamen lo avalase la archivera municipal, María Jesús Fernández Bascuas, compañera del regidor en el comité local del PP estradense. La documentación que obra en poder de este diario demuestra que el plan para evitar los posibles reparos del secretario titular del Ayuntamiento al documento urbanístico no fue casual.
El 2 de octubre de 2012, el regidor remitió una carta en la que emplazaba al funcionario a solicitar las vacaciones pendientes de aquel ejercicio en menos de 24 horas. El secretario municipal fijó entre el 19 de noviembre y el 12 de diciembre sus días pendientes de disfrutar pero, en vísperas de la aprobación provisional del Plan General, comprometió su “más completa disposición a variar el calendario propuesto”. Previendo lo que podía pasar, el funcionario avisó de que “dada la trascendencia del asunto, lo idóneo es que la aprobación del expediente se produzca actuando como secretario de la Corporación su titular y no ningún otro”. Al no recibir respuesta del alcalde, el funcionario le envió una segunda comunicación recomendando que durante sus vacaciones le sustituyera el jefe del servicio jurídico de Urbanismo en ese Ayuntamiento, la misma persona que otras veces había cubierto sus libranzas. Y justificaba su consejo puesto él mismo debería “retomar” a la vuelta de vacaciones la gestión del plan general.
Ninguna de esas cautelas fue tomada en cuenta por el regidor, que designó como secretaria accidental del Ayuntamiento a una persona de su confianza, la archivera y compañera en la dirección del PP estradense, María Jesús Fernández Bascuas. Fue ella quien dio su bendición al planeamiento urbanístico con un dictamen, firmado el 26 de noviembre, en plenas vacaciones del secretario titular, y la que avaló una por una todas las variaciones introducidas por el gobierno municipal. Pero la víspera de que se celebrase el pleno para aprobar provisionalmente el plan general, el secretario titular presentó un segundo informe que enmendaba el de su sustituta y repleto de reproches al documento del gobierno. El dictamen realizado en solo cinco días por el técnico a su vuelta de vacaciones defendía que la propuesta de planemiento no presta “la mínima atención” a la Lei do Solo de 2010 pese a que la adaptación a esta debía ser “uno de sus principales objetivos”. El dictamen, con fecha de 17 de diciembre de 2012, critica la clasificación de varios terrenos como suelo urbano no consolidado pese a que no estaban urbanizados.
Las salvedades al documento no se paran ahí: el dictamen del secretario también argumenta que los cambios introducidos en el plan desde que este había sido expuesto a información pública, durante el otoño e invierno de 2009 (con el anterior gobierno municipal socialista) obligan a repetir ese trámite para volver a exhibirlo a los vecinos.
Todas esas pegas jurídicas llevaron a la oposición a exigir, en la sesión plenaria del pasado 18 de diciembre, que el polémico plan quedase sobre la mesa. Pero el regidor decidió tirar hacia adelante, su mayoría absoluta lo refrendó y el documento salió camino de la Xunta, que ha empleado los últimos meses en analizarlo. Finalmente, el planeamiento ha obtenido el sí de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, que preside Agustín Hernández, compañero de escaño del alcalde hasta 2011, cuando López Campos dimitió tras vencer en las municipales. El pasado lunes, Hernández anunció que la Xunta da luz verde al polémico ordenamiento urbanístico para llenar un vacío normativo de 35 años y dejar sin validez las vetustas normas subsidiarias de los años setenta.
Desde que estalló el conflicto, el secretario municipal, erigido en enemigo público número uno del alcalde, no ha vuelto a ejercer. Primero se tomó un permiso para casarse y cuando le tocaba reincorporarse presentó una baja laboral. Como sustituta, sigue ejerciendo la archivera del Ayuntamiento, abogada de formación, que ya percibe un complemento por sustituir al técnico titular. Los tres sindicatos con representación en el Ayuntamiento (UGT, CC OO y CIG) han denunciado su situación y la de otros funcionarios que también han asumido tareas que no le competen, señalados por el dedo del alcalde.
Entretanto, la Agrupación Estradense para a Defensa do Rural e do Urbano amenaza con pleitear contra el futuro plan. No será la primera vez: la asociación vecinal ya llevó hasta el final —y con victoria— su pelea por la supresión de una normativa urbanística provisional que acabó tumbando el Tribunal Supremo.
* El País - JOSÉ PRECEDO - 5.6.13
Foto: Vista general del casco urbano de A Estrada. / ÓSCAR CORRAL
El juez cita al alcalde y exalcalde de Benicolet (Valencia) por consentir 60 construcciones sin licencia
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A la Comunidad Valenciana le crecen los corruptos urbanísticos como hongos y, curiosamente, casi todos son del partido popular que parece que gobierna todas las administraciones allí sin ningún reparo ni escrúpulo. Ahora es el caso del municipio de Benicolet donde los dos últimos alcaldes autorizaban construcciones al margen del Plan General de Ordenación.
"LEVANTE* : Al alcalde de Benicolet, Mateo Prats (PP), a su antecesor en el cargo, Antonio Pastor (GIBE), al secretario de la corporación municipal, Enrique Piera Ribera, al concejal de Urbanismo, José Manuel Boscá, y el exregidor de este área, Fernando Climent. El magistrado investiga la construcción de alrededor de 60 edificaciones ilegales en el pueblo cuyas obras podrían haberse ejecutado sin licencia y en suelo no autorizado, según la normativa urbanística.
Se estima que en Benicolet, donde conviven menos de 600 habitantes, hay alrededor de 300 inmuebles que no se adaptan a la legalidad. El proceso judicial parte de la querella presentada por un vecino y empresario de la población ante la proliferación desde hace años de chalés, naves y almacenes ejecutados al margen del PGOU, localizados en suelo agrícola o en parcelas sometidas a algún tipo de protección urbana y paisajística. La parte demandante acusa a los imputados de no actuar mediante la imposición de sanciones y de permitir la consolidación de obras ilegales sin licencia pese a ser conocedores de las irregularidades, dadas las reiteradas denuncias existentes en el ayuntamiento -algunas de la propia Generalitat-.
* Levante - SERGIO GÓMEZ - 4.6.13
Foto: Benicolet (Valencia) - todopueblos
Alcalá.- El Supremo declara ilegal el campo de golf que Aguirre construyó en una finca protegida
La expresidenta de la Comunidad madrileña era especialista en saltarse 'a la torera' las normas urbanísticas. En el caso de los campos de golf fue evidente. Aun se preguntan los madrileños cómo es posible un campo dentro del estadio de Vallehermoso que, con el visto bueno de Gallardón y del actual presidente I.González, se hizo en pleno centro de la ciudad. Ahora vemos otro ejemplo en Alcalá de Henares, en una zona también protegida.
"20MINUTOS* : El Tribunal Supremo ha declarado ilegal el campo de golf de El Encín, el recinto que la Comunidad de Madrid autorizó en la finca protegida del mismo nombre y que integró en el centro de la centro de naturaleza, educación ambiental y ocio Naturalcalá de Alcalá de Henares. Ecologistas en Acción recurrió el proyecto por considerar que en el camino se habían cometido un gran número de irregularidades.
Ahora, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo da la razón al colectivo y anula el acuerdo de septiembre de 2007 del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alcalá.
Este acuerdo, que el Supremo considera "contrario al ordenamiento jurídico", no se sometió al procedimiento de evaluación ambiental estratégica a la que están obligados todos los planes aprobados después del año 2004. En este caso, la modificación puntual se aprobó en 2007 y sirvió para introducir como uso tolerable el Deportivo Grupo III en 150 hectáreas de las 500 que tiene la finca, propiedad de la Comunidad y dedicada a la investigación agrícola.
El cambio era imprescindible para la construcción del campo de golf de 18 hoyos que la propia presidenta regional inauguró el 21 de marzo de 2011. Hasta ese momento, la Ley del Suelo de la Comunidad —que Aguirre también modificó ad hoc para soslayar los informes técnicos y jurídicos— y el PGOU de Alcalá imposibilitaban la operación, ya que los terrenos eran no urbanizables y estaban calificados como de especial protección agropecuaria. Esto los hacía incompatibles con la creación de un campo de golf.
