Los políticos que desgobiernan el urbanismo de la Comunidad de Madrid hablan de unas cifras imposibles de cumplir en el caso de Eurovegas, además del lamentable impacto social que puede sobrevenir y la competencia desleal con otras zonas del Territorio que, con toda la razón, reclamarán lo mismo en el pelotazo oficial.
"ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ARQUITECTURA* : ¿Qué pasaría si todas las ventajas (legislativas, fiscales y financieras etc) que se ofrecen a Eurovegas se redirigieran a la Rehabilitación Sostenible de todo nuestro patrimonio edificado, incluido el turístico? Con esta opción alternativa podríamos abarcar muchos frentes: sin necesidad de dinero exterior, recuperaríamos para una actividad duradera un sector clave para la economía española; tecnológicamente fomentaríamos y exportaríamos investigación en edificación y energías renovables, mejoraría el turismo hacia la calidad y reduciríamos nuestra dependencia energética".
Conseguir de nuestros 20 millones de edificios un mejor funcionamiento energético, accesibilidad y habitabilidad redundaría en beneficio para sus usuarios que verían reducida su factura energética y mejorar su bienestar.
En definitiva, seguiríamos aprovechando el sol, nuestra característica peculiar, aquella en la que somos únicos y sobresalientes en Europa.
Eurovegas no tiene más de 30.000 puestos de trabajo en todo su complejo mundial, por lo que son poco creíbles las cifras de creación de empleo que promete. Sin embargo, la rehabilitación sostenible puede generar, sin necesidad de esperar la dudosa venida de jugadores a nuestro país, más de 150.000 empleos locales directos y más de 200.000 en energías renovables según el Observatorio de la Sostenibilidad en España y el informe de CONAMA 12, y sólo en la Comunidad de Madrid más de 29.000, según su propio Plan de Rehabilitación. Con este potencial de creación de empleo, ¿qué no se podría lograr reduciendo el IBI un 95% a los inmuebles rehabilitados, y reduciendo en la misma proporción el IAE, tal como se dice se ha prometido a Las Vegas Sands? ¿Qué sucedería si se redujera en estas obras hasta un 95% el impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras; si se hiciera para los edificios rehabilitados como se da a Eurovegas una bonificación anual del 9% en las inversiones por compra de materiales, y una bonificación del 95% en el impuesto de Transmisiones patrimoniales y Actos jurídicos a los inmuebles rehabilitados, todas ellas prebendas adoptadas para la empresa de juego? ¿Por qué a una empresa extranjera sí, y no a una actividad por la que claman empresarios, profesionales, usuarios y hasta la propia administración?
Algunas de las prebendas solicitadas por Eurovegas no son admisibles en ningún otro sector económico: ¿estaríamos dispuestos a admitir en las empresas de construcción la exención de cuotas a las Seguridad Social de los trabajadores por dos años, y una reducción del 50% en los siguientes tres años? ¿Y si se suprimiera el IVA en transacciones, productos y servicios relacionados con la rehabilitación sostenible, como se pretende hacer creando una “zona franca” en el complejo de Eurovegas?
La inversión necesaria para rehabilitar diez millones de edificios es cifrada en 10.000 millones de euros anuales, que serían aportados por entidades financieras, empresas de servicios energéticos, ahorro de las familias por empresas energéticas y por el Estado, según el informe “Una visión-país para el sector de la edificación en España”. Esta inversión se vería enormemente aligerada con las facilidades que se ofrecen a Eurovegas. Recordemos, por otra parte, que la inversión de Adelson es de 6.000 millones de euros, de los que el 65% habrán de ser aportados por los bancos
Las políticas europeas y todo documento científico advierten de los riesgos ambientales en materia de ampliación de suelo artificial (proyecto Corine Land-Cover). Los problemas no se solucionarán “creando” nuevas emplazamientos aún en la hipótesis de que fueran excelentes, sino actuando sobre lo ya existente. Frente al modelo de creación vertical que sugiere Eurovegas de construir nuevas torres de 10 o 12 plantas para ocio de unos hipotéticos visitantes, se propone un modelo horizontal y compartido para todos de rehabilitación sostenible de nuestros propios edificios. El potencial español en este campo es único, en la producción de energía que tienen los propios edificios, en turismo de calidad, en exportación de investigación y tecnología. Eurovegas está produciendo además un gran rechazo social, que puede seguirse a través de los medios de comunicación, cuando las grietas de nuestra convivencia menos lo aconsejan. El efecto sería el contrario con un modelo de negocio como la rehabilitación sostenible, que reparte bienestar para todos, recupera un sector de empleo abundante en España y nos permite afrontar las crisis con nuestros propios medios y recursos, que los tenemos y en abundancia.
*María Jesús González Díaz, arquitecta, y Emilio Luque, profesor de Medio Ambiente y Sociedad (UNED); miembros del Comité Científico de ASA, Asociación Sostenibilidad y Arquitectura.
* ASA - Abril 2013
Foto: Eurovegas, terrenos Alcorcón - elmundo
La Rehabilitación Sostenible como alternativa a Eurovegas
El Supremo da la razón a los dueños de las huertas de la Isla de Plasencia
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El gobierno local de Plasencia (Cáceres) calcula que se enfrenta a un gasto de unos 40 millones por antiguas expropiaciones mal realizadas frente al Parque de la Isla.
"ELPERIÓDICO* : Es la peor noticia para las arcas municipales en veinte años. El ayuntamiento la esperaba, pero no oculta su preocupación y supondrá ahora un importante quebradero de cabeza para el concejal de Hacienda porque las dos primeras sentencias del Tribunal Supremo sobre los recursos de los propietarios de las huertas de la Isla dan la razón a estos y elevan por cuatro y por cinco el precio que les debe pagar el ayuntamiento por la antigua expropiación".
Más de 6 millones de euros, más intereses, tendrá que pagar por dos de ellas y hay más recursos pendientes de sentencia.
El alcalde ya ha dicho en más de una ocasión que las huertas podrían suponer un coste de 40 millones de euros al ayuntamiento, imposible de pagar con un presupuesto de 25.
En 2006, la exalcaldesa Elia Blanco no llegó a un acuerdo con los propietarios sobre el valor de las huertas y recurrió al Tribujal del Justiprecio para que fijara su valor. Este las tasó en 2008 en poco más de 9 millones de euros. Los propietarios recurrieron y, en 2010, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura les dio la razón y los valoró en más de 28 millones.
El gobierno de Blanco decidió entonces presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que ahora vuelve a dar la razón a los propietarios y fija valores muy superiores a los que dio el Tribunal del Justiprecio.
Así, una huerta de 4.660 metros cuadrados que el justiprecio valoró en 1.118.361 euros, el Supremo la tasa en 5.428.694,96 euros, casi cinco veces más, con lo que el ayuntamiento tendrá que pagar la diferencia porque ya pagó el justiprecio, más los intereses.
En el caso de la segunda huerta ya con sentencia del Supremo, tiene 2.065 metros cuadrados y el justiprecio la valoró en 495.600 euros, pero el alto tribunal la tasa en 2.405.716,74, con lo que el ayuntamiento deberá pagar 1.910.716. Entre las dos, suman un coste de 6.221.049 euros, siempre más intereses.
El ayuntamiento, que espera una nueva sentencia el martes y otra el 9 de julio, se mostró ayer preocupado. Para el alcalde, las sentencias en contra son "fruto de las malas gestiones del anterior gobierno y de su edil de Urbanismo, Victoria Domíjnguez y, sobre todo, de la incapacidad negociadora de la señora Blanco".
A partir de ahora, se crearán comisiones técnicas para valorar cómo hacer frente a las sentencias y el ayuntamiento tendrá un plazo para notificar al tribunal la solución que adopte.
* El Periódico Extremadura - RAQUEL RODRIGUEZ 06/04/2013
Foto: Algunas de las huertas situadas frente al parque de La Isla.- TONI GUDIEL
Los escraches de la PAH recorren el país
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) está incrementando su actividad últimamente con los llamados 'escraches' a políticos ya que, a pesar de tener cerca de un millón y medio de firmas a favor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) por la dación en pago, el alquiler social y el final de las ejecuciones hipotecarias, parece que la clase política-financiera se niega a su aprobación.
"PÚBLICO* : El movimiento contra los desahucios tiene claro que, si quiere que la ILP por la dación en pago, el alquiler social y el final de las ejecuciones hipotecarias no acabe en el fondo de un cajón del Congreso de los Diputados - a pesar de contar con casi un millón y medio de firmas que la avalan-, tiene que continuar con su campaña de información a los diputados que votarán en contra de la iniciativa".
Por eso, este viernes, los escraches de la PAH a diputados del PP se han sucedido en tres ciudades del país: Bilbao, Valencia y Lleida. Mientras, en Madrid, los activistas se preparan para practicar otra acción a las 18.00 horas de esta tarde en la plaza de Manuel Becerra.
Miembros de la plataforma Stop Desahucios Bizkaia se han concentrado ante la sede del PP de Bilbao con la habitual cartelería que simula los botones rojo y verde con los que se votan las normas en el Congreso. Entre gritos de "sí se puede. No se quiere" los activistas ha ascendido hasta la planta en la que está ubicada la sede, donde han hecho entrega de un documento en el que reiteraban sus prácticas pacíficas. "Jamás hemos ejercido la violencia", decía el documento que ha que ha sido recogido por un empleado de seguridad. También les invitaban a asistir a las asambleas para comprobar "el drama" de las familias desahuciadas.
La portavoz del colectivo, Marta Uriarte, ha anunciado que el próximo escrache será este jueves en el Parlamento vasco en Vitoria y, además, ha advertido de que estas protestas no sólo se van a centrar en el PP, sino que también tienen "otros objetivos como el dirigente de un importante banco en Euskadi que está desahuciando y que dijo que no iba a seguir desahuciando", en relación al presidente de Kutxabank, Mario Fernández.
