LAREGIÓN* : El Tribunal Superior de Xustiza vuelve a dejar en evidencia la ordenación urbanística de la ciudad al anular el plan parcial del sector de suelo urbanizable 18 en Cantareliña (en la zona de A Cuña), en la ciudad, en el que se contemplaba la construcción de 467 viviendas, de las que 387 eran edificación plurifamiliar y 80 unifamilares. En este mismo proyecto se incluían dos parcelas para sendos equipamientos públicos, uno sin un uso definido, y el otro de carácter deportivo.
La sentencia, que estima parcialmente el recurso presentado por el propietario de un terreno afectado por ese plan parcial, basa principalmente su fallo en la nulidad del planeamiento urbanístico que lo sustentaba (el de 2003).
'Una vez que esa sentencia (la que anula el Plan Xeral) ha ganado firmeza con su confirmación por el Tribunal Supremo, ya no es sólo que no sea necesario pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de tal plan, sino que su previa anulación afecta a la modificación operada en el año 2006 y al plan parcial al que servía de cobertura'.
RECLAMACIÓN
Aunque por el estado en el que se encontraba la tramitación urbanística -restaba por aprobar los proyectos de compensación y urbanización- el desarrollo de la zona se veía ya afectado por la anulación del Plan Xeral, este suelo es uno de los 33 sobre los que se han presentado reclamaciones de responsabilidad patrimonial al Concello por la caída del Plan Xeral de 2003, la misma que ahora sustenta la nulidad de su plan parcial. De esta forma, la indemnización solicitada por el cambio de clasificación del suelo a raíz de la entrada en vigor del anterior planeamiento, de 1986, asciende a más de 12,9 millones de euros.
Las defensas del Concello de Ourense y de la promotora alegaban que la anulación del Plan Xeral no afectaba a los actos ya firmes -como era la aprobación definitiva del plan parcial, producida en marzo de 2010-, pero el tribunal entiende que 'ni existe firmeza ni se ha impugnado un acto singular, sino general', de forma que si 'tras aprobarse el plan de 2003 vino su primera modificación puntual en el año 2006 y la aprobación de un plan parcial en 2010, lo que procede es anular ambos'.
Por su parte, el abogado recurrente, Antonio Feijóo, matiza que su representado ha recurrido el plan parcial 'por considerarse perjudicado por el contenido del mismo, por la edificabilidad que se planteaba y la ordenación urbanística que se diseñaba, que afectaba a sus derechos'. El desarrollo de este suelo llevaba consigo también la construcción de una glorieta en la carretera de Seixalbo.
* La Región - 1.04.12
Foto: Zona de Cantareliña, en cuyas inmediaciones se preveía construir más de 400 viviendas. (Foto: MIGUEL ÁNGEL)
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ELPAÍS* : Al cabo de 18 años de aprobarse la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía , el mapa de la planificación territorial que contemplaba está prácticamente cerrado. El objetivo llega tras una prolífica legislatura en la que la administración autonómica se propuso culminar un proceso jalonado de dificultades y controversias políticas partidistas y localistas y que se ha saldado con la aprobación de más de la mitad de los planes en vigor.
Con los nueve planes subregionales aprobados en estos últimos cuatro años, toda la franja litoral y las principales aglomeraciones urbanas de la comunidad autónoma tienen un instrumento de planificación con directrices para ordenar su crecimiento. Otros dos, los de Huelva y Jaén, están en su última fase de tramitación.
Desde el año 2000, cuando se aprobó el primero (Aglomeración Urbana de Granada), hay ya en vigor 17 Planes de Ordenación Territorial (POT) que afectan a 245 municipios. Estas localidades, pese a no representar ni la tercera parte del territorio (32%), concentran al 66% de la población andaluza, más de 5,5 millones de habitantes.
Los dos últimos planes en aprobarse han sido los del Sur de Córdoba y Campo de Gibraltar, pendientes aún de su publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). Ambos pueden considerarse casos paradigmáticos de la evolución que ha experimentado la práctica de la ordenación del territorio en Andalucía. El del Campo de Gibraltar porque ha atravesado numerosas vicisitudes desde mayo de 1994. Fue el primer plan subregional en formularse; aunque luego el proceso se ha tenido que reiniciar en dos ocasiones más, la última en 2007. El plan del Sur de Córdoba es todo lo contrario. Apenas ha requerido dos años para completar todos los trámites, lo que, según la secretaria general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Gloria Vega, demuestra que el procedimiento de elaboración de los planes de ordenación no tiene por qué ser necesariamente largo.
Vega asegura que la consejería de Obras Públicas y Vivienda está muy satisfecha “porque se ha cumplido el objetivo y se ha cerrado una etapa de algo más de diez años en los que se ha conseguido un consenso político general sobre la importancia de la ordenación territorial, algo que ya es irreversible”. Recuerda que el proceso ha estado plagado de dificultades y que ha habido que aprender “sobre la marcha”, porque apenas había precedentes, y ahora mismo Andalucía es la comunidad que más ha avanzado en la ordenación.
Los POTs son instrumentos que establecen las directrices para un crecimiento armónico y ordenado en un ámbito determinado y sirven de marco de referencia para los municipios afectados. Estas localidades deben respetarlos en sus planes generales de ordenación urbana y tenerlos en cuenta en la coordinación de políticas sectoriales de las distintas administraciones, por ejemplo en materia de transportes, energía, o abastecimiento, ya que fijan las infraestructuras básicas necesarias, y localizan zonas estratégicas para el desarrollo.
