DIAGONAL* : La sentencia del Tribunal Europeo de Justicia marca una serie de criterios a los que podrán acogerse los jueces españoles para suspender de forma cautelar los desahucios.
La sentencia hace suyos los principios dictados por su abogada general, Juliane Kokott, en su dictamen de noviembre. El dictamen obedecía a una consulta elevada al TEJ por parte del juzgado de lo mercantil nº3 de Barcelona, encargado de resolver el litigio entre Mohamed Aziz y Catalunya Caixa (hoy Catalunya Banc y rescatada con 9.000 millones de euros de dinero público procedentes del rescate europeo). Aziz firmó en 2007 un préstamo hipotecario de 138.000 euros sobre su vivienda familiar. En junio de 2008 dejó de pagar las cuotas mensuales. Casi cinco años después, estos son los criterios a los que, por sentencia europea, podrán acogerse los jueces españoles en miles de procedimientos similares.
1. Los motivos por los que un deudor en España puede oponerse al proceso de ejecución de su hipoteca son "muy limitados"
En la práctica, alguien que haya suscrito una hipoteca para acceder a una vivienda y se haya visto inmerso en un proceso de ejecución hipotecaria por impago sólo puede reclamar la suspensión de la ejecución en caso de que la entidad haya calculado mal las cantidades debidas.
2. Los jueces no pueden actuar
La Directiva sobre cláusulas abusivas 93/13/CEE de 5 de abril de 1993 se opone a los artículos 681 a 698 de la Ley española de Enjuiciamiento Civil. Esto es, la ley española no permite a un juez parar un desahucio aunque haya indicios de una cláusula fraudulenta.
3. Predominio del derecho comunitario sobre protección del consumidor
En principio, la Ley de cada Estado manda sobre la Ley europea en este caso. Pero la normativa española no debe ser más dura para el procedimiento de ejecución hipotecaria que para otras situaciones similares (principio de equivalencia) y no debe vulnerar el principio de efectividad del ordenamiento europeo: "no debe hacer imposible en la práctica o excesivamente difícil el ejercicio de los derechos que confiere a los consumidores" la normativa europea.
4. Las indemnizaciones a las que puede optar un hipotecado a posteriori son insuficientes
La declaración de nulidad de posibles cláusulas abusivas sólo la puede declarar el juez cuando ya se ha producido la ejecución (se ha ordenado el desahucio). El TEJ considera esta declaración como meramente "indemnizatoria", "incompleta e insuficiente" dado que "ese mecanismo de protección de los consumidores limitado al pago de una indemnización por daños y perjuicios no permite evitar la pérdida definitiva e irreversible de la vivienda".
5. La existencia de un contrato firmado y la supuesta "buena fe" del prestamista no bastan para determinar que una cláusula no es abusiva
Si al negociar el contrato no se han negociado individualmente las cláusulas, los jueces podrán considerarlas abusivas "si causan un desequilibrio importante en detrimento del consumidor" en función de los derechos y obligaciones de las partes firmados en el contrato. En el litigio que dio origen a la consulta, el banco impuso al deudor unos intereses del 18% sobre el préstamo inicial debido al impago (intereses de demora).
6. El banco puede iniciar el proceso con un sólo impago y esto es desproporcionado
El banco puede iniciar el proceso con un sólo mes de impago. Para el TEJ, los jueces tendrán que estimar a partir de ahora si ese incumplimiento del contrato es "suficientemente grave con respecto a la cuantía y a la duración del préstamo"
* Diagonal - DIEGO SANZ PARATCHA Y CARMELA NEGRETE - 14.3.13
Foto: Hipotecas, protesta PAH - efe
Los seis motivos del tribunal europeo contra los desahucios "marca España"
Murcia, paradigma de la corrupción: 45 municipios y 40 causas abiertas
ELCONFIDENCIAL* : El sobreseimiento de una causa contra un alcalde del Partido Popular ha provocado la polémica sobre esos procedimientos en Murcia, que tiene actualmente 40 causas por corrupción abiertas en una región de 45 municipios. En esa llamativa proporción no están todos los que son, puesto que hay algunos ayuntamientos que no tienen ninguna, pero sí son todos los que están, algunos varias veces.
Fuentes jurídicas consultadas mostraron su sorpresa por el cómputo, puesto que solamente hay constancia de 40 casos abiertos en los últimos años contra representantes de partidos políticos o empleados públicos por presunta corrupción en los 45 municipios de la Región. La oficina de prensa del PP no facilitó la lista de los 64 casos desestimados que le fue solicitada por este diario.
De los 40 asuntos comprobados de presunta corrupción abiertos en la Región de Murcia, 28 afectan a concejales y alcaldes del Partido Popular en distintos municipios. Destaca entre ellos el llamado caso Umbra, en el que están imputados el actual alcalde de la capital, Miguel Ángel Cámara, los dos anteriores concejales de Urbanismo, Pilar Megía y Fernando Berberena, y empresarios, funcionarios y abogados, por prevaricación, cohecho, malversación, tráfico de influencias y trato de favor a las empresas promotoras de millones de metros cuadrados en el norte del municipio capitalino.
Los municipios gobernados por el PP de Águilas, Puerto Lumbreras, Fortuna, Totana, Fuente Álamo, San Javier, Torre Pacheco, Blanca, Fortuna, Totana, Alcantarilla, Alguazas, Caravaca de la Cruz y Murcia tienen o han tenido uno o varios casos judiciales por presunta corrupción en los últimos años.
En ellos, el tamaño no es lo importante, como prueba el pequeño municipio de Puerto Lumbreras, limítrofe con Almería, que tiene tres causas abiertas. En dos de ellas -por prevaricación urbanística y por prevaricación administrativa- está inmerso el acalde, Pedro Antonio Sánchez. Pero el gran municipio de la capital murciana -450.000 habitantes, séptima ciudad española- no le va a la zaga, pues además del Umbra tiene abiertos otros tres casos.
Uno de estos últimos lo comparte con Alcantarilla, igualmente gobernada por el PP, por contaminación del río Segura, y ostenta el dudoso honor de ser el más antiguo aún en curso, ya que se inició por una denuncia de Izquierda Unida en 1999.
Del lado socialista, con un total de siete procedimientos, llama la atención el caso Limusa en Lorca, uno de los pocos que ha sido cerrado con la condena de dos exconcejales del PSOE -Bartolomé Soler y Jesús Molina- y el exgerente de la empresa municipal de limpieza.
También tiene el PSOE su pequeña heroína gracias a Resurrección García, que gobernó Lorquí entre 1995 y 2007, y se sentará próximamente en el banquillo por rebajar a capricho 27 sanciones urbanísticas, cosa presuntamente constitutiva de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.
Entre los procedimientos acabados, el Partido Popular se lleva la palma por las condenas obtenidas en Totana por el exalcalde Juan Morales -actualmente en la cárcel por prevaricación, cohecho, falsedad, entre otras causas-, y en Fortuna por el exalcalde Matías Carrillo -inhabilitado por el Tribunal Supremo por delito electoral consistente en la compra de votos y prevaricación-. El sucesor de Morales, el también popular José Martínez Andreo, tiene una petición fiscal de tres años y cuatro meses por coacciones y obstrucción a la justicia por tomar represalias contra el denunciante de los hechos que llevaron a la cárcel al anterior alcalde.
Los dos partidos mayoritarios se reparten los casos -PP, 28; PSOE, 7- en una proporción casi idéntica a la de municipios en que gobiernan de los 45 que tiene la Región de Murcia. Pero en semejante maremágnum de presuntos delitos investigados por los fiscales, no pueden faltar los funcionarios de la Administración regional. Son los cinco que restan para totalizar los 40.
De ellos destaca la petición fiscal de imputación del consejero de Agricultura, Antonio Cerdá -que tenía competencias de medio ambiente-, en el caso Novo Cartago, que se inició por la reclasificación como urbanizable de un espacio natural protegido.
Más avanzado está el asunto que afecta al actual director del Instituto de Turismo, Enrique Ujaldón, pendiente de juicio y con petición de ocho años de inhabilitación porque supuestamente prevaricó cuando era director general de Patrimonio al autorizar que se desmontara un yacimiento arqueológico árabe en pleno centro de Murcia. Las protestas ciudadanas consiguieron paralizar el desaguisado.
* El Confidencial - Vidal Coy - 14.3.13
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
El juez investiga la relación entre el mayor pelotazo de la ‘Gürtel’ y la recalificación del Calderón
INFOLIBRE/Madrid* : El magistrado que instruye la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y las dos fiscales asignadas a la investigación, Concepción Sabadell y Miriam Segura, tienen sobre la mesa numerosa documentación procedente del Principado de Mónaco que siembra dudas sobre el origen del mayor pelotazo del caso, de 25 millones de euros.
Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros 12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13 millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.
Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que redundan en la limpieza de la misma.
Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en 2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam), promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".
La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa panameña Cedargrove Investments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa. Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de 2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuenta.
Inversión de "564 millones de euros"
Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el 19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein, mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y Amando Mayo. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan (sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564 millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.
Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad Arthington Investments en junio de 2006 a favor de la cuenta Cedargrove Investments. "Por cuanto de la documentación remitida con anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.
Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio, aparece el texto siguiente: "En el que se indica que División Inmobiliaria del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".
Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de 2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en 2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna operación inmobiliaria en España".
* InfoLiBRE - TONO CALLEJA - 13.3.13
Foto: Madrid, estadio Calderon - turismomadrid.es
Valencia.- El Supremo tumba las tesis del TSJ y anula tres PAI sin informe de agua de la confederación
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LEVANTE* : La Generalitat originó la polémica al cambiar dos leyes para sortear a la CHJ y defender que "no eran preceptivos ni vinculantes".
