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La partidista Ley de Costas ha pasado, como era de prever, por el inútil Senado y será aprobada tal cual. Eso supone una privatización y desprotección masiva de la costa, con el escándalo además de favorecer intereses privados ligados a miembros del partido del gobierno. Es decir: peor imposible!
"PÚBLICO* : El Pleno del Senado tiene previsto aprobar hoy la reforma de una Ley de Costas que la oposición critica porque "privatiza y desprotege la costa". De las más de 180 enmiendas presentadas a este texto en el Senado, el Grupo Popular de momento sólo ha aceptado una, de CiU, sobre la reintegración a las personas de la titularidad de propiedad de aquellos terrenos situados en urbanizaciones marítimo terrestres, que dejen de formar parte del dominio público.
Una de las principales novedades del texto y que supone uno de los puntos más criticados por parte de oposición y grupos ecologistas es el que prevé la disminución, para los municipios con un tercio de ocupación, de la Zona de Servidumbre de Protección, establecida para dar suficiente espacio para el balance sedimentario y evitar la erosión del litoral. Según denuncia Ecologistas en Acción, esta medida supondrá "vía libre para la ocupación del 75% de la costa, facilitando otra nueva oleada de edificación en el litoral, ya que el Proyecto de Ley prevé desafectar los territorios que quedan al interior de los paseos marítimos".
Esta reforma incluye entre otras novedades una nueva concesión de 35 años para los puertos deportivos, o el hecho de que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral, que antes pertenecía a las comunidades autónomas.
Eso sí, se establece que, a la hora de conceder una autorización urbanística, en el caso de las obras o instalaciones que afecten a la servidumbre de tránsito se requerirá que, con carácter previo, la Administración del Estado emita un informe favorable en el que conste que la servidumbre de tránsito queda garantizada.
Ecologistas en Acción ha advertido, en cambio, que "esta disposición no realiza ninguna evaluación en los municipios que se pueden ver afectados por este cambio legislativo" y del "grave peligro que puede conllevar para núcleos urbanos y periurbanos que han construido paseos marítimos sobre cordones dunares o partes altas de la propia playa. Estos lugares se han visto afectados por frecuentes inundaciones y daños en los propios paseos, que deben ser costeados por la Administración y que pueden implicar un riesgo para las personas, como es el caso de Blanes, Palamós, Peñíscola o La Manga".
La nueva normativa define el alcance del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) y aplica criterios técnicos para deslindar la costa, además de introducir un régimen diferenciado para los tramos urbanos de las playas (las contiguas a suelos urbanizados) y para los tramos naturales de las playas (junto a espacios protegidos o suelo rural).
Así, se establece que la zona marítimo-terrestre se fijará hasta donde alcancen las olas en los mayores temporales conocidos a partir de los criterios técnicos que se establezcan. Se especifica que los terrenos inundados artificialmente no pasarán a ser dominio público, salvo que antes de la inundación ya fueran bienes demaniales, con la precisión de que en cualquier caso formarán parte del dominio público cuando sean navegables.
Greenpeace, que en un informe denunció los intereses privados que se escondían detrás de la reforma de esta ley, ha expresado que el Proyecto de la Ley de Costas que prevé aprobar el Senado "ha sido una de las peores noticias medioambientales de los últimos tiempos".
* Público - 24.4.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006
El Senado aprobará hoy una nueva Ley de Costas que facilita la ocupación urbanística
La Ley de impacto ambiental esconde la mercantilización de la biodiversidad
El gobierno, a través de su ministro A.Cañete, continúa su política de devaluación y agresión imparable al medio ambiente, con el perjuicio que esto está causando ya en el territorio y que afectará, sin duda, a próximas generaciones.
"Ecologistas en Acción* : El borrador de Ley de impacto ambiental da varios pasos atrás en materia de prevención ambiental, pero uno especialmente peligroso para la biodiversidad, los bancos de conservación, un mercado financiero de activos medioambientales. EA considera que estos mercados no aportan nada bueno a la conservación y mejora de la biodiversidad y, por el contrario, son un caldo de cultivo idóneo para la especulación y la pérdida de control legal sobre los recursos naturales más sensibles.
El recorte de plazos afectará a la calidad de las evaluaciones ambientales y a las posibilidades de participación pública. Además, se merma el carácter objetivo y determinante de la evaluación de proyectos. Pero de todo su contenido, en el borrador de la ley destaca la disposición adicional por la que se crean los llamados bancos de conservación que el propio Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente define eufemísticamente como un "mecanismo para evitar la pérdida neta de biodiversidad a través de medidas de compensación basado en el mercado".
En principio los llamados bancos de conservación se plantean con la aparentemente inocente intención de promover mejoras ambientales en el medio natural que puedan ser adquiridas por promotores de proyectos impactantes que requieran de medidas compensatorias.
Sin embargo esconden una realidad doblemente perversa. De entrada se asume y facilita que proyectos que no debían ser viables por su elevado impacto ambiental, y que por eso requieren de medidas compensatorias, se puedan desarrollar comprando unos créditos valorados en función de mejoras ambientales que se lleven a cabo. La supuesta mejora ambiental adquirida no aportaría nada a la biodiversidad, por cuanto sería una compensación de un daño ambiental grave. Es decir, el efecto neto sobre la biodiversidad, en el mejor de los casos, sería nulo, cuando no negativo, ya que nada garantiza que la mejora vaya a funcionar o sea realmente equivalente al daño a compensar.
Pero lo realmente perverso es el mecanismo por el que se crean y negocian los créditos del llamado banco de conservación, y que no es otra cosa que un mercado de títulos sobre activos ambientales otorgados a titulares de terrenos, los cuales se transmitirían en régimen de libre mercado y podrían ser negociables por terceras partes en mercados secundarios. Se crearía así un mercado que a último queda en manos de lo que decidan los mercados y, por lo tanto, de los intereses puramente económicos y especulativos.
Conservación de la biodiversidad y mercados financieros no casan en absoluto, responden a necesidades y mecanismos de funcionamiento bien diferentes. Además, a nadie le puede caber ninguna duda de quien tiene las perder en esta posible relación.
De hecho, ya hay casos parecidos que muestran como los mercados son incapaces de aportar otra cosa que especulación a los activos ambientales. Ahí está el comercio de derechos de emisión de carbono, con una burbuja especulativa creciente que ni el Parlamento Europeo ha sido capaz de resolver.
Desde el punto de vista ambiental no se vislumbra ningún impacto positivo de esta medida y sí la amenaza de que los mercados se adueñen de unos activos ambientales que de entrada no son propiedad de nadie en particular.
Las especies, los hábitats y los ecosistemas son patrimonio de todos, en muchos casos están protegidos, y otorgar sobre ellos títulos que dan derechos económicos es una forma de privatizarlos, seguramente ilegal según nuestro ordenamiento jurídico.
La biodiversidad no tiene nada que ganar con los bancos de conservación y sí mucho qué perder, por ello Ecologistas en Acción exige al Gobierno que renuncie a la creación de estos mercados financieros y busque otras fórmulas basadas en el respeto a las leyes y procedimientos ambientales para hacer frente a las medidas derivadas de la normativa de impacto ambiental.
* Ecologistas en Acción - 19.4.13
Foto: Bosque público - publico
El juez investiga a una empresa de 'Gürtel' por un 'pelotazo' de diez millones en Boadilla
La trama del inabarcable caso Gürtel tiene uno de sus centros en Boadilla, municipio potente en los alrededores de Madrid, donde el propio exalcalde ha estado implicado por corrupción. Como siempre suele ocurrir, se trata de un nuevo pelotazo urbanístico a costa del Plan General, perpetrado por el propio F.Correa, uno de los capos de la mafiosa trama ligada al PP.
"20MINUTOS/Madrid* : Uno de los últimos pelotazos de la 'trama Gürtel' tiene nombre de flor. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga desde hace meses a la empresa Narcisos 22, una nueva ramificación del caso en la que varios imputados, entre ellos el cabecilla Francisco Correa, se habrían hecho con muchos metros cuadrados de suelo en los nuevos barrios urbanísticos que se van a desarrollar en Boadilla del Monte (Madrid), y luego los habrían vendido, entre otros, al principal urbanista del PP haciéndose así con pingües beneficios. Se calcula que esta empresa ha ganado unos 10 millones de euros".
El eje de esta nueva pieza del caso gira sobre una ‘compañía pantalla’, Narcisos 22, dirigida por Jesús Calvo Soria, uno de los testaferros de Correa e imputado también por el juez. Esta empresa, según una providencia del juez Pablo Ruz fechada en enero de 2013, ha cambiado de nombre y se llama ahora Pelendones S.L. De momento, la oficina antifraude de Hacienda, la ONIF, investiga los movimientos bancarios de Narcisos 22, sus operaciones de venta, facturas y el origen de sus fondos.
El mecanismo ideado para este nuevo 'pelotazo' es sencillo. Leopoldo Arnaiz, un famoso urbanista y arquitecto, que ha diseñado los planes urbanísticos de muchos municipios gobernados por el PP, elaboró en 2006 el de Boadilla del Monte, uno de los epicentros de la 'trama Gürtel'. Las comisiones gestoras de los nuevos barrios (que aglutinan a los propietarios de suelo) obligaban por contrato a estos dueños a que Narcisos 22 hiciera la gerencia urbanística de estos barrios (los trámites administrativos para que se construyan).
A cambio, cada propietario pagaba un porcentaje de su suelo a Narcisos 22, que se hacía así con parcelas donde nunca las tuvo y después con mucho dinero tras vender ese suelo. Entre los compradores de Narcisos 22 están, por ejemplo, varias empresas de Arnaiz. Curiosamente este urbanista es dueño de otra empresa de la que depende una segunda firma cuya apoderada fue la presidenta de la comisión gestora de uno de esos barrios. La cuadratura del círculo.
Los cinco nuevos barrios
Los cinco nuevos barrios de Boadilla del Monte se llaman Valenoso, El Pastel, Las Cárcavas, El Encinar y El Olivar. Entre los cinco suman 3,4 millones de metros cuadrados y en ellos se edificarán 7.000 viviendas. La documentación en poder de este diario revela que Leopoldo Arnaiz Eguren participó al menos en el diseño de cuatro de estos barrios: La Carcava, Valenoso, El Pastel y El Encinar. Creados en 2005, ahora, en 2013, los barrios ya están urbanizados a la espera de que se construyan la gran mayoría de los pisos.
Calvo Soria, un ex alto cargo de Gallardón
En junio de 2010, 20Minutos ya adelantó que la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional había empezado a investigar a Narcisos 22, “una empresa buzón” de la trama de Francisco Correa. Su administrador único era Jesús Calvo Soria. Este último está imputado por blanqueo de capitales, fraude fiscal, tráfico de influencias y cohecho. Fue alto cargo en el Gobierno autonómico de Madrid en la etapa de Ruiz-Gallardón. También fue secretario técnico de la Consejería de Educación con Gustavo Villapalos y exgerente de la Universidad Complutense también con Villapalos. Calvo Soria seguía las órdenes de Correa, según la Policía. Narcisos 22 se llama ahora Pelendones S.L.
