LNE/Asturias* : Tras un primer intento fallido de derribar en los tribunales el plan parcial que afecta a su parroquia, la Plataforma Contra el Muro de Cabueñes vuelve a la carga. Y se ampara en la legislación vigente en materia de urbanismo y ordenación del territorio para lanzar una nueva ofensiva -en esta ocasión por la vía administrativa- contra el proyecto para construir 600 viviendas entre el Hospital de Cabueñes y la carretera de Villaviciosa. «Damos el plan por fallecido», sentencian.
En esta defunción, según las alegaciones que la Plataforma presentará en el Ayuntamiento y que sus portavoces explicaron ayer, intervienen once factores. Entre ellos, uno relacionado con el artículo 77.6 del texto refundido de las disposiciones regionales sobre ordenación del territorio y urbanismo (TROTU), que ya anularía por sí solo la reciente aprobación inicial del plan de Cabueñes. «Extinguidos los efectos de la suspensión, no podrán acordarse nuevas suspensiones en el plazo de cinco años con idéntica finalidad», establece.
Ignacio Martínez, experto que asesora a la Plataforma en esta lucha urbanística, sostiene que el trámite llevado a cabo por el Gobierno de Foro «queda fuera del marco legal hasta 2014, al haberse realizado la anterior aprobación inicial en marzo de 2008», estando al frente de la Administración local PSOE e IU. Aquel plan parcial llevaba la firma del ex jefe de los servicios urbanísticos municipales, Ovidio Blanco, entonces en excedencia. El técnico ha retomado su labor como arquitecto del Ayuntamiento después de haber salido airoso de una imputación judicial relacionada con el plan de Cabueñes.
El diseño de la operación corre ahora a cargo de Jovino Martínez Sierra, que ha introducido cambios para hacerla más asumible desde el punto de vista paisajístico. Aunque no los suficientes para apaciguar las críticas de los vecinos, que observan en la nueva documentación la misma carga de irregularidades. «Es como si buscasen a propósito que les tumbaran el plan, lo que les permitiría exigir indemnización por lucro cesante», dejan caer los portavoces de la Plataforma en alusión a los promotores, Reyal Urbis, Lomas-Barajas, Beyos y Ponga (sociedad vinculada a Cajastur), Moro e Inmobiliaria Playa de Gijón.
Las alegaciones vecinales denuncian que «no se ha hecho un análisis ambiental del plan como es debido y exigible ni se tiene en cuenta la normativa de sonoridad ni tampoco se incluye un informe de sostenibilidad económica» que avale la futura urbanización. Aparte de una serie de «deficiencias» como que «el expediente no presente índice» o «la falta de documentos» que la Plataforma considera imprescindibles para un correcto seguimiento del plan.
* LNE - Miriam SUÁREZ - 14.6.12
Foto: Cabueñes (Asturias), vista - cabueñes
Los vecinos emprenden una nueva ofensiva contra el plan urbanístico de Cabueñes
De Tarifa a Cabo de Peñas: Las otras playas vírgenes amenazadas por el ladrillo en España
RTVE* : 1.065 kilómetros por carretera separan Tarifa (Cádiz) de Cabo de Peñas (Asturias). Dos cabos, al sur y al norte de la España peninsular, en el mar Mediterráneo y en el Cantábrico, de gran belleza natural y bajo una misma amenaza denunciada por los grupos ecologistas: la urbanización de dos playas vírgenes, de las escasas que quedan en el litoral.
La playa de Valdevaqueros, de Tarifa, es el último caso que ha saltado a la opinión pública. Pero, en los alrededor de 6.000 kilómetros de costa que tiene España, incluidas las islas, hay otros puntos que preocupan especialmente a Greenpeace y a Ecologistas en Acción: El Palmar de Vejer de la Frontera (Cádiz), Cabo de Gata (Almería), Marina de Cope y Cartagena (Murcia), Es Trenc (Baleares) o Cabo de Peñas (Asturias) son algunos de los puntos más calientes, entre otros muchos salpicados por el litoral.
Analizamos la situación de estos puntos costeros en los que hay proyectos de urbanización denunciados por los grupos ecologistas que, a su vez, defienden ayuntamientos y Gobiernos autonómicos como factores generadores de empleo y turismo.
De trasfondo también se sitúa la futura reforma de la Ley de Costas -la actual data de 1988-, que el Gobierno pretende llevar a las Cortes antes del verano, y que prevé ampliar las concesiones del dominio público costero más allá de los 30 años y obligar a los concesionarios a ser "corresponsables" de la conservación. La zona de servidumbre costera se mantendrá en 100 metros como regla general y en 20 en los núcleos urbanos anteriores a 1988.
Los grupos ecologistas, encuadrados en la Plataforma 'No a nuestra costa', abogan por la aplicación correcta de la ley actual y están expectantes a los movimientos del Ejecutivo. Pilar Marcos, responsable de Costas de Greenpeace, advierte de que "cualquier flexibilización" de la norma podría "volver a hinchar la burbuja inmobiliaria" y la coordinadora del Área de Mar de Ecologistas en Acción, Natalia Martín, teme que el PP pretenda modificar la ley teniendo en cuenta los "intereses económicos privados" y se "vuelva al modelo anterior".
El Palmar (Cádiz)
Apenas a 60 kilómetros de la playa de Valdevaqueros (Tarifa), donde PP y PSOE han aprobado un plan de urbanización que contempla 1.423 plazas hoteleras y 350 viviendas, en El Palmar de Vejer de la Frontera, la misma promotora urbanística, el Grupo Tarje, del empresario Juan Muñoz, impulsa desde 2009 un "macroproyecto hotelero", denuncian a RTVE.es Greenpeace y Ecologistas en Acción.
La Plataforma Salvar El Palmar -con más de 12.000 amigos en Facebook- lucha para evitar la construcción de más de 1.400 plazas hoteleras en esta zona paradisíaca del mar de Trafalgar, un proyecto que ahora está parado, "según la Administración por falta de financiación", explica Antonio Nabú, de la plataforma, que añade que la mitad del terreno es de Bankia, la entidad bancaria en el ojo del huracán de la crisis financiera. No obstante, la responsable de Costas de Greenpeace teme que, "en cuanto haya liquidez, salga adelante".
Nabú indica que hay presentado un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra el plan parcial y tienen la esperanza de que no se ejecute porque el terreno está calificado por la Agencia de Medio Ambiente y Agua de Andalucía como "zona inundable". Además, se pregunta "cómo puede ser sostenible" construir casi 1.500 plazas hoteleras en un lugar donde viven 500 personas y duda del reclamo turístico en una zona en la que "puedes estar 15 días sin poder pisar la playa porque se mete el viento Levante", por lo que teme que al final los apartahoteles se vendan como segunda vivienda.
Desde Salvar El Palmar también advierten de que ya se ha comprobado que "el modelo económico del ladrillo es pan para hoy y hambre para mañana".
El Ayuntamiento de Vejer de la Frontera, gobernado desde 2011 por el PP y antes por el PSOE, que ante la plataforma alega que el proyecto es legal y que generará empleo en el municipio, no ha querido hacer declaraciones a RTVE.es porque consideran que no se puede vincular este tema con el de Valdevaqueros.
Cabo de Gata (Almería)
Mientras que el tristemente famoso hotel Algarrobico, pese a los fallos judiciales que confirman su ilegalidad, sigue en pie en Carboneras a la entrada del Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) a la espera de que la interminable burocracia culmine con su demolición, los grupos conservacionistas denuncian otras amenazas para uno de los espacios naturales mejor conservados del Mediterráneo.
El último golpe para esta Reserva de la Bioesfera ha caído a 10 kilómetros del Algarrobico en forma de sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha estimado parcialmente un recurso contencioso administrativo de la promotora de la macrourbanización Marinas de Aguamarga y declara urbanizable esta zona costera de Níjar, donde hay proyectadas 350 viviendas y un hotel con 300 plazas. El TSJA anula por "arbitrario" el nivel de protección ambiental otorgado por la Junta de Andalucía a la zona, aunque hay un fallo del Supremo de 2007 que anula otro del tribunal andaluz que validaba la ejecución de la urbanización.
El portavoz de la Plataforma de Defensa del Parque Natural y presidente del Grupo Ecologista Mediterráneo (GEM), José Rivera, confía en que esa "contradicción" entre fallos judiciales acabe por hacer inviable la urbanización y, para ello, han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo con la esperanza de que finalmente sea la sentencia del Alto Tribunal, la que dice que la zona no es urbanizable, "la que valga". Además, espera que la crisis impida que de momento se construya nada, aunque teme que sí puedan ejecutarse pequeñas actuaciones y que "al final se acaben cargando la zona".
Rivera alerta de otros dos proyectos, ambos también en Níjar: uno que prevé construir un hotel de 50 habitaciones en Campillo de Gata en Pujaire, con polémica judicial de por medio -un juzgado de Almería ha incoado procedimiento por prevaricación contra cargos de la Consejería de Medio Ambiente por dictar resoluciones contra el inicio de las obras y vulnerar acuerdos del TSJA favorables al proyecto-; y otro de una urbanización en La Fabriquilla con 150 viviendas y un hotel, que el Supremo ha avalado como urbanizable, aunque las dificultades para garantizar el abastecimiento de agua pueden disuadir a los inversores.
Desde la plataforma cívica llaman la atención de los promotores y les recuerda que ya hay construidos en el entorno del parque, en El Toyo y Macenas, macrourbanizaciones, hoteles y campos de golf que "languidecen" sin clientes ni inquilinos.
Por su parte, el alcalde de Níjar, Antonio Jesús Rodríguez (PP), ha asegurado a RTVE.es que el consistorio "siempre ha acatado las resoluciones judiciales" y ha estado "a lo que diga la Justicia", que en el caso de Aguamarga "ha dicho que hemos actuado conforme a derecho". Para Rodríguez, el proyecto resuelve "la asignatura pendiente" de Níjar de aprovechar la rentabilidad turística y sin que vaya a suponer "una masificación ni una aglomeración" de viviendas para el municipio.
Sobre los casos de Campillo de Gata y La Fabriquilla, el alcalde del municipio almeriense ha recordado que están parados porque están en los tribunales y no ha creído conveniente hacer ninguna valoración "hasta que la Justicia se pronuncie".
