Una obra artística que quiere llamar la atención sobre el problema del 'ladrillazo' en este país. A pesar de las leyes contradictorias, o simplemente especulativas, del gobierno, en bastantes casos graves de urbanismo salvaje una cuidada demolición o derribo hubiera sido la mejor forma de solucionar atentados tremendos contra el paisaje y la Ordenación del Territorio.
"CONFIDENCIAL* : Toneladas de escombros rellenan el pabellón de España de la 55 Bienal de Venecia. Han derruido el edificio, pero de forma simbólica: es una expresión visual de lo que sería aquella construcción en caso de ser demolida. El proyecto artístico que presentará España en la muestra veneciana, uno de los mayores eventos de arte contemporáneo del mundo, se planta frente al urbanismo para romperlo en pedazos y establecer un alegato en defensa de los pocos espacios urbanos en los que aún hay lugar para la libertad: los descampados".
Lara Almarcegui es la artista seleccionada para representar a España en la exposición internacional, celebrada cada dos años y que podrá visitarse desde 1 de junio al 24 de noviembre. Es una joven Zaragozana que confiesa tener “un problema con el exceso de urbanismo y de diseño” desde hace mucho tiempo y sentir una cierta “claustrofobia” en las ciudades. Almarcegui es experta en desnudar edificios y deconstruirlos mostrando los materiales de los que están compuestos aquellos lugares que frecuentamos a diario. Lleva algo más de diez años desmontando construcciones (en Bélgica, Róterdam, Málaga, Dijon, Viena, el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León…) y ahora ha hecho lo propio con el pabellón de España en Venecia diseñado por el arquitecto sevillano Javier de Luque en 1922.
Acceder al pabellón será una tarea difícil, pues los visitantes se encontrarán con una mole, mezcla de ladrillo, mortero y hormigón que ocupa todo el centro del pabellón y obligará a recorrer las habitaciones laterales para poder transitar por su interior. En esas salas contiguas también se expondrán otras montañas de materiales, algo más pequeñitas, de madera, arena, cristal y acero. Como si de una receta de cocina se tratara, la artista pone sobre la mesa (un suelo que ha tenido que ser reforzado) todos los ingredientes que componen el plato del edificio español.
Los materiales provienen de restos de demoliciones transformados en grava, tras ser reciclados según el proceso de tratamiento de escombros de Venecia, ha explicado la artista, y que volverán a su lugar de origen una vez terminada la exposición: “Solo ha habido que costear su transporte, no los materiales”, ha remarcado Almarcegui esta mañana en la presentación del proyecto en Madrid.
La joven zaragozana, que estudió Bellas Artes en la Universidad de Cuenca y en De Ateliers (Amsterdam), da forma a sus expresiones artísticas exclusivamente desde el punto de vista del lugar. Este proyecto no es una reflexión sobre España, precisa, sino un esfuerzo “ontológico, social y político” del urbanismo en general y de la ciudad de los canales en concreto, según ha descrito Octavio Zaya, comisario del pabellón español.
Una isla de cristal
Y es que detrás de esa escombrera se esconde un segundo proyecto: La Guía de la Sacca San Mattia, la isla abandonada de Murano, Venecia, una investigación en torno a una isla veneciana formada con residuos de cristal de la industria de Murano. Se trata de un antiguo vertedero abandonado creado entre las décadas de 1930 y 1950 con rellenos de escombros y dragados de la laguna. Con 26 hectáreas de extensión sin construir, es el espacio disponible vacío más amplio de Venecia, lo que da lugar a toda clase de especulaciones, como el controvertido proyecto de excavar un tren bajo la laguna para comunicar el aeropuerto con la ciudad, que tendría una parada en la zona.
Los descampados representan un espacio de infinitas posibilidades para la artista, quien habla de estos lugares como si de parques protegidos se tratara, y que “están desapareciendo” a marchas forzadas debido a la obsesión por regular los espacios vacíos: “En los descampados sucede de todo porque no corresponden a ninguna planificación urbanística. Todo lo que no se puede hacer en la ciudad se puede hacer allí, es un mundo de posibilidades y de muestra de los procesos de decadencia urbana”.
El presupuesto del doble proyecto de Almarcegui consta de unos 400.000 euros procedentes de la inversión pública y privada. Es la mitad de lo utilizado en la última bienal, según ha explicado en la presentación Itziar Taboada, directora de Relaciones culturales de AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo), quien ha destacado el trabajo de coordinación realizado junto al organismo público Acción Cultural Española. “Un ejemplo a seguir”, según Taboada, en un momento “en el que se habla tanto de falta de coordinación y de duplicidades”.
* El Confidencial - Verónica Ramírez - 16.5.13
Foto: Montaña de grava en el pabellón español de La Biennale di Venezia. (Ugo Carmeni)
La marca España reducida a escombros
Águilas.- Imputan en el ‘caso Zerrichera’ a Reyes Sánchez, ex secretaria general de Medio Ambiente
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Otro asunto escandaloso de corrupción y especulación urbanística en la Región de Murcia y que también se va eternizando en las manos judiciales. En el 'caso Zerrichera', por el que se dio el visto bueno a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en un espacio protegido, están implicados altos cargos de la Comunidad.
"LAVERDAD* : Otro ex alto cargo de la Comunidad Autónoma imputado en el ‘caso Zerrichera’. Se trata de la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María Reyes Sánchez Gómez, implicada supuestamente en el impulso administrativo a la urbanización de este paraje protegido de Águilas, mediante un intento de recalificación a la medida de un proyecto del empresario Trinitario Casanova.
María Reyes Sánchez Gómez, recién elegida secretaria general de la Federación Regional de Empresarios del Metal (FREMM), ha sido citada a declarar el 22 de julio por el juzgado de instrucción número 3 de Murcia, que en un principio había rechazado su imputación en este caso de presunta corrupción urbanística. Sin embargo, la Audiencia Provincial estimó la semana pasada el recurso de apelación del Ministerio Fiscal, por lo que quien fue ‘número dos’ de Francisco Marqués en la Consejería en el año 2005 tendrá que justificar ante la juez Marifé Tabasco Cabezas, que instruye la causa, por qué se dio el visto bueno a la construcción de 4.000 viviendas, un hotel de lujo y un campo de golf en un espacio protegido perteneciente a la Red Natura 2000 y catalogado como Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).
En concreto, a María Reyes Sánchez se le preguntará por qué se bloqueó durante un tiempo el plan de gestión de la ZEPA de la Sierra de Almenara, un documento técnico que habría impedido la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Águilas que hizo posible el OK administrativo al proyecto urbanístico, desestimado en su día por la propia Comunidad Autónoma cuando comenzaron a trascender las irregularidades de su tramitación.
Contradicciones
María Reyes Sánchez ya declaró como testigo en abril de 2008 que no recordaba al detalle los trámites del expediente de recalificación de La Zerrichera, durante una prueba testifical en la que incurrió en algunas contradicciones con el entonces responsable jurídico de la Consejería de Medio Ambiente, Manuel Gil.
Fuentes cercanas al caso aseguran a ‘La Verdad’ que en la petición del Ministerio Fiscal para que María Reyes Sánchez fuera imputada fue determinante la declaración de funcionarios del Ayuntamiento de Águilas, que la situaron en la pirámide competencial de este asunto.
El ‘caso Zerrichera’ comenzó a instruirse en el año 2007 tras la denuncia de un concejal del PSOE de Águilas y las acciones judiciales de ANSE y Ecologistas en Acción. En esta causa que investiga presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad documental permanecen imputados actualmente Francisco Marqués (exconsejero de Medio Ambiente); Antonio Alvarado (ex director general de Calidad Ambiental); Encarnación Muñoz (ex directora general de Medio Natural); Manuel Alfonso Guerrero (ex director general de Urbanismo y Vivienda); José María Ródenas (ex subdirector general de Urbanismo y Vivienda); Juan Ramírez Soto (exalcalde de Águilas); y ahora María Reyes Sánchez, que aún no ha abandonado su puesto de asesora facultativa de la Dirección General de Pensiones, Valoración y Programas de Inclusión del IMAS para incorporarse a la secretaría general de FREMM. Ayer pidió «respeto» y prefirió no hacer declaraciones pese a la insistencia de ‘La Verdad’.
* La Verdad - MIGUEL ÁNGEL RUIZ - 23.5.13
Foto: Águilas (Murcia), terreno La Zerrichera - reporterodigital
Orihuela, la Sicilia valenciana
La mafia político - urbanística campa a sus anchas por esta localidad alicantina (y también por otras cercanas). Varios exalcaldes, 43 casos de corrupción a la espera judicial, e infinidad de imputados del partido popular en uno de los casos más conocidos como 'Brugal'. Todo un récord corrupto más propio de la famosa Palermo (Sicilia).
"ELPAÍS* : Orihuela ya no es solo la cuna del poeta Miguel Hernández. En la Comunidad Valenciana hay quien identifica esta ciudad de 90.000 habitantes con un trasunto de Palermo, como una especie de Sicilia a la valenciana. Aunque sus vecinos lo lleven mal, la comparación no deja de tener sus razones. De los 141 casos de corrupción que tramitan los juzgados valencianos, 43 (el 30%) se investigan en Orihuela. Solo en el caso Brugal una trama político-empresarial ligada al negocio de la basura, hay más de 40 imputados, entre ellos dos exalcaldes de la ciudad, Francisco García Ortuño y Mónica Lorente".
Desde 1979, Orihuela ha tenido siete alcaldes, cuatro de los cuales han estado imputados y dos de ellos condenados en firme. Luis Fernando Cartagena llegó a ingresar en prisión por un breve periodo de tiempo por falsedad en documento mercantil y malversación de caudales públicos. José Manuel Medina fue condenado a siete años de inhabilitación para ocupar cargo público por prevaricación al no cumplir un decreto de alcaldía.
La lista de políticos imputados en Orihuela no es corta. Actualmente, 5 de los 12 concejales del PP están siendo investigados. La exalcaldesa y actual portavoz del PP en el Ayuntamiento, Mónica Lorente, está doblemente imputada, por el caso Brugal y por adjudicar el contrato de una obra en una plaza cuando ya estaba inaugurada. Otro concejal, Roberto López, ha sido condenado a pagar una multa de 900 euros por una falta de lesiones leves y amenazas a una mujer. Tres ediles más también tienen cuentas pendientes con la justicia.
¿Qué es Brugal? La investigación apunta a una trama político-empresarial para controlar el negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja dirigida por el empresario Ángel Fenoll, condenado en varias ocasiones, una de ellas por compra de votos a favor del PP. La prueba de la envergadura de la investigación son los 50.000 folios del sumario, los más de 40 imputados y los jueces de refuerzo que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad ha enviado para agilizar los procedimientos penales. La trama es de tal magnitud que ha tenido ser desgajada en 17 piezas separadas. La más importante investiga la adjudicación, en octubre de 2008, de la contrata de la basura de Orihuela a una Unión Temporal de Empresas integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación le ha costado la imputación a la exalcaldesa Mónica Lorente y a otras siete personas vinculadas al Consistorio.