Los POTs no califican suelo, pero si pueden determinar reservas de espacios para equipamientos estratégicos y de interés para todo el ámbito como parques, polígonos industriales, desarrollos turísticos, o equipamientos públicos educativos, sanitarios o de otro orden, o áreas recreativas. También establecen parámetros que los municipios deberán respetar en sus planes municipales concretos, y es que toda figura recogida en un plan subregional tiene que ser contemplada y desarrollada en la planificación urbanística que compete a los ayuntamientos.
Una de las notas destacadas de los POTs por ejemplo es que amplían hasta 200 metros el corredor litoral libre, de forma que multiplican por dos los 100 metros de servidumbre marítimo terrestre que establece la Ley de Costas sin posibilidad de ningún uso. Además, donde aún es posible, no permiten ningún uso residencial ni industrial en una franja de 500 metros desde la orilla del mar, de forma que solo serán permitidos equipamientos de uso público o de carácter turístico.
Precisamente uno de los elementos de dificultad para la ordenación territorial ha sido el conflicto de competencias planteado en algunos casos por municipios y resuelto hasta ahora con resoluciones judiciales que reconocen la competencia autonómica de la planificación de ámbito supramunicipal.
Conciliar los intereses localistas y partidistas no ha sido sencillo. La secretaria general reconoce que gran parte del atasco en la elaboración de los planes ha venido por el empeño de llegar a acuerdos. “Estos planes no tienen sentido si no reúnen un consenso, pero llegar al 100% es prácticamente imposible, y hemos atravesado momentos fáciles y otros más difíciles”.
Hay algunas cuestiones que son además objeto de especial discrepancia competencial, pero también ideológica o conceptual, de forma que hay cuestiones que se cierran y que son objeto de impugnación judicial por parte de algún ayuntamiento. Con todo, Vega insiste en que aunque son más sonados, “los conflictos son anecdóticos y aislados y por encima de todo ha habido mucho acuerdo”.
En los 12 años transcurridos desde la aprobación del primer plan se han atravesado varias etapas diferenciadas, condicionadas por la presión urbanística y las distintas expectativas de crecimiento y desarrollos residenciales y de actividad económica. Vega admite que ahora posiblemente haya que revisar cuestiones de algunos planes, pero que lo importante hasta ahora ha sido determinar la importancia de la ordenación y la práctica de los acuerdos.
Ahora, la Junta se propone iniciar un proceso de “armonización” de los planes y, por ejemplo, ya se ha iniciado la redacción de un segundo plan para el ámbito Bahía de Cádiz-Jerez.
* El País - DIEGO NARVÁEZ Málaga 1 ABR 2012
Foto: Vista aérea del litoral de Benalmádena (Málaga) / JULIÁN ROJAS
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JORDI BORJA* : Mister Marshall ha llegado y anuncia puestos de trabajo y diversiones, luces y juegos, vicio y fornicio. Cerca del aeropuerto, a un cuarto de hora del centro de la ciudad. Prometen unos 200.000 empleos directos y 100.000 indirectos. No se especifica el origen de estas cifras. Sin embargo, en todo el Estado de Nevada, que incluye Las Vegas y la lejana Reno existen 300.000 empleos en el sector del ocio. Solo Las Vegas posee 78 grandes hoteles con casino y en el Baix Llobregat se crearían 12 hoteles, seis con casino. Los números no salen. El impacto sobre el empleo no parece que en Las Vegas haya sido muy eficaz, pues llega casi al 13%, cuando la media de EE UU es poco más del 8%. Se trata de un empleo poco calificado: solo el 14% de la población joven alcanzó a iniciar estudios universitarios, cuando la media norteamericana es el doble. En Las Vegas están censadas 16.000 personas sin techo y 40.000 en la región metropolitana (gran parte de los datos citados proceden de un informe del blog latramaurbana.net).
El argumento del empleo no es convincente. Otros aspectos del modelo, aún menos. Las Vegas creció en un desierto a partir de la década de 1930 y especialmente de 1941, cuando un gánster, Bugsy Siegel (Warren Beatty en el cine), fue el promotor del primer hotel Flamingo con casino. Fue rebautizada como Sin City, Ciudad del Pecado. Sus promotores principales eran las mafias del este. En 1959 la ciudad inició un nuevo boom cuando el triunfo de la revolución cubana hizo que La Habana dejara de ser el gran casino y el superprostíbulo de los norteamericanos. El centro de Las Vegas, inicialmente ciudad compacta, fue perdiendo fuerza y la ciudad se expandió de forma difusa y segregadora. Gradualmente se ha ido privatizando, ha dejado de ser ciudad.
¿Eurovegas será la nueva versión del modelo Barcelona 92 y de Catalunya ciutat? A Madrid lo definió en los años cincuenta Camilo José Cela como una mezcla de Kansas City y Navalcarnero. ¿Seremos nosotros algo parecido medio siglo más tarde?