Marina de Cope (Murcia)
Siguiendo por la costa del Levante español, llegamos a la Región de Murcia. Allí, en uno "de los pocos tramos de costa que quedan vírgenes", según denuncia Ecologistas en Acción, está proyectado Marina Cope, un megacomplejo turístico, entre Lorca y Águilas, sobre 21 millones de metros cuadrados con 20.000 plazas turísticas. El enclave está rodeado por un LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) y el Parque Regional de Cabo de Cope y Puntas del Calnegre.
"Es otro Marina D'Or que supone repetir los errores del pasado", asegura a RTVE.es Natalia Martín, que recuerda que el proyecto se inició en 2001 y acaba de recibir un último impulso.
La Consejería de Obras Públicas y Política Territorial del Gobierno de Murcia, del PP, aprobó el pasado 21 de mayo una orden que daba conformidad a las modificaciones de los planes urbanísticos de Lorca y Águilas y "da cumplimiento adecuadamente" a los requerimientos medioambientales de la Comunidad Autónoma y de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, del Ministerio de Medio Ambiente, según aseguran a RTVE.es desde la Administración regional.
Desde la consejería se subraya que la iniciativa es "respetuosa" con el medio ambiente y tiene "todos los parabienes" y señalan que se han introducido una serie de limitaciones para la "protección de la fauna y flora autóctonas" y un plan de movilidad sostenible. Además, recuerdan que en 2004 la actuación fue declarada "de interés regional" con el objetivo de "potenciar el turismo de calidad" y sostienen que "prueba del detalle y rigurosidad" con los que se ha llevado a cabo el proyecto es que han transcurrido más de 10 años desde su inicio.
El siguiente paso será la redacción de un Plan Especial, promovido por el Consorcio de Marina de Cope, que deberá ser otra vez aprobado por Obras Públicas, por eso no pueden dar fechas estimadas de inicio de obras, "aunque sabemos que habrá algún promotor" que ejecutará el megacomplejo.
Pedro García, de la Asociación de Naturalistas del Sureste (ANSE), ha anunciado que interpondrán un recurso contencioso administrativo contra esta resolución del Gobierno de la Región, a la vez que ha recordado que aún debe resolver el Tribunal Constitucional un recurso del PSOE y varias organizaciones ecologistas contra la corrección del límite del LIC de Marina de Cope que hizo el Ejecutivo murciano hace 11 años. "Es nuestra gran esperanza", afirma.
ANSE denuncia otros dos proyectos en la fachada de la costa murciana de una misma promotora, Hansa Urbana, "coparticipada por la intervenida CAM": la construcción de 7.700 viviendas y un campo de golf en las inmediaciones de Puntas del Calnegre, en el término municipal de Lorca; y la macrourbanización Novo Carthago, junto al Mar Menor y el humedal de Lo Poyo, en San Ginés de la Jara (Cartagena), que prevé levantar entre 8.000 y 10.000 viviendas, dos campos de golf y varios hoteles.
El primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Patrimonio y Medio Ambiente de Cartagena, Joaquín Segado, ha explicado que el proyecto de Novo Carthago lleva siete años tramitándose y ha pasado ya "favorablemente" dos declaraciones de impacto ambiental, la del PGOU y el plan parcial, y el proyecto urbanizador deberá pasar otra más.
Ha asegurado que una de las modificaciones del PGOU implicó "sacar" el proyecto de zona protegida y ha destacado que la actuación, "con al menos dos hoteles y 5.000 viviendas", pretende "fomentar el turismo de cierto nivel", de forma similar al ya existente La Manga Club, "que compagina perfectamente el respeto al medio ambiente y la actividad turística que genera empleo". Además, destaca que Hansa Urbana debe restaurar el Monasterio de San Ginés de la Jara, un Bien de Interés Cultural (BIC).
El Ayuntamiento de Lorca no ha respondido a la solicitud de información de RTVE.es sobre los proyectos de Marina de Cope y Calnegre.
Es Trenc (Mallorca)
A unos 150 metros de la impresionante playa mallorquina de Es Trenc está prevista la construcción de un complejo hotelero de 5 estrellas y con 1.200 plazas, un campo de golf y zonas polideportivas, que afectará a los arenales de Sa Ràpita y Es Trenc, aunque no se encuentra dentro del Área Natural de Especial Interés (ANEI), pero sí colinda.
El Govern de Baleares, del PP, lo declaró en abril pasado "proyecto de interés autonómico", lo que implica "reducir a la mitad los plazos de tramitación administrativa para tranquilizar a los inversores", denuncia a RTVE.es Margalida Ramis, del Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), que añade que el Govern y el Consell de Mallorca se han "alineado con los intereses" del Ayuntamiento de Campos para "desbloquear" la actuación.
Además, el Consell de Mallorca aprobó, con los votos del PP, una resolución en la que se corregía un "supuesto error material" del Plan Territorial de Mallorca (PTM) que aumentaba de dos a 19 las hectáreas susceptibles de urbanización turística en Sa Ràpita. La resolución ha sido recurrida por el PSIB-PSOE ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Baleares.
El grupo ecologista advierte de la "presión y el impacto" que la construcción de este proyecto hotelero tendría sobre el sistema de dunas y la franja litoral de la zona, "muy frágiles y ya muy vulnerables" por la gran afluencia turística en verano. Desde el GOB confían, una vez más, en la "falta de liquidez" por la crisis para que el complejo no se construya, ya que hasta el momento no se ha presentado proyecto.
Por su parte, el conseller de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, Gabriel Company, en declaraciones a RTVE.es, tras destacar que el hotel de lujo se situará "a cinco kilómetros de la playa", ha justificado la declaración de "interés autonómico" por los "beneficios" que puede tener para los vecinos de Campos y para la empresa turística, además de su "escaso impacto medioambiental" al edificarse en terreno permitido por el PTM. Además, recuerda que este plan fue aprobado la legislatura pasada por el Ejecutivo "de izquierdas" en el Consell de Mallorca.
Según Company, el arenal de Es Trenc "seguirá igual de protegido con o sin hotel de lujo a cinco kilómetros", ya que su protección "está absolutamente garantizada por diferentes figuras" y sostiene que, quien diga lo contrario, "hace un ejercicio de demagogia barata que lleva a la confusión y le hace un flaco favor a las Illes Baleares", a la vez que aboga por conjugar el desarrollo económico con el respeto a las playas y paisajes.
Además, el conseller lanza el mensaje de que el Govern "no tiene ninguna intención de iniciar ninguna carrera urbanizadora, ni desproteger zonas o espacios que cuentan con protección justificada" y recalca que no harán "un urbanismo ideológico, como hicieron otros durante la pasada legislatura, protegiendo terrenos que estaban urbanizados con el consecuente perjuicio para promotores y propietarios".
Cabo de Peñas (Asturias)
A más de mil kilómetros del inicio de nuestro recorrido, en el punto más septentrional del Principado de Asturias, se encuentra Cabo de Peñas, Paisaje Protegido, LIC y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), ubicado en el municipio de Gozón. A 500 metros de la playa de Verdicio de este municipio está prevista la construcción de un campo de golf y 500 viviendas unifamiliares, denuncia la Coordinadora Ecoloxista d'Asturies.
La Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA) del Principado acaba de aprobar -a finales de mayo justo antes de que se hiciera efectivo el cambio de Gobierno- el Plan General de Ordenación de Gozón que contempla este proyecto, que supondrá "un verdadero desastre" para la zona, según Fruti Pontigo, del grupo ecologista, que anuncia que se recurrirá judicialmente.
Por su parte, el primer teniente de alcalde de Gozón, Ramón Artime, defiende a RTVE.es que el proyecto "cumple con la legalidad al cien por cien" y supone una "apuesta por el turismo de calidad, que genera riqueza y empleo" para que este concejo se dinamice "y cambie el turismo de bolsa, casera y bocadillo de un día". El edil añade que de los 80 kilómetros cuadrados de Gozón, un total de 25 están protegidos, y lamenta que haya oposición a construir donde sí se puede. "No está la cosa en España para discutir inversiones", concluye.
La Coordinadora Ecoloxista también denuncia otros dos LIC amenazados por la excavadora en Asturias: las dunas del Espartal, en Castrillón, monumento natural en primera línea de playa junto al que están previstas 300 viviendas; y la turbera de las Dueñas, en Cudillero, también monumento natural y donde se proyectan 900 viviendas entre edificios e inmuebles unifamiliares.
En contra de lo que piensan otros ecologistas, para Pontigo, es "una falsa realidad" que la crisis vaya a parar estos proyectos urbanísticos por la sencilla razón de que "los ayuntamientos están faltos de dinero y dan más facilidades que nunca porque están desesperados". Además, alerta que también son oportunidades para la especulación "para comprar ahora barato y luego vender caro".
Todos estos son solo algunos de los casos con más repercusión nacional, pero los grupos ecologistas de toda España tienen abiertos otros muchos frentes en los 6.000 kilómetros de nuestro litoral, aún amenazado por la piqueta pese al pinchazo de la burbuja inmobiliaria.
* RTVE Noticias - LAURA G. TORRES - 10.6.12
Foto: Tarifa (Cádiz), salvemos Valdevaqueros
El fiscal de Malaya pide 497 años de cárcel y multas que suman 3.800 millones
ELPAÍS/Marbella* : El fiscal anticorrupción de Málaga Juan Carlos López Caballero no es un hombre dado a golpes de efecto. El representante del ministerio público elevó ayer a definitivo su escrito de acusación provisional en el caso Malaya, la macrocausa sobre la corrupción municipal en Marbella. Y lo hizo sin introducir modificaciones de calado tras 180 jornadas de vista oral que se iniciaron en septiembre de 2010.
La modificación más significativa fue la retirada de la acusación a nueve de los 95 procesados iniciales, todos ellos personajes secundarios. El fiscal reclama para los 86 restantes penas que suman 497 años de cárcel y 3.800 millones de euros de multa. Los 435 folios del escrito final acusatorio sobre la trama de blanqueo supuestamente encabezada por Juan Antonio Roca mantienen casi en su integridad los postulados de partida. El fiscal reclama 30 años de prisión, 81 de inhabilitación y 810 millones de euros de multa para el cerebro de la trama por diversos delitos de blanqueo, prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude y cohecho. Ni un año más ni un euro menos que antes.