El complejo ni siquiera es de gestión pública, sino que fue adjudicado durante 50 años a la empresa Desprosa S.A., que invirtió 33 millones de euros y esperaba obtener un retorno de 13 millones anuales. Ahora, Ecologistas en Acción exige que se devuelva el uso agrícola de los terrenos y que reviertan a la Comunidad como dominio público.
Macrocomplejo de ocio
El día de su apertura, Aguirre declaró que los poderes públicos tenían "la obligación" de promocionar el golf. "No es ni un deporte caro ni un deporte de viejos. No es cosa de ricos. Eso es un prejuicio y un tópico", zanjó.
El campo de golf que queda en situación de ilegalidad tras la sentencia del Supremo no es el único que estaba proyectado en El Encín. Junto a este iban a levantarse otros dos más (uno de 18 hoyos y otro de 9), cuatro pistas de tenis, 20 pistas de pádel y una escuela deportiva.
* 20 Minutos - ÁNGEL CALLEJA 31.05.2013
Foto: Aguirre jugando al golf - 20minutos
“La ley de Costas es una monstruosa chapuza”
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Otro destacado miembro del sector turístico, Rafael de la Fuente, ataca a esta nueva Ley retrógrada en tantos sentidos, y lo dice desde el conocimiento que da toda una vida dedicada al sector del Turismo en la Costa del Sol, habiendo pasado por toda suerte de situaciones y normativas erróneas. Critica también el urbanismo desaforado que se ha instalado en las costas del país al que viene a abundar esta Ley de Costas salvaje e interesada para los amiguetes de turno.
"ELPAÍS* : Rafael de la Fuente (Málaga, 1941) ha sido testigo privilegiado del desarrollo turístico de la Costa del Sol. Con 15 años entró como botones en el desaparecido hotel Castillo de Santa Clara de Torremolinos, cuando este municipio despuntaba como el destino turístico más importante del Mediterráneo. Autodidacta —aprendió en los libros los seis idiomas en los que se desenvuelve—, en 1964 dirigió la pionera agencia Viajes Málaga en Marbella, que pronto tomaría el relevo a Torremolinos".
Director de cuatro hoteles de cinco estrellas —Los Monteros y Don Carlos, en Marbella; Villamagna, en Madrid y Palm Beach de Maspalomas, en Canarias—, durante 12 años también dirigió la prestigiosa escuela de hostelería de La Cónsula. Bibliófilo y lector empedernido, De la Fuente comparte su dilatada experiencia en el sector en la Convención Europea del Paisaje promovida por el Consejo de Europa. Su autorizada voz clama contra la nueva ley de Costas, que califica como “una monstruosa chapuza”, y advierte de la necesidad de evitar que la especulación destruya “ni un metro cuadrado más de la costa”.
Pregunta. ¿Cómo cree que saldrá el sector turístico de la crisis?
Respuesta. La gran diferencia entre esta crisis y las anteriores es que es la de más calado y no solo ha afectado a España sino al ámbito donde el sector se mueve, básicamente Europa y América del Norte. El problema es que nos coge en un momento de menor fortaleza. Recuerdo la famosa crisis del petróleo y apenas si nos enteramos. Algunos errores del pasado nos siguen pasando factura, pero al mismo tiempo, en la Costa del Sol, y particularmente en Marbella, se mantiene una pujanza admirable. La gran pregunta es cómo estaríamos hoy si las cosas se hubieran hecho mejor. Creo que no se notarían los efectos de la crisis. Lo que se hizo brillantemente permanece y nos da la confianza de que si no cometemos más errores saldremos muy fortalecidos.
P. Hay quien aboga por recuperar los criterios de calidad para ser competitivos con los destinos emergentes del Mediterráneo…
R. El modelo actual es un modelo agotado, erróneo, que nos ha hecho un daño terrible. Por ejemplo, la campaña de promoción que inició el pasado año Croacia está basada en explotar nuestras debilidades y errores. Sacaban todos sus lugares idílicos, vírgenes, con el eslogan El Mediterráneo tal y como siempre debiera haber sido. Países como Croacia, Eslovenia o Montenegro tienen unos patrimonios naturales vírgenes que nosotros ya no tenemos. Pero aquí tenemos otras ventajas. Existe un savoir-faire, un valor añadido de experiencia. Mi recomendación es muy fácil: conservar ferozmente los activos medioambientales, sobre todo en las costas. Ni un metro cuadrado más destruido por la especulación. Y el arma secreta nuestra, además del clima o el paisaje, es el alma andaluza, el factor humano.
P. Se habla de explorar nuevos segmentos turísticos como el sanitario.
R. Es una afirmación excesivamente simplista. Indudablemente, en el segmento de sol y playa hemos desarrollado una capacidad enorme. Sin embargo, en los últimos años hay más oferta que demanda, lo que ha provocado que se bajen los precios, que baje la calidad y eso no es bueno. Ahora hasta hoteles que eran mitos se han visto obligados a entrar en esta dinámica nociva, a incentivar con precios muy bajos, dinámica que afecta a la calidad y al posicionamiento. En cuanto al turismo sanitario creo que es una tontería, porque la Costa del Sol es lo suficientemente polifacética y rica y compleja en su variedad.
P. Ahora, la mirada de la industria está puesta en atraer turistas de países emergentes, como Rusia, China o India…
R. Con esto de la promoción hay que ser muy cuidadoso. Cuando veo a un político que no tiene ni idea de lo que habla diciendo que esto lo vamos a solucionar con los mercados emergentes, me echo a temblar. Que vengan nuevos mercados es muy bueno, pero enfocar eso como la salvación porque lo hemos hecho tan mal que hemos perdido el favor de nuestros mercados tradicionales, no me parece bien. Eso es engañar con la quimera de que estos mercados vienen a arreglar la cosa. Son actuaciones de trilero que no puedo compartir porque no son serias.
P. ¿Qué opinión le merece la nueva ley de Costas?
R. Es el peor imposible que se demuestra que puede ser perfectamente posible. Nuestra principal industria es el turismo y la hemos explotado en el sentido más peyorativo de la palabra, sin sacar ni la mitad del potencial que tiene. Y ahora va y se nos ocurre crear una imagen que hace aún menos atractiva a España como destino de inversiones serias. Esa ley vista en cualquier gran compañía de inversiones turísticas se ve como una monstruosa chapuza. Reafirma algo que siempre se dice: para qué queremos enemigos con estos amigos que encima cobran su sueldo de nuestros impuestos. El objetivo de esta ley anómala es la protección del litoral, pero propicia todo lo contrario. Es algo terrible. Se vuelve a fomentar esa desconfianza que aparta a los grandes y honrados inversores. Nos estamos cargando nuestro activo más importante, que son los patrimonios medioambientales y paisajísticos. No se puede premiar la corrupción, la especulación. Existe en los países de nuestro entorno la creencia de que aquí el corrupto siempre gana.
P. Pero parece que no aprendemos y volvemos a tropezar en la misma piedra…
R. El mensaje que lanzamos con esas actuaciones es demoledor. Cualquier aventurero, cualquier especulador viene y se le dice: 'aquí lo que usted quiera'. Se cambian leyes, lo que haga falta. No se puede ser más estúpido ni más inmoral con esas actitudes, que hacen un daño terrorífico. Abonan el terreno para que sigan viniendo personajes de esa calaña.
* El País - SERGIO MELLADO - 25.5.13
Foto: Benalmádena Costa, may07 - J.Rojas (El País)
Valencia.- El Supremo anula la sentencia que avaló el plan urbanístico de Porxinos
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Otro de los grandes Planes urbanísticos de la Comunidad Valenciana ha caído por ilegal. En este caso ha sido en la localidad de Riba-roja (Valencia), donde las distintas administraciones aprobaron un pelotazo de 2.600 viviendas y la ciudad deportiva del Valencia CF, sin tener la garantía de suficiencia hídrica, según la Confederación del Júcar, y por tanto carecer de un estudio válido de impacto ambiental.