La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) ha llevado su protesta al barrio valenciano del diputado 'popular' en el Congreso Ignacio Gil-Lázaro, con un escrache informativo apoyado por cerca de medio centenar de personas.
La marcha se ha dirigido a la calle Mestre Racional y, aunque desde la plataforma se ha dicho que desconocían el domicilio del diputado, se ha detenido ante una vivienda de esta calle. Allí han leído un manifiesto para reclamar el apoyo a la ILP y exigir a Gil-Lázaro que se salte la disciplina de voto de su formación en el congreso y apoye ILP.
"Nos tememos, salvo que haya un giro de última hora, que las medidas de la ILP van a quedar tumbadas por el PP". Por eso, "vamos a seguir movilizándonos", han advertido desde la plataforma. "Que cada vez que Gil-Lázaro vaya a por el pan o a la tienda, vea el botón verde de sí se puede", han dicho. Así, con la ayuda de un megáfono, portavoces de la plataforma han hecho saber a los vecinos del barrio que allí vive el diputado del PP que tienen en sus manos "la responsabilidad de cambiar" la ley hipotecaria española.
Lleida: si el diputado no va a las asambleas...
Medio centenar de personas han participado en el escrache frente al domicilio del diputado del PP por Lleida, José Ignacio Llorens.
Según ha informado el portavoz de la PAH en Lleida, Eduard Baches, esta acción se realizado porque Llorens es el único de los cuatro diputados leridanos que no ha respondido a su invitación a participar en las asambleas que celebra la plataforma antes de que se celebre la votación sobre la ILP. Los diputados leridanos en el Congreso que sí han respondido a la invitación de la PAH son Conxita Tarruella y Mar Solsona (CiU) y Teresa Cunillera (PSC).
"Llorens ha sido el único que ni se ha molestado en contestar al menos a nuestra petición, por lo que hemos decidido realizar esta acción ante su casa, donde hemos celebrado una pequeña asamblea en la que 10 personas ha explicado su caso personal y hemos cantando Imagine de John Lennon como muestra de nuestra voluntad pacífica y de transparencia democrática", ha explicado Baches.
En este sentido, el portavoz de la PAH ha criticado a quienes están "criminalizando" los escraches que realizan afectados por desahucios. "Nuestro objetivo es que conozca este drama humano que está afectando a tanta gente y que escuche, antes de votar la ILP, lo que están pasando los ciudadanos de su circunscripción", ha concluido Baches.
* PÚblico - 5.4.13
Foto: Activistas de la PAH de Valencia durante es escrache al diputado del PP Gil-Lázaro.- REUTERS
El Gobierno privatiza las ayudas del nuevo Plan de Vivienda
Esto ya es lo que faltaba por ver en este Gobierno absolutamente desnortado y vendido a la acción especulativa financiera, tanto de dentro como de fuera del país. Ahora pretende privatizar la financiación pública para las actuaciones de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Es decir: es el fin del Urbanismo, considerado como actividad pública para el beneficio de todos los ciudadanos de un territorio, según dice la propia Constitución.
"PÚBLICO* : El Gobierno ha anunciado este viernes un programa de medidas para el sector inmobiliario con una inversión cercana a los 2.500 millones, de los que 1.500 millones irán destinados a facilitar el acceso a la vivienda y otros 627 millones a la rehabilitación y la eficiencia energética".
Medidas que los sindicatos han tachado de oportunistas, ya que, según su interpretación, el Ejecutivo aprovecha la crisis "para recortar, mercantilizar y liberalizar las ayudas abriendo la posibilidad de financiación privada para las actuaciones de rehabilitación y regeneración y renovación urbana".
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Fomento, Ana Pastor, ha asegurado que el nuevo Plan Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas 2013-2016 y, fundamentalmente, el proyecto de ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbana tendrán un efecto dinamizador en la economía y el empleo. Su puesta en marcha generará, según el cálculo del Gobierno, 32.000 empleos gracias a las ayudas directas, lo que unido al efecto multiplicador elevará la creación de trabajo hasta los 105.000 empleos. De hecho, por cada millón de euros invertidos en rehabilitación se generan 56 puestos de trabajo directos y por cada 1.000 euros de ayuda directa se genera una inversión de 3.300 euros.
Sin embargo, UGT considera que estas medidas "no servirán para potenciar esta actividad ni para generar empleo si no se realizan las inversiones adecuadas" y las inicitvas del Gobierno son "insuficientes". El sindicato critica que se supriman las ayudas para la adquisición de vivienda y para la construcción de hogares protegidos para venta, y que al mismo tiempo se abra la puerta a que empresas privadas participen en la gestión y financiación del plan.
Se llega a dar prioridad a las actuaciones con aportación del sector empresarial, indica UGT en un comunicado, y "en ciertos casos se posibilita la privatización encubierta de infraestructuras y servicios públicos".
El objetivo de este paquete de medidas es garantizar la flexibilidad a una vivienda "digna y adecuada" para paliar la situación de los colectivos más vulnerables, mejorar el estado de conservación y la calidad de los pisos y la reconversión de un sector como el de la construcción, ha señalado la titular de Fomento.
Todo ello en un contexto marcado por un parque de 26 millones de viviendas (15 millones de ellas con más de 30 años y 6 millones con 50 años de antigüedad) y un mercado del alquiler que representa tan solo el 17%, muy por debajo del 83% de la vivienda en propiedad.
El nuevo plan de vivienda facilitará el acceso al alquiler para personas mayores de edad con un límite de ingresos inferior a tres veces el Iprem (indicador público de rentas múltiples) con un alquiler mensual igual o inferior a los 600 euros y unas ayudas de hasta el 40% de la renta con un límite de 1.200 euros/año por vivienda.
Este plan beneficiará a 133.000 personas, preferentemente aquellas que han sido desahuciadas. Asimismo, se incluirán ayudas de subsidiación para la compra de vivienda gracias al pago de parte de los intereses a las personas que tienen una hipoteca.
UGT recuerda que los Presupuestos Generales del Estado de 2013 destinados a Vivienda ya habían anticipado la desaparición de las ayudas a la compra, y que desde 2011 (444 millones de euros) las partidas presupuestarias de Vivienda han disminuido un 36,7 %.
Aunque ven "coherente" la reducción con la crisis, también señalan que un plan cuatrimestral "debería realizar inversiones a medio plazo que garanticen el derecho a un hogar", especialmente en materia de rehabilitación y regeneración.
* Público - 5.4.13
Foto: Consejo Ministros, con la responsable de Fomento, A.Pastor - agencias
El ‘pelotazo’ del Bernabéu, bajo la lupa
La Comisión Europea investiga la ampliación del estadio del Real Madrid, un controvertido proyecto que ha sido posible gracias a una modificación del Plan General de Urbanismo, aprobada en noviembre de 2011, y que también ha sido denunciada por Ecologistas en Acción ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
"ELPAÍS* : Lo que para el anterior alcalde de Madrid y ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), fue una operación perfectamente legal que supuso “un beneficio para la ciudad”, para la Comisión Europea puede constituir un pelotazo urbanístico, o lo que es lo mismo, una ayuda ilegal del Ayuntamiento al Real Madrid, que podría superar los 200 millones".
Fuentes comunitarias han confirmado que los servicios de Competencia han recibido y están examinando dos operaciones cerradas entre ambas instituciones en julio y en diciembre de 2011. “Estamos analizando la información disponible. La Comisión no ha decidido aún si abrirá una investigación formal”, dijo el portavoz de Joaquín Almunia, vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia. “Hemos recibido otras quejas por parte de otras entidades o particulares sobre distintos clubes en distintos Estados miembros”, añadió.
El supuesto pelotazo del Real Madrid ya se conocía desde hace tiempo, pero Bruselas confirmó ayer su interés en el tema después de que el diario británico The Independent lo hiciera público en su edición de hoy.
La Comisión abrió en su día una investigación formal sobre la venta de los terrenos de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que posibilitó la construcción de las cuatro torres de la Castellana. La cerró en 2004, al no hallar indicios de delito. Pero no solo el club español centra el interés de Bruselas: también estudia posibles ayudas ilegales a equipos de otros países, aunque por ahora sólo ha abierto una investigación formal al PSV Eindhoven y otros cuatro equipos holandeses, que recibieron presuntamente ayudas ilegales de las autoridades de su país entre 2010 y 2011 por valor de hasta 60 millones de euros.
En el Ayuntamiento se malician que las “quejas” sobre el Real Madrid podrían provenir de otros equipos, principalmente ingleses, toda vez que la investigación podría extenderse en breve a clubes como el Manchester y el Chelsea. Sin embargo, declinaron proporcionar información alguna sobre el tema, alegando que se trata de una investigación de la Comisión.
En noviembre de 2011, mes y medio antes de convertirse en ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón dio luz verde a una operación urbanística que permitirá al Real Madrid cubrir el estadio Santiago Bernabéu; construir un centro comercial y hotelero en la fachada que da al paseo de la Castellana; y hacer un aparcamiento subterráneo de 600 plazas.
El centro comercial ocupará 12.250 metros cuadrados de edificabilidad. Cubrir el estadio aumentará además la superficie edificable en otros 14.073 metros cuadrados. Pese a que la cubierta no tiene aprovechamiento comercial, sí computa como superficie edificable dentro de la operación.
Para compensar este aumento de superficie a su favor, el club se comprometió a tirar abajo y convertir en parque el centro comercial de la Esquina del Bernabéu, un inmueble de 6.858 metros cuadrados edificado en la fachada del estadio que da a las calles de Concha Espina y de Padre Damián.