Respecto a Roca, en prisión desde marzo de 2006, solo cambian dos puntos de la acusación pública. El exasesor podrá conservar los bienes adquiridos por sus sociedades con anterioridad a 1996. Entre estas propiedades destaca su domicilio particular, un dúplex de lujo en el edificio Poseidón, en una de las mejores zonas de Marbella. El fiscal tuvo que renunciar al comiso de estos bienes debido a que cuando fueron adquiridos todavía no estaba en vigor la actual legislación antiblanqueo. El hecho de no pedir el comiso no implica que, en caso de resultar condenado en esta o en alguna de las otras 31 causas en las que está imputado, no se pueda obligar a Roca a responder de posibles multas o responsabilidades civiles con esos bienes.
Otro cambio en el escrito de López Caballero consiste en ofrecer el delito de apropiación indebida como alternativa a los delitos de malversación de caudales públicos. Este cambio supondría una pena máxima para Roca de 28 años de prisión. El fiscal recuerda en su escrito que Roca gastó más de 200 millones de euros entre 1997 y 2005 en inmuebles, vehículos, yates, mobiliario, viajes y obras de arte, una cantidad "que no puede justificarse sobre la base de las rentas lícitas conocidas" del exasesor y de su familia. Este patrimonio inmenso se ocultaba tras un entramado en el que el fiscal ha identificado al menos 70 sociedades.
Quien quizá salió más beneficiada de la sesión de ayer fue la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe. La exregidora gilista y auténtica marioneta en manos de Roca vio su petición de pena rebajada de 20 a 16 años de cárcel, después de que el fiscal apreciara un tipo de malversación más leve en el uso indebido que se hizo del Rolls Royce del fallecido alcalde Jesús Gil. Este vehículo, que fue recuperado, acabó siendo subastado.
Otro acusado beneficiado ayer fue el abogado Juan Germán Hoffmann, supuesto testaferro internacional de Roca, a quien se le retiró un delito de blanqueo, lo que supone una rebaja en la petición de siete a cuatro años de cárcel. Para el resto de los acusados —concejales, empresarios o testaferros de Roca como los abogados Sánchez Zubizarreta, Óscar Benavente o Montserrat Corulla— las peticiones de pena se mantienen en los términos iniciales.
La 180º jornada comenzó con sorpresa: el fiscal anticorrupción y fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, anunciaba la retirada de la acusación que mantenía sobre nueve procesados, todos ellos personajes muy secundarios de la trama corrupta. Se trata de María Roca Jimeno, hija del supuesto cabecilla de la trama; Javier Pérez Villena, hijo del empresario Ismael Pérez Peña, que ya se conformó con la pena que pedía para él el fiscal; Miguel Jiménez, ex concejal del Grupo Independiente Liberal; Sergio Santana, técnico informático y contable; Karin Marika Mattson, empleada de One Properties, una de las inmobiliarias de Roca; Ursula Quinzano, exsecretaria de Montserrat Corulla, supuesta testaferro de Roca; Hildegard Fernandez, veterinaria de los caballos del exasesor urbanístico; Carlos García Puente, exadministrador de una sociedad de Roca, y José María Mellado Romero, que participó en la operación de compraventa del hotel La Malvasía en la Aldea del Rocío.
Con la salida de estos nueve procesados, el juicio se queda definitivamente con 86 procesados.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 12 JUN 2012
Foto: Marbella, Roca declarando juicio (archivo) - elpais
La Xunta propone “aligerar el trámite ambiental” en los planes urbanísticos
ELPAÍS/Galicia* : Es solo un punto de partida. Lo que la Xunta denomina Bases para una nueva Lei do Solo. 28 folios que ayer el conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, entregó a los grupos de la oposición, que solo se comprometieron a lo que ya estaba pactado: el Parlamento creará una comisión para elaborar otra ley del suelo. Las comparecencias de los expertos arrancarán en septiembre, pero nadie, ni el Gobierno ni los partidos de la oposición creen que pueda estar lista en esta legislatura.
El documento presentado ayer exhibe la filosofía que persigue la Xunta para la enésima modificación de la normativa urbanística. Y aboga por simplifar los trámites del planeamiento dada “la excesiva rigidez” de la Lei de Ordenación Urbanística y Protección del Medio Rural de Galicia. En sus líneas maestras, el Gobierno gallego defiende que la futura legislación tenga en cuenta las particularidades de distintos territorios municipales. Así, propone que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes puedan aprobar sus planes generales por competencia delegada de la Xunta, igual que otros municipios más pequeños pero “que acrediten contar con una dotación técnica y jurídica adecuada”.
Dentro de esas líneas maestras, el Gobierno gallego “pide repensar la fase preceptiva de información pública” de los planes generales porque “las alegaciones no añaden desde el punto de vista del interés público prácticamente nada a un documento ya elaborado”.
La Xunta habla también en sus bases de “aligerar el trámite ambiental”. Aboga directamente por “cribar el trámite ambiental en las modificaciones puntuales del planeamiento, excluyendo al menos las modificaciones eximidas de informe urbanístico previo a la aprobación inicial, por no incidir en la clasificación de suelo ni una mayor intensidad de uso”.
El documento que ayer presentó Hernández, acompañado en la reunión por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, pide “analizar la exención del procedimiento ambiental para los planes generales de los ayuntamientos sin complejidad urbanística que se limiten a reconocer los núcleos rurales ya existentes”. Las bases no se paran a definir qué entiende la Xunta por ayuntamientos sin complejidad urbanística.
Al tiempo que contempla la posibilidad de delegar la competencia de la aprobación del planeamiento a los municipios de menos de 50.000 habitantes y a otros con menos población que demuestren tener los medios técnicos y jurídicos adecuados, el Gobierno gallego plantea que para el resto de ayuntamientos la Consellería de Infraestruturas pueda decir al municipio no solo qué puede hacer en la ordenación urbanística sino orientarle en el cómo.
El Gobierno gallego insiste en la prohibición que ya establecen las Directrices de Ordenación del Territorio de proyectar desarrollos aislados del suelo urbano pero pide ir un paso más allá. Plantea suavizar las cargas para los promotores inmobiliarios para hacer “más atractivo” el desarrollo de los suelos urbanos no consolidados. Así lo argumentan las bases para la futura ley del suelo: “Las cesiones ra dotaciones no deben forzar los límites de lo razonable”. “Más que disminuir las cesiones [para espacios verdes y otros servicios que los constructores están obligados a hacer al Ayuntamiento] se debe apostar por incrementar la edificabilidad de suelo urbano no consolidado que permita hacer frente a los grandes costes de urbanización, sobre todo por indemnizaciones de construcciones ya existentes, realojamiento de inquilinos, obligación de mantener elementos catalogados...”
También en la excepción a las prohibiciones sobre el suelo rústico pretende la Xunta “simplificar el trámite de autorización previa autonómica”. El método que propone el Gobierno gallego es “establecer un control a posteriori”, que los alcaldes “otorguen licencias y en los casos en los que se acuerde, remitan copia del expediente a la Xunta, que comprobará su conformidad o manifestará reparos”. Según anunció ayer Hernández a la prensa, la futura norma quedará blindada, de manera que cualquier modificación tenga que contar con una mayoría cualificada en el Parlamento.
* El País - 11.6.12
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org
El fiscal pide dos años para el exalcalde de Casarabonela por prevaricación urbanística
LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Málaga pide dos años de cárcel y diez de inhabilitación para el exalcalde de Casarabonela Sebastián Gómez (PSOE) por un presunto delito de prevaricación urbanística, mientras que la arquitecta municipal contratada se enfrenta a una década de inhabilitación y al pago de una multa de 14.400 euros.
Según consta en la calificación fiscal, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga, el acusado tuvo entre 1999 y 2011 –cuando dejó el sillón– «la atribución de conceder licencias y la competencia sobre urbanismo y la protección del medio ambiente».
«Conocedor de los requisitos legales restrictivos para la construcción de viviendas en el campo, urdió un modo de sortearlos y dar apariencia legal a sus resoluciones, facilitando la construcción y ampliación de viviendas de recreo y otros usos desvinculados de explotaciones agrícolas o ganaderas», asegura el acusador público en el documento.
El alcalde contrató a C. M. M., también acusada, para desempeñar las funciones de arquitecta municipal, «consistentes en la emisión del informe técnico-jurídico». Su contratación también tuvo el fin, siempre según la Fiscalía, de «prescindir de los servicios técnico-jurídicos de la Diputación Provincial».
Así, el acusado podría «controlar e influir en la acusada, para indicarle el sentido que debía tener cada informe y luego dictaba sus resoluciones amparándose en esos mismos estudios», añade el acusador público, adscrito a la Sección de Medio Ambiente del ministerio público.
La acusada, añade el fiscal en el relato acusatorio, «no comprobaba la realidad de las obras ni su legalidad, y se limitaba a redactar los informes técnico-jurídicos y las resoluciones/decretos del alcalde según unos modelos formularios».
Las licencias de obra concedidas de ese modo eran para «edificaciones ubicadas en suelo clasificado como no urbanizable agrícola» en las normas subsidiarias de planeamiento de Casarabonela, aprobadas el 19 de mayo de 1982.
El fiscal recuerda que para estos casos, la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) exige la presentación de un proyecto de actuación, con el requisito básico «de vinculación a una actividad agropecuaria». Éste deberá ser, además, informado por la Delegación Provincial de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, explica el representante del ministerio público.
El informe autonómico es anterior «a la concesión de la preceptiva licencia de obras municipal». Sin embargo, «el acusado prescindió sistemáticamente de todos los procedimientos para la concesión de licencias de obras en suelo no urbanizable», subraya el acusador público.
Los distintos informes y resoluciones se produjeron en una decena de expedientes, que, dice el fiscal, «sólo pudieron ser examinados después de que agentes de la Policía Nacional, con mandamiento judicial de 5 de junio de 2006, se personaran en el Ayuntamiento de Casarabonela para obtener copia, ante la reiterada negativa a entregarlas».
Calificación. La Fiscalía califica los hechos como un presunto delito continuado de prevaricación urbanística por acción en siete de los supuestos y por omisión en otros tres. La acusada se enfrenta a una multa de 24 meses a razón del pago diario de veinte euros, así como a una inhabilitación especial de diez años para desempeñar el cargo de arquitecta municipal. El exregidor, a una inhabilitación idéntica y a dos años de cárcel. El juicio se celebrará mañana en el Jugado de lo Penal 14.