Brugal ha contaminado a todos los políticos que han tenido algo que ver con la adjudicación de la contrata de basuras, desde otro exalcalde de Orihuela, Francisco García Ortuño, hasta el expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll. La policía está convencida de que Liasur y Gobancast son en realidad la tapadera de la que se valió Ángel Fenoll para conseguir la contrata.
Pese a las evidencias, los políticos implicados en todo el macroproceso relativizan su situación. García Ortuño no cree que en Orihuela existan más casos de corrupción que en otras localidades. El exalcalde achaca la mala imagen de la ciudad a que fue la primera ciudad donde el fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, “puso el foco” y a la imputación del expresidente provincial del PP José Joaquín Ripoll, que dio al caso “una dimensión nacional y política de primer orden”. La portavoz del PP en el Consistorio, Pepa Ferrando, lamenta la atención que genera Orihuela “cuando también hay corrupción en Andalucía o Cataluña”.
El actual alcalde, Monserrate Guillén, de Los Verdes (gobierna aliado con el PSOE), opina que los 25 años de Gobiernos con mayoría absoluta del PP propiciaron “un caldo de cultivo para que florecieran empresarios sin escrúpulos y políticos que buscaban el beneficio propio”. Antonia Moreno, concejal socialista, señala a Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.
Pero quien mejor se explica es Antonio López, de 77 años, alcalde socialista en los años ochenta. “Cuando estaba a punto de dejar la vara de mando”, cuenta, “unos promotores urbanísticos me ofrecieron una parcela de 10.000 metros cuadrados para mi familia a cambio de que agilizara la tramitación municipal para la construcción de una urbanización. Intentaron corromperme, pero no me dejé”.
En la calle, los vecinos de Orihuela no se muestran sorprendidos cuando se les pregunta por la corrupción. “Somos así, qué vamos hacer”, afirma una de las camareras del bar que está junto al ayuntamiento. “Si las paredes hablaran...”, ironiza. Frente a la casa consistorial se levanta la iglesia de Santa Justa y Rufina. Su párroco, José Luis Satorre, admite que la corrupción existe. Y ofrece su teoría: “El problema es la crisis de valores, la persona ya no es el centro de la vida, lo que importa es el ladrillo, la empresa o el dinero”.
José Andrés Berná, un vecino que colabora en varias plataformas ciudadanas, se lamenta de que la corrupción sea “endogámica” y critica que la sociedad la “asuma como normal”. Félix Cordero, presidente de la Cámara de Comercio en Orihuela, admite que la corrupción daña la imagen del municipio. “Nos gustaría que todo esto se resolviera cuanto antes, y si algunos han metido la mano en la lata, que lo paguen, pero que nos dejen trabajar al resto”, demanda el empresario con cierta sensación de hartazgo.
¿Por qué hay tanta corrupción en Orihuela? La respuesta es muy compleja, y primero hay que entender cuál es su realidad geográfica. Su término municipal es muy extenso y con grandes áreas urbanizables. José Sanmartín, profesor de Derecho en la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma Anticorrupción Defensa de la Huerta, resume que en Orihuela hay una “colusión de intereses entre política y economía” donde algunos empresarios “presumen” de tener comprados con prebendas a políticos y funcionarios. Nada que ver con Miguel Hernández.
La lista judicial
ALCALDES:
»Luis Fernando Cartagena (PP). Condenado a cuatro años, pasó tres meses en la cárcel por quedarse con 49.000 euros de la donación de unas monjas.
»José Manuel Medina (PP). Condenado a siete años de inhabilitación por prevaricación en un expediente urbanístico. La juez considera que por su inacción el Ayuntamiento perdió dos millones.
» Mónica Lorente (PP). Imputada por adjudicar una plaza una vez acabada la obra.
» Francisco García Ortuño (independiente). Imputado en el caso Brugal, irregularidades en la adjudicación de la basura.
CONCEJALES ACTUALES
IMPUTADOS:
» 5 de los 12 del PP.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ 19 MAY 2013
Foto: Orihuela, comité electoral PP - laverdad.jpg
Lanzarote.- El fiscal pide cárcel para Luis Lleó y Fernando Becerra, por el intento de soborno a Espino
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El caso 'Unión' de corrupción urbanística en el conflictivo municipio de Yaiza (Lanzarote) en la zona de Costa Roja de Playa Blanca sigue adelante, aunque con lentitud, como siempre.
"CANARIAS7* : El Ministerio Fiscal pide 6 años de cárcel para el empresario Luis Lleó, como principal instigador del intento de soborno a Carlos Espino, consejero socialista que hizo denuncia del hecho, que sirvió de arranque de la investigación del caso Unión. Además, para Fernando Becerra, como colaborador, se reclama una pena de año y medio de prisión. En el escrito de acusación, con la firma de Javier Ródenas, se considera a Luis Lleó como responsable de un presunto delito continuado de cohecho, en base a las maniobras que orquestó para que el Cabildo, a través de Carlos Espino, denunciante inmediato de la trama, cambiara el parecer sobre la urbanización de la zona de Costa Roja, en Playa Blanca (Yaiza). Por ello se pide una pena de seis años de cárcel, junto a una multa de un millón de euros.
Para sacar adelante el proyecto, con licencia para 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y 2.559 plazas de garaje, consentida por el Ayuntamiento de Yaiza, a pesar de ir en contra del planeamiento insular, Lleó buscó la ayuda de Fernando Becerra, empresario al que pidió que hiciera de intermediario, cosa que hizo. Para este segundo presunto actor delictivo se reclama una pena de año y medio de cárcel, así como un pago de 200.000 euros. En este caso se tiene como atenuante su papel de colaboración con los agentes judiciales.
"Surgió en Luis Lleó la idea clara de querer corromper mediante el ofrecimiento de una jugosa cantidad dineraria a una de las personas con mayor poder de decisión e influencia en el Cabildo de Lanzarote en materia de ordenación territorial", en alusión a Carlos Espino, "que con ocasión de las funciones propias de su cargo podía prevaliéndose de su superior relación jerárquica y personal requerir a los técnicos del Cabildo para hacer un traje a la medida de Luis Lleó".
Atendiendo al plan urdido, según el escrito del Ministerio Público, se constató durante la investigación que "Fernando Becerra contactó telefónicamente en la primera quincena del mes de Mayo de 2008 con el Consejero, Carlos Espino, y con el pretexto de mantener una reunión con, él, para hablar de un tema, consiguió una cita el día 22 de Mayo de 2008 en el despacho público del consejero del Cabildo". Se le ofreció a Carlos Espino el 5% del volumen de negocio de Costa Roja una vez hechas las construcciones, que contaban con un presupuesto de 69,3 millones de euros, con opción de dar como alternativa la suma de 400.000 euros, a través de una cuenta en Suiza.
Para cumplir con el plan, el Cabildo debía perder el litigio abierto, así como pagar compensaciones al dueño de los terrenos. Incluso se estableció un plan de ruta, que fue objeto de trato en un encuentro en la cafetería La Unión de Arrecife hecho el 14 de julio de 2008. Esta actuación dio nombre a la investigación extensa que se siguió en las meses posteriores, que derívó en varias ramificaciones presuntamente delictivas, con varias decenas de personas imputadas, muchas con acusaciones de gran transcendencia para la vida política y social de Lanzarote.
Cabe señalar que hubo un segundo ofrecimiento de Becerra a Espino, consistente en repartirse 600.000 euros a partes iguales, que también fue conocido por los investigadores gracias al papel activo del entonces líder del PSC-PSOE en aras de desmontar la trama de presunta corrupción urdida por Luis Lleó.
* Canarias 7 - José Ramón Sánchez - 20.5.13
Foto: Yaiza (Lanzarote), vista Playa Blanca - lavozdelanzarote.com
Barcelona, Castellón, Alicante y Madrid tienen el mayor excedente de vivienda nueva por vender
Parece que este estudio privado se ha quedado bastante corto en el número de viviendas nuevas vacías. Pero puede ser una aproximación a la gravedad del caso de la vivienda que, lamentablemente, sigue sin resolverse en este país.
"EFE* : Las provincias españolas que concentran el mayor excedente disponible de vivienda nueva son Barcelona, Castellón, Alicante y Madrid, de acuerdo con un estudio elaborado por Deloitte. Respecto al esfuerzo que hacen las familias para comprar, este trabajo subraya que el porcentaje de renta que dedican al pago de una hipoteca se sitúa ya en cotas de equilibrio. En concreto, de las 50 provincias analizadas, Barcelona (con 60.077 unidades), Castellón (54.274 unidades), Alicante (49.333 unidades) y Madrid (45.537) son las provincias que cuentan con mayor stock disponible, mientras que, por el lado contrario, Badajoz (843), Cáceres (1.317) y Soria (1.966), registran el menor excedente".
Teniendo en cuenta la relación entre población y stock de vivienda nueva, por tercer año, Castellón, Toledo y Almería son las provincias que cuentan con un mayor excedente por cada 1.000 habitantes, en tanto que Badajoz, Cáceres y Vizcaya presentaron el menor ratio.
A pesar de la actual coyuntura económica, Deloitte subraya que 35 provincias están reduciendo su stock de viviendas nuevas sin vender, en especial, Badajoz, Navarra y Guadalajara, con un ajuste del 58%, 42% y 23% respectivamente desde el año anterior.
Más y menos preparadas para recuperar la actividad
Teniendo en cuenta su coyuntura económica y los indicadores inmobiliarios, Álava, Cantabria, Guipúzcoa, La Coruña, Madrid, Navarra, Valladolid y Vizcaya son las provincias mejor preparadas de cara a una recuperación de la actividad inmobiliaria.
Por otro lado, 30 provincias, entre las que destacan Barcelona, Valencia, Sevilla o Islas Baleares estarían en condiciones de normalizar su actividad en un momento posterior y a un ritmo menor. Por último, un grupo de 12 provincias necesitarán más tiempo para absorber el stock y dinamizar su mercado inmobiliario local, indica la consultora.
Con todo ello, y motivado por una caída acumulada del 22% en el precio medio de la vivienda desde el inicio de la crisis, el porcentaje de renta familiar dedicada al pago de la hipoteca de la vivienda ha descendido durante los últimos ejercicios hasta situarse en el 34,3%, un nivel "muy cercano a las cotas razonables de equilibrio", añade Deloitte.
