PÚBLICO* : Unos cuarenta integrantes de la plataforma "Stop Desahucios 15M" han ocupado este lunes dos sucursales bancarias en Valladolid, una de Caja España y otra del BBVA, con el objetivo de evitar el desahucio de varias familias que han suscrito hipotecas con ambas entidades. A las nueve de la noche de este lunes, abandonaron la acción en la oficina de BBVA, pero trece personas mantienen el encierro en la de Caja España.
El portavoz de los encerrados, Luis Miguel Durán, declaró a Público que las trece personas que quedaban en el banco, entre quienes están cuatro afectados directamente por las hipotecas que quieren negociar, tienen intención de no abandonar la sucursal mientras que el banco no les entregue un documento firmado atendiendo sus reclamaciones, que entienden justas.
"Estamos muy preocupados por lo sucedido en los últimos días", señaló Durán en alusión a los casos de suicidio o intento del mismo registrados la semana pasada, por lo que no se fían de las buenas palabras del banco comprometiéndose a estudiar los casos sino que reclaman una solución inmediata.
Las familias afectadas solicitan en varios de los casos la condonación de la deuda hipotecaria mediante dación en pago de la vivienda. En dicha sucursal reclaman que se paralicen cinco desahucios relacionados con hipotecas concedidas por la entidad.
La Policía Nacional ha acudido a primera hora de la tarde al aviso de los responsables de las sucursales, situadas en la calle Santiago y la plaza Fuente Dorada, y se ha desplegado en torno a ellas. Varias veces, agentes de la Policía han entrado en las oficinas para pedir a los ocupantes que se marcharan, aunque trece de los ocupantes de Caja España han decidido no irse, mientras que siete que estaban en esta sucursal sí lo han hecho.
El objetivo de los ocupantes, entre los que figuran algunos de los miembros de las familias afectadas por los desahucios, es la condonación de las deudas de dichas personas con las entidades y, en ciertos casos, lograr un alquiler social, tal como han explicado varios miembros de la plataforma y de las propias familias.
Además de los encerrados, otras tantas decenas de personas se han concentrado en la calle, a las que se han unido durante un tiempo y de manera espontánea los concejales de IU en el Ayuntamiento de Valladolid, encabezados por su portavoz, Manuel Saravia.
En el caso de la ocupación de la sede de Caja España, los miembros de la plataforma, mediante un representante y una abogada, han conseguido reunirse, tras solicitarlo previamente sin éxito antes de comenzar el encierro, con el director territorial de Caja España, José Ramón Solís.
La entidad ha ofrecido a los afectados el estudio "individual y puntual" de sus casos "con la mejor de las predisposiciones" en el plazo de cinco días, unas condiciones que la Plataforma 15M no ha aceptado después de alegar que "buscan soluciones reales" y que "no se puede tener confianza ninguna en la palabra de los bancos".
"Estamos planteando el único remedio que se puede dar en este momento" -ha afirmado el director de la sucursal de Caja España, Agustín Torres- "en esta entidad tenemos seriedad y queremos mirar esta petición con buenos ojos", ha añadido.
El portavoz de los ocupantes del banco, Luis Miguel Durán, ha comunicado la "firme intención" de prolongar el encierro hasta que se dé una "resolución positiva" a sus peticiones, y ha alegado que van a seguir adelante a pesar de que puedan ser multados, condenados, "incluso agredidos", porque "luchan por necesidad de la sociedad".
La plataforma del 15M ha convocado una concentración en la Plaza de Fuente Dorada a las 19.30 horas de este lunes "para apoyar a los compañeros encerrados y las familias afectadas", tal como han apuntado en una nota de prensa.
* Público - EFE - 29.10.12
Foto: Los encerrados en la sucursal de Caja España - 15M
.................................... Leer más...
LAVANGUARDIA/Girona* : El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha anulado, por falta de la documentación exigida, la modificación puntual del Plan General de Castell-Platja d'Aro aprobada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Girona en 2008 que permitía la construcción de más de 60 pisos de protección oficial.
La sentencia de la Sala de lo contencioso administrativo del TSJC estima el recurso interpuesto por dos comunidades de propietarios de Castell-Platja d'Aro contra el acuerdo de la comisión de urbanismo de Girona de 9 de abril de 2008 que aprobaba la modificación puntual del plan general del municipio para la construcción de unas viviendas públicas en la calle Torres.
En su resolución, el TSJC argumenta que anula las resoluciones de la Generalitat y la modificación del Plan General Urbanístico de Platja dAro "por haberse elaborado sin aportarse la documentación legalmente exigida y muy particularmente el estudio económico financiero, el informe medio ambiental y la memoria social".
"Connivencia de la Generalitat"
El abogado de las comunidades de vecinos, Ramón Conde, ha señalado que "desde el Ayuntamiento y con la connivencia de la Comisión de Urbanismo, hicieron la modificación sin tener en cuenta los requisitos que marca la normativa urbanística, se tiró por la vía directa". Según Conde, la resolución del TSJC no entra ni a valorar la construcción de los pisos, por "la descarada falta de documentación medio ambiental, de la memoria social y de la partida presupuestaria para hacerlos".
En este sentido, el letrado ha explicado que, cuando los vecinos afectados por la construcción de estos pisos se enteraron de la modificación urbanística, se pidieron explicaciones al ayuntamiento, que nunca contestó.
La modificación puntual del consistorio consistió en convertir lo que estaba calificado como zona verde y zona de equipamientos en zona edificable para la construcción de pisos de protección oficial de alquiler. Tras agotar la vía administrativa, lo afectados interpusieron recurso contencioso administrativo contra el Ajuntament de Castell-Platja d'Aro y contra la Comisión territorial de urbanismo de Girona, que fue quien aprobó en última instancia la construcción de estas viviendas públicas, ha explicado Conde.
Según el abogado, "se hicieron las cosas como 25 años atrás, por la vía directa y sin cumplir las normativas vigentes" porque "necesitaban llenar titulares diciendo que harían viviendas sociales".
* La Vanguardia - 26.10.12
Foto: Platja d'Aro (Girona) - lavanguardia
.................................... Leer más...
LEVANTE* : La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (Lotup), actualmente en fase de debate pública, no prevé soluciones para la avalancha de PAI (programas de actuación integrada) y suelo reclasificado generado en la última década y los numerosos concursos de agentes urbanizadores que no se desarrollan. "La LRAU y la LUV fueron leyes pensadas para un crecimiento indefinido pero ¿qué pasa ahora con los megaPAI que están agonizando como Mundo Ilusión, Nou Mil·lenni o Rabassa o los miles de proyectos que no se ejecutan?". La pregunta la lanzaban al aire uno de los asistentes a la jornada sobre el nuevo régimen jurídico del urbanismo valenciano, organizada ayer en Valencia por el despacho de abogados Cuatrecasas. Gonçalves Pereira. De hecho, apuntalaron otros asistentes, "existen propietarios abonando los gastos de financiación de los avales de PAI que comenzaron a tramitarse hace diez años, pero en los que aún no han podido iniciarse las obras. Y ahora nos reclaman a los ayuntamientos que les devolvamos los avales. ¿Se puede exigir al ayuntamiento responsabilidad patrimonial por el retraso en el inicio de las obras, aunque no sea culpa suya?".
Para responder a esta y otras preguntas, en la mesa estaban convocados cuatro ponentes de altura: el ex magistrado y miembro de Cuatrecasas, Mariano Ayuso, el magistrado del TSJ, Edilberto Narbón, y Juan Giner y Enrique Martí, director general y subdirector, respectivamente,de Evaluación Ambiental y Territorial.
Sobre el régimen transitorio, Giner y Martí fueron taxativos: "Esta no ley va a solucionar el problema del urbanismo valenciano: qué hacer con todos los PAI que hay empastrados. Una ley o un derecho transitorio no va a resolver los problemas. Quizá sea necesaria una ley específica -o un decreto, apuntaron desde el público- de desprogramación, de deshacer lo que se ha hecho, pero es un debate distinto a la nueva ley urbanística", aseguró Juan Giner.
"Con el agente urbanizador hay que ser valiente resolver las situaciones que se están demorando y anular las adjudicaciones del agente urbanizador, no el PAI, y eliminar a los propietarios cargas y avales".
El magistrado del TSJ, Edilberto Narbón, consideró "loable que esta ley simplifique" toda la normativa urbanística para que dé "seguridad jurídica, que es la que hará prosperar la economía". Narbón criticó de la nueva Lotup que "intente cambiar los nombres de la clasificación de suelo", que el plan general pormenorizado quede en manos de los ayuntamientos (la Generalitat se encargará del plan general estructural) y abogó por "eliminar todos los plazos de prescripción de las obras ilegales" que, si lo son, nunca debería permitirse legalizarse, vino a decir. Por último, Mariano Ayuso alabó la derogación del Rogtu y "las mejoras de lo que ya existía", aunque criticó que "se supriman las clases de suelo, que se plantee un nuevo esquema en los planes generales, porque no todo estarán homologados" y lamentó que el derecho de propiedad está "minusvalorado".
* Levante - LAURA BALLESTER - 26.10.12
Foto: Alicante, terrenos Plan Rabassa - diarioinformación.com
.................................... Leer más...
DIARIODEAVISOS/Tenerife* : La Oficina Técnica Municipal de Candelaria ha informado en contra de dar la licencia de primera ocupación a la vivienda del alcalde, Gumersindo García, y de su esposa, inmueble situado en un asentamiento rural del municipio sureño, por “superar la edificabilidad y ocupación máximas permitidas” en la ordenanza pormenorizada del Plan General de Ordenación (PGO).
En un informe fechado el pasado 4 de octubre y firmado por el arquitecto municipal, se concluye que “las edificaciones en la parcela no se ajustan al proyecto presentado para la obtención de la licencia de obras, ni al proyecto reformado ni a la documentación obrante en la solicitud [presentada por la esposa de García ]de licencia de primera ocupación y cédula de habitabilidad”. Tampoco la alineación del muro de cerramiento de la calle se ajusta a la concedida por el Ayuntamiento, según otro informe técnico de igual fecha y autoría que el anterior.
Ambos documentos fueron ayer facilitados a este diario por el portavoz municipal del PP, José Fernando Gómez, quien ha denunciado el caso ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial, que, durante la investigación que está llevando a cabo, ha requerido un informe sobre este asunto a la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (Apmun), agregó el edil popular.