"ELPAÍS* : El plan urbanístico de Porxinos, que prevé la construcción de más de 2.600 viviendas y la ciudad deportiva del Valencia CF, está en el aire. La crisis y las deudas ya llevaron en abril pasado a la empresa Litoral del Este, SL, filial del Valencia CF y agente urbanizador del proyecto, a pedir la suspensión temporal del PAI durante dos años. Y ahora, una sentencia del Tribunal Supremo acaba de anular el fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano que avaló en 2009 la operación urbanística en el municipio de Riba-roja (Valencia)".
La operación de Porxinos, que supuso la reclasificación de 1,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico en el municipio, desató una gran polémica. Una plataforma ciudadana y la oposición municipal de socialistas y de Esquerra Unida acusaron al PP y al club de impulsar un pelotazo urbanístico a costa de Riba-roja y de una de sus zonas de mayor valor ambiental. Este plan, además, enfrentó al Gobierno y a la Generalitat a cuenta de los informes necesarios para acreditar que los desarrollos urbanísticos tuvieran garantizados los recursos hídricos.
La Abogacía del Estado recurrió la aprobación del PAI de Porxinos después de que la comisión territorial de Urbanismo de la Generalitat diera el visto bueno al proyecto con la condición de que se subsanaran deficiencias y se cumpliera la declaración de impacto ambiental, uno de cuyos puntos básicos exigía precisamente que se aportara “el correspondiente informe definitivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre la disponibilidad de recursos hídricos”.
Como en el caso de muchos otros planes de la época del boom inmobiliario, el de Porxinos no tenía la garantía de suficiencia hídrica del organismo de cuenca, motivo por el cual el Estado recurrió la decisión de Urbanismo.
El TSJ no admitió el recurso al considerar que la aprobación condicionada del PAI no era “susceptible de impugnación” por tratarse de un “acto de trámite”. El Supremo rechaza ese argumento y apoya que el Estado cuestionara la aprobación del plan al defender que el proyecto carecía de un informe legalmente exigible, en este caso de recursos hídricos. El alto tribunal, en varias sentencias de los últimos años, ha dado la razón a los recursos impulsados contra los PAI desde la Subdelegación del Gobierno con el argumento de que los informes hídricos de la CHJ no solo eran preceptivos, sino vinculantes. El TSJ valenciano, en cambio, aceptaba como válidos estudios de las empresas municipales de agua.
La Generalitat, el Ayuntamiento de Riba-roja y Litoral del Este se opusieron en el Supremo al recurso que ha anulado el fallo de Porxinos, entre otros motivos, porque consideran que hay agua suficiente para el PAI.
También discutieron la legitimidad del abogado del Estado para recurrir. En ese punto, el Supremo concluye que en realidad no debió admitirse el recurso contra la resolución de Urbanismo, pero por motivos distintos a los que planteó el TSJ. El Supremo, tras anular el fallo del tribunal valenciano, afirma que el subdelegado del Gobierno no tenía las debidas competencias para ordenar la impugnación del PAI. Según juristas consultados por este periódico, esta decisión podría conducir a peticiones de aclaración de la sentencia en torno a la validez del plan y para determinar, además, a qué punto del procedimiento debe devolverse el expediente. La Generalitat afirmó este miércoles que estudiará la sentencia antes de pronunciarse. El Valencia CF sostiene que no anula el PAI, aunque ha evidenciado que no tiene prisa por desarrollarlo.
* El País - SARA VELERT - 29.5.13
Foto: Riba-roja (Valencia), vista - codigopostal
Fomento se quedará con las autopistas privadas deficitarias y asumirá sus deudas
Ya se temía y al final ha ocurrido. Cuando desde hace años se lleva realizando una planificación errónea, sin pies ni cabeza, en el sector de infraestructuras terrestres, se termina lamentablemente así, teniendo que pagar dos veces por unas obras, ya de por sí con un importe elevadísimo. Hemos visto que, igual que en el sector ferroviario, en carreteras y autopistas los proyectos han sido erróneos y mal estudiados, sin que nadie haya pagado por unas decisiones que han supuesto, y siguen siendo, un lastre inmenso para todos los ciudadanos... Más despilfarro público: ¿hasta cuándo?
"20MINUTOS* : El Ministerio de Fomento confía en alcanzar "en los próximos días" un acuerdo con constructoras y concesionarias sobre la constitución de una empresa pública que rescate a la decena de autopistas de peaje que actualmente afrontan un riesgo de quiebra.
Así lo indicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Rafael Catalá, quien solicitó a las empresas "un esfuerzo de sacrificios y renuncias" para acordar sobre esta empresa pública de rescate de las vías y garantizar así la viabilidad del sistema concesional español, "referente mundial".
Durante su intervención en los desayunos de Executive Forum España, Catalá confirmó que Fomento trabaja para que las concesionarias y las constructoras cedan las nueve autopistas en problemas a la nueva sociedad pública, en la que contarán con una participación, para, posteriormente, "refinanciar" la deuda de "más de 3.500 millones de euros" que suman sus sociedades concesionarias.
Según indicó, este viernes está previsto que el sector remita a Fomento el estudio de conclusiones que debe de haber redactado sobre este proyecto de empresa pública que el Ministerio les presentó hace unas semanas.
El 'número dos' de Fomento manifestó su convencimiento de que se trata de una solución "compleja, pero viable", cuya puesta en marcha requiere "renuncias y sacrificios" de todas las partes implicadas. Según indicó, el problema de las autopistas afecta a 52 entidades financieras, diez constructoras y "miles de ciudadanos que resultaron expropiados para construir las vías y aún no han recibido su dinero".
Entre las pautas que la Comisión Europea daba este miércoles para aumentar el plazo y el nivel de margen de déficit para España estaba la de "reducir el pasivo contingente de las finanzas públicas derivado de las infraestructuras de transporte no rentables".
Trenes según demanda
El secretario de Estado de Infraestructuras rechazó por otra parte que Renfe esté suprimiendo todas las conexiones de ferrocarril de media distancia convencional en un mismo trayecto, y aseguró que lo que está realizando la operadora es una "racionalización" de este tipo de trenes para evitar prestar "servicios que no tienen demanda".
"A nadie se le ocurriría abrir colegios que no tuvieran niños", ejemplificó el 'número dos' del Departamento que dirige Ana Pastor, quien indicó que en "algunos casos" la operadora está "reduciendo" el número de trayectos en una misma relación entre dos ciudades, pero no eliminando todos ellos.
"Además, existen transportes alternativos por carretera que son complementarios, con lo que la movilidad y la conectividad de los ciudadanos está asegurada", aseveró el secretario de Estado.
* 20 Minutos - EP - 30.5.13
Foto: Autopistas de peaje Cataluña - EP
La Justicia da la puntilla a los macroPAI que ya tumbó el estallido de la burbuja
Quizás en los casos más emblemáticos de la Comunidad valenciana la justicia haya llegado a tiempo para anular esos macroproyectos salvajes, pero en la gran mayoría, cientos de Planes urbanísticos, no ha sido así y hoy tenemos que avergonzarnos de su realización 'ilegal', con la complicidad y apoyo de todas las administraciones, ya sea en Valencia como en otros lugares del país.
"VALENCIAPLAZA* : En los años de la fiebre del ladrillo cada metro cuadrado de suelo, por pedregal que fuese, parecía susceptible de convertirse en oro puro. Aún resuenan los ecos de aquel empresario inmobiliario, hoy en concurso de acreedores, que dio la orden a sus directivos de comprar todo el suelo que estuviera disponible. En aquellos años de locura colectiva se lanzaron tantos proyectos que resultaría un ejercicio terapéutico hacer un repaso de tantos anuncios de urbanizaciones con golf que iban a atraer a miles y miles de inversores y turistas muchos de los cuales no pasaron de planos o maquetas más o menos pretenciosas presentadas en aquellas ferias de las vanidades que eran los salones inmobiliarios.