Una década después de las primeras olas del "tsunami" urbanístico que extendió la fiebre de los PAI por toda la Comunitat Valenciana, el Tribunal Supremo se ha posicionado sobre una de las polémicas que encendieron el debate sobre el "bum" del ladrillo: la disponibilidad de agua de los planes urbanísticos y qué administración es competente para dictaminarla. El Supremo ha dictado en los últimos nueve meses tres sentencias que anulan tres planes urbanísticos en Carcaixent, Lloc Nou de Sant Jeroni y Benicàssim, que se aprobaron sin el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) sobre disponibilidad de agua de estos nuevos desarrollos urbanos. El alto tribunal tumba así las tesis defendidas por la Generalitat y avaladas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en un reguero de sentencias que, si aún pueden ser recurridas en casación, podrían ser anuladas al toparse de frente con la doctrina jurisprudencial que ha sentado el Supremo en los últimos meses.
Este encendido debate que hizo correr ríos de tinta se centraba, de forma muy resumida, en si los informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) eran "preceptivos y vinculantes", como defendía el organismo de cuenca, o podían ser sustituidos al aprobar los nuevos planes urbanísticos por "el informe de una entidad colaboradora autorizada para el suministro de agua". La Generalitat incluso pretendía que el silencio administrativo de la CHJ se entendiera como "positivo" hacia los PAI en tramitación. Esta estratagema de escape al veto de las confederaciones (gobernadas por el PSOE desde 2004 hasta 2011) incluso se plasmó en la legislación urbanística valenciana, durante la etapa de Rafael Blasco al frente de la Conselleria de Territorio. Tanto la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Lotpp) de 2004 y la Ley Urbanística Valenciana (LUV) de 2005 preveían que las nuevas actuaciones urbanísticas "que impliquen un incremento del consumo de agua, requerirán la previa obtención del informe del organismo de cuenca competente o de la entidad colaboradora autorizada para el suministro". En la práctica, la mayoría de planes (y los más polémicos) optaron por recurrir a la entidad gestora de agua para evitar el informe negativo de la confederación. Ante esta situación, las diferencias de criterio entre administraciones pasaron a dirimirse en los tribunales, que llegaron al TSJ a partir de 2007, lo que obligó al tribunal a posicionarse. La pauta la marcó el presidente de la sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo del TSJ, Edilberto Narbón, quien en un auto del 15 de enero de 2007 determinó que los informes de la confederación eran "preceptivos pero no vinculantes" , admitiía el "silencio administrativo positivo" si la confederación no informaba sobre las demandas de agua en plazo e, incluso, aceptaba que otras entidades ajenas a la confederación emitieran informes sobre la suficiencia de los recursos hídricos. Este posicionamiento inspiró las resoluciones judiciales del TSJ durante cuatro años. El primer disentimiento público de la "doctrina Narbón" se produjo el 8 de julio de 2010, con el voto particular del magistrado Carlos Altarriba Cano quien defendió que "la disponibilidad del recurso hídrico" debe "acomodarse a las concesiones que se obtengan". El TSJ abandonó definitivamente el criterio defendido por Narbón a partir de una sentencia de octubre de 2011 en la que admite que los informes de la confederación son "determinantes y materialmente vinculantes".
Un giro que el Tribunal Supremo avala definitivamente a partir de la sentencia del 24 de abril de 2012 que anula un PAI en Carcaixent por carecer del informe de la confederación. En esta sentencia el alto tribunal dicta que "el informe de la confederación hidrográfica es preceptivo y vinculante". Y, en el debate entre las competencias del Gobierno y la autonomía, sobre quién era competente para emitir el informes de disponibilidad de agua, el Supremo afirma que "la competencia autonómica en materia de urbanismo y ordenación del territorio no puede entenderse en términos tan absolutos que elimine o destruya las competencias que la propia Constitución reserva al Estado".
Por último, el alto tribunal propina un duro varapalo al artículo de la Lotpp que autoriza la intervención de empresas suministradoras de agua en los informes sobre disponibilidad de agua, ya que considera que si la intención del legislador autonómico fuese aceptarlos sin más condicionantes "sería una regulación claramente inconstitucional".
* Levante - LAURA BALLESTER - 12.3.13
Foto: Benicasim (Castellón), Benicasim Golf - levante-emv.com
El fiscal pide 18 años al exalcalde de Yaiza que se enriqueció con el urbanismo
ELPAÍS/Lanzarote* : La fiscalía pide para José Francisco Reyes, exalcalde del municipio lanzaroteño de Yaiza, 18 años de cárcel, 82 de inhabilitación y una multa de seis millones de euros por haber impuesto “su mercenaria voluntad” en el urbanismo de la localidad con los ojos puestos únicamente “en el dinero a ingresar”. El exregidor, según la acusación, concedió masivamente licencias para edificar hoteles y otro tipo de alojamientos y llegó a adjudicar hasta 1.500 plazas hoteleras en un solo día. La fiscalía asegura que Reyes logró en sobornos más de 1,2 millones de euros.
El escrito de acusación de la fiscalía explica que José Francisco Reyes, quien gobernó en Yaiza entre 1998 y 2009, “aprovechó que el urbanismo estaba bajo su dominio para recaudar importantes cantidades de dinero de los promotores de hoteles” y que llegó a otorgar licencias de “manera masiva”. Adjudicó hasta 1.500 nuevas plazas turísticas el mismo día. En tres días, Reyes otorgó licencias para siete establecimientos hoteleros. Hay casos en los que “ni si quiera estaban visados por el Colegio Profesional de Arquitectos” y, “lo que es más grave y clamoroso: autorizó licencias sobre planes que no habían adquirido solidez jurídica”.
El Ministerio Público sostiene que el alcalde era consciente de que “nadie da nada por nada” por lo que configuró el urbanismo “a su mercenaria voluntad, por cuanto únicamente le movía el dinero a ingresar y nunca el interés general”. Reyes, sigue el escrito, “trató de ocultar el origen del dinero ilícito” por medio de otras personas de su familia. De hecho, junto a Reyes, hay otras personas acusadas, todas ellas familiares o miembros de la corporación municipal.
Entre 2000 y 2009 hizo inversiones inmobiliarias por valor de 525.220 euros, entre ellas la compra de un piso en La Laguna, Tenerife, a nombre de su hermana y otro al de su hija, también acusada, en Barcelona. Por este último pagó 322.000 euros en tres años. Con el dinero que su padre le ingresaba, gastó otros 111.000 en decoración, por lo que la fiscalía entiende que se estaban “blanqueando capitales”. Reyes, según la acusación, utilizó para blanquear el dinero, y poder utilizarlo, a su mujer y sus tres hijos mayores de edad.
Los hoteles ya construidos con las licencias que concedió el exalcalde están ahora a la espera de la ejecución de sentencia del Contencioso Administrativo que ordena su derribo. Algunos de ellos, si cumplen la normativa turística y los estándares, podrían obtener la licencia para seguir en pie. Pero los que no cumplan la normativa turística canaria ni los estándares de calidad exigidos corren el riesgo de caer bajo la piqueta.
Al alcalde de Yaiza se le imputan, entre otros delitos, los de prevariación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa. Junto a él están acusados como cooperadores necesarios Vicente Bartolomé, interventor del municipio de Yaiza y de Teguise, cuya adjudicación de licencias en la misma época está en investigación; Alfredo Morales, aparejador municipal, y también al ingeniero industrial, técnico del Ayuntamiento, Antonio Lorenzo. Entre los delitos que se les imputan durante los nueve años que estuvo al frente del Consistorio, están los de prevariación urbanística, cohecho, blanqueo de capitales y prevaricación administrativa.
El exalcalde fue denunciado por el socialista Carlos Espino, entonces consejero de Ordenación Territorial y Medio Ambiente, quien vio como toda la costa de la isla se convertía “en un solar turístico”. Ahora echa de menos algunas presencias en el banquillo: “Aquí están los corrompidos, falta ver al que corrompe: ¿De dónde salió el millón de euros en sobornos?”.
* El País - TXEMA SANTANA - 8.3.13
Foto: Yaiza (Lanzarote) - dis.ulpgc.es
La Ciudad de la Luz se queda a oscuras
ELPAÍS/Alicante* : En la Ciudad de la Luz apenas hay actividad. Justo ahora se cumple un año desde que se rodara la última película. La historia de este proyecto, que un día soñó el cineasta Luis García Berlanga y materializó Eduardo Zaplana siendo presidente de la Generalitat, arrastra un cúmulo de despropósitos y errores casi imposibles de asumir: sobrecostes en las obras, despilfarro, pérdidas económicas, pleitos a varias bandas, desavenencias entre los gestores privados y los políticos...
El resultado final es que el centro de estudios se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para la actual Generalitat, presidida por Alberto Fabra, del PP, que no sabe cómo salir del laberinto que le dejaron en herencia sus predecesores. La Generalitat quiere vender los estudios, pero no puede hacerlo hasta que se resuelvan los pleitos pendientes en los tribunales.
“Es una pena, tenemos los mejores estudios de Europa, pero su gestión ha sido ruinosa”, asegura, Javier González, gerente de Aguarmarga, la empresa privada que se encarga de captar clientes y comercializar las películas. El empresario destaca los buenos equipamientos, su emplazamiento único, cerca del aeropuerto, hoteles baratos, buenas alternativas para rodar exteriores… “Pero los políticos quisieron hacerse fotos con los famosos, asumir las riendas y fracasaron”, agrega, González que mantiene un litigio con la Generalitat por impago de 1,6 millones de euros. El productor y humorista José Luis Moreno admitía esta semana que estudia la posible compra de estos estudios.
Pero mientras tanto, la Ciudad de la Luz se ha convertido en una losa muy pesada para el Consell, que ya soporta muchos lastres. La diputada socialista en las Cortes, Eva Martínez, ha rastreado todas las licitaciones y adjudicaciones referidas a este complejo desde 2001 en el Diari Oficial de la Generalitat y ha descubierto unos escandalosos sobrecostes en las obras. Los socialistas están convencidos de que la Ciudad de la Luz ha costado “mucho más de los 265 millones de euros” que estima la Unión Europea. Y como ejemplo cita varias obras: una rotonda de acceso que costó 2,3 millones de euros, y que a los pocos meses se la llevó el viento, la garita de acceso, que costó otro millón de euros, los 10 millones de un edificio de oficinas que está por estrenar, los 15 millones de la Escuela de Cine o los 2,8 millones en gastos de fontanería.