Gómez, que hoy tiene previsto solicitar explicaciones durante el pleno municipal al equipo gobernante, destaca que la Oficia Técnica Municipal, tras una inspección realizada al lugar, detectó “una nueva construcción: un salón barbacoa de 107,28 metros cuadrados junto a un cuarto de aperos de 30 metros cuadrados”.
El concejal del PP explica que la parcela del asentamiento rural admite una edificabilidad máxi-ma de 300 metros cuadrados, y que la superficie apta para la vivienda debió calcularse descontando lo ya edificado a partir de los 30 metros cuadrados permitidos, “por lo que se ha excedido en 107 metros cuadrados”.
En este punto la Oficina Técnica Municipal constata que “la construcción situada al fondo de la parcela, de hace aproximadamente 12 años”, “se omitió en el proyecto” para el que se dio la licencia de obras, otorgada por el concejal de Urbanismo, Domingo Ramos, en 2006.
A juicio del concejal popular, “el alcalde debe ser el primero en respetar y hacer respetar la ley, algo que ahora queda en entredicho con el procedimiento abierto por la Fiscalía y los informes de la Oficina Técnica”. Además, recuerda que “siendo concejal de la oposición, Gumersindo García denunció públicamente la construcción de la casa del entonces secretario del Ayuntamiento por motivos similares a los que ahora le son aplicables a él”. A la vista de todo ello, Gómez se preguntó “con qué autoridad moral el alcalde puede denunciar ahora ilegalidades urbanísticas o llamar ilegales a Cho Vito”.
Este diario contactó con el gobierno local para conocer su versión sobre este asunto, y manifestó que, por el momento, prefería no hacer declaraciones.
* Diario de Avisos - VICENTE PÉREZ - 25.10.12
Foto: Candelaria (Tenerife), casa alcalde - diariodeavisos
.................................... Leer más...
LEVANTE* : La justicia da el enésimo revolcón al planeamiento urbanístico de Castelló y prácticamente finiquita el antiguo Plan General de Ordenación Urbana de 2000. El Tribunal Superior de Justicia anula ahora la última exposición al público del PGOU de 2000 por tramitarse con la anterior ley urbanística (LRAU) y no con la vigente (LUV) y aboca al ayuntamiento a redactar un nuevo Plan General, un proceso que se prolongaría entre tres y cuatro años.
En este tiempo, la ciudad estaría sin Plan General, dado que se encuentra anulado por una sentencia del Tribunal Supremo, y sólo contarían con cobertura las zonas residenciales aprobadas o construidas a través de un régimen especial aprobado recientemente por el Consell, con un plazo de 4 años.
Se trata del tercer correctivo judicial que recibe el PGOU de 2000 en cuatro años. En 2008, el Tribunal Supremo lo anuló por obviarse en su trámite un segundo proceso de alegaciones y contravenir la Ley Estatal de Suelo, en 2011 volvió a invalidarlo por no incorporar las novedades legislativas en la repetición del proceso, y ahora, a instancias de un recurso vecinal, enmienda la fórmula escogida por el ayuntamiento para cumplir el último fallo.
"Radicalmente nulo"
Los munícipes populares iniciaron el 7 de septiembre la exposición al público del Plan General refundando el contenido de 2000 con las nuevas leyes y modificaciones urbanísticas. Lo tramitaron de acuerdo a la LRAU, que simplifica y acorta los plazos, amparándose en una disposición de la actual LUV. Ésta permite tramitar con la anterior legislación los PGOU aprobados antes de que entrara en vigor la actual ley. El periodo de alegaciones finalizó el 15 de octubre y el PP confiaba en aprobar el nuevo texto en abril.
La cuestión es que el plan de 2000 quedó anulado con la sentencia de 2011, tal como recuerda el auto del TSJ. "La aplicación de la LRAU no puede ampararse en la disposición de la LUV porque el Plan General de 2000 no existe jurídicamente al haber sido declarado radicalmente nulo, no tratándose tan sólo de la mera subsanación de la información pública", señala la sección segunda de la sala de los Contencioso, que deja sin efecto el acuerdo pleno del 7 de septiembre e insta al ayuntamiento a elaborar el PGOU "conforme la realidad físico-jurídica del momento y aplicando la normativa urbanística vigente". Da un plazo de dos meses para iniciar el trámite.
El concejal de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet, admitió que se tendrá que elaborar un nuevo PGOU si prospera este auto, aunque confió en paralizarlo con un recurso de súplica e insistió en que se han limitado a seguir las directrices judiciales.
El origen de los problemas del PGOU se remonta a la primera sentencia de 2008. Entonces, el otrora alcalde, Alberto Fabra, se negó a reconocer que el fallo anulaba el PGOU y promovió una mera "ficción" sin incluir las novedades legislativas. Esta acción fue echada atrás en 2011 por el Supremo. El actual equipo de gobierno de Alfonso Bataller ?apostó por impulsar el mismo PGOU incluyendo las circunstancias materiales vigentes. Era la vía más rápida, pero estas prisas pueden ser letales y eternizar el proceso.
El PSPV pide responsabilidades
La portavoz socialista, Amparo Marco, exigió responsabilidades políticas al alcalde y solicitó la comparecencia en el pleno de hoy del edil de Urbanismo, Miguel Ángel Mulet. Marcó recordó que su grupo viene advirtiendo desde el principio al PP de su error y proponiendo otro PGOU.
El portavoz del Bloc, Enric Nomdedéu, denunció la opacidad urbanística del PP, y la regidora de EU, Carme Carreras, reclamó también un nuevo PGOU.
* Levante - J.MESTRE - 25.10.12
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
.................................... Leer más...
ELPLURAL* : El Torreón de Lozoya es, después del acueducto romano, el edificio más emblemático de Segovia, hipotecado por la extinta caja de ahorros, propietaria del mismo, para hacer negocios frustrados inmobiliarios en Gijón. Ahora, por siete millones de euros cualquier jeque árabe, o rico americano, se puede hacer con esta histórica fortaleza del siglo XIV, después de que los anteriores gestores de la caja se embolsaran 45 millones de euros entre salarios, planes de pensiones y prejubilaciones.
Es lo que tiene haber sido amigo, compañero de viaje o conocido financiero de Rodrigo Rato, expresidente de Bankia, cuya gestión ha llevado a la ruina a otras siete cajas de ahorro (Caja Madrid, Bancaja, Caja Canarias, Caja Ávila, Caja Segovia, Caixa Laietana y Caja Rioja). Este banco nacionalizado, causante del crack financiero español, también ha provocado que gran parte del patrimonio histórico de sus socios esté sometido, hoy por hoy, a la especulación.
Siete millones por un torreón del siglo XIV
Tal es el caso del Torreón de Lozoya de Segovia, una fortificación del siglo XIV de valor incalculable que, sin embargo, puede ser adquirida por cualquier persona que ponga sobre la mesa siete millones de euros, o mejor dicho, que adquiera los derechos de la hipoteca del inmueble que Caja Segovia realizó en su momento para pagar deudas y desmanes de sus anteriores gestores.
“Pelotazo” frustrado en Gijón
La entidad segoviana, propietaria de este edificio protegido, puso como aval el Torreón de Lozoya para adquirir unos terrenos en Gijón y desarrollar una promoción urbanística que el pinchazo de la burbuja del ladrillo frustró. Navicoas Asturias S.L., nombre de la promotora, se quedó “compuesta y sin novia”, reconocen a ELPLURAL.COM fuentes de IU de Segovia, y con una deuda que ahora Bankia le reclama.
Otros inmuebles hipotecados
Pero aquí no queda el despropósito. La deuda tributaria de Caja Segovia de 6,8 millones de euros le obligó a hipotecar, además del Torreón de Lozoya, gran parte de su patrimonio inmobiliario, como el Palacio de Villafáñez (antiguo asiento de la entidad de ahorro), el salón de actos de su principal sede, el 50 por ciento de una nave almacén ubicada en el polígono de la cercan a la localidad de Hontoria y un local en la calle José Zorrilla en el que alberga todos sus centros informáticos. Otras cajas integradas en Bankia corren el riesgo de perder históricos inmuebles, como La Casa de Alhajas de Madrid, el edificio de los Condes de Castrilla de Orgaz de Valencia, el Palacio de los Serrano de Ávila, el barroco Palacio de las Bezaras de Logroño, la modernista Casa Coll i Regàs de Caixa Laietana, o el decimonónico centro cultural de Caja Canarias.
45 millones para sus exdirectivos
Siendo muy generosos podríamos achacar a una mala gestión esta pérdida de patrimonio y nefasta fusión, pero cuando sabemos que una quincena de directivos de Caja Segovia se han embolsado más de 45 millones de euros en concepto de salarios, planes de pensiones, prejubilaciones y otros privilegios dinerarios, entonces, es cuando la indignación ciudadana reclama justicia. Y así parece ser que ocurrirá, ya que los nuevos gestores de la entidad de ahorro segoviana, liderados por el actual presidente, Rafael Encinas, están dispuestos a reclamar vía tribunales la devolución de las cantidades percibidas por los que, a todas luces, han sido los responsable del hundimiento de la entidad.
¿Quién es Atilano Soto?
Y uno de los que tiene que dar explicaciones es, sin lugar a dudas, Atilano Soto, presidente de la entidad durante los últimos 15 años, responsable de la fusión con Bankia y exdirigente del PP, bajo cuyo mandato se aceptó pedir el préstamo, poniendo el Torreón de Lozoya como garantía de pago del mismo. Atilano Soto es el típico cacique castellano, perpetuado en el poder de la derecha, que ha pasado por todos los estamentos del PP segoviano, como presidente de la Diputación durante una década y que ha sido, además, responsable del desaguisado del proyecto inmobiliario Segovia XXI, del que como consejero delegado cobraba cerca de 120.000 euros anuales. Pero eso es otro capítulo aparte.
* El Plural - CARLOS ISERTE | 19/octubre/2012
Foto: Segovia, torreón Lozoya - elplural
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Los jueces, privilegiados observadores del drama social de los desahuciados en España, denuncian los abusos de un sistema desfasado en un informe encargado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Una comisión de siete magistrados ataca sin medias tintas los abusos que ampara el actual marco legal y recuerda que el vigente sistema de cobro de créditos hipotecarios fue creado hace más de un siglo, en 1909. El informe será estudiado hoy por el órgano rector de los jueces.
