LAPROVINCIA/Lanzarote* : La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al exalcalde de Teguise y actual diputado regional de CC, Juan Pedro Hernández, a 1.500 euros de multa y a la inhabilitación para el cargo de alcalde y concejal durante un periodo de 25 meses y quince días por un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística por dar la licencia de obras para dos viviendas en contra de los informes municipales.
Hernández, que fue alcalde entre los años 1991 y 2007 y posteriormente entre el 2009 y 2011, concedió la primera de las licencias en septiembre de 1999 para la construcción de una segunda casa en una vivienda afectada por el Bien de Interés Cultural de la Fundación César Manrique en Tahíche, mientras que la otra licencia fue para la construcción de una vivienda unifamiliar en el pueblo de Muñique.
Según el TSJC el acusado en su condición de alcalde de Teguise otorgó las dos licencias que le habían sido solicitadas a pesar de haber sido informado desfavorablemente dicho otorgamiento por los técnicos municipales, "quienes, además, solicitaban en su informe un estudio técnico jurídico para saber si se podían conceder las licencias, sin que por parte del acusado se requirieran aquellos informes jurídicos previos del Servicio Jurídico del Ayuntamiento o del Secretario de la Corporación".
El TSJC tampoco exculpa a Hernández de este delito a pesar de que las Normas Subsidiarias de Teguise obtuvieran la aprobación definitiva del Gobierno de Canarias en el año 2001, y que con tal aprobación quedaran calificados como urbanos los suelos donde se llevaron a efecto las edificaciones para las que el acusado había otorgado las licencias de obra, "porque, en cualquier caso, cuando se otorgaron las licencias tales Normas de planeamiento eran un mero proyecto, sin capacidad alguna para clasificar suelo urbano, y, por tanto, la actuación desarrollada por el acusado se efectuó contraviniendo la normativa urbanística vigente". El Tribunal insiste en que el alcalde era conocedor de la ilegalidad de su conducta.
* La Provincia - D. RIVERO - 9.11.12
Foto: Teguise, costa (Lanzarote) - lavozdelanzarote.com
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FARODEVIGO* : Los ayuntamientos carecen de medios y fondos suficientes para regular y controlar por sí solos el urbanismo dentro de su término municipal. Es un hecho asumido desde hace tiempo por los concellos y la propia Xunta, que en los últimos años ha respondido con cierta permisividad ante los reiterados incumplimientos de los ejecutivos locales. Pero la disciplina municipal del vai facendo se ha acabado. Al menos en los ayuntamientos gallegos que han dejado en manos de la Xunta la lucha contra el feísmo y el desorden urbanístico. Desde la puesta en marcha en 2008 de la Axencia Galega de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, un total de 57 municipios gallegos -el mayor, el de Ponteareas, con poco más de 22.000 habitantes- se adhirieron a la entidad para que sea el Gobierno autonómico el que tramite las multas y dicte las órdenes de derribo sobre cientos de edificaciones ilegales levantadas en su territorio durante las últimas décadas.
Los hay sin planeamiento urbanístico, con normas subsidiarias, pero también con PXOM; bajo alcaldías del PSdeG, PP y BNG; de menos de mil habitantes y de poco más de 20.000. Pero todos tiene dos puntos en común: sus escasos recursos para impulsar inspecciones urbanísticas y las dificultades para restaurar la legalidad en su concello por tratarse de una administración cercana a los posibles infractores.
Con esta cesión de competencias en materia sancionadora a la Xunta (17 concellos de la provincia de A Coruña, 8 de Lugo, 21 de Ourense y 11 de Pontevedra), los ayuntamientos se olvidan del complejo y farragoso papeleo que acarrea la tramitación de las sanciones y que en la mayoría de los casos les resulta imposible de abordar por la falta de personal técnico. A cambio de esta gestión en materia de urbanismo, los ayuntamientos ceden a las arcas autonómicas el 50% de la recaudación de las multas tramitadas por la APLU, que van desde los 300 euros por la ejecución de una obra sin licencia hasta el millón de euros que prevé la Lei do Solo por las infracciones muy graves o reiteradas. A lo largo de este año, tan solo dos concellos cedieron su competencias en materia de gestión urbanística a la APLU: Fene (A Coruña) y Nogueira de Ramuín (Ourense).
En los más de cuatro años de funcionamiento de la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística derribó más de 200 obras ilegales. En sus primeros cinco meses de operatividad, la entidad dependiente de la Consellería de Medio Ambiente tumbó cinco edificaciones. En 2009, la cifra de demoliciones se elevó a 37, al año siguiente a 38 y 2011 sumó 72 demoliciones, un 94% más que en 2010, cuando fueron 38. Por provincias, 28 de los derribos fueron en A Coruña, otros 23 en Pontevedra, 12 más en Lugo y 9 en Ourense.
En cuanto a los expedientes de reposición incoados, el número total ascendió el pasado año a 237, de los que 83 fueron en Pontevedra, 56 en concellos coruñeses, 55 en Lugo y 43 en Ourense. Las multas por no cumplir las resoluciones dictadas por los técnicos de la APLU superaron las 400. A lo largo de este año, las excavadoras tumbaron en la comunidad otras 57 obras levantadas de manera irregular.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 11.11.12
Foto: Vivienda sin licencia derribada en San Cibrao (Ourense). // Iñaki Osorio
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LAOPINIÓN/Gran Canaria* : La Fiscalía Anticorrupción pide para el diputado regional del Partido Popular (PP), Jorge A. Rodríguez Pérez, una pena de un año y ocho meses de prisión y cinco de inhabilitación para cargo público por su supuesta participación en el denominado caso Europa, una subtrama de la operación Faycán, en el que se ha investigado la presunta connivencia entre la ex edil del PP de Obras Públicas María Antonia Torres (fallecida) y Rodríguez con la empresa Grupo Europa para construir 71 viviendas de protección oficial en La Jardinera, en Gran Canaria, a través de la empresa municipal Urvitel.
En el procedimiento también se encuentran imputados el jefe de Urbanismo de Telde, José Luis Mena; el exresponsable de Patrimonio, Pedro Pablo Santana, el exgerente de la empresa municipal Urvitel, José Luis Saavedra, el administrador único del Grupo Europa, José Manuel Antón Marín, el exdirector de la inmobiliaria en Canarias, Francisco Benítez Cambreleng, y también la esposa de Saavedra, Verónica García.
El delegado de la Fiscalía Anticorrupción en Canarias, Luis del Río, solicita para todos ellos penas de prisión que van desde el año y tres meses al que se enfrenta Cambreleng, denunciante de la trama, hasta ocho años para Mena. Asimismo, las multas ascienden hasta casi los dos millones de euros.
Según el escrito de acusación, Antón Marín, como administrador único del Grupo Europa S.A., inició una serie de movimientos con el "objetivo de conseguir una gran cantidad de las viviendas de protección oficial" y para poder obtenerlas "decide recurrir al pago de comisiones a quien sea necesario".
En este sentido, el Ministerio Público asegura en el escrito remitido a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que el empresario "pagó a diversos responsables políticos y técnicos pertenecientes al ayuntamiento de Telde" cantidades que ascienden a "240.000 euros".
La persona con la que entró en contacto Antón Marín para llevar a cabo sus planes fue con el parlamentario popular, Rodríguez Pérez "con quien acordó que, a cambio de ciertas cantidades de dinero, influiría en los ayuntamientos que eran gobernados por el partido al que pertenece para que contratase con el Grupo Europa", se asegura en la acusación.
De esta manera, llegó a cobrar "64.010,06 euros" entre los años 2003 y 2005 en una serie de actuaciones que fueron "determinantes" para que Antón Marín "consiguiese obtener la adjudicación del concurso para la gestión de la construcción de viviendas de protección oficial así como para que se tramitarán diversos expedientes en el Ayuntamiento que eran necesarios para que al final se pudiesen construir esas viviendas", resume del Río en su escrito de acusación.
Con este fin, Rodríguez Pérez introdujo a Torres en el círculo de Antón Marín ya que ella "era la persona clave al acumular entre sus funciones los cargos de consejera delegada y vicepresidenta de la empresa municipal Urvitel y la concejala de Obras, Viviendas, Contratación y Solidaridad del Ayuntamiento".
En este punto, del Río desgrana en el escrito la supuesta actuación delictiva y cobro de comisiones por cada uno de los imputados en una trama en la que se dan cita delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, falsedad en documento mercantil y contra el mercado y los consumidores.
Así, la misión de Cambreleng, como director en Canarias del Grupo Europa fue, presuntamente, llevar a las oficinas de Urvitel la oferta realizada por la empresa para adjudicarse las obras de las viviendas de protección oficial o la de Saavedra, como gerente de Urvitel, el presunto cobro de comisiones para favoreciese la adjudicación y ayudase en los trámites.
Sin embargo, es Mena Santana y Santana Marrero quienes, tras adjudicarse el concurso al Grupo Europa, bloquean "la tramitación de los correspondientes expedientes de licencias y de modificación puntual del Plan General de Ordenación (PGO)" para acometer las obras hasta que no reciban, supuestamente, el correspondiente soborno.
Después de los pagos, se desbloqueó el proyecto y, pese a que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) rechazó la modificación del Plan General de Ordenación, los expedientes de licencia de obra mayor fueron aprobados por unanimidad en Junta de Gobierno local a finales 2005.
* La Opinión Tenerife - BORJA VALCARCE - 6.11.12
Foto: Telde, registro caso Faycán - Teldeactualidad
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PÚBLICO* : La abogada general del Tribunal de Justicia de la UE (TUE), Juliane Kokott, dictaminó este jueves que la ley española sobre los desahucios viola la Directiva 93/13 de la Unión Europea al permitir la introducción de cláusulas abusivas en los contratos de préstamos hipotecarios que establecen los bancos y que, en caso de incumplimiento, acaban en la ejecución forzosa del desalojo. Su informe se basa en la demanda de Mohamed Aziz contra CatalunyaCaixa después de que se le expulsara de manera forzosa de su vivienda en 2011.
Aziz invocaba en esa denuncia la Directiva 93/13, que establece la normativa comunitaria sobre las cláusulas contractuales abusivas que figuren en un contrato entre cualquier profesional y un consumidor. De este modo, el juzgado catalán decidió remitir una serie de preguntas al Tribunal europeo para despejar las dudas antes de pronunciarse.