Ahora bien, la Esquina del Bernabéu tiene la mitad de superficie edificable que el nuevo centro comercial de la Castellana. No basta para cuadrar la operación.
Así que el club tuvo que ceder, además, cuatro parcelas en la calle de Mercedes Arteaga, (Carabanchel), con una superficie de 5.577 metros cuadrados y que estaban destinadas a levantar chalets pareados. El Ayuntamiento dedicará esos terrenos a parque y equipamientos del barrio de Opañel.
En resumen: Nuevo centro comercial = 12.250 metros cuadrados. Esquina del Bernabéu + cuatro parcelas de Carabanchel = 12.435 metros cuadrados. La operación ya cuadraba. Además, el club hubo de abonar 6,6 millones de euros en metálico.
La operación cuadraba, sí. Pero en cuanto a superficie, no en cuanto al valor de los terrenos. Porque el suelo de la Esquina del Bernabéu no vale lo mismo que la mitad del futuro centro comercial aunque la superficie sea igual.
Y, sobre todo, porque las parcelas del distrito de Carabanchel no pueden equipararse económicamente a la otra mitad del nuevo centro comercial, aunque su superficie también coincida. ¿Cuánto valen esos solares? 4,4 millones; es decir, 790 euros por metro cuadrado, muy lejos del precio de mercado del suelo de Castellana.
El Ayuntamiento era consciente de este desequilibrio económico, lo que en el argot de una charla de bar sería un pelotazo. De hecho, nunca lo negó. Su explicación fue que el club no iba a ganar ni un euro en la operación porque tendría que invertir cerca de 200 millones en la construcción del nuevo centro comercial. Pero claro, una vez construido, los beneficios de su explotación irían directamente a sus arcas. El Ayuntamiento no vería ni un euro.
Correcto. Pero, según el Ayuntamiento, se crearían casi 3.000 empleos directos o indirectos (2.300 en la obra y 600 después). Además, el nuevo estadio atraerá turistas y aportará ingresos vía impuestos. Y no sólo eso: además, constituye “una apuesta por el Real Madrid”, y “favorece a esa marca”, lo que “beneficia a toda la ciudad”, según el Ayuntamiento.
Una parcela vale su peso en oro
Las parcelas de la calle de Mercedes Arteaga, en Carabanchel, con las que el Madrid pagó en noviembre de 2011 una parte de la operación urbanística del Santiago Bernabéu eran hasta julio de ese año propiedad del Ayuntamiento. De hecho, se puede decir que al club le salió casi gratis el supuesto pelotazo, lo que también está investigando Bruselas.
En julio de 2011, el Ayuntamiento saldó una vieja deuda con el Real Madrid. La entonces edil de Urbanismo, Pilar Martínez (ahora directora general de Vivienda del Gobierno), aprovechó que el club quería negociar la reforma de su estadio para forzarle a cerrar antes los flecos de operaciones anteriores.
Esta en concreto se refiere a los convenios que permitieron convertir la antigua ciudad deportiva en las cuatro torres de la Castellana. Entonces, el Ayuntamiento, regido por José María Álvarez del Manzano (PP), cometió un error inexplicable en el intercambio de terrenos. Entregó al club una parcela de uso deportivo de carácter básico; es decir, de titularidad pública. Por definición, no podía pasar a manos privadas. Tardó 13 años en reparar esa equivocación, y ese retraso le costó muy caro.
En julio de 2011, compensó al fin al club por haberle entregado una parcela equivocada. Pero ese solar, que en su momento valía 488.000 euros, se había encarecido hasta los 22,7 millones.
Y eso es lo que le costó al Ayuntamiento el error. No lo pagó en metálico, sino con la entrega de otros terrenos. Entre ellos, las parcelas de la calle de Mercedes Arteaga. Le dio además otro solar en Valdebebas (3.000 metros cuadrados para oficinas u hotel) y una superficie de 3.600 metros cuadrados que en realidad es una franja de tres metros de ancho alrededor del Santiago Bernabéu en la que ya están construidos los pilares de la tercera grada y las torres de evacuación. Antes, el club solo tenía derecho a usar ese terreno; así, pasaba además a ser de su propiedad.
Esta última cesión está sujeta a una investigación judicial.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO / LUIS DONCEL Madrid / Bruselas 3 ABR 2013
Foto: Recreación elaborada por el Real Madrid de la imagen del futuro estadio del paseo de la Castellana. / REAL MADRID
Castellón.- El sueño fallido de Alberto Fabra
El exalcalde de Castellón, ahora presidente de la Generalitat valenciana, anunció en 2003 el megaproyecto de expansión de la ciudad con el fallido PAI Mestrets y todavía continúa la lucha vecinal.
"ELPAÍS* : “Castellón no se puede permitir el modo de vida que han elegido, sus casas van a ser derribadas”. Cristóbal recuerda de memoria la frase que el ahora presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, pronunció en una de las primeras reuniones con los vecinos afectados por el PAI Mestrets, el gran plan para la ciudad, de casi un millón de metros cuadrados para 6.295 viviendas (la mitad de VPO) en una zona de masets tradicionales".
El programa incluía terrenos anexos en otros puntos de la ciudad para construir el centro de convenciones de Santiago Calatrava, la sede de la VIU de Frank Gehry, la ronda oeste y la ciudad deportiva, pero cargando a medio centenar de vecinos con el coste de las dotaciones.
La frase que cita Cristóbal la corroboran media decena de vecinos más. Son una parte de quienes decidieron emprender una batalla legal contra el PAI que continúa a día de hoy. Residen en la zona oeste de la ciudad, cerca del campus universitario, y en las paredes todavía se leen pintadas de aquellos años de lucha.
Fabra era, en aquella reunión, concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Castellón. Con él nació este gran plan que se anunció antes de las elecciones municipales de 2003 y que integró la mayor parte de sus compromisos en los comicios siguientes. El PAI despertó una oposición vecinal nunca vista hasta entonces: no hubo pleno en cinco años al que no acudieran los propietarios afectados.
Mestrets era el gran sueño de Alberto Fabra para Castellón, pero diez años después, la justicia y la crisis han bloqueado este desarrollo urbanístico. El Consell ha descartado levantar el rectorado de la VIU y el centro de Calatrava auspiciados en la época en la que nacieron la mayor parte de los proyectos faraónicos de la Generalitat. La ronda se ha construido al desvincularse del plan. Y el PGOU, anulado, deja también sin soporte al PAI.
El portavoz del equipo de gobierno y edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, sostiene que cuando la economía mejore y las empresas puedan afrontarlo, Mestrets seguirá adelante. Pero las expectativas se han topado con la realidad. El Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA), agente urbanizador, acaba de suspender durante dos años, prorrogables a otros dos, la construcción de la mayor parte de las viviendas. El proyecto, cuya previsión era desarrollarse en pocos meses, se ha eternizado y su viabilidad es discutible.
El proyecto requería del desalojo y derribo de medio centenar de viviendas levantadas algunas a principios del siglo XX en zona no urbanizable, pero contando con los servicios y pagando contribución urbana. El 80% optó en su día por el acuerdo. “Se pactaron indemnizaciones por las casas, pero no se han cumplido y no se ha cobrado”, explica José Antonio Felip, presidente de la asociación de vecinos Mestrets-Poble Sec. “Entonces decían que se iba a hacer muy rápido y la gente pactó por no quedarse sin nada”, apunta. Fue el inicio de la degradación de la zona: algunas casas fueron okupadas y otras derribadas. “No te puedes ir porque pierdes la casa, ahora hay más okupas que residentes”, dice Clemente Agost, uno del 20% de vecinos restantes que apostó por la vía legal.
José Antonio Felip explica que la gente se marchó porque desde el Ayuntamiento, con Alberto Fabra a la cabeza, insistían en que las obras eran inminentes. “A mí me falló la salud y tomé la decisión de marcharme. Ahora no puedo volver a mi casa”, dice Ángela Salax, portavoz de los afectados por el PAI. No es la única que habla de la angustia vivida en aquellos años. Todos los afectados pasaron por tratamiento psicológico y se acuñó el síndrome Mestrets.
“Entonces, que te tocara un PAI así en tu finca era como que si te tocara la lotería, el problema aquí es que afectaba a la vivienda”, sostiene el abogado urbanista Vicente García Nebot. Para él, el que se cargara a los vecinos con el coste de las dotaciones de otros puntos de la ciudad no fue más que “una estrategia para obligar a vender” la finca a las constructoras. “Fue lo que hizo la mayor parte”, recuerda.
La oposición en el Ayuntamiento de Castellón insiste en que este proyecto debe adecuarse a la realidad y replantearse de nuevo. Hasta que llegue ese día, los vecinos que resisten en sus casas respiran algo más tranquilos: “El año pasado hice obras en mi casa, antes no me atrevía por si te la tiraban después”.
10 años de lucha
El anuncio. En 2003 se anunció el proyecto estrella para la ciudad de Castellón, que incluía más de 6.000 viviendas y obras como el centro de convenciones de Santiago Calatrava y el rectorado de la VIU de Frank Gehry, a costa de derribar medio centenar de casas.
Los vecinos. Unas 30 familias pactaron indemnizaciones por abandonar sus viviendas. Otras 20 protestaron durante cinco años en todos los plenos hasta que fueron a los tribunales. Los primeros no han cobrado todavía, los segundos siguen luchando para evitar el PAI.
El fallo. En 2008 el Tribunal Superior de Justicia anuló el PAI por vulnerar el principio de distribución y cargas urbanísticas. En septiembre de 2012 el Supremo ordenó devolver el caso al tribunal por no contar con las alegaciones de una parte de los vecinos.