* La Opinión Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 12.6.12
Foto: Casarabonela (Málaga) - eureka
El Seprona reconoce que las órdenes de derribo se incumplen
LAPROVINCIA/LasPalmas* : Las sentencias contra las irregularidades urbanísticas que ordenan el derribo de las construcciones ilegales "no se ejecutan". La frase pertenece al teniente jefe de la sección del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en Las Palmas, Germán García, quien sostiene que "no se ejecutan las demoliciones de un elevado número de construcciones y edificaciones no autorizables". El teniente García reconoce la enorme labor que se realiza en el ámbito judicial para defender la normativa urbanística, pero opina que las penas impuestas son "insuficientes" para atajar la indisciplina.
Germán García participará en las II Jornadas de Medio Ambiente y Urbanismo con una ponencia titulada Indisciplina urbanística, según una nota enviada por Juris Vegueta, entidad organizadora del encuentro.
En cuanto a la sentencia del Tribunal Supremo que ordena por segunda vez consecutiva el derribo de la Biblioteca Pública del Estado, destaca que la misma contrasta con lo que ocurre con un buen número de construcciones que no se derriban y que no tienen ningún tipo de interés. "Para mí sería muy triste y doloroso ver cómo una biblioteca pública es demolida. Pienso que prestan un servicio público tan necesario e imprescindible como un hospital o centro de salud", considera. No obstante, deja claro que "la biblioteca no debió construirse nunca en ese lugar", al tiempo que muestra su coincidencia con las sentencias judiciales.
Normativa
A su juicio, las sentencias judiciales firmes "deben ejecutarse siempre". En este sentido, el teniente García considera que una de las consecuencias jurídicas de infringir la normativa urbanística, "la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado", no se cumple.
El incumplimiento de las sentencias que ordenan derruir las edificaciones ilegales "crea un precedente irregular al ser tolerado o consentido por los poderes públicos", explica. Por este motivo, entiende que se debe "garantizar el restablecimiento del orden jurídico perturbado, que consiste en requerir al interesado a que legalice y, si lo edificado o construido no fuera autorizable, demoler; llevándose a cabo mediante ejecución subsidiaria si fuese necesario". Sí considera que se da cumplimiento a las sanciones de tipo económico, a las indemnizaciones e incluso a las penas de prisión.
Las actuaciones más numerosas del Seprona están relacionadas con la gestión incorrecta de residuos, especialmente tóxicos y peligrosos. Sobre la plaga del picudo rojo afirma: "No creo que la palmera canaria corra peligro de extinción alguno ni mucho menos". García subraya "la gravedad de la indisciplina urbanística y su impacto en el medio ambiente" y califica la protección de la legalidad y el restablecimiento del orden jurídico perturbado como el "gran desconocido de la disciplina urbanística en Canarias".
* La Provincia - 6.6.12
Foto: Seprona, precintado depósitos - laprovincia
'Malaya' entra en su fase definitiva
ELPAÍS/Marbella* : El juicio del caso Malaya es una auténtica carrera de ultrafondo en la que sus protagonistas llegan, en algunos casos literalmente, con varios kilos menos a la meta. La vista oral, que se inició el 27 de septiembre de 2010 y acumula 179 sesiones, entra este martes en su recta final, con la exposición de las conclusiones definitivas, en las que las acusaciones concretarán las penas que finalmente solicitan para los acusados, en especial para el supuesto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
A lo largo del juicio, y en especial en el cuarto y último bloque, el protagonismo de Roca, en prisión desde marzo de 2006, no ha hecho más que crecer. El cuarto bloque, dedicado a analizar los cohechos supuestamente cobrados por Roca de promotores con intereses en Marbella y que luego este derivaba en parte a los concejales que debían dar el visto bueno a las licencias, se inició con una confesión histórica. El 7 de noviembre de 2011, en la sesión 104, Roca admitía por primera vez que cobró no menos de 33,3 millones de los promotores y entregó sobres con aproximadamente tres millones de euros en dinero negro a los ediles.
En aquella sesión trascendental, Roca confirmó la veracidad de los apuntes que figuraban en su contabilidad secreta, hallada en su despacho particular de la sociedad Maras Asesores. Sin embargo, trató de desvincular los pagos y los cobros de la concesión de actos administrativos favorables a los promotores. Roca afirmó que cobró las cantidades en concepto de “asesoramiento” y “participación en negocios privados” con los promotores. El exasesor y mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil mostraba con una mano y ocultaba con la otra.
La causa, con 95 procesados, se ha tenido que dividir para hacerla gobernable. Tras un bloque inicial dedicado al análisis del pelotazo urbanístico de la llamada operación Crucero Banús y otros dos bloques centrados en los entramados de blanqueo de capitales supuestamente elaborados por Roca y sus principales asesores, el juicio se adentró en los supuestos cohechos.
Uno de los momentos cumbre de esta fase lo constituyó el careo que sostuvieron Roca y la exalcaldesa marbellí Marisol Yagüe acerca de los 1,8 millones de euros que supuestamente pagó el asesor urbanístico a la exregidora. Era la sesión número 140, y el careo se desarrolló así:
-Roca. Lo siento, cariño, pero no puedo estar de acuerdo en que no te entregué dinero.
-Yagüe. Él sabe que lo quiero mucho y que quiero que salga mañana de la cárcel, pero no me entregó nada.
La cuarta fase de la vista oral ha sido la que ha concentrado mayor número de testigos. Inicialmente, las acusaciones y defensas propusieron más de 400 nombres. Sin embargo, la advertencia del presidente del tribunal, José Godino, de que si las sesiones no avanzaban con buen ritmo se vería obligado a fijar jornadas de juicio en el mes de agosto, tradicionalmente inhábil en la justicia, hizo que muchos abogados renunciaran a los testigos no esenciales. Finalmente el número de comparecientes se redujo aproximadamente en un 50%. En las últimas semanas, las sesiones se han desarrollado en horario de mañana y tarde.
La prueba testifical ha servido para apuntalar la idea de que Roca ocupaba, desde la sombra, un papel central en la vida municipal marbellí, y en especial en el urbanismo. Testimonios como el de Raquel Escobar, exasesora jurídica del departamento de Urbanismo, señaló que, respecto a las licencias de obra, “Roca proponía en la mayoría de los casos a los concejales el sentido del voto”. También dijo que el exasesor, pese a estar formalmente fuera del Ayuntamiento, “tenía conocimiento de absolutamente todo lo que tuviera que ver con el urbanismo de Marbella”.
Otro punto de interés en la prueba testifical ha sido conocer el volumen de la fortuna con la que llegó Roca a Marbella en mayo de 1992 de la mano del fallecido alcalde Jesús Gil. Este punto es vital para que Roca pueda justificar o no parte de las ganancias de su entramado empresarial, que, además, no figuraba a su nombre. Sin embargo, entre los peritos de la Agencia Tributaria y los de las defensas ha sido imposible llegar a un acuerdo. La acusación mantiene que Roca llegó a Marbella casi en la ruina—con 43 millones de pesetas de patrimonio y 39 de deudas—, mientras que la defensa habla de un patrimonio equivalente a 15 millones de euros.
Durante las sesiones han desfilado por la sala del juicio numerosos mandos y agentes del Cuerpo Nacional de Policía, que han tenido que defender su labor ante unos abogados que les acusan de haber realizado sus informes con errores y precipitación.
30 años de prisión
En la jornada de mañana martes el fiscal deberá presentar sus conclusiones definitivas sobre el caso Malaya. En sus conclusiones provisionales, el ministerio público reclama para Roca 30 años de prisión y una multa de 810 millones de euros
El exasesor urbanístico está acusado de blanqueo, prevaricación, cohecho, malversación y fraude.
En la causa hay procesados un total de 17 concejales de la última corporación gilista marbellí. La edil para quien se pide mayor pena es la exalcaldesa Marisol Yagüe. El fiscal solicita para ella 20 años de prisión.
El exteniente de alcalde y promotor Pedro Román se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel.
* El País - FERNANDO J. PÉREZ Málaga 10 JUN 2012
Foto: Marbella, plaza ayuntamiento - pgb.es
El fiscal pide 10 años para Millet y 4 para la cúpula de Urbanismo de Barcelona
ELPAÍS* : El caso de las presuntas irregularidades en la tramitación de un hotel de lujo junto al Palau de la Música va a llegar a juicio antes que el saqueo de la entidad perpetrado por Fèlix Millet y Jordi Montull, que asciende a 35 millones de euros. La fiscalía ha pedido duras penas de prisión (diez años y dos meses) para Millet y quien fue su mano derecha por apropiación indebida y falsedad documental. En esa misma causa —una de las derivadas de la investigación sobre el expolio del Palau— el fiscal también acusa a la antigua cúpula socialista de Urbanismo en el Ayuntamiento de Barcelona.
En su escrito de acusación, el fiscal pide cuatro años y siete meses de cárcel para el ex teniente de alcalde de Urbanismo de Barcelona Ramon García Bragado; para el exgerente de esa misma área Ramon Massagué; y para el ex director jurídico Enric Lambies. Todos ellos están acusados de prevaricación y falsedad documental. El fiscal exige que sean condenados a 13 años y medio de inhabilitación para desempeñar cargos públicos y a pagar una multa de 12.000 euros.
Los máximos responsables de Urbanismo en el Consistorio durante la etapa del alcalde socialista Jordi Hereu sucumbieron al poder de influencia de Millet y le facilitaron la tramitación del fallido hotel del Palau, un proyecto que jamás vio la luz por la decidida oposición de los vecinos, que llevaron el caso a los tribunales. García Bragado y Massaguer “ocultaron” que la operación beneficiaba a un particular —el hotelero Manuel Valderrama— para no desvirtuar la apariencia de interés público que tenía el proyecto, según la fiscalía.
El caso tiene su origen en 2003, cuando Millet y Montull lograron para el Palau la titularidad de unas fincas cercanas al recinto. El objetivo era, supuestamente, construir un hotel para dar mayor proyección al auditorio modernista. En realidad, buscaban “un importante beneficio personal”. Pero tenían un problema: la calificación urbanística de la zona no permitía, en el casco antiguo de Barcelona, el uso hotelero. De modo que intentaron a toda costa cambiar esa circunstancia.