Kokott aclara en el dictamen que no existe una legislación comunitaria específica que regule los desahucios y que, por tanto, es un tema que le corresponde gestionar a cada estado miembro. Pero en el caso concreto de España, a la hora de aplicar la normativa procesual, no se garantizan todos los derechos de los consumidores ya que se pasa por encima la existencia de esas cláusulas abusivas. Por tanto, la abogada considera en sus conclusiones que la ley es incompatible con dicha Directiva.
"Un sistema de ejecución de títulos notariales sobre bienes hipotecados o pignorados en el que las posibilidades de oposición frente a la ejecución se encuentran restringidas es incompatible con la Directiva 93/13 cuando el consumidor, ni en el propio procedimiento ejecutivo ni en un procedimiento judicial separado, puede obtener una tutela jurídica efectiva para ejercitar los derechos reconocidos en dicha Directiva, por ejemplo mediante una resolución judicial que suspenda provisionalmente la ejecución forzosa", expresa la abogada.
Según ella, el tribunal que lleve el procedimiento debe tener el poder de suspender de forma provisional la ejecución forzosa del desahucio hasta que se haya comprobado si existen cláusulas abusivas en el contrato hipotecario. Asimismo, incide en que sin esa herramienta, el juez no podrá tampoco impedir los perjuicios creados al dueño de la casa, algo que califica de "muy difícil o imposible reparación".
"Cuando el bien inmueble gravado con la hipoteca es la vivienda del deudor, difícilmente es apropiada la sola reclamación de indemnización por daños y perjuicios para garantizar eficazmente los derechos reconocidos al consumidor en la Directiva 93/13", escribe Kokott quien repite que la legislación española "no constituye una protección efectiva contra las cláusulas abusivas del contrato el hecho de que el consumidor, a raíz de dichas cláusulas, deba soportar indefenso la ejecución de la hipoteca con la consiguiente subasta forzosa de su vivienda y la pérdida de la propiedad y el desalojo subsiguientes, y que sólo con posterioridad esté legitimado para ejercitar la acción de daños y perjuicios.
Cuatro impagos y desahucio
Aziz compró su casa en 2003 y firmó su hipoteca con Caixa D'Estalvis de Catalunya (hoy CatalunyaCaixa). En 2007 renegoció el préstamo -117.000 euros- opara la hipoteca y la caja de ahorros le concedió otra hipoteca de 138.000 euros a devolver en 33 años. En 2008 Aziz tuvo muchas sificultades para pagar las cuotas, lo que comenzó a generarle intereses por el retraso. Finalmente, tras dejar de pagar cuatro meses seguidos, CaixaCatalunya decidió rescindir el contrato de manera anticipada y reclamó el pago inmediato de la deuda y el posterior desahucio.
En su demanda, los abogados de Aziz ponen en cuestión si pueden considerarse abusivas tres de las cláusulas del contrato hipotecario que firmó con CatalunyaCaixa, lo que llevó al juzgado catalán a remitir sus dudas a Luxemburgo. La primera sobre la que pide una aclaración el juzgado barcelonés se refiere a si respeta la legislación europea el hecho de que la caja de ahorros pueda exigirle a un cliente la devolución total del crédito por el incumplimiento de una cuota o varias en un periodo de tiempo muy determinado y concreto pese a que la hipoteca estaba proyectada a 33 años.
Sobre esto, Kokott asegura que "la obligación de pago de las cuotas es la obligación contractual esencial del prestatario". No obstante, recuerda que el juez nacional debe tener en cuenta si la rescisión del contrato hipotecario de manera inmediata y unilateral provoca un "desequilibrio" entre los derechos y obligaciones contractuales. En concreto, es el juez el que debe "examinar de manera particular en qué medida la cláusula se aparta de la normativa española que sería aplicable a falta de pacto; si lo estipulado en la cláusula responde a una razón objetiva; y si el consumidor, a pesar de la alteración del equilibrio contractual en favor de quien ejercita la cláusula, no queda considerablemente desprotegido".
Intereses de demora
La segunda cláusula que los abogados de Aziz ponen en evidencia es la que habla de los intereses de demora que se le impusieron al retrasarse en el pago de las cuotas de su hipoteca. CatalunyaCaixa le impuso un interés del 18% cuando el tipo que firmó con la hipoteca era del 4,84%. En total, la caja le exigía la devolución de los 139.000 euros que se le prestó en primer lugar, además de otros 40.000 euros por la tardanza. Según la demanda remitida al juzgado de Barcelona, esos tipos "no coinciden con los criterios de determinación de los intereses moratorios en otros contratos que afectan a consumidores (créditos al consumo) y que en otros ámbitos de la contratación de consumidores se podrían entender abusivos y que, sin embargo, en la contratación inmobiliaria no disponen de un límite legal claro aún en los casos en los que hayan de aplicarse no sólo a las cuotas vencidas, sino a la totalidad de las debidas por el vencimiento anticipado".
La abogada general recalca de nuevo la necesidad de que el juez nacional estudie si la imposición de esos intereses de demora respetan el Derecho español, que para otros préstamos a los consumidores es de dos veces y media. Por otro lado, asegura que se debe estudiar qué finalidades persigue el interés de demora: si únicamente supone la fijación de un importe que compense los perjuicios causados por el retraso, o si también debe servir para que las partes cumplan lo pactado.
Finalmente, la tercera cláusula impugnada por Aziz hace referencia a que el banco o caja decida de manera unilateral el importe de la deuda total a pagar, lo que provoca que si el afectado no está de acuerdo, el banco pueda activar el desalojo. Kokott llama de nuevo al juez a considerar esrupulosamente la lesgilación nacional y a "considerar cuál sería la situación jurídica si el contrato no contuviera la cláusula controvertida".
* Público - DP - 8.11.12
Foto: Más de un centenar de personas se concentraron el pasado 26 de octubre ante la Subdelegación del Gobierno en Granada, en un acto de protesta que se ha celebrado tras el funeral del hombre que se quitó la vida poco antes de ser desahuciado. EFE/Miguel Ángel Molina
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EFE* : La Audiencia de Barcelona ve indicios suficientes para enviar a juicio a los antiguos responsables del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull, así como a la antigua cúpula de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital catalana, por las supuestas irregularidades en la tramitación urbanística de un hotel de lujo junto al edificio modernista.
En un auto al que ha tenido acceso Efe, la sección novena de la Audiencia de Barcelona acuerda confirmar el auto de procedimiento abreviado por el que la titular del juzgado de instrucción nº11 de Barcelona dio por concluida la instrucción del caso y envió a juicio a Millet y a Montull, además de los ex responsables de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado y Ramon Massagué.
Por el caso de presunto tráfico de influencias en el fallido proyecto para la construcción de un hotel de lujo junto al Palau de la Música, también serán juzgados el arquitecto Carles Díaz, del despacho de Óscar Tusquets y encargado de los trámites urbanísticos del hotel, y el director jurídico de Urbanismo de Barcelona Enric Lambies, por ocultar supuestamente que las fincas que albergarían el edificio eran de titularidad privada.
La Fiscalía acusa a Millet y Montull de aprovechar su influencia social para conseguir la recalificación urbanística necesaria para construir el hotel, con la complicidad de la antigua cúpula de Urbanismo del consistorio barcelonés, que facilitó la tramitación del proyecto supuestamente a sabiendas de que se trataba de una operación especulativa que beneficiaba a un promotor inmobiliario particular.
En su auto, la Audiencia de Barcelona confirma el procesamiento de los imputados por el caso del Hotel del Palau, al apreciar "indicios de la perpetración de diversos delitos", entre ellos los de tráfico de influencias, prevaricación, apropiación indebida y falsedad documental que la juez instructora atribuye a los encausados.
En opinión del tribunal, las alegaciones formuladas por las defensas contra el auto por el que se envió el caso a juicio "deben ser invocadas y examinadas" en la propia vista oral, porque ése es el ámbito en el que se debe valorar si hay "elementos configuradores de los delitos" y resolver acerca de la culpabilidad de los acusados.
La Audiencia ha avalado el auto en el que la juez dio por terminada la instrucción del caso del Hotel, al concluir que está suficientemente fundamentado, sin ser exhaustivo, por lo que cree que "no existe una conculcación del derecho de defensa ni del derecho a la tutela judicial efectiva" de los recurrentes.
* ABC - EFE - 6.11.12
Foto: Barcelona, edificio para Hotel Palau - elpais
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Madrid, regido por Ana Botella (PP), dijo el sábado que el pabellón municipal Madrid Arena no precisaba de licencia de funcionamiento para la celebración de conciertos y macrofiestas como la que terminó con la muerte de cuatro jóvenes el pasado 31 de octubre. Pero la empresa municipal Madrid Espacios y Congresos, gestora del recinto, y cuyo presidente es ahora el edil de Economía, Pedro Calvo, inició en noviembre de 2009 un procedimiento para obtener licencia ante el área municipal de Urbanismo. Entonces era alcalde el ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón (PP). El Ayuntamiento lo achaca a que, por entonces, pretendía privatizar el pabellón.
Pocos meses después desistió, ante las objeciones presentadas por la dirección general de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente de Urbanismo, que detectó una larga serie de gravísimas deficiencias que comprometían la seguridad e impedían que pudiera obtener dicha licencia. Entre ellas, que los pasillos para salir de la pista a la calle, donde murieron las cuatro jóvenes aplastadas por un agolpamiento súbito de gente, eran insuficientes. Pese a ello, el Madrid Arena siguió funcionando.
Entre 2002 y 2012 ha organizado cientos de eventos deportivos, musicales y de ocio, con la asistencia de hasta 11.000 personas en los más multitudinarios. Según el concejal Pedro Calvo, sin que se produjera ningún incidente. Hasta el 31 de octubre.
Un informe de la Policía Nacional conocido tras la tragedia pero fechado el 4 de diciembre de 2006 denunciaba ya que el pabellón carecía de licencia de funcionamiento. Y concluía: “Lleva funcionado más de cuatro años y en él se han venido celebrando espectáculos musicales, deportivos, exposiciones, etcétera, con lo que resulta impensable que se estuvieran efectuando sin licencia municipal de funcionamiento”.
El concejal Pedro Calvo explicó el sábado que “los edificios municipales no requieren de licencia urbanística, en virtud del artículo 151 de la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid, y al artículo 4.e de la Ordenanza Municipal de Tramitación de Licencias Urbanísticas”. El citado artículo 151 se refiere expresamente a “actos de uso del suelo, construcción y edificación”; en esos casos, exime al Ayuntamiento de licencia urbanística, aunque lo obliga a cumplir “los mismos requisitos”. Es decir, aunque no requiera de licencia, debería poder obtenerla en caso de solicitarla.