* El País - LORENA ORTEGA - 1.4.13
Foto: Vecinos afectados por el PAI Mestrets de Castellón contemplan los terrenos que iban a ser urbanizados. / ÀNGEL SÁNCHEZ
“La Ley de Costas se ha hecho con hermetismo para beneficiar determinados intereses”
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La nueva Ley de Costas aprobada es un auténtico despropósito en cuanto a mayor protección, se privatizan muchos espacios públicos para favorecer intereses privados, no se ha contado con especialistas y organizaciones implicadas... y todo hace pensar que detrás está la oscura mano de la Corrupción. Así la afirma también Greenpeace.
"INFOLIBRE* : La organización ecologista Greenpeace lo tiene claro. Detrás de Ley de Costas, aprobada el pasado febrero en el Congreso con el único apoyo del PP, hay unos "intereses privados" encaminados a favorecer a determinadas personas ligadas al partido que sustenta al Gobierno. Al menos, eso es lo que sostienen en el polémico informe en el que vinculan al ministro Miguel Arias Cañete y a exdirigintes del PP como Abel Matutes o Gabriel Cañellas con empresas supuestamente interesadas en la modificación de la Ley de Costas".
La portavoz de la campaña de Costas de la ONG, Pilar Marcos, sostiene en una entrevista a infoLibre que la nueva legislación favorece a los que han "especulado con el suelo" y obvia el cuidado del ecosistema costero.
En su informe denuncian que la Ley de Costas se ha hecho a medida para beneficiar a determinados políticos ligados al PP. ¿En qué basan esta acusación?
El caso más clamoroso, y el que nos puso en alerta, es el de la salinas. En una conferencia, el exministro de Exteriores, Albel Matutes dijo sobre la Ley de Costas que era un desarrollo sobre el que había trabajado "mucho". Este señor es vicepresidente del Consejo de Turismo de la CEOE y dueño del Grupo Matutes, que tiene intereses hoteleros y proyectos de golf cerca de salinas en Ibiza. La ley propone ahora sin justificación su devolución a manos privadas, pues el proyecto de reforma incluye un nuevo apartado en la disposición transitoria primera que dice que las salinas se excluirán del dominio público marítimo-terrestre. Esto es sólo una muestra de que la ley se ha hecho para beneficiar determinados intereses y del hermetismo con el que se ha llevado a cabo.
¿A qué se refiere con ese hermetismo?
Los miembros del Consejo Asesor de Medio Ambiente (patronal, sindicatos y organizaciones ecologistas) sólo vimos el borrador el mismo día que la reforma se presentó en el Consejo de Ministros, el pasado julio. Después sí se abrió un periodo de participación pública en una fecha un poco rara, pues coincidió con el mes de agosto. Y eso después de que lo demandáramos todos menos la CEOE, que celebró al dedillo el borrador. Eso hace pensar que quizá ellos [los empresarios] sí pudieron participar en su elaboración. Después, lo único que recibimos es un acuse de recibo de nuestras alegaciones y no supimos nada más hasta que por un chivatazo nos enteramos de que la ley iba a ir de nuevo al Consejo de Ministros. Tampoco se ha consultado a la comunidad científica.
De su investigación, ¿quiénes se deduce entonces que son los principales beneficiados?
Están todos en el informe: Villar Mir (ministro de Hacienda entre 1975 y 1976), familiares del titular de Agricultura Miguel Arias Cañete, el propio Abel Matutes, Gabriel Cañellas... aunque suponemos que hay más de los que hemos podido llegar a descubrir. La ley de 1988 necesitaba una vuelta, pero que sirviera para troteger más el medio ambiente y lo que hace la nueva no es precisamente eso. Además, está está elaborada con tantas sombras que es difícil saber cómo va a quedar finalmente.
¿Sostienen que esta nueva legislación –aprobada el pasado febrero en el Congreso– no ha sido hecha teniendo en cuenta el interés general?
Totalmente. Lo último que hace es cuidar el ecosistema costero y apreciar su valor como medio natural. Se ha pasado una de las principales líneas rojas, pues se amplía a 75 años la moratoria para casas construidas sobre el dominio público marítimo-terrestre (las playas). Y además estos podrán venderlas, que antes estaba prohibido, e incluso hacer reformas. Es decir, los que han especulado con el suelo tienen el beneplácito de la Administración, van a ver consolidadas construcciones que son ilegales. También supone una privatización de la costa, pues se recorta la protección del litoral, que ahora era de 20 metros para dentro y se lleva hasta los 100. Así, de esta manera en muchos tramos de rías atlánticas se podrán ocupar sus márgenes. Esto beneficia a gente que tiene negocios en la costa como Juan Miguel Villar Mir u otros tantos con conexiones políticas.
El Gobierno, sin embargo, siempre ha sostenido que esta ley atraerá la inversión. Y es un argumento que puede calar fácilmente en especial si se tiene en cuenta el tiempo de crisis. ¿Cómo lo rebaten ustedes?
En 2007 se proyectaban tres millones de viviendas y ahora tenemos una de las tasas de paro más altas de la UE, estamos en el grupo de países que están al borde del rescate... pensar que ese tipo de desarrollo nos va a hacer ricos no es muy inteligente.
* InfoLibre - ELENA HERRERA - 2.4.13
Foto: Algarrobico ILEGAL pintado por Greenpeace - A.Rodríguez (EFE)
El Consejo de Europa critica a España por gastos municipales “irracionales”
Algo que aquí se sabe desde hace años, la tremenda corrupción en los municipios (y autonomías) que han procurado proyectos faraónicos despilfarradores, culpables en la mayoría de los casos de la inmensa deuda municipal (autonómica). Ahora ha llegado hasta el lento y burocrático Consejo Europeo.
"ELPAÍS* : El Consejo de Europa ha tomado nota de dos de los temas que más alteran a la opinión pública española: “El aumento de casos de corrupción política que están causando verdaderos estragos en la credibilidad de las instituciones, y la gestión de algunas regiones y gobiernos locales en relación con prácticas irracionales de gasto”. En esas prácticas incluyen “la construcción de faraónicos proyectos o el pago de enormes salarios a algunos políticos locales y regionales, entre otros dispendios”.
Lo mantiene el informe Democracia local y regional en España, cuyas conclusiones fueron publicadas por el organismo con sede en Estrasburgo el 21 de marzo. El texto completo, de 50 folios, hace un repaso exhaustivo a la organización municipal y lamenta la existencia de sueldos desmedidos de los cargos electos, por lo que recomienda su regulación y su limitación con un techo máximo.
Junto a la corrupción, el análisis del organismo europeo señala la crisis del sector inmobiliario como el origen de los males de las finanzas públicas. Muestra preocupación en especial por las circunstancias que han disparado la deuda acumulada por algunos Ayuntamientos, sobre todo con bancos y contratistas privados “en respuesta a las políticas expansivas presupuestarias relacionadas con el electoralismo, el endeudamiento excesivo y la burbuja de la vivienda”. Como último dato aporta los números rojos de finales de 2009 de la hacienda local española, 7.885 millones (hoy la deuda ha aumentado hasta los 8.252 millones de euros).
Al repasar la organización territorial en España, el estudio asegura además que “la ola de Estatutos ha demostrado ser poco exitosa”, sobre todo en relación con el de Cataluña. Tras mencionar los recursos interpuestos ante el Tribunal Constitucional, considera que “solo una profunda revisión de la Constitución podría alterar la situación actual”.
Los autores, Marc Cools, presidente de la Unión de ciudades de Bélgica y Leen Verbeek, gobernador de la provincia holandesa de Flevolard, confeccionaron su informe a partir de dos visitas a España (Sevilla, Toledo y Madrid) celebradas en junio de 2012 y enero de 2013. Durante ellas hablaron con representantes del Gobierno, el Parlamento, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo, Ayuntamientos y asociaciones, que les trasladaron ejemplos concretos de esos proyectos faraónicos que los autores se guardaron de mencionar en el documento. Léase el archifamoso aeropuerto sin aviones de Castellón o la Cidade da Cultura gallega, un pozo que ya ha consumido 300 millones y que la Xunta de Galicia acaba de bloquear.
Al Consejo de Europa no se le escapa que el Gobierno de Mariano Rajoy está asumiendo un papel decisivo en la organización territorial con “tendencia a la recentralización”. Se trata de una política que, en su opinión, “no encuentra una fuerte resistencia de las autoridades” gracias a un mapa electoral dominado por el Partido Popular.
En cuanto a la reforma de los Ayuntamientos, valora positivamente que se establezcan criterios claros sobre quién debe asumir qué competencias. Sin embargo, apunta a que el asunto “podría provocar una reducción de la capacidad de las autoridades locales para adaptarse a las necesidades de la población”. Porque prohibir a los municipios que ejerzan competencias en servicios sociales podría “entrar en conflicto con la Carta Europea de Autonomía Local”. Y lo que es peor, amenaza con crear “una distinción entre municipios ricos y pobres, estando los primeros más capacitados para asumir nuevas responsabilidades”, y los segundos limitados a seguir sobreviviendo. Solo ven una salida para que esto no suceda: que el Estado se rasque el bolsillo y financie “adecuadamente” las ciudades y pueblos y permita mejorar la autonomía fiscal de los municipios. Por ejemplo, reemplazando impuestos suspendidos como el Impuesto de Actividades Económicas por otros “que permitan un nivel similar de ingresos”.
* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - 30.3.13
Foto: Consejo de Europa
La PAH ocupa en Salt (Girona) un bloque de viviendas de un banco rescatado
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La ocupación de edificios vacíos pertenecientes a entidades financieras rescatadas con dinero público, parece de sentido común, ya que estos bancos, además, continúan con los desahucios indiscriminados, algo prohibido ya por la UE.
"DIAGONAL* : El viernes 22 por la tarde, unas 200 personas convocadas por la PAH de Girona entraron y recuperaron el edificio de la calle Doctor Castany, 91-93 en el municipio gerundense de Salt, así como en las tierras de su entorno frente al Hospital de Santa Caterina. Desde la azotea y los balcones desplegaron pancartas y banderolas en defensa del derecho a la vivienda".