En EE UU era y es impensable que un Las Vegas se instale en la megalópolis del noreste (Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington, etcétera), un continuo urbano con más de 55 millones de habitantes. El gran centro del ocio se creó a algunos miles de kilómetros del mercado más potente. Eurovegas pretende instalarse en un tejido urbano ya muy saturado que requiere proyectos de escala media, más acupuntura que cirugía. La copia local es menor que el original, pero se prevén 150 hectáreas para el complejo y 100 más para campos de golf, un estadio y otros equipamientos, más las cesiones de suelo público e infraestructuras y los complejos habitacionales que los promotores exigen, crear unos para su negocio y eliminar otros que no interesan. El impacto sobre el territorio será enorme. A la zona afluirán los desocupados locales y los que acudirán de otras partes como si se hubieran descubierto minas de oro. Sin contar a los centenares de miles de futuros clientes. ¿Es este el lugar adecuado o no correspondería más a los Monegros?
El despropósito que más llama la atención son las condiciones del promotor, que aparentemente no han sido cuestionadas por las autoridades españolas. Modificación de la Ley de Extranjería para importar trabajadores y del Estatuto de los Trabajadores para no depender de convenios colectivos, moratoria de dos años para pagar la Seguridad Social, exenciones de impuestos y tasas, flexibilizar las medidas destinadas a evitar el blanqueo de dinero, autorizar el ingreso de menores de edad y ludópatas, y el derecho de fumar, garantizar el crédito que se solicitaría al Banco Central europeo. Por vergüenza ajena, sin comentarios.
No creo que este proyecto fantasma llegue a cuajar, y menos en Cataluña. Pero reconozco que me dejará un recuerdo imaginario perdurable. Una inauguración presidida por las autoridades, algunos cardenales acompañados de políticos locales y financieros del Opus, rodeados de mafiosos y tahúres, traficantes de drogas y de dinero negro, empresarios de prostíbulos y gestores de la corrupción. Un espectáculo de risa amarga.
* Jordi Borja es urbanista.
* El País _ Opinión - 21.3.12
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LAINFORMACIÓN* : La sala de lo Contencioso-Administrativa del TSJCyL ha anulado el acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid del 8 de abril de 2011 por el que se aprobó el tercer proyecto para restablecer la legalidad en el edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla, donde una sentencia de 2008 anuló la licencia de obras porque la actuación llevada a cabo en este céntrico inmueble infringió el PGOU. En el Auto, al que ha tenido acceso EP, se condena además al Ayuntamiento de Valladolid al pago de las costas y se requiere al alcalde, Javier León de la Riva, quien posee una vivienda en el edificio objeto de este litigio, a que bajo su "directa y personal responsabilidad" proceda a ejecutar la sentencia y ponga en conocimiento de la sala, en un plazo máximo de dos meses, el inicio de las obras para restaurar la legalidad.
Este tercer proyecto, que sigue a los que se presentaron en octubre de 2009 y octubre de 2010 por parte del Consistorio y que también fueron rechazados, no ha sido aceptado ya que el Plan Especial del Casco Histórico prohíbe que en las obras de reestructuración de un edificio catalogado se incremente el volumen y altura como así ocurre en este caso ya que la planta octava--trasteros y demás construcciones-- tienen una altura mayor que la que tenían antes de las obras realizadas al amparo de la licencia concedida en 2000 y que fue anulada.
Además, la sala considera que se ha ejecutado algo distinto a lo proyectado y se ha elevado "aún más" la altura de dicha planta -entre 0,53 y un metro-, según los informes de los peritos judiciales.
Asimismo, la sala recuerda que en el proyecto de 1946 todas las plantas tenían en la fachada interior a la calle María de Molina una terraza-corredor y en el proyecto examinado no hay terraza-corredor en la planta séptima, que ha sido cerrada y se ha integrando en la superficie de la vivienda, por lo que se ha alterado la fachada interior y se ha incrementado la edificabilidad tanto de la séptima como de la octava planta.
Por otro lado, se considera que en este proceso no se ha oído a los propietarios afectados por lo que se pide al Consistorio que les de audiencia.
Fue en abril de 2008 cuando una sentencia anuló el acuerdo de la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid de junio de 2000 por el que se concedió la licencia de obras para la restauración del edificio Caja Duero de la plaza Zorrilla. La licencia se anuló porque las obras no respetaban las limitaciones de la normativa urbanística, además de que se había alterado la cubierta y las fachadas tanto interiores como exteriores, y no se respetó el porcentaje mínimo del 50 por ciento de superficie construida destinado al uso básico de vivienda, por lo que se infringió el PGOU.
En junio de 2009 un auto requirió al alcalde de la ciudad, para que, "bajo su personal y directa responsabilidad", procediera a ejecutar la sentencia y se demolieran las obras anuladas, tras lo que el Consistorio presentó dos proyectos de restauración de la legalidad que fueron rechazados, al igual que ha ocurrido ahora con el tercer proyecto presentado que también ha sido anulado.
* La Información - EP - 30.3.12
Foto: Valladolid, edificio CajaDuero - elmundo
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MÁLAGAHOY* : La Policía resalta que Roca escondió sus negocios poniéndolos a nombre de otros.
El tribunal del caso Malaya suspendió ayer el juicio hasta el próximo 9 de abril, para permitir a las partes un descanso motivado por la Semana Santa. Malaya cumple hoy seis años de historia. La operación contra la corrupción político urbanística en Marbella comenzó el 29 de marzo de 2006, cuando fueron detenidos la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe, gran parte de su equipo de gobierno y Juan Antonio Roca, el poderoso asesor de urbanismo que había asistido a los sucesivos equipos del GIL.