Los saqueadores confesos de la institución musical aprovecharon “las relaciones personales” con los responsables de la Generalitat y del Ayuntamiento “para conseguir que colaboraran en la realización de aquella operación urbanística, firmando convenios, haciendo informes, agilizando trámites, dando información interesada o dictando resoluciones varias”.
En concreto, Millet y Montull “aprovecharon su relación de confianza y amistad” con García Bragado, entonces secretario de Presidencia con el Gobierno tripartito, para que encontrase un solar de la Generalitat que permitiera hacer la necesaria permuta urbanística. Todos ellos, junto al arquitecto Carles Díaz —que también afronta la pena de cuatro años y siete meses— acordaron impulsar dos convenios para que la operación urbanística prosperase. Los acuerdos se aprobaron sin el informe jurídico preceptivo y sin ningún tipo de estudio técnico, “debido a la supuesta urgencia para su firma que hábilmente supieron provocar y simular Millet y Montull”.
El convenio fijaba una indemnización de 3,6 millones para el Palau y dejaba en manos de Millet y del promotor hotelero la cantidad que este debía pagar a la Generalitat. El grupo socialista del Ayuntamiento de Barcelona no quiso polemizar con el escrito del fiscal y apeló al “más absoluto respeto por la labor que hace la judicatura”. Los socialistas se ciñeron al guion clásico al recordar que la presunción de inocencia es un derecho, pero matizaron que están convencidos de la “inocencia y honorabilidad” del antiguo equipo de Urbanismo.
* El País - JESÚS GARCÍA / BLANCA CIA Barcelona 8 JUN 2012
Foto: Barcelona, Millet y Montull imputados caso Palau - elpais.com
El TSJA ordena la demolición total de la biblioteca de Zaha Hadid en Sevilla
ELPAÍS* : Ni la estructura integrada en los jardines ni el aparcamiento subterráneo. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la demolición total de la biblioteca diseñada por la arquitecta iraquí Zaha Hadid que la Universidad de Sevilla construía en el Prado de San Sebastián. Los jueces instan a la Universidad derribar todo lo que se había levantado, en subterráneo y sobre rasante, y a devolver a los jardines el aspecto que tenían antes de que empezaran las obras, en agosto de 2008.
El TSJA no admite ninguna de las dos propuestas de ejecución de sentencia que presentó la Universidad, que pasaban por integrar en los jardines lo ya construido o reponer la zona verde, pero mantener el aparcamiento, con capacidad para 80 coches. “No tiene ningún sentido jurídico el mantenimiento de los aparcamientos subterráneos, pues son tan ilegales como la parte construida sobre rasante”, sostienen los jueces.
La US se había agarrado a la posibilidad de no tener que demoler todo porque, a pesar de que este final parecía inevitable después de que el TSJA y el Supremo vetaran la biblioteca, los jueces no habían dado orden de derribar el edificio. Hasta hoy.
Lo que anuló el TSJA en junio de 2009 fueron las determinaciones sobre el parque del Prado de San Sebastián recogidas en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 2006, que reservaba un extremo de este espacio para equipamiento de uso educativo, pensando ya en la biblioteca. Los jueces aclaran ahora que la nulidad de la parte del PGOU que permitía el proyecto de Hadid “determina a su vez la nulidad de la licencia de obras y por ende la demolición de lo construido a su amparo”.
La licencia de obras la dio el Ayuntamiento de Sevilla por lo que, en teoría, es el responsable de que allí se empezara a construir. Pero la Universidad estaba tan convencida de que el proyecto saldría adelante, a pesar de la oposición de algunos vecinos, que firmó una cláusula por la que renunciaba a reclamar cualquier tipo de indemnización si alguno de los recursos interpuestos prosperaba. Así que ahora, en el peor momento económico, la US tiene que afrontar en solitario el derribo, que aunque no está cuantificado se prevé costosa debido a la complejidad del proyecto diseñado por Zaha Hadid. Antes, la Universidad tendrá que diseñar un plan de demolición y obtener la licencia.
El auto dictado por el TSJA admite recurso, pero un portavoz de la US señaló este miércoles que no van a recurrir. “Se acatará de forma inmediata y se procederá a la restitución de todo lo que había, de común acuerdo con el Ayuntamiento”. El TSJA da un mes para que informe tanto sobre el calendario con el que se pretende acometer la ejecución de la sentencia como sobre la identificación “de la autoridad o funcionario” responsable de la misma. Si el derribo se hace este año, la institución académica tendrá que descontar el dinero de otra partida porque los presupuestos para 2012 no contemplan la demolición de la obra. Antes de su paralización, la US había invertido ya más de cuatro millones en el proyecto, a los que hay que sumar más 100.000 euros al año en vigilancia y mantenimiento desde que se detuvieron los trabajos y la indemnización que, posiblemente, reclamará la empresa Ferrovial, que el rector de la US, Antonio Ramírez Arellano, llegó a cifrar entre tres y seis millones de euros.
* El País - REYES RINCÓN Sevilla 6 JUN 2012
Foto: Sevilla, obras paralizadas biblioteca el Prado - elpais
Una plataforma ciudadana sale en defensa del Port Vell de Barcelona
ELPAÍS* : El proceso de reconversión de la marina de la Barceloneta en un espacio para megayates tiene en pie de guerra a varios colectivos sociales de la ciudad. Para articular su oposición al proyecto, que actualmente se encuentra en trámite en la Autoridad Portuaria, ayer presentaron la Plataforma Defendamos el Port Vell, que aglutina a 29 entidades —como la FAVB y Arquitectos sin Fronteras, entre otros— y a un puñado de profesores universitarios.
Además de denunciar el impacto negativo que aseguran tendría el proyecto sobre el barrio marinero y el Casc Antic, esperan a largo plazo construir una propuesta para acercar más el litoral a la ciudad y “recuperar la cultura marítima”, según explicó Javier Moreno, uno de los miembros de la plataforma. La líder vecinal Gala Pin solicitó a las autoridades a mirar a las intervenciones que se han hecho en Hamburgo y Marsella, que consideró “más ciudadanas”.
Además de las afectaciones paisajísticas, la plataforma considera que la ampliación del muelle de España y la afectación de una parte del de los Pescadores cerrarían al público una zona por la que actualmente se puede pasear. También temen que aumente el precio de la vivienda en la zona, expulsando a los vecinos.
Moreno teme que la nueva marina —que le costará unos 25 millones de euros al grupo inglés que le promueve— se convierta en “un garaje para el alquiler de yates charter”, una actividad que, asegura, puede dar pie a actividades ilegales. Gran mayoría de estas embarcaciones tienen banderas de paraísos fiscales.
* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 7 JUN 2012
Foto: Barcelona, port Vell - seateam
Neoladrillismo o cómo volver a tropezar otra vez en la misma piedra
JUAN LÓPEZ DE URALDE* : El ayuntamiento de Tarifa ha aprobado la construcción de más de 300 viviendas y 1.400 plazas hoteleras junto a la playa de Valdevaqueros. Si no lo evitamos, este paraje único, libre de construcciones, y ubicado entre los Parques Naturales del Estrecho y los Alcornocales, puede caer bajo la nueva ola del ladrillo. No es el único. Como si nada hubiera ocurrido en España en estos últimos años, se suceden los nuevos proyectos urbanísticos en los lugares más bellos de nuestro litoral. Es el neoladrillismo.
Así, aquellos parajes que por estar peor comunicados, o por haber sido emblemas de la protección ambiental, se han librado del brutal urbanismo de la última década, están ahora muy amenazados. Se trata de lugares singulares de especial belleza, y hasta ahora prácticamente vírgenes, que lograron sobrevivir de la voracidad urbanística.
Hablamos por ejemplo de la playa de Es Trenc, en Mallorca. Un inmenso arenal que ha sufrido varias veces la amenaza de construcciones, pero que hasta ahora se había mantenido incólume gracias a la tenacidad de los grupos ecologistas, en especial del incansable GOB. En Murcia la amenaza se cierne sobre las costas de cabo Cope, hasta ahora ajenas al ladrillazo que inundó otras zonas de su litoral como La Manga del Mar Menor. En Almería es el Cabo de Gata el espacio sometido al riesgo de una nueva ola del ladrillo, como si no estuviera grabada en nuestra retina la imagen de ese espantoso hotel en la playa de El Algarrobico.
Pero ¿cómo es posible que esto ocurra con la que está cayendo precisamente como consecuencia de un urbanismo salvaje y de una burbuja inmobiliaria que no se supo o no se quiso parar? Ahí tenemos a Bankia, arrastrada al abismo precisamente por los activos tóxicos procedentes del ladrillo. Un abismo que parece arrastrarnos a todos y que, si no se remedia, va a costarnos miles de millones de euros de dinero público mientras se recortan servicios básicos para la ciudadanía.
Sin embargo, parece que esté modelo, el de los 5 millones de parados, sigue teniendo defensores en diferentes instancias y que podría volver.
La falta de alternativas de los grandes partidos le abre el camino. Ahora no vendrá de la mano de una banca fuertemente endeudada, sino a través de inversores o fondos extranjeros específicos que buscan dónde invertir.
El neoladrillismo no es masivo, ni se da en cualquier parte. Busca lugares de especial valor para proyectos de alto standing que puedan comercializarse perfectamente entre inversores extranjeros. Puede ser un buen negocio para ellos, pero en España sólo dejará más destrucción agotando todavía más el atractivo turístico de nuestra costa, a cambio de muy poco.
Ya hemos visto lo que nos ha traído la economía del ladrillo. Volver a escuchar los mismos argumentos de hace una década para justificar que se enladrille la playa de Valdevaqueros en Tarifa es inaceptable. No debemos permitirlo. No podemos consentir que una vez más se engañe a la gente con un falso desarrollo cuyas consecuencias ya conocemos. Tenemos que decir no. Otra vez no.