Los contratos de Narcisos 22
La comisión gestora de los barrios (el ente que precede a la junta de compensación) y Narcisos 22 firmaban un "contrato de gerencia". En ellos se expone que "los desarrollos urbanísticos promovidos aconsejan el encargo de las actuaciones de gerencia a una sociedad especializada para lograr su mejor, más ágil y eficaz gestión”. Obviamente, el contrato indicaba que la comisión había decidido por votación encargar esa gerencia a Narcisos 22.
¿Qué debía hacer Narcisos 22? El contrato estipula 20 puntos de gestión como parte del trabajo que debe desarrollar el testaferro de Correa, como los trámites ante la Agencia Tributaria, el registro de la Propiedad, los convenios de suministro de agua, gas, luz... Además, llama mucho la atención que la comisión gestora contratara a Narcisos 22 cuando ya firmó otro “contrato de prestación de servicios” con la empresa Arnaiz Consultores, una firma que se encarga precisamente del desarrollo de planes urbanísticos. Su propietario es Leopoldo Arnaiz, el urbanista.
Un 2,5% de pago por los servicios de Narcisos 22
El contrato también estipula que los propietarios de suelo deberán pagar como “retribución” a Narcisos 22 el 2,5% del "aprovechamiento neto resultante que les asigne el proyecto de reparcelación". 20Minutos ya recogió en mayo de 2010 el testimonio de uno de los 26 propietarios de suelo que figuraba en el proyecto de El Encinar, donde Narcisos se hizo con 2.476 metros cuadrados tras el pago del 2,5% que hizo cada uno de los dueños de suelo.
"Para poder adherirse a la Junta de Compensación había que acudir al notario a formalizar sus condiciones. Siempre me decían que no era cosa suya, que todo era una imposición del Ayuntamiento. Y si no firmabas, no te adherían a la junta, te dejaban fuera. Incluso me amenazaron con expropiarme si no firmaba".
"A mi cliente le informaron de esta exigencia en el despacho del presidente de la Junta de Compensación y le dijeron que era una imposición del Ayuntamiento. O daba un porcentaje de su suelo o no aprobaban el plan", señala el abogado de otro de los propietarios. "Todos cedieron porque, obviamente, les interesaba que se recalificaran sus suelos", explica el letrado.
Otro documento en poder de este diario revela que otra persona, propietaria de suelo también en El Encinar, registró un escrito de protesta en la concejalía de urbanismo del Ayuntamiento de Boadilla informando que “nos desvinculamos de cualquier despacho o agentes que cobran el 2% en terreno. Entendemos que el Ayuntamiento tiene el deber y la obligación de resolver la firma del convenio sin ningún intermediario”.
Obligados por la trama
La Policía Nacional se llevó los planes urbanísticos de estos barrios cuando registró el Ayuntamiento de Boadilla. Las fuentes jurídicas consultadas creen que el Consistorio, gobernado entonces por el también imputado Arturo González Panero (PP), obligó a las comisiones gestoras de estos barrios a contratar a Narcisos 22 por petición de Correa, que controlaba al testaferro Jesús Calvo Soria.
Narcisos se hizo con 30.000 metros cuadrados
En el Registro de la Propiedad de Boadilla queda reflejado que Narcisos 22 llegó a hacerse con 29.300 metros cuadrados en cuatro de los cinco desarrollos (Las Cárcavas, Valenoso, El Encinar y El Pastel), de los que 12.400 son para construir zonas comerciales. En las notas simples de las parcelas, los nuevos terrenos de Narcisos no tienen referencia catastral, ya que son parte de otros suelos ya existentes. Narcisos 22 no figura en la relación de propietarios iniciales de suelo de estos barrios. Se hizo con terrenos tras el pago de ese 2,5%
La presidenta de la comisión gestora
Patricia Sánchez Martínez es la presidenta de la comisión gestora del desarrollo de El Encinar. Curiosamente era una de las apoderadas de la empresa Paisajes de Sierra S.L, ya extinguida. Paisajes de Sierra depende de otra empresa, llamada DosMilenaria, cuyo dueño último es Leopoldo Arnaiz. Así figura en una denuncia puesta el 22 de abril de 2009 en un juzgado de lo mercantil.
El urbanista, la pieza clave
Leopoldo Arnaiz Eguren es arquitecto, urbanista y funcionario de la Comunidad de Madrid en excedencia. Ha diseñado muchos de los planes de ordenación urbana de varios municipios de Madrid, entre ellos el de Boadilla. Fue llamado a declarar en la comisón de 'tamayazo'. En la actualidad Arnaiz está siendo investigado en el juzgado número 35 de Madrid por blanqueo de capitales.
Una exsocia le denunció primero en un juzgado de lo mercantil para impugnar las cuentas de ocho empresas que supuestamente pertenecen a Arnaiz. La denuncia dice que Arnaiz controlaba por medio de testaferros un entramado de sociedades que tenían o han tenido suelo en varios municipios de Madrid. El asunto pasó al juzgado de instrucción 35, que ha visto indicios de delito fiscal y de blanqueo de capitales.
La exsocia señala que el auténtico dueño del 90% de las acciones de esas sociedades es Arnaiz, según escrituras hechas en notarías de Reino Unido. La exsocia, también imputada, pide al urbanista 50 millones de euros, el supuesto valor del 10% de las acciones restantes. Ni la exsocia ni Arnaiz han querido hacer declaraciones a 20Minutos. Los testaferros contratados por Arnaiz, según esa denuncia, controlan ocho empresas. De una de ellas, DosMilenaria S.L, cuelga Paisajes de Sierra, de la que fue apoderada la presidenta de la comisión gestora de El Encinar, Patricia Sánchez. En total el entremado empresarial tiene 30 sociedades.
Narcisos 22 vende a Arnaiz
Varias notas simples del registro de la Propiedad demuestran que Narcisos 22 ha ido vendiendo poco a poco los terrenos que le tuvieron que dar los propietarios de suelo de Boadilla, el pago de ese 2,5%. Por ejemplo, Narcisos 22, ya Pelendones, vendió una parcela en El Pastel a una cooperativa de viviendas para que construyera 19 casas. La venta se cerró en 2,75 millones de euros.
En mayo de 2008 Narcisos 22 vendió por 708.000 euros una parcela de 2.000 metros cuadrados a Invercantil S.L., administrada por Carlos Serrano Altimiras, uno de los testaferros de Arnaiz, también investigado. El urbanista anexionó esa parcela a otras dos que ya tenía a nombre de otras dos sociedades de su entremado: Beltraex Nexo S.L. y Centros Comerciales Raíces 3.000 S.L. En total sumó una parcela de 10.252 metros cuadrados.
Narcisos 22 también vendió otra parcela de 5.138 metros cuadrados en El Valenoso a Aquiles e Hijos, una firma de la familia de un exalcalde de Boadilla por el PP. Otra parcela de 4.140 metros en La Carcava fue vendida a la cooperativa de viviendas Villa Naranjo. Otra parcela más de 600 metros en el Valenoso ha sido vendida a la empresa Murgil Invest.
¿Dónde está el dinero?
La Audiencia investiga ahora los fondos obtenidos por Narcisos 22 en sus operaciones inmobiliarias en Boadilla. Un escrito de la Fiscalía Anticorrupción fechado el 8 de abril informa al juez que las autoridades suizas han bloqueado una nueva cuenta de Francisco Correa, con unos fondos de 17 millones de euros. La cuenta asociada está a nombre de la sociedad panameña Golden Chain Properties, que se relaciona con Correa.
* 20 Minutos - D. FERNÁNDEZ. 22.04.2013
Foto: Gürtel implicados: C.Soria, Correa y arquitecto L.Arnaiz - 20minutos
Málaga.- Los chiringuitos de la discordia
La Ley de Costas y su aplicación continúa siendo permisiva con los chiringuitos playeros que resultan excesivos en cuanto a edificación e impacto en el litoral. Así ocurre en este caso de Málaga, donde el ayuntamiento está permitiendo unas construcciones de doble altura y rígidas estructuralmente sobre la misma playa, a pesar de las críticas unánimes de la ciudadanía.
"ELPAÍS* : El espeto de sardinas estrenará este verano en Málaga escaparate no exento de polémica. Los nuevos chiringuitos que se están construyendo en las playas de la capital malagueña han recibido un aluvión de críticas por su gran tamaño e impacto visual. Junta de Andalucía, Demarcación de Costas —dependiente del Gobierno central—, colectivos vecinales e incluso concejales del propio equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, han criticado estas construcciones en la arena".
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre (PP), se ha quedado prácticamente solo defendiendo las nuevas estructuras y, ante el malestar generado, ha propuesto colocar en los muros plantas trepadoras convencido de que “crearán un paisaje más suave”. De la Torre ha tenido esta semana que enmendar la plana a sus concejales de Turismo, Damián Caneda, y Playas, Teresa Porras, después de que ambos se lanzaran, mensajes en contra —el primero— y a favor sobre el tema.
Los vecinos de la playa de La Malagueta no paran de hacer fotografías que cuelgan en las redes sociales donde hablan de “enormes cubos de cemento”. El cambio de modelo de los chiringuitos supone derribar los anteriores, hacer un sótano y levantar muros que ocuparán más espacio marítimo-terrestre. La polémica se ha desatado cuando se han ejecutado las obras de los nuevos establecimientos impulsado por sus propietarios, que han tenido que desembolsar cerca de 400.000 euros. Los proyectos se aprobaron hace tres años con el visto bueno de las tres Administraciones pero en este tiempo se han introducido modificaciones como una planta superior destinada a terrazas para copas y cuartos de baño independientes que requieren más superficie.
El edil responsable de Turismo y Cultura en el consistorio malagueño, Damián Caneda (PP), fue uno de los primeros en dar la voz de alarma. “Son demasiado altos, anchos y opacos”, espetó el concejal dejando en evidencia a su compañera de filas, la edil de Playas y Servicios Operativos, Teresa Porras, quien se apresuró a defender las estructuras recordándole que se trataba de “una percepción personal” de Caneda.De la Torre, quien ha admitido que los nuevos elementos no son perfectos, planteó reducir el impacto visual incorporando elementos vegetales. “Con buganvillas se podría mejorar, se aportaría frescura integrándolo paisajísticamente y suavizando el efecto hermoso del blanco [de las paredes] que a mucha gente le gusta en combinación con el azul del mar”, argumentó el regidor.
En medio de la tormenta municipal, el presidente de la Diputación de Málaga y máximo responsable del Partido Popular en la provincia, Elías Bendodo, también mostró su sorpresa ante el impacto visual de los chiringuitos. “Es chocante y creo que las Administraciones deberían volver a sentarse para ver si hay posibilidades de mejorar”, afirmó. Los grupos de oposición en el consistorio malagueña han pedido la paralización de las obras y la dimisión de la concejala de Playas. La portavoz socialista en el Ayuntamiento, María Gámez, afirmó que el proyecto se ha convertido en un “esperpento”. Su homónimo en Izquierda Unida (IU), Eduardo Zorrilla, calificó las nuevas construcciones de “búnkeres”. “Se debe estudiar la posibilidad de revocar las licencias y tirarlos si es necesario”, añadió.