Los comisionados, destinados en Audiencias y Juzgados de varias comunidades, proponen que las ayudas del Estado a la banca se extiendan a los clientes sobreendeudados. Esta es la premisa principal para solucionar el problema de los desahucios, señalan en el estudio al que ha tenido acceso EL PAÍS. En los últimos cuatro años, desde que comenzó la crisis, se han producido alrededor de 350.000 ejecuciones hipotecarias en España.
El informe elaborado por los jueces, habla de “mala praxis de las entidades bancarias” y propone toda una batería de medidas para proteger a las familias que se encuentran al borde del lanzamiento. “El punto de partida debe ser extender al cliente sobreendeudado (obviamente siempre que lo sea de buena fe) una parte de los beneficios y ayudas que la banca recibe del Estado”, dice textualmente el informe, “pues en otro caso el deudor se verá abocado a la ruina, la pérdida del local donde ejerce su actividad empresarial o profesional (que es su medio de vida) o, lo que es peor, de su vivienda habitual”.
El informe, que forma parte del estudio Propuestas para la agilización y reforma de los procesos civiles, ha sido dirigido por Manuel Almenar, vocal del CGPJ, y elaborado durante ocho meses junto a seis magistrados de distintos puntos de España. Propone una transformación de fondo en el marco jurídico que ordena las ejecuciones hipotecarias.
El análisis arranca preguntándose cómo y por qué se ha llegado al drama que atraviesan esas 350.000 familias. Y la respuesta apunta en una dirección: la banca. Los bancos, su “ligereza y mala praxis” son, en opinión de la comisión, los causantes de una generalizada extensión del crédito hipotecario “sin valorar las posibilidades reales del deudor” y de la “comercialización irresponsable, cuando no torticera, de productos financieros complejos... (participaciones preferentes)”.
Los autores destacan que en los últimos cuatro años las ejecuciones hipotecarias se han quintuplicado y que en 2012 han aumentado un 20,6% respecto al año pasado, alcanzando la cifra de 350.000. Y lo analizan así: “No se trata de cifras frías. Cada procedimiento encierra un auténtico drama que lleva casi inexorablemente a la exclusión social de familias que, impotentes tras haber quedado en el paro o sufrir una drástica reducción de sus ingresos, se ven incapaces de satisfacer las cuotas de unos préstamos que concertaron en época de bonanza económica (por tanto no con fines especulativos o por pura pretensión suntuaria), simplemente para adquirir una vivienda digna que tras el estallido de la crisis no pueden pagar”.
Para la comisión de jueces la banca siempre ha jugado con una “importante ventaja” sobre el deudor. Así, destacan que goza de un procedimiento privilegiado para el cobro de créditos hipotecarios, creado en 1909, que les permite cobrar sus deudas de forma rápida, “un proceso extremadamente agresivo frente al deudor que dota a la escritura del préstamo hipotecario de mayor eficacia incluso que una sentencia ya que las posibilidades de que dispone el deudor para oponerse son muchas menos que si se tratara de la ejecución de una sentencia”. Los magistrados citan un informe del Defensor del Pueblo titulado Crisis económica y deudores hipotecarios; actuaciones y propuestas, en el que se incide en este aspecto.
El escenario que describen concluye en una situación perversa ya que, finalizada la ejecución, y tras la subasta, los inmuebles se adjudican al banco, “generalmente por un precio inferior al del mercado”, y pasan a engrosar sus activos inmobiliarios “quedando muchas veces desocupados durante años ante la ausencia de potenciales adquirientes dado que en un círculo vicioso la crisis económica ha reducido al mínimo la demanda”.
¿Cómo solucionar estas situaciones de injusticia? ¿Qué medidas se pueden adoptar? El informe propone abrir el debate para evitar “la desgraciada situación en la que se encuentran miles de familias en este país como consecuencia de la crisis económica, con riesgo de pérdida de su vivienda, frecuentemente, el bien mayor del que disponen”. Situaciones excepcionales, como la que vive la economía española, requieren de “soluciones excepcionales”, señala el estudio.
Como primera medida, propone la determinación del concepto de “deudor hipotecario de buena fe”, lo que permitirá que los cambios normativos afecten a gente que realmente los necesita, personas que están punto de perder su vivienda habitual o el local de su negocio.
Otorgar al juez la posibilidad de que conceda moratorias en el pago de cuotas es una de las 18 medidas que desgrana el informe: desgracias familiares, paro, accidentes de trabajo o una larga enfermedad podrían ser motivos para que el juez estuviera facultado para conceder un aplazamiento del pago.
Pero el estudio va aún más lejos y propone que la dación en pago, es decir, la entrega de la vivienda como modo de cancelar el crédito, se convierta en una “regulación imperativa en determinadas circunstancias”.
El análisis elaborado por los siete magistrados comisionados critica el Código de Buenas Prácticas implantado por el ministro de Economía y Competitividad Luis De Guindos. De hecho, propone extender el radio de acción de las medidas de protección, que hasta ahora solo se concedían en casos muy excepcionales, para que puedan acceder a ellas muchos otros deudores en apuros. Bajo el nuevo marco normativo, el juez podría establecer periodos de carencia en el pago, ampliaciones del plazo de amortización, reducciones provisionales del tipo de interés y también quitas de la deuda.
Otras medidas que suponen una transformación de fondo son las encaminadas a impedir que los bancos se puedan adjudicar las viviendas de los desahuciados a precio de saldo. El informe dice: “La ley hoy permite a las entidades bancarias adjudicarse bienes por valor notoriamente inferior al real, cuando debería realizarse por su valor real y con arreglo a una tasación realizada por peritos independientes ajenos a la entidad crediticia”. Asimismo, plantea la introducción de mecanismos que permitan que el deudor pueda permanecer en su vivienda satisfaciendo un canon o buscando fórmulas como el arrendamiento o leasing.
Esta profunda revisión del régimen legal y procesal que plantea el informe de los siete magistrados se cierra con una propuesta que permitiría que los ciudadanos participen con voz propia. Reclama la creación de unas comisiones mixtas que favorezcan salidas negociadas entre el banco y el deudor y en las que estén presentes la banca, la administración y los consumidores. Reclama protagonismo para los hipotecados.
El fracaso del Código de Buenas Prácticas
La medida estrella del Gobierno para favorecer a los ciudadanos desahuciados fue el Código de Buenas Prácticas, pero la comisión de magistrados del Consejo General del Poder Judicial cree que ha fracasado. “No se ha alcanzado el resultado perseguido, por las estrictas condiciones para fijar las personas que pueden acogerse a las medidas, lo que supone que solo un porcentaje muy reducido, en la pobreza más absoluta, puede acogerse a esos beneficios”.
Los magistrados destacan que este código, además de ser de asunción voluntaria por los bancos, solo “se aplica a deudores que estén en el umbral de exclusión” y aseguran que desde que entró en vigor hace seis meses “la aplicación de esta norma ha sido testimonial”. La comisión denuncia el privilegio procesal de los bancos para una tutela judicial reforzada “que surgió a principios de siglo pasado (1909) en un contexto que nada tiene que ver con la situación de crisis actual, un proceso en el que el deudor prácticamente nada puede alegar u oponer”. Y propone reconducir la ejecución hipotecaria a las normas generales de la ejecución ordinaria. El análisis reclama que las ayudas públicas a la banca se completen con otras que permitan extender aquellas ayudas a los particulares y buscar soluciones que mitiguen la situación existente y repartan las cargas sociales derivadas de la crisis y que hoy afectan exclusivamente a los ciudadanos, el eslabón más débil de la cadena”. El informe ha sido coordinado por el vocal del CGPJ Manuel Almenar y elaborado junto a los magistrados Ángel Galgo, Enrique García y Pablo Quecedo (Audiencia Provincial de Madrid), Pilar López (Juzgado de primera Instancia de Madrid), María del Mar Hernández (Juzgado Mercantil de Santander) y Pedro Luis Viguer (Decano Audiencia Provincial de Valencia).
* El País - JOSÉ M. IRUJO / JOSEBA ELOLA - 24 OCT 2012
Foto: Desahucio vivienda - publico
.................................... Leer más...
ENRIC LLOPIS* : A veces los números dicen más que un buen contexto. En su libro “El modelo inmobiliario español” el profesor José Manuel Naredo recuerda que, según el Censo de Edificios y Viviendas, en 1950 más de la mitad del stock de viviendas en el estado español se hallaba en régimen de alquiler; este dato alcanzaba cerca del 90% en las grandes ciudades, como Madrid (94%); Barcelona (95%); Sevilla (90%) y Bilbao (88%). Pero “esta situación se invirtió drásticamente haciendo que hoy se disponga de un stock de viviendas sobredimensionado, en el que la propiedad es el régimen de tenencia dominante”, explica Naredo.
El último dato disponible en el citado censo, del año 2001, ya marcaba un mínimo histórico en el porcentaje de viviendas en alquiler, con sólo un 11%. Esta cifra aún decayó más entre 2001 y 2007, año en que pinchó la burbuja inmobiliaria. Actualmente, el Parlamento debate el Proyecto de ley de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas que, a juicio de Izquierda Unida y diferentes organizaciones sociales, supone un ataque frontal a la garantía del derecho a la vivienda consagrado en la Constitución. Colectivos como ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) o el Grupo de Trabajo de Economía-Sol, entre otros, aseguran además que con este Proyecto de Ley se favorece los intereses de los sectores financieros e inmobiliarios, “cuya pretensión es, exclusivamente, salvaguardar sus activos en el ladrillo, mediante ventajas legislativas, financieras y fiscales”.
Entre otras medidas, el proyecto legislativo reduce de cinco a tres años el límite legal para permanecer en una vivienda alquilada (y la prórroga forzosa, de tres años a uno) lo que, a juicio de estas organizaciones, “precariza aún más el alquiler al convertirlo en una opción meramente temporal, en modo alguno comparable a la seguridad de la vivienda en propiedad”. Además, el ejecutivo de Rajoy pretende que el propietario pueda disponer de la vivienda para sí o sus familiares más cercanos en cualquier momento, con independencia de que esta posibilidad se haya pactado, o no, en el contrato (el inquilino tendría un plazo de dos meses para abandonar la vivienda y tampoco la norma prevé una indemnización mínima). También se permite la negociación anual de la renta sin sujeción al IPC, lo que -en la práctica- implica acentuar la debilidad del inquilino, ya que se concede un carácter prioritario a la voluntad de las partes, critican las organizaciones sociales.