Calvo entiende que la licencia de funcionamiento (que exige certificados de seguridad y protección contra incendios) entra dentro de este apartado, y el Ayuntamiento está exento. Sin embargo, Madrid Espacios y Congresos, dependiente del área municipal de Economía, sí pidió esa licencia para el pabellón ante la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación, dependiente del área municipal de Urbanismo.
Lo hizo el 30 de octubre de 2009, cuando el recinto llevaba en uso más de siete años, seis de ellos con Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde. Esa petición se hizo “de conformidad con lo dispuesto” en la propia ordenanza municipal de licencias, según la documentación, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.
El área de Urbanismo estudió la solicitud “para informe de seguridad para la posible instalación de varias actividades en el pabellón”, pese a que reconocer que “el edificio se encuentra terminado y funcionando”. Y dictaminó el 10 de marzo de 2010 que el recinto “no se ajusta” a lo exigido por la ordenanza de licencias. Es decir, que no cumple los requisitos de seguridad. Aparte de denunciar una abultada falta de documentación y planos, Urbanismo señala “deficiencias concretas” de seguridad. Así, el edificio incumplía el Código Técnico de Edificación, entre otros motivos porque resulta inaccesible para los camiones de bomberos. Además, considera que los recorridos de evacuación de la pista, donde murieron las cuatro jóvenes, y de la grada intermedia son insuficientes a menos que se habilite “al menos otro acceso más opuesto y alejado respecto al principal y único en cada uno de estos niveles”.
Detecta fallos en la ventilación, en caso de que hubiera humo por un incendio; que el material del que están hechos los asientos (madera contrachapada) “no es reglamentario” porque alimentaría un hipotético fuego (también lo harían las barras de la pista y la grada intermedia); y que los sistemas de detección de incendios son “insuficientes” porque están en el techo, “demasiado altos” para resultar útiles.
La alcaldesa, Ana Botella, anunció el viernes que prohibía realizar en el pabellón Madrid Arena (y el resto de recintos municipales) cualquier tipo de concierto o evento en el que todo el público no esté sentado. Pues bien, el informe de Urbanismo señala que, en ese caso, es decir, con las gradas desplegadas en la pista, se bloquean “casi todas” las salidas de evacuación, lo que, en caso de emergencia, obligaría al público a huir hacia arriba, saltando sobre sus asientos, dado que tampoco los pasillos entre butacas cumplen la normativa.
Madrid Espacios y Congresos recibió el informe el 11 de marzo de 2010. Pidió más tiempo para estudiarlo, pero no respondió en plazo. Por tanto, Urbanismo concluyó el 19 de abril de 2010 que la empresa municipal “desistía en su petición de licencia”. El 28 de abril, Madrid Espacios y Congresos aportó nueva documentación a Urbanismo, que consideró que “persistían parte de las deficiencias señaladas” en cuanto a falta de papeles y planos. Dio por cerrado definitivamente en mayo el expediente al considerar que la empresa municipal había desistido en su solicitud de licencia. El Madrid Arena siguió funcionando.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 4 NOV 2012
Foto: Madrid Arena - madridiario
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PÚBLICO* : El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha reclamado este lunes una reforma de la Ley Hipotecaria porque "la actual está creando una serie de disfunciones" que provoca un aumento de los desahucios. La norma vigente, que data de 1909, fue tachada hace diez días por un grupo de jueces expertos en la materia como beneficiosa para los bancos y "extremadamente agresiva" con los deudoras, al dotar al préstamo hipotecaria de mayor eficacia incluso que una sentencia judicial.
De Rosa ha inaugurado este lunes en Barcelona las XXII Jornadas de Jueces Decanos de España, en las que, a lo largo de tres días, 47 magistrados reflexionarán sobre los problemas que más les preocupan, entre ellos las ejecuciones hipotecarias, para después proponer las pertinentes reformas. El vicepresidente del Consejo ha asegurado que las conclusiones a las que lleguen los jueces durante estos tres días en Barcelona sobre los desahucios y su "problemática social" se presentarán después, "dentro del respeto al poder ejecutivo" al Ministerio de Justicia, al Congreso y al Senado, que son los órganos que pueden sacar adelante reformas en la materia.
El número dos del Consejo ha señalado que las inspecciones del CGPJ han constatado este aumento de desahucios que sentencian los juzgados civiles de primera instancia, que "no tienen más remedio" que basarse en la legislación actual. Por ese motivo, el vicepresidente ha resaltado que la judicatura está obligada a "aplicar la ley" y que la legislación "no puede ser sustituida por las iniciativas particulares" de uno u otro juez. "No nos corresponde la tarea del legislador", ha recalado el magistrado.
Precisamente, hace unos días el CGPJ rechazó estudiar un informe elaborado por un grupo de trabajo de la institución para proponer medidas destinadas a evitar el incremento de los desahucios y la modificación de la ley de hipotecas, que data del año 1909. En la inauguración de las jornadas, también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Miguel Ángel Gimeno, ha sostenido que los jueces reunidos en Barcelona no debatirán sobre "privilegios", sino sobre una "mejor justicia", lo que en su opinión pasa por una implicación del poder judicial en determinados asuntos que suponen un "clamor social".
Otro de los temas que se debatirán en las jornadas de decanos es la reforma de la ley orgánica del poder judicial planteada por el Gobierno, así como cuestiones relacionadas con los aspectos organizativos de la administración de justicia, entre ellos el despliegue de la oficina judicial, las tasas judiciales o medidas para la agilización procesal.
En el acto de inauguración, la decana de Barcelona, Maria Josep Feliu, ha mantenido que los jueces reunidos en estas jornadas están "legitimados" para expresar su oposición, con seriedad pero también con "firmeza", a algunas medidas legislativas del Gobierno, como la mencionada reforma de la ley del poder judicial.
En opinión de la decana, ese proyecto de ley supone "un ataque a la independencia de los jueces" y un "debilitamiento" del Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los mismos.
* Público - 5.11.12
Foto: Consejo G.Poder Judicial (Madrid) - EFE
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TELDENOTICIAS/Gran Canaria* : Auxiliares administrativos, tramitadoras, técnicos de planeamiento, jefes de servicio, prácticamente, la Concejalía de Urbanismo de Telde en pleno ha comenzado a declarar este lunes 5 de noviembre y así continuará hasta el próximo día 7, en el denominado Caso Los Alisios.
Recordemos que en esta causa judicial se acusa al ex-concejal de urbanismo Ildefonso Jiménez (NC) y a su asesor Juan Manuel Cabrera (NC) delitos de prevaricación urbanística y usurpación de funciones públicas.
Además de todo el personal de urbanismo, declarará los propietarios de las viviendas, el miembro de Nueva Canarias y ex-senador José Mendoza Cabrera y Agustín Naranjo Hernández, que resultaron beneficiadas por las supuestas licencias ilegales. Todo un batallón de testigos que responderán sobre la emisión de las polémicas cédulas de habitabilidad y licencias de primera ocupación que se dieron contradiciendo informes jurídicos y técnicos.
La acusación y el ministerio fiscal solicitan penas de tres años de cárcel para Juan Manuel Cabrera y dos años de cárcel para Ildefonso Jiménez.
* Telde Noticias - 5.11.12
Foto: Telde (Gran Canaria), los Alisios - canarias7.es
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ELCONFIDENCIAL* : Puede que la explosión de la burbuja inmobiliaria y el final del boom económico acabasen con la inclinación, tan instalada en las concejalías de urbanismo del país, de erigir monumentos pomposos, enormes auditorios blancos y puentes de autor. Pero el criticado faraonismo español no ha muerto. Al menos, no el comercial. A la "procesión de elefantes blancos" que acuñó la revista Time, "símbolo del exceso de los años de auge en España", se suma en plena recesión otra sucesión, esta vez de colosales complejos de ocio, juego y comercio que medran por el país con una frecuencia sólo comparable a su volumen. Soluciones a la crisis y el paro, según políticos y promotores, y más problemas para el país, según sus críticos. Lo cierto es que los nuevos proyectos faraónicos de la crisis no dejan indiferente a nadie.
Paramount Park (Murcia)
Un millón de metros cuadrados, una inversión estimada en más de 1.000 millones de euros, 22.000 empleos y tres millones de visitantes anuales. Y hasta tenía colocada ya su primera piedra. Son los incentivos que se agitaron hace exactamente un año en la conferencia de inversores con la que Proyectos Emblemáticos Murcia (Premursa) pretendió catapultar Paramount Park & Lifestyle Center, un gigantesco complejo de ocio proyectado por Paramount Pictures en Alhama de Murcia y apadrinado directamente por el Gobierno de la región. Entre otras ventajas, Ramón Luis Valcárcel ofreció la "flexibilización" de la ley murciana de Turismo y una módica licencia de 100 millones de euros para que Paramount instalase en la Costa Cálida el gran bastión europeo de su guerra contra los parques Disney.
Un año después, no obstante, los ánimos no podían haberse enfriado más. Pese a su presentación oficial en Madrid y sus viajes a Nueva York, Jesús Samper –dueño de Premursa, del Real Murcia C.F y de Santa Monica Sports– y el consejero murciano de Cultura y Turismo, Pedro Alberto Cruz, no han conseguido de momento que el proyecto de Paramount pase de eso mismo. Y hace escasos meses se conocía la intención de la major estadoudiense de instalar un gran parque temático –el "primero en Europa"– en Kent, Reino Unido, a escasos veinte minutos de Londres. En otras palabras: el británico Tony Sefton, director ejecutivo de la promotora que construyó el Parque Olímpico londinense, Vision XS, parece haberse llevado el gato al agua.
Puerto Venecia (Zaragoza)
Equivale en extensión a 28 estadios de La Romareda, una unidad de medida apropiada tratándose de Zaragoza. El nuevo y gigantesco centro comercial de la capital aragonesa, inaugurado hace dos semanas escasas, ya ha sido denominado en más una ocasión como "el mayor centro de comercio y ocio de Europa". Un "sueño hecho realidad", en palabras de Nick Hodson, uno de sus inversores, que ha costado cerca de 1.000 millones de euros y el esfuerzo incansable de los tres concejales de urbanismo que el Ayuntamiento de Zaragoza consagró al alzamiento de este titán a las afueras de la ciudad: Rafael Gómez Pastrana, Antonio Gaspar y Carlos Pérez Anadón.