Los dueños de los establecimientos han insistido en la legalidad de las construcciones. El presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga (Aeplayas), Manuel Villafaina, insiste en que estas obras se están ejecutando “con la bendición de todas las Administraciones”. “Todo es legal, es una obra que todos han podido ir viendo poco a poco, cuando estaba en ladrillo ya se veía la pared, pero han esperado a que la estructura esté totalmente terminada. No es justo”. Está previsto que los nuevos chiringuitos abran en junio.
Mientras, la Demarcación de Costas evita pronunciarse alegando que las competencias están traspasadas a la Junta.
* El País - JESÚS SÁNCHEZ - 14.4.13
Foto: Construcción del nuevo modelo de chiringuito en la playa de La Malagueta. / GARCÍA-SANTOS
El despilfarro español: diez proyectos con dinero público repletos de sobrecostes
Tras la publicación de la nefasta Ley de Suelo de 1998 y su 'todo vale', se desató en el territorio una auténtica fiebre por parte de municipios y autonomías para superar urbanísticamente al vecino y así se construyeron edificios e infraestructuras absolutamente innecesarios y megalómanos en un afán de despilfarro público sin precedentes... Aquí solo están unos ejemplos notables. "20MINUTOS : El afán de protagonismo de muchos alcaldes, presidentes autonómicos y ministros ha llevado a la realización en los últimos años en España de numerosos proyectos cuya viabilidad o utilidad pública no es, en muchos casos, ni siquiera planteable en la mayoría de países de nuestro entorno. Podrían considerarse como los restos de un pasado no muy lejano marcado por el despilfarro de dinero público sin ningún tipo de control por parte las instituciones competentes. El aumento paulatino en el coste de las obras, la escasa utilización posterior y el cierre o venta del proyecto son el denominador común en muchos de ellos".Estos son algunos ejemplos de la pésima gestión por parte de los políticos de los recursos públicos:
La Ciudad de las Artes y las Ciencias. En plena fiebre del ladrillo a finales de los años 90, la Generalitat Valenciana ideó un megaproyecto cultural y lúdico en el que puso al frente al polémico arquitecto Santiago Calatrava. Aunque el complejo tenía un presupuesto inicial de 308 millones de euros, el Gobierno de Francisco Camps terminó desembolsando 1281 millones de euros, lo que supone un gasto extra de casi 1.000 millones. Especialmente llamativo es el caso del edificio de la ópera, más conocido como el Palau de les Arts, que ha tenido un coste de 382,5 millones de euros, una cifra que ya supera todo el presupuesto previsto para el megaproyecto. Solo en los honorarios de Calatrava, la Generalitat se gastó 94 millones de euros.
La Ciudad de la Cultura. La historia de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, ubicada en el Monte Gaiás, es un verdadero desfase arquitectónico y presupuestario. La idea empezó a tomar forma en 1999 con Manuel Fraga como presidente de la Xunta de Galicia. Su coste inicial se presupuestó en 108 millones de euros y fue diseñada por el prestigioso arquitecto estadounidense Peter Eisenman. El proyecto, que ya ha consumido casi 400 millones de euros, no se terminará. La Xunta ha decidido paralizar definitivamante la construcción de los dos edificios que quedaban aún pendientes. Solo su mantenimiento anual ronda los 1,5 millones de euros.
La Caja Mágica. Fue uno de las obras estrella de Alberto Ruiz-Gallardón en su fallida apuesta para que Madrid albergarse unos Juegos Olímpicos. El pabellón polideportivo iba a tener un coste de 120 millones de euros y la factura terminó ascendiendo a 294 millones. Ha tenido un sobrecoste de 174 millones de euros, dos veces y media más de lo presupuestado.
La Exposición Internacional de Zaragoza. El evento que en 2008 giró en torno al agua y al desarrollo sostenible ha sido uno de los proyectos de mayor inversión y sobrecoste de los últimos años. Duró tres meses, costó 2.250 millones de euros y presentó sobrecostes como los del pabellón puente (34 millones), el del Pabellón de Aragón (15 millones), el de la Torre del Agua (13 millones). El más destacado ha sido el del Palacio de Congresos, que alcanzó los 36 millones. El montante total se repartió en 700 millones de euros de inversión directa y 1.550 millones en infraestructuras. En total, dejó unas pérdidas de 502 millones de euros, según el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas.
Fórum de Barcelona. La Ciudad Condal acogió en 2004 el Fórum Universal de las Culturas, un evento que dejó un impresionante legado arquitectónico y una elevada factura económica para las arcas públicas. Inicialmente se cifró el precio de las obras en 2.190, pero finalmente el Ayuntamiento de Barcelona reconoció que la inversión final fue de 3.270 millones, más de 1.000 millones más. Llama la atención el elevado sobrecoste final del Edificio de Fórum, el emblema del proyecto, cuya construcción se estimó en 48 millones de euros y acabó costando 134 millones.
'Setas de la Encarnación'. El proyecto del Metropol Parasol, conocido popularmente como las 'Setas de la Encarnación' debido a su ubicación en la plaza sevillana de la Encarnación, fue adjudicado al alemán Jürgen Mayer en 2004 por un presupuesto inicial de 33 millones de euros. La cantidad fue creciendo poco a poco debido a modificaciones y retrasos hasta alcanzar los 123 millones de euros. En su inauguración en marzo de 2011, el entonces alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, justificó así el sobrecoste de casi 100 millones: "Pretender vivir mirándonos a nosotros mismos y hacer lo que siempre hemos hecho es estar lejos de la realidad".
'Ciudad del Circo'. El surrealismo alcanza un grado supremo en Alcorcón con el Centro de Artes de Alcorcón (CREAA), más conocido como 'Ciudad del Circo'. El proyecto del alcalde socialista Enrique Cascallana, que incluye un auditorio, un circo estable y un área de congresos, entre otros, se presupuestó en 120 millones de euros y las obras, aún no finalizadas, acumulan ya un sobrecoste del 40%. El proyecto ha significado, además, la demolición de una biblioteca pública y la desaparición de una de las zonas verdes más importante de la ciudad.
La Ciudad de la Luz. El complejo industrial de cine alicantino pretendía convertirse en una especie de Hollywood español. Eduardo Zaplana fue el principal valedor de un proyecto que hoy en día está en venta. Se iban a invertir 100 millones de euros, pero su coste final alcanzó los 350 millones, según ha reconocido la propia Generalitat Valenciana. Desde 2005, apenas se han producido unas 60 películas en sus instalaciones. El PSOE denunció en 2012 que en las cuentas de la Ciudad de la Luz hay varios pagos en los años 2006 y 2007 por valor de 1,2 millones a una empresa para la realización de unas películas que en 2011 no se habían estrenado. El caso más llamativo es la inversión de 4,7 millones en la película Astérix en los Juegos Olímpicos.
Línea AVE Toledo-Cuenca-Albacete. La rentabilidad es un concepto que no se puede asociar hoy en día a la alta velocidad española, ya que no existe suficiente demanda por parte de los usuarios para amortizar el alto coste de las infraestructuras —España, con más de 3.000 km, es el segundo país del mundo con mayor implantación de la alta velocidad, solo superado por China—. Sin embargo, la línea de AVE Toledo-Cuenca-Albacete, ya suprimida, clamaba al cielo. Cada día se subían a esa línea directa solo nueve viajeros de los 2.190 potenciales para ambos sentidos. El coste del servicio suponía para las arcas del Estado unos 18.000 euros al día.
Aeropuertos: Castellón, Huesca... Como ha ocurrido con la alta velocidad, la proliferación de aeropuertos en los últimos años —en España ya hay 48 y la mayoría son deficitarios— ha provocado la construcción de muchas instalaciones cuya utilidad pública es más que cuestionable. Es el caso de varios aeródromos como el de Burgos, el de Badajoz, el de Castellón o el de Huesca, con solo cuatro pasajeros en marzo de este año. El de Castellón se inauguró en marzo de 2011 y aún no está operativo despues de gastarse en su construcción 150 millones de euros. La Generalitat ha anunciado que podría empezar a funcionar a finales de este año. Pero si uno se lleva la palma es el de Ciudad Real, que abrió en 2008, cerró el año pasado y está a punto de firmar su liquidación total después de una inversión de 1.100 millones de euros.
* 20 Minutos - FCO. PELAYO. 15.04.2013
Foto: Cidade da Cultura en S. Compostela - elpais .................................... Leer más...
Marbella.- El fiscal pide cárcel para Del Nido y Muñoz por otro caso de corrupción
Las causas judiciales por el saqueo del ayuntamiento de Marbella continúan su curso, pese al exagerado tiempo pasado. Ahora se trata de otro asunto donde están implicados el abogado Del Nido (presidente del Sevilla), exasesor del municipio, y el exalcalde Julián Muñoz. La razón, como siempre, es el desvío y obtención ilegítima de dinero público por la adjudicación de obras y servicios. Veremos si no han prescrito los delitos.
"ELPAÍS* : El cerco judicial por la corrupción en Marbella empieza a apretar al abogado y presidente del Sevilla F.C., José María del Nido. Apenas cuatro meses después de que fuera condenado a siete años y medio de prisión por el caso Minutas, la Fiscalía Anticorrupción solicita otra condena de 11 años de reclusión por el caso Fergocon, en el que serán también procesados sus hermanos Juan José y Óscar, que se enfrentan a una petición de 10 años de cárcel. La misma pena que a Del Nido pide el fiscal para el exalcalde Julián Muñoz.
En esencia se trata de un nuevo caso de desvío y obtención ilegítima de dinero público del Ayuntamiento de Marbella, en esta trama por la adjudicación de obras y servicios sin seguir los procedimientos administrativos legales, a una empresa creada por los hermanos de Del Nido en 2001, cuando Julián Muñoz aun era primer teniente de alcalde y el actual presidente del Sevilla asesor jurídico del Consistorio. La fiscalía estima que se causó un perjuicio económico al Ayuntamiento de 1,6 millones de euros, que exige también que repongan a los acusados.
Del Nido y Muñoz tienen recurrida ante el Tribunal Supremo la sentencia del caso Minutas, por las irregularidades en los encargos de asesoramiento y gestiones que el abogado recibió del Ayuntamiento de Marbella y en el abono de los mismos; y en fase de instrucción aun hay un caso similar en el que ambos están imputados. En el caso Fergocon, la fiscalía acusa a un total de 13 personas, entre las que se encuentran también el exconcejal Vicente Manciles, el ex interventor municipal y otros técnicos municipales, por presuntos de delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias, fraude y falsedad en documento mercantil.
En el escrito de acusación, la Fiscalía Anticorrupción, que denunció el caso hace nueve años, sostiene que los hermanos de Del Nido constituyeron la sociedad Fergocon con el fin “prácticamente exclusivo de realizar obras para el Ayuntamiento”, y que el objeto de la misma fue “canalizar el traspaso de bienes de propiedad municipal a favor de la familia Del Nido y de Julián Muñoz”. En apenas un año, la firma obtuvo adjudicaciones por casi seis millones de euros, pese a su falta de experiencia, tanto de obras como de servicios de limpieza viaria.