A los elevados costes en la ejecución de las obras del proyecto, hay que sumar los dos procesos judiciales abiertos que bloquean la venta del complejo. Por un lado, está pendiente de resolución el recurso que la Generalitat presentó en agosto del año pasado contra la resolución de mayo de 2012 de la Comisión Europea que ordenó al Consell a devolver los 265 millones de euros que Ciudad de la Luz había recibido de Bruselas.
Y el otro pleito arrancó en 2010, después desde agosto de 2009 Ciudad de la Luz dejara de pagar a Aguarmarga por sus servicios. La empresa gestora de los platós presentó una demanda de reclamación de cantidad y en diciembre de 2010 Ciudad de la Luz comunicó la ruptura del contrato con Aguamarga. Aunque todo se ciñe a la deuda pendiente, Ciudad de la Luz alegó supuestos graves incumplimientos en su gestión para prescindir de sus servicios. La Generalitat adjudicó el contrato de arrendamiento a esta empresa en diciembre de 2000, y lo renovó en 2004 y 2005, pero dejó de pagar lo establecido en el contrato a la empresa en 2009. Aguamarga, que en la actualidad está en concurso de acreedores, presentó una demanda en la que reclama 1,6 millones de euros por la deuda pendiente. El juicio está previsto que se celebre el próximo mes de abril. El director actual, José Antonio Escrivá, a raíz de la sentencia de Bruselas ordenó por escritos en reiteradas ocasiones, la última en octubre de 2012, a Aguamarga que abandonara los estudios, pero la empresa se resiste hasta que resuelva el conflicto judicial que está pendiente.
Y ante este complicado escenario, los nuevos responsables de la consejería van hablando cada uno por su cuenta. Mientras el secretario autonómico, Rafael Carbonell, atribuyó la actual falta de rodajes a la sentencia de la Unión Europea, la nueva consejera de Educación y Cultura, María José Català, dijo que el recurso de Aguamarga “influye en la actividad” y por eso no se rueda. No obstante, Català moderó el discurso oficial al admitir públicamente que mientras no se resuelvan los pleitos no se puede vender. “Estamos pendientes de los procesos judiciales, y eso influye en la actividad”, declaró en Alicante. Su antecesora en el cargo Lola Johnson dijo en reiteradas ocasiones que Ciudad de la Luz estaba en venta, y llegó a especular sobre supuestos compradores y negociaciones con inversiones internacionales.
Ahora la Generalitat al menos ya tiene claro que no se puede vender hasta que no se resuelvan estos procesos judiciales, y luego “se intentará abrir a la participación de capital privado”, dijo Català. Es decir, primero arreglar el desaguisado judicial y luego intentar vender. El vicepresidente del Consell, José Ciscar, dijo que Ciudad de la Luz tenía “bastantes pretendientes” porque sigue siendo un producto “atractivo”. No obstante, el reto es difícil y complejo teniendo en cuenta la actual situación económica, con la ausencia de inversores potentes que puedan estar interesados en el mercado audiovisual, y si tienen en cuenta la experiencia de fracaso acumulada, todavía menos.
20 proyectos y 42 millones que se evaporan
E. MOLTÓ
“Ciudad de la Luz y el IVAC (Instituto Valenciano del Cine) han dejado escapar más de 20 proyectos cinematográficos que hubieran supuesto una inversión de más 42 millones de euros para la provincia de Alicante”, asegura Javier González, responsable de Aguamarga gestión de estudios, la empresa privada que se encarga de captar productoras y directores dispuestos a rodar en Alicante. Sin embargo, por “falta de interés, inaptitud, incapacidad y por un evidente boicot que pretende hundir a Aguamarga”, según González, estas iniciativas han buscado otros emplazamientos. Y la lista de proyectos que pudieron ser y no han sido es larga y abultada.
Una de las grandes productoras independientes de los Estados Unidos, Relativity Media, estaba dispuesta a ocupar durante cinco años cinco platós. El proyecto era rodar Black Flag, película con un presupuesto de 85-120 millones de dólares, con una inversión de 400 millones en cinco años a cambio de la devolución de gasto local del 9%, previa justificación. Pero la iniciativa, según Aguamarga, fue rechazada por los responsables de la Generalitat en noviembre de 2010, que “se negaron incluso a recibir a un representante de Relativity”, afirma González.
Con la productora Arcadia se intentó firmar un acuerdo para rodar tres películas, una de ellas, la recién galardonada con varios goyas, Blancanieves, que suponía una inversión de tres millones de euros. La negociación fracasó. Los responsables políticos de Ciudad de la Luz, según Aguamarga, se negaron a recibir a los representantes de la productora catalana Nostromo dispuesta a firmar un contrato de tres películas, entre ellas Grand Piano.
Aguamarga cita otras muchas películas que en los últimos tres años han sido “boicoteadas” por los responsables políticos que han gestionado el complejo o la política audiovisual de la Generalitat. Algunos de los casos más llamativos son el de la galardonada con un oscar a los mejores efectos visuales Life of Pi y Open Windows, dirigida por Nacho Vigalondo, que se ha rodado en Texas y Madrid. Al IVAC no les interesaron estas propuestas, al igual que Guernika, 33 días, que protagonizará Antonio Banderas y que se rodará en Bilbao este mes de junio. Torrente 4 o Mortadelo y Filemón son otros de los proyectos que pese a llegar a interesarse por poder rodar en Alicante al final se esfumaron. Aguamarga completa la lista de proyectos fracasados con algunas series televisivas que también se interesaron por el centro de estudios. El barco se fue a Madrid y El corazón del océano, de Antena 3 planteó una coproducción con Canal 9 pero la entonces consejera, Lola Johnson la rechazó porque “quería buscar un sustituto a L’Alqueria blanca del mismo estilo”, según la representante de Aguamarga que llevó la negociación. El flamante tanque de agua, en el que se rodaron las escenas del tsunami de Lo imposible está seco y vacío. Aguamarga ha traído esta semana a una productora francesa interesada en rodar allí pero “si la Generalitat no abre el grifo para llenarlo no podemos vender el complejo con toda su potencialidad”, asegura González.
* El País - EZEQUIEL MOLTÓ Alicante 9 MAR 2013
Foto: Alicante, ciudad de la luz (archivo) - ciudaddelaluz.com
El juez imputa a los principales constructores del país por supuesta financiación ilegal del PP
ELDIARIO* : Algunos de los principales empresarios de la construcción del país han sido imputados por el magistrado Javier Gómez Bermúdez, titular del juzgado central de instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, acusados de haber pagado supuestamente comisiones al PP a cambio de la concesión de obras públicas. El juez ha imputado también a los responsables de las cuentas del partido, que habrían sido los receptores del dinero.
Juan Miguel Villar Mir, presidente del Grupo OHL (su yerno, Javier López Madrid, está imputado en el caso Bankia); Luis de Rivero, expresidentes de Sacyr Vallehermoso; Alfonso García Pozuelo-Asins, consejero delegado de Constructora Hispánica S.A , Manuel Contreras, presidente de AZVI y José Mayor Oreja, en representación de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), son algunos de los empresarios a los que el magistrado acusa de la presunta comisión de los delitos de "asociación ilícita, alteración de precio en concursos y subastas públicas, receptación y blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda pública, fraude y exenciones ilegales, encubrimiento y falsedad, y apropiación indebida de fondos electorales.
Junto a ellos, el juez ha imputado también a los extesoreros del PP Luis Bárcenas (incurso en otro procedimiento por blanqueo de capitales) y a su antecesor al frente de las cuentas del partido, Álvaro Lapuerta. El resto de imputados son Juan Manuel Fernández Rubio, Pablo Crespo Sabarís, Antonio Vilella, José Luis Sánchez Domínguez y Adolfo Sánchez. Todos ellos declararán ante el magistrado los próximos días 25, 26 y 27 de marzo.
Gómez Bermúdez dice en su autos que los supuestos pagos al PP de los mencionados empresarios para obtener la adjudicación de obras y contratos públicos suponen una "alteración de las reglas de la libre competencia y defraudación de la confianza de los ciudadanos en la regularidad y transparencia de la contratación administrativa". "Muchas de las empresas beneficiadas –continúa el texto- son de las más importantes de España y cotizan en el mercado secundario de referencia (IBEX 35) con el impacto que en el propio valor en bolsa tiene la obtención de pedidos relevantes por la administración".
El magistrado ha requerido al PP para que en el plazo improrrogable de siete días aporte copia o relación de los ingresos que por el concepto donaciones ha recibido entre 2002 y 2009 de los ahora imputados y de otras empresas como Sedesa, Copasa, Copisa, Mercadona, Urazca, Grupo Rubau, Mercadona y Aldesa. Su petición se sustenta en la coincidencia que hay entre la entrada de cantidades donadas por empresarios en las cuentas del PP y la adjudicación de obra pública entre los años 1990 y 2009. También requiere al Banco de Vitoria-Banesto para que informe si el PP tiene o ha tenido cuentas y si en ellas aparece en 2004 cuatro aportaciones de 100.000 euros bajo el concepto de donativo. Según publicó eldiario.es el pasado 26 de febrero hay una relación directa entre donativos y adjudicaciones, sobre la que el juez quiere una explicación.
En nuestro país los partidos políticos no tienen responsabilidad criminal pero, no obstante, "el PP como beneficiario de las donaciones es indiscutible que se ve afectado por esta investigación y que la sola recepción de fondos procedentes de empresas adjudicatarias de contratos administrativos lo configura, en el mejor de los casos, como tercero partícipe a título lucrativo del artículo 122 del Código Penal", dice el auto. El juez ha ordenado que se de traslado de la resolución al PP informándole del derecho que le asiste, no obligación, a comparecer en la causa representado por procurador y asistido por letrado en su condición de parte pasiva civil del proceso, "sin perjuicio del estatuto procesal que pueda corresponderle en un futuro".