Este no es el único aniversario ha cumplido este asunto. El pasado martes, además, se cumplieron 18 meses desde que comenzó el que es uno de los juicios más largos de la historia de España con más acusados en el banquillo. Precisamente el martes concluyó la declaración de todos los procesados y comenzaron a declarar los testigos del último bloque en el que se analizan posibles cohechos de promotores inmobiliarios a Juan Antonio Roca y de este a los concejales.
Ayer declaró como perito el jefe de la unidad de blanqueo y delitos fiscales de la Comisaría General que subrayó cómo Juan Antonio Roca se ocupó de ocultar que la poderosa red de sociedades que había creado para gestionar importantes negocios inmobiliarios, la mayoría de ellos ubicados en el municipio donde él era gerente de la sociedad que se encargaba de revisar el plan general de ordenación urbana. Estas sociedades eran formalmente gestionadas por administradores fiduciarios.
* Málaga Hoy - 29.3.12
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur
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FARODEVIGO* : Las reclamaciones derivadas por la anulación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense de 2003 por el Tribunal Supremo, no paran de llegar al Concello. Así, a las 17 que ya se venían tramitando, se les tienen que sumar ahora otras 16 que se presentaron, lo que hacen un total de 33 expedientes administrativos abiertos, y que alcanzan una cuantía económica total de 110 millones de euros.
Para dar trámite a los expedientes en el caso de reclamaciones patrimoniales, la legislación vigente exige que sean vistos por el Concello de Ourense, que comprueba que se dan los requisitos y condiciones para iniciar la tramitación de los expedientes administrativos, tal y como hizo en su reunión de ayer la Junta de Gobierno Local.
Tanto particulares y empresas exigen al Concello cantidades económicas que van desde los 20.000 euros hasta los 40 millones de euros, en virtud del procedimiento recogido en el artículo 6 del real Decreto 429/93 de 26 de marzo, por el que se regula el procedimiento de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial, como es el caso.
Nuevas reclamaciones
En estos momentos el área municipal de Urbanismo tiene recibidas un total de 33 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por un importe total de 109.298.882,38 euros, cantidad que es susceptible de sufrir un incremento en fase de prueba del procedimiento administrativo, según advierte el gobierno bipartito.
Una posibilidad sobre la que ya avisó la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, en el momento en que daba a conocer un avance, en el que las reclamaciones presentadas eran en total 16 y la cuantía económica que se reclamaba sumaban 53 millones de euros.
Responsabilidad solidaria
El bipartito señala la existencia de "solidaridad entre Administraciones" en la responsabilidad por las alteraciones por cambios de ordenación urbanística o por la nulidad de instrumentos de planteamiento –en este caso un Plan Xeral de Ordenación–, y que es reiterada por la jurisprudencia existente, como así lo concretan las sentencias del Tribunal Supremo de 18 de marzo de 1999 y la del 11 de diciembre de 2002.
Compensación económica por el perjuicio sufrido, la justificación
Los reclamantes justifican la petición que formalizaron de la correspondiente compensación económica, en el perjuicio sufrido por la anulación del PXOM de 2003 con varias consecuencias: en primer lugar, porque la nulidad del planeamiento altera las condiciones urbanísticas debido al cambio de ordenación territorial y urbanística.
Por otro lado, dicha alteración implica la imposibilidad de ejercer la facultad de participar en actuaciones de la nueva urbanización, y por último motiva su reclamaración en los gastos derivados de la actividad empresarial, como el coste y financiación realizadas para iniciar y promocionar las actuaciones de ubanización, que quedan sin efecto al anularse el plan.
Los daños y perjuicios surgen de actos y actuaciones adoptados en "virtud de la confianza legítima en la validez del PXOM de 2003 y de su contenido", con el fin de desarrollar y urbanizar los terrenos adquiridos en base a la calificación urbanística que ostentaban en el momento de su adquisición.
Es por eso que, una vez anulado definitivamente el Plan Xeral de Ourense por el Tribunal Supremo, la imposibilidad de urbanizar ocasiona daños que particulares y empresas reclaman ahora del Concello, por su responsabilidad solidaria en esta materia, por un importe millonario. Al amparo del Reglamento de la Ley del suelo, acreditan que es indemnizable la pérdida de facultad de participar en los desarrollos urbanísticos con que contaban.
* Faro de Vigo - V. RODRÍGUEZ - 31.3.12
Foto: La anulación del PXOM afectó a todos los ámbitos urbanísticos de la ciudad. // Jesús Regal
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ELLIBREPENSADOR/Zaragoza* : El Juzgado de 1ªInstancia e Instrucción nº1 de Calatayud está investigando al Alcalde de Cetina por un presunto delito contra la Ordenación del Territorio. Los hechos se refieren a la concesión de una licencia para construir una vivienda unifamiliar en septiembre de 2008, a la concejala de urbanismo, en una finca situada dentro del entorno de protección del castillo de Cetina, declarado Monumento nacional y BIC por la DGA en 2002 y donde no está permitido construir. Según el auto de 29/2/2012, dictado por dicho juzgado, habiendo recibido denuncia del ministerio fiscal, los hechos que resultan de dichas actuaciones pudieran ser constitutivos de un delito. Por todo ello, acuerda instruir diligencias previas encaminadas a determinar el delito, el procedimiento aplicable y la/s personas responsables.