El elevado precio de la vivienda de Barcelona y Guipúzcoa hace que sus respectivas tasas de esfuerzo sean, por tercer año consecutivo, las más elevadas de España. Por el contrario, la compra de vivienda en provincias como Murcia, La Rioja, Pontevedra o Lérida es más accesible, al registrar tasas de esfuerzo por debajo del umbral del 30%.
* 20 Minutos - EFE - 19.5.13
Foto: Seseña, bloques viviendas - seseña
Sol vuelve a mudar de piel
El diseño de la madrileña Puerta del Sol es caótico y confuso, característico de que allí han operado varias corporaciones y diferentes modelos de urbanismo. En realidad debería formar parte de un estudio - análisis municipal sobre el centro histórico y sus alternativas, pero eso ya sería pedir demasiado, parece.
"ELPAÍS* : La Puerta del Sol tiene una veintena de farolas de tres diseños diferentes; cuatro pilotes para cortar el paso a vehículos y otras tantas barras de metal a las que encadenar bicicletas. Sol tiene cuatro quioscos de prensa, uno de lotería y otro de tabaco; seis cabinas de teléfono, y dos paneles de información o publicidad. Tiene cuatro bocas de metro, dos ascensores y un vestíbulo exterior de cristal bautizado como el tragabolas. Tiene dos fuentes, una estatua ecuestre, el oso y el madroño sobre un pedestal y una diosa griega subida a un pilar. Lo que no tiene Sol son árboles o bancos en los que sentarse. Ni alma.
Todos sus elementos parecen diseminados desde las alturas sin ton ni son; de hecho, algunos han cambiado tanto de sitio que cuesta localizarlos. Prácticamente nada de lo que hay allí goza del cariño de los madrileños. Y los turistas, que acuden a fotografiar los símbolos del casticismo local, deben sentarse luego en el suelo, junto a las fuentes, porque el Ayuntamiento, bien porque considera que la plaza no es estancial sino de paso, bien porque quiere evitar que hagan noche allí los vagabundos que llenan de todas formas los soportales de la plaza Mayor, evita por todos los medios dejar un resquicio para el reposo.
La Puerta del Sol, que representa a Madrid en manifestaciones televisadas y en fin de año, está cerca de poblarse además de terrazas, en parte de los establecimientos hosteleros allí presentes, en parte por una concesión municipal para instalar un nuevo quiosco en mitad de la plaza. Pero antes, el Ayuntamiento de la capital y la Comunidad (que tiene precisamente allí su sede) han dado vía libre al Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) para convocar un concurso internacional de ideas en octubre que permita ordenar lo que ya hay, eliminar lo prescindible, racionalizar el tráfico de vehículos y el tránsito de peatones, y desenterrar el alma de la plaza, si acaso la tuviera. “Tenemos que pensar la plaza entre todos, no puede seguir siendo una herida que la gente evite para no encontrarse con muñecos de Bob Esponja o compradores de oro”, cree+ el decano del Colegio de Arquitectos, José Antonio Granero. “Madrileños y turistas sienten desapego por Sol, y de la falta de cariño viene su banalización. No es una plaza estancial, es un cruce de caminos. No está bien diseñado, tiene demasiados elementos. Hay que ponerle racionalidad”.
El Colegio de Arquitectos está cerrando acuerdos ya con tres empresas muy ligadas a la Puerta del Sol “para que lideren el proyecto desde el punto de vista económico”. Han mostrado su interés la constructora OHL, embarcada en la reforma del complejo de Canalejas, a escasos metros de distancia; y El Corte Inglés, que posee varios centros comerciales en la zona. Falta por hablarlo con Apple, que abrirá en unos meses su tienda insignia en la plaza, y a la que Granero ve posible convencer para que se sume al proyecto.
El siguiente paso será una serie de exposiciones y coloquios en la sede del Colegio de Arquitectos, en las Escuelas Pías, para explicar la historia de la plaza, compararla con otros espacios similares en otras ciudades, y “permitir que los ciudadanos la conozcan y amen”. El colofón será el concurso internacional de ideas que se lanzará en octubre.
La iniciativa busca una intervención total en ese espacio, que afecte tanto a la plaza como a su entorno, a los elementos diseminados por ella y a las vías de acceso. Para ello, Granero se ha puesto en contacto con el hasta hace pocos días edil de Centro y ahora delegado municipal de Las Artes, Pedro Corral (entre sus atribuciones está el paisaje urbano), y con el delegado municipal de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito. “Hay que aprovechar lo que hay, no se trata de tirar por tirar. Hay que ser prudentes, hacer una intervención potente e interesante, pero desde la racionalidad”, añade Granero.
La Puerta del Sol sufrió su última reforma de importancia entre 2005 y 2009, coincidiendo con la construcción de una estación de tren en sus entrañas. La obra sufrió retrasos al hallarse restos de la iglesia del Buen Suceso, que se pueden ver en la propia estación.
La reforma se inauguró en junio de hace cuatro años. Aumentó la superficie peatonal, limitando el tráfico a un par de carriles entre la calle Mayor y la carrera de San Jerónimo. El Ayuntamiento arañó este año además un carril-bici al vial. Sólo queda otra calle con tráfico, Carretas, que está en el ánimo municipal peatonalizarla (falta dinero). La expresidenta regional Esperanza Aguirre (PP) y el exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón (PP) se enzarzaron hasta por los quioscos de tabaco y lotería, que una quería quitar y el otro mantener. Llegaron a los tribunales. La reforma actual contará, en cambio, con el consenso de sus sucesores, Ignacio González y Ana Botella.
Los madrileños necesitamos Sol
JOSE ANTONIO GRANERO
Madrid y sus ciudadanos necesitamos recuperar la Puerta del Sol. Es un lugar extraordinario en el mundo de los símbolos urbanos, que tuvo su momento más brillante tras la reforma acometida en el siglo XIX. Es un espacio amado y odiado, soporte de la expresión colectiva, un cruce vacío en el que festejar, encontrarse, criticar, celebrar... de nuevo muchos verbos y todos ellos en un mismo lugar.
Cuando desde las Administraciones se propuso la instalación de un quiosco con terraza, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid decidió intervenir en positivo, con la propuesta de una reflexión profesional abierta a la participación ciudadana sobre ese espacio público. Se haga lo que se haga en Sol, será referencia para las intervenciones sobre el paisaje urbano en la capital y en muchas otras ciudades.
La iniciativa se ha recogido por el Ayuntamiento de Madrid, y ya juntos empezamos a trabajar. Y lo hacemos a través del proyecto Madrid Think Tank, liderado desde el Colegio por los arquitectos Carlos Lahoz y Manuel Leira, y que vincula a profesionales, empresas y universidad con la participación ciudadana en la generación de actividad para crear una iniciativa urbana colectiva de Madrid, de la mano del Ayuntamiento y de la Comunidad.
Es necesario un proceso de información y difusión, y por ello todo empezará con una próxima exposición de la historia de la Puerta del Sol. Junto a ella, mesas redondas y debates, ejemplos de otras intervenciones en el mundo, expertos y profesionales, Administraciones y participación ciudadana. Es una gran oportunidad para empezar a conocer y querer más nuestro Madrid, y juntos mejorarlo.
Para ello, se convocará un concurso de ideas entre arquitectos de todo el mundo, con especial cuidado en la formulación de la pregunta y del jurado, ya que, junto con los profesionales que participen en la iniciativa, será la garantía del mejor resultado. Debemos poner en valor las preexistencias de la Puerta del Sol. Cada intervención debe sumar con las anteriores.
Sol representa un referente, local, nacional e internacional, y este hecho nos obliga a tratar este concurso con la máxima excelencia, rigor y cuidado. La Puerta del Sol debe ser nuestra referencia, debe volver a ser nuestro kilómetro cero. Madrid se lo merece.
José Antonio Granero es decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 18 MAY 2013
Foto: La Puerta del Sol, en 1906. / ALOIS BEER
El fiscal pide ocho años de cárcel para el alcalde de Zarra por fraude y falsedad
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Se trata de un caso de compraventa ilegal de terrenos en el municipio de Zarra (Valencia). Pero llama la atención que sea una denuncia del año 2005, es decir que la justicia valenciana haya tardado 8 años (ocho) en las diligencias. Y más grave aun que sea sobre un asunto que ocurrió en 2003. Más de 10 años después se abre juicio oral contra el alcalde, algo incomprensible donde habría que buscar responsabilidades políticas y judiciales.
"ELPAÍS* : El juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Requena ha abierto juicio oral contra el alcalde de la localidad valenciana de Zarra, el independiente Juan José Rubio, por un presunto fraude en la compraventa de unos terrenos. El regidor se enfrenta a una pena de ocho años de prisión y a 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, tal como pide la Fiscalía, que acusa a Rubio de fraude y falsedad al haber causado un "evidente y grave perjuicio a las arcas municipales".
El caso se remonta a julio de 2005, cuando la concejal del PP Rebeca Gonzálvez presentó una denuncia ante Fiscalía por presunto fraude en relación con la venta por un precio muy inferior al real de dos solares por parte del Ayuntamiento de Zarra a una sociedad cuyo único partícipe y administrador era el hijo del primer edil, Sergio Rubio.
Según las conclusiones del juzgado, el Ayuntamiento compró en 1994 una finca por 750.000 pesetas (unos 4.500 euros) y otra parcela en 2000 por 1,5 millones de pesetas (unos 9.000 euros). Las dos propiedades municipales fueron vendidas a mediados de 2003 a la empresa Telizán, SL, que pertenecía al hijo del alcalde, por un precio total de 45.080 euros.
El auto con el que el juez cierra la instrucción indica que la operación fue "urdida para perjudicar al Ayuntamiento de Zarra, pues se desprendía de bienes cuyo valor económico era muy superior al precio recibido" y, de paso, se beneficiaba "directamente al hijo del alcalde". Según una valoración pericial, ya solo una de las fincas valía 190.150 euros porque en ella se había construido un almacén.
En la tramitación de los expedientes para la enajenación y venta de las parcelas se cometieron diversas irregularidades por las que también se abre juicio a cuatro concejales, la secretaria municipal y el arquitecto técnico del Ayuntamiento.
El juez considera que los hechos pueden ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude funcionarial y otros de falsedad documental.
Al alcalde, además, el juez le achaca varios delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación por la concesión irregular de una veintena de licencias de construcción supuestamente ilegales a la empresa de su hijo.
El juzgado acordó en marzo abrir el juicio contra el regidor, los concejales y funcionarios municipales, y el hijo del alcalde, acusado de ser cooperador necesario.
En el escrito fiscal, cuyos hechos coinciden prácticamente con los relatados por el magistrado, se acusa a Juan José Rubio de un delito continuado de fraude y de otros dos de falsedad documental, y se le pide una pena de ocho años de cárcel, 22 de inhabilitación para empleo o cargo público, y el pago de una multa de 10.800 euros.