Una patrulla de mossos d' Esquadra hizo acto de presencia ante la finca, pero la policía municipal de Salt comunicó a la PAH que no había previsión de ninguna intervención policial esa noche. Poco después de las 21h sólo quedaban policías de paisano. Este bloque de pisos de reciente construcción es propiedad del Banco Mare Nostrum, resultado de la fusión de Caixa Penedès, Caja Murcia, Caja Granada y Sa Nostra.
Esta entidad recibió el pasado 12 de marzo una inyección de 730 millones de euros por parte del Fondo Ordenado de Reestructuración Bancaria (FROB), que se suma a una aportación total estatal de 1.647 millones de euros, que equivalen al 75,86% de las acciones del banco. El ministro de Economía, Luis de Guindos, fue vocal del consejo de administración y presidente de la comisión de auditoría de esta entidad.
A pesar de ser rescatada con fondos públicos, y de propiedad estatal en su mayoría, la entidad financiera continúa desahuciando familias de sus casas y participando de procesos de especulación urbanística. Tras una primera noche tranquila, durante todo el fin de semana se prepararon actividades para visibilizar la acción y para acondicionar el espacio para las familias y la gente necesitada que ya se está instalando.
Apoyo de 21 entidades
La acción se enmarca dentro de la campaña de la Obra Social de la PAH, y cuenta también con el apoyo de Al Carrer! (Red de lucha por la transformación social), que ya han emitido un comunicado donde llaman a concentrarse delante del edificio para resistir cualquier intento de desalojo cautelar. Independientes por Salt , ICV-EUiA de Salt, CUP de Girona, Red de Lucha por los Derechos Sociales, Justicia y Paz, la Coordinadora de ONGs Solidarias y CGT también han mostrado su solidaridad con la acción, entre un total de 21 entidades.
Artículo publicado originalmente en la web de La Directa
* Rebelión - Diagonal/La Directa - 29.3.13
Foto: Ocupación PAH - lavanguardia
La Xunta paraliza la Cidade da Cultura, el sueño megalómano de Fraga
El proyecto faraónico de Fraga se queda sin acabar, después del despilfarro de 300 millones euros y de haber recibido unánimes críticas de toda la ciudadanía, que no acertaba a comprender semejante obra megalómana en un lugar tan apartado de Santiago de Compostela y sin una necesidad definida.
"INFOLIBRE* : El presidente de la Xunta, A.Núñez Feijóo, ha dado orden de paralizar las obras de la Cidade de Cultura, el multimillonario sueño faraónico de Manuel Fraga que ha costado al erario hasta la fecha casi 300 millones de euros. Con la medida, la Xunta se ahorrará 175 millones de euros, la inversión que era necesaria para levantar los dos edificios pendientes del complejo del Monte Gaiás, el Centro de Arte Internacional y el Teatro de la Música. Feijóo ejecuta así un acuerdo adoptado en la Cámara gallega.
Tras la reunión semanal de su Gobierno, el presidente gallego ha explicado que la Xunta contactará después de Semana Santa con las adjudicatarias –dos uniones temporales de empresas (UTE) constituidas por Acciona y Copasa y Acciona, Copasa y OHL, respectivamente– para ratificar una decisión "que ya conocían", puesto que implícitamente se ratificaba en el Plan Gaiás 2012-2018 y que ahora se "explicita" de forma definitiva.
En cuanto a las indemnizaciones que supondrá para la Administración autonómica parar de forma definitiva estos edificios y que, según los cálculos de los socialistas ascenderán a más de 18 millones de euros, Núñez Feijóo ha optado por el "silencio prudente" y ha rechazado concretar cifras para garantizar la "capacidad de negociación" de la Xunta. Será una cuantía "mínima", ha garantizado, en comparación con los 170 millones que significaría llevar adelante los edificios.
Tras concretar en 287 millones la inversión en el complejo hasta el momento, ha admitido que habló en la pasada jornada con el alcalde de Santiago, Ángel Currás, sobre este asunto, al que le ratificó su decisión, aunque ha asegurado no saber "qué hará el presidente de Galicia en 2017". "Estoy seguro de que esa pregunta se hará", ha añadido, convencido de que los gallegos y los santiagueses entienden que en este momento parar las obras es lo adecuado.
* InfoLibre - 27.3.13
Foto: Santiago de Compostela, estado final Cidade da Cultura (archivo) - elpais
Avilés.- Urbanismo en entredicho en la ciudad
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"LNE* : Dos operaciones urbanísticas en Avilés están en entredicho y ambas están gestionadas por la misma empresa: Novacaixagalicia Grupo Inmobiliario, inmerso en la polémica por el cobro de preferentes y por las jubilaciones millonarias de antiguos responsables. Son el proyecto para levantar 320 viviendas en el antiguo solar de la residencia de ingenieros, en pleno centro de la ciudad y el llamado convenio de Cristalería, que incluye otras 350 viviendas".
Éste último, llega a las manos de la promotora gallega tras una subrogación de los derechos adquiridos en su día por Avilés Costa Norte.
Según explicaron fuentes del sector, Novacaixagalicia ha decidido traspasar sus activos inmobiliarios «tóxicos» a la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), más conocido como «banco malo», y entre esos están los avilesinos, aún en proceso de cambio de titularidad. Una vez se complete el cambio, será no obstante la compañía gallega la que siga ofertando el suelo y las viviendas.
La promotora de la urbanización «Jardines del Pedregal», sin embargo, lleva un año buscando socios inversores para que formen parte del proyecto ante «el interés» que se había detectado «por parte de algunas entidades» por la buena ubicación del suelo. La crisis también era una de las razones para abrir el proyecto a la participación de otros inversiones. Según algunos expertos, el suelo, que ya cuenta con licencia municipal para la construcción de cuatro edificios con capacidad para 320 viviendas, ha reducido su valor considerablemente. Estiman que no supera los 10 millones de euros, cuando hace siete años Procupisa lo compró por el triple de dinero.
En el Ayuntamiento de Avilés, no obstante, son ajenos a estas vicisitudes en el seno de la promotora gallega y aseguran que en ningún momento sus responsables les comunicaron los cambios que se estaban produciendo. «La intención de construir es de ellos, fueron los que solicitaron la licencia y los que fueron presentando toda la documentación que se les iba requiriendo», explicó Luis Ramón Fernández Huerga, concejal de Licencias del Ayuntamiento de Avilés.
Esta nueva circunstancia no hace más que ahondar en el «gafe» de ambas operaciones, que ya han pasado por varias manos sin suerte alguna. Y mientras tanto, más de 600 viviendas en el limbo.
* LNE - T. CEMBRANOS - 21.3.13
Foto: El solar de la antigua residencia de ingenieros.- lne
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Vecinos de Madrid piden a Urbanismo que apueste por rehabilitar y el alquiler
La asociaciones vecinales reclaman nuevas medidas para un Urbanismo más humano y sostenible, a la vista del 'desarrollismo' desorbitado que se ha llevado a cabo en la capital en los últimos años.
"EFE* : La Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) ha propuesto rehabilitar la ciudad, impulsar el alquiler y garantizar la sostenibilidad como ejes de la revisión del Plan General de Ordenación Urbanística que ha iniciado el Ayuntamiento.
La federación vecinal ha presentado a la Comisión de Urbanismo un documento con sus sugerencias enfocadas a "revertir la expansión desarrollista y construir una ciudad medioambientalmente sostenible".
En este, los vecinos proponen sacar al mercado las viviendas vacías de Madrid e impulsar el alquiler para acabar con el "escenario sembrado de casas sin gente y gentes sin casa".
También piden que los 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad que han quedado anulados por una sentencia del Tribunal Supremo se declaren no urbanizables y que ,junto a otras zonas sobre las que el consistorio prevé construir, se conviertan en un "anillo verde exterior".
Respecto a las viviendas de la Cañada Real Galiana, la FRAVM ha sugerido la legalización y cesión de las edificaciones y terrenos en favor de los ocupantes y para los que no sean legalizables, que se realojen a las familias.
La federación de vecinos considera necesario un impulso de la red de dotaciones públicas y conseguir, con una ampliación de la red de transporte, una estructura "polinuclear" de la ciudad que "potencie las áreas periféricas".
En cuanto al ámbito del medio ambiente, solicita el desmantelamiento del cementerio nuclear y el cierre de las instalaciones de investigación con material radioactivo, además del impulso a la lucha contra la contaminación.
* Finanzas - EFE - 20.2.13
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
La Justicia tumba el megacontrato de privatización de Aguas de la Generalitat
La privatización del suministro de aguas es algo que se está haciendo en numerosas ciudades del país y, casi siempre, con concursos amañados para otorgarlo a empresas amigas del gobierno de turno. Este sistema corrupto suele, además, traer como resultado una subida desproporcionada del precio del agua.
"ELCONFIDENCIAL* : El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha confirmado la nulidad de la adjudicación del contrato de privatización del suministro de aguas a la empresa mixta Aguas del Ter-Llobregat a la empresa Acciona. El Alto Tribunal da la razón a un órgano de contratación de la Generalitat que había impugnado la propia adjudicación del Gobierno de Mas, echa para atrás el contrato y da la razón a Aguas de Barcelona".
La Generalitat tiene cinco días para recurrir ante el propio tribunal.
Acciona no podrá ser la gestora del agua que se bebe en el área metropolitana de Barcelona, un contrato que había ganado en un sospechoso concurso el 6 de noviembre, cuando ya el Gobierno que presidía Artur Mas estaba en funciones, es decir, poco antes de las elecciones autonómicas del pasado 25-N. El Tribunal Superior de Cataluña (TSJC) rechazó los recursos de la Generalitat, de Acciona, del Departamento de Territorio y Sostenibilidad y de Aigües de Catalunya, y dio la razón al Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC) y, de rebote, a Agbar, que había impugnado el mencionado concurso.