La querella contra los ahora imputados y otros a los que Gómez Bermúdez ha dejado fuera del procedimiento por falta de pruebas (Rodrigo Rato, Ángel Acebes y Federico Trillo) fue presentada por Izquierda Unida (IU), la Asociación Justicia y Sociedad, Asociación Libre de Abogados, Asociación CODA, Ecologistas en Acción y Federación Los Verdes. La querella se dirigía también contra los altos cargos del partido que presuntamente habrían recibido 'sobresueldos' a cuenta de las donaciones de los empresarios, entre ellos el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (según los papeles desvelados en su día por el diario El País), pero Gómez Bermúdez ha estimado que las pruebas aportadas establecen "un enlace excesivamente débil, difuso o especulativo".
Pese a ello, el PP tiene que aportar los recibís de las cantidades entregadas en efectivo a sus militantes Santiago Abascal, Calixto Ayesa, Juan Ignacio del Burgo, Pío García Escudero, Eugenio Nasarre y Jaume Matas, que reconocieron haber recibido dinero anticipado del partido para asuntos oficiales o personales, cuyo apunte aparecía en la contabilidad de Bárcenas.
El fiscal había solicitado al juez que se inhibiera a favor del juez Pablo Ruz, titular del juzgado central nº 5 de la Audiencia Nacional, que instruye el 'caso Gurtel' y ha abierto una pieza separada para investigar el 'caso Bárcenas'. Sin embargo, Gómez Bermúdez considera que antes de decidir sobre la inhibición quiere oír a los querellantes, y ha pedido a su compañero que le facilite parte de la documentación que obra en su poder.
* El Diario - Carlos Fonseca - 11.3.13
Foto: Bárcenas - eltiempodehoy
Santiago.- Investigan los fichajes que hizo Conde Roa para urbanismo
LAVOZDEGALICIA* : La declaración del exalcalde de Santiago Gerardo Conde Roa (PP) ante la jueza que instruye la operación Pokémon y su secuela, la Manga, promete ser igual de larga que el registro que realizaron los funcionarios del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la casa del que hasta once meses fue regidor de la ciudad, cuando tuvo que dimitir al destaparse que había defraudado a Hacienda. Duró cuatro horas, que bien podría necesitar la magistrada para el interrogatorio de Conde Roa, ya que tocará varios extremos. Desde sus relaciones con Aquagest, Vendex y con otra de las empresas investigadas, GRS Arc Local, a la presunta corrupción urbanística. Concretamente, el exalcalde compostelano será preguntado por el convenio que se empeñó en aprobar para la urbanización de la denominada Finca do Espiño, que la oposición tildó de pelotazo urbanístico y que la propia dirección gallega del PP forzó a rechazar al sucesor de Conde Roa, Ángel Currás.
Pero no es solo este convenio urbanístico el que preocupa a la jueza de Lugo que instruye el caso. Según fuentes judiciales, Pilar de Lara también está investigando los fichajes de altos cargos que se realizaron en el Concello de Santiago durante la breve época en la que Gerardo Conde Roa tuvo el bastón de mando. Especialmente, el de uno de los responsables de la planificación urbanística municipal. Las pesquisas pretenden esclarecer si en estos nombramientos influyeron presiones del sector privado, interesado en contar con altos cargos afines en Raxoi.
Precisamente, el eje de todas las presuntas tramas de corrupción investigadas en Santiago son las relaciones excesivamente cordiales que a juicio de la magistrada existían entre algunos miembros de la corporación municipal y empresas privadas con contratos públicos.
¿Más imputaciones?
El nuevo giro hacia la presunta corrupción urbanística que ha tomado la investigación de los casos Pokémon y Manga ha vuelto a avivar los temores en el Concello de Santiago a que se produzcan nuevas imputaciones. Un miedo que es aún mayor, por motivos obvios, en el área de Urbanismo, que dirige María Pardo, una de las dos concejalas de la máxima confianza del alcalde, Ángel Currás, quien tiene en esta edila, que es además la portavoz municipal del PP, y en Reyes Leis, responsable de Economía, a sus dos mayores colaboradoras.
La de Conde Roa no será la única declaración de mañana en Lugo. Después de él volverá a responder a la jueza Albino Vázquez, que dimitió como concejal de Seguridad tras su detención y la imposición de 15.000 euros de fianza. No se descartan otros testimonios.
* La Voz de Galicia - X. MELCHOR / M. CHEDA - 3.3.13
Foto: El proyecto urbanístico para la Finca do Espiño incluye la rehabilitación del palacete modernista. Á. BALLESTEROS
El despilfarro de la Ley de Costas
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* : La reforma de la Ley de Costas, que en la actualidad está en trámite en el Senado, no solo desprotege una parte significativa del litoral y abre la puerta a su privatización. Supone además un despilfarro de dinero. Si la reforma entra en vigor, se tirarán por la borda buena parte los 180 millones de euros empleados para deslindar la costa, según denuncia Ecologistas en Acción.
A lo largo de los últimos veinticinco años, las administraciones públicas desarrollaron largos y complicados trámites para delimitar las franjas de costa que son públicas. Se establecieron Dominios Públicos Marítimos Terrestres (DPMT) en la primera línea del litoral, seguidos de zonas de servidumbre de diferente longitud. Para fijar estas áreas de protección, es decir, para efectuar los trámites de deslinde, fueron necesarios estudios sobre el terreno, fotografías aéreas, informes técnicos y, en muchas ocasiones, procesos judiciales y pago de compensaciones.
Ecologistas en Acción calcula, en base a datos oficiales de inversión y estimaciones propias, que esos deslindes costaron cerca de 180 millones. Una cantidad que será desperdiciada, en buena medida, si la reforma de la Ley de Costas pasa los trámites de aprobación en el Senado como ya lo hizo en el Congreso de los Diputados.
La reforma incluye arbitrariedades y vaguedades que abren la puerta a la anulación de deslindes. Excluye, por ejemplo, determinados núcleos de población del DPMT sin ninguna argumentación técnica. Una exclusión que es grave en si misma, pero que además, se reclame la misma excepción en otros puntos del litoral, con los consiguientes procesos judiciales y administrativos. La reforma presentada permite además la desafección de zonas que quedan al interior de los paseos marítimos, poniendo en riesgo la protección actual de las zonas de servidumbre frente a la especulación urbanística
Estas y otras ambigüedades, sujetas a interpretación, conducirán a la inseguridad jurídica con la nueva reforma, en caso de ser aprobada. Y llevarán a anular el trabajo realizado por profesionales de la administración pública para proteger el litoral. No se puede establecer cuántos deslindes se verán afectados, precisamente por el carácter ambiguo de la reforma. Pero, en todo caso, supondrá un gasto de tiempo y de dinero poco coherente con la supuesta política de austeridad a toda costa promovida por el Gobierno.
Nota: Los cálculos han sido realizados en base a datos de la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y Calidad de los Servicios y de los Presupuestos Generales del Estado.
La Disposición adicional tercera de la reforma, que trata sobre el deslinde en determinados paseos marítimos, reza así: La línea exterior de los paseos marítimos construidos por la Administración General del Estado o por otras administraciones públicas con la autorización de aquella, durante el periodo comprendido entre la entrada en vigor de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, y la entrada en vigor de la presente ley, se entenderá a todos los efectos como línea interior de la ribera del mar. La Administración General del Estado podrá desafectar los terrenos situados al interior de los paseos marítimos, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.
* Ecologistas En Acción - 7.3.13
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace2006
Las Palmas.- El Supremo admite el recurso de los vecinos y reabre el caso del Canódromo
LAPROVINCIA* : El caso del Canódromo ha vuelto a la vida en el Tribunal Supremo (TS). La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha admitido a trámite el recurso de casación que la Asociación de Vecinos Ciudad Alta (Avecalta) interpuso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), en la que se defendía la legalidad del Plan Especial del Canódromo.
La comunidad vecinal de Schamann, que comenzó la disputa contra el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hace ya diez años al creer que la decisión de construir 120 viviendas en dos torres saturaba un barrio ya de por sí atestado de inmuebles y con pocos espacios públicos, ha resucitado de esta forma un asunto que en mayo del año pasado parecía completamente cerrado.
En aquel mes, el Pleno de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, atendiendo a un fallo del Tribunal Supremo fechado el 16 de diciembre de 2011, revisaba su decisión inicial de estimar la demanda de Avecalta en la que se impugnaba el acuerdo del Ayuntamiento de finales de 2003, por el que se aprobó definitivamente el Plan Especial de Ordenación del Canódromo y los planes generales de ordenación de 2000 y 2005.
En su revisión, el TSJC dio un giro de 180 grados y le otorgó la razón a la Corporación, desestimando los argumentos de los vecinos y desbloqueando la construcción de las torres, paralizada desde 2008.
A los vecinos solo les quedaba una opción para seguir plantando batalla al plan urbanístico que transformó 13.000 metros cuadrados del parque del Canódromo en suelo residencial, a saber: un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo que debía basarse, según la sentencia del TSJC de 2012, en "normas de Derecho estatal o europeo".
Los vecinos han hecho posible lo que parecía imposible al conseguir que se reabra completamente el debate judicial sobre la construcción de las torres. Hasta tal punto parecía cerrado el caso tras el fallo del TSJC que, el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, -a su vez responsable de Urbanismo entre los años 1999 y 2003 y uno de los impulsores del Plan Especial del Canódromo- afirmó al enterarse del fallo judicial que servía para "poner las cosas en su sitio" y permitía "acabar con tanto daño que se ha hecho a la ciudad y a tantas personas".
Las reacciones a aquella sentencia llegaron hasta Madrid, donde el propio Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, que fue regidor de la ciudad durante la tramitación de este plan urbanístico, aseguró que se habían "puesto las cosas en su sitio y a algunos en su lugar". Asimismo, sostuvo que la decisión judicial era el "fin a una etapa de mentiras, de falsedades, creadas precisamente para dañar a quien entonces era alcalde, José Manuel Soria".
El auto del Tribunal Supremo, que abre de nuevo el debate jurídico, está fechado el pasado 7 de febrero de 2013 y tiene como ponente al magistrado Mariano de Oro-Pulido y López.