En el mismo sentido, el texto permite que las partes puedan negociar la pérdida del derecho de adquisición preferente por parte del inquilino; llevada esta media al absurdo, podría darse el caso de que un inquilino no sea informado de la venta de la vivienda que habita, y se encuentre en la calle sin ninguna posibilidad de recurso, pese a tener su contrato en vigor y sus pagos al corriente, si previamente no se ha inscrito el contrato de arrendamiento en el Registro de la propiedad.
Se prepara, por tanto, una ley que refuerza los derechos del propietario de la vivienda puesta en alquiler, incluso, en la medida que el Ministerio de Fomento presenta como mayor ventaja para el inquilino: la posibilidad de desistir del contrato en cualquier momento, siempre que se le comunique al propietario con un mes de antelación. Esta aparente ventaja no lo es tal, al agregarse la posibilidad de incluir una cláusula de indemnización dentro del contrato, por desistimiento del inquilino. Por otra parte, se reducen casi al mínimo las garantías judiciales de los arrendatarios, con el argumento de facilitar el desahucio con la mayor agilidad posible. De hecho, en el momento de efectuar la denuncia el arrendador, el secretario judicial fija la vista del caso y, simultáneamente, la fecha del desahucio.
Así las cosas, la ley apunta sin embozos a una mayor desprotección del inquilino; pero también, según afirman los colectivos más críticos, “a la activación el mercado de viviendas hacia sectores especulativos”. Aun cuando en la exposición de motivos se dice apostar por la profesionalización del mercado del alquiler, no se proponen medidas en ese sentido. Al contrario, “se abre el mercado de viviendas vacías a las personas físicas y las entidades residentes en un paraíso fiscal; y es por esto por lo que se les elimina el gravamen especial sobre bienes inmuebles (3% del valor catastral); además, aunque el articulado elimina la posibilidad de entrada de capital desde los paraísos fiscales en principio, las excepciones permiten a cualquier persona física o entidad invertir capital desde cualquier lugar”. Con la misma idea, la ley fomenta las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario (SOCIMI), “que por sus ventajas fiscales se acercan a las SICAV dentro del terreno inmobiliario”, critican estas organizaciones.
A juicio de la diputada de EUPV-IU, Marina Albiol, la pretensión real del ejecutivo es “convertir aún más si cabe, en una mercancía, un derecho fundamental, el de la vivienda, reconocido en la Constitución Española y en la legislación internacional; por lo demás, la nueva ley encaja perfectamente en el modelo residencial por el que se ha apostado en los últimos 50 años en el estado español, que consiste en reforzar la vivienda en propiedad y residualizar , hacer casi marginal, el alquiler; las reformas impulsadas por el PSOE, en 2009, y el PP, en 2011, ya apuntaban hacia la misma idea”.
Otro problema de esta iniciativa legislativa, agrega Albiol, es que insiste en la noción de que “ liberalizar es la mejor solución para cualquier mercado, sin reparar en que el del alquiler no es un mercado más; no hay en este caso, como tampoco la hay en el mercado laboral, una igualdad entre las partes, arrendador y arrendatario, por lo que debe intervenirse para favorecer a la parte más débil. El planteamiento filosófico de la liberalización , asumido por el gobierno, camina por la senda de las reformas neoliberales impulsadas por Margaret Thatcher en el mercado de la vivienda, en la década de los 80; tampoco se trata, en absoluto, de una ley que favorezca el alquiler frente a otros modos residenciales, pese a lo que diga la propaganda”.
Por esta razón, el grupo parlamentario de la Izquierda Plural ha instado al gobierno, a través de una Proposición no de ley, a que establezca, en las entidades financieras que reciban cualquier tipo de ayuda pública, particularmente en Bankia, la dación en pago y el alquiler social como soluciones para las familias que no puedan hacer frente a sus deudas hipotecarias. Ha demandado, asimismo, en una iniciativa suscrita por Alberto Garzón y José Luis Centella, el desarrollo de un parque público de viviendas de alquiler social con los activos inmobiliarios que puedan transferirse al denominado “banco malo”, entre otros. Otras medidas complementarias propuestas por Izquierda Unida son la elaboración (en los ámbitos estatal y autonómico) de una ley de derecho a la vivienda; políticas de rehabilitación y renovación encaminadas a garantizar el derecho de acceso a la vivienda; y la dación en pago.
Dado que la iniciativa legal del gobierno no es políticamente aséptica ni neutral, ¿A qué intereses responde? Constituye una buena pista uno de los artículos publicados sobre la cuestión en la Web de FEDEA (entidad constituida por los grandes bancos y empresas con el fin de que, mediante informes y artículos, reputados académicos creen un clima de opinión favorable a las contrarreformas de índole neoliberal). FEDEA todavía va más lejos que el Proyecto de Ley del ejecutivo: “Las restricciones a los contratos y el subdesarrollo del mercado del alquiler reducen la movilidad de los trabajadores, disminuyendo la eficiencia de la economía y elevando la tasa de paro”; además, “es necesario aumentar la seguridad jurídica y la rapidez del procedimiento de la resolución del contrato y el desahucio en caso de impago del alquiler”; y, por último, se afirma que “proponemos reducir la duración mínima obligatoria de los contratos de alquiler, que se encuentra entre las más altas de Europa, y fijarla en un año (…)”.
En el contexto europeo, tiene lugar una contundente ofensiva privatizadora que abarca todos los ámbitos de la economía, también el de la vivienda. Pero, en líneas generales, las políticas públicas en este sector tienen mayor alcance y son más inclusivas que en el estado español. Así, en Francia, según informaciones de elEconomista.es, el gobierno ha elaborado un proyecto de decreto que limitará las subidas de los alquileres de vivienda en 41 áreas urbanas (París, Lyon, Burdeos, Nantes o Niza, entre otras), donde se considera que los precios resultan demasiado elevados; en países como Holanda, la ocupación de viviendas que estén vacías desde hace más de un año es legal, y se conceden subsidios nada desdeñables para el pago del alquiler; en el Reino Unido, existe un presupuesto público dedicado a comprar viviendas privadas vacías para ponerlas en alquiler social, y penalizaciones impuestas a los propietarios que mantengan voluntariamente vacías sus viviendas; en España, en un contexto de creciente precariedad (cada día se ejecutan alrededor de 300 desahucios, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca), el PP mantiene su apuesta por la el neoliberalismo más ortodoxo con la nueva legislación sobre alquileres. Una vuelta de tuerca más.
* Rebelión - Opinión - 22.10.12
Foto: Se alquilan viviendas - J.Villanueva (El Mundo)
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Madrid* : En 1997, Madrid se imaginó creciendo sin freno a costa de los pueblos vecinos, y decidió prepararse: el Ayuntamiento, regido por José María Álvarez del Manzano (PP), aprobó un plan general de ordenación urbana que exprimía todo el suelo disponible en el municipio, y que convertía en urbanizable y casi exclusivamente residencial el doble de superficie (10.000 hectáreas) de la que ocupa la almendra central.
Ahora, 15 años después, la realidad es bien distinta: la oferta de viviendas en la capital es muy superior a la demanda; hay barrios enteros planificados, que suman 200.000 pisos, cuya viabilidad pone en duda hasta el propio Ayuntamiento (sigue en manos del PP, ahora con Ana Botella); la ciudad ha sumado solo 390.000 habitantes, frente al auge de la periferia; y, encima, los madrileños tienen dificultades para acceder a una vivienda por su excesivo encarecimientos de los últimos años.
“Los intereses de los ciudadanos quedaron por detrás de los de los promotores inmobiliarios”, resume el líder municipal socialista, Jaime Lissavetzky. Este partido y la asociación Ecologistas en Acción plantaron cara al desenfreno, que llevó a convertir en urbanizables terrenos protegidos, y 15 años después el Tribunal Supremo les ha dado en parte la razón, anulando los desarrollos de Arroyofresno y de Campamento.
“Para dar respuesta a la demanda existente”, cifrada en 309.298 viviendas, el Ayuntamiento de Madrid (PP) anticipó en su plan de ordenación urbana de 1997 la construcción de 371.114 viviendas, y dejó suelo además para otras 171.121. En total, 542.235.
Entre 1997 y 2011 se concedieron licencias para 262.553 viviendas. En la corona norte, se ejecutaron la mayoría de actuaciones previstas; en el sur, en cambio, en los distritos de Vallecas y Vicálvaro (130.000 viviendas previstas), no. Tanto es así que el Ayuntamiento se plantea ahora “repensar” esos desarrollos.
Pero en su momento, el ansia de suelo llevó incluso a entregar al ladrillo parcelas catalogadas en el anterior plan de 1985 como no urbanizables y de especial protección. Fue contra esa decisión contra la que plantaron cara el Partido Socialista de Madrid (PSM) y la asociación Ecologistas en Acción.
Recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la aprobación definitiva, en abril de 1997, del plan urbanístico del Ayuntamiento de Madrid, refrendada por el Gobierno regional del ahora ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.
Cinco años después, en febrero de 2003, los magistrados estimaron en parte su recurso. Finalmente, en 2007, el Tribunal Supremo zanjó la cuestión, echando atrás dos desarrollos: el Suelo Urbanizable Incorporado (UZI) 0.06 Arroyo del Fresno y el Área de Planteamiento Remitido (APR) 10.02 Instalaciones Militares de Campamento.
El resto de los desarrollos recurridos 10 años antes (Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro, Cerros de los Gamos y Camino de los Caleros) fue dado por bueno.
Pero, en vez de aceptar la sentencia, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad, ambos en manos del PP, intentaron rodearla. Así, decidieron remendar a posteriori las actuaciones que habían motivado el guantazo del Supremo. Lo hicieron mediante dos acuerdos de la Junta de Gobierno municipal del 28 de noviembre de 2007 y el 31 de marzo de 2009, siendo alcalde Gallardón; y otro del Consejo de Gobierno regional del 24 de enero de 2008, siendo presidenta Esperanza Aguirre.
“¿Puede subsanarse la falta de justificación después de haberse declarado la nulidad del plan por dicha causa?”, se pregunta el Supremo. Según PSM y Ecologistas, no. Según el TSJM, sí. Según el Supremo, no. O sea que no.