En tres autos notificados este miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) deniega la petición de la Generalitat y de Acciona de que se suspendiera de forma cautelar la efectividad de la resolución del OARCC, ya que considera que se basó en un "argumento perfectamente sostenible", cuyo acierto deberá ser examinado cuando se analice la causa principal.
La privatización de la compañía pública Aigües Ter-Llobregat (ATLL) era vital para el Ejecutivo de Mas, entre otras cosas porque con esta venta, cifrada en más de 1.000 millones de euros, y con el adelanto que el pool encabezado por Acciona tenía que pagar 300 millones de euros, esperaba pagar las nóminas del mes de diciembre. Además, con la privatización redondeaba las cuentas del ejercicio contable 2012.
Pero las prisas no son nunca buenas. El primer jarro de agua fría lo recibió el Gobierno catalán de sus propias filas: el OARCC dictaminó que Acciona debería quedar excluida del concurso porque incumplía las condiciones establecidas en los pliegos del mismo. Además, no preveía ninguna inversión ni gastos de mantenimiento durante los 50 años de gestión. Eso, decía el dictamen, distorsionaba la oferta económica, que era ligeramente inferior a la de Agbar.
El organismo de la Generalitat señalaba que las irregularidades detectadas afectaban al resultado económico final. Y ordenaba “retrotraer las actuaciones al momento anterior en que se produjo el vicio”, es decir, anular la venta. Ante este duro revés, el Gobierno catalán no tuvo más remedio que presentar un recurso contra la resolución de un órgano de ese mismo Gobierno, una situación casi kafkiana.
Los argumentos del TSJC
Ahora, el TSJC le da la razón al OARCC y rechaza los recursos tanto de la Generalitat como de las empresas que habían pujado en el concurso. “La Administración de la Generalitat sostiene que el OARCC ha dispuesto la exclusión de la oferta que finalmente obtuvo la adjudicación en base al incumplimiento del programa de ejecución de determinadas obras y actuaciones, cuando el anexo 9 del pliego de condiciones que establece dicho programa tiene un carácter meramente orientativo y, en todo caso, se respeta el límite máximo de 10 años, que es el único que tiene carácter vinculante. Se señala que la adjudicataria [Acciona] obtuvo cero puntos por este capítulo, al no ofrecer ninguna reducción del indicado plazo máximo, en tanto que la otra oferta obtuvo 3 puntos sobre un total de 4”, dice el texto de la interlocutoria del TSJC.
La Generalitat aducía también que Acciona ya había iniciado la gestión de ATLL y la compañía pública ha desaparecido, además de existir un “interés público” en mantener el contrato. También argumenta menoscabos para el personal de ATLL en el caso de que se anulase la venta, que se producirá un incremento de la tarifa del servicio y que se derivarán “perjuicios irreparables para la Hacienda de la Generalitat, que ya ha percibido un primer pago de unos 298 millones de euros en concepto de canon, en tanto que ha contabilizado la totalidad del mismo en el ejercicio presupuestario de 2012”.
El tribunal, no obstante, subraya que el Gobierno catalán formalizó el contrato antes de que el OARCC emitiera su resolución, por lo que “asumió voluntariamente el riesgo de que esta dejara sin efecto el acuerdo de adjudicación”. Y en cuanto al resto de las alegaciones, señala que la Administración tiene la potestad incluso de hacer que continúe la gestión de Acciona “durante un periodo transitorio”. No observa, sin embargo, que los trabajadores puedan verse afectados y rechaza también el argumento de que, si ATLL siguiera en manos públicas, tendría que realizar un aumento tarifario cifrado en unos 30 millones de euros al año.
Precisamente, este mismo miércoles comparecían en el Parlamento catalán los consejeros de Economía, Andreu Mas-Colell, y de Territorio, Santi Vila, para explicar la privatización de ATLL. Fue antes de conocerse la decisión del TSJC, pero sus argumentos fueron precisamente los de que la situación económica de ATLL era insostenible y que, de no haberse privatizado, se habrían tenido que acometer importantes incrementos del recibo del agua a los ciudadanos.
* El Confidencial - A. Fernández / M. Lamelas - 27/03/2013
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com
Un millón de viajeros sufrirán la supresión de líneas de tren
La desastrosa política de infraestructuras que se ha seguido en este país, al menos desde los tiempos de Aznar, ha traído como consecuencia el abandono de estaciones y trenes regionales que hacían un servicio indispensable para muchos municipios del interior. Todavía continúan los recortes.
"ELPAÍS* : Cerca de un millón de viajeros se verán afectados por los recortes del mapa ferroviario, según un documento interno remitido a los sindicatos. La reordenación de las rutas de media distancia que prepara el ministerio de Ana Pastor implicará la supresión de 779 trenes semanales, un 23,1% del total, a menos que las comunidades autónomas decidan hacerse cargo de la financiación de aquellos tramos que resultan deficitarios. Además, 172 estaciones, aquellas que cuentan con menos de un viajero al día de media, dejarán de tener parada de tren".
Estas son algunas de las cifras que se manejan en el plan de trabajo con el que Fomento espera ahorrarse 51 millones de euros. El programa contempla la supresión de 30 rutas, un 25% del total, que dejarán de ser subvencionadas por el Estado y que las comunidades autónomas, inmersas en plena fase de negociaciones, tienen la posibilidad de rescatar de la quema.
La reducción de trenes regionales del documento, elaborado a partir de datos de Renfe y Adif, refleja un notable impacto en Extremadura, donde el porcentaje de reducción de trenes regionales con respecto a la situación actual podría alcanzar el 60%.
La propuesta forma parte del plan que el ministerio debe tener ejecutado antes del 30 de junio. El 1 de julio comienza la fase de liberalización del sector ferroviario en España.
“En realidad va a afectar a mucho más de un millón de personas”, señala Manuel Taguas, secretario general del sector ferroviario del sindicato Comisiones Obreras. “Solo en el triángulo Granada-Almería-Jaén habrá más de 800.000 personas afectadas”.
Los recortes previstos en los trenes regionales afectarán en un 44% a Asturias y en un 33% a Cantabria, a falta de que se dilucide la intervención de los Ejecutivos autónomos. El ministerio contempla que los servicios de media distancia sean sustituidos con trenes de larga distancia con más paradas y autobuses.
* El País - JOSEBA ELOLA - 22.3.13
Foto: Trenes regionales, nueva reducción - elpais
La PAH actúa para parar los desahucios ilegales tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE
El Tribunal Europeo confirmó hace poco la ilegalidad del procedimiento español de ejecución hipotecaria desde hace veinte años, concluyendo que se vulnera de forma clara los derechos fundamentales de las personas afectadas y concretamente el derecho a la defensa y, por tanto, los procedimientos de ejecución hipotecaria en curso deben ser paralizados de oficio y de forma inmediata.
"PLATAFORMAAFECTADOSHIPOTECA* : Ante la emergencia social causada por las ejecuciones hipotecarias masivas y ante el varapalo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado a la ley española, el equipo jurídico de la PAH ha preparado un escrito para que todas las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha los presenten en su Juzgado, en una acción colectiva por parte de las PAHs".
El escrito se basa en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 14 de marzo que declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal. Por ello se solicita a los juzgados que declaren la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están tramitando en estos momentos por ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal. Debe finalizar la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, promovido por un procedimiento basado en la indefensión de las personas afectadas, que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y genera una condena perpetua al pago de la deuda hipotecaria.
Solicitamos que se anulen todos los procedimientos que se están tramitando, y que en cualquier caso, se suspendan todos los procedimientos para que no se realice ninguna actuación más en los Juzgados en base a una normativa ilegal. Debe esperarse en todo caso a que se reforme esta normativa ilegal. Precisamente en estos momentos se está tramitando en el Parlamento la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la PAH por la que un millón y medio de personas han puesto encima de la mesa de los diputados una propuesta en positivo para reformar la normativa y dar respuesta a esta situación de emergencia, reclamando unas medidas de mínimos como son la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios, y el alquiler social de las viviendas vacías en manos de los bancos.
Hacemos un llamamiento a las personas afectadas para que reclamen ante los Juzgados que se respeten sus derechos y para ello ponemos a su disposición este escrito. Y extendemos el llamamiento a todos los operadores jurídicos para que den la máxima difusión al escrito a fin de que llegue al máximo número de personas afectadas por los procedimientos ilegales, y faciliten el respeto a sus derechos fundamentales.
Estaremos a las puertas de los Juzgados mañana martes 26 de marzo, a las 11h de la mañana para facilitar el escrito a las personas afectadas y proceder a la presentación masiva del escrito, aunque también se podrá presentar más adelante. El escrito lo presentarán las personas afectadas que tienen los procedimientos de ejecución hipotecaria en marcha, que no se hayan archivado.
Para los procedimientos de ejecución hipotecaria ya archivados, la PAH va a enviar un escrito dirigido a las entidades financieras a fin de que ante el nuevo escenario después de la sentencia, que sitúa los procedimientos de ejecución hipotecaria fuera de la ley. En este escrito se va a reclamar que se tomen medidas de forma inmediata a fin de reparar el daño causado a las personas afectadas en los últimos años, como el cese de las reclamación de deudas, la recuperación de las viviendas, el retorno de las cantidades embargadas, y la indemnización por los daños y perjuicios causados a las víctimas de una ley ilegal. En función de la respuesta de las entidades financieras, el equipo jurídico de la PAH estudiará el ejercicio de las acciones judiciales pertinentes para defender los derechos de las personas afectadas.