Asimismo, el ministerio público reclama para el hijo del primer edil tres años de cárcel y otros 10 de inhabilitación; la misma pena que solicita para los ediles. Además, respecto a la secretaria, el fiscal pide ocho años de cárcel y 22 de inhabilitación; y en cuanto al arquitecto, reclama cinco años de cárcel y 12 de inhabilitación.
Por vía de responsabilidad civil, el fiscal pide que se acuerde la nulidad de la venta de las dos parcelas "por haberse realizado con consciente desprecio a la normativa administrativa reguladora de la enajenación de bienes públicos y en perjuicio del Ayuntamiento de Zarra".
Juan José Rubio Navarro es alcalde de Zarra desde 1979 y ha revalidado su cargo hasta en ocho ocasiones, primero como candidato del PSPV-PSOE y, a partir de 2007, como líder de la Agrupación de electores por Zarra (AEPZ).
En enero de 2006, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia valenciano presentó una denuncia en los juzgados de Requena contra Rubio y tres concejales socialistas por varios delitos de prevaricación, falsedad, fraude y estafa.
Rubio fue expulsado entonces del PSPV-PSOE y formó la agrupación electoral independiente AEZP, con la que en las elecciones municipales de 2007 ganó cuatro de los siete concejales de Zarra, un pueblo de apenas 500 habitantes de la comarca del Valle de Ayora-Cofrentes, en el interior de la provincia de Valencia.
Con su actuación, el fiscal del TSJCV ratificaba la denuncia presentada en diciembre de 2005 por la concejal del PP de Zarra Rebeca Gozálvez contra el alcalde por irregularidades en la compraventa de inmuebles llevada a cabo por la Sociedad Municipal de Servicios Zarra, SL y la mercantil Telyzan, SL, perteneciente al hijo del edil.
* El País - EP - 23.5.13
Foto: Zarra - todopueblos
Amnistía denuncia la desprotección en el derecho a la vivienda
El artículo 47 de la Constitución española dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos". Y de aquí viene la denuncia de Amnistía Internacional.
"PÚBLICO* : "El Gobierno aprobó reformas legislativas en relación con la crisis económica sin evaluar sus repercusiones en los derechos de los sectores de población vulnerables". Es una de las conclusiones recogidas en el último informe anual de Amnistía Internacional, que en el caso de España pone el foco en el acceso a la vivienda como uno de los derechos que se han visto más desprotegidos durante 2012".
En concreto, el informe recoge los casos de desalojos forzosos de La Cañada Real y de 300 personas de un asentamiento informal en Puerta de Hierro, ambos en territorio madrileño. Pero la preocupación de la organización no gubernamental se extiende también a la situación de las miles de personas que han sido desahuciadas durante el pasado año a causa de una legislación "anormal", según ha señalado el director de AI en España, Esteban Beltrán.
"El derecho a la vivienda no se encuentra protegido en España. Existe en la Constitución, pero no es un derecho fundamental y nunca se ha aceptado un recurso de amparo por este tipo de casos ante el Tribunal Constitucional", ha afirmado Beltrán, quien ha anunciado que Amnistía Internacional llevará a cabo una investigación sobre el derecho a la vivienda en España en los próximos meses.
El principal problema, según ha señalado, es que no existe un marco legal al que los jueces puedan acogerse con respecto al derecho de acceso a la vivienda, sino solamente sobre cuestiones de deuda. "Hay un problema enorme de jurisdicción", ha dicho el director de la ONG, que ha pedido que "se paren todos los desalojos hasta que los afectados tengan el marco legal oportuno para poder defenderse".
Por ello, Amnistía ha anunciado que piensa tomar varias medias al respecto. A largo plazo, tratar de que PP y PSOE lleguen a un acuerdo para cambiar la Constitución y que el acceso a la vivienda sea considerado como un derecho fundamental. A corto y medio plazo, que los tribunales puedan empezar a aplicar un derecho a la vivienda adecuado. A este respecto, Beltrán ha recordado que el 5 de mayo entró en vigor el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por España en 2010 y por lo tanto vinculante, y que permite a los afectados acudir ante la ONU y otras instancias judiciales para defender su derecho a la vivienda.
"En junio, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU expresó su preocupación por que continuaran ejecutándose desalojos forzosos en incumplimiento de las garantías jurídicas internacionales, que incluían un proceso genuino de consulta previa, una indemnización y una alternativa adecuada. El Comité recomendó adoptar un marco jurídico que estableciera directrices aplicables antes de proceder a un desalojo", cita el informe.
La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, que acudió a la presentación del informe ayer en Madrid, reivindicó que el derecho a la vivienda no supone sólo el acceso a un bien material, sino que "es condición necesaria para el desarrollo de otros derechos", como el derecho a la salud o a la alimentación. "Si algo sobra en este país en crisis son viviendas vacías. No hay falta de recursos. Se están privando los derechos de las personas para favorecer los intereses especulativos", denunció Colau, que criticó que el Gobierno, frente a la actuación de la ciudadanía, esté "estigmatizando, criminalizando y reprimiendo" a quienes defienden los derechos de las personas.
* 20 Minutos - LUCÍA VILLA - 23.5.13
Foto: Una de las múltiples protestas en España contra la política de recortes del Gobierno - AI
Blesa (Caja Madrid) prestó 6,7 millones a una empresa Gürtel para financiar un amaño en Boadilla
Se empiezan a conocer datos sobre la procedencia del dinero para la corrupción y especulación urbanística de los pasados años. La unión interesada de políticos y financieros fue la culpable de la gran estafa de la 'burbuja inmobiliaria' que finalmente ha derivado en crisis total. El amiguismo político para financiar ilegalidades mayúsculas contra la Ordenación del Territorio era una práctica generalizada como ya se pensaba entonces, con poco éxito judicial (hay que decirlo). El caso de CajaMadrid es emblemático en poblaciones 'populares' como la madrileña Boadilla del Monte.
"20MINUTOS* : Caja Madrid, cuando la dirigía Miguel Blesa, concedió dos préstamos que sumaban 6,7 millones de euros a uno de los principales imputados en la trama Gürtel, el exvicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín, para que pudiera llevarse uno de los principales contratos que la red de Francisco Correa amañó en Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la trama. Los dos préstamos, de 5,9 millones y 800.000 euros, se concedieron en junio y agosto de 2008. Blesa dejó Caja Madrid en enero de 2010. Está acusado de apropiación indebida".
El negocio era redondo para Blanco Lalín y la trama de Correa. El Ayuntamiento de Boadilla, gobernado entonces por Arturo González Panero (otro de los imputados), sacó a concurso "el derecho de superficie" de tres parcelas en la mejor zona de Boadilla, dónde se iban a construir locales comerciales y plazas de garaje. En total, 33 locales y 178 garajes en la Avenida Siglo XXI, por donde pasa en tren ligero. La adjudicación se la llevó Rústicas MBS S.L en octubre de 2005, empresa de Blanco Lalín, que luego en 2007 cedió la concesión a otra firma de Blanco Lalín, Artas Consultoría.
Artas Consultoría gestionaría los 33 locales y los 178 garajes durante 99 años. Y a cambio sólo pagaría al Ayuntamiento de Boadilla un canón anual de 81.344 euros, un canon que había sido reducido porque fue fijado inicialmente en 320.000 euros. "Todo un chollo", denunció entonces PSOE y Alternativa por Boadilla, ya que ¿cuánto podía sacar Blanco Lalín si alquilaba el espacio a su disposición?
Un informe de la Policía Nacional, remitido a la Audiencia Nacional el 30 de enero de 2009, y al que ha tenido acceso 20Minutos, ponía exactamente como ejemplo de los negocios amañados por Correa la adjudicación de Rústicas: "La forma de actuar de la organización es captar una adjudicación de tipo urbanístico de una Administración Pública, buscar una empresa capaz de realizarla, ofrecerle el negocio a cambio del cobro de una comisión y avalarla en el concurso respectivo, el cual está previamente concertado".
Blanco Lalín, "un potencial elevadísimo"
El informe de operación de riesgo, que Caja Madrid emitió para analizar la petición de Artas Consultora, refleja que "Artas nos solicitó en junio de este año [se refiere a 2008] un préstamo de 5,9 millones para financiar las obras de construcción de 33 locales y 106 plazas" (aunque la adjudiación fueron 178 plazas). Ese primer préstamo fue concedido por el comité financiero, a 15 años. Con la operación que ahora se analiza, un segundo crédito de 800.000 euros, "lo que se solicita es la financiación del IVA de las obras de construcción".
El informe de Caja Madrid avala el segundo crédito, ya que "la principal compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de Ramón Blanco, cuyo potencial es elevadísimo, y sin duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de primera fila, económicamente hablando". El informe también responde a la pregunta que se planteó la oposición de cuánto sacaría Blanco Lalín si alquila todos los locales y garajes: "115.000 euros mensuales", lo que quiere decir 1,3 millones de euros al año (cuando solo devolvía al Ayuntamiento un canon de 81.000 euros). Si se hubieran mantenido esos precios en los 99 años de concesión, el negocio era de 136 millones de euros.
El informe de la Policía también revela la función de Blanco Lalín en la red de Correa: "la gestión y la intermediación financiera de su estructura societaria. Diseño de la estructura de blanqueo". Se le acusa de mover más de 50 millones de euros. Nacido en Léon, es licenciado en Ciencias Económicas, auditor de cuentas e inspector de Hacienda, como Miguel Blesa y José María Aznar. De hecho, Blanco Lalín estuvo junto al expresidente del Gobierno en la redacción y edición de la revista del Centro de Estudios Financieros entre 1983 y 1984. Y Aznar y Blesa, eran amigos.
Boadilla quiere recuperar los locales
El 6 de octubre de 2011, el Ayuntamiento de Boadilla, a través de su Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, decidió rescindir el contrato con Artas Consultora. Era el nuevo equipo municipal tras la marcha de Panero. "A día de hoy solo cuatro de los 33 locales están ocupados", explica a este diario Miguel Ángel Ruíz López, concejal de Urbanismo, Infraestructuras y Asuntos Jurídicos. "El objetivo es recuperar para el patrimonio municipal estos locales y plazas de garaje. También iniciamos acciones legales para reclamar los daños y perjuicios producidos así como las cantidades no pagadas del canon correspondiente".
El edil reconoce que el anterior Ayuntamiento alquiló dos de esos locales para poner una comisaría y una oficina de la empresa municipal de suelo y vivienda, pero que se marcharán de allí en breve y que no pagan el alquiler desde que ellos llegaron al poder a finales de 2011. Aunque en el marco de la investigación la Audiencia ha bloqueado los bienes de Artas y José Ramón Blanco Balín, solo quedan por devolver del préstamo unos 960.000 euros, según fuentes jurídicas.