La fiscalía relata que en la adjudicación de obras y servicios a Fergocon “se prescindió absolutamente de los procedimientos establecidos en materia de contratación pública”, pues se realizaron “de forma directa y verbal, sin conocimiento ni autorización”, y “sin presupuesto”. En muchos casos la sociedad no llegaba a ejecutar los trabajos, pero para aparentar que los hacía emitía facturas fraccionadas, de forma que no se superara en cada una la cantidad a partir de la cual es obligado el concurso y además este método favorecía la opacidad y dificultaba el control de los trabajos. Fergocon llegó a emitir 501 facturas distintas en obras por un total de cinco millones de euros. En el caso de concesiones de limpieza viaria, la empresa facturó más metros cuadrados de los realizados, y certificó uso de maquinaria por más tiempo del realmente utilizado. Además de los abonos en efectivo, en algunos casos los pagos se hicieron con la entrega de inmuebles.
El fiscal incrimina al ex interventor municipal porque ante la “flagrante quiebra de la legalidad” no hizo los pertinentes reparos a los pagos que “hubieran paralizado la sangría de fondos públicos”, y recuerda que en otras causas judiciales son objeto de investigación las retribuciones y complementos que recibió este funcionario.
* El País - DIEGO NARVÁEZ - 18.4.13
Foto: Marbella, Del Nido con Muñoz - malagahoy.es
Ecologistas reclama la suspensión judicial del traslado del Mercado del Val de Valladolid
El alcalde de Valladolid continúa con su política dictatorial en cuanto a las ilegalidades urbanísticas en la ciudad. Ahora va a trasladar uno de los mercados emblemáticos del casco histórico a un parque también situado en el centro. La medida es claramente ilegal y ha sido denunciada por varias asociaciones ciudadanas.
"EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción ha solicitado la suspensión judicial de la licencia de obras otorgadas por el Ayuntamiento de Valladolid para el traslado del Mercado del Val a la plaza del Poniente, unas obras que según ha anunciado el alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se iniciarán "de inmediato". Según han informado fuentes de la Asociación ecologista en un comunicado, la edificación en un parque público, aunque sea parcial y provisional, constituye "una flagrante ilegalidad urbanística y un muy peligroso precedente para la preservación de las zonas verdes". De hecho, han aseverado de que edificar en el Parque del Poniente devolvería a Valladolid a la senda de "los años negros del urbanismo en España o a las prácticas de la Marbella de Jesús Gil y Gil".
Según las mismas fuentes, existe un informe del Servicio municipal de Parques y Jardines, fechado el 14 de febrero de 2013, en el que se señala que "el uso del parque se va a modificar considerablemente, al quedar dividido en dos zonas debido a la construcción del edificio", si bien el mantenimiento de dos paseos laterales "va a permitir cierta permeabilidad".
Dicho informe, han añadido, reseña "el riesgo que puede suponer para los usuarios del parque los momentos de carga y descarga de productos en el mercado", por lo que el Servicio municipal se exime "de los posibles riesgos y responsabilidades que deriven de dicho uso".
De esta forma, los ecologistas han incidido en que, el uso del mercado "no es compatible con el régimen de protección y catalogación del Parque del Poniente, en contra de lo que concluye el informe de la Gerencia municipal de Urbanismo", ya que la edificación en su espacio central de una nave de 666 metros cuadrados de superficie y 5,10 metros de altura supone una clara interferencia con el uso recreativo del parque.
Ecologistas en Acción ha lamentado que el Ayuntamiento de Valladolid haya rechazado la propuesta de acometer las obras de rehabilitación del Mercado del Val en dos fases, "tal y como se han rehabilitado los mercados de Poble Nou y Sarriá en Barcelona, el Mercado de la Ribera en Bilbao o el Mercado de Paterna en Valencia", lo que, en su opinión, permitiría mantener activos los puestos en el propio mercado durante la ejecución de las obras, "abaratando sustancialmente su coste y haciendo innecesario el traslado provisional del mercado al Parque del Poniente o a cualquier otro lugar".
Para los ecologistas, la supuesta imposibilidad material de suprimir el sótano previsto para un supermercado es "una simple excusa, ya que los cuartos para instalaciones o servicios pueden ejecutarse perfectamente en la planta baja". Por otro lado, han afirmado que el Ayuntamiento "se contradice al señalar que algunos de los mercados citados por esta asociación cuentan con sótano, lo que confirma que, incluso manteniendo esta opción, más cara y que se proyecta para habilitar con dinero público un supermercado, la ejecución sin traslado es posible".
Finalmente, Ecologistas en Acción ha explicado que pondrá en conocimiento de la Fiscalía de Medio Ambiente de Valladolid "cualquier actuación de edificación del Parque del Poniente o de cualquier otro parque público de la ciudad, donde sólo están permitidas pequeñas construcciones auxiliares del propio parque como quioscos, templetes, casetas de aperos o similares".
Los ecologistas han recordado que la Fiscalía mantiene abiertas unas Diligencias de Investigación Penal desde que el pasado 26 de octubre Ecologistas en Acción y la Federación de Asociaciones Vecinales de Valladolid pusieran en su conocimiento la intención municipal de trasladar el Mercado del Val al Parque del Poniente.
* 20 Minutos - EP - 16.4.13
Foto: Valladolid, parque-del-poniente - minube
Regreso al ladrillo
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Las nuevas medidas que está tomando el gobierno en relación con la Ordenación Territorial y el litoral vienen a corroborar lo que ya anunciábamos hace tiempo: el regreso al ladrillo. Parece mentira que después del escándalo monumental de la burbuja inmobiliaria y de haber batido todos los récords en cuanto a edificación especulativa y sin sentido, sigan, ahora, abundando en la terrible herida de la falta de control urbanístico.
"ELPAÍS* : La tramitación parlamentaria de la reforma de la Ley de Costas inicia sus últimos pasos. El proyecto va a ser debatido en breve en el Senado y, a medida que avanza, el Partido Popular agrava con nuevas enmiendas la amenaza de regresión hacia el modelo de explotación urbanística imperante en España que ha sido tan lesivo para el medio ambiente. La Ley de Costas, vigente desde 1988, marcó un antes y un después al delimitar la zona de servidumbre hasta los cien metros de la costa, prohibiendo por tanto la construcción en dicha franja y otorgando a las edificaciones anteriores a 1988 un plazo de 30 años —prorrogables a 60— para ser demolidas".
La reforma que ahora propone el Gobierno prevé una ampliación del plazo hasta los 75 años, facilita la explotación de chiringuitos, así como las fiestas en la arena (ahora muy restringidas a causa de los problemas de salubridad que comportan) y amplía también el plazo para regularizar la situación de los puertos deportivos en respuesta a la demanda de la patronal empresarial. Las últimas enmiendas del PP proponen reducir en ciertos casos la zona de protección de cien metros hasta los veinte, dejando en manos de los ayuntamientos la potestad de conceder licencias de obras, y amnistiar a doce núcleos urbanos cuyas viviendas invaden el dominio público. Ni siquiera las construcciones amenazadas por el mar debido al cambio climático están obligadas a abandonar la zona de dominio público, salvo que estén invadidas por el agua o “exista un riesgo cierto de que lo haga”.
Los problemas de aplicación que ha afrontado la Ley de Costas no justifican la reforma que este Gobierno ha puesto en marcha. El último cambio de reducir a veinte metros de la costa la zona protegida tendrá, como consecuencia, una relajación de los controles a que se sometía cualquier obra realizada en esa franja y, a fecha de hoy, ni siquiera se ha incluido la prohibición de nueva edificación, un extremo que vulneraría el espíritu fundamental de la ley vigente, que pretendía liberar el litoral de la presión a la que está sometido. La urbanización desaforada y la ocupación de playas, riberas y marjales es un modelo acabado que, además de ser ecológicamente insostenible, puede repercutir negativamente a medio largo plazo en la industria turística y que ya lo ha hecho en el turismo de calidad.
Los cambios que el Partido Popular está proponiendo solo benefician los intereses privados de unos pocos que, invadiendo terreno público, perjudican el interés general. El partido en el Gobierno cambia, además, las reglas de juego a mitad del partido, lo que sin duda va a generar agravios, inseguridad jurídica y pleitos. Es preocupante el cortoplacismo de esta reforma —el plazo general de concesiones termina en cinco años— y la ceguera que demuestran unos gobernantes empeñados en apostar por el mismo modelo de crecimiento que ha agravado la crisis. Aún hay tiempo para rectificar.
* El País - Editorial - 15.4.13
Foto: Benalmádena (Málaga), viviendas costa - el pais
Madrid.- La ciudad descatalogada
La nueva Ley de Patrimonio de Madrid relaja las condiciones para proteger edificios y yacimientos, según denuncian asociaciones, arqueólogos y arquitectos. Parece que los gobiernos, central y autonómicos, no se conforman con la desprotección de las costas, ahora atacan también al rico Patrimonio monumental del país, posibilitando la especulación urbanística. Otro disparate más de una clase político-financiera totalmente alejada de la realidad de las ciudades y el territorio.
"ELPAÍS* : Una mañana de octubre de 1963, los neoyorquinos se levantaron con la demolición de la estación de Pensilvania, una de las joyas arquitectónicas de Manhattan. “Acto de vandalismo”, dijo entonces el New York Times.Las protestas hicieron que las autoridades se dedicaran en los años siguientes a buscar nuevas normas para preservar el patrimonio. Se creó una comisión que determinaba los edificios que debían conservar y que establecía las modificaciones que los propietarios podían hacer en los inmuebles. Nacía así un modelo de ciudad para Nueva York que consiguió eso que los expertos llaman conciencia arquitectónica".
Madrid dispone de comisiones y leyes similares aunque, a tenor del estado de muchos de sus edificios históricos, es muy discutible que esas normas hayan servido para fundar una conciencia colectiva que valore lo mucho que posee la región.
La nueva ley autonómica de patrimonio, que se debate esta semana en la Asamblea, no va a ayudar a defenderlo, según denuncian asociaciones, arquitectos y arqueólogos. Creen que la nueva norma es mucho más permisiva que la actual, y que prima los intereses económicos sobre los arquitectónicos. Están convencidos de que gran parte del patrimonio de la región está en peligro.
El telón de fondo es la crisis. El Gobierno regional no ha ocultado que muchos de los edificios más emblemáticos pueden servir para reactivar la economía y crear puestos de trabajo. Lo interesante para los promotores inmobiliarios está en el centro, y estos se han quejado en varias ocasiones de la necesidad de eliminar cortapisas, burocracias y también obstáculos arquitectónicos que impidan construir, por muy históricos que estos resulten a veces.