De todos aquellos en el aire quedan demasiados cimientos abandonados y consecuencias de todos conocidas. Tierra quemada. Empresas hundidas por la ambición, bancos intervenidos y quebrados, familias arruinadas... Una historia del pasado que, desgraciadamente, regresa cíclicamente a las primeras páginas de la actualidad. No es casual que así sea, ya que lo ocurrido en aquella casi década prodigiosa fue de tal magnitud que ni la economía ni la justicia ha sido capaz de digerirlo aún.
Y son precisamente los tribunales los que están resolviendo aún importantes litigios ligados a los grandes desarrollos inmobiliarios que marcaron aquella época. En la última semana han sido tres de ellos los que han vuelto desde el pasado para recordar lo que ocurrió.
Este mismo jueves el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana anuló uno de los PAI más polémicos de aquella etapa, el de Rabasa en Alicante. La resolución del TSJCV pone de manifiesto una vez más la falta de rigor legal con que se dio el visto bueno a muchas de estas promociones. En concreto la sentencia considera que se vulneró la Ley de Contratos cuando la Conselleria de Urbanismo aprobó en 2009 el plan. Además, también deja sin efecto la adjudicación que hizo el ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz. Una adjudicación también rodeada de polémica y que está siendo investigada por la Justicia dentro del conocido como caso Brugal.
El plan Rabasa era una actuación urbanística de ingentes dimensiones. Afectaba a 3,6 millones de metros cuadrados de suelo rústico que iba a ser recalificado y se preveía la construcción de 12.503 viviendas. A pesar de estar aprobado, Ortiz no ha llegado a poner en marcha el proyecto.
Tampoco lo hizo, pese a tener inicialmente todos los papeles en regla Jesús Ger, el propietario de Marina d'Or, con el plan de Cabanes-Orpesa. En este caso se trataba del mayor PAI aprobado en la Comunitat Valenciana. Afectaba a 18 millones de metros cuadrados en estas dos localidades de Castellón. En su día se disputaron la adjudicación del PAI Lubasa y Marina d'Or. Se invirtireron grandes cantidades de dinero en comprar suelo en una competición por quedarse el proyecto. Finalmetne fue la empresa de Ger la que se llevó el concurso con un plan para convertir aquel secarral en una especie de Las Vegas, con infraestructuras turísticas y hoteleras tematizadas.
Pero como ocurrió con Rabasa, en el PAI de Cabanes tampoco se cumplió con la Ley de Contratos y el TSJCV lo tumbó la semana pasada. Y como había ocurrido con el desarrollo de Alicante, pese a toda la inversión realizada para quedarse con el plan, Marina d'Or no ha movido ni una piedra en todos estos años. Paralizado por falta de negocio y porque la empresa de Ger no puede ahora hacer una inversión de la magnitud que requiere su idea, el empresario llegó a ofrecerselo a Sheldon Adelson como alternativa a Madrid para su Eurovegas. Fue un tiro al aire, en realidad.
Estos dos proyectos, el de Rabasa y el de Cabanes, están ahora en el aire. El Consell, que es quien incumplió la ley al aprobar los PAI sin seguir los trámites correctos, debe decidir ahora si recurre las resoluciones del TSJCV o si abre la puerta a que se vuelvan a poner en marcha los trámites para volver a licitar las urbanizaciones de estas zonas de forma legal. Una situación esta última que choca con el fin de ciclo del negocio inmobiliario, lo que pondría en duda su viabilidad.
EL 'PELOTAZO' DE PORXINOS SE SALVA
En este proceso de revisión judicial de unos proyectos que la crisis económica ya se cargó ha salido indemne el PAI de Porxinos. Esta misma semana también se conocido una sentencia del Tribunal Supremo por el que se desestima el recurso que había interpuesto el Estado contra un proyecto que fue calificado en su día como un "pelotazo" por el entonces presidente del Valencia CF Juan Bautista Soler.
Porxinos fue el ejemplo más evidente de cómo, con información privilegiada, se podían comprar hectáreas y hectáreas de naranjos y esperar su recalificación por parte de los poderes públicos, como ocurrió en este caso. Sin embargo en este caso el recurso que había planteado el Gobierno era por la falta de agua. Sin embargo, en esa apelación judicial se hizo erróneamente, con lo que no se ha podido anular. El Plan de Actuación Integrada (PAI) de Porxinos contempla la construcción de una nueva ciudad deportiva para el Valencia CF y unas 2.400 viviendas, con una inversión solo en la urbanización de casi 60 millones de euros.
Porxinos se aprobó en 2005 y tiene que acoger algún día la nueva ciudad deportiva y más de 2.400 viviendas. El agente urbanizador de este PAI es la empresa Litoral del Este, una sociedad propiedad del Valenci CF,l aunque la mayor parte del suelo se vendió a Nozar por el doble de lo que costó. Ahora es propiedad del BBVA. Litoral del Este, pese a tener todos los permisos, no ha movido tampoco un metro cuadrado de tierra. De hecho, el Valencia CF ha pedido un aplazamiento al Ayuntamiento de Riba-roja de Túria.
Porxinos, Rabasa, Marina d'Or Golf o Nou Mil.leni, el macroproyecto de Llanera que también fue anulado judicialmente, son nombres que hicieron fortuna en plena burbuja inmobiliaria y que han sido cuestonados en los tribunales. Pero antes el mercado les dictó la sentencia.
* Valencia Plaza - JOAQUIM CLEMENTE . 31/05/2013
Foto: Alicante, maqueta Plan Rabassa - vplaza
Madrid.- La EMVS malvende 1.860 pisos protegidos
La Empresa Municipal de Vivienda de Madrid se declara insolvente ya que tiene una deuda insostenible y está sobredimensionada y, seguro, que necesitará una nueva ayuda del ayuntamiento para evitar su quiebra. Esto es lo que se ha conseguido finalmente debido a la mala gestión técnica y política en una empresa pública que debería ser la solución para los problemas del acceso a una vivienda digna para los madrileños más necesitados.
"ELPAÍS* : Un anuncio publicado el 3 de mayo sellaba el destino de 18 edificios con 1.860 pisos de protección social, ocupados por menores de 35 años con un alquiler reducido, que la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha decidido vender a inversores. Si todo sale según lo previsto, esta operación de emergencia (debía cerrarse en dos semanas) permitirá ingresar 38 millones de euros. Es, sin embargo, una maniobra ruinosa: la empresa municipal perderá 10 millones al vender los pisos por debajo de su valor.
Esta es la primera de una cascada de medidas desesperadas para reflotar a la EMVS. El plan de salvamento presentado al área municipal de Hacienda plantea un ultimátum: o el Ayuntamiento le compra suelos por valor de 233 millones de euros y le inyecta otros 196 millones de aquí a 2017, o tendrá que instar un concurso de acreedores y, finalmente, liquidar la empresa. Dado que actualmente las competencias de vivienda son municipales, el Ayuntamiento debería asumirlas una vez malvendido el resto de suelo y pisos para pagar a los acreedores.
El plan de viabilidad de la EMVS, al que ha tenido acceso EL PAÍS, parte del análisis de la consultora PricewaterhouseCoopers, que concluyó: la empresa no es viable, tiene una deuda insostenible, su plantilla está sobredimensionada y sufre severos problemas de liquidez. Para “colocarla en situación de equilibrio financiero”, se ha diseñado un “plan de acción” de cinco puntos, que debe ser validado aún por Hacienda.
1. Vender 1.860 viviendas. La EMVS tiene 6.152 pisos de alquiler, de los que vende 1.860 para hacer caja. Son viviendas protegidas: los inversores que adquieran los edificios deberán mantener esos alquileres reducidos durante unos años; luego, podrán cobrar lo que crean oportuno. Aquellos inquilinos (652) con opción de compra deberán negociar con ellos, aunque habrá un precio máximo. Para la EMVS es un negocio ruinoso: pierde las rentas de alquiler, y coloca las viviendas por 120 millones cuando su valor contable es de 162 millones. Una vez descontada la deuda hipotecaria (81 millones), le quedarán 38 millones para gastos urgentes; pero habrá perdido 10 millones.