Blanco Lalín se ha acogido recientemente a la amnistía fiscal del Gobierno, según ha comunicado la Audiencia Nacional al juez del caso Gürtel. El empresario afloró 504.743 euros.
* 20 Minutos - D. FERNÁNDEZ. 24.05.2013
Foto: Madrid, Blesa y Aznar en CajaMadrid - elperiodico
Mallorca.- La Policía busca en las casas de Munar y Nadal dinero de la corrupción
La expresidenta de Unión mallorquina y expresidenta también del Consell de Mallorca, M.A.Munar, ha estado en los años de la burbuja inmobiliaria siempre en primera línea de todas las 'presuntas' ilegalidades en Mallorca. Ella, junto a su partido, han sido claves para la gobernabilidad de la isla y, ahora, bastante tarde también, comienzan a aflorar numerosas causas judiciales por las irregularidad urbanísticas cometidas.
"PÚBLICO* : La Policía Judicial estaba registrando la tarde de este lunes los domicilios de la expresidenta del Consell de Mallorca Maria Antònia Munar, en Costitx (localidad del centro de la isla), y del exvicepresidente de la misma institución, Miquel Nadal, en Palma, por orden de la Fiscalía Anticorrupción, en relación con el caso Can Domenge. Los investigadores buscan dinero que pudieran haber cobrado ambos políticos de Unión Mallorquina por la supuesta venta irregular del solar de Can Domenge en 2006, en la que habrían beneficiado a la empresa Sacresa, o bien datos que puedan conducir a encontrar dicho efectivo.
Tras los registros, Munar, que también fue presidenta del Parlamento balear, ha revelado que los agentes de la Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía que han registrado esta tarde su casa de Costitx y de Palma de Mallorca "se han llevado recortes de periódicos y escrituras públicas de mis propiedades".
En declaraciones a Europa Press, Munar ha considerado que el registro de sus dos viviendas es una actuación "normal" tras la denuncia realizada este lunes en los Juzgados por el exconseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, respecto a las supuestas irregularidades cometidas en la venta del solar de Can Domenge a la mitad de precio de lo estipulado.
La también expresidenta de Unió Mallorquina ha desvelado que en el registro de su vivienda de Costitx, que se ha prolongado desde las 18.30 hasta las 20.00 horas, estuvieron presentes los fiscales Anticorrupción Miguel Ángel Subirán y Ana Lamas, así como el jefe de la Policía Judicial, Antoni Cerdà.
Munar ha aseverado que "no queda más remedio" que entender que ambos registros se enmarcan en una actuación normal, tras la denuncia de Vicens, al tiempo que ha esperado que en próximas fechas, le llamen a declarar sobre este asunto, si bien desconoce si será como imputada o como testigo.
Tras indicar que ha sido la primera vez que registran sus viviendas, Munar ha señalado que la Policía Nacional también ha registrado la vivienda en Palma del exvicepresidente del Consell de Mallorca y exconseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal.
Vicens fue condenado en 2010 a tres años de cárcel y seis meses de inhabilitación absoluta por el delito de malversación en el caso Son Oms, si bien tiene otras causas pendientes, por las que podría ser condenado a 20 años de cárcel.
El Tribunal Superior de Justicia condenó a Vicens por pagar con 12.000 euros de fondos públicos a su contable Tomás Martín al que encargó un estudio inmobiliario sobre el valor del suelo en la isla, informe que el tribunal consideró innecesario y que Martín plagió de internet.
Por otro lado, la Audiencia de Palma ya ha fijado fecha para la celebración del juicio de Can Domenge, que comenzará el próximo 5 de junio, en el que también están encausados los exconsellers de Territorio Bartomeu Vicens y de Economía Miquel Àngel Flaquer, todos ellos de la extinta Unió Mallorquina (UM), así como un abogado y un empresario.
La Fiscalía Anticorrupción cree que los cuatro políticos diseñaron "un traje a medida" al crear un concurso para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge, un solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar para 600 viviendas, que se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro, 30 millones de euros frente a 61.
El registro se ha producido tras trascender la noticia de que la Audiencia de Palma de Mallorca celebrará a partir del 5 de junio el juicio del caso Can Domenge, que sentará en el banquillo por segunda vez a Munar por la venta presuntamente corrupta del solar que da nombra al procedimiento.
También está acusado en el mismo caso el exvicepresidente del Gobierno balear Miquel Nadal, cuya casa también estaba siendo registrada esta tarde por la Policía.
Del mismo modo, están encausados los entonces consellers de Territorio, Bartomeu Vicens, y de Economía, Miquel Àngel Flaquer, todos ellos de la extinta Unió Mallorquina (UM), así como un abogado y un empresario.El juicio abordará el plan presuntamente trazado por los cuatro políticos para beneficiar a la empresa Sacresa con la venta de la finca de Can Domenge en 2006.
La venta de este solar de más de 52.000 metros cuadrados con capacidad para edificar 600 viviendas, ubicado en el centro de Palma, se adjudicó a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 61 millones), impulsor de la querella que inició la investigación.
La Fiscalía Anticorrupción considera que los políticos diseñaron un "traje a medida" para lograr sus fines y que el plan se trazó con total desprecio de las normas administrativas y legales, facilitando información confidencial privilegiada y con grave perjuicio del patrimonio público.
Por este caso de supuesta corrupción la Fiscalía pide 6 años de cárcel para Munar, Nadal, Flaquer y Vicens por los delitos de fraude a la Administración y revelación de secretos, así como entre 8 y 10 años de inhabilitación para cargo público por prevaricación.La acusación pública considera que Munar fue quien impartió las órdenes pero los cuatro políticos idearon, prepararon y desarrollaron los actos administrativos que hicieron posible la venta del inmueble de mayor valor del Consell, fingiendo un interés público y simulando el motivo real.
El ministerio público pide también un año y medio de prisión para el abogado Santiago Fiol por fraude y revelación de secretos, y para el empresario dueño de Sacresa, Román Sanahuja, solicita 2 años por fraude y uso de información confidencial.
Está previsto que el juicio comience el 5 de junio y la Sección Segunda de la Audiencia ha reservado un total de 13 jornadas para la celebración de la vista oral, que podría finalizar el 5 de julio.En febrero de 2012 se decretó el embargo preventivo de once inmuebles propiedad de la expresidenta del Consell y la retención del dinero de sus cuentas, para cubrir la fianza civil de 37,1 millones de euros impuesta por la juez del caso, así como de doce inmuebles de Nadal y uno de Flaquer.
Este juicio será el segundo contra Munar, después del celebrado en mayo del año pasado por el caso Maquillaje, en el que fue condenada a 5 años y medio de cárcel por desviar 240.000 euros del Consell de Mallorca a través de la productora Vídeo U, una pena que recurrió su defensa al Tribunal Supremo y que aún no es firme.
Para Nadal podría ser la tercera condena después de la de 2 años y 7 meses por el mismo caso Maquillaje en el que fue considerada culpable Munar, y la de 4 años de cárcel por regalar 13.000 euros al exconcejal de Turismo de Sóller Tomás Plomer a través del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), en una pieza del caso Voltor.
* Público - Agencias - 20.5.13
Foto: Mallorca, exconsejero Nadal y expresidenta Munar
Benidorm.- El fiscal pide cárcel para la cúpula que saqueó Terra Mítica
Como siempre ocurre en casos de ilegalidades urbanísticas la justicia llega tarde, pero en algunos casos mejor es tarde que nunca. Por fin parece que se va a juzgar a los responsables directos del 'pelotazo' de Terra Mítica (Benidorm), una trama corrupta de comisiones y otras irregularidades que afectaron a la construcción y gestión del parque temático. Aunque da la impresión que los altos cargos políticos de la Comunidad y la provincia alicantina, que dieron el visto bueno a todo lo que se hizo ilegalmente, se van a ir 'de rositas', otra vez más.
"ELPAÍS* : El primer icono de la política de grandes eventos del PP valenciano, Terra Mítica, también se verá sometido a juicio. La Fiscalía Provincial de Valencia fijó ayer su petición de penas para cuatro de los principales responsables de la gestión del parque temático de Benidorm y los otros 33 directivos y empresarios que participaron en una trama para cobrar en 2000 y 2001 por trabajos no realizados y defraudar al fisco importes que alcanzaron los 4,4 millones de euros.
La Fiscalía pide para el ex presidente del consejo de administración de Terra Mítica Parque Temático de Benidorm Luis Esteban siete años de prisión y para el exdirector general Miguel Navarro, el ex director técnico Antonio Rincón y el ex jefe del departamento de Contratación Justo Valverde —cuñado del expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana— una pena de diez años de cárcel. Para el resto de imputados solicita penas que van desde los cinco años y siete meses hasta 53 años y cuatro meses.
A quienes formaron parte de la cúpula de Terra Mítica se les imputan delitos de estafa y contra la Hacienda Pública y —a excepción de Luis Esteban— falsificación en documento mercantil.
El ministerio público considera que, pese a que se contrataron distintas empresas para dirigir las obras de construcción de Terra Mítica, Miguel Navarro y Justo Valverde se pusieron de acuerdo con el empresario Vicente Conesa —responsable de las firmas C3 Ingeniería de la Construcción y Medio Ambiente y Desarrollo de Proyectos, Instalaciones y Mantenimientos— para sacar del control de la gerencia una parte de los trabajos del parque y conseguir colar un buen número de facturas. A estos documentos se los dotaban de “una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales, prestados por empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque”. A Antonio Rincón, los antes citados le ofrecieron una comisión por participar en la trama.
El empresario Vicente Conesa —para quien la fiscalía pide el comiso del chalet que posee la familia en Teulada, comprado con el dinero supuestamente estafado— estuvo implicado en un escándalo relacionado con la adjudicación supuestamente irregular del mapa sonoro de Benidorm en la etapa en que Eduardo Zaplana era alcalde. Para Conesa el fiscal pide una pena de 28 años y siete meses.
El propio expresidente popular se vio salpicado por los escándalos de Terra Mítica cuando dos empresarios implicados le acusaron, en una conversación con dos diputados socialistas, de cobrar comisiones ilegales durante la construcción de Terra Mítica a través de Vicente Conesa. Al final, el episodio quedó en nada.
En su calificación, el Fiscal pide que los que formaron parte de la cúpula del parque y los empresarios imputados paguen, en diferentes grados, un total de 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.
El accidentado proceso judicial sobre las irregularidades relacionadas con la construcción de Terra Mítica arrancaron en abril de 2005 y, tras distintas vicisitudes, encaró su recta final el mes pasado. La Audiencia Provincial de Valencia transformó las diligencias previas en procedimiento abreviado y abrió el plazo a las partes personadas para que realizasen sus peticiones.