* PAH - 25.3.13
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe
S.Vicente.- La empresa municipal de Urbanismo carece de actividad 3 años después de constituirse
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La empresa municipal de Urbanismo de San Vicente del Raspeig (Alicante) se crea para nada, ya que carece de actividad. Otro ejemplo más del despilfarro municipal (y autonómico), que ha sido una de las causas de esta crisis-estafa que padecemos.
"INFORMACIÓN* : La Empresa Municipal de Gestión Urbanística que se constituyó en San Vicente en 2010 todavía no ha desarrollado ninguna actividad. La mercantil se creó para desarrollar la ampliación del polígono Canastell con el plan Els Petits, pero la crisis ha paralizado el proyecto y hasta ahora el equipo de Gobierno ha rechazado propuestas de la oposición para destinar este organismo a otros fines alegando que se activará en cuanto se necesite suelo industrial "ya que no genera más gastos" que los de su junta de gobierno, que se suele convocar una vez al año".
Ayer precisamente se reunió el consejo de administración y el portavoz del PSOE, Rufino Selva, lamentó que el equipo de Luisa Pastor "no haya aceptado en tres años ninguna de nuestras propuestas para dotarla de contenido con fines sociales como la construcción de VPO". Mientras, apuntó, "las cuentas sólo arrojan pérdidas y se mantienen inmovilizados más de 60.000 euros" que el Ayuntamiento inyectó para constituir la sociedad.
Mariló Jordá, portavoz de Esquerra Unida, fue más allá y reclamó la liquidación de la empresa "si la mayoría en el consejo de administración, formada por el PP, no piensa darle utilidad y que su capital vuelva al Ayuntamiento". Hasta ahora, indicó, su única actividad "consiste en pagar las dietas por asistencia al consejo que no dura más de un cuarto de hora, lo cual nos parece ética y moralmente inaceptable, ya que están utilizando la empresa en beneficio propio con la finalidad de aumentar sus salarios". El consejo lo forman la alcaldesa, los concejales de Hacienda e Infraestructuras, los portavoces del PSOE y EU, el secretario, un técnico y el administrador. Pese a carecer de actividad, en 2012 tuvo unos gastos de 3.532 e que, según Jordá, se distribuyeron en pagar al administrador 1.582 euros mientras que los 1.950 restantes se repartieron entre los siete consejeros por dietas del año 2011. Al responder la alcaldesa que los consejeros pueden renunciar libremente a sus dietas, Jordá indicó que su grupo destinará lo que perciba a una asociación de ánimo de lucro. También propuso involucrar a la empresa en el desarollo del nuevo Plan General.
Desde el equipo de Gobierno explicaron ayer que el objetivo de la la sociedad "es gestionar actuaciones de interés municipal que no sean asumibles por empresas privadas, como la ampliación del polígono Canastell", pero agregaron ahora no hace falta porque queda suelo en el propio polígono y en la zona de Rodalet. En cuanto a por qué se creó si quedaba este suelo, señalan que "en ese momento la previsión era que a corto y medio plazo haría falta, pero ahora está todo paralizado".
* Información - C. R. Forner - 16.3.13
Foto: Polígono Canestell - informacion
La nueva Ley de Montes abre la puerta a la recalificación urbana de bosques quemados
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La legislación española actual prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años, pero los intereses inconfesables del gobierno pretenden volver a la antigua norma que causó estragos en el territorio desde los años sesenta y fomentó descaradamente la especulación urbanística.
"ELCONFIDENCIAL* : El ministro de Agricultura, Miguel Arias Cañete, presentó hace una semana a varias ONG ecologistas el cuarto borrador de la futura Ley de Montes. Un texto que contempla la posibilidad de recalificar montes arrasados por el fuego. 'Con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar cambio de uso forestal cuando concurra un interés general prevalente el cual deberá ser apreciado mediante ley, siempre que se trate de terrenos de titularidad pública y que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie forestal equivalente a la quemada'."
Tales medidas compensatorias deberán identificarse con anterioridad al cambio de uso, reza el borrador de la futura ley.
Aunque el texto todavía no es definitivo, Greenpeace alerta de que este nuevo párrafo (añadido ahora sobre el texto originario de la Ley 43/2003 de 21 de noviembre) abre la puerta a posibles recalificaciones de montes quemados para convertirlos en urbanizables. “Durante la reunión, el ministro Arias Cañete nos aseguró que esto solo se aplicaría en casos excepcionales, pero tenemos el razonable temor de que, como ocurre tantas veces, la excepcionalidad se pueda convertir en norma”, explica a El Confidencial Mario Rodríguez, director de Greenpeace en España.
Para evitar que la avaricia especulativa inspirara a propietarios de montes y constructores a arrasar con fuego espacios naturales para su posterior recalificación, como ocurrió de forma reiterada desde los años 70 en España coincidiendo con el boom inmobiliario, la legislación española prohíbe taxativamente el cambio de uso de los espacios quemados en el plazo de 30 años. Es decir, si un monte arde su recuperación está protegida por la prohibición de “cambio de uso forestal al menos durante 30 años” y por la imposibilidad de realizar en ese espacio “toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la legislación autonómica”.
El parque carbonizado donde se asienta Terra Mítica
Caso emblemático de sospecha sobre la quema de montes para su recalificación en España son los terrenos sobre los que se asienta Terra Mítica, parque temático situado en Benidorm (Alicante). Terra Mítica se construyó sobre 450 hectáreas de terreno no urbanizable de especial protección forestal. De hecho, estaba prevista la creación en ese entorno de un gran parque forestal, que se hubiera convertido en uno de los grandes referentes ecológicos de Europa. Pero, el 11 de agosto de 1992, un incendio provocado arrasó esos terrenos. A medida que los equipos de extinción intentaban detener las llamas, varios focos simultáneos las iban reavivando desde los lugares más insospechados. Como si se tratara de una campaña orquestada. Esta situación se prolongó durante varios días. Mientras bomberos y retenes se concentraban para detener los frentes de fuego, nuevos focos renacían desde zonas desprotegidas.
Desapareció así uno de los más bellos pulmones forestales de España. Y la comarca alicantina de la Marina Baixa se convirtió en un páramo de carbón negro. El alcalde de Benidorm era entonces Eduardo Zaplana, que culpó a la Consellería de Medio Ambiente, del gobierno del socialista Joan Lerma, de “descoordinación y lentitud en las tareas de extinción”. Ningún plan de reforestación se aplicó en los años siguientes para recuperar los bosques quemados.
Cuatro años más tarde, en 1996, recién elegido Zaplana presidente de la Comunidad Valenciana, se creó la sociedad Parque Temático de Alicante, que ese mismo año se beneficiaba de la expropiación de los terrenos arrasados y otorgaba a Terra Mítica SA la concesión del suelo para construir una enorme zona hotelera (2.500 plazas), dos campos de golf y el Parque de la Naturaleza.
Cuando se redactó la ley que cercenó en 2003 la posibilidad de recalificar bosques quemados también Zaplana estaba allí. Era el portavoz de Gobierno de José María Aznar desde mes y medio antes.
Ahora el ministerio de Arias Cañete pretende retocar aquel restrictivo artículo 50 de la ley de 2003 y abrir la puerta a excepciones. Una propuesta que Greenpeace califica como “un peligroso paso atrás”.
* El Confidencial - Aníbal Malvar - 23.3.13
Foto: Benidorm (Alicante), vistaTerra Mítica - elconfidencial
El Tribunal Superior anula las 6.600 viviendas previstas por las normas urbanísticas de Mucientes
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Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid, el Tribunal Superior considera que las Normas Urbanísticas de Mucientes (Valladolid) no justifican de manera mínimamente suficiente el incremento de viviendas.
"ELDÍA* : La Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, con sede en Valladolid, ha anulado las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes, aprobadas por Acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid de 18 de septiembre de 2009, y que contemplaban la construcción de 6.600 viviendas."
La sentencia, tal y como asegura Ecologistas en Acción a través de un comunicado recogido por Europa Press, considera que "en el instrumento de planeamiento de que aquí se trata se contemplan nueve sectores de suelo urbanizable residencial con una superficie bruta de más de 240 hectáreas y una previsión de viviendas de más de 6.600.
Tal incremento "no se considera justificado de manera mínimamente suficiente, pues no vale desde luego la simple referencia que se hace al fomento de un crecimiento compacto o la mención a la existencia de propuestas realizadas por promotores con experiencia y solvencia, capaces de llevar a buen fin la urbanización, dato éste que en sí mismo nada informa sobre las necesidades del municipio y de su población, que es el objetivo al que ha de atender la ordenación urbanística".
Al igual que sucedió con la sentencia que el pasado mes de febrero anuló la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Valladolid en el Área Homogénea 5, donde se preveía la construcción de 4.600 viviendas, en aplicación de la Ley estatal de Suelo y la Ley de Urbanismo de Castilla y León, la Sala entiende que "la desproporcionada cantidad de suelo urbano y urbanizable" y "la previsión de crecimiento del suelo residencial en absoluto se justifica por las necesidades del municipio y sus circunstancias urbanísticas".
La localidad de Mucientes, situada trece kilómetros al Noreste de Valladolid, cuenta en la actualidad con 743 habitantes y 432 viviendas, a las que se pretendían añadir 6.781 nuevas viviendas con capacidad para más de 20.000 nuevos habitantes.
Con la anulación de las Normas Urbanísticas Municipales de Mucientes se desmorona así, según denuncia EA, uno de los últimos exponentes del urbanismo del "ladrillazo" en el entorno de la ciudad de Valladolid, "que durante la última década ha alimentado la burbuja inmobiliaria que nos ha llevado a la actual crisis económica y a niveles insoportables de corrupción y deterioro ambiental".