También ha acordado oficiar al ayuntamiento de Cetina para que le remita todos los informes relativos a la concesión de la licencia, así como certificación de quien ocupaba el cargo de alcalde, y de concejales en la fecha de concesión de dicha licencia. El ayuntamiento de Cetina estaba presidido en esas fechas, y está actualmente, por José Miguel Velázquez Hernández, de la candidatura del PAR, contando con 3 concejales, al igual que el PSOE, que contaba con otros 3. Sin embargo el PP con 1 concejal, dio la alcaldía al PAR, siendo nombrado Teniente de Alcalde este concejal, Andrés Cerdán Moreno, el cual ha sido objeto de varias denuncias urbanísticas por los vecinos de Cetina, y por las que la Dirección General de Urbanismo, le ha retirado las competencias urbanísticas al ayuntamiento de Cetina, y se ha subrogado en dichas competencias para tramitar los expedientes de infracción y de protección de la legalidad urbanística, ante la pasividad y negativa del alcalde de cetina a tramitar estos expediente contra el concejal que le daba la alcaldía, pese a requerírselo expresamente la DGA. En esas fechas, cuando se concedió la licencia ahora investigada, también formaba parte de la corporación cetinera, Luis Marruedo Espeja, que compaginaba el cargo de concejal con el de Viceconsejero de Medio Ambiente con el Consejero Boné. En esta legislatura, Luis Marruedo renunció a su acta de concejal, siendo nombrado Director General de la Consejería de Agricultura, puesto que sigue desempeñando en la actualidad. * El Librepensador - Daniel Garrido Elorz - 28.03.12 Foto: Cetina (Zaragoza) - entrepueblos
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ABC/Sevilla* : Varios miembros de la plataforma Túmbala contra la Torre Pelli han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo por la presunta vulneración del derecho fundamental a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales al desestimar el TSJA su recurso contra la licencia de edificación otorgada a Puerto Triana para construir el rascacielos. Según el TSJA, la plataforma Túmbala no recurrió en tiempo y forma las resoluciones de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) cuando Manuel Marchena estaba al frente y el alcalde de Sevilla era Sánchez Monteseirín.
Según el recurso, al que ha tenido acceso ABC, esos miembros de la plataforma Túmbala ejercieron la acción pública en materia urbanística e interpusieron una demanda contencioso-administrativa solicitando la anulación de las licencias concedidas por la Gerencia de Urbanismo en 2007 para hacer las pantallas y en 2008 para las obras del edificio en 2008. El Juzgado Contencioso Administrativo 14 de Sevilla declaró en julio de 2011 inadmisible el recurso de Túmbala por no haberlo hecho en «tiempo y forma», ya que entendió que debió recurrirse en el plazo de dos meses desde que el Ayuntamiento le permitió acceder al expediente administrativo en 2009. La plataforma recurrió en apelación ante el TSJA y el Alto Tribunal confirmó en enero de 2012 la sentencia desestimatoria. Ahora, la plataforma se dirige al Tribunal Constitucional por entender que se ha vulnerado su derecho fundamental a una tutela efectiva de los jueces y tribunales argumentando que cuando se ejerce la acción publica en materia urbanística se tiene de plazo hasta cuatro años después de la terminación de las obras para recurrir las mismas. En el recurso se dice que «si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística».
Asimismo, en el recurso de amparo se subraya que parte de los miembros de la plataforma Túmbala solicitaron en 2007 al Servicio de Licencias Urbanísticas de la Gerencia Municipal de Urbanismo ver el expediente y que pudieron verlo desde diciembre de 2009, pero —advierten— no todos lo hicieron, ya que las dos asociaciones antes mencionadas no tuvieron acceso al mismo, por lo que para ellas no cuenta el plazo de dos meses para recurrir en sede judicial.
* ABC - M. J. PEREIRA - 30.03.12
Foto: Sevilla, Torre Pelli desde puente - EFE
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INMODIARIO* : En 2011 se recibieron 2.322 quejas relativas a estas materias y la Institución inició 43 investigaciones de oficio. Las quejas más numerosas tuvieron que ver con la vivienda, casi un millar, que se suman a las 220 investigaciones de años anteriores que aún se mantienen abiertas, según recoge el Informe Anual de la Oficina del Defensor del Pueblo, entregado por María Luisa Cava de Llano a los presidentes del Congreso y del Senado, Jesús Posada y Pío García-Escudero, respectivamente.
Ante la restricción presupuestaria, la Oficina del Defensor del Pueblo ha insistido a las administraciones en que es necesario diseñar políticas más eficaces, políticas activas en coordinación con otras administraciones y adecuadas a la demanda real de vivienda, a la necesidad social.
En este contexto, destaca una investigación de oficio con todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, ante la existencia de viviendas protegidas que se encuentran desocupadas.
Otro grupo de quejas que ha sido objeto de seguimiento se refiere a las disfunciones en la tramitación de las ayudas al alquiler para jóvenes. Dado el alto número de quejas en los últimos años, se ha articulado con la administración central de vivienda un método de comunicación simplificada, que ha permitido agilizar la contestación a los beneficiarios que presentaron queja por los retrasos en el abono de sus ayudas, aunque ya tienen reconocido plenamente el derecho a ellas.