En la cafetería de uno de esos lugares identitarios de Madrid, el Ateneo, en torno a una mesa redonda, un grupo de personas habla con pasión de los desaciertos de la nueva ley. Hay un informático, tres arquitectos, una profesora y un licenciado en Filosofía. Forman parte de la plataforma Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. “Lo de los puestos de trabajo es una falacia. No estamos contra el cambio de uso de los edificios. Estamos contra una ley que va a permitir que sea más fácil destruir el patrimonio y perder poco a poco la identidad de la ciudad”, asegura su presidente, el arquitecto Vicente Patón.
El grupo va poco a poco desgranando ejemplos del patrimonio herido en la ciudad. Este paseo por el pasado histórico de Madrid comienza en la calle del Marqués de Riscal, en el distrito de Chamberí. No todo el mundo sabe que allí, en el número 7, escondido entre edificios de cinco alturas, tras una malla verde y un portón de hierro, se encuentra el frontón de Beti Jai.
El edificio es único en el mundo, el último de los frontones industriales del juego de pelota y un ejemplo de la arquitectura del hierro. Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 2011, la mayor protección que se le puede dar a un monumento, pero hoy es un lugar abandonado desde hace años donde crecen árboles en lugares imposibles y que solo es visitado por un gato y un cernícalo que ha anidado en uno de sus muros. Actualmente se encuentra en un proceso de expropiación que ha llegado a los tribunales porque el Ayuntamiento y los propietarios, Tarcosul Gestión, SL, no se ponen de acuerdo en el importe de la indemnización.
Pasamos de allí a la plaza de Canalejas. El empresario Villar Mir planea levantar en esa manzana un centro comercial y hotel de lujo. Para ello ha habido que modificar la protección que tenía el interior de algunos de los edificios que el empresario le ha comprado al Banco Santander. El objetivo es dejar solo las fachadas y construir en el interior, eliminando elementos hasta ahora protegidos. “La operación Canalejas es el ejemplo de lo que está pasando. Algo que estaba catalogado como BIC pierde esa protección porque hay intereses económicos detrás. Muchos otros edificios podrían correr la misma suerte”, explica Patón.
Dejamos a la izquierda la plaza de Canalejas y nos dirigimos hacia la Gran Vía, donde otro inmueble espera un futuro incierto. Se trata del Palacio de la Música. Caja Madrid lo adquirió en 2008 y prometió que lo convertiría en lo que fue originalmente, un auditorio de música. La entidad trataba de salvaguardar el edificio y evitar que se convirtiera en otro centro comercial. Las obras de rehabilitación comenzaron pero, una vez más, la crisis. El desastre ocurrido en la caja de ahorros ha hecho que esos planes se dejen de lado. “El Ayuntamiento tiene como objetivo principal el empleo, no creemos que haya que mantenerlo por un sentido romántico. Si la alternativa [a que se convierta en una tienda] es mantener el edificio cerrado y que se caiga a trozos, en eso no estamos”, ha dicho el Ayuntamiento. Una petición en la plataforma change.org ha conseguido 16.400 firmas para conseguir que el palacio siga teniendo un uso cultural.
Desde el Palacio de la Música saltamos a la trasera de San Francisco el Grande. La justicia frenó allí las intenciones de la Iglesia que, tras una permuta de terrenos con el Ayuntamiento, pretendía construir un gran edificio en la cornisa de Las Vistillas. El minivaticano, como se conoció el proyecto, aplastaba la cerca de Felipe IV. Pese a que todas las sentencias han sido contrarias al plan, los vecinos de la zona han señalado en varias ocasiones que la Iglesia sigue removiendo tierras en esa zona de gran valor arqueológico.
La arqueología es, según denuncian los críticos, una de las grandes perdedoras con la nueva Ley de Patrimonio. “Con la nueva ley el valor arqueológico queda difuminado y casi eliminado. La labor arqueológica queda bastante defenestrada”, asegura Diana Díaz, presidenta del Colegio de Arqueólogos de Madrid. La ley elimina la obligatoriedad de realizar informes arqueológicos preventivos en los proyectos de construcción. Sin esos informes, las excavadoras pueden arrasar yacimientos sin que nadie se diera cuenta. “La ley no va a afectar a yacimientos como el de Titulcia, declarado BIC el pasado agosto. Pero para llegar a esa declaración, antes de todo eso tuvieron que ir arqueólogos, descubrir los yacimientos que había y documentarlos”, concluye la arqueóloga.
Desde el barrio de Las Vistillas llegamos al número 20 de la Corredera Baja de San Pablo. Un portón con una cadena cierra el paso a una casa que la Empresa Municipal de la Vivienda sacó a subasta pública. El Ayuntamiento había prometido convertir los inmuebles en equipamientos sociales, pero nunca lo hizo. Los vecinos quieren convertir ese ejemplo del caserío castellano del XVIII en un espacio público. La casa, mientras tanto, sigue abandonada. “Nos preocupa mucho ese patrimonio que no está declarado Bien de Interés Cultural. Lo que no está catalogado como BIC corre gran peligro porque la ley deja en manos del propietario hacer lo que quiera si la Administración no le contesta”, afirma Vicente Patón.
Ese es uno de los puntos más conflictivos de la ley. La norma establece que, en el caso de los bienes patrimoniales —hasta ahora llamados bienes catalogados, un segundo escalón tras los BIC— los propietarios puedan hacer las modificaciones que deseen si la Administración no les contesta en el plazo de dos meses. “Creo que la ley se ha malinterpretado. La filosofía de la ley es la conservación del patrimonio facilitando el uso del mismo”, declara el director de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, Ignacio Muñoz Llinás. “Para proteger el patrimonio, es imprescindible darle un uso cultural, comercial o de otro tipo que garantice la conservación de los edificios”.
Sobre los nuevos plazos, Muñoz Linás reconoce que se han rebajado, pero que eso no significa que se sea más permisivo. “Se ha dicho que se está siendo más permisivo porque se han rebajado plazos o por el silencio positivo, pero es al contrario. Lo que no tenía sentido es lo que ocurre ahora, que quienes quieren intervenir en un inmueble sin afectar a las partes protegidas del mismo tengan que esperar meses o hasta un año sin recibir respuesta. Con la nueva ley se agilizan los plazos y se obliga a la Administración a responder en un plazo razonable”. Esos plazos son inasumibles para los funcionarios, según señalan los partidos de la oposición.
El debate sobre la ley volverá a traer esta semana otro aún más viejo sobre la protección del patrimonio. A un lado estarán los que quieren reemplazar muros y maderas antiguas con la excusa de reactivar la economía y crear puestos de trabajo. A otro quienes defiendan que el pasado cultural y la conciencia arquitectónica es lo importante. Volveremos a escuchar a unos llamar románticos a los otros y a estos hablar de una equivocada idea de progreso. En definitiva, veremos a ambos lados de ese debate a los defensores de la estación de Pensilvania y a los que habrían puesto en su lugar, como así sucedió, el Madison Square Garden.
Madrid tendrá que elegir su modelo de ciudad. En tiempos de crisis, está claro quién tiene las de ganar.
* El País - ÁLVARO DE CÓZAR / JOSÉ MARCOS - 13.4.13
Foto: Portón deteriorado de un edificio del XVIII, en Corredera Baja de San Pablo.- elpais
Santa Cruz.- El ex secretario de Urbanismo, imputado por el caso Siliuto
Continúan los escándalos urbanísticos en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso la Fiscalía Anticorrupción apunta a una malversación de fondos públicos y prevaricación, ya que los responsables de la Gerencia de Urbanismo compraron la casa Siliuto por encima de su valor real.
"CANARIASAHORA* : El ex secretario de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, ha sido llamado a declarar en calidad de imputado el próximo día 20 de mayo por un supuesto delito de prevaricación y malversación de fondos públicos en la compra de la casa Siliuto de El Toscal. Se da la circunstancia que de que tres días antes también comparecerá, esta vez en principio como testigo, por la causa penal abierta sobre el Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Pero no son las únicas. El 1 de febrero pasado declaró, igualmente como imputado por la supuesta falsificación de planos del Parque Marítimo y desde hace seis años y medio se encuentra en esta misma situación procesal en el conocido como caso Las Teresitas. Un nexo común en todos estos asuntos es que actúan como acusación particular los abogados, Felipe Campos y Antonio Espinosa.
La nueva imputación está relacionado con la adquisición en el año 2002 de una vivienda en El Toscal que iba a ser destinada a Casa de la Juventud para lo que se llegaron a realizar tres tasaciones de la cuales se escogió una de las que resultaba menos ventajosa para los intereses municipales.
Ya se ha realizado una primera ronda de declaraciones del primer grupo de imputados formado por el concejal de Urbanismo en aquella época, Norberto Plasencia y todos los miembros que integraban el Consejo de Administración del organismo autónomo como son Manuel Parejo, Dámaso Arteaga y Basilio Franco de Coalición Canaria (CC), María José Gutiérrez Pajarón del Partido Popular (PP), José Luis Martín Rodríguez, del Partido Socialista Canario-PSOE y David Sáenz del grupo mixto.
De esta manera, Reyes es el primer técnico que va a ser interrogado y no resulta extraño si se tiene en cuenta que hasta ahora los demás encausados han coincidido en señalar que se limitaron a confiar en los informes que habían sido elaborados. De hecho el del ex secretario es el único que aparece en el expediente ya que no se llegó a redactar nunca un dictamen de Intervención, ni otro de carácter jurídico.
Malversación y prevaricación
El grueso de la querella presentada en junio por la Fiscalía Anticorrupción apunta a una presunta malversación de fondos públicos y prevaricación, al entender el Ministerio Público que los responsables de la Gerencia compraron la casa, como mínimo, por 188.000 euros más de su valor real. Según se recoge en la denuncia, el Ayuntamiento adquirió el inmueble por 612.000 euros, según la tasación realizada por los dueños y pagó además otros 11.000 por los impuestos que supuso la operación, incumpliendo el acuerdo de que esta última cantidad fuese abonada por los vendedores.
Sin embargo, los propios técnicos de Urbanismo habían tasado la propiedad en casi la mitad, 332.500 euros. Pero hubo otra valoración más, la encargada por Urbanismo a la empresa Tinsa, la misma que hizo la de los terrenos de Las Teresitas, que consideró que el Ayuntamiento debía abonar 706.000 euros. Por su parte, la Fiscalía encargó un informe pericial donde se fija que el valor del inmueble no supera los 475.000 euros.
En el expediente, los anteriores responsables de la Gerencia de Urbanismo defendieron que la diferencia entre las cantidades fijadas en cada una de las tasaciones con las que trabajaron entra dentro de lo razonable en este tipo de operaciones mercantiles. El Ayuntamiento compró este edificio para que albergase la Casa de la Juventud, aunque años después el inmueble permanece cerrado y en un estado de total abandono. Se trata de una casona de tres plantas de más de un siglo de antigüedad.
El edificio está en la calle San Antonio, en la zona de El Toscal protegida con la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC). En la actualidad Parejo está imputado por Las Teresitas, el edificio La Ninfa y acusado por la construcción del mamotreto, al igual que Plasencia que también está imputado, además, por el vertido de aguas negras en La Hondura.