2. El suelo, al Ayuntamiento. La EMVS planea colocar al Ayuntamiento 20 parcelas valoradas en 166 millones pero con una deuda hipotecaria de 234 millones. Para cubrir la diferencia (el suelo se ha depreciado), añadirá al trato otras 13 parcelas sin hipoteca.
3. Renegociar la deuda. Esas dos operaciones permitirían a la EMVS reducir su deuda de 626 a 315 millones. Para aliviar el resto, pretende usar la carencia de tres años aprobada por el Gobierno para propietarios agobiados. En ese plazo, espera deshacerse de todos sus pisos en venta (2.450). Pero, entre tanto, confía en renegociar con las entidades financieras la deuda hipotecaria que pesa sobre los pisos en venta (160 millones).
La EMVS debe además 28 millones al Ayuntamiento y tres más al IVIMA regional, que espera aplazar hasta capear al temporal.
4. Financiar las obras. La empresa municipal tiene 14 promociones en marcha, con un total de 1.542 pisos por terminar. Seis de ellas carecen de financiación, y ahora conseguirla es imposible porque la EMVS ha pasado a considerarse parte del sector público y, por tanto, no puede endeudarse más. Para lograr los 69 millones que necesita para terminar las obras, su plan pasa por suscribir deuda a corto plazo, aprovechando que las obras deben concluir este mismo año, e ir novándola hasta vender los pisos; o lograr un permiso del Ministerio de Hacienda para suscribir préstamos.
5. Evitar un ERE. La EMVS ha aparcado su proyecto de recortar la plantilla de 338 a 38 empleados. El plan de viabilidad contempla prescindir de las 46 plazas de interinos, lo que, junto a las excedencias forzosas o voluntarias, dejaría la plantilla en 268 personas, con un ahorro de 13,5 millones.
Aun cumpliéndose todos los supuestos del plan de viabilidad, la EMVS necesitará ayuda adicional del Ayuntamiento para evitar su quiebra y disolución. La empresa precisa de 144 millones en subvenciones municipales para evitar “incurrir en pérdidas excesivamente elevadas” de aquí a 2017. Además, su penosa situación de tesorería “supone la necesidad de las siguientes aportaciones adicionales”: 52 millones de aquí a 2015. Es decir, el Ayuntamiento tendría que hacerse cargo de una hipoteca de 234 millones por suelo y, además, inyectar 196 millones de euros. ¿Y si no?
La empresa plantea tres escenarios: si se quieren mantener las funciones actuales, “lo único viable” es aplazar los pagos a entidades financieras y proveedores. En caso de no lograrlo (PricewaterhouseCoopers lo considera “complicado”), se instaría un concurso de acreedores “con el fin de evitar, entre otras circunstancias, la responsabilidad de los consejeros y administradores” (entre ellos, varios concejales).
Por último, se instaría la disolución y liquidación de la empresa, saldando su patrimonio para hacer frente a las deudas. Ese escenario plantea “un cambio en la forma de gestión del servicio público”, que pasaría a ser competencia directa del Ayuntamiento, tal y como ha planteado el portavoz municipal socialista, Jaime Lissavetzky. Apuesta Lissavetzky por transformar la EMVS en una agencia municipal de vivienda, evitando así que su función social se supedite al logro de beneficios; y propone además que se trasladen al Ayuntamiento todos sus activos. Además, pide que se trabaje con los bancos rescatados para crear una bolsa de pisos de alquiler social.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - 30.5.13
Foto: Edificio de viviendas protegidas en la plaza del General Vara del Rey. / LUIS SEVILLANO
Navarra.- Cadáveres urbanísticos de la crisis
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Igual que en el resto del país, en Navarra también se construyó desaforadamente y sin sentido en los años pasados. Muchos edificios y urbanizaciones son testigos de este salvajismo en la Ordenación del Territorio, mientras otros proyectos, afortunadamente, no llegaron a realizarse nunca debido a la creciente crisis.
"NOTICIASDENAVARRA* : Los cinco años que la crisis lleva recortando servicios y presupuestos en los ayuntamientos han visto también cómo numerosos proyectos quedaban abandonados en los cajones municipales, olvidados unos, aparcados otros a la espera de que pase la tormenta y lleguen mejores condiciones económicas o los créditos bancarios vuelvan a fluir. Algunos son el reflejo perfecto de los males que han traído al país hasta esta situación, grandes promociones urbanísticas que con la desaparición del efecto burbuja inmobiliaria han desacelerado o incluso perdido interés. En la lista de lo que se podría llamar cadáveres urbanísticos se encuentran lo mismo proyectos de iniciativa privada que pública a los que la situación actual ha devuelto a la realidad".
Desde el año 2000 la Ribera fue terreno abonado para proyectos industriales, muchos irreales y sobredimensionados, y de construcción que se fueron diluyendo cuando los créditos desaparecieron de las ventanillas de los bancos.
Un campo de golf rodeado de viviendas cerca de Fontellas, un enorme parque de 12 hectáreas y 2,5 kilómetros de longitud en Ribaforada, una urbanización con hotel de 200 habitaciones y una residencia de ancianos en Fitero, un polígono industrial y una ciudad del transporte en Cortes, un gran camping en Ablitas, y un conglomerado de grandes proyectos en la capital ribera como Sementales, la calle Mauleón, el parque del Queiles o la creación de un centro de interpretación de la historia de Tudela en el cerro de Santa Bárbara son solo retratos de una época que pasó y que jalona de esqueletos y antiguos proyectos la geografía ribera.
GRANDES PROYECTOS
Urbanizaciones, campos de golf y campings
Uno de los ejemplos más claros es el de la urbanización que unos empresarios rusos (AFK Systems) proyectaban construir en 175.000 metros cuadrados entre Fitero y Baños de Fitero y en el que en 2006 habían invertido ya alrededor de un millón de euros. Según explica el alcalde de Fitero, Pachi Yanguas, se realizaron todos los trámites necesarios como la modificación del plan parcial, la reparcelación y el proyecto de urbanización, pero todo se detuvo cuando llegó el momento de tener que pedir la licencia de obras. Pese a ello, Yanguas asegura que "las cuentas con el Consistorio están saldadas porque tuve que ir a Madrid a cobrar un cheque de 600.000 euros que nos enviaron". Los 400 apartamentos, 50 unifamiliares, el hotel con 200 habitaciones, la residencia de ancianos para 120 personas, el centro comercial y el área deportiva se diluyeron al igual que el campo de golf de 9 hoyos que Ayuntamiento y Gobierno soñaron durante varios años.
Una urbanización similar, pero más centrada en el turismo, se pensó y diseñó también para la localidad ribera de Milagro bajo la denominación de Ciudad de Vacaciones. El proyecto, de la firma vasca Antal, preveía construir alrededor de 1.300 viviendas en distintas tipologías, además de un embarcadero en un lago artificial junto al río Aragón con un nuevo puente peatonal y una zona deportiva. La superficie a ocupar era de 600.000 metros cuadrados y también albergaría una residencia para la tercera edad y varios hoteles. Tuvo el visto bueno del Ayuntamiento y del Gobierno, pero desde el año 2010 no se volvió a saber de ello.
Dentro de ese sabor a Marina D'Or y a Marbella que se pretendía dar a la Ribera, otro exponente más era el campo de golf y urbanización de lujo que se proyectaba junto a El Cerro y que iba acompañado de otra promoción de unifamiliares cerca de Fontellas. Las obras de la primera fase se preveía que se iniciaran en 2012 y de hecho el Gobierno foral aprobó la modificación definitiva del PSIS en enero del pasado año. La idea hablaba de construir 1.157 viviendas, un hotel, un campo de golf de 18 hoyos, un apartahotel, guardería, entidades bancarias y supermercado, una obra que se preveía realizar en dos fases, con un coste estimado de 20 millones de euros. El proyecto abarcaba dos zonas, el cerro de Valpertuna y Los Pinos, y contaba también con el visto bueno de todas las administraciones. El precio de las viviendas oscilaba entre los 168.000 y los 600.000 euros.