Socialistas y ecologistas presentaron un incidente de ejecución que pedía la nulidad de las acciones de Ayuntamiento y Comunidad; el TSJM dictó un auto en enero de 2010 desestimándolo, y otro en febrero de 2011 haciendo lo propio con el recurso de súplica. Ecologistas en Acción recurrió al Supremo, que el pasado 28 de septiembre consideró que “no se puede subsanar, enmendar o convalidar el plan nulo. La justificación no puede tener alcance retroactivo”.
Y va más allá: “Únicamente puede combatirse aquello que se conoce y cuando se comprenden las razones”. Así, considera “menoscabado el derecho de los ciudadanos a cuestionar” las decisiones administrativas, máxime ante la “repercusión significativa sobre el medio ambiente”.
Considera, pues, anulados los planes parciales y demás decisiones tomadas en Arroyofresno y Campamento. A 30 de septiembre, en Arroyofresno el desarrollo urbano (alcantarillas, farolas, aceras) estaba terminado al 95%-99%. Falta empezar las 2.754 viviendas previstas (chalés y bloques con pocas alturas) junto al monte de El Pardo, con conexiones de metro y cercanías, y ya sin el antiguo poblado chabolista de Pitis.
Las 10.700 viviendas previstas en los antiguos cuarteles de Campamento, 7.000 de ellas protegidas, han corrido peor suerte en estos años. Tras innumerables tropiezos, el desarrollo parecía avanzar el año pasado al traspasar el Ministerio de Defensa a una sociedad estatal por 150,5 millones de euros el 51% de los terrenos. Esos 2,11 millones de metros cuadrados junto a la autovía de Extremadura albergarán, además de viviendas, zonas verdes, equipamientos, etcétera.
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO Madrid 22 OCT 2012
Foto: Una de las urbanizaciones de Arroyofresno. / SANTI BURGOS
.................................... Leer más...
LAOPINIÓN/Granada* : El alcalde de Gójar, Francisco Javier Maldonado (PP), que es además diputado provincial de Función Pública, será juzgado del 5 al 9 de noviembre en la Sección 2ª dela Audiencia Provincial de Granada por la posible comisión de un delito contra la ordenación del territorio, otro de falsificación en documento público y un tercero falsificación en documento oficial, hechos por los que se enfrenta a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público.
La Fiscalía Provincial de Granada le atribuye la supuesta concesión irregular de licencias para la construcción de tres casetas de aperos, la modificación del sentido de un informe técnico para darle legalidad, y la alteración del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), asuntos por los que también están imputadas otras siete personas más, entre las que se encuentra el entonces concejal en la oposición, que al mandato siguiente sería alcalde, Pedro Clavero (PSOE).
Además de Clavero, se tendrán que sentar en el banquillo el que fuera primer teniente de alcalde, Eduardo Rodríguez Fernández, la actual concejal de Vivienda --entonces de Urbanismo--, Belén Carretero, el edil Pedro Morillas --hoy responsable del área de Economía y Urbanismo--, el arquitecto técnico municipal, la secretaria del Ayuntamiento y el secretario habilitado.
Según consta en el escrito de acusación pública, al que ha tenido acceso Europa Press, en la sesión de la Comisión Informativa del área de Urbanismo celebrada en el Ayuntamiento de Gójar el 18 de diciembre de 2003, el alcalde, su entonces primer teniente de alcalde, su concejal de Urbanismo, y otros tres concejales más --entre ellos el socialista Pedro Clavero-- resolvieron unánimemente emitir dictamen favorable a la concesión de las licencias para la construcción de tres casetas de aperos pese a que las parcelas no tenían la superficie mínima exigida para poder edificar en ellas, en contra de lo que había advertido el técnico municipal, y sin el informe jurídico preceptivo.
Posteriormente, el alcalde dictó una resolución de fecha 8 de enero de 2004, redactada por el secretario habilitado en el Ayuntamiento durante esas fechas, en la que, además de conceder las licencias "a sabiendas" de que eran irregulares, hizo constar que los informes técnicos habían sido favorables "para simular una apariencia de legalidad".
Durante la tramitación del PGOU, Maldonado dio lectura en todos los plenos de la Comisión de Urbanismo y de la corporación local de los informes emitidos por el arquitecto municipal, también procesado, en los cuales incluyó una alteración que avalaba la concesión de las licencias presuntamente irregulares de las casetas de aperos.
El PGOU es aprobado provisionalmente por el pleno del Ayuntamiento el 23 de mayo de 2003, y definitivamente en noviembre de ese año, después de que el arquitecto técnico presentar un informe sobre los cambios realizados en el PGOU sin mencionar el que incluía la alteración mencionada.
Todas estas actuaciones, mantiene el fiscal, se llevaron a cabo con el conocimiento de la secretaria del Ayuntamiento de Gójar, "que dejó de cumplir con sus obligaciones, ya que, como garante del cumplimiento de la ley, debería haber certificado y contrastado que todo tenía su aporte jurídico y documental".
Por todo, el exprimer teniente de alcalde, su entonces concejal de Urbanismo, y los otros dos concejales imputados --Clavero y Morillas-- se enfrentan a inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años, y un año de prisión por un posible delito contra la ordenación del territorio.
El secretario habilitado, a cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación por tres años por supuesta falsificación en documento público, y a la misma pena el arquitecto técnico y la secretaria del Ayuntamiento, por falsificación en documento oficial. Al alcalde se le atribuyen los tres delitos, por los que debe hacer frente a 10 años de prisión y 14 de inhabilitación.
Asimismo, el fiscal interesa la declaración de nulidad de la norma ilícitamente aprobada, y de las licencias amparadas por la misma, y la demolición de las obras realizadas, para que se proceda "al restablecimiento de la legalidad urbanística perturbada".
* La Opinión Granada - EP - 17.10.12
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org
.................................... Leer más...
REBELIÓN* : El pasado jueves se hizo público, a través de la web del Alto Comisionado de Naciones Unidas, el informe anual de la Relatora Especial sobre el Derecho a una Vivienda Adecuada de Naciones Unidas, Raquel Rolnik. Este año la Relatora ha centrado su informe en el análisis del impacto que la financiarización de la vivienda está teniendo sobre el derecho a una vivienda adecuada. El informe se presentará oficialmente en la Asamblea Anual de la ONU que se realizará el próximo 29 de octubre en Nueva York.
El informe es demoledor, y concluye que las políticas de los últimos años que han priorizado el acceso a la vivienda en régimen de propiedad a través de hipotecas se han demostrado un absoluto fracaso y han llevado a la vulneración sistemática del derecho a una vivienda adecuada. En particular, el informe destaca al estado español como ejemplo negativo de esa política fallida, que ha llevado a la ruina a cientos de miles de personas, a través de 400.000 ejecuciones hipotecarias desde 2007. Así, el informe señala que "El paradigma que consideraba la propiedad de la vivienda como la forma de tenencia más segura ha resultado ser falso, dado que uno de los principales resultados de las crisis recientes ha sido el aumento de las ejecuciones hipotecarias, como en España".
Entre otras cosas, el informe también denuncia con contundencia las políticas de austeridad que están perjudicando al conjunto de la población y vulnerando aún más el derecho a una vivienda digna, a la vez que "se asignan enormes cantidades de recursos públicos para el rescate de instituciones financieras" (pág. 12).
El análisis de la Relatora concluye con algunas recomendaciones, pidiendo que "se modifique el paradigma, pasando de las políticas basadas en la financiarización de la vivienda a un enfoque de estas políticas centrado en los derechos humanos" (pág. 24). Para ello "los estados deben promover alternativas a la política de vivienda basada en el crédito privado y la propiedad" a través de "viviendas sociales de alquiler y otras formas de tenencia colectiva e individual", así como "promover una combinación de sistemas de tenencia, incluidos un sector inmobiliario público que no se rija por los mercados liberalizados y sistemas de alquiler con rentabilidad limitada o alquileres regulados, para prevenir la exclusión y segregación social" (pág. 25). También "deben crearse marcos jurídicos e institucionales para garantizar la seguridad de la tenencia en sus distintas formas, incluido el alquiler".
Vamos, lo contrario de lo que ahora mismo está haciendo el gobierno español que insiste en querer reanimar el modelo de la burbuja inmobiliaria, a través de políticas tan nefastas como el banco malo, la reforma del alquiler para hacerlo aún más inseguro y la agilización de los desahucios.
Recordamos que en marzo de 2012 la Relatora Raquel Rolnik visitó Barcelona, invitada por el Observatori DESC, y tuvo ocasión de encontrarse con decenas de familias afectadas por la hipoteca de distintas PAH's (ver video).
Tras ese encuentro, también se le hizo entrega del libro de la PAH, Vidas Hipotecadas, que la Relatora cita en su informe en más de una ocasión. De hecho, la Relatora agradeció la información proporcionada por la PAH y lamentó los pocos datos oficiales disponibles en el estado español respecto a la problemática.
Podéis descargar el informe completo al final del siguiente enlace :
http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com/2012/10/18/naciones-unidas-recoge-las-denuncias-de-la-pah-y-condena-duramente-la-politica-de-vivienda-del-estado-espanol/
* Rebelión - PAH - 18.10.12
Foto: ONU, sede Nueva York - nacionesunidas.org
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Enrique Ortiz habría alcanzado en el mercado 120 millones. Este sería el beneficio del empresario en concepto de plusvalías con el trasvase de la edificabilidad asignada a zonas calificadas como parques naturales a áreas urbanas, según el sumario de Brugal. A este macropelotazo verde, el promotor pretendía sumar la recalificación y apaños no menores en otras seis áreas de la ciudad donde posee suelo. Las más destacadas son el estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules CF (el equipo y el campo son suyos) y la modificación del Plan Rabassa para instalar Ikea.
El instructor de esta causa, Manrique Tejada, en su escrito enviado al TSJ destaca que Ortiz hizo valer su “influencia y amistad” con los dos alcaldes del PP y diputados autonómicos, Sonia Castedo, y Luis Díaz Alperi, para lograr datos secretos del PGOU en los que tenía interés.
Tejada alude al afán de Ortiz por acaparar suelo protegido y dice: “Respecto al beneficio económico de la revisión del planeamiento el mismo se podía obtener no solo por la posible compra de suelo no urbanizable reclasificado en urbanizable, sino también por la adquisición de suelo no urbanizable reclasificado como parque natural y su adscripción a una u otra zona de suelo urbanizable”.
El supuesto trato de favor de Castedo y Díaz Alperi a Ortiz se fraguó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido validado por el Consell.