* Canarias Ahora - NOÉ RAMÓN - 16.4.13
Foto: Santa Cruz de Tenerife, casa Siliuto - laopinión.es
El Supremo anula unos planes urbanísticos de Torrent y Paterna por no garantizar agua
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Muy lentamente, pero parece que en ciertos casos judiciales están empezando a contemplar las aberraciones urbanísticas cometidas en el pasado. Así es el caso de estos dos Planes valencianos que contaban con la ilegal aprobación de la Generalitat, sin tener el visto bueno de la Confederación de Aguas correspondiente.
"EFE* : El Tribunal Supremo ha emitido sendas sentencias en las que declara nulos un plan urbanístico de Torrent y otro de Paterna por no contar con los preceptivos informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar que garantizasen la suficiencia hídrica de los proyectos. Las sentencias, de la sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo, estiman sendos recursos de la Abogacía del Estado y declaran nulos el plan parcial del sector 4 Santa Apolonia Canal-1 de Torrent, y la modificación del plan general del área Llano del Cura, en Paterna".
Ambas actuaciones urbanísticas contaron con el visto bueno de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, a pesar de que había informes en contra de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que consideraban que los proyectos no acreditaban "la disponibilidad de recursos hídricos".
El Tribunal recuerda que la normativa vigente establece que los planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales que comporten nuevas demandas de recursos hídricos deben contar con un informe de la confederación hidrográfica correspondiente que determine la existencia o no de recursos suficientes.
Añade que aunque las autonomías han asumido la competencia exclusiva en materia de ordenación del territorio y urbanismo, el Estado sigue manteniendo su capacidad de decisión en aquellas cuestiones que repercuten sobre las competencias generales.
El Supremo advierte de que la competencia autonómica en urbanismo "no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado, aunque el uso que este haga de ellas condicione necesariamente la ordenación del territorio".
La sentencia que afecta al planteamiento de Torrent defiende que el informe de la confederación hidrográfica es "preceptivo" y "vinculante" y es exigible, tanto en cumplimiento de la ley estatal de Aguas, como de la ley valenciana de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
El Supremo sostiene que el informe sobre la viabilidad hídrica del proyecto es competencia de las confederaciones y rechaza la posibilidad de que este lo haga una "entidad colaboradora autorizada para el suministro", tal y como contempla la ley autonómica.
Si la intención del legislador autonómico con esta fórmula era dejar "al albur de la discrecionalidad del órgano de tramitación del plan" acudir al organismo de cuenca, se trataría de una normativa "claramente inconstitucional", ya que estas entidades colaboradoras no tienen "ni la competencia técnica, la objetividad, los conocimientos y la visión panorámica" que tienen las confederaciones.
* El Mundo - 16.4.13
Foto: Paterna (Valencia) - uv.es
Juicio a Millet y la excúpula de Urbanismo el 30 de septiembre por el hotel del Palau
Por fin hay fecha para el juicio sobre el escándalo urbanístico barcelonés del hotel Palau. Aunque con los años pasados y la no construcción al final del hotel, hay que temerse que todo quede en agua de borrajas, después de estar implicado también el departamento de Urbanismo del ayuntamiento gobernado entonces por CIU.
"EUROPAPRESS* : La Sección Quinta de la Audiencia de Barcelona juzgará el lunes 30 de septiembre al expresidente del Palau de la Música Fèlix Millet, su mano derecha, Jordi Montull, y cuatro exresponsables de Urbanismo del Ayuntamiento por la operación para construir un hotel de lujo al lado de la institución musical, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC). Según el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Barcelona que daba por cerrada la instrucción, los trámites durante la operación urbanística para levantar el hotel --que nunca se llegó a construir-- en Ciutat Vella pueden suponer delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.
En esta operación, presuntamente Millet y Montull se embolsaron 900.0000 euros de comisión utilizando el estatus que les otorgaban sus cargos en el Palau de la Música para "influir" en diferentes implicados de la tramitación urbanística, según la juez.
En este caso están imputados el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon Garcia-Bragado, y el gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, por delitos de tráfico de influencias y prevaricación.
Según el juzgado, durante la tramitación administrativa ocultaron que desde el 12 de julio de 2007 los terrenos destinados a la edificación del hotel ya no eran propiedad de la Fundación Palau sino de Olivia Hotels, la adjudicataria del proyecto.
Esta ocultación, según la magistrada, pretendía hacer posible que Millet y Montull se apoderaran de 900.000 euros provenientes de Olivia Hotels y una vez transmitida a la constructora la propiedad de las fincas que debían ser recalificadas urbanísticamente apoderarse también de 3.606.072 euros que debía pagar dicha empresa dos meses después de la aprobación definitiva de la modificación del PGM.
OCULTACIÓN DE LA OPERACIÓN
La juez considera que Massaguer y Garcia-Bragado aprobaron algunas de estas operaciones sabiendo que partían de una información "que no se ajusta a la realidad y ocultando una operación de lujo privado".
En definitiva, en opinión de la juez, Massaguer y Garcia-Bragado, así como el director jurídico de Urbanismo del Ayuntamiento, Enric Lambies, dieron un trato de favor a Millet y Montull "ocultando la operación lucrativa privada" y la existencia de Olivia Hotels.
También habría contribuido a ocultar la cesión del derecho de las fincas a la constructora el arquitecto contratado por la Fundación, Carles Díez, quien presentó la documentación ante el Ayuntamiento en la que aparecía la Fundación como única interesada "ligando el futuro del hotel aparentemente solo al interés público".
LES PIDEN 10 AÑOS
El fiscal ha pedido para Millet y Montull diez años y dos meses de prisión para por presuntos delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, falsedad documental y prevaricación.
También ha pedido cuatro años y siete meses de cárcel para Bragado, Massaguer, Lambies, y para el arquitecto del proyecto, Carles Díaz, acusados de falsedad en documento oficial y del delito continuado de prevaricación, según recoge la calificación fiscal.
La acusación popular --formada por la Asociación de Vecinos en defensa de Ciutat Vella y la Asociación de Vecinos del Casc Antic-- pidió siete años de cárcel para Millet y Montull.
* Europa Press - 10.4.13
Foto: Barcelona, Palau de la música - educastur.es
Guerra al piso vacío
El acceso a una vivienda digna está incluido en la Constitución española, a pesar de ello ha sido algo prácticamente imposible para una gran parte de familias durante años. Los precios disparatados, producto de unas entidades financieras avariciosas y de una mayoría política que decía que esto era 'jauja', mientras cerraba los ojos a cualquier iniciativa alternativa, han sido los culpables de esta situación criminal, donde existen 'millones' de pisos vacíos y otras tantas personas sin cobijo mínimo.
"ELPAÍS* : La dificultad para acceder a una vivienda lleva camino de convertirse en un mal endémico en España. Lo era en época de bonanza y lo es en plena recesión. La lucha de muchos ciudadanos ya no es ni para hacerse con un techo donde vivir, sino para mantenerlo o no quedarse en la calle y con la deuda a cuestas. Solo el año pasado, 30.000 primeras viviendas fueron a parar a manos de la banca acreedora. Un desahucio cada 15 minutos. La gran paradoja es que las necesidades de alojamiento han crecido sin cesar a la par que también lo ha hecho el número de viviendas vacías, que fuentes del mercado sitúan en cerca de seis millones, el doble que hace una década, y el 20% de todo el parque de casas de España.
La Junta de Andalucía, gobernada por PSOE e IU, ha decidido apuntar hacia las entidades financieras, que acumulan miles de viviendas en sus balances, para tratar de paliar una situación que considera de “emergencia social”. El decreto ley, en vigor desde el jueves, faculta al Gobierno autónomo a expropiar durante tres años viviendas que se hallen en un proceso de desahucio por impago de la hipoteca para evitar el lanzamiento. Los detractores de esa medida apelan a que la Constitución consagra la propiedad privada. Los partidarios, en cambio, recuerdan que la propiedad privada está ligada a su función social y la justifican en la urgencia social en la que se halla España.
El presidente de la Junta, José Antonio Griñán (PSOE), ha defendido la constitucionalidad de la norma, que ha justificado en las situaciones de “marginalidad social” que está provocando la pérdida de la vivienda. “Decimos basta, hasta aquí hemos llegado”, ha señalado con más contundencia la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IU). La respuesta del Gobierno central fue in crescendo a lo largo de la semana pasada. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo que evaluaría con rigor el decreto ley andaluz, mientras que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, aseguró que las medidas de su Gobierno eran más amplias y apuntó a un recurso al Constitucional. La Asociación Española de la Banca, por su parte, prefiere no hacer comentarios.
No es la primera vez que la posibilidad de expropiar viviendas desocupadas se discute en España. El Parlamento catalán aprobó en 2007 con los votos de la izquierda una ley de vivienda que incluía el alquiler forzoso de las casas vacías. Como en aquel momento, el primer debate que surge es el jurídico. “Constitucionalmente es posible. Las comunidades tienen las competencias en materia de vivienda. Otra cosa es la medida en sí, de cuya eficacia albergo dudas”, asegura José Ignacio Navas, coordinador del Observatorio de la Vivienda del Consejo General del Notariado. “La expropiación forzosa la pueden emprender las Administraciones siempre que haya utilidad o interés social, y en este caso no hay duda de que la hay”, añade. De hecho, los expertos consultados recuerdan que el precedente más parecido lo constituye la Ley Agraria de Andalucía, que también contemplaba expropiaciones. Y estas fueron avaladas por el Constitucional en 1987 por cumplir con los principios de utilidad e interés social.
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona Juli Ponce asegura que la expropiación del derecho de uso de la vivienda se ajusta a la ley. “Legalmente es posible mediante una ley. Sin embargo, su efectividad es desconocida porque en Cataluña no llegó a aplicarse”, apunta el profesor, quien recuerda que en algunos países se ha llegado aún más lejos que en Andalucía. Es el caso de Escocia o Francia, que han fijado por ley que cualquier persona pueda reclamar a un juez su derecho a la vivienda, lo cual obliga a un despliegue de políticas de alojamiento de sin techo.
La norma ha levantado polvareda también al plantar cara a la banca, contra la cual se han dirigido los movimientos sociales que luchan por la generalización de la dación en pago a través de una ley. “Es cuestión de voluntad política el hecho de empezar a poner límites a las entidades financieras”, dijo la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Ada Colau, tras conocer el anuncio de la Junta.
El magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona José María Fernández Seijo, que propició recientemente un sonado varapalo del Tribunal de la Unión Europea al Gobierno central por su legislación sobre desahucios, opina que la medida es constitucional y recuerda que las comunidades autónomas ostentan las competencias en vivienda. “Nadie cuestiona la facultad de expropiar un terreno para construir una carretera y, de hecho, la Ley de Arrendamientos Urbanos establece esa posibilidad para algunas excepciones, como inmuebles en estado de ruina”, explica el magistrado.