La lucha política que se dio en el Ayuntamiento de Ribaforada antes de la crisis tuvo también una víctima que fue el proyecto de un enorme parque junto al Canal Imperial de 2,5 kilómetros de longitud y 21 hectáreas. Presentado en 2008 como el gran proyecto de la legislatura, en 2011, con dinero del Plan E, urbanizaron 700 metros con un coste de 193.000 euros. El alcalde, Jesús María Rodríguez (PSN), nada más entrar en el Ayuntamiento en julio de 2011 anunció que "el parque es una de las inversiones que no fue acertada porque genera mucho gasto corriente. Implica meter personal de jardinería, de limpieza y gasto de agua... No es el momento para este tipo de proyectos".
Con mucha más polémica nació el proyecto de un gran camping junto a la Laguna de Lor. Después de una fuerte oposición vecinal ante la idea inicial de crear una urbanización, cuando el proyecto se transformó en camping logró la aprobación de Medio Ambiente y se iniciaron las obras en mayo de 2011. Promovido por Promociones Urbanas Mendianike tenía previsto ocupar una superficie de 117.000 metros cuadrados junto a este entorno natural y el camping iba a contar con 100 bungalows de 85 metros cuadrados cada uno, además de 267 parcelas para caravanas y autocaravanas, y acampada libre para tiendas. En total se esperaba la llegada de 1.700 personas y contaría con zona deportiva, bar-restaurante, supermercado, área de juegos, sala de reuniones e Internet, despacho médico y aparcamiento. Hoy en día está comenzada la urbanización, se han colocado farolas y algunos bungalows pilotos además de las paredes de uno de los frontones que se pensaba construir y que ahora está rodeada de cardos y olivos. El cierre del acceso a créditos que los bancos han llevado a cabo en toda España ha hecho que las obras estén totalmente paralizadas y abandonadas desde hace meses.
La construcción de calles en mitad de un terreno yermo es una de las señales de ciertos excesos urbanísticos. Uno de los ejemplos más claros es el del polígono industrial de Cortes, uno de los últimos que construyó el Gobierno de Navarra y que se inauguró en febrero de 2011. Desde entonces, las calles con sus aceras y farolas ven cómo pasa el tiempo. Junto a ese polígono también estaba proyectada la construcción de una ciudad del transporte que fue aprobada en 2010 y tenía una extensión de 800.000 metros cuadrados, con un presupuesto de 60 millones de euros. Nunca se ha vuelto a saber de ella.
las claves
· Corazón de Jesús. Se realizó un proyecto para crear un centro de interpretación en el Cerro de Santa Bárbara que explicaría el origen de Tudela desde la cuna de la ciudad, aprovechando sus murallas.
· Calle Mauleón. Urbanización de unas calles abandonadas entre el Corazón de María y la Torre Monreal. Se iba a crear un ascensor urbano y a adecentar el entorno.
· Sementales. Emblema del proyecto político de UPN durante dos legislaturas. Adjudicó a dedo el proyecto a Rafael Moneo para crear una casa de cultura de forma que la ciudad tuviera un legado del renombrado arquitecto tudelano. Pagó más de 600.000 euros por el proyecto y el Ejecutivo le dio un préstamo de 12 millones. Finalmente se ha abandonado ante la imposibilidad de llevarlo a cabo.
· Parque del Queiles. Era el núcleo de la nueva urbanización del Queiles. Se pagaron cientos de miles de euros en expropiaciones, el proyecto se pagó y el coste de las obras se multiplicó casi por dos hasta más de 3 millones de euros. La idea lleva años abandonada.
· En el cajón. El Ayuntamiento de Tudela ha gastado más de un millón de euros en proyectos que no ha llevado a cabo y tiene almacenados.
* Noticias de Navarra - FERMÍN PÉREZ-NIEVAS - 30.5.13
Foto: Ribaforada (Navarra), aérea - turismo
El TSJCV anula el PAI Mundo Ilusión en Cabanes por errores en la licitación
Empiezan a caer algunos de los Planes urbanísticos más emblemáticos de la época de la burbuja inmobiliaria en la Comunidad Valenciana. Aunque los motivos sean variados, la realidad es que la justicia, en los casos más relevantes, parece que está actuando, aunque sea bastante tarde, como siempre. El megaproyecto de Marina d'Or Golf en la provincia de Castellón es un modelo protípico de ese urbanismo salvaje que ha arruinado la costa en muchas zonas del país.
"EUROPAPRESS* : La sección primera de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el PAI Marina d'Or Golf (Mundo Ilusión) en la localidad castellonense de Cabanes por errores en la licitación, según ha informado Compromís en un comunicado. Así, el tribunal valenciano ha estimado una de las demandas interpuestas contra este PAI, "llamado el más grande de Europa", ha recordado el coportavoz de Compromís en las comarcas de Castellón y concejal en Cabanes, Carles Mulet.
El TSJCV anula así, por ser contrarios a derecho, la resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo, de fecha 23 de abril de 2010, por la que se aprobó definitivamente la Homologación y el Plan Parcial Marina d'Or Golf en Cabanes.
La denuncia presentada alegaba que la empresa Construcciones Catellón-Marina d'Or había incumplido la Ley de Contratos, "al no publicarse la propuesta de licitación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas", así como la "falta de clasificación" de la empresa adjudicataria". En base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, el tribunal entiende que esta publicación era obligada al tratarse de una actuación de más de 6 millones de euros, y por tanto la adjudicación del programa y su aprobación quedan anuladas", ha puntualizado Compromís.
Según ha indicado Mulet, ésta es la primera sentencia ante las diversas demandas judiciales interpuestas, "y tira por tierra una de las mayores barbaridades urbanísticas del litoral europea, que pretendía urbanizar 18 millones de metros cuadrados".
"Ahora -ha agregado- hay que ver cómo se traslada esta anulación al término de Oropesa, ya que si bien la sentencia solo anula el proyecto en Cabanes, hay que recordar que en Oropesa, donde recaía un 20 por ciento del PAI, se siguieron exactamente los mismos pasos y, por tanto, los mismos errores, y entendemos que la anulación debería de afectarle igualmente", ha dicho.
Mulet ha remarcado que los efectos de esta anulación "son demoledores", ya que hacen comenzar de nuevo la tramitación del PAI, "justo cuando la empresa adjudicataria provisional ha anunciado su intención de renunciar a urbanizarlo, y solo pretende venderlo a inversores extranjeros".
Para el portavoz ecosocialista, "ahora es el momento de replantearse el modelo", "con un PAI anulado, la empresa incapacitada económicamente para tirar hacia delante, que no puede presentar el aval necesario para hacerse cargo, el urbanismo en estado de parálisis en todo el país...".
A su juicio, "no tiene sentido recomenzar de cero el mismo PAI con las mismas pretensiones urbanísticas". Ahora las partes tienen 10 días para recurrir la sentencia del TSJCV, y Mulet ha mostrado su deseo de que el Ayuntamiento de Cabanes, parte afectada, "no continúe malgastando el dinero de los vecinos recurriendo al Supremo, y si lo tiene que hacer alguno, que sea la empresa", ha dicho.
La empresa, perpleja
El fallo fue recibido en el Grupo Marina d'Or con "gran sorpresa y perplejidad", según afirmó la compañía de Jesús Ger en un comunciado. "Nos resulta increíble que el Tribunal anule el Plan Parcial y la Homologación del sector Marina d'Or Golf cuando lo cierto es que a los mismos no les hace ni el más mínimo reproche técnico ni jurídico", señaló. "Tampoco el Tribunal ha reprochado al PAI Marina d'Or Golf nada en cuanto a su escrupuloso cumplimiento de la LRAU", añadió.
La compañía castellonense anuncia que interpondrá un recuso de casación ante el Tribunal Supremo y asegura que "esta sentencia pone en entredicho todos y cada uno de los planes parciales desarrollados por gestión indirecta en la Comunidad Valenciana".