En su resolución, el Alto Tribunal admite íntegramente a trámite los seis motivos de impugnación planteados contra la sentencia del TSJC y que conducen, según su argumentación, a que se haya podido vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva de los vecinos y que se les haya creado una situación de indefensión con el nuevo fallo judicial.
* La Provincia - B. Valcarce / M. Reyes - 8.3.13
Foto: Las torres del Canódromo se alzan en una esquina del parque ubicado en el barrio de Schamann. | yaiza socorro
La Xunta perdona la demolición del asilo ilegal promovido por Baltar
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ELPAÍS/Ourense* : El edificio se inició sin licencia, en suelo no urbanizable y con el doble de la altura máxima permitida.
El asilo ilegal financiado por Baltar con fondos públicos para la empresa de uno de sus alcaldes se va de rositas. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, ha archivado el expediente de reposición de la legalidad urbanística que ordenó al Ayuntamiento de Chandrexa de Queixa (600 habitantes) la ejecución inmediata del derribo de la inacabada residencia de ancianos que perturba el montañoso paisaje del Macizo Central. El negocio, planificado en el año 2000 en pleno culmen de la burbuja inmobiliaria, era redondo: Baltar pagó la obra con fondos públicos, un diputado provincial y alcalde cedió terrenos municipales gratis y la empresa de otro exalcalde baltarista se quedaría con la gestión del asilo. Pero nunca fue rematado. El proyecto se presupuestó en más de 1,3 millones de euros, aunque solo se ejecutaron 662.000 a través de subvenciones concedidas por la Diputación de Ourense. El esqueleto del geriátrico lleva más de un lustro esperando una artimaña legal que permita rematar la edificación en medio de la aldea de Celeiros (70 vecinos) para cederlo gratuitamente a la Fundación Valdegodos, propiedad de la poderosa familia Candal, que acaba de recuperar la alcaldía del ayuntamiento ourensano de Vilamartín de Valdeorras a través de una moción de censura.
El subdirector de la APLU ordenó el archivo del expediente que certificó la ilegalidad y ordenó la demolición. El rosario de incumplimientos legales descrito por la agencia urbanística que ahora hace la vista gorda es interminable: la construcción se levanta en terreno rústico incumpliendo la Ley de Suelo de 1997 (que solo permite obrar en suelo urbano consolidado en municipios sin plan de urbanismo), se inició sin autorización administrativa, duplica la altura máxima permitida (siete metros), no incluye la obligatoria previsión de aparcamientos, nunca se aprobó un expediente de delimitación del terreno y, además, excede la ocupación máxima de la parcela. La agencia urbanística concluyó que las obras no eran legalizables, por lo que ordenó el derribo en una resolución de octubre de 2010.
El plazo máximo para ejecutar la demolición era de tres meses. Dos años después el edificio no ha sido derribado. La mole continúa impertérrita en medio de la montaña ourensana. A pesar de ello, la Xunta archiva el caso y deja en manos del alcalde, Francisco Rodríguez (PP), el obligado cumplimiento de la ley. El documento recuerda al regidor que “debe adoptar todas las medidas necesarias para la protección de la legalidad urbanística en el ejercicio de sus competencias”. Además, el Ayuntamiento de Chandrexa pagó multas coercitivas de 1.000 euros impuestas por la directora de la agencia por no materializar el derribo.
El mismo alcalde al que ahora se encarga la tarea de cumplir la ley, presentó varias alegaciones contra las resoluciones de la APLU. Unas resoluciones que, tras la visita de una inspectora, dictaminaron que el diseño del centro geriátrico “no se adapta al ambiente en que está situado” porque “rompe la harmonía del paisaje y desfigura la perspectiva del conjunto natural”. El regidor llegó a cambiar la superficie de la parcela ocupada ilegalmente. En su escrito figuraba con 6.350 metros cuadrados, pero la certificación del Catastro señala que tiene 3.371 metros. Todas las alegaciones fueron desestimadas por la misma agencia que ahora da carpetazo al caso.
Dos clanes políticos muy unidos
Una vez finalizado, el asilo ilegal de Chandrexa de Queixa iba a ser gestionado por la Fundación Valdegodos, un conglomerado empresarial creado en 1975 por Manuel Candal, exalcalde del PP en Vilamartín de Valdeorras. Nunca pudo ver el proyecto finalizado. Falleció en 2009 en medio de un proceso judicial que le encausó por un presunto delito de prevaricación. La relación entre la familia Baltar y la familia Candal es muy estrecha. Un busto de Baltar padre colocado en un pedestal de dos metros de altura preside la entrada a la sede de la empresa de los Candal. La placa colocada bajo el busto honra al “benefactor” cacique ourensano. Además uno de los puentes que atraviesa el río Sil a su paso por la localidad fue bautizado con el nombre del exbarón. Los Candal, como los Baltar, también se perpetúan en las instituciones a través de sucesiones dinásticas. Candal padre fue el fervoroso alcalde baltarista de Vilamartín durante 36 años. Su hija, María Jesusa, ha ocupado esa alcaldía en dos ocasiones, aunque nunca fue elegida en las urnas. Heredó el puesto en 2009 tras la muerte de su progenitor. En las últimas elecciones locales perdió el bastón de mando y el PSdeG accedió al gobierno siendo la lista más votada. Pero el pasado 20 de enero de 2013, Candal hija recobró el control del Ayuntamiento a través de una moción de censura amparada por Baltar y apoyada en los votos de dos ediles de Alianza Popular Galega (APG). Además, fue una de las regidoras que estuvo vitoreando a Baltar padre en la puerta del juzgado el día que prestó declaración ante el magistrado que investiga los enchufes masivos.
Ignacio Candal, el otro hijo del sempiterno alcalde valdeorrés, entró a trabajar en la Diputación ourensana como técnico superior en desarrollo local y fondos europeos tras superar una oposición en 2009. También forma parte de la dirección del conglomerado empresarial familiar que aún aspira a hacerse con la residencia ilegal pagada con fondos públicos.
* El País - PABLO TABOADA Ourense 6 MAR 2013
Foto: Aldea de Celeiros, con el asilo inacabado al fondo, dominada por el Macizo Central. / NACHO GÓMEZ
Por los suelos y en el aire
LNE/Gijón* : El Plan General de Ordenación (PGO) generó suelo urbanizable en la zona rural para construir más de 7.000 pisos. Veintiún promotores y algunas de las familias con más solera de Asturias tomaron el control de este terreno para garantizar su participación en el futuro crecimiento de la ciudad. Con la anulación del planeamiento urbanístico, las parcelas que adquirieron en tiempos de bonanza económica e inmobiliaria, llegando a pagar hasta 200 euros por metro en algunas zonas, queda en el aire. La nueva sentencia contra el PGO les pilla, además, en plenas negociaciones con los bancos, que poco a poco van tomando el control de algunas operaciones.
Quienes durante años clamaron por llevar la expansión de la ciudad más allá de la Ronda Sur se encuentran ahora en una encrucijada de la que algunas empresas no han conseguido salir. Según argumentaban a principios de 2000, las reservas de suelo urbanizable se quedando cortas ante la fuerte demanda de un mercado inmobiliario que entonces estaba en plena ebullición. Y el Plan General aprobado en 2005, así como el que lo sustituyó en 2011, atendieron ese planteamiento introduciendo grandes manchas edificables en la zona rural.
Pero el mercado de la vivienda acabó reventando. Los tribunales hicieron el resto. Y, hasta que el Ayuntamiento no enderece la situación, el urbanismo gijonés tiene ante sí un futuro incierto. A continuación se detalla la situación de las principales operaciones pendientes:
l Castiello de Bernueces. Es la operación más potente del Plan General de Ordenación y también la única que cuenta con aprobación definitiva por parte del Pleno municipal. La obtuvo antes de que se produjese la primera anulación judicial del PGO en verano de 2009. En su ámbito de actuación, de 948.664 metros cuadrados, tienen suelo Construcciones Prieto, San Bernardo, Durbelan, Esbelso, Moro, Interprovincial (familia Cosmen), Blima Deneb, La Lloseta de Deva, Promociones Cascos, Los Sauces, Rendueles López, Villa de Jovellanos, Rubiera y Varas, San Lorenzo y Quintas de Viesques.
Para poder desarrollar conjuntamente esta operación de casi 4.000 viviendas, la mayor de iniciativa privada prevista en el concejo, decidieron constituirse en una sociedad civil de la que también forman parte Covibarges, con sede en Madrid y propietario asturiano, o Reyal Urbis, ahora inmerso en el segundo concurso de acreedores más grande de España. La crisis también ha dejado por el camino a Arcisa, Fontela Gestión -vinculada al presidente de la patronal de la construcción, Serafín Abilio Martínez- o Construcciones Orcema.
La revisión del PGO anunciada por el gobierno municipal, en caso de que se altere la calificación del terreno o su edificabilidad, salpica por tanto a «medio sector» de la construcción asturiana. La sociedad de Bernueces -integrada también por la Fundación de Escuelas Cristianas y varios particulares- se ampara en la aprobación definitiva del plan parcial para hacer valer sus derechos patrimoniales sobre el suelo, que estiman en unos 70 millones de euros. Sólo en gastos de gestión llevan asumidos más de 7. El asunto ya está en manos de abogados, «por lo que pueda pasar».
l Cabueñes. Uno de los planes más polémicos del PGO. De hecho, ha pasado varias veces por los tribunales. El gobierno de Foro, que ahora lo mete en el saco de su revisión integral del PGO, le dio aprobación inicial al proyecto hace unos meses. La operación abarca una superficie de 254.000 metros cuadrados, donde la gallega Lomas-Barajas controla el 49,15 por ciento del suelo junto a Reyal-Urbis, cuya participación caerá muy posiblemente en manos de los bancos.
En Cabueñes están posicionados, además, Promociones Moro (a través también de Playa de Gijón), el Ayuntamiento y Beyos y Ponga. La filial de Cajastur para asuntos inmobiliarios desaparecerá en cuanto la entidad asturiana, como parte de Liberbank, transfiera sus activos tóxicos -solares, pisos y créditos con riesgo de impago- al «banco malo».