El informe de la policía asegura que a partir de marzo de 2008 Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para acaparar suelo protegido en distintas zonas de la ciudad, pero especialmente en la partida de Fontcalent y en el humedal de Agua Amarga. “Es un disparate. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas (120 millones)”, comentó Ortiz en una escucha.
La policía sostiene que la edificabilidad de esos parques la trasvasaría al sector de Torres de la Huerta, donde es el propietario hegemónico del suelo urbano a través de la firma Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. En esta zona el PGOU prevé 16.000 viviendas. La policía concluye que Ortiz pretendía adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados del humedal a Torres de la Huerta. La segunda zona donde Ortiz puso los ojos fue en la sierra de Fontcalent, donde compró 1,7 millones de metros.
En la operación de acumulación de suelo verde, la policía mantiene que Ortiz, además de los datos secretos que le facilitaban Castedo y Díaz Alperi, contó con el valioso concurso del despacho Salvetti Abogados, propiedad de los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSOE Javier Gutiérrez. Ambos abogados están imputados.
En paralelo a la compra de suelo protegido, el fiscal Anticorrupción —en una tesis también asumida por el juez— acusa a la alcaldesa de “diseñar y resolver” a la medida de Ortiz aspectos relevantes del PGOU. Briones destaca el “apaño” de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU 3, la recalificación de tres pacerlas propiedad del promotor y, sobre todo, la reforma del estadio Rico Pérez.
De esas operaciones, la de mayor calado y más polémica fue el intento de recalificar el suelo del Rico Pérez. El fiscal habla de un “pacto velado” entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el campo en beneficio de los intereses del empresario. El promotor había recomprado el campo al Ayuntamiento en 2007 por 7,2 ante la expectativa de una futura recalificación, según la policía.
Las conversaciones grabadas por la policía entre Ortiz y Castedo rebosan alusiones directas a trasvases de planos y datos del PGOU, y comentarios sobre el desarrollo de los proyectos que afectaban al promotor, como “Tú mandas”, “Te llevo los planos”, o “Te ha apañado del APA 9 y también lo del Rico Pérez”.
El sumario, por último, recoge numerosas grabaciones sobre un supuesto trasvase de información privilegiada para ubicar Ikea en el plan Rabassa. El programa prevé la construcción de 13.000 casas y fue adjudicado a Ortiz. Las obras para las viviendas siguen sin comenzar tres años después, pero los trámites para ubicar Ikea, impulsado por la alcaldesa, sí avanzan.
Castedo ha negado desde el primer momento que Ortiz se haya beneficiado con el nuevo PGOU y esgrime que con el nuevo PGOU el empresario pasa de controlar el 70% del suelo de la ciudad al 30%.
Enrique Ortiz es el primer empresario de Alicante. Es con la llegada de Díaz Alperi a la alcaldía en 1995 cuando comienza el irresistible auge de su imperio. Desde el escaparate de la presidencia del Hércules siguió añadiendo metros y metros a su bolsa de suelo, y se convirtió en el primer contratista del Ayuntamiento.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 22 OCT 2012
Foto: Alicante, empresario E.Ortiz y alcaldesa S.Castedo - elpais
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Madrid* : La adjudicación en noviembre de 2004 a la empresa promotora Martinsa de una parcela para construir en Arganda del Rey, la llamada UE-124 o Área de Centralidad, supuso, según los informes policiales del sumario del caso Gürtel, el mayor pelotazo de toda la actividad de la trama corrupta. Francisco Correa, supuesto cabecilla de la mayor red de corrupción de la democracia, cobró presuntamente una comisión ilegal que supera los 12 millones de euros por participar en la operación.
Hasta el momento, las pesquisas policiales concluían que Fernando Martín, cabeza de la promotora y en la actualidad imputado en Gürtel, se hizo con dicha finca por 77 millones de euros, un precio llamativamente bajo si se tiene en cuenta que meses después vendió un tercio de dicha promoción por 73 millones a unas cooperativas de viviendas. Hoy, los dos tercios del terreno con los que se quedó Martinsa son un erial con apenas unas pocas construcciones levantadas.
La irrupción de un importante testigo arroja ahora nueva luz sobre la operación. Este testigo, que pide identificarse aquí solo por sus iniciales y no ser reconocido en las fotos, asegura sin embargo que su intención es declarar ante el juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz. G. B. es un arquitecto que realizó informes para Martinsa, compañía que, según su versión, le debe unos 600.000 euros. El testigo asegura que, antes de la adjudicación de la parcela por el Ayuntamiento de Arganda, cuyo alcalde en 2004 era el también imputado Ginés López, la dirección de Martinsa ya sabía que las condiciones exigidas en la convocatoria “no eran rentables” y que, si entraron en la operación, era porque “sabían que se iban a cambiar en su beneficio”.
Según este profesional, que fue el encargado de realizar el informe inicial del que dispuso Martinsa acerca de la viabilidad del proyecto, se redactaron unas condiciones del concurso tan malas para evitar que otras empresas se presentaran al mismo. El empresario Fernando Martín, según G. B., participó en el concurso porque tenía la certeza de que estas condiciones iban a ser modificadas por el Ayuntamiento. Pero también de que la Comunidad de Madrid, que fue la que aprobó definitivamente el proyecto aumentando un 70% el número de viviendas permitidas, no echaría para atrás el proyecto final. “Al final, el plan parcial era tan descabellado que ningún técnico de la Comunidad de Madrid quiso aprobarlo, por lo que tuvo que firmarlo un político”, asegura este testigo. Este periódico ha podido comprobar, cotejando los expedientes, que tanto el informe técnico como el jurídico que sirvieron para aprobar las modificaciones al alza en el plan parcial, fueron firmados por responsables políticos, y no por técnicos. Llama la atención el hecho de que el entonces director general de Urbanismo regional, Enrique Porto, fuera quien firmara la aprobación definitiva al alza del plan parcial a favor Martinsa, pues la empresa Plarquin, relacionada con Porto, fue una de las tres consultoras que decantaron la adjudicación municipal a favor de la empresa de Fernando Martín. La participación de empresas privadas en las adjudicaciones municipales no es muy habitual, pues deja en manos privadas el interés público. Además, según el testigo, Martinsa abonó al final solo 67 millones, y no 77, porque según las bases estaba obligada a construir un nuevo Ayuntamiento, “un aparcamiento subterráneo y un museo, valorado en 22 millones, que al final no ha hecho”, explica el testigo, que recuerda que los otros 12 millones los asumía la empresa de Fernando Martín.
En el apartado de conclusiones del informe realizado por G. B., al que ha tenido acceso EL PAÍS, el arquitecto aconsejaba que se modificaran varios de los parámetros sustanciales del plan parcial “con el fin de llevarlo a buen fin”. Así, para que la operación fuera viable, según el informe interno, los aspectos que deberían ser cambiados por el Consistorio, y que tendrían que tener el visto bueno final de la Comunidad, eran los siguientes: “Modificar los porcentajes de reparto para los distintos usos; aumentar el número de alturas permitido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hasta un total mínimo de 10 alturas [el plan vigente solo permitía 5]; aumentar la ocupación permitida por parcela del Plan General, hasta un 80%; y elevar el número de viviendas permitidas en el Plan General, hasta una densidad aproximada de 150 viviendas por hectárea”.
El documento explica también que los parámetros más difíciles de modificar eran las alturas: “Rebasamos con mucho las máximas permitidas en el PGOU, así como la densidad, que supone un 50% sobre la referente en la Ley del Suelo, que aún siendo un parámetro orientativo, su modificación normalmente aceptada para nuevos desarrollos no sobrepasa generalmente el 5%-10%”.
El documento elaborado por G. B. avisa también del hecho de que la modificación de los parámetros mencionados “significa una variación sustancial tanto de la ficha del PGOU como del espíritu del área de centralidad, y por ello tendrán que ser ratificados tanto por el Ayuntamiento de Arganda del Rey, como por la Comunidad de Madrid”.
El Ayuntamiento de Arganda no tuvo ningún problema en seguir adelante con las modificaciones propuestas por Martinsa. El número de casas permitidas inicialmente era de 1.580, de las que 300 eran públicas. Este número de viviendas podría haber supuesto unos 336 millones de euros de beneficios por la venta, según las cuentas aportadas por G. B. Pero la aprobación definitiva modifica de forma ostensible los parámetros previstos inicialmente, pues de 1.580 se pasa a 2.731 casas, de las que 600 son de protección pública. Es decir, se permitió construir 1.151 casas más. El beneficio por la venta de estas casas habría sido de 535 millones, lo que supone un aumento de 199 millones.
Los cambios urbanísticos eran de tal envergadura que tenían que ser aprobados por el Gobierno regional. El informe técnico de la Comunidad de Madrid, con fecha de 17 de enero de 2006, firmado por el entonces subdirector general de Urbanismo, Mariano Trías Chueca, justifica las modificaciones del plan general de Arganda del Rey a consecuencia de la aprobación de la promoción de Martinsa: “Aumenta el número de viviendas en 641, pasando de 100 casas por hectárea [que era el máximo permitido en el PGOU] a 138 viviendas”. También, en su punto e), se indica que aumenta el número de plantas, que pasan de 6 a 10, “alcanzando una altura excepcional con las 15 plantas del hotel”. También llama la atención el hecho de que, tal y como había solicitado el arquitecto de Martinsa, la gran superficie prevista en el Plan General para la UE-124 había desaparecido: “La eliminación de la gran superficie comercial propuesta en el concurso y la distribución de su superficie en bajos comerciales mejora la calidad del espacio público y aumenta la vida urbana”, reza el informe de la Comunidad, que defiende todas las mejoras para Martinsa.
El subdirector de Urbanismo incluye como justificación para modificar el plan general un punto del plan parcial que sostiene que estas modificaciones tienen por objeto “el incremento de la calidad ambiental de los espacios urbanos de uso colectivo”. En este punto, el testigo explica realmente qué fue lo que ocurrió, según su versión, que no fue otra cosa que él se había dado cuenta de que un centro comercial en el centro de una ciudad “podría acarrear un gran conflicto de tráfico”. “Se lo dijimos al Consistorio”, prosigue, “y el centro comercial desapareció dando paso a unas tiendas de planta baja”.