Además del recurso, afirma que "se se van a llevar a cabo todos los trámites necesarios que permitirán, en muy poco tiempo, la aprobación definitiva del programa y su plan parcial, ya que el suelo estaba contemplado como urbanizable desde el PGOU del municipio con anterioridad a la aprobación del Plan Parcial, y toda la documentación y estudios están preparados y sin ninguna deficiencia según la sentencia".
* El Economista - Europa Press - 25.5.13
Foto: Marina d'or (Castellón)- revistaintegral
Altea.- El Supremo anula el proyecto del plan urbanístico de Los Puentes del Algar
Incongruencias de la política urbanística municipal y el 'ladrillazo'. En su momento PP y PSOE apoyaron este plan parcial, ahora todos los grupos coinciden en que "se trata de un proyecto que no sería bueno para el futuro de Altea (Alicante).
"EFE* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado definitivamente el proyecto del plan urbanístico Los Puentes del Algar de Altea, lo que, según fuentes municipales, obliga al Ayuntamiento a tener que devolver los 7,7 millones de euros que el agente urbanizador, Altea Futura SA, entregó en forma de canon. El fallo del TS, dictado el pasado día 10, parte de los recursos de casación presentados por la Generalitat y Altea Futura contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) de junio de 2009. En esa resolución, el TSJCV dio la razón a una serie de particulares.
También anuló el acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Alicante de 31 de enero de 2006 por el que se aprobó definitivamente el plan de Los Puentes del Algar, al entender que con anterioridad debían haberse desclasificado y protegido 4,6 millones de metros cuadrados del plan parcial El Alamo para cumplir con las condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental.
En concreto, esta declaración indicaba que era necesario desclasificar y proteger ese suelo de El Alamo para compensar la construcción de unas 5.000 viviendas y varios hoteles de lujo en la zona de El Algar, en la que el Plan General no preveía edificar.
'Razonamiento equivocado'
Ahora, el Supremo ha anulado esta sentencia del TSJCV al considerar que parte de un "razonamiento equivocado" que le hace incurrir "en incongruencia".Sin embargo, y pese a anular esta sentencia, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su día por una serie de particulares que pedían anular la aprobación definitiva del plan parcial de Los Puentes del Algar.
Según el TS, el recurso de estos particulares -presentado en 2006- "debe ser estimado", ya que la desclasificación y protección de esos 4,6 millones de metros cuadrados de El Alamo "no puede posponerse al acuerdo de aprobación definitiva" del plan parcial como ocurrió.
Fuentes municipales han señalado en una nota de prensa que, con la anulación definitiva de Los Puentes del Algar por parte del TS, el Ayuntamiento deberá devolver a Altea Futura SA "los 7,7 millones de euros que la empresa entregó como canon al adquirir la condición de urbanizador".
En el mismo comunicado, el concejal del Área Económica, Pedro Barber, ha indicado que, pese a que en su momento PP y PSOE apoyaron este plan parcial, ahora todos los grupos coinciden en que "se trata de un proyecto que no sería bueno para el futuro de Altea". Por su parte, la edil de Urbanismo, Carolina Punset, ha manifestado que la anulación del plan favorece y coincide con los planteamientos de la revisión del Plan General, que en el documento de inicio prevé declarar esa zona no urbanizable en consonancia con "la apuesta" del equipo de gobierno por "un modelo de urbanismo sostenible".
* El Mundo - EFE - 27.5.13
Foto: Altea - turismo
Urbanismo estudia cómo esquivar el derribo de 52 chalés de lujo en O Grove
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Esta es la demostración palpable de que, una vez cometida una ilegalidad urbanística, y, por tanto, haberse realizado la construcción prohibida, es casi imposible devolver la situación a su estado original. La lentitud exagerada de la acción judicial y el interés político-financiero en evitar el derribo o demolición, producen estos atentados irreversibles contra la Ordenación del Territorio.
ELPAÍS* : El término demolición no aparece en ninguno de los fallos del largo contencioso que inició la pasada década la constructora de los 52 chalés adosados en la urbanización de Raeiros, en O Grove, mientras incumplió la licencia de apartotel que había solicitado para destinar la parcela a usos residenciales prohibidos. Sin embargo, la sentencia firme del Tribunal Supremo que ahora avala la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) alude implícitamente el derribo al obligar a la promotora Inproin Galicia a “restituir la parcela a su estado original”.
La Sección Quinta de la Sala contencioso administrativo, reunida el pasado 5 de mayo y en la intervino como ponente el magistrado Eduardo Calvo Rojas, ha emplazado a la Consellería de Infraestruturas de la Xunta, parte personada en el proceso, a dar cumplimiento a la sentencia al tratarse de una licencia autonómica. Una resolución por la que se ordena la restitución de la parcela matriz de Raeiros porque considera que “la licencia otorgada para usos turísticos no fue respetada por la promotora”. El equipo jurídico de la Xunta está analizando el fallo para buscar una fórmula jurídica que esquive el derribo, según adelantaron fuentes de Urbanismo. En todo caso, la solución por la que se inclinarían los técnicos es cumplir la sentencia pero respetando los derechos de los propietarios que podrían haber sido engañados por la promotora a la que pagaron un promedio de 400.000 euros por chalé, con una superficie media de 237 metros cuadrados.
El Supremo desmonta los alegatos de la promotora cuando esta afirma que Raeiros no es “un complejo inmobiliario” al añalizar la finalidad que persiguen las prohibiciones y limitaciones que la normativa urbanística establece para el suelo rústico. “Aquí se trata de suelo rústico protegido de la costa y no puede ignorarse que, aunque se mantenga formalmente la unidad del inmueble, se produce la división para el aprovechamiento de la finca de un complejo inmobiliario mediante un artificioso juego combinado de la división horizontal y las participaciones societarias de la sociedad civil creada al efecto por la promotora: Sociedad Civil Complejo Turístico Raeiros”.
Raeiros representa uno de los caso más paradigmático de incumplimiento de licencia urbanística . Cuando las obras ya estaban terminadas y los apartamentos vendidos, la consellería dictó una resolución en 2007 por la que declaró la prohibición de las obras de parcelación, obligando a la promotora a devolver la finca a su estado primitivo. Inproin había recurrido ante el TSXG de Galicia esta resolución que fue desestimada . Para los promotores, las obras se ajustaron a la licencia y “no existe prueba de lo contrario porque no se ha parcelado, dividido o segregado, siendo la misma sobre la que se construyeron los 52 apartamentos con uso hotelero, lo que nada impide que, de acuerdo con la Ley de Promoción del Turismo en Galicia puedan pertenecer a diversos propietarios a efectos de su explotación como hotel apartamento”.
Insisten en la demanda que la escritura de división horizontal tumbada no supone la división física del terreno, sino, por el contrario, se mantiene la unidad jurídica de la finca que le sirve de soporte y no puede equipararse a los complejos inmobiliarios, pues no hay división o fraccionamiento jurídico del terreno ya que no existe alteración de forma, superficie o linderos. “En esta comunidad autónoma la definición de parcelación es la que es por ello, de forma reiterada tanto los tribunales como la dirección general de los Registros y el Notariado, expresamente consideran, que no existe parcelación urbanística con el otorgamiento de divisiones en edificaciones, y teniendo en cuenta que el uso de la edificación es el turístico se permite que el conjunto de apartamentos puedan pertenecer a varios propietarios”, alegan.
Parcelación “encubierta”
La sentencia del Tribunal Supremo confirma las resoluciones judiciales que califican la promoción de chalés de Raeiros, ubicada junto al mar en San Vicente de O Grove, “como asimilable a una parcelación urbanística, realizada de forma encubierta, que supone incumplimiento de las condiciones bajo las que se concedió la licencia”. Para el tribunal, los hechos ponen de manifiesto que “bajo la aparente ejecución de apartoteles o apartamentos turísticos, al amparo de normas que los autorizaban”, se llevó a cabo una actuación inmobiliaria “que reviste, de hecho, una auténtica parcelación urbanística prohibida por la norma”. El fallo insiste que “se utilizó de cobertura” para esta operación una norma de naturaleza no urbanística sino turística que permite construir apartoteles u otras unidades residenciales para levantar un complejo residencial privado. La construcción de los 52 chalés, explica la sentencia, estaba prohibido por la legislación urbanística y el planeamiento municipal, en este caso el del ayuntamiento de O Grove, debido a que el suelo, ubicado en primera línea del litoral, estaba clasificado como no urbanizable y protegido por la Dirección General de Costas.