Asimismo, se investigaron los problemas en la gestión de los contratos celebrados entre propietarios particulares de viviendas y la Sociedad Pública del Alquiler, que ha procedido a modificar unilateralmente, en muchos casos, las condiciones de los acuerdos suscritos dejando sin efecto la garantía de pago de la renta de acuerdo con lo estipulado.
En cuanto a las quejas relacionadas con el Medio Ambiente, un año más, los ciudadanos denunciaron la tendencia existente a romper por vía legislativa el orden de las decisiones administrativas y judiciales y a debilitar el sistema de responsabilidad por daños al entorno. Por otra parte, continuaron las actuaciones sobre la Cañada Real, Valdemingómez, el Catálogo Canario de Especies Protegidas y se abrió una investigación de oficio sobre la conveniencia de realizar una campaña antirruido en 2012.
* Inmodiario - 29-03-2012
Foto: Madrid, Defensor del Pueblo contra urbanismo - elpais.com
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ABC/Lugo* : Sara Martínez, secretaria del Ayuntamiento de Viveiro (Lugo) entre los años 1991 y 2009, declaró el pasado lunes en el juzgado nº2 de Instrucción de esa localidad que el actual alcalde de la misma, Melchor Roel, encargó informes técnicos a asesorías legales externas para valorar licencias urbanísticas que no habían obtenido previamente el visto bueno del ingeneiro municipal.
Estos estudios dieron lugar en el año 2006 a aprobaciones ilegales de expedientes para casi 700 viviendas por la vía de la adquisión tras silencio informativo, que varias instancias judiciales, entre ellas el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, condenaron en 2010. Estas sentencias han prvocado que ahora la justicia estudie en el proceso abierto la posible responsabilidad penal de la corporación local, ya entonces encabezada por el propio Roel, en la adquisición de las licencias.
La exsecretaria, que en los pasados procesos había testificado que los miembros de la corporación bipartita estaban advertidos de la extencia de los informes en contra de la licencias que finalmente aprobaron, apuntó en su declaración al regidor socialista como principal responsable de lo ocurrido. Estas aprobaciones de expedientes por la vía del silencio administrativo cobran especial gravedad si se tiene en cuenta que tuvieron lugar cuando la Xutna de Touriño ya había suspendido por decreto las competencias urbanísticas municipales en Viveiro.
Hasta ahora, a la exsecretaria que también está imputada, le habían echado la culpa tanto el alcalde como los concejales y exconcejales de PSOE y BNG implicados en el caso (hata siete, tras la aplicación de la denuncia inicial del PP local). Todos han pasado por dependencias judiciales, donde uno tras otro aseguraron que era responsabilidad de la secretaria informar a los políticos de la legalidad de las actuaciones solicitadas. Fernández negó ante juez y fiscal este extremo: ella leía los informes sin hurtar información, pero no advertía sobre si eran legales o no.
El lunes, ésta se defendió. Primero, resaltó que las competencias urbanísticas descansan en la junta de gobierno, tras delegar en ella el alcalde, y que éste siempre tenía los informes preceptivos en los expedientes que se votaban. Después, colocó en el centro de la diana al alcalde, al que en varias ocasiones achacó el haber encargado diferentes estudios a varios despachos de abogados externos -alegando una excesiva carga de trabajo de los funcionarios locales- para solventar cuestiones técnicas en expedientes en los que había un informe negativo del funcionario local.
Estos expedientes, añadía, acababan con duplicidades y contradicciones. Los trabajos de la asesoría externa servivirían para dar viso de legalidad a las decisones tomadas por la junta.
Presiones al ingeniero
Martínez acusó además a Roel de presionar e incluso insultar en público al funcionario municipal, un ingeneiro, que se encargaba de realizar los informes previos destinados a marcar la legalidad o ilegalidad de las licencias solicitadas en el Ayuntamiento.
Este funcionario, por estos supuestos malos modos, decidió dejar de ir a las comisiones informativas que precedían a la aprobación de las licencias. Cuando un análisis de este no permitía dar un permiso, se pedía otro, como ocurrió en el caso de la licencia 216/06, contó la exsecretaria.
Además, Martínez explicó que antes de la suspensión del urbanismo local por parte de la Xunta, nunca se habían aprobado licencias por la vía del silencio administrativo (al no haber respuesta oficial, el peticionario se limita a pagar las tasas).
Precedente
Poco después de la presentación de la denuncia penal que ha dado lugar a este caso, y aún con el bipartito en la Xunta, un juzgado de Lugo anuló una licencia para unas 200 viviendas en el entorno de la iglesia parroquial de Covas, un bien histórico inventariado y cuyo entorno de protección se vulneró con la concesión de la licencia.
Entonces, la sentencia rezaba que no podría entenderse nunca que se pudiera adquirir una licencia en contra de la legalidad o el planteamiento urbanístico. En este caso, la sentencia añade que el mecanismo para tapar a posteriori esta ausencia de legalidad por parte del Ayutnamiento fue la contratación ex profeso de un consultor externo para que elaborase un informe a medida con el que conceder el permiso.