El presidente de El Corte Inglés, Isidoro Álvarez, también glosó el día de su inauguración las virtudes de este nuevo gigante para el que ha adquirido casi 100.000 metros cuadrados de suelo y ha invertido más de 135 millones de euros. Es un proyecto, explicó, que nació en papel "hace catorce años", sin que la crisis económica y la recesión del consumo constituyan buenos motivos para posponerlo. Palmeras, fuentes y hasta un gran lago navegable reciben desde este mes al visitante de Puerto Venecia pese a que muchas de sus tiendas permanecen cerradas. Resta solo esperar que los 4.000 puestos de trabajo –"la mayor parte de ellos, permanentes"– que anunció el alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloch, se hagan realidad.
Gran Plaza 2 (Madrid)
Una fachada de mármol rojo, grandes columnas ornadas al estilo del barroco veneciano y amplias cristaleras reciben al visitante en Gran Plaza 2, el nuevo centro comercial en Majadahonda, a 20 kilómetros de Madrid. Fuera, no obstante, se extiende en todas direcciones un paisaje inhóspito de campos de cultivo sólo alterado por las urbanizaciones al otro lado de la M-50, la más exterior de las circunvalaciones de Madrid. Con 60.000 metros cuadrados, Gran Plaza 2 fue el segundo centro comercial más grande inaugurado en 2012 en Europa Occidental, solo por detrás del Boulevard Berlin de la capital germana, según el Informe European Shopping Centre Development Report publicado por Cushman & Wakefield.
Promovido por la Sociedad General Inmobiliaria de España y diseñado por Chapman Taylor España –responsable del también madrileño Plaza Norte 2–, este enorme centro presume de 200.000 metros cuadrados construidos, 65.000 de ellos disponibles para alquilar. Meses después de su inauguración, en la que fue proclamado "una nueva apuesta de futuro para el desarrollo de la comunidad de Madrid" por su entonces presidenta, Esperanza Aguirre, muchos de sus locales siguen vacíos. Hoy muchos cuestionan la ubicación del Gran Plaza 2, erigido a tres kilómetros escasos de los veteranos Heron City Madrid y Las Rozas Village.
Eurovegas (Madrid)
Es el rey indiscutible de los proyectos colosales y sin duda, el más cuestionado. El complejo que Las Vegas Sands proyecta en Madrid ocupará 800 hectáreas y tendrá 12 hoteles, 6 casinos, tres campos de golf, centros comerciales y de ocio y espacios deportivos, culturales y feriales. De cumplirse la agenda prevista, sus edificios se alzarán en 2022 hasta los 140 metros y albergarán más de 3.000 habitaciones. El magnate del juego Sheldon Adelson pretende así convertir Madrid en el tercer vértice de su particular triángulo intercontinental del juego, junto a sus plazas fuertes en California y Macao.
En la operación Eurovegas concurren poderosos intereses, tanto corporativos como personales, aunque los jóvenes empresarios Pablo y Jaime González y Juan Benigno Alonso serán sus beneficiarios más directos de construirse en Alcorcón, como todo parece indicar. La del casi octogenario magnate es la tercera intentona de traer a España un gran complejo de casinos, después del sueño fallido de El Reino de Don Quijote en Ciudad Real y el pantagruélico proyecto Gran Scala, anunciado en 2007, que pretendía alzarse en Los Monegros. Esta verdadera ciudad del juego al más puro estilo Nevada –desierto incluido– constaba de 32 casinos, dos parques temáticos, 70 hoteles, 232 restaurantes y una colección de réplicas de las pirámides, del Partenón griego y hasta del Pentágono.
Barcelona World (Tarragona)
El pasado septiembre se reunieron en el Palau de la Generalitat su president, Artur Mas, el presidente de Caixabank, Isidre Fainé y el de Veromente, Enrique Bañuelos, y anunciaron ante la prensa la movilización de 4.500 millones de euros para construir nada menos que seis complejos turísticos en la Costa Dorada. El megaproyecto llevará por nombre Barcelona World, aunque muchos lo denominan, quizá con sorna, el Eurovegas catalán.
Este complejo de ocio se anunció poco después de que Las Vegas Sands se decantase por la capital del país y se construirá en las 600 hectáreas de terreno de La Caixa junto a Port Aventura, en Tarragona. Bañuelos firmará una opción de compra por estos activos y se aprovechará del polo de atracción que supone el parque temático de Tarragona, el más rentable de España. El consorcio Barcelona Worlds, constituido por Bañuelos para vehicular la inversión, cuenta ya con socios minoritarios que cubren el 20%. Ahora tiene dos años para recolectar los 3.600 millones restantes que necesita para levantar esta nueva y ambiciosa meca del ocio.
* El Confidencial - Rubén Díaz Caviedes - 28.10.12
Foto: Alhama de Murcia, proyecto Paramount-park - elconfidencial
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LEVANTE/Castelló* : El concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Vila-real, Emilio Obiol, anunció ayer que el consistorio deberá hacer frente a un millón de euros para pagar las sentencias judiciales desfavorables referidas a las expropiaciones del PAI Madrigal. Autos que le que dan la razón a los particulares que interpusieron 26 recursos entre los años 2009 y 2010. "La Justicia ya ha resuelto en firme 24 de los 26 expedientes, de los que 23 han sido favorables a los vecinos y sólo uno al consistorio".
Obiol lamentó "este marcador adverso al ayuntamiento, que demuestra la mala gestión en ordenación del territorio y urbanismo del anterior ejecutivo municipal del PP y que no existe el urbanismo a coste cero".
"Por ahora son unos 839.000 euros lo que debemos pagar de más al considerar la justicia que el precio que el anterior equipo de gobierno pagó por esas expropiaciones era bajo a los que se pueden sumar más de 200.000 euros si las sentencia que se dicta respecto a esos expedientes es desfavorable al ayuntamiento".
El titular de Urbanismo afirmó que "en la mayoría de estos expedientes" los sobrecostes son espectaculares y alcanzan el 407% sobre el pago inicial. "Hay 15 sentencias firmes, de las que 14 dan la razón a los propietarios, por las cuales se pagaron 481.513 euros frente a los 1.319.176 euros que finalmente habrá que pagar. A estas resoluciones, se unen otros cuatro expedientes por los que el consistorio pagó 180.563 euros, cuando, según las sentencias judiciales recibidas, el coste de los terrenos se ha fijado en 446.078 euros".
El edil advirtió de que pueden aparecer nuevos casos que vayan contra los intereses municipales. "Hay expedientes similares en otros puntos de la ciudad que explicaremos en su debido tiempo y que de fallar a favor de los propietarios podría suponer un millón de euros más en expropiaciones".
Obiol definió esta situación como "triste y preocupante para el futuro de la ciudad ya que la gestión del anterior partido fue nefasta" y afirmó que "esa cantidad la debemos pagar sí o sí en los plazos que se estipulan aunque no sabemos de donde sacaremos ese dinero porque nos encontramos con una situación muy complicada con otros gastos imprevistos a los que debemos hacer frente, como los cerca de 2 millones de euros en facturas de Lubasa de los que no se tenía constancia hasta hace unos meses a pesar de datar de los años del mandato del PP".
El edil recordó que el proceso de transformación de esta zona de la localidad se proyectó en los años 1992 y 1993 aunque la entrada del equipo de gobierno popular "supuso tirar por la borda millones de pesetas del camino iniciado".
* Levante - SHEILA GIL - 26.10.12
Foto: Vila-real (Castelló), ayuntamiento - turismo
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DIARIODESEVILLA* : La Gerencia de Urbanismo anunció que ya se ha personado en el proceso judicial abierto tras la denuncia de un colectivo ciudadano por el expolio que sufre la antigua Fábrica de Vidrios de la Trinidad, uno de los ejemplos más importantes de la arquitectura industrial de la Sevilla de principios del siglo XX. Aunque este hecho puede ser considerado como una victoria de la Plataforma Salvemos la Trinidad, formada por vecinos de Miraflores y defensores del patrimonio histórico de la ciudad, lo cierto es que se analiza con ciertas reservas. En primer lugar porque "llega con tres años de retraso", según afirmó a este periódico uno de los portavoces de la Plataforma y profesor de la Escuela de Arquitectura, Julián Sobrino. Y es que, aunque la actual denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla la puso la Plataforma el pasado 27 de septiembre, desde el pasado 2009 se han realizado numerosas denuncias ante los juzgados, la Policía y los medios de comunicación sin que Urbanismo se diese por enterada.
Además de por llegar tarde, desde la Plataforma Salvemos la Trinidad, se considera que la nueva actitud de la Gerencia es "insuficiente", porque sólo recoge el posible expolio de bienes muebles de la Trinidad y no los "derribos ilegales" que, a su entender, se han acometido en los últimos tiempos en la antigua Fábrica de Vidrios. En este sentido, hay que recordar que un informe de Urbanismo concluyó la semana pasada que no se había producido ningún derribo ilegal en el inmueble y que todos las trabajos que se han acometido en el recinto contaban con licencia municipal. Tal como afirmó este martes Julián Sobrino, el informe es "una manera de escurrir el bulto y de ocultar las responsabilidades que el Ayuntamiento ha tenido, por omisión, en esos derribos". Además, el profesor de la Escuela de Arquitectura, uno de los más profundos conocedores del patrimonio industrial de Sevilla, cree que dicho documento fue elaborado por técnicos que "no tienen conocimientos en patrimonio histórico, por lo que poco podían aportar".
Es precisamente en ese informe de Urbanismo donde se establece que "han sido retirados o sustraídos elementos metálicos que debían existir en las embocaduras e interior de la caldera de carbón, así como en otras zonas de los edificios catalogados", conclusión que ha motivado que el Ayuntamiento se persone en las diligencias judiciales abiertas.
Por otra parte, Julián Sobrino se mostró "muy extrañado" de que el Ayuntamiento diga ahora que está pendiente de la Junta de Andalucía para ver cómo amplía la protección patrimonial del conjunto fabril. Como se recordará, los principales partidos políticos que concurrieron a las pasadas elecciones municipales, incluido el PP, adquirieron el compromiso de ampliar la protección de la Fábrica de Vidrios -que actualmente se limita a la nave 1 y a la gran chimenea-, a las naves 2 y 3. Esto, según la Plataforma en defensa del bien, lo debe realizar el Ayuntamiento independientemente de lo que opinen los técnicos de la Consejería de Cultura.
"El Ayuntamiento puede incluir las naves 2 y 3 en el catálogo histórico que acompaña al Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla sin necesidad de esperar a ningún informe de la Junta", afirmó Julián Sobrino. Es más, según este experto, la misma Consejería de Cultura "actuaría de oficio" y procedería a la ampliación de la protección del bien, "como ha hecho en tantos otros sitios".