* Juan López de Uralde / EQUO
* El Huffington Post - 7.6.12
La corrupción alimenta la crisis, alerta Transparency International
ELPAÍS* : La corrupción y sensación de corrupción en los poderes públicos que desespera a los españoles tiene a dos de cada tres convencidos de que España es el país más corrupto de Europa y al 81% pensando que los partidos políticos son corruptos o muy corruptos. Otros tienen una opinión parecida de sí mismos (el 65% de los italianos otorgan a su país la medalla de oro en corrupción, con idéntico criterio que los españoles sobre sus partidos). A todos da la razón Transparency International (TI), la entidad sin ánimo de lucro volcada en la lucha contra la corrupción, que en su último informe destaca que España, junto a sus primos de Grecia, Italia y Portugal, adolece de una grave carencia de responsabilidad de los poderes públicos y una ineficacia, negligencia y corrupción tan enraizadas como faltas de control o sanción. “Ya no se pueden pasar por alto los vínculos entre corrupción y las crisis financiera y presupuestaria en estos países”, señala Transparency.
La entidad, radicada en Alemania, se ha hecho un nombre por sus estudios y revelaciones sobre cloacas políticas y económicas en todo el mundo. En el informe, que hoy hace público, titulado Money, Politics and Power: Corruption Risks in Europa (Dinero, política y poder. Peligros de la corrupción en Europa), Transparency se centra en la falta de claridad con que se adoptan decisiones en los países europeos.
Ya a primeros de año un Eurobarómetro revelaba que tres de cada cuatro europeos consideran que la corrupción es un grave problema en su país y cómo la mitad de ellos considera que la corrupción no ha hecho sino ir a más en los pasados tres años. La inmensa mayoría de los europeos estima que sea cual sea el nivel político institucional (local, regional o nacional) está minado por la corrupción y que políticos y responsables de los concursos públicos enseñorean a placer ese patio de Monipodio, que solo en la faceta de concurso públicos mueve del orden de 1,8 billones de euros anuales a escala comunitaria. Hace unos días, el Pew Research Center, un centro de estudios de Estados Unidos, revelaba que italianos (65%), españoles (63%) y griegos (52%) se tienen a sí mismos por los más corruptos de Europa.
En el año 2011 hubo destacados juicios sobre corrupción en Francia e Italia y escándalos que sacudieron a las opiniones públicas en el Reino Unido (gastos privados de parlamentarios cargados como públicos), Noruega (fraudes en pensiones), República Checa y Rumania (clientelismo puro y duro) y Bulgaria, Finlandia y Eslovenia (conflictos de intereses). La corrupción y los indicios racionales de corrupción llevan años campando por sus respetos en España, sin ahorrar poderes e instituciones. El 80,8% de los españoles tiene para sí que los partidos políticos son corruptos o extremadamente corruptos, según TI. El mismo porcentaje que en Italia, superados ambos ligeramente por la frustración de rumanos y por mucho por los afligidos griegos (87,9%).
Dice Transparency, refiriéndose a los países del sur de Europa, que en ellos “la corrupción consiste con frecuencia en prácticas legales pero no éticas” fruto de la opacidad en las reglas que rigen a los grupos de presión, el tráfico de influencias o la permeabilidad entre los sectores público y privado.
El informe subraya que la financiación de los partidos políticos no está debidamente regulada en Europa, pese a ser un área de alto riesgo de corrupción, y que los códigos de buena conducta de que se han dotado algunos parlamentos (no todos) están llenos de agujeros. Quienes hacen la ley hacen la trampa, viene a decir Transparency que en el suculento negocio de los contratos públicos constata que las legislaciones nacionales se ajustan a las directivas de la UE “aunque es un secreto a voces que en muchos países estas normas con sistemáticamente burladas y que eso se hace con impunidad”.
“Hay demasiados Gobiernos que escabullen su responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas y de los concursos públicos”, indica TI. “Peor incluso, solo dos países [Noruega y Reino Unido] protegen adecuadamente de represalias a quienes deciden denunciar presuntos delitos o conductas no éticas”.
Transparency hace notar cómo la frustración popular con la gestión de la cosa pública lanzó en 2011 a millares de jóvenes a las calles “indignados (…) por la incompetencia y la corrupción de los políticos” en España, Grecia, Italia y Portugal. “Las administraciones públicas de estos países carecían del marco legislativo para responder de sus actos y de mecanismos de integridad y de modos para su puesta en práctica efectiva”, apunta TI. “España, Grecia y Portugal son casos claros de cómo la ineficacia, los abusos y la corrupción no están suficientemente controlados o sancionados”.
* El País - RICARDO MARTÍNEZ DE RITUERTO Bruselas 6 JUN 2012
El alcalde de Ayamonte y su antecesor declaran en calidad de imputados
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), y su antecesor, el ex regidor municipal Rafael González (PSOE), comparecerán hoy ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº3 ayamontino para explicar su vinculación con la supuesta trama de irregularidades urbanísticas relacionada con el núcleo costero de Isla Canela. Ambos lo harán en calidad de imputados, según confirmaron ayer fuentes de la judicatura a Huelva Información.
El juez encargado de la instrucción del caso atribuye a Rodríguez Castillo un delito contra la ordenación del territorio, mientras que a Rafael González le imputa la comisión de delitos de prevaricación urbanística, contra la ordenación del territorio, contra el medio ambiente, estafa y cohecho.
Se trata, eso sí, de imputaciones cautelares y provisionales, ya que el procedimiento está en su fase inicial. Junto con los dos ediles desfilarán entre hoy y mañana por el Palacio de Justicia ayamontino otras siete personas más, concretamente miembros de la Corporación municipal de González -de diferentes áreas y niveles de responsabilidad, desde técnicos a ex concejales de Urbanismo- y cuatro constructores y promotores.
Las pesquisas, llevadas a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona), desembocaron en la práctica de un registro en febrero de 2010 en la casa consistorial de Ayamonte en el que se intervinieron documentos de gran calado. Tras examinarlos en profundidad, la Fiscalía halló en ellos indicios de la comisión de varios delitos relacionados con el urbanismo y decidió abrir diligencias informativas en marzo del año pasado para esclarecer cambios en la calificación de un suelo que albergaba 800 viviendas.
Se trata de una superficie de 148.214 metros cuadrados, catalogada en el Plan de Ordenación local como zona verde y emplazada a pie de playa, que acabó siendo destinada a la construcción de residenciales con vistas al mar.
El cambio de calificación fue respaldado en noviembre de 2004 por el grupo socialista municipal que entonces lideraba Rafael González, dando así el visto bueno a la elaboración de un estudio de detalle de las parcelas centrales de la Unidad de Ejecución 1A del Plan de Ordenación Urbana del Centro de Interés Turístico Nacional de Isla Canela. Esta acción se hizo, presuntamente, a espaldas de la Junta de Andalucía, que obtuvo las primeras noticias sobre la maniobra urbanística en la primavera de 2008 y que corrigió al Consistorio en 2009, declarando la nulidad del estudio de detalle e instándole a revisar de oficio el planeamiento por considerar que éste significaba un atropello a la normativa vigente.
La Administración autonómica remitió al juez recientemente varios informes en los que manifiesta que se aprecia incumplimiento de la normativa de aplicación en 15 de los 19 estudios de detalle sometidos al análisis judicial, puesto que se habían elaborado sin el informe preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía y vulneraban, incluso, varios artículos de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En los informes autonómicos la Junta deja claro que se ha producido una alteración de los usos y parámetros de edificabilidad, de la configuración de manzanas, parcelas y viario, en definitiva, de la ordenación pormenorizada establecida por la ordenación original del PGOU mediante las ordenaciones previstas en los proyectos de urbanización. Además, la entonces llamada Consejería de Obras Públicas y Transportes (ahora de Fomento y Vivienda), recuerda al titular del Mixto 3 de Ayamonte que su gabinete jurídico se vio abocado a recurrir por la vía contenciosa la reiterada negativa municipal -Antonio Rodríguez Castillo llegó a emitir un decreto dejando clara su postura- a anular algunas de las modificaciones aprobadas por el Pleno ayamontino cuando dio luz verde a la edificación de viviendas en primera línea del litoral onubense.
La investigación llevada a cabo por la Guardia Civil parte de 1993 y abarca los años sucesivos, tras la llegada a la zona de Pryconsa-Iscasa y la posterior multiplicación de la oferta turística que desató el boom del ladrillo en el entorno privilegiado de Isla Canela, una zona marismeña rodeada de espacios protegidos.
Desde que hace poco más de un año la autoridad judicial decidiera abrir el melón urbanístico ayamontino el sumario ya acumula más de 4.000 folios de documentación, muchos de ellos fruto de los dos registros llevados a cabo por la Benemérita en el ayuntamiento. Durante las diligencias, los investigadores del Instituto Armado han llegado a tomar declaración a la ex mujer de Rafael González.
Sobre la mesa del instructor del caso está también la posible conexión de estas supuestas irregularidades urbanísticas con la ONG Ayamonte Solidaria, fundada por el propio ex alcalde y que llevaba ayuda a proyectos en Guatemala. El Seprona sospecha -y así se lo ha hecho saber al juez- que él y algunos colaboradores pudieron utilizar la ONG como una suerte de tapadera para ingresar presuntas comisiones urbanísticas enmascaradas de donaciones para enriquecerse y blanquear más de medio millón de euros.
A lo largo de las jornadas de hoy y mañana el juez podrá escuchar de primera mano los testimonios de los nueve imputados en la causa y decidirá si incrementa o disminuye el grado de implicación de cada uno de ellos.
* Huelva Información - R. RENDÓN · R. MORENO - 7.6.12
Foto: Ayamonte (Huelva), edificios Isla Canela - huelvainformacion.es
La Fiscalía pide tres años de prisión para el alcalde de Ponga
ELCOMERCIO/Asturias* : El Fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo de Asturias, Joaquín de la Riva, solicita la condena para el alcalde de Ponga por un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación y uno continuado de desobediencia. El Ministerio Público pide para él una condena de tres años de prisión, multa de 9.720 euros, diez años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una indemnización al Principado de Asturias de 37.185,04 euros. La vista oral está señalada para mañana, además de para los días 12, 19 y 21 de junio, en el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo, a las 9.30 horas. En el banquillo se sentarán igualmente otras dos personas, empleadas del Ayuntamiento pongueto, por un delito continuado de desobediencia.
Los hechos se remontan a febrero de 2008 cuando, según recoge en su escrito la Fiscalía, el alcalde de Ponga, Cándido Vega, solicitó a la Consejería de Medio Rural y Pesca una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio. En junio de aquel mismo año se celebró un Pleno en el Ayuntamiento en el que regidor propuso la aprobación de la ejecución de los trabajos necesarios para la limpieza y acondicionamiento de las pistas de acceso a las majadas donde hubiera ganadería del concejo, a través de los empleados del Ayuntamiento y con la utilización de la maquinaria municipal. El Pleno aprobó por unanimidad la propuesta, siempre que se contara con los permisos preceptivos correspondientes.