Al igual que ocurre en Castiello, las entidades financieras tendrán, a corto plazo, voz y voto en la operación. La Plataforma Ciudadana contra el Muro de Cabueñes -como se conoce en la parroquia a la urbanización de 600 pisos que el PGO proyecta entre el hospital y el Parque Científico Tecnológico- solicita al Ayuntamiento que elimine la operación.
l Granda. Detrás del proyecto de hacer 1.200 viviendas a orillas de la senda fluvial, en el entorno inmediato del enlace de la Autovía Minera, se encuentra Covibarges. En Castiello tiene una participación de apenas el 3 por ciento. En el caso de Granda, sin embargo, la empresa del asturiano Armando Rodríguez Vallina lidera la operación.
Lo que ahora queda en el aire es la ordenación urbanística de 337.000 metros cuadrados de terreno, del que también son propietarios Rubiera y Varas, Promociones Rendueles, Dursa, el Grupo Maya y Duro Felguera. La inversión por compra de suelo en el plan parcial de Granda, al que Foro también ha dado su aprobación inicial, supera «con creces» los 50 millones de euros.
Al igual que ocurre con otros urbanizables, los actuales dueños del suelo se preparan para plantar batalla a cualquier revisión del PGO que lesione sus intereses. No sólo hablan de derechos edificatorios o patrimoniales. Están en juego también -según advierte el sector- las negociaciones con los bancos para ampliar créditos o entregar las parcelas como dación en pago.
l Porceyo. Este plan parcial apenas ha despertado interés en el sector de la construcción. Hasta el punto de que hay quien lo da directamente por parado. La ficha del PGO lo divide en cuatro núcleos, que suman 184.000 de suelo edificable para 1.200 viviendas. A día de hoy, sólo los vecinos de la parroquia mencionan esta operación cuando se habla del PGO.
l Alto del Infanzón. Nunca generó grandes polémicas, porque la mayor parte del ámbito de actuación de este plan parcial no cambió de manos. Los dueños originales de las parcelas participan en la promoción de los casi 500 chalés que les permite construir el PGO que ahora se anula. Aunque, al frente de la operación, se sitúa Promociones Cascos y la familia Figaredo.
De los 616.569 metros cuadrados recalificados en el Alto del Infanzón, coronando la parroquia de Somió, son para uso residencial -de baja densidad- apenas 74.000. El resto del terreno se destinará a servicios, viales y zonas verdes. El proyecto de urbanización ya ha superado su tramitación inicial y ahora está pendiente del dictamen de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias.
Expertos en urbanismo aseguran que, actualmente, este plan parcial es el más viable a nivel económico y urbanístico. Los propietarios del suelo esperaban culminar las gestiones administrativas en este primer semestre del año. Aunque, con la anulación del PGO, desconocen qué piensa hacer el Ayuntamiento.
* LNE - Miriam SUÁREZ - 7.3.13
Foto: Vista de la ciudad desde los terrenos donde está previsto desarrollar el plan del Infanzón.- lne
El pinchazo de la burbuja hospitalaria
ELPAÍS* : Centros proyectados en época de bonanza languidecen a medio construir o cerrados.
Solo hay que subir a una pequeña loma a las afueras del nuevo barrio residencial de Santa María de Benquerencia, a cinco minutos del centro de Toledo, para asombrarse ante las proporciones del que iba a ser “el mayor hospital de Europa”. Dependiendo de la perspectiva, el conjunto, de 360.000 metros cuadrados repartidos en 10 edificios, empequeñece hasta la magnificencia del Alcázar que corona el casco histórico. “Le puedo decir exactamente cuánto tiempo llevan las obras paradas, 13 meses, los mismos que lleva mi hija en el paro”, se lamenta Luis Gómez, de 64 años, junto a la valla metálica que protege la gigantesca carcasa de cemento que es ahora el hospital. La hija de Gómez, administrativa de 27 años, fue una del medio millar de trabajadores que se quedó en la calle después de que el Gobierno de Castilla-La Mancha decidiera paralizar las obras y rescindir los contratos a las constructoras a finales de 2011. María Dolores de Cospedal, recién llegada a la presidencia, anunciaba a la prensa que “no hay dinero” para sacar adelante el proyecto tal y como estaba concebido. Para entonces ya se habían gastado 140 millones y se había ejecutado el 30% de la obra, iniciada cinco años antes.
El megahospital de Toledo destaca por sus cifras abrumadoras —36 quirófanos, 800 habitaciones, 200 salas de consulta...—, pero lo cierto es que muchos municipios lucen solares o esqueletos de hormigón sin obreros donde se prometieron flamantes hospitales. También hay edificios terminados que no se inauguran porque ponerlos en marcha asfixiaría aún más las maltrechas arcas regionales. El problema es que ni así salen baratos: el hospital de Collado Villalba, en Madrid, cuesta 900.000 euros por cada mes que permanece cerrado. Pese a que no funciona, el Gobierno regional está obligado a pagar el canon a Capio, la empresa que lo ha construido y lo gestionará durante 30 años.
Las promesas electorales de nuevos hospitales en regiones de toda España se convirtieron en una constante en el periodo que Juan Oliva, presidente de la Asociación de Economía de la Salud, llama “la década prodigiosa de crecimiento económico reciente”, hasta el año 2008. Una época, añade, en la que “podemos identificar arquetipos de mal gobierno a la hora de abordar inversiones poco meditadas y temerarias, localismo en el desarrollo de centros y carteras de servicio y abandono de referentes técnicos en la planificación de oferta”. Llegó la crisis, y la burbuja hospitalaria, como las demás, también pinchó. Aquellas promesas son las losas que ahora asfixian muchos presupuestos regionales. Los mismos que no dejan de recortarse en sanidad, la partida hasta hace muy poco intocable, que ha perdido 6.700 millones desde 2010. Menos personal, más listas de espera, cierre de urgencias rurales, material de peor calidad...
Muchos expertos se preguntan si eran necesarios todos los hospitales que se proyectaron en esa época. El servicio de salud valenciano sigue funcionando —bien, según sus responsables— pese a que los hospitales de Llíria y Gandia están acabados pero precintados y los de Torrent, Vall d’Uixó, Peñíscola, Ontinyent y Benidorm no pasaron de su condición de proyectos.
“Sin duda, los intereses cortoplacistas —electorales— han jugado un papel muy importante”, señala Oliva, que no circunscribe su reflexión a Valencia, sino a toda España. “Sobre hasta qué punto muchas de estas inversiones estaban o no justificadas, es muy difícil saberlo sin disponer de la información adecuada. Y, por desgracia, en el último periodo económico expansivo, la propaganda tomó la delantera a la información, especialmente cerca de elecciones, en lo que respecta a la actividad de muchos ministerios y consejerías”, añade.
Ejemplo de ello es la Comunidad de Madrid. Esperanza Aguirre irrumpió en la campaña de 2003 con una osada promesa: construir nada menos que siete hospitales en una legislatura. Uno de ellos era en realidad el traslado del Puerta de Hierro, situado en un edificio obsoleto a las afueras de la capital, a un nuevo emplazamiento en Majadahonda. Los otros seis eran completamente nuevos, es decir, iban a atender a población que hasta entonces se desplazaba a otros barrios o municipios para ir al especialista. Los contratos de concesión de obra pública —modelo inglés: las empresas construyen y proveen los servicios no sanitarios y la construcción no computa como deuda para el déficit— se adjudicaron en 2005. No estuvieron listos para la siguiente campaña electoral, pero Aguirre, en un insólito maratón inaugurador, consiguió abrirlos todos con apenas un mes de diferencia en 2008. Justo a tiempo para esquivar la crisis.
¿Eran necesarios? ¿Se diseñaron de acuerdo a algún plan? Si lo hubo, no llegó a la opinión pública. Solo cinco años después de inaugurarlos, Madrid acaba de presentar un plan de ahorro que incluye la privatización total de la gestión de esos seis hospitales y que viene a asumir que sobran dos centros de la capital, el Carlos III y La Princesa. El primero se quiere transformar en un centro de media y larga estancia. El segundo iba a ser, hasta que las protestas de la marea blanca hicieron recular al Gobierno regional, un centro especializado en mayores de 75 años. Es decir, hacen falta recursos sanitarios para una población envejecida.
“En el caso de Madrid, lo que está claro es que no hubo una planificación seria”, afirma Félix Lobo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Carlos III. “No hay un solo documento en el que se sustente una operación de tantos hospitales a la vez. He pedido el plan de infraestructuras sanitarias a la Consejería y no he conseguido nada. Un alto cargo me ha reconocido que no existe. No puedo saber si eran necesarios o no, nadie puede saberlo. Y solo eso ya es gravísimo. ¿Dónde está la planificación sanitaria?”, se pregunta. “Podría muy bien ocurrir que alguno no fuera necesario. De hecho, parece que ya se está notando un exceso de capacidad, con hospitales tradicionales con plantas vacías y menos actividad”, añade.
Aguirre consiguió sacar adelante el primer paquete de hospitales. En su segunda campaña electoral prometió cuatro más, estos de gestión enteramente privada. Móstoles y Torrejón de Ardoz ya están en funcionamiento. El de Carabanchel se desestimó y fue sustituido por un acuerdo para que el hospital militar Gómez Ulla atendiera a los vecinos de la zona. El cuarto, el de Collado Villalba, es el perfecto ejemplo del pinchazo de la burbuja. Aguirre llegó a declarar la obra de “interés general” para acelerar los trámites urbanísticos. Ahora, ya construido, se mantiene cerrado al menos hasta diciembre.
Capio, la adjudicataria de este último centro, asegura que se halla cerrado por razones ajenas a ella. Los 900.000 euros mensuales que recibe del gobierno madrileño los obtiene como compensación por mantener “el hospital y sus equipamientos en perfectas condiciones en previsión de una próxima apertura”. El dinero que percibe, asegura la compañía, “representa un esfuerzo económico” para ella “ya que está por debajo de la cifra de explotación del centro si estuviera abierto”, lo que representa “el mayor interés de la empresa”.