La Plataforma se reunió el pasado lunes con miembros de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía, momento en el que se aprovechó para solicitar una visita al inmueble con técnicos de Cultura para poder rebatir los argumentos del Ayuntamiento respecto a la inexistencia de los derribos ilegales. Según Julián Sobrino, la Junta se comprometió a tramitar los permisos ante la junta de compensación.
* Diario de Sevilla - LUIS SÁNCHEZ-MOLINÍ - 31.10.12
Foto: Sevilla, fábrica de vidrios La Trinidad - wikimedia
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ELPAÍS/Madrid* : Viernes por la tarde, en el local de la Asociación de Vecinos de Villa Rosa de Madrid, en el distrito de Hortaleza. Es lo que se llama un espacio polivalente, con grandes espejos en las paredes y barras para gimnasia. Un grupo de vecinos representa a los 12 barrios del distrito de Hortaleza. Están preparando sus demandas-propuestas ante el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. El vigente tiene ya 15 años y el Ayuntamiento trabaja en la elaboración de uno nuevo. Si la participación ciudadana es lo que legitima el urbanismo, aquí están en pleno ejercicio ciudadano, haciendo un urbanismo que poco tiene que ver con el de salón y despachos.
En el camino dejan patente que los Ayuntamientos son la Administración más cercana al ciudadano: parte de las demandas que quieren elevar al Consistorio ya se las han hecho saber a “su” concejala. No están contentos y no es por falta de sintonía. Algunas peticiones tienen poco de ideológico: nadie quiere una cementera en la puerta de un colegio. “Se han ido dejando sin contenido las competencias de las juntas y concejalías”, se lamenta Francisco Caño, del barrio, que canalizará las quejas junto con Vicente Pérez Quintana, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).
Entre las asociaciones de vecinos del distrito de Hortaleza y el consistorio hay divergencias sobre el papel de la iniciativa privada, pero, en cambio, hay coincidencia con las líneas maestras de la revisión del plan: introducir flexibilidad en el planeamiento, mezcla de usos, propia de la ciudad mediterránea compacta, y rehabilitación de la ciudad existente, según resume Pérez Quintana.
La preocupación es que la flexibilidad signifique barra libre para quien solo busque rentabilidad a corto plazo. “Hay que pelear porque no sea el mercado, sino el Ayuntamiento quien imponga la ciudad que quiere”, aseguran en la FRAVM.
Uno de los vecinos reunidos en el local de la Asociación de Villa Rosa, de mayor edad, se pregunta si tiene sentido la redacción de un nuevo plan, a la vista de las miles de modificaciones del actual. Pide que se articule la participación ciudadana cuando se vayan a producir cambios entre lo planeado y lo ejecutado. Caño cita el caso del Palacio de Hielo donde, sobre suelo pensado para zona deportiva singular, lo que ha primado ha sido el uso comercial y produce molestias al vecindario.
Pérez Quintana sí considera necesaria la redacción de un nuevo plan que ya no se hace con costosos equipos externos: “Sospecho que va en el programa electoral porque sin dinero es poco lo que podían prometer”, anota.
Los vecinos van desgranando las carencias de equipamientos públicos: falta de residencias de la tercera edad, colegios, biblioteca —es el único distrito que no tiene—, atención sanitaria... “Es muy importante un reequilibrio de la ciudad”, añade Caño, “falta también una casa de la mujer que debería ubicarse en el colegio Rubén Dario, previa su rehabilitación, y en Manoteras se aprobó un centro cívico para la juventud que se ha quedado sin hacer al igual que una biblioteca municipal en la Gran Vía de Hortaleza”.
Cuando le toca el turno a Sanchinarro surge otra demanda con letras mayúsculas: una normativa urbanística que acompase la existencia de nuevas viviendas con la presencia de dotaciones en los nuevos desarrollos. Para que no pase lo que en este PAU donde los pisos no son precisamente baratos, pero hay importantes carencias: centros de enseñanza, un polideportivo —se licitó y quedó desierto— o un mercado que no sea insostenible como el megacentro proyectado en su día al gusto de Ruiz Gallardón.
“La estructura de ciudad hace imposible el comercio de proximidad y los locales, muy caros, se concentran en una sola vía”, toma la palabra el vecino que evidencia la falta de comunicaciones que, por otra parte, se da en todo el distrito. “Sanchinarro, rodeado por tres autovías, apenas tiene accesos o estos son insuficientes, con lo que es imposible calcular el tiempo de llegada al trabajo..., han diseñado el caos”, concluye.
Sanchinarro y Las Cárcavas son los peor comunicados pero “El Bosque también tiene déficit de transporte público y otro tanto sucede en Virgen del Cortijo”, corrobora Francisco Caño que, además de vecino es responsable de Medio Ambiente de la FRAVM. “Curiosamente en la puerta de las instalaciones del Real Madrid, en Valdebebas, se pone estación de ferrocarril y de metro, pero en cambio no hay previstas paradas de metro ni en Las Cárcavas ni en la Ribera del Loira, entre la M-40 y la línea de ferrocarril, por donde entran y salen 4.500 vehículos diariamente”, protesta.
La FRAVM apuesta por la ejecución de una segunda línea circular de metro que una la periferia de Este a Oeste por fuera de la línea 6 y que enlace Vallecas, Vicálvaro, San Blas, Hortaleza y Fuencarral. En su día, la asumieron la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. También viene pidiendo el cierre del anillo ferroviario, con parada en Las Cárcavas, “no sería costoso y evitaría mucho tiempo, ya que ahora hay que dar la vuelta desde San Fernando-Coslada para llegar a Chamartín”, comenta una vecina.
Otra demanda en este distrito en el que el movimiento vecinal tiene todo un catálogo elaborado desde los noventa, es la de la ampliación de la M-40 por la saturación de los tramos entre Vallecas y el nudo de Manoteras. El Ministerio de Fomento propuso dos vías de servicio que “suponen hacer desaparecer 1,8 millones de metros cuadrados de zona verde para dar servicio al vehículo privado”. La federación propone su soterramiento para reactivar economía y empleo.
En Hortaleza está el campus de la Justicia, 18 hectáreas, más las 20 hectáreas reservadas para la ampliación de los recintos feriales que habría que replantearse para darles utilidad, indican. También hay parcelas que desde 1985 no se desarrollan. “La parcela cedida al productor José Luis Moreno para el Coliseo de las Tres Culturas, 10 años retenida, debería dedicarse a escuela de formación profesional integral, aprovechando la cercanía al metro de Canillas”, pide Caño.
Una buena noticia para este distrito de 2.800 hectáreas y barrios dispares: se han aprobado los presupuestos de la remodelación de la UVA de Hortaleza que se viene pidiendo desde hace 20 años. Va a liberar espacios para que haya parques. Pero no es la única zona necesitada de intervención.
Pérez Quintana considera necesaria la declaración de ARI (Área de Rehabilitación Integral) de zonas con viviendas de cuatro plantas sin ascensor. Y una vieja demanda, un paseo peatonal que se incluya en la vía ciclista —hoy reservada a áreas turísticas— sobre una vía subterránea del Canal de Isabel II que permitiría intercomunicar el distrito, con lo que llaman “la Casa de Campo de Valdebebas”, 480 hectáreas de parque forestal.
Y, de la letra grande a la menuda, un empeño de la FRAVM son los huertos urbanos. De momento alegales. Piden la cesión temporal de parcelas sin uso y algunas de ellas abandonadas, para llevar una acometida de agua. ¡Hay que ir replantando para la nueva temporada...! y, hasta la ONU les ha dado la razón.
* El País - INMACULADA DE LA VEGA Madrid 25 OCT 2012
Foto: Madrid, barrio Hortaleza - madrid
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ELPAÍS/Almería* : El titular del Juzgado de Instrucción 1 de Roquetas de Mar llamará a declarar como imputado al exconcejal José María González Fernández por un presunto delito de prevaricación urbanística. El ahora imputado fue durante 16 años concejal de Urbanismo y primer teniente de alcalde de Roquetas de Mar por designación de Gabriel Amat, que le dejó fuera de la lista de su partido en las pasadas elecciones municipales. “No me acuerdo de esa licencia. En Roquetas de Mar hemos dado muchas licencias”, asegura el exconcejal, de cerca de 70 años.
Los hechos se remontan a mayo de 2007, cuando el equipo de gobierno liderado por Amat —actual presidente del PP de Almería y de la Diputación Provincial— concedió una licencia de obras para la construcción de diez chalets de lujo en suelo terciario, en la zona conocida como La Fabriquilla.
El magistrado, en una reciente providencia, también solicita copia del expediente administrativo que incluye la licencia de obras, así como el aprobado por el pleno del Ayuntamiento para modificar la calificación de la parcela. Este último acto administrativo fue denunciado por la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Vivienda ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, hace justo un año, dictó sentencia a favor de la Junta.
La concesión de dicha licencia de obras podría ser “constitutiva” de un delito de prevaricación urbanística si se demuestra que se hizo de manera contraria a las normas urbanísticas vigentes, como apunta la Fiscalía de Almería en su escrito. Algo que ya incluía el TSJA en la sentencia de noviembre de 2011. Los hechos a investigar, consisten en la concesión mediante resolución de una licencia de obras para la construcción de diez viviendas de lujo en la Unidad de Ejecución 109 en el paraje de La Fabriquilla y otorgada por el ahora exconcejal de Urbanismo cuando aquella parcela estaba calificada como de uso terciario y no como residencial, según el PGOU del municipio de 1997.
La modificación del suelo para su adaptación a residencial se produjo en marzo de 2006 y este acto es el que denunció la Junta al TSJA, al entender que vulneraba la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), de 2002, de rango superior y anterior a la modificación puntual. El TSJA fue claro al respecto: “Resulta del todo punto concluyente que son de aplicación las determinaciones de la LOUA”.
El actual PGOU de Roquetas de Mar es de 2009. El Ayuntamiento no modificó en ese documento la calificación del suelo sobre el que se construyeron las viviendas —figura como terciario— para evitar una paralización del plan general, toda vez que ya existía sentencia del TSJA desfavorable al cambio de uso. El equipo de gobierno promueve en la actualidad una serie de innovaciones al PGOU, una revisión en la que busca legalizar esta y otras modificaciones.
El grupo municipal de Izquierda Unida sostiene que no es una situación que afecte a un solo imputado. “El fiscal ve indicios de prevaricación en lo que hizo el exconcejal y el anterior equipo de gobierno y, ahora, los que vienen después pretenden darle cobertura legal”.