Al final de todo el expediente las magnitudes del plan parcial de Martinsa acabaron por parecerse a los parámetros recomendados meses antes por el arquitecto a sueldo de Fernando Martín, quien reconoce haber participado en numerosas reuniones con responsables del Ayuntamiento y altos cargos de Martinsa. “Yo sentía un poco de vergüenza en esas reuniones, porque lo que pedíamos era muy exagerado”, relata G. B. “Cada vez que el empresario nos decía que había conseguido más viviendas, nos reíamos”.
La compañía Martinsa-Fadesa ha reiterado que la adjudicación de dicha parcela fue realizada por concurso público, obteniendo su oferta la mayor valoración en la suma de los baremos realizados por tres sociedades expertas independientes. Según esta firma, el plan parcial fue aprobado por todos los grupos políticos representados en el Ayuntamiento de Arganda. “Es importante destacar que el concurso adjudicaba terreno pendiente de todos los trámites urbanísticos, cuyo desarrollo requiere de unas inversiones para el proyecto, obtención de licencias y obras de urbanización de tal cuantía, que hacen que en la actualidad no sea rentable esta operación urbanística”. Martinsa indica, asimismo, que todas sus actuaciones se realizaron conforme a los criterios de transparencia que fijan los concursos públicos de adjudicación, “tal y como destacan las diferentes sentencias judiciales”.
Reuniones con el Consistorio
El arquitecto G. B. para demostrar que en nombre de Martinsa se reunió con técnicos del Ayuntamiento de Arganda del Rey antes de que se adjudicaran las fincas, aporta copias de correos electrónicos que se intercambió con empleados de Fernando Martín. Las copias tienen fechas que van del 8 de diciembre de 2003 al 22 de marzo de 2004 [la adjudicación se produjo el 25 de noviembre de 2004]. En los dos primeros, empleados de Martinsa hablan de reuniones en el Ayuntamiento de Arganda: “Miguel Maldonado me ha comentado sobre la reunión en las oficinas de Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda. Creo necesario que nos reunamos a fin de poder elaborar un informe sobre lo tratado y poder organizar un calendario de entregas”.
Otro mensaje incluye un correo anterior, procedente presuntamente del empleado municipal Isaac Requena, dirigido a Miguel Maldonado, con el asunto de 'Infraestructuras Área de Centralidad'. En el mail previo se dice: “Apreciado Miguel Maldonado. Tal y como me comentasteis en la reunión del pasado día 20, te remito los planos de infraestructuras de que disponemos en Fomento”. Este correo previo fue reenviado al arquitecto G. B. que trabajó para Fernando Martín: “Te remito la información que le solicitaste a Isaac Requena, sobre las infraestructuras del Área de Centralidad”.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 21 OCT 2012
Foto: Un arquitecto que realizó informes para Martinsa en Arganda. / CRISTÓBAL MANUEL
.................................... Leer más...
IDEAL/Granada* : La Fiscalía de Granada ha solicitado en sus conclusiones provisionales 4 años y medio de cárcel y 18 de inhabilitación para cargo público para el exalcalde de Atarfe (Granada) Víctor Sánchez (PSOE) por delitos de prevaricación ordinaria y urbanística y malversación de caudales públicos. El exregidor deberá sentarse el próximo 13 de noviembre en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Granada junto al consejero delegado de la empresa municipal de suelo "Proyecto Atarfe", y el arquitecto y el secretario municipales.
Según consta en el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, el arquitecto municipal, Luis Gustavo G.C., se enfrenta a una petición de inhabilitación y cárcel idéntica a la de Sánchez, mientras que para cada uno de los otros dos acusados, Antonio I.G. y José Antonio L.G., se solicitan 10 años de inhabilitación y tres de cárcel.
La Fiscalía mantiene que los acusados participaron, a partir de 2005, en una operación urbanística con la que consiguieron modificar "ilícitamente" el tipo de construcción permitida en un determinado terreno de la localidad, con un aumento de su edificabilidad e infringiendo manifiestamente la ley.
Una vez aprobado un estudio detalle, con cambio de tipología y aumento de edificabilidad que vulneraron de la normativa urbanística, el entonces alcalde concedió licencias de obras para la construcción de bloques de viviendas plurifamiliares con el informe del arquitecto municipal.
En septiembre de 2005, explica la Fiscalía, se aprobó además un proyecto de reparcelación en virtud del cual se adjudicaba al Ayuntamiento una parcela de más de 1.900 metros cuadrados como compensación de un aprovechamiento urbanístico.
A partir de entonces, los acusados llevaron a cabo presuntamente la enajenación ilícita del referido patrimonio municipal, sin cumplir los procedimientos legalmente establecidos.
En concreto, en mayo de 2006, llegaron a vender una parcela por un precio de 123.000 euros -según la tasación del arquitecto municipal- contraviniendo las disposiciones reguladoras ya que la valoración correcta ascendería a más de 165.000 euros, con el consiguiente perjuicio para las arcas municipales.
Posteriormente, en febrero de 2007, también se infringió lo dispuesto en la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) al enajenar mediante adjudicación directa a una empresa una finca que pertenecía al patrimonio público del suelo, según la Fiscalía.
La acusación pública señala que estas operaciones comerciales se llevaron a cabo con el consentimiento y conocimiento del secretario municipal, que dejó de desempeñar sus obligaciones como garante del cumplimiento de la ley.
En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía señala que procede declarar la nulidad del estudio de detalle y de las escrituras de compraventa implicadas o, en su caso, que los acusados indemnicen al municipio en las cantidades no percibidas.
* Ideal - EFE - 19.10.12
Foto: Atarfe (Granada) - ideal.es
.................................... Leer más...
DIARIODELEÓN* : El culebrón judicial emprendido en 1999 por la comunidad de propietarios Residencial Condado contra el ex alcalde de Villasabariego, Alfredo Díez, concluyó ayer con ocho años de inhabilitación del ex regidor, de 76 años, que se declaró culpable de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y aceptó pagar una multa de cinco euros diarios durante 18 meses (2.800 euros). Las partes alcanzaron un acuerdo de conformidad que evitó el juicio señalado en el juzgado de lo Penal nº1 de León, que le permite, además, no enfrentarse a la posible pena de cárcel de 4 años que solicitaba la acusación. La sentencia también sitúa al Ayuntamiento como responsable civil subsidiario.
Hechos probados
Los hechos probados se desarrollaron de 1999 al 2005, cuando el regidor concedió diversas licencias para fincas rústicas, que no contaban con los servicios de acceso rodado, abastecimiento de agua, saneamiento y suministro de energía eléctrica, además de autorizar varios proyectos de urbanización de suelo rústico «vulnerando la normativa a sabiendas de su injusticia, y con una finalidad claramente utilitarista», consta en la querella.
El detonante se produjo el 5 de mayo de 1999, cuando una empresa adquirió una pequeña parte de las 31 hectáreas de suelo de la comunidad Residencial Condado, que formaba una península al Sureste, y una finca rústica de una hectárea que colindaba en toda la franja Sur con la urbanización privada. El Ayuntamiento concedió, no obstante, la licencia constructiva para 28 chalés y sesenta cocheras como un anexo a Residencial Condado.
Todas las aprobaciones se realizaron, además, según quedó demostrado, con el apercibimiento de irregularidad del secretario municipal que en su día estuvo imputado y ha quedado libre de cargos. En el listado de denuncias destaca que el 6 de marzo del 2001, el alcalde aprobó para la misma empresa la construcción de 13 viviendas unifamiliares en El Jaralón sin autorización de la Comisión Provincial de Urbanismo. Y el 5 de junio del 2002, otra licencia para edificar 25 adosados en la finca rústica Las Viñas, colindante al Norte con Residencial Condado. La querella ponía el acento en que catorce de esas viviendas se encontraban ubicadas en terreno de otro ayuntamiento, Valdefresno, aunque fue Villasabariego quien dio luz verde a la licencia. La última actuación juzgada por ilegal corresponde al 23 de agosto del 2005, cuando el ex alcalde autorizó a tres propietarios de la nueva urbanización Vera del Río, construida al Sur del Residencial, a ampliar sus jardines con ocupación de una servidumbre de paso denominado Camino del cementerio, ubicado a 100 metros del camposanto.
* Diario de León - Pilar Infiesta - 19.10.12
Foto: Los propietarios de la urbanización Condado fueron los promotores de las denuncias contra el alcalde.- ramiro
.................................... Leer más...
BAHÍADECÁDIZ* : Bancos y propietarios de Pueblo Marinero y la finca La China, zonas situadas junto a Puerto Sherry, en El Puerto de Santa María, han alcanzado un acuerdo que va a permitir finalmente la conclusión de la urbanización de la zona, por lo que parece que se desbloquea un proyecto de la inmobiliaria Noriega –desde hace unos años en concurso de acreedores- que se inició a finales de los años 80 del siglo pasado.
“Ahora, sin que se les exija a los bancos propietarios el pago de la deuda contraída con el Ayuntamiento, se les premia apoyando la construcción de 947 viviendas de lujo –más que las permitidas en el actual PGOU-, con una edificabilidad que casi triplica el máximo de 0,3 m2/m2 permitido en la Ley de Costas (0,86 m2/m2 en el Pueblo Marinero y 0,72 m2/m2 en La China). Para colmo, se van a recalificar los suelos hoteleros y comerciales a residencial para permitir aún mayor colmatación y hormigonado de una de las últimas zonas sin urbanizar que quedan en el litoral de El Puerto”: Ecologistas en Acción se echa las manos a la cabeza en un comunicado.
Al respecto, Ecologistas considera un “auténtico escándalo” que bancos nacionalizados -como Bankia y Catalunyacaixa-, “que han recibido miles de millones de euros de fondos públicos” sigan promoviendo “urbanizaciones gestadas en décadas pasadas, que pretenden seguir hormigonando el litoral, y cuando hay decenas de miles de viviendas sin vender”.
“No es admisible –insisten desde el colectivo conservacionista- que los bancos que financiaron a la empresa Noriega -en concurso de acreedores-, para adquirir estos terrenos situados en primera línea de playa, pretendan invertir parte del dinero público que están recibiendo en desarrollar una urbanización que, en base a multitud de irregularidades, fue incluida en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) hace 20 años. El dinero que se está detrayendo del gasto sanitario, educativo, dependencia y posiblemente de las pensiones, no puede destinarse a volver a inflar la burbuja inmobiliaria que ha llevado a estos bancos, y a este país, a la ruina. Parece que los políticos no han aprendido nada de la crisis, y el concejal de Urbanismo, Diego Muñoz, se vanagloria de haber intervenido para relanzar este proyecto urbanístico”.