Fuentes judiciales consultadas admiten que las competencias de vivienda son autonómicas, pero consideran que el derecho de la propiedad debe ser “en esencia” parecido en todo el territorio. Eso mismo planteó el ministro Ruiz-Gallardón, quien dijo que los derechos deben ser idénticos para todos los españoles. Desde la otra orilla, el PSOE ha anunciado que llevará esa propuesta al Congreso para que se aplique en toda España.
Cataluña emprendió el mismo camino que Andalucía en 2007, sin que nunca haya podido terminar de explorarlo porque una de las primeras decisiones del primer Gobierno de Artur Mas fue desmantelar la política de vivienda de los Ejecutivos tripartitos, en manos de ICV-EUiA. El alquiler forzoso quedó enterrado en 2011. En cualquier caso, se puso encima de la mesa en un contexto muy distinto. Entonces los precios no hacían sino escalar a un ritmo anual de dos dígitos y quienes querían acceder a un piso debían pedir hipotecas de hasta 50 años. Fueron, en parte, las particulares subprime españolas.
A la vez que ello sucedía, los inversores se lanzaban a acumular pisos. No para alquilarlos, sino para especular: los compraban, aguardaban a que se revalorizaran un 20% en un año y lo revendían con jugosas plusvalías a veces sin haber puesto ni un euro en metálico, sino a crédito. Y así sucesivamente, lo que encarecía la vivienda. La Generalitat trató de frenar entonces esa espiral con la amenaza del alquiler forzoso, restringido a “zonas con una fuerte demanda acreditada”.
La ley catalana no surgía de la nada. Los responsables se inspiraron en otras legislaciones europeas, en especial la danesa. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está prevista en la normativa francesa o británica, por ejemplo. El responsable de mercados residenciales de RICS, Peter Bolton-King, aplaude la medida de Andalucía, que califica “un gran paso valiente por parte de las autoridades andaluzas”. “El problema de los sin techo es una realidad trágica para muchas personas en todo el mundo y cualquier medida para paliar este problema es más que bienvenida”, afirma Bolton-King, que recuerda que las entidades financieras españolas, como las de Irlanda o Estados Unidos, tienen “un número considerable de propiedades vacías en su poder”.
En esa dirección apunta la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, quien considera que el derecho de uso puede ser expropiado por un procedimiento legal. “Lo importante es que las familias no se vayan a la calle. El drama es tan grande que algo hay que hacer. No se puede consentir que una familia se quede en la calle desamparada”, remacha.
Ahora bien, ¿con qué obstáculos puede toparse la medida? Uno de los principales problemas que tuvo la Generalitat fue el de hallar una definición para “piso vacío”, lo cual resolvió valiéndose de una serie de supuestos y pruebas: desde los consumos de la luz y el agua hasta el testimonio de un vecino. El decreto andaluz ahí lo tiene mucho más fácil, porque se focaliza en las entidades financieras o sus filiales y en los procesos de ejecución hipotecaria.
El texto legal contempla un justiprecio y unos requisitos que debe reunir la persona que será desahuciada para que los mecanismos de expropiación se activen. Del texto se desprende que la expropiación se realizará una vez se haya producido el lanzamiento. El momento no es una cuestión baladí, puesto que Fernández Seijo recuerda que si se efectúa antes el expropiado no sería el banco, sino el consumidor, por lo que se trataría de una interferencia en los derechos del crédito de las entidades financieras. La Junta también impondrá sanciones a los bancos que no saquen al mercado sus pisos. En este caso, Corredor advierte de que muchos de los pisos que siguen sin vender no reúnen las “condiciones adecuadas” por “situación o estado”.
El catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra José García Montalvo no es partidario ni de la expropiación temporal ni de la dación en pago general y retroactiva para poner fin a los desahucios. “Si es general, una persona que pueda pagar su hipoteca, pero que no quiera hacerlo, podrá dejar de abonarla, lo cual agrandará el agujero de la banca y costará más dinero al contribuyente”, sostiene el catedrático, quien apuesta por “incentivos” o, en último caso, penalizaciones para movilizar el parque de viviendas que está en manos de la banca.
“Los costes anuales de gestión, administración y financiación de un inmueble oscilan entre el 12% y el 13%. Si la Administración añade un recargo para penalizar las que están vacías, los bancos posiblemente responderán”, señala el profesor. Algunos Ayuntamientos, como Estrasburgo (Francia) o los de Portugal han impuesto tributos más altos para los inmuebles vacíos. Según la Federación de Municipios y Provincias, en España no hay una norma general que imponga un recargo a los pisos desocupados. García Montalvo también señala que parte del parque público de viviendas está vacío, pero la Junta dice que no es el caso de Andalucía.
La inseguridad jurídica es otro de los argumentos contra el decreto ley. Como en la dación en pago con efectos retroactivos, esta figura traspasa la relación contractual entre el cliente y el banco, puesto que muchas de esas hipotecas están titulizadas y en manos de inversores internacionales. “Al final, todo esto puede repercutir también en la capacidad de financiación de las instituciones y, en este caso, a la Junta de Andalucía cuando pueda volver a acudir a los mercados”, opina el director de Estudios de Idealista.com, Fernando Encinar.
El decreto ley de la Junta, pues, pone sobre la mesa por enésima vez el problema de alojamiento que sufre España, pese a que el acceso a una vivienda digna es un derecho constitucional. “Espero que haga que algo se mueva”, dice Navas. García Montalvo propone facilitar que las familias que arrastran deudas que no pueden afrontar acudan al juzgado para pedir el concurso de acreedores —que debe abordar la hipoteca—, creando juzgados especializados si es necesario. “Con la ley actual, estos procedimientos están pensados para las empresas. Se trata de que un juez pueda examinar cada caso y decidir, por ejemplo, la quita que se aplica a las deudas de cada familia”, propone. Navas respalda esta posibilidad, mientras que a Fernández Seijo le parece “la más razonable”, puesto que ahora el procedimiento judicial no paraliza la ejecución hipotecaria ni los pagos de estos préstamos.
La picota pasa por Irlanda
Ni Andalucía ni Cataluña son los primeros territorios donde se aplica el alquiler forzoso. Según fuentes de la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la asociación internacional de tasadores, la expropiación de viviendas vacías para alojar a familias sin techo también está contemplado en la legislación de países como Reino Unido o Francia. En Reino Unido, donde hay 710.000 viviendas vacías, las Administraciones locales pueden ejercer una orden de gestión de viviendas vacías para apropiarse del uso de la casa “en circunstancias excepcionales”. El pasado 1 de abril, según la misma institución, el Gobierno introdujo nuevas medidas para que los consejos puedan recargar el IBI en un 150%. “Muchos están aplicando esa medida cuando la casa lleva dos años vacía”, afirman fuentes de la entidad.
Reino Unido no es el único país. El RICS señala Francia —con un millón de propiedades vacías—, que deja que los consejos expropien temporalmente los pisos para alojar a los sin techo. Aunque raramente se ha hecho, esa idea empieza a tomar cuerpo dada la escasez de vivienda social disponible y las necesidades que hay.
Hoy, según esta entidad, esa posibilidad está sobre la mesa de Irlanda. Este país, de 4,5 millones de habitantes, cuenta con 300.000 viviendas vacías. El profesor de la National University of Maynooth (Irlanda), Cian O’Callaghan, explica que muchas de ellas están en grandes urbanizaciones hoy prácticamente deshabitadas que se conocen como ghost estates (polígonos fantasma). El verano pasado algunos propietarios decidieron derribar algunos de esos edificios para dar otro uso a los solares, como ya ha sucedido en Estados Unidos. “A causa de que esos polígonos están en manos de diferentes grupos, no hay una política nacional sobre qué hacer con ellos”, explica el profesor.
Según el RICS, ahora el Gobierno ha puesto encima de la mesa la posibilidad de “usar propiedades nuevas que están vacías para alojar a familias”, aunque la fórmula que se está barajando es arrendarlas a los bancos o a los promotores. El profesor de Urbanismo en el University College de Dublín Brendan Williams explica que, como también sucede en España, un problema es “la ubicación de viviendas vacías”. “Las tasas de desocupación más bajas, de alrededor del 10%, están en los centros urbanos con mayor crecimiento y demanda, como Dublín y Galway, y la más alta se da en los condados rurales, donde no hay demanda. Allí es de más del 20%”, sostiene. Además, en las zonas urbanas, añade, la vivienda se halla en áreas mal conectadas. “Eso hace que una actuación como la de Andalucía merezca una menor consideración aquí”, apunta. “Muchos de esos polígonos están en áreas rurales, mientras que la población sin techo se halla en centros urbanos”, añade O’Callaghan, quien apunta que la principal diferencia es que pese a la demanda de vivienda social, no ha habido un gran volumen de desahucios.
* El País - LLUÍS PELLICER 14 ABR 2013
Foto: Juan Benito Gañán y su esposa Engracia Lucena tras el desahucio paralizado el pasado noviembre de su casa, en Valencia. / CARLES FRANCESC
Uno de cada cuatro trayectos del AVE solo tiene un pasajero al día
El despilfarro estatal en el AVE es evidente y ha sido reconocido incluso en Europa. No es de recibo que un país mediano en número de habitantes y con una débil economía sea líder en esta superestructura de transporte de pasajeros; además de su enorme coste territorial y social, no sirve como transporte de mercancías, algo que parece vergonzoso dadas las alternativas posibles.
"ELDIARIO* : En el breviario de los tópicos que se han ido acuñando a lo largo del quinquenio de crisis que nos asola hay uno que se refiere a los tiempos de vacas gordas y asegura que “cada pueblo de España quería tener su AVE”. Con la perspectiva del tiempo se puede comprobar que muchas localidades lo consiguieron. El resultado de aquel empeño es que, a día de hoy, el 23% de los trayectos de un total de 206 conexiones que se explotan entre las 22 estaciones del tren veloz en activo en 2012, han sido lo que podemos calificar de “los trayectos unipersonales del AVE”. Según datos facilitados por Renfe, en 48 rutas de las 206 para las que la operadora ofreció horarios y vendió billetes, viajaron uno o menos de un viajero por día. Más aún, 10 de ellas fueron utilizadas por menos de 10 pasajeros a lo largo de los 12 meses".
Entre las estaciones en las que existieron relaciones con menos de diez pasajeros al día está la de Tardienta en Huesca; de los diez trayectos de ida o retorno con parada en este apeadero sólo dos logran un pasajero por día. De los ocho restantes, dos suman poco más de 30 pasajeros a lo largo del año y seis no llegan ni siquiera a diez viajeros en los 12 meses.
Pero este pequeño pueblo aragonés no es un caso único. Poblaciones con mucho más empaque como Guadalajara (2 trayectos), Huesca (1) Calatayud (2), Antequera (2), Puertollano (2), Cuenca (1), Utiel-Requena (2) o Puente Genil (2), explotan alguna relación con menos de 10 pasajeros al año. Si a estas estaciones le sumamos de ciudades como Ciudad Real o Lleida, habremos identificado las poblaciones desde las que se explotan la práctica totalidad de los 48 trayectos del AVE a los que calificamos de “unipersonales” porque tuvieron uno o menos de un pasajero por día. Por ejemplo, entre Puente Genil y Córdoba viajaron en todo el año 295 personas; entre Guadalajara y Calatayud, 127; entre Antequera y Puertollano, 108.