En el escrito de calificación, el fiscal relata que los autores intelectuales de la trama establecieron tres niveles distintos de empresas. Un nivel que fingía trabajos inexistentes y proveía de material a otras empresas. Un segundo nivel que recibía las facturas, emitía pagarés y retiraba dinero de las cuentas. Y, por último, un tercer nivel de sociedades que confeccionaba operaciones ficticias entre empresas y aminoraba las cantidades de IVA que tenían que pagar a la Agencia Tributaria.
* El País - JOAQUÍN FERRANDIS - 22.5.13
Foto: El parque Terra Mítica en Benidorm. / KAI FÖRSTERLING (EFE)
Ley de Costas: arbitrariedad, despilfarro, privatización
Esta noticia ya lleva varios meses de actualidad, pero todavía gran parte de la sociedad no se ha dado cuenta de la gravedad de la misma y la gran estafa que supone esta nueva Ley de Costas para el patrimonio público y la Ordenación del Territorio. Algo que, lamentablemente, pagaremos todos y, desde luego, las próximas generaciones que se preguntarán cómo pudo ser posible este fraude mayúsculo sin una mayor contestación social.
La nueva Ley de Costas, aprobada en el Congreso y en el Senado por el partido popular, crea indefensión jurídica y su arbitrariedad puede producir un caos jurídico que despilfarraría, además, los 180 millones de euros invertidos en deslindar la costa.
"TERCERA* : La modificación ha sido realizada a espaldas de los técnicos, la sociedad y, sobre todo, de la naturaleza. Ecologistas en Acción considera que Arias Cañete pasará a la historia reciente como el ministro que más dañó el Medio Ambiente. Con la aprobación del pasado 9 de mayo se rompe definitivamente el valor de la costa como bien público y no como un recurso mercantil.
La ley que se aprueba en el Congreso de los Diputados conlleva varias claves que darán un giro a la gestión costera y abrirán de par en par las puertas a un proceso de privatización. Estas claves principales son:
1. La ampliación de las actuales concesiones en el Dominio Público Marítimo-Terrestre (DPMT) pasan de concederse por 30 años ampliables a 75 años y con la capacidad de contratos de compraventa intervivos. Lo que privatiza las zonas más estratégicas para la socioeconomía en nuestro litoral.
2. Se puede producir una reducción mayoritaria solicitada por los ayuntamientos para núcleos urbanos disperos donde la Zona de Servidumbre de Protección (ZSP) del DPMT, pasaría de 100 metros a 20 metros. Es decir, adelantaría la ocupación urbanística 80 metros al mar en lugares que cumplan criterios como el abastecimiento de agua o luz. Estas ZSP son competencias de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), lo que agrava aún más esta modificación legislativa.
3. Se sacan del deslinde del DPMT y, por tanto del uso público, urbanizaciones junto al mar como Ampuria Brava en Cataluña. Se privatizan buena parte de los humedales costeros excluyendo del deslinde salinas, esteros e instalaciones acuícolas.
4. Se facilita la ocupación de la costa en torno a los paseos marítimos, posibilitando otro proceso renacentista de la burbuja inmobiliaria en la costa, desafectando los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos, tal y como señala la disposición adicional tercera. No se tienen en cuenta los impactos socioeconómicos en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo ni la peligrosidad que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Ya que, estos lugares se han visto afectados por numerosas inundaciones y daños en los propios paseos que deben ser costeados por la administración y que pueden conllevar un riesgo para las personas. Algunos lugares que pueden verse afectados son Blanes, Palamós, Peñiscola o La Manga.
5. Se favorece el uso privativo y exclusivo en torno a la explotación turística permitiendo y facilitando fiestas privadas, colocación de publicidad, instalaciones de chiringuitos por 4 años, cada vez más grandes y cada vez más juntos.
6. Se permiten arbitrariedades no propias de un Estado basado en el Derecho, ya que deja imprecisiones técnicas como las recogidas en la Disposición adicional sexta. Exclusión de determinados núcleos de población del dominio público marítimo-terrestre, donde se da un listado de núcleos urbanos que se excluyen del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Esta vaguedad argumental puede constituir un hecho jurídico que fundamente numerosos casos de indefensión jurídica en otros puntos del litoral lo que, ocasionará un alto número de procesos judiciales y contenciosos-administrativos que pueden hacer colapsar la actividad efectiva de las Demarcaciones de Costas.
7. Se olvidan los hechos. La ley está desactualizada ya que en el escenario actual de Cambio Climático, siendo la costa uno de los lugares más sensibles, se legisla de espaldas al Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático. Y se tramitó en el senado esta ley bloqueando las comparecencias de la comunidad científica como es el caso de Miguel Ángel Losada Catedrático de la Universidad de Granada o Juan Manuel Barragán, Catedrático de la Universidad de Cádiz.
* Tercera Información - 18.5.13
Foto: Costa, cartel defiende tu costa - tercera
La corrupción colapsa el Tribunal Superior de Justicia valenciano
En bastantes ocasiones nos hemos referido a la saturación judicial que afecta a todo el país, debido a las numerosas causas pendientes por corrupción o especulación urbanística. El problema viene de lejos y comprende la falta de medios materiales y humanos de la administración judicial, así como al poco interés demostrado por las autoridades de la justicia para resolverlo. En un tema como el Urbanismo esto es crítico pues supone una tardanza excesiva en los asuntos graves y, por tanto, la prescripción del delito, o que cuando se actúe lo hacen una vez que ya es irreversible el atentado contra la ordenación territorial. Eso ocurre, exacerbado, en la Comunidad valenciana.
"ELPAÍS* : El Tribunal Superior de Justicia valenciano, donde se centralizan las principales causas de corrupción de la comunidad autónoma, se halla en una situación parecida al colapso. El motivo: la falta de medios, que es responsabilidad de la Generalitat, y el rápido aumento de las causas en pocos años. El anterior presidente del tribunal, Juan Luis de la Rúa, solía decir que su cargo era una canonjía. De la Rúa, utilizaba la palabra en la segunda acepción que recoge el diccionario: “Empleo de poco trabajo y bastante provecho”.
El magistrado accedió al puesto en 1999, permaneció en él hasta 2010 y durante la mayor parte de su mandato la afirmación fue cierta. La Sala Civil y Penal del tribunal, compuesta por cinco jueces, tenía poca carga de trabajo. Sus competencias comprendían básicamente, como ahora, la revisión de los casos en que se aplica el derecho civil foral valenciano (pocos). Y la investigación de las causas que implican a personas aforadas: miembros del Gobierno autonómico y de las Cortes Valencianas.
Esta segunda vía empezó a aumentar al final del mandato de De la Rúa, con decisiones polémicas por su parte, como el prematuro archivo del llamado caso de los trajes, que afectaba al entonces presidente valenciano Francisco Camps, en 2009. Desde entonces, las causas de corrupción instruidas en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) no han dejado de crecer y alguna de las que ya estaban abiertas, como la vertiente valenciana del caso Gürtel, ha visto cómo se multiplicaban los hechos a investigar, que han pasado a formar nuevas piezas separadas.
Aunque solo hay nueve aforados valencianos imputados (los nueve son diputados autonómicos del PP), su presencia en una causa arrastra al TSJ al resto de implicados. El resultado es que los cuatro casos abiertos en el tribunal suman cerca de un centenar de imputados. Solamente en las seis piezas separadas de Gürtel hay ya 53.
Esa cantidad de trabajo, coinciden varias fuentes, no explica por sí sola la situación del tribunal, en el que pasos que normalmente tardarían semanas requieren meses. Las fuentes apuntan a la falta de medios materiales y humanos, no de magistrados sino de secretarios judiciales y personal de apoyo.
Los cuatro jueces que instruyen causas en el TSJ trabajan, en total, con dos secretarios judiciales y siete funcionarios. Cuando lo normal en un juzgado que investiga causas penales tan complejas (Emarsa, por ejemplo) es que un solo juez cuente para él con un secretario judicial y diez funcionarios.
La Sala Civil y Penal solo tiene, además, una fotocopiadora. En realidad se trata de una máquina multiuso que se utiliza también para escanear los escritos, lo que genera monumentales atascos, obligando a las partes a hacer cola para recoger la documentación. Y como la mayoría de fotocopiadoras, añaden las fuentes, sufre problemas técnicos regularmente, bloqueando el normal avance de las causas.
Solo hay dos personas, para toda la Audiencia Provincial de Valencia y para el TSJ, dedicadas a transcribir declaraciones e intervenciones telefónicas. Y no tienen a su disposición precisamente lo último en tecnología. La escasez ha obligado a aplazar transcripciones del caso Gürtel en favor de las del caso Blasco (que investiga el millonario saqueo de las ayudas públicas a la cooperación), dado que en esta causa uno de los imputados se encuentra en prisión preventiva y goza por ello de prioridad.
A pesar de tener preferencia, la magistrada instructora del caso Blasco, María Pía Calderón, ha dejado patente por escrito su malestar por las condiciones del procedimiento. Y se ha visto forzada a renunciar, de momento, a interrogar a los implicados sobre el grueso de la causa, dado que estos aún no han tenido acceso a toda la documentación.
El magistrado José Ceres, que investiga la rama valenciana de Gürtel, dio por concluida en diciembre la instrucción de una de las seis piezas que componen la causa. Se trata de la que afecta, entre otros, a la expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Camps, Milagrosa Martínez, por las adjudicaciones a la trama corrupta vinculadas con la feria turística Fitur. La lluvia de recursos y la falta de medios —con tan pocos funcionarios el mero envío de oficios lleva su tiempo— ha retrasado hasta ahora la apertura de juicio oral. Y las fuentes consultadas ven improbable que el juicio se celebre hasta después del verano, dado que se prevé largo, agosto es inhábil y no tendría mucho sentido empezarlo en julio y tener que interrumpirlo para retomarlo en septiembre.
Algunos imputados, como la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se han quejado de dilaciones en la causa. A pesar de que la lentitud también es achacable, en parte, a recurrir cada decisión que toma el juez instructor. Y la alcaldesa presentó el año pasado 21 en apenas tres meses.
Un centenar de imputados
El Tribunal Superior de Justicia valenciano solo instruye aquellos casos en los que están imputados aforados: miembros del Consell o de las Cortes Valencianas. La presencia de un aforado en una causa arrastra al TSJ, sin embargo, al resto de implicados. El resultado es que las acusaciones contra nueve diputados autonómicos ha conducido al Tribunal Superior a cerca de un centenar de imputados. El órgano no fue diseñado para funcionar como un tribunal de instrucción a ese nivel, y su actual nivel de actividad es prácticamente único entre las comunidades autónomas.