De la misma forma se entiende que es “poco creíble” que en las actuales circunstancias se construya una urbanización de este tipo “con escasas posibilidades de venta”. Ecologistas sospecha que “se trata de una operación de marketing, para crear falsas expectativas e intentar revalorizar estos activos tóxico de cara a la próxima adquisición por el ‘banco malo’, o sea, inflar su valor para que todos paguemos más... y los políticos como siempre apoyando la operación”.
HACIENDO MEMORIA
Esta urbanización se diseñó a finales de los años 80 como fuente de financiación complementaria de Puerto Sherry, “un proyecto que quebró y tuvo que ser reflotado con dinero público”. Y “nunca se exigió responsabilidades a los propietarios de la empresa promotora Marina de El Puerto de Santa María, ni a los políticos que santificaron durante décadas a este proyecto especulativo. Ni siquiera se expropió, como propusimos los ecologistas, las propiedades que tenía dicha empresa o algunos de sus principales accionistas, como es la finca La China, para resarcir a las arcas públicas de los fondos destinados a tapar el inmenso agujero que provocó la gestión de esa empresa en Puerto Sherry”. Tampoco el Ayuntamiento “les ha exigido el pago de la deuda que contrajo por la firma de los distintos convenios urbanísticos que beneficiaron una y otra vez a la empresa sin que nunca ejecutara las supuestas obras compensatorias”.
Este colectivo subraya que la urbanización de esta finca “vendría a consolidar un fraude legal escandaloso” que se cometió en el Plan General actualmente en vigor, “en el que el Ayuntamiento, en clara connivencia con los promotores de Puerto Sherry, los declaró suelo urbano sin cumplir ninguna de las condiciones estipuladas en la legislación urbanística”. La recalificación de estos terrenos como urbanos eximió a los propietarios de las cesiones obligatorias para zonas verdes y equipamientos públicos. Los suelos y el 10% de edificabilidad a la que renunció el Consistorio, y los incumplimientos de las obligaciones comprometidas en los convenios, elevan la deuda de Marina Puerto de Santa María con el Ayuntamiento a unos 6 millones de euros. Si se tiene en cuenta la condonación de las cesiones al clasificar estos suelos directamente como urbanos, “esta empresa se ha beneficiado en más de 24 millones, que ha dejado de ingresar el Ayuntamiento en estos 30 años de lamentable historia de Puerto Sherry”, se calcula. Y todo en plena crisis económica, “cuando el Ayuntamiento arrastra deudas millonarias y recorta todo tipo de servios públicos”.
En la actualidad La China es un denso bosque de retamas con pinos piñoneros, lentiscos y sabinas, ecosistemas considerados por la Directiva Hábitat de la UE de interés comunitario y prioritario, “y sin que tenga ni una sola de las condiciones que exige la ley para declararlo suelo urbano”. Además, mantiene una de las mejores poblaciones de camaleones de la Bahía de Cádiz.
Ecologistas en Acción avanza que va a solicitar al Gobierno central, “como titular de Bankia y Catalunyacaixa”, que paralice este proyecto urbanístico y que inste al Ayuntamiento portuense y a la Junta de Andalucía a desclasificar este activo tóxico, promoviendo la protección de este bosque, “lo que servirá para reducir la aglomeración de urbanizaciones en la costa oeste de El Puerto mejorando la calidad ambiental del litoral y la oferta turística de la ciudad”. Esta propuesta “sí beneficiaría al interés general, que es la finalidad que debe cumplir el planeamiento urbanístico, siendo obligación del Ayuntamiento defender este interés general, dejando de actuar como mera gestoría de las empresas constructoras, tal y como lamentablemente ha venido sucediendo en estos últimos años”.
*Diario Bahía de Cádiz - 10.10.12
Foto: El Puerto (Cádiz), Puerto Sherry - teleprensa
.................................... Leer más...
DIARIODESEVILLA* : El Juzgado de lo Penal nº5 de Sevilla tiene fijado para este miércoles el juicio previsto contra el ex alcalde de Morón de la Frontera Manuel Morilla (PP) y su antecesor en el cargo, José Párraga (PSOE), por permitir supuestamente la edificación de varias naves en terreno rústico desde 2001. Para ellos, la Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico solicita un año y seis meses de prisión, así como inhabilitación especial para empleo o cargo público durante nueve años.
Francisco Vega, abogado de la acusación particular, explicó a Europa Press que el juicio se celebrará en las dependencias judiciales del edificio Noga. Es la tercera fecha de señalamiento del juicio después de que las vistas de mayo de 2010 y 2011 fueran suspendidas, en la primera ocasión porque Morilla había sido operado de la cadera recientemente y se encontraba convaleciente, y en la segunda tras presentar informes médicos pidiendo el aplazamiento por problemas de salud.
La acusación particular que ejerce la asociación vecinal de Morón La Alameda, representada por el letrado Francisco Vega, solicita para Morilla cuatro años de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante 21 años por presunta prevaricación al permitir la edificación de varias naves en terreno rústico desde 2001. En concreto, la acusación pide para el otrora regidor popular un año de cárcel y siete de inhabilitación por cada uno de los tres presuntos delitos del artículo 320.1 del Código Penal, que hace referencia a "la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, haya informado favorablemente proyectos de edificación o la concesión de licencias".
* Diario de Sevilla - 17.10.12
Foto: Morón de la Frontera (Sevilla) - todopueblos.com
.................................... Leer más...
KAOSENLARED* : El Consejo General del Poder Judicial publica en 2012 una nueva estadística de lanzamientos de vivienda que incluye, no sólo los realizados por los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) sino los ejecutados por los Juzgados de Primera Instancia... Estos últimos han sido en el primer semestre del presente año 57.410, un 55% más que los 37.092 realizados por los TSJ en el mismo período, que eran los únicos que se contabilizaban hasta ahora[1]. Sumadas ambas cifras se alcanzan 94.502 lanzamientos, lo que supone una media de 566 diarios. El nuevo dato permite ampliar la información en torno al creciente número de desalojos forzosos de la vivienda a raíz de la crisis, que incluyen también los desahucios de pisos en alquiler, además de los derivados de viviendas hipotecadas en propiedad.
El número anual de ejecuciones hipotecarias -procedimientos judiciales iniciados por el acreedor contra la población que había adquirido su vivienda mediante crédito bancario- no llegaba a 20.000 hasta 2006, aumentando continuamente desde entonces hasta 2010 en que llegaron a 93.636. En 2011 se redujeron hasta 77.800, pero volvieron a crecer en el primer semestre de 2012 (48.213 frente a las 42.242 del año anterior). El total de procedimientos de demandas judiciales por impago de créditos hipotecarios suma 371.000 desde 2008.
La supuesta mejora ocurrida en 2011 no es tal para quienes han sufrido un lanzamiento judicial (expulsados de la vivienda por decisión judicial). La cifra de los ordenados por los Tribunales Superiores de cada provincia se ha duplicado desde 2008 (26.700) hasta 2011 (58.200) y en la primera mitad de 2012 siguen aumentando (37.090; cifra superior a los 32.010). Desde 2008 las viviendas hipotecadas desalojadas por orden de estos órganos judiciales fueron 203.800. Pero a éstas hay que sumar los lanzamientos ordenados por Juzgados de Primera Instancia, de los cuales sólo conocemos datos para la primera mitad de 2012 (57.400). Por tanto, la cifra registrada de familias que han perdido la vivienda que estaban pagando a crédito es de 260.000. A ésta hay que sumar las órdenes dictadas por Juzgados de Primera Instancia en años anteriores y aquellos casos en los que la vivienda ha sido devuelta “voluntariamente” sin necesidad de llegar a recibir una orden de lanzamiento. Con toda probabilidad la cifra total supera las 350.000.
Esta situación está relacionada con la crisis de empleo y la caída de poder adquisitivo de buena parte de la población. La información gráfica muestra cómo la tasa de morosidad del crédito hipotecario (volumen de créditos de dudoso cobro respecto al total del crédito concedido) se incrementó de forma paralela a la del paro. Esta última pasó del 8% a mediados de 2007 al 24,6% a mediados de 2012, lo que supone un 210% de incremento; por su parte la morosidad se multiplicó más rápidamente, desde 0,5% a 3,2% (un 528%). La mejora coyuntural registrada entre mediados de 2009 y finales de 2010 está relacionada con una caída del Euribor (y, con él, del importe de las hipotecas); con posterioridad la nueva disminución de ese índice, desde mediados de 2011, ya no produjo caídas en la morosidad debido al mayor deterioro del poder adquisitivo (incremento del paro y caída de la tasa de cobertura de las prestaciones).
A esta problemática se suma la de la franja más débil de población que vive en régimen de alquiler. A pesar del reciente descenso de estos precios, la pérdida de ingresos de muchas familias ha supuesto un incremento del número de desahucios presentados a la justicia: de 47.000 en 2003 a en torno a los 70.000 en 2009, 2010 y 2011. Entre 2008 y 2011 el total de desahucios suma 273.000 cuando con la tendencia previa a la crisis se hubiese situado en torno a 200.000.
Por tanto, más de 600.000 hogares (el 3,5% de los existentes) han perdido su vivienda, comprada o en alquiler, a raíz de la pérdida de poder adquisitivo derivada de la desocupación y la precarización del empleo. En este contexto las medidas gubernamentales parecen impulsar la “muerte de un alquiler digno”, según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, mientras se resisten a impulsar la llamada “dación en pago” para librar de deudas a las personas hipotecadas que entreguen su vivienda al banco acreedor. En defensa de esa reivindicación y del alquiler social está en marcha una Iniciativa Legislativa Popular cuyo plazo de recogida de firmas finaliza el próximo 31 de octubre.
[1] Tal como recoge el Barómetro social de España en el indicador 8 de Vivienda, entre 2008 y 2011 la Estadística del CGPJ señalaba que sólo se contabilizan los lanzamientos practicados por las “comisiones de servicios comunes de notificaciones y embargos”, expresión críptica que ignoraba los lanzamientos producidos por los Juzgados de Primera Instancia que ahora sabemos que no disponían de tales “comisiones”.
http://barometrosocial.es/mas-de-600-000-hogares-han-perdido-su-vivienda-desde-2008/
* Kaos en la Red - 14.10.12
Foto: Desahucio, concentración Madrid - elpais
.................................... Leer más...