Por ello, EA se felicita de que las resoluciones judiciales impidan el "despropósito" aprobado por el Ayuntamiento de Mucientes y la Comisión Territorial de Urbanismo de Valladolid, "al dictado de los intereses inmobiliarios, como pone de manifiesto la sentencia".
Al tiempo, los ecologistas recuerdan que los nuevos planes urbanísticos en tramitación en Cabezón de Pisuerga, Castronuevo de Esgueva, Cigales o Villanubla, todos aprobados inicialmente por sus respectivos ayuntamientos, pretenden clasificar 1.250 hectáreas de suelo urbanizable para construir 21.000 nuevas viviendas, con capacidad para 60.000 personas, seis veces más que la población actual de estos municipios. Al tiempo, la ciudad de Valladolid está revisando su PGOU, en la que todas las Áreas Homogéneas deberían pasar a suelo rústico.
Dado lo "disparatado" de estas previsiones, los ecologistas piden a la Junta de Castilla y León mayor rigor en la aprobación de los nuevos planes urbanísticos de Valladolid y los municipios de su entorno, aprobando sólo el suelo urbanizable para las viviendas y las industrias que se justifiquen por las necesidades propias de cada municipio, tal y como establece la nueva legislación de urbanismo y suelo, pasando página de la desastrosa política urbanística practicada durante la última década.
* El Día - Europa Press - 22 de marzo de 2013
Foto: Mucientes (Valladolid) - codigopostal
Campaña de arquitectos y vecinos contra el complejo de lujo en edificios históricos de Madrid
Parece que el 'fachadismo' ilegal continúa en pleno centro de Madrid, y el interior de edificios protegidos como La Equitativa o el Banco Central Hispano será destruido para construir un hotel de lujo. Todo ello con el permiso 'ciego' de las autoridades competentes en Patrimonio de la Comunidad y el visto bueno del Colegio de Arquitectos.
"ELDIARIO* : Diversos colectivos y asociaciones promueven una recogida de firmas y presentan alegaciones a la modificación de la Dirección de Patrimonio que quita protección a dos edificios considerados Bienes de Interés Cultural, y que formarán parte de un centro de lujo promovido por el Grupo Villar Mir."
"Salvemos Canalejas de la voracidad del ladrillo". Parece un eslogan antiguo, extemporáneo, de la España anterior a la crisis. Pero es reciente y es noticia porque alude a la mayor operación inmobiliaria de estos tiempos post burbuja: la de la manzana de Canalejas, en Madrid. La iniciativa de www.change.org ya suma más de 280 firmas para pedir al Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid que devuelvan la máxima protección a dos edificios considerados Bien de Interés Cultural (BIC): la sede del Banco Central Hispano y La Equitativa. Estos palacios, dos de los más singulares de la capital, forman parte de un proyecto del Grupo Villar Mir, que vaciará siete edificios para convertirlos en un megaespacio en el que cabrán un hotel cinco estrellas de 26.000 m2, un centro comercial de 16.000 m2, 35 viviendas de lujo y 500 plazas de parking. Para permitirlo, la Comunidad ha rebajado su protección, que ahora se limita a poco más que la fachada.
"Los edificios tienen sentido y valor como entidad, no a trozos. Y proteger sólo el exterior es caer en el llamado fachadismo", señala una de las alegaciones que se han presentado contra esta decisión. Incluso la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, con voto en la Junta General de Patrimonio, argumenta que no hay razón (como podría ser un error en la calificación anterior o una situación ruinosa del edificio) para rebajar el blindaje. El proyecto, sin embargo, tiene el visto bueno del Colegio de Arquitectos.
Un precedente nefasto
"Revocar una protección para facilitar el camino a una constructora sienta un precedente nefasto, porque abrirá la puerta a más casos", señala la arquitecta Amparo Berlinches. Tanto es así que la Comunidad de Madrid quiere cambiar la ley para "facilitar" el aprovechamiento económico del patrimonio.
"Los políticos carecen de imaginación. ¿Que hay paro? Entonces busquemos un titular que diga que creamos empleos. Pero se crean los mismos puestos de trabajo haciendo las cosas bien que haciéndolas mal. Miran sólo el debe y el haber. Y a veces el arte pierde en esa dicotomía económica”, reflexiona José Miguel Gastón de Iriarte, arquitecto especialista en rehabilitaciones.
El Banco Hispanoamericano (Canalejas, 1), de 1905, es obra de Eduardo Adaro (autor también del Banco de España) y José López Salaberry. Por su riqueza arquitectónica fue declarado BIC en 1999. "Y ahora deciden que le quitan esa catalogación sin una justificación", se queja Vicente Patón, presidente de la asociación Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. Se argumenta que el edificio ha cambiado mucho. "Pero las remodelaciones muchas veces suman valor en lugar de restarlo", objeta Patón. El del patio de operaciones, de los años cuarenta, con sus vidrieras y sus columnas de capiteles de latón, es uno de esos casos.
La Equitativa (Alcalá, 14) es obra de José Grases Riera, un discípulo de Gaudí que también diseñó la modernista sede de la SGAE. Inaugurado en 1891, es uno de los edificios más especiales de la ciudad. Con la nueva catalogación muchas de sus decoraciones originales quedan desprotegidas. Y también su lucernario, una verdadera joya incorporada en 1945, con una imponente cristalera de Maumejan, el vidriero más famoso de la época. "Ahora si quieren pueden tirarlo todo", se lamenta Patón.
Los críticos con la resolución de la Comunidad de Madrid apostaban por una rehabilitación individual de los edificios, como establecía el Plan Municipal de Protección Integral, aprobado en 2007. Ahora hay que esperar que se resuelvan estas alegaciones, y hay casi un mes para alegar también el cambio en el PGOU que les quita la protección municipal. Pero las asociaciones se quejan de falta de información.
Se podría hacer un hotel más pequeño con una gran personalidad arquitectónica”, afirma Gastón de Iriarte. "Pero se ve que no se conforman con un negocio normal. Quieren un meganegocio", remata Patón.
“Para entender la importancia de lo que ocurre hay que pensar con perspectiva”, explica Gastón de Iriarte. Y concluye con una anécdota y una pregunta: "En los años 70 el Gran Hospital San Carlos iba a ser demolido para construir viviendas, pero en 1977 lo salvamos al lograr que se declarara Monumento Histórico-Artístico. Ahora es el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. ¿Hoy alguien podría creer que iban a tirar el Reina Sofía?”.
* El Diario - Natalia Chientaroli - 21.3.13
Foto: Vestíbulo del Banco Central Hispano en Canalejas, en enero de 2007. / RICARDO GUTIÉRREZ
Procesan al exalcalde de Aljaraque y a su concejal de Urbanismo
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El procesamiento del exalcalde de Aljaraque (Huelva) y su concejal de Urbanismo se produce 5 años después de acusar a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos.
"HUELVAINFORMACIÓN* : El Juzgado de Instrucción nº3 de Huelva ha ordenado el procesamiento del ex alcalde de Aljaraque, Juan Manuel Orta (PP), por un delito de blanqueo de capitales y otro contra la Hacienda Pública. Junto a Orta también están imputados y serán procesados el que fuera su concejal de Urbanismo, Casto Pino, y otras dos personas de las que no han trascendido más detalles, imputándoseles a todos ellos los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública."
Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) señalaron a Efe que el auto ha sido recurrido por las defensas ante la Audiencia Provincial de Huelva estando pendiente de resolución.
El procesamiento se conoce cinco años después de que saliera a la luz la presunta trama fiscal que encabezaban presuntamente los que fueron máximos responsables del Ayuntamiento de Aljaraque, detenidos a comienzos de abril de 2008 por orden judicial.
El procesamiento se produce a raíz de una denuncia que presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, en enero de 2007, el promotor inmobiliario y ex militante del Partido Popular Rafael Barroso, en la que aparecía los nombres de los dos ediles aljaraqueños imputados. En aquel momento, el ex alcalde respondió a Barroso con una querella por injurias, calumnias y denuncias falsas.
Después de que Anticorrupción trasladara el caso a Huelva, el Juzgado de Instrucción número 3 se hizo cargo del asunto. El empresario Barroso acusó al ex regidor aljaraqueño de un presunto delito de enriquecimiento de su patrimonio personal en los doce años que estuvo al frente del Ayuntamiento, así como del presunto cobro de comisiones ilegales; denuncia que además hizo extensible al concejal de Urbanismo, Casto Pino.
Se acusó a ambos del presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de licencias de obra y convenios urbanísticos, apuntando que a él mismo se le habían solicitado 300.000 euros para poder obtener una de esas licencias municipales de obras.
Además señalaba que las cantidades cobradas en las comisiones ilegales podrían calcularse "estableciendo el número de convenios urbanísticos, la valoración económica de los mismos, las cantidades que se establecen por convenio y los porcentajes estipulados que son abonados directamente en metálico a los señores Orta y Pino".
En la denuncia que en su día presentó ante la Fiscalía Anticorrupción, el empresario detallaba que se cobraban comisiones ilegales por la firma de convenios con hasta siete empresas inmobiliarias y hasta legaba a detallar los supuestos delitos cometidos por los ahora detenidos (contra la ordenación del territorio, falsedad documental, prevaricación, malversación, cohecho y fraude fiscal).
El denunciante llegaba incluso a establecer un cálculo del patrimonio del ex alcalde y de su principal colaborador, que cifró en unos 60 millones de euros.
En la documentación que el empresario presentó a las instancias judiciales afirmaba además que el cobro de las comisiones ilegales era invertido "en bienes de distinta naturaleza", como inmuebles, fincas urbanas, rústicas, acciones, fondos de inversión, y participaciones en sociedades; y que "evidentemente" era para "la compra de artículos y bienes de lujo".
* Huelva Información - 23.3.13
Foto: Aljaraque (Huelva) - juntadeandalucia.es