* ABC - E. AMADO - 28.3.12
Foto: Viveiro (Lugo) - elcorreogallego.es
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LAVOZDIGITAL* : Llegó la hora de enfrentarse ante la jueza para José Luis López, alias El Turronero, y su socio, Francisco Chaves López, por un pelotazo urbanístico denunciando por la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2010. Una causa que se ha mantenido secreta pero que destapó este periódico días atrás, dando a conocer los detalles de la denuncia más grave a la que se enfrenta Pedro Pacheco, también imputado por haber participado presuntamente en la descapitalización de las arcas municipales mediante la venta de la estación de autobuses. Un bien público que según el Ministerio Público y la Agencia Tributaria -encargada de las pesquisas iniciales-, se vendió a un precio muy inferior al de mercado a una sociedad que controlaba El Turronero, amigo del exalcalde. Ayer le tocaba responder a las preguntas de la jueza instructora y negó su relación de amistad con el exregidor cuando se gestó la desafectación de la estación.
La titular del juzgado nº 4 de Instrucción de Jerez había citado en su despacho a El Turronero y Chaves López. El primero compareció y el segundo no. Según confirmaron fuentes judiciales, el socio de El Turronero presentó un parte médico de su cliente, el cual había sido atendido de madrugada por una gastroenteritis. Las mismas fuentes no se extrañaban de que la dolencia repentina obedeciera a una simple estrategia procesal para conocer antes de declarar qué había testificado su compañero de negocios. Algo similar al movimiento realizado por Diego Torres, el socio de Iñaki Urdangarín en la Fundación Nóos, cuando optó por guardar silencio a la espera de conocer la versión del yerno del Rey en la pieza separada del 'caso Palma Arena', que se investiga en Baleares.
José Luis López sí respondió a todas las preguntas que le formuló la instructora y el fiscal. También estaba presente el letrado de Pedro Pacheco en la comparecencia de ayer. El Turronero negó ante la jueza ser amigo de Pacheco antes de 2006, sino que por esas fechas eran simples conocidos. En abril de 2005, a propuesta del entonces teniente de alcalde y delegado de Urbanismo, el Ayuntamiento se deshacía de la antigua estación que pasaba a manos de la empresa pública de suelo (Emusujesa). A cambio, las arcas municipales recibían 1,7 millones y el compromiso de beneficiarse del 40% de los beneficios que se obtendrían por la explotación del espacio como un centro de ocio. Un proyecto que nunca se ejecutó.
Once meses después de esa primera transmisión patrimonial (1 de marzo de 2006), Emusujesa vendía las instalaciones a una de las tres sociedades que se habían interesado en ese espacio. Según dijo ayer El Turronero, cuando se cerró esa operación no tenía relación de amistad con Pacheco, pero luego sí.
La Agencia Tributaria, durante una inspección rutinaria sobre la facturación de varias empresas, detectó irregularidades en la sociedad Ingeniería Jienense S. L., que fue la que adquirió la antigua estación. Si bien se deshizo de ella, siete meses después, para revenderla a una tercera (Bogaz). En esa operación, Ingeniería Jienense se embolsó un beneficio neto de cerca de 400.000 euros.
Los mismos compradores
Tirando del hilo, el fisco comprobó y así consta en la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que la desafectación de un bien público, que se vendió a una sociedad privada, se hizo sin convocar concurso alguno ni darle publicidad. Sin embargo, a Emusujesa llegaron tres ofertas antes incluso de que se hiciera con el control de estas instalaciones. El fiscal concluye que detrás de esas tres sociedades estaban las mismas personas, El Turronero y su socio.
La jueza le preguntó ayer a José Luis López qué relación tenía con estas empresas y él negó cualquier vinculación empresarial. Sin embargo, el administrador de la primera compradora de la estación ya ha reconocido que ejerció de testaferro. En cuanto a las otras dos empresas (Híspalis Arrendamientos y Diseño y Construcciones Cervera), una está gestionada por un cuñado suyo y la otra percibe rendimientos del trabajo de dos sociedades participadas o propiedad de El Turronero y Chaves López.
Este periódico se puso en contacto ayer con el abogado de José Luis López, quien declinó a hacer cualquier tipo de valoración.
* la Voz Digital - 28.03.12 - SILVIA TUBIO
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
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PÚBLICO/Almería* : El hotel de Azata del Sol en el paraje de El Algarrobico, en Carboneras (Almería), viola la Ley de Costas e invade de manera parcial la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Carboneras contra un fallo anterior de la Audiencia Nacional (AN) que consideró conforme a derecho la orden ministerial que, en 2005 amplió a 100 metros la zona de servidumbre en el tramo del litoral donde se asienta el establecimiento de veintiún plantas y 411 habitaciones.
La resolución del Alto Tribunal, contra la que no cabe recurso, ratifica que el Consistorio carbonero no procedió a "revisar" el Plan Parcial del sector urbanístico --denominado ST-1-- sobre el que se construyó el inmueble para "ajustarlo a las previsines, en cuanto a la anchura de la servidumbre de protección, de la Ley de Costas" después de que esta entrase en vigor y subraya que "debió" aplicarse en la zona la disposición que fijaba esta zona de servidumbre en 100 metros.
En este sentido, indica que cuando entró en vigor la Ley de Costas "no existían" en el paraje "los aprovechamientos urbanísticos" que hubiesen permitido, según establece la propia legislación, reducir la zona de servidumbre a 50 metros, ya que, según subraya, el proyecto de urbanización de dicho sector no se aprobó hasta octubre de 1997, es decir, casi una década después a la entrada en vigor de la Ley de Costas. El Plan Parcial, que no fue desarrollado hasta esta fecha, se aprobó en mayo de 1988.