* El País - ELISA LOIS - 23.5.13
Foto: Urbanización de Raeiros, en el ayuntamiento de O Grove / CARLOS PUGA
La encrucijada del urbanismo: ´de la plusvalía a la minusvalía´
Un catedrático de derecho administrativo cree que los propietarios de suelo podrían exigir resarcimientos por pagar cuotas de urbanización desorbitadas calculadas durante la 'burbuja inmobiliaria'.
"LEVANTE* : "El urbanismo se basa en la plusvalía. De hecho, la Constitución Española es la única en el mundo que prevé la especulación. Porque sin plusvalía no hay beneficio. Pero el urbanismo actual es de minusvalía. ¿Qué se puede hacer?", se preguntaba el catedrático de derecho administrativo de la Complutense y maestro de urbanistas, José María Baño León, en el debate "Los procesos de transformación urbanística en el sector inmobiliario", dentro de las jornadas organizadas por la Generalitat en la Beneficiència.
Para Baño León, el mayor problema del urbanismo actual son "las urbanizaciones suspendidas o en desarrollo: se giran cuotas de urbanización sobre un suelo cuyo valor ha caído un 40 % o 60 %. Si ha pagado para tener plusvalías y tiene minusvalías, el propietario puede exigir resarcimientos... Pero el ordenamiento jurídico no tiene respuesta para esto".
La Generalitat ha optado por facilitar la suspensión de programas de actuación integrada (PAI) pero, según el catedrático, "no será suficiente. ¿Será exigible en 2015 una cuota de urbanización calculada con una plusvalía de 2003? El legislador tendrá que buscar una regla excepcional y ese es el gran reto del urbanismo en Valencia: encontrar soluciones para el urbanismo en desarrollo, teniendo en cuenta que la crisis durará siete u ocho años".
Para el urbanismo del futuro, Baño León aboga por "aprovechar el parón actual para orientarlo a un urbanismo sostenible y de calidad, con mejores servicios públicos, y modernizar las infraestructuras del sector turísticos -uno de los pocos que funciona- para no seguir instalados en dinámicas del pasado".
También se citó en el debate otro asunto que ha hecho correr ríos de tinta en la C. Valenciana: qué tipo de contrato es el del agente urbanizador. El magistrado del Tribunal Supremo, Eduardo Calvo Rozas, defendió que "el urbanismo no puede ser una excepción a los principios de publicidad y libre concurrencia" y así lo ha defendido el alto tribunal en sus sentencias.
Aunque no ha sucedido lo mismo en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el que "dos salas estuvieron emitiendo sentencias con criterios divergentes". La sección primera de lo contencioso-administrativo del TSJ exigía los principios de publicidad y libre concurrencia [en aplicación de la "sentencia Scala" de 2001 del Tribunal de Justicia Europeo (TJE)] y la sección segunda veía "discordancias entre la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y la ley de contratos" (se defiende que con el agente urbanizador se suscribe un contrato especial). Hasta que el Supremo "dio la razón a la sección primera en 2006". Esta jurisprudencia del Supremo, a juicio del magistrado, "no la cambia la sentencia del TJE" de 2011 sobre la Ley Urbanística Valenciana (LUV) que provocó "opiniones con un ardor sorprendente", según Calvo Rozas, "porque ni corrige, ni pone reparos a exigir publicidad y transparencia al contrato del agente urbanizador".
* Levante - LAURA BALLESTER - 24.5.13
Foto: Giner, Ayuso, Baño, Calvo y Palau, ayer, al inicio del debate en la Beneficiència.- ricardo lópez bonacasa
Valencia.- Un proyecto que perdió la llave
La iniciativa privada debía gestionar el complejo administrativo 9 d’Octubre 35 años a cambio de un canon, pero ha costado 107 millones a la Generalitat.
"ElPAÍS* : Era un proyecto de “llave en mano”. Así lo describió a principios de 2005 el entonces consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, que lo presentó como un modelo que iniciaría “la gestión privada en centros administrativos”. Una empresa privada se encargaría de la construcción del complejo y de su mantenimiento. A cambio, la Generalitat pagaría una cánon anual durante 30 o 35 años, periodo tras el cual los edificios pasarían a manos del Consell. El actual complejo administrativo 9 d’Octubre, en Valencia, al que este año se están trasladando por fases cerca de 4.500 empleados públicos, fue presentado en su día como una iniciativa pionera. pero por el camino debió de perder la llave, ya que ha acumulado un coste de 107,9 millones y por su mantenimiento habrá que pagar 725.000 euros anuales.
Así lo indica el actual consejero de Hacienda y Administración Pública, Juan Carlos Moragues, en respuesta a las preguntas formuladas por el diputado socialista en las Cortes Valencianas Rafael Rubio.
Construido sobre lo que fue la Cárcel Modelo de Valencia, el complejo, a decir de Gerardo Camps, sería gestionado por una empresa que, no solo se encargaría de mantener los edificios, sino de los medios materiales y todo el equipamiento necesario para su funcionamiento. Explicaba muy gráficamente el consejero que la Generalitat solo tendría que “poner los funcionarios” en lo que calificaba como “una gran ciudad administrativa”. Añadía Camps que el sistema permitiría al Consell hipotecarse sin que la deuda se computara en las cuentas.
“El procedimiento de financiación de las obras ha sido con cargo al presupuesto de gastos de la Generalitat de los ejercicios presupuestarios de 2008 a 2013”, reconoce lacónicamente Moragues en su respuesta al diputado socialista, con lo que constata que la construcción se ha llevado a cabo por un método menos innovador y bastante más prosaico. El consejero detalla las certificaciones abonadas, explica el calendario de recepción de las obras, que culminará el 30 de junio, y añade que “la conservación y mantenimiento integral de la Ciudad Administrativa 9 d'Octubre será realizado, durante un periodo de 72 meses, con un coste anual de 725.068 euros”. El cuadro que aporta el consejero suma hasta 2019 un total de 4,3 millones de euros, que habrá que actualizar según el aumento del índice de precios al consumo que se produzca anualmente.
“El gran proyecto de colaboración público-privada ha quedado en nada”, señala Rubio. “Gerardo Camps lo vendió como una obra emblemática que no supondría coste para la Administración, pero se licitó en enero de 2008 por el método clásico y se está terminando ahora, cuando se había previsto que estuviera acabado en 2009”.
El diputado socialista recuerda que “se dijo que la empresa adjudicataria se encargaría de un mantenimiento integral que incluiría hasta los folios. Ahora, el mantenimiento es también el convencional y no incluye, por ejemplo, el sistema informático”. Rubio ha detectado que, en la ejecución de las obras se llevaron a cabo dos modificados, uno en noviembre 2010 y otro en octubre de 2011, que han supuesto un aumento del 19,8% del precio por el que se adjudicó el proyecto.
“A los vecinos también les han tomado el pelo”, añade el parlamentario, “porque les habían prometido una serie de instalaciones para suplir el deficit de servicios públicos del barrio y no las han hecho”. La concentración de departamentos de la Generalitat en el complejo tiene como objetivo abandonar edificios alquilados y vender inmuebles de la Generalitat para obtener fondos. Rubio se pregunta “cuál será en realidad el ahorro” que se consiga. Y se declara escéptico si hay que atenerse a la diferencia entre lo que el Consell anunció sobre el proyecto y lo que ha acabado haciendo.
* El País - ADOLF BELTRAN Valencia 19 MAY 2013
Foto: Valencia, complejo 9 Octubre - elpais