La cifra de 48 rutas infrautilizadas se eleva hasta 88 si ponemos el listón un poco más alto y contabilizamos la relaciones que tuvieron cinco o menos de cinco pasajeros al día en 2012. Prácticamente las 22 estaciones de la red del AVE que durante el pasado ejercicio estuvieron activas tienen algún trayecto con estos ratios.
Mayor uso
Si le damos la vuelta a los datos y analizamos los trayectos con mayor afluencia de usuarios comprobamos que las cifras tampoco son como para echar las campanas al vuelo. Únicamente 16 trayectos cuentan con más de 100.000 pasajeros a lo largo del año y, entre ellos, solo dos superaron el millón de viajeros en el ejercicio. Estas rutas son Barcelona-Madrid (con 1.309.862 pasajeros); Tarragona-Madrid (137.246); Córdoba-Madrid (305.573); Lleida-Madrid (112.076); Madrid-Barcelona (1.304.697); Madrid-Tarragona (138.013); Madrid-Córdoba (305.971); Madrid-Lleida (112.375) Madrid-Málaga (688.172); Madrid-Sevilla (982.258); Madrid-Valencia (828.933); Madrid-Zaragoza (538.967); Málaga-Madrid (687.041); Sevilla-Madrid (966.615); Valencia-Madrid (822.592); Zaragoza-Barcelona (252.699); y Zaragoza-Madrid (539.627).
Trayectos unipersonales
Alguien podría afirmar que es lógico que en las pequeñas estaciones, y en los trayectos entre ellas, se contabilicen pocos viajeros, ya que el tren de alta velocidad está pensado para transportar grandes masas humanas entre grandes núcleos de población. El razonamiento es cierto, pero obvia que estaciones como las de Antequera, Cuenca, Guadalajara, Puente Genil, Puertollano o Requena-Utiel, con un número ínfimo de pasajeros son todas de nueva planta, y en cada una de ellas se han invertido decenas de millones de euros.
En el mismo sentido, hay que recordar que del parque de 195 trenes de alta velocidad con que cuenta Renfe, (en el que se han invertido 5.000 millones de euros) sólo 86 han sido diseñados para los trayectos directos o semi directos entre grandes capitales del país. Las restantes 109 unidades fueron adquiridas para los servicios Alvia y Avant. En los primeros se aprovecha el sistema de cambio de ancho de ejes, para unir poblaciones menores enlazadas por vías de la red convencional con las infraestructuras de la red AVE. Los servicios Avant, con trenes de menor rango que los AVE, se utilizan para unir las grandes capitales con las poblaciones de menor tamaño que ya están conectadas con tren de alta velocidad. No parece que un esfuerzo en inversiones e infraestructuras haya tenido la recompensa que se buscaba.
* El Diario - Antonio Ruiz del Árbol - 14.4.13
Foto: tren AVE - diagonal
Moaña y Xilxes, dos municipios más para la lista de amnistías
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La nueva Ley de Costas ha sido criticada desde casi todos los ámbitos, profesionales, sociales o políticos, por la privatización del litoral y la legalización de numerosos núcleos urbanos que están demasiado cerca de la línea costera, con el perjuicio evidente para el resto de ciudadanos y el medio ambiente. Así ocurre en estos dos casos particulares.
"ELPAÍS* : Hay un principio urbanístico en Galicia que durante décadas se impuso a una normativa titubeante y que todavía hoy persiste en cierta medida. Es el ti vai facendo [tú ve haciendo] con el que se solían despachar las dudas sobre la legalidad de una actuación. Ante la despreocupación o la complicidad del Gobierno local de turno, la obra se hacía. Si alguien protestaba, ya se comprobaría si era legal o no y si, en tal caso, había una Administración dispuesta a tirarla. En el litoral siguen quedando retazos de aquellos tiempos".
Moaña, una villa costera en la ría de Vigo (Pontevedra) con algo menos de 20.000 habitantes, tiene a unas 200 familias pendientes de que la reforma de la Ley de Costas legalice sus viviendas, construidas a menos de 100 metros del mar en lo que desde 1988 es servidumbre de dominio público. El núcleo, junto con Xilxes (Castellón), elevan a 12 el número de zonas amnistiadas por el PP. La nueva ley todavía debe debatirse en el Senado, por lo que no se descartan nuevas inclusiones, como la del poblado marinero del Puerto de Aiguadol, en Sitges (Tarragona), propuesta por CiU, o algún núcleo de Canarias, con cuyos senadores el PP se ha mostrado especialmente receptivo esta semana.
Moaña creció descontroladamente el siglo pasado ladera abajo a partir de su núcleo original en el monte. Ahora es un rompecabezas entre Administraciones que se disputan su línea de costa, desde el Puerto de Vigo a la administración portuaria gallega, pasando por el Ministerio de Medio Ambiente y el propio Ayuntamiento. A ello hay que sumarle un peculiar deslinde que data de los años sesenta y que ha supuesto que bloques de viviendas contiguos a otros legales, o incluso más alejados de la costa que estos, estén fuera de la ley. Otros ni siquiera pueden escudarse en el agravio comparativo, caso del llamado edificio Salitre, un mamotreto de cinco alturas más ático que toma el nombre de la discoteca que hay en el bajo y que está prácticamente pegado al agua. Maribel, mariscadora, porta un paraguas caoba a juego con el pelo mientras agita las llaves junto al portal. “Nosotros compramos el piso sobre terreno hace unos 34 años. Nos dijeron que todo estaba bien”, afirma.
José Gallego es el presidente de la plataforma local de afectados. “Los edificios se hicieron con licencia municipal y antes de la ley de 1988”, señala, y critica que si la obra era ilegal no se parase mientras se estaba construyendo. “Costas es como un extraterrestre que baja a la tierra cada 25 años. Yo no digo que estas casas no estuviesen mejor en otra zona, pero cuando se levantaron no fue en 24 horas. Cuando yo hago una obra junto a la carretera y tiro un muro los técnicos no tardan ni dos días en venir”, compara, al tiempo que echa pestes de aquel deslinde “caciquil” dibujado en el franquismo. “Venía alguien de Pontevedra con el concejal de turno y hacían lo que querían”, recuerda.
El Salitre ni siquiera tenía garantizada su supervivencia con la moción del PP en el Senado que rebaja la servidumbre de protección a 20 metros con requisitos más livianos que hasta ahora, porque está casi encima del mar. Los populares han optado por excluir al núcleo del dominio público. “Esto era un tema político y alguien tenía que arreglarlo; aquí pagamos justos por pecadores”, concluye el portavoz.
En Castellón, Juana Estellés, una vecina de Xilxes, de 65 años, se prepara para trasladarse a vivir a su casa de primera línea de playa. Su vivienda es una de las 96 de este municipio que el PP prevé amnistiar en la nueva Ley de Costas. Se trata de modestas viviendas unifamiliares levantadas la mayor parte entre los años veinte y cuarenta y que han consolidado una tradicional forma de vida en la costa castellonense. Durante todo el año, la zona es un pueblo fantasma y, con la llegada del verano, los vecinos de este municipio o de alrededores se trasladan a vivir allí. Juana se encuentra en este proceso. El resto de casas que serán indultadas están cerradas a cal y canto.
Su residencia (y las otras 95) no se levantó en primera línea de playa. Juan Antonio Montesinos, presidente de la asociación de afectados, explica cómo, con un fuerte despliegue policial, se tiró el primer frente en 1989. “Tras estos derribos se trasladó la zona de deslinde a todas estas viviendas que estaban detrás”, dice. Pero también se construyó un paseo marítimo por delante y se les prometió, asegura, que el dominio público se quedaría a las puertas de sus casas. Hasta que la ministra Cristina Narbona (PSOE) anunció el derribo de estas 96 y otro medio millar en toda la costa castellonense y la población reaccionó. “Llevo una batalla de siete años, nuestras casas están, de media, a 110 metros del mar y, además del paseo, se hicieron dos escolleras que protegen la zona”, explica Montesinos.
Para Mario García, diputado provincial de Medio Ambiente, la inclusión de Xilxes en el listado de amnistías es más bien “una corrección de errores”. García cuenta que contactaron con el ministerio para informarles de que cumplían con los requisitos. “Lo comprobaron y por eso ha entrado ahora”, dice.
* El País - VÍCTOR HONORATO / LORENA ORTEGA - 14.4.13
Foto: Xilxes (Castellón), playa - mma.es
Córdoba ignoró su propio plan general para beneficiar a Sandokán
Rafael Gómez 'Sandokán' es un empresario conocido en los ambientes de la especulación urbanística andaluza, así ha estado implicado en la Costa del Sol y, ahora, también en su ciudad, Córdoba, de donde es edil del ayuntamiento. Por eso, clama al cielo que se beneficie de legalizar turbiamente unas grandes naves industriales en la ciudad.
"ELPAIS* : Cuando en diciembre el Ayuntamiento de Córdoba aprobó el plan para amnistiar buena parte de las naves ilegales construidas por Rafael Gómez Sandokán en 2005, estaba dando luz verde a unos usos que prohíbe el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Este es uno de los argumentos de mayor peso que esgrime el Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que, la semana pasada, anunció que iba a impugnar el plan especial que legaliza esos enormes almacenes levantados en terrenos de especial protección".
El plan que se ha venido abajo fue gestado por el anterior equipo de gobierno municipal, liderado por IU y PSOE —bajo el amadrinamiento de la exalcaldesa, Rosa Aguilar, que le dio forma cuando estuvo en la Consejería de Obras Públicas— y aprobado por unanimidad hace cuatro meses. Ha sido la de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, que guarda las competencias de Urbanismo, la que ha echado atrás el plan.
Los servicios jurídicos son taxativos. Los usos que plantea el plan especial que aprobó el Ayuntamiento de Córdoba para las naves “ni están permitidos, ni son autorizables, tratándose, por tanto, de usos prohibidos”. Según la Junta, los usos previstos para esas macronaves, levantadas por la empresa constructora de Sandokán, Arenal 2000, en 2005 dos años después de que se aprobara el plan urbano son “un híbrido entre gran industrial y, al mismo tiempo, como industria compatible con el medio urbano”, algo que es “inexistente en la regulación general de usos que el PGOU contiene”.
Este aviso de recurso que la Junta de Andalucía ha remitido a través de su gabinete jurídico todavía no es el recurso en sí que va a presentar a la sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En este aviso se pide la paralización del plan especial. Los abogados de la Junta consideran que si comienza a desarrollarse el plan, “se producirían perjuicios de imposible o, al menos, muy difícil reparación”.
En todo el escrito ya se va perfilando el armazón en que se va a basar la impugnación. “Tal edificación, por sus dimensiones y el uso que es susceptible de albergar, suponen una manifiesta contradicción con los criterios del PGOU relativos a la defensa del patrimonio industrial y de actividad”.
* El País - MANUEL J. ALBERT - 11.4.13
Foto: Córdoba, naves Colecor - terra.es