“El crecimiento de hospitales no es homogéneo por comunidades”, afirma Salvador Peiró, del Centre Superior d’Investigació en Salut Pública (CSISP), un organismo que depende de la Generalitat valenciana. “Se concentra en Madrid, Castilla-La Mancha, Valencia y Andalucía, aunque en esta última son los llamados hospitales de alta resolución, que prácticamente no tienen camas”. En su opinión, el incremento del gasto sanitario fue “extremadamente clientelar”, en ocasiones se asoció a estrategias urbanísticas —“generar un área de desarrollo urbanístico explica algunas decisiones de por qué se han hecho y dónde se han colocado los hospitales nuevos”— y llevó al “despilfarro”.
Hay ejemplos de hospitales con las obras paradas o acabados y sin abrir en muchas regiones. El nuevo centro hospitalario de Vigo, el área sanitaria más saturada de Galicia, está paralizado desde el verano. La estructura principal ya está construida, pero la Xunta lleva meses buscando financiación. El nuevo hospital de Cáceres se anunció por primera vez en 2002, se licitó en 2006 y aún está a medio construir y con las obras paradas desde abril. El Gobierno actual, del PP, “ante la falta de ingresos, y con la losa del déficit heredado” ha apostado por la colaboración público-privada como “la única fórmula posible en el actual escenario”, señala una portavoz. El hospital de Salamanca lleva en barbecho desde mediados de 2011, pero según la Junta de Castilla y León no se debe a problemas de financiación sino a la necesidad de desviar un colector en la parcela. Lo cierto es que estaba previsto inaugurarlo en 2014 y ya se ha retrasado hasta 2017.
Castilla-La Mancha se ha propuesto sacar adelante en esta legislatura el hospital de Toledo, pero no lo hará siguiendo el “desproporcionado” plan funcional del anterior Gobierno (del PSOE), explica una portavoz. No ofrece detalles sobre cómo será el nuevo proyecto, pero una versión del plan encargado por Cospedal a la consultora Mensor habla de acabar solo por fuera algunos edificios y dejar sin ocupar sectores que suman más de 400 camas. La portavoz señala que la última versión puede ser diferente y que la empresa no cobrará los más de 60.000 euros que ha costado el plan funcional (adjudicado mediante procedimiento negociado sin publicidad) hasta que entregue el definitivo. La oposición socialista denuncia que el centro tenía la financiación comprometida y que Cospedal paralizó la obra por razones políticas.
El hospital de Toledo sigue adelante, anuncia repetidamente el consejero de Sanidad castellanomanchego, José Ignacio Echániz, pero otros dos centros con obras en punto muerto, en Guadalajara y Cuenca, tendrán que esperar. “El nuevo Gobierno se encontró con la crisis y con deudas y estos dos proyectos no se reanudarán hasta conseguir financiación”, señala la portavoz. Andalucía, que no puede recurrir a la herencia recibida, también tiene proyectos paralizados. La consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE), confirmó hace unas semanas que los edificios previstos pero cuyas obras no hayan comenzado quedan aplazados hasta que mejore la situación presupuestaria. Los proyectos de hospitales en Cádiz, Málaga o la ciudad sanitaria de Jaén quedan así en suspenso. Otros, como el Clínico de Granada, están prácticamente terminados pero falta dinero para equiparlos. En Euskadi, el proyecto del hospital de Eibar, con las obras adjudicadas, no se iniciará en 2013 por falta de presupuesto.
A José Ramón Repullo, profesor de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad, no le gusta hablar de burbuja hospitalaria porque “no se produce una de las características especulativas de las burbujas: comprar para vender”. Él define la situación de otra manera: “Aquí se da esencialmente una alianza entre constructoras, políticos regionales y políticos locales, con el silencio más o menos cómplice de los demás agentes, que no se atreven a levantar la voz. ¿Quién puede decir que no hace falta un hospital en un sitio concreto, y no correr el riesgo de ser corrido a gorrazos por los vecinos y comerciantes interesados?”.
* El País - ELENA G. SEVILLANO - 5.3.13
Foto: Toledo, nuevo hospital paralizado - aerofoto
Segovia.- Se debe regularizar la situación urbanística de El Llano Amarillo
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ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* se ha dirigido al Presidente de la Comisión Territorial de Urbanismo de Segovia para solicitar que, siguiendo las indicaciones contenidas en la Ley de Montes de Castilla y León, clasifique al paraje conocido como El Llano Amarillo bajo la figura de “Suelo Rústico con Protección Natural”. La Ley de Montes, en vigor desde 2009, dispone que los terrenos pertenecientes a los Montes de Utilidad Pública de la región (como es el caso del Llano Amarillo) sean clasificados bajo esa figura en los planes urbanísticos.
“El Llano Amarillo” es un espacio abierto situado en el límite norte de los Montes de Valsaín, en el término Municipal de San Ildefonso (Segovia). Este enclave se encuentra en las cercanías del antiguo campamento de las Milicias Universitarias de El Robledo, razón por la que fue utilizado para realizar prácticas y ejercicios militares entre 1942 y 1972.
El espacio, catalogado como Monte de Utilidad Pública (MUP) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), forma parte de Montes de Valsaín, propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales. Así mismo está incluido dentro del ámbito de aplicación del Plan de Recuperación del Águila Imperial Ibérica en Castilla y León, lindando con el área crítica SG-3.
Ya en el año 2002, la Sección de Espacios Naturales y Especies Protegidas del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León elaboró un informe (fechado el 25 de junio) en el que se alertaba de que la zona “podría tener un papel importante como área de caza y campeo” del águila imperial, “además de constituir el territorio de cría y alimentación de muchas otras especies menores”. En el citado informe también se alertaba de que la instalación de un polígono industrial no sólo era “poco compatible con el uso recreativo y de esparcimiento de la zona”, sino que “destruiría definitivamente la capacidad de dicho hábitat para cumplir sus funciones como lugar de cría y alimentación de especies protegidas”.
Un estudio realizado recientemente por el biólogo Miguel Ángel Hernández confirma que el espacio posee un elevado valor ecológico, jugando un papel fundamental para algunas especies de aves entre ellas, el Águila Imperial Ibérica y el Milano Real, ambas declaradas en peligro de extinción. Se ha constatado que El Llano acoge una abundante población de conejo silvestre, que es la presa principal del águila imperial ibérica. Esta población prospera debido a una conjunción de circunstancias singulares: el carácter abierto del terreno, la ausencia de carga ganadera y la ausencia de caza. De esta forma, el espacio juega un importante papel en la conservación del águila imperial, al ser refugio y espacio de dispersión de las poblaciones de su presa esencial.
El Ayuntamiento del Real Sitio amenaza la conservación del lugar
En el año 1981 la mayor parte del Llano Amarillo fue clasificada como “urbanizable”, a pesar de encontrarse a varios kilómetros del casco urbano. Sin embargo, desde entonces la zona ha permanecido inalterada. Al elaborar el nuevo Plan General de Urbanismo (PGOU), el Ayuntamiento del Real Sitio decidió catalogar los terrenos como suelo industrial (Sector Urbanizable Industrial SUR-2). Eso a pesar de que la Ley de Montes de Castilla y León indica con claridad que los terrenos pertenecientes a Montes de Utilidad Pública (como es el caso del Llano Amarillo) deben ser calificados como “Suelo rústico con Protección Natural”. Previamente, el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y la propia la Consejería de Medio Ambiente habían emitido informes desfavorables a la propuesta urbanizadora. El Organismo Autónomo Parques Nacionales, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, propietario y gestor de los terrenos, también informó desfavorablemente la pretensión del Ayuntamiento.
No obstante, la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU), en sesión de 26 de julio de 2011, dio luz verde al PGOU de La Granja, acordando dejar en suspenso la aprobación definitiva de la clasificación del sector del Llano Amarillo, requiriendo que, o bien los terrenos sean clasificados como suelo rústico con protección natural o, alternativamente, que el Ayuntamiento los adquiera y promueva su desafectación. La CTU asignó a los terrenos, de forma provisional, el régimen de suelo rústico común.
Esta extraña decisión motivó que Ecologistas en Acción de Segovia impugnara el PGOU, al considerar que los poderes públicos no sólo no habían cumplido con el imperativo legal sino que, de hecho, con esa decisión estaban facilitando que el municipio esquivara el mandato de la Ley de Montes.
Una catalogación innecesaria y destructiva
Aparte de la importancia de salvaguardar la integridad de los Montes de Utilidad Pública, desde Ecologistas en Acción de Segovia se destaca que en el entorno de Segovia hay ya una gran cantidad de suelo catalogado como industrial que no está siendo ocupado. De hecho, los polígonos industriales semivacíos, muchos en estado de semiabandono, se han convertido en una imagen recurrente en el paisaje provincial. Creemos que, en este contexto, sería ilógico crear un nuevo enclave industrial, de incierto futuro, sacrificando un espacio de alto valor ecológico, paisajístico y recreativo (la parcela colinda con el área recreativa de El Robledo, muy frecuentada por segovianos y visitantes).
* Ecologistas En Acción - Segovia - 28.2.13
Foto: San Ildefonso (Segovia), Llano Amarillo - EA
La PAH ve “inadmisible” que haya viviendas públicas vacías
ELPAÍS/Madrid* : "Hay un incumplimiento sistemático por parte de la Comunidad de su obligación de proveer el derecho a la vivienda a los ciudadanos, ya que tiene transferidas esas competencias". En estos términos ha hablado Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, esta mañana en la Asamblea de Madrid, adonde ha acudido a informar sobre la situación de los desahuciados en la comunidad ante la Comisión de Asuntos Sociales.