Caso Blasco. Se investiga el desvío de cerca de seis millones de euros (aunque algunos cálculos casi doblan ese importe) de fondos públicos destinados por la Generalitat a la cooperación internacional. La imputación de Rafael Blasco, que fue siete veces consejero de la Generalitat y hasta hace unos meses se mantuvo como portavoz popular en las Cortes Valencianas, supuso que el TSJ se hiciera cargo de un asunto en el que hay una treintena de imputados.
Caso Gürtel. El juez José Ceres investiga la rama valenciana de la causa, que en los últimos meses ha visto cómo se doblaban el número de piezas separadas que la integran, hasta sumar seis. Aunque Ceres dio por concluida la investigación de una de las piezas en diciembre, preparando el terreno para la apertura de juicio oral, el aluvión de recursos y la falta de medios ha ido retrasando la decisión. La celebración del juicio parece improbable hasta después del verano. El caso tiene en Valencia 53 imputados.
Caso Brugal. La condición de diputados autonómicos de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, elevó al TSJ la parte del caso Brugal en la que se investiga el supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad en favor del constructor Enrique Ortiz.
Caso Alperi. La última causa que ha asumido el TSJ también tiene como protagonista a Alperi, que fue alcalde de Alicante entre 1995 y 2008. La fiscalía le acusa de tres delitos fiscales (habría ocultado dos millones de euros al fisco), falsedad documental y cohecho.
* El País - IGNACIO ZAFRA - 14.5.13
Foto: Valencia, Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad - juridico
Fomento suprimirá 48 líneas de Renfe
Este es el resultado final de una política de infraestructuras de transporte de mercancías y de personas absolutamente demencial. Tras tener este país una aceptable red de líneas ferroviarias para media distancia, desde hace unos años los responsables de Renfe y del ministerio de Fomento han terminado por arruinarla y abandonarla, dejando el transporte para la carretera, con lo que eso significa de peligrosidad, atascos, contaminación, precio, etc. A la vez se ha levantado toda una red nueva de AVEs carísima que no sirve ni para media distancia ni para transporte de mercancías. Un disparate y un despilfarro enorme.
"ELPAÍS* : El Ministerio de Fomento se propone suprimir 48 líneas ferroviarias de media distancia de Renfe que transportan actualmente 1,65 millones de viajeros al año, y reducir la oferta del conjunto de 127 líneas en una media del 32% (incluyendo las líneas de Avant) para conseguir un ahorro total de 86,5 millones de euros anualmente".
Así consta en el documento de Ineco, la consultora del Ministerio de Fomento, en el que analiza las líneas de media distancia —las que conectan capitales de provincia o localidades importantes de distintas comunidades autónomas— tanto por los niveles de ocupación como de rentabilidad, y atendiendo a estos criterios propone su eliminación o el recorte de la oferta, de acuerdo con las obligaciones de servicio público. El plan deberá discutirse ahora en varios ámbitos, entre ellos el parlamentario, y está sujeto a modificaciones.
El informe divide las líneas según el grado de ocupación y la rentabilidad en eficientes (más del 20% de ocupación), de baja o dudosa eficiencia (entre el 15% y el 20%), muy baja eficiencia (10%- 15%) e ineficientes (menos del 15% de ocupación y los ingresos no cubren ni el 30% de los gastos).
El organismo de Fomento ha detectado 49 líneas ineficientes (48 de tren y la de Madrid-Burgos que ya se sustituyó por el autobús), que en total transportan 1,65 millones de viajeros, que actualmente presentan una media de ocupación del 8,4% y cuyos ingresos apenas cubren el 16,2% de los gastos. Todas ellas serán suprimidas de forma definitiva con un ahorro de 46,5 millones de euros. De ellas, las que más pasajeros transportan actualmente —más de 100.000 al año— son Valladolid-Ávila, Vigo-Ourense-Ponferrada y Madrid-Ávila. También desaparecerán Zaragoza-Arcos de Jalón, León-Ponferrada, Madrid-Cuenca, A Coruña-Ferrol y Zaragoza-Lleida, con más de 70.000 viajeros por año cada una.
De las que se cierran, las más deficitarias son Vigo-Ourense, Madrid-Cuenca, A Coruña-Ferrol, A Coruña-Lugo-Monforte de Lemos y Zaragoza-Teruel, con más de dos millones de euros de pérdidas anuales por cada línea.
Alternativas "eficientes" para los viajeros
Fomento señala que la demanda de transporte en estas líneas “se cubrirá con los servicios de transporte por carretera existente o, en su caso, por otros servicios ferroviarios de media distancia más eficientes”. El informe señala que, en algún caso, los servicios de autobuses interurbanos se podrían ver reforzados. Si se tiene en cuenta la lista, los trayectos regionales desde Zaragoza son los más afectados en número, ya que se suprimen nueve líneas, mientras que Valladolid pierde seis, las mismas que Madrid.
No obstante, las más afectadas no son las capitales de provincia, que seguirán conectadas por ferrocarril aunque mediante otras líneas (Avant, AVE u otros de Larga Distancia) generalmente más caros (y más rápidos), además de la conexión aérea. Por ejemplo, se suprimen las líneas Madrid-Cuenca y Cuenca-Valencia, pero a la capital conquense se podrá llegar por ferrocarril tanto desde Madrid como de Valencia tanto por AVE como por la línea de Larga Distancia (Intercity) Madrid-Valencia que tiene parada allí. Lo mismo sucede con Teruel, que seguirá conectada por la línea Zaragoza-Valencia, que para allí. Por eso, las grandes perjudicadas serán las localidades más pequeñas de los trayectos intermedios, muchas de las cuales dejarán de tener estación, por lo que su única conexión será la carretera.
Las seis líneas de muy baja eficiencia, que transportan 371.000 viajeros, se mantendrán pero suprimiendo las circulaciones más deficitarias con una reducción del 40% de la oferta de servicios (en trenes por kilómetro), y un ahorro de 2,5 millones de euros. Más fuerte aún —del 50%— será el recorte de la oferta en las 16 líneas de baja eficiencia, que transportan un millón de viajeros al año, y que ahora verán reducido su déficit en 14,8 millones al año.
Líneas eficientes con déficit
En cuanto a las 49 líneas que Fomento considera eficientes, llama la atención que su déficit actual (65,4 millones de euros) es superior al de las líneas que se van a suprimir. Con todo, se recortará un 11% su oferta en trenes por kilómetro, con un ahorro de 17,3 millones de euros. Dentro de esta categoría, la que alcanza la mejor ocupación, es de Barcelona-Valencia (65,9%) y las que unen Salamanca con Zaragoza y Bilbao (62,2% en ambos casos), aunque la que más viajeros transporta al año es A Coruña-Vigo (2,43 millones).
El informe también recoge las siete líneas de Avant de alta velocidad (no se incluye el servicio A Coruña-Santiago-Ourense puesto en funcionamiento en diciembre de 2011) que transportaron 5,9 millones de viajeros, con un déficit de 28,6 millones. En esta categoría, solo se eliminará el Zaragoza-Calatayud, y se reducirá la oferta en el resto un 5,5%.
En conjunto, el informe de Inteco ha detectado en las líneas de media distancia un déficit de explotación de 137 millones de euros (con datos basados de Renfe de su ejercicio 2010), con un coeficiente medio de cobertura de ingresos sobre gastos del 45%, aunque con notables variaciones de unas líneas a otras: de casi el 60% para las más eficientes y del 16% para las ineficientes. En conjunto, los ingresos alcanzaron los 111,6 millones de euros frente a unos gastos de 248,7 millones. Incluso cuando se aplique el plan, los servicios de media distancia seguirán siendo deficitarios (79,2 millones), como reconoce el documento.
En el mismo, no se hace mención a los ajustes de personal que podrían ir aparejados por el plan de reducción de líneas, ni al destino de las estaciones y otros activos (en manos del Adif) afectados por el cierre.
* El País - RAMÓN MUÑOZ / MIGUEL JIMÉNEZ - 16.5.13
Foto: Trenes de media distancia de Renfe en la estación de Huelva / IVÁN BOZA
Cuando la crisis aterriza en la ciudad
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El urbanismo actual pasa por uno de los momentos más problemáticos de toda su historia. Ni siquiera en la época de la revolución industrial, con el gran cambio que supuso en las ciudades, se ha encontrado con el enorme caos y el descontrol casi absoluto que padecen las megalópolis de hoy en día. Cerca de 2.000 millones de personas viven en infracondiciones humanas, en las llamadas bidonvilles, favelas, villas, conventillos, chabolas, etc. La desigualdad social y la miseria amenazan con romper la baraja de esta terrible situación urbana global.
"EMMANUEL RODRÍGUEZ* : A principios de los ‘90 Ramón Fernández Durán, el malogrado compañero al que tanto le deben los movimientos sociales autónomos, escribía La explosión del desorden. La metrópoli como espacio de la crisis global. A finales de los 2000 Mike Davis, quizás el más original de los analistas del campo urbano contemporáneo, acababa dando cuerpo a Planetas de ciudades miseria, en el que recogía y sintetizaba abundante información sobre la explosión del urbanismo informal en el Sur global. A pesar de las distancias biográficas y de los más de 15 años que median entre la publicación de ambos trabajos, la hipótesis política venía a ser la misma: las grandes megalópolis, y especialmente las inmensas bolsas de miseria y urbanismo informal que las componen, van a ser, son ya, el espacio de mayor tensión del espectro social de nuestro tiempo".
La urbanización masiva y caótica, proliferante y brutal, se ha vuelto otra vez, dentro de la larga serie que ya siguiera Dickens en la primera mitad del siglo XIX, Engels unas décadas después, o ya en los años ‘20 los sociólogos de Chicago, la incógnita descarnada del futuro de la sociedad humana, la excrecencia geográfica más destacable del capitalismo histórico. Así parecen atestiguarlo los más de 250.000 asentamientos informales que la ONU cartografía en todo el planeta y los cerca de 2.000 millones de personas que viven en ellos. Bidon villes, favelas, villas, conventillos, chabolas; igual da, la forma urbana contemporánea por antonomasia es la de las construcciones precarias, la mayor de las veces sin reconocimiento legal, sin títulos de propiedad, sin servicios homologables a los de la ciudad formal. Unos espacios opacos, impenetrables, que muchas veces sólo saltan a la luz por la desgracia o la catástrofe natural, por las oleadas de pequeña criminalidad o por su potencial político explosivo.