* El País - MARTA SOLER - 31.10.12
Foto: Viviendas de la urbanización de La Fabriquilla, en Roquetas. / FRANCISCO BONILLA
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LNE/Asturias* : La Asociación de Vecinos y Amigos de Muros de Nalón (AVAM) exige responsabilidades patrimoniales por la edificación ilegal de un bloque de pisos en San Esteban de Pravia, que deberá ser demolido parcialmente por el Ayuntamiento. El colectivo sostiene que los vecinos no tienen por qué «sufragar los desmanes urbanísticos» de la actual alcaldesa, del anterior concejal de Urbanismo y del arquitecto municipal en la época en que se erigió el inmueble. Asimismo, AVAM solicita la desaparición de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), al considerar que se trata de un organismo «ineficaz» que no vela por el cumplimiento de la normativa vigente.
AVAM señala que durante la construcción del edificio se cometieron varias irregularidades, aparte de no respetar la distancia a linderos. El día 10 de mayo de 2005 la Policía Local denunció que se había iniciado el vaciado de la finca sin contar aún con licencia de obras, concedida el 2 de junio de ese mismo año. «En el expediente no existía acta de línea y rasante, algo obligatorio», señalan. Del mismo modo, la asociación comenta que el proyecto excedía la altura permitida, un defecto que fue corregido en pleno proceso de edificación. «Por otra parte, se construyeron ocho viviendas en el semisótano, algo prohibido por las normas subsidiarias en aquel momento», añaden.
La asociación vecinal comenta que debido a que no se respetó la distancia mínima a linderos se han visto perjudicados terceros. Por una parte, los vecinos colindantes. Asimismo, los habitantes del edificio que debe ser derribado parcialmente. Finalmente, el resto del municipio puesto que, por el momento, el Ayuntamiento ya se ha visto obligado a hacer entrega de 50.000 euros para redactar el proyecto de derribo. «Probablemente también tendrá que correr con los gastos de la demolición al ser el consistorio el responsable civil subsidiario, puesto que la empresa constructora ha desaparecido», matizan.
* LNE - Ignacio PULIDO - 30.10.12
Foto: Muros de Nalón (Asturias) - panageos
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FARODEVIGO* : La parálisis de la oficina de Urbanismo de Gondomar salta al terreno judicial. Ya no solo es una cuestión que los partidos de la oposición reiteran en todos los plenos o en sus denuncias públicas desde hace años. El titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Vigo, Luis Ángel Fernández Barrio, ha emitido en los últimos seis meses tres sentencias condenatorias contra el Concello, en las que lo acusa de "inactividad administrativa". Y en los tres casos se refiere a cuestiones de urbanismo.
Tres familias distintas se han visto obligadas a recurrir a los juzgados porque el Ayuntamiento no cumplió a la hora de responder a sus reclamaciones. Así lo hace constar el magistrado en las tres sentencias que, independientemente de los problemas urbanísticos a los que dan respuesta, presentan una cuestión en común. Obligan al Concello a hacerse cargo de las costas judiciales.
El fallo más reciente, con fecha del 18 de octubre, insta al Ayuntamiento a conceder una licencia en Seidóns, en la parroquia de Mañufe. Los demandantes presentaron la solicitud del permiso urbanístico para construir una vivienda unifamiliar en junio de 2011, pero nunca obtuvieron respuesta. Solo un informe del arquitecto municipal que declara que la parcela se ubica en suelo de núcleo rural delimitado que no está afectado por la anulación del Plan Xeral de 1997, por lo que el magistrado considera que la casa "es autorizable" y que "el demandante se ha visto obligado a acudir a la Jurisdicción para remover los obstáculos que la Administración municipal había generado con su silencio".
La sentencia anterior data del pasado junio y requiere al Concello que ordene a un particular la ejecución de unas obras en su inmueble para evitar daños a una vivienda contigua y a velar porque este vecino cumpla. En este caso, fue otro vecino de Mañufe, concretamente en A Texosa, el que presentó en febrero de 2011 un escrito de denuncia ante el Ayuntamiento por filtraciones de agua en su vivienda a causa del hundimiento del tejado de la casa anexa. Un problema que creaba serios daños estructurales a su hogar. Tanto la inspectora de obras como el arquitecto municipal emitieron informes a favor del demandante, por lo que el alcalde, Fernando Guitián, ordenó las reparaciones al propietario de la edificación deteriorada el 1 de agosto de 2011. En marzo de este año, la inspectora de obras comprueba que la situación sigue igual. En abril se ordena la apertura de nuevo expediente al caducar el anterior, pero no constan más medidas por parte del Concello.
El tercer fallo, del pasado mes de mayo, condena a la Administración local a dar cumplimiento a una orden de demolición de una vivienda, emitida por el propio Concello de Gondomar en abril de 2001 a instancias de una denuncia de un vecino, en el barrio de Atalaia, en Vincios. El expediente incoado en las dependencias municipales corresponde a una casa sin licencia. A lo largo de una década, el Ayuntamiento llegó a imponer hasta once multas coercitivas a la propietaria. La afectada recurrió el derribo en los juzgados hasta que, en 2007, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dio la razón al Concello y ratificó la orden de demolición. A partir de ahí, la propietaria consultó al Concello las condiciones en que debía ejecutar el derribo, pero nunca obtuvo contestación. Así que el denunciante inicial acudió a los juzgados. En este procedimiento, el juez destaca que la dejadez de la Administración local "es palmaria, no solo porque diez años después la demolición no se haya efectuado, sino también porque no consta que ninguna de las multas coercitivas haya sido cobrada, ni resueltos los recursos de reposición, pero también porque no se le haya ofrecido ninguna indicación a la propietaria sobre el modo en que debía proceder al derribo".
* Faro de Vigo - NELI PILLADO - 1.11.12
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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PÚBLICO* : El juez de Palma de Mallorca José Castro ha dado un paso más en el caso que investiga la ramificación del caso Gürtel en Baleares y ha imputado al exregidor de Urbanismo en el Ayuntamiento palmesano Javier Rodrigo de Santos, al director insular del Gobierno en Menorca, Antoni Luis Juaneda, al alcalde de Inca, Rafel Torres, y a la cuñada del expresidente del gobierno balear Jaume Matas, Encarnación Padilla, así como al exgerente del PP Antonio López. En la pieza, el magistrado indaga la financiación irregular del PP en el periodo 2003-2007.
Las consecuencias políticas de la decisión del juez han sido rápidas en esta ocasión, El director insular del Estado en Menorca, Antoni Juaneda, ha presentado su dimisión a la delegada del Gobierno en Baleares, Teresa Palmer.
En un comunicado hecho público este martes por la Delegación del Gobierno en Baleares, Juaneda afirma que siempre ha actuado dentro de la "más estricta legalidad" y explica que abandona su actual responsabilidad para no perjudicar a la institución que representa y cumplir con los compromisos adquiridos con las personas que le propusieron para el cargo y le nombraron, y también con el PP balear. Juaneda ha comunicado su renuncia a la delegada del Gobierno para que sea efectiva de forma inmediata y muestra su disposición ante la Justicia, "como no puede ser de otra manera", para esclarecer los hechos y facilitar toda la información que se le requiera.
La investigación de esta pieza se intensificó la pasada semana en Madrid en torno a la financiación supuestamente ilegal del PP balear. Así consta en el auto, que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma ha dictado este martes para acordar el levantamiento del secreto que pesaba sobre estas pesquisas y citar a declarar a un total de trece personas, entre imputados y testigos, entre los próximos días 5 y 12 de noviembre.
Así, entre todos ellos Padilla, mujer del extesorero del PP Fernando Areal -hermano de la mujer de Matas-, ha sido emp.lazada el mismo día 5; Juaneda así como el exgerente del partido Antonio López comparecerán el 7, mientras que Torres y Rodrigo de Santos lo harán el día 8.
A todos ellos se suman María Enriqueta Sierra (citada el día 5), directiva de la empresa que se encuentra en el foco de las investigaciones, Over Marketing; la exempleada de esta mercantil María Luisa Durán (día 7), y el empresario José Ignacio Rodríguez (día 12). Asimismo, como testigos han sido citados la exdirectora general de Función Pública María Luisa Ginard, a dos exjefas de prensa, a Neus Salas y a quien entre los años 2004 y 2005 desempeñó el cargo de jefe de la UGE de la Consejería de Interior.
Se trata de la primera ronda de comparecencias que el magistrado llevará a cabo en sede judicial en el marco de estas investigaciones, centrada en la presunta financiación irregular del PP y el amaño de concursos públicos durante la última legislatura de Matas (2003-2007), todo ello después de que que el pasado miércoles una comisión judicial desplazada a Madrid, con el juez José Castro a la cabeza, interrogara a entre otros al publicista Daniel Mercado, administrador de Over, cuyo nombre aparece estrechamente vinculado a la trama Gürtel.
Con estas diligencias los investigadores buscan esclarecer los promenores que rodearon a estas supuestas irregularidades, que en términos generales ya estaban siendo investigadas desde hace varios años en causas de presunta corrupción como los denominados casos Ibatur y Palma Arena.
Uno de los exaltos cargos del PP que según las mismas fuentes se encuentran en el punto de mira y que podría ser en próximos días citado a declarar es el exconsejero de Interior José María Rodríguez, quien el pasado mes de julio dimitió de su cargo como delegado del Gobierno en Baleares a raíz de las informaciones surgidas en torno a la presunta falsificación de facturas en la que incurrió en favor de la trama Gürtel mientras era consejero de Matas.
También otras Consejerías se encuentran bajo lupa judicial, como son la de Sanidad y la de Inmigración, tal y como han señalado las fuentes, que han apuntado que, además de las supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Ejecutivo autonómico, se indagan las partidas públicas que se destinaron a Over por publicidad institucional y si éstas fueron destinadas al objeto para el que fueron otorgadas.
La operación arrancó el pasado miércoles con el interrogatorio de Mercado a raíz del presunto trato de favor del que gozó durante el último gobierno de Matas, cuyo partido, el PP, se habría beneficiado a su vez de desvíos de dinero procedente de los contratos adjudicados. Y es que las investigaciones apuntan a que el empresario fue beneficiado de forma presuntamente irregular mediante la adjudicación de numerosos contratos a lo largo del mandato del PP, todo ello tras haberse encargado del diseño de la campaña electoral del partido previa a los comicios autonómicos y municipales de 2003.
Precisamente, fue en la sede de Over donde, en el marco de los registros llevados a cabo durante la operación policial del caso Ibatur (en verano de 2010), los investigadores hallaron documentación que relacionaría algunas de las actuaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo de Matas con parte de los hechos investigados en el caso Gürtel.