Mayoral ha dicho que el Gobierno regional se burla de ellos cuando dice que pondrá viviendas públicas a disposición de los desahuciados, ya que por ley "ya hay un cupo de especial necesidad en el Instituto de la Vivienda de Madrid que debería haberse cumplido y que está sistemáticamente incumpliendo". El abogado ha explicado que la Comunidad tiene la "obligación de poner vivienda pública para las personas sin alternativa cuando se produce un desahucio", cosa que, según él, no está haciendo mientras hay "miles de viviendas públicas que están siento tapiadas" en la región.
Antes de comparecer, en los pasillos de la Asamblea, el asesor de la plataforma ha explicado que "no es admisible que siga habiendo en Madrid un parque público de viviendas vacías y abandonadas y no se hayan tomado medidas por parte de la Comunidad para impedir que una entidad en la que ha tenido una amplia participación como Bankia, ejecute desalojos forzosos sin alternativa y las condenas a deudas perpetuas". Ha acusado además a las administraciones de no suministrar datos acerca del número de desahucios, de los que ha dicho que, en la capital, se producen unos 50 lanzamientos cada día.
Asimismo, ha considerado "inadmisible que en los juzgados de Madrid queden las personas en situación de indefensión y no estén siendo informadas de la justicia gratuita para poder defenderse en estos procedimientos" y que las medidas adoptadas para afrontar la situación son insuficientes y que "lo único que se está haciendo es poner miles de millones de euros al servicio de las entidades financieras". Mayoral ha recordado que se está tramitando una iniciativa legislativa popular en el Congreso de los Diputados, a la que se ha referido como un "acuerdo de mínimos". "Este es un primer paso y no aceptaremos rebajas en esos contenidos ajustados".
No es la primera vez que un portavoz de la plataforma interviene en un parlamento. Hace un mes su portavoz, Ada Colau, acudió al Congreso de los Diputados para defender esa propuesta de mínimos que exige a los representantes de la Cámara un debate sobre la dación en pago retroactiva, la moratoria de desahucios y el alquiler social. Antes, el grupo popular, que tiene mayoría, advirtió que no apoyarían la discusión de la iniciativa legislativa popular. La intervención de Colau tuvo mucha repercusión ya que, entre otras cosas, tachó de criminal al secretario general de la Asociación Española de Banca, Javier Rodríguez Pellitero.
* El País - AGENCIAS / EL PAÍS Madrid 5 MAR 2013
Foto: Madrid, Ministerio de Vivienda - madridmasd.org
La corte inmobiliaria de Barbadás
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ELPAÍS/Ourense* : José Manuel Freire Couto, el alcalde baltarista de Barbadás que ha acumulado con su mujer un patrimonio en fincas e inmuebles cercano al millón de euros, ha convertido A Valenzá, el núcleo urbano del municipio colindante con la capital ourensana, en la apoteosis del ladrillo. En apenas tres décadas ese rural abandonado, zona de expansión natural de la ciudad, se fue llenando de vida atraída por la oferta, a precios asequibles, de un sinfín de viviendas que proliferaron al mismo tiempo que la creación de empleos municipales, copados por personas vinculadas al PP, y las mayorías arrolladoras del regidor.
Hasta 2011, en las sucesivas corporaciones que presidió, Freire se parapetó en una corte de promotores con los que llenó sus listas electorales. Buena parte de sus concejales de confianza diseñaron el urbanismo vertical de A Valenzá al mismo tiempo que hacían negocio. Ahora, con el boom de la construcción parado incluso en A Valenzá y con el baltarismo de capa caída, Freire está bajo sospecha. Su considerable patrimonio y su vinculación al administrador de la inmobiliaria Mahía-Maexpa, Ramón López Casal, a quien un juez de Valladolid ha impuesto una fianza millonaria tras imputarlo por los presuntos delitos de corrupción urbanística y cohecho, lo ponen bajo los focos.
La obsesión edificadora de los promotores privados que se asentaron en A Valenzá, muchos ocupando los escaños del ayuntamiento, aniquiló la iniciativa pública en esta localidad de Barbadás: ni una sola vivienda social, ni la cesión del 10% de edificabilidad en algunas de las áreas de reparto, ni instituto, ni polideportivo, ni servicios sanitarios. Solo una sucesión de edificios y torres para acoger a 15.000 personas (tiene 10.000 en este momento) apelotonadas en un núcleo por el que no existe más salida a la carretera nacional que una rotonda construida por el centro comercial Carrefour tras obtener licencias de Ourense y Barbadás.
Freire y sus concejales promotores se vieron obligados a incluir en el plan de ordenación municipal un vial de salida. El Ministerio de Fomento y la Xunta condicionaron a la construcción de esta infraestructura la aprobación del planeamiento. La corporación municipal lo dibujó en los planos y el plan fue bendecido en 2002. Pero después desapareció del plano para siempre. Ni rastro de la gran obra. Mahía-Maexpa edificó sin sobresaltos un gran número de viviendas en esa área de reparto.
El vial no fue lo único que se esfumó del planeamiento. Las modificaciones que el grupo de gobierno realizó sin pasar por pleno incluyeron también la supresión de un parque. No había espacio entre tanto ladrillo. Rodeado de promotores en su actividad pública, Freire acabó abrazando la misma causa. El regidor no solo creó sus propias inmobiliarias sino que intimó con el administrador general de Mahía, Ramón López Casal, que también hizo negocio en el boom edificador de A Valenzá (edificó más de 300 viviendas) y al que Freire asegura que le compró propiedades. “Algunas se las pagué y otras se las estoy pagando”, precisó en el pleno extraordinario que convocó la semana pasada, acosado por las sospechas, para intentar despejar dudas sobre su enriquecimiento y en el que acabó reconociendo que había defraudado el IRPF a Hacienda durante cinco años.
Su amigo López Casal está siendo investigado judicialmente por supuestos cobros en dinero negro y también por supuestos indicios de fraude contra la Hacienda Pública. López Casal y Freire Couto, este a través de su hija, comparten sede inmobiliaria en el mismo inmueble de la localidad portuguesa de Matosinhos.
La corte de promotores inmobiliarios de la que se rodeó el alcalde de Barbadás en sus encadenados y arrolladores mandatos constituye, en realidad, el mapa del baltarismo al que asoma, incluso, el máximo oponente interno de este sector del PP en la provincia, el delegado de la Xunta en Ourense, Rogelio Martínez. Los concejales-constructores de Freire forman parte de un entramado de empresas que acaban en una ligazón directa con el Club Deportivo Ourense, la ruinosa empresa deportiva que el primero de los Baltar se empeñó en adquirir y por la que está siendo investigado por Hacienda.
José Ramón Fernández Iglesias, concejal de Obras durante casi dos décadas con Freire (abandonó en 2007 la actividad política) está considerado uno de los principales pilares de la construcción en A Valenzá. Mientras tomaba decisiones políticas sobre el desarrollo urbanístico de esa localidad tenía registradas empresas que edificaron buena parte del núcleo urbano. A través de Cofervi, Fernández participó en la construcción del colegio privado Luis Vives en el que figura como accionista. Cofervi está participada por Promociones Avenida de Santiago de la que es administrador Adolfo Domínguez Suárez. El exconcejal de Obras y exmiembro de la comisión de gobierno de Barbadás José Ramón Fernández, compartía este socio con el también exconcejal y exmiembro de la misma comisión de gobierno Antonio Currás, dueño de varias constructoras.
Fernández ha estado vinculado a 17 empresas. Entre otras, Inversiones Deportivas Auria creada en 2007. La sociedad está presidida por el exdelegado provincial de Agricultura, Agustín Prado Verdeal (principal acreeor del Club Deportivo Ourense) y ocupan cargos en ella, además del exedil de confianza de Freire y de otro de sus concejales promotores, Felipe Rodríguez Vide, destacados cargos, o excargos, del PP como Joaquín Muñoz, Juan Carlos Fasero (exconcejal en Arnoia durante los mandatos del actual delegado de la Xunta en Ourense y ahora director de la SGAE Noroeste) o Fidel Martínez, hermano y socio del superdelegado. Buena parte de los consejeros de Inversiones Deportivas Auria lo son o han sido también del Club Deportivo Ourense. Como José Ramón Fernández, el exconcejal de Obras que diseñó mano a mano con Freire Couto el boom del ladrillo de A Valenzá que ahora se resquebraja y da paso a la pandemia de los desahucios.
Entrega de documentos al fiscal
“¡No me comparen!” con el alcalde de Arroyo de la Encomienda, clamó airado Freire en el pleno de la semana pasada cuando PSOE y BNG le espetaron los datos de un reportaje publicado en la revista Interviú en el que se exponía el paralelismo entre el papel de Mahía en ese municipio vallisoletano y en el de Barbadás. Arroyo de la Encomienda es, como A Valenzá respecto a Ourensee, colindante y zona de expansión de Valladolid en donde, igual que en la localidad ourensana, Mahía se asentó y llevó a cabo (en el mismo periodo de tiempo que en el municipio ourensano) importantes urbanizaciones. Como Freire, el alcalde de Arroyo, José Manuel Méndez Freijo, comparte sede empresarial en Matosinhos con López Casal, el dueño de Mahía.
El malestar del regidor ourensano lo produjo el hecho de que tanto Méndez Freijo como López Casal están imputados por un juez de Valladolid por los supuestos delitos de corrupción urbanística y cohecho en relación con esas actuaciones inmobiliarias. A Freire solo lo ha investigado hasta el momento la Agencia Tributaria, a la que ocultó ingresos por 208.000 euros entre 2007 y 2010 —“un pequeño desequilibrio”, en sus palabras— pero el portavoz del BNG en Barbadás, Xosé Manuel Fírvida, entregará esta semana al fiscal un abultado dossier con supuestas ilegalidades en la gestión del planeamiento urbanístico. “No es una denuncia”, explica el nacionalista, sino la entrega de documentación oficial que “un anónimo dejó en mi buzón”. Fírvida acude con la documentación a la fiscalía porque sostiene que no quiere “ser partícipe" con su "silencio” de posibles delitos.
* El País - CRISTINA HUETE Ourense 4 MAR 2013
Foto: Panorámica de edificios construidos en la localidad de A Valenzá (Barbadás) limítrofe con Ourense / NACHO GÓMEZ