El día 31 de julio de aquel año, el Servicio de Planificación y Gestión de Montes de la Consejería de Medio Rural comunicó al Ayuntamiento de Ponga que, a los efectos de determinar si era necesaria la realización de una Evaluación de Impacto Ambiental, deberían remitir a dicho servicio un documento de evaluación medioambiental . Sin embargo, según se extrae del informe de la Fiscalía, Cándido Vega, pese a saber que no contaba con la preceptiva autorización, ordenó la realización de las obras. Así, el día 6 de agosto de 2008, un agente de la Guardería de la Consejería de Medio Ambiente observó que, en el Puerto de Ventaniella, una pala excavadora manejada por el acusado M. C. V., empleado del Ayuntamiento de Ponga, estaba procediendo a ensanchar un camino tradicional, empedrado en algunos tramos, de una anchura aproximada de 2 metros, convirtiéndolo en una pista de un ancho de 3,5 a 4 metros. Este agente levantó acta de adopción de medidas cautelares y ordenó al palista que parase su actividad de forma inmediata, retirando la pala del monte, a lo que se negó M. C. V., alegando que él sólo recibía órdenes del alcalde. Al día siguiente, la Guardería del Medio Natural comprobó que la pala seguía trabajando y que estaba 200 metros más arriba de donde se había mandado parar el día anterior. De nuevo se dirigieron los agentes al palista ordenándole detener las obras, haciendo éste caso omiso y continuando con las mismas. Los guardas se entrevistaron con el alcalde, advirtiéndole de la ilegalidad de los trabajos y comunicándole que se había dado orden de paralizar los mismos, pese a lo cual se continuó con los trabajos dentro del ámbito territorial del Parque Natural de Ponga, y del LIC y ZEPA Ponga-Amieva.
Similares hechos se desarrollaron también en agosto de 2008 en los Puertos de Arcenorio y Fonfría, y Sobrelafoz y Faeda, aunque en estos casos el operario era E. R. M. Tuvo incluso que intervenir la Guardia Civil para el precintaje de la máquina.
El acondicionamiento sufrido por los tres caminos descritos «conlleva un cambio en las condiciones de uso actuales de los mismos, dado que las actuaciones de mejora llevadas a cabo permiten el acceso con vehículos todoterreno hacia áreas que hasta la fecha no eran accesibles por estos medios, lo que supone un incremento de las posibilidades de frecuentación de la zona, y con ello un aumento apreciable de las posibilidades de interferir con el ciclo biológico de especies amenazadas, de que se generen incendios de forma accidental o intencionada, así como del furtivismo, tanto de especies cinegéticas como catalogadas», advierte la Fiscalía. Considera que Vega es autor de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, otro de prevaricación, y de un delito continuado de desobediencia. Del delito continuado de desobediencia se considera también autores a los acusados M. C. V. y E. R. M, para los que la Fiscalía pide la pena de diez meses de prisión a cada uno, con la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
* El Comercio - ANA MORIYÓN - 5.6.12
Foto: Ponga (Asturias) - spainonline.com
Unos 800 cargos públicos imputados por corrupción, 100 en listas electorales
NUEVATRIBUNA* : Alrededor de 800 cargos públicos y políticos están imputados en casos de corrupción y, de ellos, unos 100 se presentaron en las listas en las últimas convocatorias electorales y, así, cada día se abre en la realidad un nuevo capítulo de la famosa película "Atraco a las tres".
De este modo se pronuncia, en una entrevista, María Ángeles López de Celis, la autora de "Los presidentes en zapatillas" que ahora acaba de publicar su segundo libro bajo el título "El síndrome de Alí Babá" (De cómo corruptos y sinvergüenzas acaban yéndose de rositas)".
Cuenta la que fuera secretaria de varios presidentes del Gobierno que, "irritada" porque en una situación de crisis seguía habiendo gente "metiendo mano en el cajón", decidió como ciudadana de a pie recoger en un libro los casos de corrupción como denuncia de algo que ha recorrido todas las etapas de la democracia.
Para "desdramatizar" el asunto, ha decidido abordarlo con un toque de "humor" y quiere especialmente agradecer a los periodistas su trabajo porque, sin ellos, el libro no hubiera sido posible.
A las "buenas gentes", a esos hombres y mujeres que se sienten desamparados ante la amenaza real del desempleo y a los jóvenes que no encuentran su camino hacia la realización personal y profesional ha dedicado López de Celis este libro.
Más de 4.000 millones de euros "se han ahogado en la charca de la corrupción en menos de diez años", según algunos cálculos manejados por la autora, quien repasa en su libro casos como el aceite de colza, la financiación ilegal de los partidos en los casos Filesa y Naseiro y los casos de Mariano Rubio, Juan Roldán y Juan Guerra.
No ha olvidado la máxima actualidad en la corrupción y también incluye el caso Gürtel, el de Palma Arena o los EREs de Andalucía.
Reconoce que las tentaciones, la avaricia y la codicia forman parte de naturaleza humana, pero "hay que controlarlo", enfatiza la autora antes de afirmar que en España los corruptos "no pagan por sus desafueros".
López de Celis no deja títere con cabeza y no salva a ningún partido de las garras de la corrupción, algo "nefasto" para una sociedad a la que "se le van por esa alcantarilla muchos recursos".
Según ella, al PSOE se le castiga más cuando alguno de sus miembros se ve implicado en algún caso, ya que las personas que "enarbolan la bandera de la libertad y de la honestidad, no pueden admitir en sus filas a procesados".
En cambio, el sufragio del PP es más "disciplinado" y los simpatizantes y afiliados suelen responder a la llamada al voto de sus dirigentes, lo que no quiere decir que acepten la corrupción.
La autora cifra en 800 el número de cargos imputados, una cantidad que "no se tiene en pie". "En un país donde estamos pasando estos momentos tan críticos, no es posible encima premiar a la gente que ha jurado por su conciencia y honor poner por encima los intereses de España", apostilla.
No ha tenido tiempo de incluir el caso Urdangarin en su libro, solo una breve cita, pero López de Celis cree que aunque el yerno del rey no sea condenado, "su honorabilidad ha quedado en entredicho". "Ha hecho un daño irreparable a la Casa Real; es una persona que ya no cuenta con el respeto de los españoles", subraya.
Considera que en la corrupción, como el déficit público, "no hay índice cero" porque siempre habrá alguien que "se deje tentar".
De todos modos, aboga por reducir los casos a niveles "tolerables", para lo que, en su opinión, es necesario hacer hincapié en la educación para inculcar a los niños los valores del "honor, la moral, la vergüenza y el espíritu de sacrificio".
Propone también poner coto a situaciones como la financiación "turbia" de los partidos o el retraso del Tribunal de Cuentas en la fiscalización de las fuerzas políticas, pero sobre todo cree imprescindible la independencia "total y absoluta" del poder judicial para que estos casos no queden inmunes.
A los corruptos hay que "aislarlos y castigarlos", concluye López de Celis no sin antes hacer un llamamiento a todos los ciudadanos para que no consientan esta lacra y salgan a la calle sin es necesario para intentar pararla. "Nosotros, los ciudadanos, también somos responsables".
* Nueva Tribuna - 28.5.12
Foto: Corrupción - terra.es
El urbanismo de Calp, en el dique seco
LEVANTE/Alicante* : El urbanismo en Calp está seco. Es evidente que con la crisis ya no se mueve un ladrillo. Pero hay otro motivo. El agua potable escasea. Calp la tiene a unos cuantos kilómetros de distancia puesto que se trasvasa desde los pozos Lucífer de la Vall de Laguar. Da para abastecer al municipio, pero no para mucho más. Por tanto, el desarrollo urbanístico de la ciudad del Penyal pende de un hilo de agua.
El Tribunal Supremo, en una sentencia del pasado 16 de mayo, rechaza el recurso presentado por la Generalitat Valenciana para tratar de desbloquear el plan parcial de mejora del sector 16 Gargasindi de Calp. El Supremo estima que debe seguir vigente la paralización de este programa urbanístico decretada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana hace ahora algo más de un año.
Resulta curioso que, mientras que la comisión territorial de Urbanismo aprobó el plan en 2007 sin tener en cuenta el informe desfavorable de abastecimiento de agua, el TSJ sí lo considerara vinculante hasta el punto de dictar un auto que suspende el plan parcial. Ahora el Supremo ratifica ese auto y recuerda que ese informe negativo, fechado en diciembre de 2007, indica que el agua prevista para la actuación debe proceder de los pozos Lucífer y Barranc Salat I y II. "El volumen del primero se usa en su totalidad para el abastecimiento del municipio de Calp, mientras que está paralizada la tramitación de la concesión de los pozos Barranc Salat I y II" y, por tanto, "no existe disponibilidad" de agua para este programa urbanístico.
En su recurso de casación, la Generalitat Valenciana alegaba que no se iban a producir "daños y perjuicios" porque la vigencia del acuerdo estaba supeditada a obtener un informe positivo de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre recursos hídricos. También apela al interés público de dar luz verde a este plan urbanístico.
Sin embargo, el Tribunal Supremo deja claro que el único interés general que prevalece es el de garantizar que las nuevas viviendas tengan agua potable. Y recomienda no empezar la casa por el tejado, es decir, primero debe haber un informe favorable de suministro y luego aprobarse el plan.
* Levante - 6.6.12
Foto: Calp (Alicante), construcción masiva - elpais.com
Más chalés en Las Rozas en un encinar protegido
DIAGONAL/Madrid* : El alcalde de Las Rozas, Madrid, imputado en un delito contra el medio ambiente, quiere levantar mil viviendas en un espacio protegido.
El Ayuntamiento de Las Rozas (PP) pretende talar un encinar catalogado como Monte Preservado para construir más de mil viviendas. Este municipio madrileño cuenta en la actualidad con 100.000 habitantes y, según denuncia la plataforma Salvemos Las Rozas, la construcción de estas viviendas no es una prioridad, ya que existen más de 8.000 viviendas vacías. “Además, en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que prepara el Ayuntamiento se ha programado la construcción de otras 10.000 viviendas. Esto, unido a las 5.000 viviendas por ejecutar del anterior PGOU correspondiente al año 1994, duplicaría la población total de Las Rozas que existe hoy”, asegura Jaime del Val, portavoz de Salvemos Las Rozas.