Ya entonces las pesquisas apuntaban a que una de las empresas públicas del ejecutivo de las islas, el Instituto Balear de Turismo, destinó durante esa legislatura unos 22,3 millones de euros a empresas que, a su vez, realizaron pagos a la sociedad Easy Concept Comunicación, investigada en el marco del caso Gürtel y al frente de la cual figuraba como administrador Pau Collado, imputado en este último procedimiento.
Unos hechos que constituyen una de las líneas de investigación del caso Ibatur, centrado en un presunto desvío de millones de euros a través de esta sociedad. Tanto es así que un informe de la Agencia Tributaria revelaba que el Ibatur destinó 142.200 euros a Over entre 2004 y 2005, compañía que en ese mandato fue contratada por la Fundació Balears Sostenible -cuyo director gerente entonces era Collado- para promocionar la Tarjeta Verde en sustitución de la ecotasa que impulsó el anterior Pacte de Progrés.
Además, el documento revelaba que directa o indirectamente tanto el Ibatur como La Moderna Organización y Dirección de Acontecimientos S.L. y Espiral Producciones TV han mantenido relaciones comerciales con Easy Concept, una de las principales sociedades bajo sospecha en el caso Gürtel.
De acuerdo a ese informe, el Ibatur habría adquirido, por un total de 17,4 millones entre 2004 y 2008, servicios de Match Golf Consulting, que realizó pagos a Easy Concept y que, además, durante el pasado mandato resultó adjudicataria de la organización del torneo de golf anual Mallorca Classic, que se celebra en s'Era de Pula (Son Servera). Precisamente, este evento también está siendo investigado a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas al patrocinio millonario del torneo por parte del Govern.
Por otro lado, la empresa dependiente de la Consejería de Turismo, al frente de la cual se encontraba Joan Flaquer, invirtió entre 2004 y 2008 un total de 652.000 euros en la compañía Espiral Producciones TV, a la que, a su vez, Over Marketing declara haber comprado servicios por 37.436 euros, pese a que Espiral le imputa unas ventas de 64.081 euros.
Finalmente, La Moderna Organización S.L. recibió en el pasado mandato 4,1 millones de euros del Govern, mientras que en 2008 pagó un total de 40.010 euros a Easy Concept. El informe destacaba asimismo que el Ibatur destinó un total de 826.000 euros a la Fundación para el Desarrollo Sostenible de Baleares, a la Asociación Independiente de Jóvenes Empresarios de Baleares -de la que Collado era presidente-, integrada a su vez en la Confederación Española de Asociaciones de Jóvenes Empresarios, a cuyas cuentas bancarias Collado estaba autorizado.
Cabe recordar que una de las últimas actuaciones enmarcadas en las investigaciones sobre Over se encuentra la petición, por parte de la Guardia Civil, de la imputación de la eurodiputada Rosa Estaràs, quien fuese mano derecha de Matas y vicepresidenta del Ejecutivo balear, tras determinar en un informe aportado ante dos Juzgados su presunta intervención en el amaño de un contrato otorgado por unos 270.000 euros a Mercado, tal y como señalaron entonces fuentes de la investigación a Europa Press.
* Público - EP - 30.10.12
Foto: Palma, J.Matas en el banquillo (archivo) - reuters
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EUROPASUR* : El caso Escalinata se ha convertido en el gran marrón urbanístico de Algeciras. La problemática en torno al aparcamiento declarado ilegal -cuyas obras arrastraron al edificio colindante a la ruina urbanística- dura ya más de once años. El lento discurrir del procedimiento judicial por las salas de lo contencioso-administrativo se acerca a su fin con una nueva sentencia del Tribunal Supremo que está al caer. Asimismo, ocho años después de que los vecinos del edificio Escalinata interpusieran la querella, la vía penal ha tomado impulso con el anuncio de la apertura del juicio oral en una causa en la que hay siete imputados, entre ellos dos exalcaldes. "La Justicia es lenta pero al final llega", señala uno de los principales afectados por esta actuación. Llegados a este punto es conveniente echar la vista atrás para entender cómo se ha llegado a esta situación. Más si cabe porque, al margen de que se depuren las posibles responsabilidades penales en los tribunales, el desenlace de esta historia puede acarrear unas consecuencias devastadoras para las arcas municipales.
El origen está en el Pleno de julio de 2001 en el que el PA y PP aprobaron el proyecto definitivo del parking. Resulta desolador comprobar cómo en aquel debate ya se advirtió por parte de la oposición de las irregularidades que contenía la actuación. De nada sirvió, como tampoco que el edificio Atlántida presentara la denuncia contra la construcción del aparcamiento o que empezaran a aparecer grietas en el edificio Escalinata durante las obras.
La situación dio un vuelco previsible cuando el TSJA declaró ilegal el parking a finales de 2004. Los motivos, los que ya se expusieron años atrás: la ausencia de licencia y que se había hecho pasar de forma "grotesca" por subterráneo al tomar como rasante la Plaza Alta en vez de la avenida Virgen del Carmen.
Pese a este varapalo judicial, el Ayuntamiento autorizó más obras en el parking para que acogiera nuevos usos. El PSOE, que se opuso al parking en la oposición, estando ya en la Alcaldía dio luz verde junto al PA a la construcción de cuatro plantas de oficinas en una de sus fachadas. Los vecinos del edificio Escalinata denunciaron estos hechos, entre otras cosas porque el parking ya había sido declarado ilegal. Sin embargo, el Consistorio había recurrido al Supremo. Una táctica que se ha mantenido desde que empezó el problema con la única intención de posponer la solución final. Desde entonces, todo han sido sentencias ratificando que el aparcamiento y sus oficinas son ilegales. Incluido el rechazo del TSJA al Plan de Movilidad, herramienta que se aprobó en 2007 para regularizarlo y que consiguió retrasar la ejecución de la sentencia sobre el parking. Ahora sólo queda esperar al pronunciamiento final del Supremo. Si desestima el Plan de Movilidad, como ya ha hecho el TSJA, se podrá intentar alargar más el proceso con recursos de súplica; pero el Ayuntamiento tendrá que empezar a afrontar que no hay vuelta atrás. Por ello, si tiene algún as guardado en la manga -en forma de modificación del PGOM para intentar legalizar el aparcamiento a la desesperada- debe ponerla sobre la mesa ya.
La ejecución de la sentencia pasa desde un hipotético derribo del parking -la opción más extrema- hasta dejar fuera de planeamiento urbanístico el edificio, al no poder albergar éste el uso de aparcamiento. En ambos casos el coste económico para el Consistorio será elevado, ya que el aparcamiento se construyó con todos los permisos municipales. Así, todo indica que la empresa Nautagest reclamará una indemnización así como el lucro cesante de la concesión administrativa, que se dio por 50 años.
Este mes, además, se ha reactivado la vía penal con el auto del Juzgado de Instrucción número 1 que ordena la apertura del juicio oral por los daños en el edificio Escalinata. Están imputados por prevaricación los ex alcaldes del PSOE Juan Antonio Palacios y Tomás Herrera, el exedil José Ortega (PA), y el arquitecto municipal Arsenio Pacios. Asimismo, están imputados por daños imprudentes el administrador de Nautagest, José María Aycart, el arquitecto Pedro Pérez Blanco y el aparejador Antonio Ayala.
* EuropaSur - R. MONTES - 28.10.12
Foto: Algeciras, caso escalinata - europasur
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ELECONOMISTA/Alicante* : La Oficial Mayor del Ayuntamiento de Torrevieja atribuye al exalcalde de la localidad y diputado en las Cortes Valencianas, Pedro Hernández Mateo, las instrucciones para configurar el informe por el que se aprobó adjudicar a una consultora el estudio sobre la contrata de residuos de 2004. En éste, se hacía constar que se había consultado con hasta tres consultoras la oferta para elaborar el informe jurídico, algo que no fue así.
La Oficial, quien inicialmente estuvo imputada en este procedimiento pero finalmente se le eliminó esta condición, ha acudido a declarar como testigo en el segundo día de juicio contra Hernández Mateo, acusado de prevaricación y falsedad documental en la adjudicación en 2004 del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos de la localidad.
Hernández Mateo --quien se enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel y 21 de inhabilitación para cargo público según las distintas acusaciones-- ya declaró ante el tribunal el pasado viernes, y durante el interrogatorio descargó la responsabilidad por la adjudicación en el año 2004 de un contrato de residuos en un aparejador municipal ya fallecido.
Hoy le tocaba el turno a técnicos del consistorio y a responsables de las tres empresas que presuntamente fueron consultadas para elaborar el informe sobre la contrata de basuras. Al respecto, la Oficial --quien lleva 22 años en el ayuntamiento-- ha sido muy contundente: "el alcalde me ordenó por teléfono que figurase en el escrito que se había consultado con tres despachos".
La testigo se refiere al escrito que redactó una de sus auxiliares sobre la consultora adjudicataria del contrato menor --de 12.000 euros-- para redactar un informe sobre las propuestas que habían presentado tres empresas que optaban a una contrata de residuos en 2004. En este escrito, se hacía constar que se había trasladado la oferta a tres consultoras, algo que no era cierto.
Al respecto, el exprimer edil indicó en su declaración que él no intervino en la redacción de este escrito --puesto que de este asunto se hizo cargo un aparejador municipal ya fallecido-- y que lo firmó sin leerlo. Frente a ello, la Oficial Mayor ha asegurado que fue Hernández Mateo quien le llamó y le "ordenó" que figurase en el escrito que se había consultado con tres empresas, pese a que este paso era innecesario --según la ley--. "No tengo ninguna duda", ha sentenciado.
"Me llamó --el exalcalde-- y me dijo redáctame una propuesta por importe de 12.000 euros para un contrato de consultoría y pon que yo he consultado también a otros dos despachos", ha reproducido la Oficial. También ha afirmado que en sus 22 años en el ayuntamiento, nunca había visto que el alcalde solicitara un informe a una consultora externa, aunque también ha asegurado que no recordaba ningún caso en el que la secretaria y el técnico de la mesa de contratación no se hubieran puesto de acuerdo. En este caso, ambos diferían.
La Oficial también ha declarado, preguntada por si piensa que el exalcalde solía firmar documentos sin más, sin leerlos, o si por contra, era "meticuloso", que desde su punto de vista era "meticuloso, inteligente y con muy buena memoria". Por ello, considera que no cree que firmara escritos sin leerlos porque, de hecho, ha puesto como ejemplo que "a veces" hacía correcciones.