Pero ¿pueden estos datos, estas imágenes, ayudar en algo a entender la crisis “urbana” que ahora se despliega sobre unos espacios mucho más familiares y reconocibles para nosotros? ¿Puede analizarse alguna similitud, algún paralelismo significativo, entre la crisis permanente de macrociudades como Dakar, Calcuta, Lagos, o incluso Ciudad de México o Buenos Aires, con lo que sucede, o está por suceder, en el Madrid global de la segunda década del siglo XXI o en la Barcelona neta i guapa, hasta hace poco especializada en la captación de flujos turísticos e inversiones residenciales? Seguramente poco si atendemos a los aspectos formales. No hay nada comparable, no desde luego en Europa, a las grandes extensiones chabolistas del Sur global, a la intensa migración que de un campo devastado por el agrobusiness y la destrucción de los sistemas de propiedad y regulación comunal y campesina, lleve a centenares de millones de personas cada año sobre unas ciudades que no tienen capacidad alguna de asimilarlos como ciudadanos de pleno derecho. Y esto aunque queden todavía Cañadas Reales y cerca de 40.000 personas en asentamientos informales en una ciudad como Madrid. Sin embargo, las comparaciones se vuelven inquietantes, como si de un espejo distópico se tratara, cuando atendemos a algunas de las líneas de evolución social de las grandes ciudades de Occidente durante las últimas décadas; líneas que la crisis sólo va a acentuar.
Los elementos de comparación son efectivamente notables. La informalización del trabajo, que es la nota característica de las “ciudades miseria”, ha avanzado en Europa a golpes de reforma laboral, de ataques sobre el salario, de implantación de intermediarios laborales, de externalización empresarial, de deslocalizaciones masivas, etc. Así es como un segmento siempre creciente de la fuerza de trabajo urbana se ve sometido a la precariedad, la informalización y la expulsión de las formas estatutarias de la contractualidad laboral convencional. Incluso en la provinciana España, el reclutamiento de un ejército de trabajadores migrantes, que se cifra en más de cuatro millones, carne de cañón de la burbuja inmobiliaria, ha modificado radicalmente la vieja composición laboral del trabajo urbano: hoy los empleos peor pagados y más precarizados son servidos por migrantes, muchas veces mujeres, con un reconocimiento precario o inexistente de los derechos de ciudadanía más elementales.
Por supuesto, la actual reordenación del continente europeo según la vieja línea Norte / Sur hace de los “rescates” y de la políticas de austeridad algo muy parecido a los programas de ajuste estructural que durante las décadas de 1980 y 1990 se aplicaron a los países del Sur global. Recuérdese que fueron éstos, dirigidos, como ahora en Europa, por los intereses de los acreedores, los que llevaron a la destrucción de los frágiles servicios sociales urbanos de América Latina, África y Asia, así como a la aplicación de una política de exportación, que determinó tanto la crisis de las ciudades del Sur como la reduplicación de los movimientos migratorios del campo a la ciudad.
La palabra de orden es, por lo tanto, convergencia. La aparición del Sur en el Norte, y del Norte en el Sur. La forma metropolitana del presente, y su tendencia a futuro, no es así sólo la de una figuración postcolonial que se presenta como una colección de sujetos de orígenes diversos, con formas de segregación racial evidentes, con abundancia de trayectorias diaspóricas, etc., etc., sino también la de un espacio progresivamente segregado y segmentado por un laberinto de muros visibles e invisibles que determinan la “pertenencia”, o mejor dicho la ciudadanía material, a lo que propiamente es la ciudad formal. El urbanismo informal de las ciudades europeas no es así el del chabolismo que también caracterizó a las periferias de Barcelona y Madrid durante las décadas de 1950, 1960 y 1970, sino el de las banlieues, el de las nuevas periferias donde se acusan todos los problemas de dificultad de acceso a la renta, dependencia de unos servicios públicos cada vez más degradados y exclusión de la ciudadanía.
Sobre estos mimbres no es difícil anticipar, no tanto la forma de la protesta, cuyas declinaciones y objetivos serán determinados por la propia capacidad autónoma de constitución política, pero sí al menos la de los sujetos que serán sus protagonistas. Dos preguntas se apuntan, cruciales, en este cuadro. ¿Qué va a suceder en la descomposición de esas gruesas clases medias que hasta ahora han sostenido, pasivamente, la paz social en las grandes ciudades? El colapso de la burbuja financiera, y de las últimas muletas que a través del crédito y la inflación de activos (de la vivienda en propiedad) permitían sostener la ficción de prosperidad y seguridad, ha dejado al desnudo un paisaje social que antes no se reconocía: devaluación del capital cultural (títulos académicos), precarización y proletarización de viejas y nuevas profesiones, trayectorias sociales descendentes, etc. Ciertamente mucho de lo que llamamos 15M es una respuesta a esta descomposición.
Y por otro lado, ¿qué será de todo ese proletariado de los servicios, de composición multinacional, multiétnica, fuertemente feminizado, que ha sostenido, en pésimas condiciones laborales y salariales, máquinas urbanas como la del Madrid global o las economías turísticas de costa? Sin expectativas de renta, ni siquiera en los habituales empleos de mierda, sin acceso a ninguna forma significativa de promoción social, pagano de la rápida destrucción de lo que quedaba del Estado de Bienestar, sus respuestas pueden ir de la pequeña criminalidad a la violencia de masas, de la resistencia hecha expresión cultural a la organización política en figuras nuevas. En cualquier caso, y sea como sea el juego de alianzas sociales y políticas que necesariamente deberá articularse, la superación de la crisis urbana tiene ya un nombre: se llama democracia.
* Emmanuel Rodríguez/Observatorio Metropolitano de Madrid
http://www.diagonalperiodico.net/
* Madrilonia - Opinión - 16.10.12
Foto: Río de Janeiro (Brasil), favelas - kaosenlared.net
El Campello.- Piden ocho meses de cárcel para el exedil de Urbanismo, Giner, por tráfico de influencias
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Otro ejemplo más de la tardanza sin límites de la actuación judicial en cuanto a delitos contra la Ordenación del Territorio se refiere. El asunto del que se trata aquí es de la irregular aprobación municipal en la localidad alicantina de El Campello de un Plan urbanístico hace 12 años (doce) y que afectaba nada menos que a 800 viviendas, que a día de hoy están construidas en gran parte. Además de la ilegalidad del exconcejal de Urbanismo, clama al cielo la lentitud judicial exagerada.
"INFORMACIÓN/Alicante* : Tras once años de diligencias, el exedil Juan Lorenzo Giner se sentará en el banquillo de los acusados por el caso El Barranquet. El exconcejal de Urbanismo de El Campello será juzgado a finales de este mes por un presunto tráfico de influencias en la tramitación del plan urbanístico UA/13, más conocido como El Barranquet. El fiscal reclama para el exdirigente popular ocho meses de cárcel y cuatro años de inhabilitación para cargo público al considerar que Giner no debió tomar parte en el procedimiento de contratación de este proyecto, aprobado en 2001 y que contemplaba 800 viviendas, de las que por ahora se han construido algo más de la mitad".
Giner, que se retiró de la primera línea de la política en 2007, "intervino a lo largo del procedimiento de contratación de la UA/13, debiendo de haberse abstenido, y logrando el 13 de septiembre de 2001 a propuesta de él mismo y con su voto la aprobación por el pleno municipal provisional de la Homologación Modificativa y el Plan Parcial de la UA/13, realizando durante ese periodo la venta de su parcela ubicada en la UA/13", según recoge en el escrito de la Fiscalía.
Giner poseía 6.200 metros cuadrados incluidos dentro del plan parcial, participando activamente en su tramitación entre 1999 y 2001. El 22 de febrero de 2001 se hizo efectiva la venta de sus terrenos por 67 millones de pesetas -402.000 euros-, que se había concertado con una opción de compra tres meses antes. Finalmente el proyecto se aprobó en pleno casi siete meses después de la operación, votando él a favor.
El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 3 de San Vicente finalizó hace dos años las diligencias iniciadas en 2002, cuando admitió a trámite la querella interpuesta por PSOE y EU por la participación de Giner en la tramitación del plan por tener él y su familia terrenos afectados por el proyecto. En las diligencias realizadas por el juez se tomó declaración en 2003 tanto al propio Giner, en calidad de imputado, como al exalcalde Juan Ramón Varó, como testigo. Cuando sucedieron los hechos, Lorenzo era la mano derecha en el Ayuntamiento de Varó (entre 1999 y 2003), y permaneció como edil popular hasta 2007, aunque en su última etapa asumió el área de Personal e Infraestructuras. En 2007 dejó la primera línea de la política por "razones personales".
En el auto de procesamiento se resaltaba que Giner se aprovechó de su cargo y posición "para participar de los beneficios" del plan, "no sólo mediante la venta de una porción de terreno que el mismo ostentaba en propiedad e incluida en el referido plan al que había informado sobre cuestiones técnicas, sino incidiendo en la marcha del desarrollo del mismo sobre el resto de los miembros del Consistorio a los efectos de asegurarse el mayor beneficio posible en la referida venta".
El fiscal en su escrito, en el que pide además que Giner asuma las costas del proceso, recuerda como Giner participó en el proceso en reuniones de la Mesa de Contratación, que llevaron a aceptar una propuesta presentada inicialmente de forma extraoficial y que finalmente permitió duplicar la edificabilidad del plan, con 453 casas más.
Hay que recordar además que Giner estuvo imputado en otra causa por un supuesto cobro de comisiones precisamente en este plan, siendo archivada en 2005 al no hallarse pruebas, tal y como ya informó en su día este diario.
Por su parte Giner declinó ayer hacer declaraciones al respecto, señalando únicamente que está cansado de este tema tras 13 años. En anteriores manifestaciones recordó que su voto en el pleno no fue decisivo y fue nueve meses después de vender y con un escrito de la Generalitat que señalaba que si había vendido ya, podía votar. El exedil será enjuiciado por la Audiencia Provincial a finales de mes por tráfico de influencias, aunque de ser condenado no iría a la cárcel si carece de antecedentes, dado que la pena solicitada no excede de los dos años.
Un alcalde imputado, otro procesado y otro regidor al banquillo
El PP no gana para disgustos en El Campello. Su actual alcalde, Juanjo Berenguer, está imputado por un supuesto delito de omisión del deber de socorro y otro medioambiental, por ordenar a la Policía Local que no verificara in situ las quejas de malos olores por el vertedero el pasado mes de agosto. Su antecesor, Juan Ramón Varó, acaba de ser procesado por el juez, acusado de prevaricar por trocear contratos para fiestas en 2008 y obviar el concurso público pese a los reparos de Intervención, por un montante total de 158.000 euros. Por esta causa el fiscal Anticorrupción pide nueve años de inhabilitación para Varó, que actualmente es edil y diputado provincial. A ellos se une el que fuera su compañero de equipo de gobierno, Juan Lorenzo Giner, que se sentará a finales de mes en el banquillo de los acusados.
* Información - 17.5.13
Foto: El Campello (Alicante), aérea - turismo