Modificación del PGOU
El encinar, situado en las inmediaciones del Parque Empresarial, no fue incluido como urbanizable en el PGOU de 1994. Sin embargo, una modificación puntual llevada a cabo en 2012 ha permitido que se pueda urbanizar este espacio protegido. El nuevo ejecutivo del PP, con el alcalde, José Ignacio Fernández Rubio, a la cabeza, argumenta que esta “medida es para proteger el encinar”. Salvemos Las Rozas y la Asamblea Popular del 15M en este municipio, denuncian que “lo que realmente se pretende es ‘legalizar’ las instalaciones de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), construidas ilegalmente sobre zona verde”. De esta manera, el ejecutivo local intenta paliar la pérdida de las 12 hectáreas sobre las que se levantó la Ciudad del Fútbol y en las que no se permite construir, con la cesión de dos hectáreas del encinar que ahora sí serán urbanizables. Tanto la plataforma en defensa del encinar como Ecologistas en Acción, el 15M e Izquierda Unida piden la dimisión del regidor José Ignacio Fernández Rubio, exalcalde del municipio vecino de Guadarrama donde está imputado por un delito de “prevaricación con consecuencias contra el medio ambiente”. En ese pueblo, Fernández Rubio y otros cuatro concejales concedieron hace doce años una licencia provisional a un restaurante de Guadarrama, El Molino del Rey, que fue levantado en suelo protegido.
La modificación del Plan General de Urbanismo de 1994 incluye dos zonas (dos hectáreas) protegidas. La segunda hectárea del encinar afectada corresponde a un espacio que cuenta con abundantes ejemplares de Piruétano o Peral Silvestre, especie autóctona de la Península Ibérica y el Noroeste del Magreb, que actualmente se encuentra protegida. La vegetación de esa parte del encinar forma parte de la directiva de Hábitats y, por la Ley 16/1995 del 4 de mayo es terreno forestal y de protección de la naturaleza de la Comunidad de Madrid. Las empresas inmobiliarias a las que ya ha sido asignado el proyecto son la constructora Levit y la promotora Gran Atlas 2.000, propietarias de los terrenos.
Falta de transparencia
Para luchar contra la urbanización del encinar se ha creado la plataforma Salvemos Las Rozas, que denuncian la ilegalidad del proyecto. Las asociaciones que integran esta plataforma señalan que la clasificación de este encinar como suelo urbano no se corresponde con lo que marca la normativa, ya que carece de los servicios básicos que exige la legislación para que se considere urbanizable un espacio hasta ahora rústico protegido.
Además, la asociación añade que la clasificación de los terrenos debería ser “suelo no urbanizable de protección”, de acuerdo a ley. Desde que se inicio la presentación y la aprobación de la modificación, el pasado mes de diciembre, el PGOU todos los partidos políticos de la oposición en el Ayuntamiento de Las Rozas denuncian la “falta de transparencia” del Gobierno local, por aprobar la modificación en periodo de vacaciones navideñas, entre el 23 y el 30 de diciembre de 2011.
* Diagonal - GONZALO SORIANO - 6.6.12
Foto: El Ayuntamiento quiere talar y construir mil viviendas en un bosque protegido. / Jaime del Val
El alcalde de Valladolid, imputado por irregularidades urbanísticas
EFE* : El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), declarará como imputado en próximo 12 de julio en las diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción nº1 de la ciudad por presuntas irregularidades en el PGOU de 2003, han informado fuentes próximas al caso. Además del regidor, tendrán que prestar declaración también en calidad de imputadas otras siete personas durante los próximos junio, julio y septiembre, entre ellos políticos y técnicos del Ayuntamiento, han precisado dichas fuentes.
Las diligencias se refieren a unos supuestos cambios efectuados en el PGOU desde que se aprobó en pleno municipal en marzo de 2003 hasta que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia en febrero de 2004, al parecer con divergencias entre los dos textos, algunas supuestamente vinculadas con cambios de edificabilidad.
El alcalde, aún sin constancia de una comunicación acerca de su declaración como imputado, ha explicado a los periodistas que comparecerá en el juzgado en función de lo que le digan, han referido fuentes municipales.
En el caso de que comparezca como imputado, acudiría acompañado de un letrado con la opción de poder decir lo que le parezca, y en el supuesto de declarar como testigo, iría sólo y con la obligación de decir la verdad, han precisado dichas fuentes. El alcalde ha reiterado su disposición a colaborar con la Justicia, como ha asegurado que lo ha hecho desde el primer día, con la puesta a disposición de ordenadores, despachos y todo lo que sea necesario, continuando con la misma línea de cooperación con la Justicia que asegura haber mantenido hasta ahora.
* 20Minutos - EFE - 5.6.12
Foto: Valladolid, alcalde - EP
Icod.- El fiscal pide dos años de cárcel y 20 de inhabilitación para el alcalde
ELDÍA/Tenerife* : La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife solicita dos años de prisión y veinte de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el actual alcalde de Icod de los Vinos, Juan José Dorta (PSC), y tres de los concejales de su actual gobierno, los socialistas Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz y José Alberto Ruiz Guzmán. El fiscal encargado del escrito de acusación del procedimiento abreviado 33/2010 considera que el mandatario, los tres ediles citados y otros cinco exconcejales del PSC de la Ciudad del Drago cometieron delitos continuados de prevaricación y prevaricación urbanística durante el mandato 2003-2007.
Tras la reciente apertura del juicio oral, que tiene su origen en las diligencias previas 736/2007, EL DÍA ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, que acusa al alcalde icodense, Juan José Dorta Álvarez, de un delito continuado de prevaricación urbanística, por el que pide dos años de prisión y diez de inhabilitación especial, y otro delito continuado de prevaricación, por el que pide otros diez años de inhabilitación para empleo o cargo público.
La Fiscalía plantea idénticas acusaciones y penas para Ramón Jesús Socas Luis, Ana María Pérez Díaz, José Alberto Ruiz Guzmán y los exconcejales socialistas Bernardo Martín Socas, Jesús Manuel Rolo Rodríguez y Luciano López Estévez. Para Carmen Casilda Hernández solo solicita diez años de inhabilitación especial por un delito continuado de prevaricación.
El exconcejal de Urbanismo Maximino Fuentes Pérez es el acusado que afronta una petición de penas más elevada. La Fiscalía lo acusa de prevaricación, prevaricación urbanística y un delito contra la ordenación del territorio, por ello solicita el cumplimiento de tres años de prisión, 22 años de inhabilitación y una multa de 2.700 euros. Además, pide que abone, junto al constructor C.G.G., también procesado, el coste de la demolición de una edificación ilegal en la calle Los Canarios.
El Juzgado Número Dos de Icod de los Vinos basó a finales de 2010 sus acusaciones de posibles delitos de prevaricación continuada contra Dorta y los ediles y exediles citados en cuestiones como la supuesta adjudicación irregular y reiterada de obras, servicios y suministros por valor de casi tres millones de euros a unas pocas empresas; la concesión de licencias con informes técnicos en contra para varios edificios y decenas de viviendas, o la supuesta contratación "a dedo" de personal.
Pagos irregulares
Ese auto judicial de noviembre del año 2010, remitido a la Audiencia Provincial por la jueza instructora, decía que los acusados de esta gran cantidad de pagos irregulares actuaron así "de forma continuada, conscientes de que omitían el procedimiento legalmente establecido, y sin que mostraran ninguna intención de enmendar sus errores ni de cambiar su modo de actuar, impidiendo a otras empresas la posibilidad de realizar esas obras".
Aquel auto del Juzgado icodense citaba entonces trece casos de posible prevaricación urbanística y continuada por la concesión de licencias con informes técnicos desfavorables, con "un claro desprecio" de la normativa urbanística y "en un intento de beneficiar a empresas y particulares". Informes donde, según el propio auto, incluso se advertía expresamente a los ediles de la posibilidad de estar cometiendo delitos. En total, se habrían otorgado licencias irregulares para más de 150 viviendas en Icod, 58 de ellas de protección oficial.
* El Día Tenerife - 3.6.12
Foto: Icod de los Vinos (Tenerife) - iespana.es
De edificio abandonado a biblioteca: Un colectivo bilbaíno ocupa un bloque que llevaba 50 años vacío
LAINFORMACIÓN* : En el barrio no hay una biblioteca ni una sala en la que realizar conferencias. ¿Y el viejo edificio que lleva décadas sin tocarse? Los vecinos de un barrio de Bilbao han tomado una construcción abandonada y que nunca ha tenido actividad para llevar algunos servicios públicos a la zona.
¿Y por qué no? Cinco décadas construido y nunca ha sido utilizado para nada. Los vecinos del barrio de Uribarri (Bilbao) han decidido ocupar la construcción. Según el colectivo 'Patakon' la razón ha sido “la falta de servicios públicos”. Los que han estado limpiando el lugar afirman que dentro hay poco más que polvo. Los jóvenes del barrio quieren establecer allí un centro sociocultural, como han explicado a elcorreo.com. Y espacio no les va a faltar. El bloque de cinco pisos fue construido con la intención de albergar una fábrica, pero no consiguió los permisos necesarios.
“Lleva 50 años construido y nunca ha servido para nada. Es perfecto para las necesidades del entorno”, han explicado los portavoces de 'Patakon' al medio local. Además, como el propietario es un único titular, el Ayuntamiento ya ha dicho que no puede interferir. A no ser que se interponga denuncia.
La extinta asociación vecinal Gure Etxea ya intentó en 1994 transformarlo en un ambulatorio, pero no hubo suerte. “Dentro hay medio siglo de suciedad”, dice una de las voluntarias al salir del edificio. Desde la asociación afirman que el proyecto “está abierto a gente de todas las edades y todas las ideas, todo puede hablarse”.
Lo primero será una biblioteca, pero en el barrio “hay muchas necesidades”, así que ideas no faltan. Los vecinos han tomado el lugar por su propio pie después de pedir varios locales al Ayuntamiento.
* La Información - 5/06/2012 | Gorka Ramos
Foto: Imagen aérea del barrio bilbaíno donde se ha ocupado un edificio