A la testigo se le ha interpelado asimismo si era "normal" modificar los miembros de las mesas de contrataciones. En este caso hubo cuatro reuniones de mesa, en las que en las tres primeras fueron los mismos miembros (seis), y en la última, en la que se aprobó la propuesta de la consultora para la contrata, la cifra se aumentó, por decisión del exalcalde, a ocho.
Al respecto, ha comentado que "nunca" antes se había modificado una mesa de contratación. En el consistorio --ha explicado-- "solo existe una mesa y nunca ha variado el número de miembros. Y siempre era la misma". También ha dicho que esta modificación no era ilegal y ha señalado que de no haberse ampliado la mesa, el resultado posiblemente no hubiera variado. Con todo, ha concluido que desde el punto de vista jurídico, el expediente "está bien", pero ha dicho que es el "único" que "lo hace el alcalde, y se me dice que se ponga expresamente que se han hecho tres consultas".
"ME LLAMÓ LA ATENCIÓN"
Por su parte, la auxiliar administrativa del consistorio que se encargó de redactar el informe sobre la consultora, ha corroborado que le llamó la Oficial Mayor y le dijo que "había estado hablando con el alcalde" y que había que redactar una propuesta con los términos que éste le había dicho. "Me llamó la atención porque es un contrato menor en una contratación directa y solo se pone la empresa adjudicataria, y no que se haya consultado a otras empresas", ha añadido sobre este asunto. "Esto no lo he vuelto a ver en mi vida profesional", ha dicho.
También ha asegurado que "nunca el alcalde ha propuesto un contrato menor", al tiempo que ha añadido que el hecho de tener que puntualizar que se había consultado con tres consultoras le extrañó y se lo dijo a la Oficial. "Ella me dijo pónlo así porque me lo ha dicho el alcalde", ha aseverado.
Por otro lado, la secretaria del Ayuntamiento ha declarado que ella emitió un voto particular en el que pedía que se declarase desierto el concurso de adjudicación por no cumplir ninguna de las tres empresas propuestas algunos requisitos básicos, como los relativos a la construcción de instalaciones fijas. Su opinión fue contraria a la del técnico, lo que originó que el exalcalde pidiera informes a una consultora externa. Esta testigo también ha descrito al exprimer edil como una persona "prudente, inteligente y meticuloso".
LOS DESPACHOS DE ABOGADOS
Y por último les ha llegado al turno a los responsables de los despachos de abogados presuntamente consultados. Al respecto, el primero de ellos ha asegurado que en 2004 él no disponía de despacho, puesto que lo creó en 2006, y ha indicado que no sabe ni dónde está el Ayuntamiento de Torrevieja. Así, ha destacado que no tenía informes, ni encargos ni facturaciones al consistorio.
Por su parte, el letrado de la firma adjudicataria del contrato menor ha afirmado que se le comunicó una oferta "por teléfono", cuando le llamó cree que un técnico, aunque ha dicho que también podía tratarse de un político. También ha dicho que no recibió ninguna indicación del exalcalde ni de ninguna otra persona para elaborar su informe, que resultó favorable a la empresa que finalmente resultó adjudicataria.
Sobre esta empresa, ha reconocido que había sido cliente de su despacho, pero ha dicho que este aspecto no generaba "ninguna vinculación" para redactar su informe. Por este motivo ha dicho que no lo hizo constar en su informe, porque no lo consideraba incompatible.
* El Economista - EP - 29.10.12
Foto: Torrevieja (Alicante), ayuntamiento - torrevieja.com
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ELPAÍS/Cádiz* : Hay una ciudad en Cádiz en la que la mitad de sus casi 80.000 habitantes vive en casas ilegales. Y donde la concejala de Urbanismo reside en una de ellas. La ciudad es Chiclana y vive atrapada en un limbo legal. Ha tenido que retomar una norma urbanística de 1987 porque la justicia anuló sus planes generales posteriores y no puede dar ninguna nueva licencia de ocupación. Marisol Ayala, la responsable del Urbanismo, llegó a la concejalía procedente de un partido vecinal que representaba a los ilegales y cuyo programa pedía amnistía para estas construcciones, reducciones de las multas y la legalización de sus propiedades al mínimo coste.
Ayala, nacida en Villambistia (Burgos), se instaló en Chiclana hace una década. Llegó con su marido y su hijo y se compró una casa en la urbanización de la Rana Verde, en un suelo que estaba catalogado como no urbanizable. Dice que buscaba tranquilidad. Aunque su vivienda ya no estaba sujeta a ninguna sanción, al haber prescrito el delito urbanístico se enfrentaba a un sinfín de problemas. No tenía agua corriente ni alcantarillado. Como la suya, hay otras 15.000 viviendas en Chiclana.
En cualquier otro sitio, que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal sería un escándalo. Allí se ve como un episodio más de la desidia y del caos. Nadie sabe cuándo empezó todo. Ni quién fue el primero. Chiclana creció paulatinamente ante los ojos virados de las Administraciones, que consintieron que en suelos rústicos, en zonas inundables, en espacios protegidos, se fueran levantando muros. Y dentro de los muros se construyeron casas. Y dentro de esas casas empezó a vivir gente.
La mitad de Chiclana vive en 18 millones de metros cuadrados donde el planeamiento impide construir. El boom inmobiliario de los años ochenta y noventa creó un negocio de evidente rentabilidad y dudosa legalidad en el que se vendían y compraban casas que, en realidad, no aparecían en ningún planeamiento. Y en ese negocio participaron todos. Los vecinos construían y vendían, otros compraban, los bancos daban hipotecas, los notarios firmaban escrituras y el Ayuntamiento cobraba los impuestos. La rueda circulaba sin obstáculos.
No fue hasta iniciado el siglo XXI cuando el Consistorio de Chiclana, gobernado hasta entonces por el PSOE, inició la regularización de viviendas. Planteó unas ordenanzas donde se establecía qué debía pagar cada propietario por dotar a su urbanización de servicios básicos como el agua, el saneamiento o la luz. Una media estimada por los vecinos establecía que una parcela media de 1.000 metros cuadrados tendría que abonar unos 38.000 euros. “Muy caro”, decían en el pueblo. Así que los vecinos se rebelaron. Marisol Ayala estaba entre ellos.
Crearon la Plataforma de Afectados por la Regularización, que la Fiscalía de Medio Ambiente de Cádiz llegó a tildar de lobby, para conseguir hacer legal lo ilegal al mínimo coste. Ayala encabezó manifestaciones que resultaron multitudinarias. En 2007, el PP accedió al poder. Y Marisol Ayala vio que el nuevo Gobierno municipal tampoco atendía sus reclamaciones.
Ahí surgió la idea de crear un partido político. “Para morder desde dentro”, dijo en campaña. Hizo promoción de su Partido Vecinal Regionalista (PVRE) —el “puré”, como le llaman en Chiclana— puerta a puerta, prometiendo amnistía a las casas ilegales, rebajas y reducción de sanciones a las viviendas donde el delito urbanístico no había prescrito. Vecinos suyos llegaban a recibir multas de hasta 120.000 euros. También pesan sobre algunas casas órdenes de derribo. Los jueces no siempre las dictan, a pesar de los esfuerzos de la fiscalía para que estas demoliciones sean ejemplos contra el descontrol urbanístico.
Marisol Ayala arrancó 2.843 votos en las elecciones de 2011. Consiguió dos concejales. Fue la tercera fuerza más votada, por detrás PP y PSOE y por delante de IU. El PP empezó a gobernar en minoría hasta que, finalmente, su alcalde, Ernesto Marín, para garantizarse la estabilidad y poder aprobar sus Presupuestos, terminó aceptando firmar un pacto con el PVRE. Y entregó a Ayala la Concejalía de Urbanismo y Vías y Obras. Es decir, las áreas donde se deciden sanciones urbanísticas, prioridades en infraestructuras o regulación de viviendas. Marisol Ayala, representante de los vecinos de casas ilegales, recibía el poder que ella ansiaba morder.
“Es poner al lobo a cuidar del rebaño”, alertaron los ecologistas. Aunque ese lobo ha resultado más manso de lo previsto. Desde que en mayo accedió al Gobierno, el afán reivindicativo de Ayala se ha desinflado. En los plenos apenas habla. El PVRE no presenta mociones y se limita a votar lo que quiere aprobar el PP. Apenas alguna intervención en los plenos. “Son contestaciones muy groseras. Se ríe de nosotros en nuestra cara. No convoca comisiones informativas, ni nos da la documentación que pedimos. Nos insulta”, se queja amargamente Ana Rodríguez, de IU, quien presume de representar al único partido que nunca amagó con pactar con Ayala. El PSOE también protesta por el carácter “rudo” de la concejala de Urbanismo y califica sus escasas intervenciones de “grotescas”. En un reciente escrito llegó a pedir a los vecinos que no construyeran casas ilegales. La oposición lo ve el colmo de la desfachatez.
La líder del PVRE no concede entrevistas. Al menos, no hasta ahora. Tampoco para este reportaje. En su lugar habla el alcalde. Y lo hace para defender a su socia. “Llevamos cinco meses, y lo que intentamos es deshacer el desaguisado que creó el PSOE. Necesita tiempo para prepararse”, dice Ernesto Marín. ¿Es un escándalo que la concejala de Urbanismo tenga una casa ilegal? El alcalde cree que no. “Eso se puede ver así desde Madrid, pero no desde aquí. La mitad de esta ciudad vive en viviendas ilegales. Es un problema social y hay que atenderlo”. Marín sí admite que en estos cinco meses no se ha podido hacer nada por estos vecinos. Y lo justifica en que todo depende de un plan general actualmente en redacción. El plan que debe devolver a Chiclana al siglo XXI. Mientras, la Junta de Andalucía ultima unas normas provisionales que no tendrán competencias sobre los suelos no urbanizables, pero, al menos, permitirán dar licencias de ocupación en una ciudad anclada en 1987.
Ayala ha fallado también a los suyos, a esos vecinos a los que antes representaba. Lo dice Joaquín González, el actual portavoz de la plataforma que lideraba la ahora concejala. “Ni una sola vez se ha reunido con nosotros. No ha hecho una sola inversión en nuestras calles. Estamos igual que antes o peor”, se lamenta. Y sostiene el discurso que antes pronunciaba la ahora edil de Urbanismo. “Somos vecinos de segunda para recibir servicios, pero de primera para cobrarnos 600 o 700 euros de IBI”. Sienten que Ayala, mansa loba al mando del rebaño urbanístico, les ha dejado solos. En ese limbo legal llamado Chiclana.
* El País - PEDRO ESPINOSA 28 OCT 2012
Foto: Chiclana zona ilegales - ELPAIS - Roman Ríos
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