De este modo, el Supremo desbarata el argumento del Ayuntamiento, que sostenía que concedió la licencia de obras del hotel en enero de 2003 según la normativa urbanística --Normas Subsidiarias (NNSS)-- que contaba con informe favorable de la Dirección General de Costas y en la que se fijaba la anchura de la zona de servidumbre en 50 metros. Además, el alto tribunal asegura que la administración urbanística "se abstuvo deliberadamente" de adaptar el planeamiento a lo dispuesto en la Ley de Costas.
"Proceder irrespetuoso"
"El hecho de que la Administración Estatal de Costas informase favorablmente de la revisión de las Normas Subsidiarias no resta un ápice al deber legalmente impuesto de adoptar las disposiciones del planeamiento urbanístico a lo previsto en la Ley de Costas", señala la sentencia, que considera que tal actitud "sólo revela un proceder irrespetuoso con lo dispuesto en la ley por la administración al informar la revisión del mentado instrumento de ordenación urbanística".
El TS remarca en el fallo, del que es ponente el magistrado Ernesto Peces Morate, que lo "relevante" en este caso es la situación urbanística que tenían los terrenos en la fecha de entrada en vigor de la Ley de Costas y que, por tanto, "no pueden tomarse en consideración" instrumentos de ordenación o gestión ulteriormente aprobados, "ni, desde luego, obras de urbanización o edificación realizadas en fechas muy posteriores".
La orden ministerial que aprobó el deslinde de los bienes de dominio público marítimo-terrestre en el tramo de costa donde se encuentra el paraje de El Algarrobico fue recurrida ante la Audiencia Nacional tanto por el Ayuntamiento, como por la empresa promotora Azata del Sol y su matriz Azata. En los tres casos, la AN se pronunció en el mismo sentido y el Supremo deberá pronunciarse aún sobre las otras dos impugnaciones.
Licencia nula
La citada orden, firmada por la exministra de Medio Ambiente del PSOE Cristina Narbona, dio lugar a la incoación de un expediente de expropiación del inmueble del que, finalmente, se acordó desistir por parte del Gobierno después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 2 de Almería declarase nula la licencia municipal de obras concedida para construir el establecimiento hotelero en septiembre de 2008.
Este fallo, recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), señaló como "incontestable", a la vista del examen de la documental practicada, que el sector S-T1 del Plan Parcial aprobado para la construcción del hotel se ubicaba de "forma clamorosa" en "espacio protegido y no urbanizable".
En el fundamento jurídico quinto atribuía a la corporación local carbonras, gobernada entonces por el PSOE, "perfecto conocimiento desde hace 20 años" de que la zona de servidumbre para la protección de dominio público marítimo-terrestre era de 100 metros y hacía extensible esta valoración a la Junta de Andalucía que, según subrayaba, fue "pasiva y condescendiente" con las infracciones contra la citada normativa y "permitió en definitiva" que se iniciase y desarrollase el proyecto de Azata del Sol.
* Público - EP - 27.3.12
Foto: Algarrobico (Carboneras - Almería), hotel ilegal - J.Rojas (El País)
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FARODEVIGO* : Más vale prevenir que curar. Esa es la receta que propone la Fiscalía gallega para atajar los crecientes casos de corrupción que salpican a la clase política. Un modelo a seguir, según defiende el fiscal superior de Galicia, Carlos Varela, es el que aplica Portugal desde el año 2008 y que supondría la creación de un consejo de prevención de la corrupción en la comunidad bajo la supervisión del Consello de Contas, así como la formación de equipos de control en la Xunta y en los ayuntamientos. El personal nombrado en cada departamento de las administraciones públicas se encargaría de identificar las áreas de riesgo y de hacer un seguimiento de las actuaciones de cada departamento administrativo con el objetivo de detectar preventivamente comportamientos de riesgo que podrían derivar en delitos de cohecho, negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación o tráfico de influencias.
"Para no hacer gravitar todo sobre la vertiente represiva, establecida por las normas penales, es importante adoptar sistemas de prevención de riesgos de corrupción y otras infracciones conexas", sostiene Carlos Varela.
En la actualidad distintos organismos internacionales y gobiernos de países del entorno europeo ya trabajan en la elaboración de documentos que el fiscal jefe de Galicia pone como referencia para aplicar también en las administraciones públicas de la comunidad. Portugal o Reino Unido ya han puesto en marcha medidas legales para prevenir la comisión de delitos de corrupción por parte de sus cargos públicos.
Desde el Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI) ya se dio la voz de alerta en el año 2003 al advertir de que las instituciones financieras deberían adoptar medidas de vigilancia sobre las "personas políticamente expuestas", así como poner en marcha sistemas de gestión de riesgo adecuados.
¿A quién se debería someter a esa especial vigilancia por parte de las instituciones financieras para advertirles ante un intento de corrupción? Según el GAFI a aquellas "personas políticamente expuestas" que son aquellas que desempeñan o desempeñaron funciones públicas importantes e incluso a sus familiares y colaboradores más próximos.
En cuanto a las medidas en materia de anticorrupción tomadas por países del entorno europeo destaca Reino Unido, que el pasado mes de junio puso en marcha la Bribery Act 2010, una ley contra la corrupción considerada la más severa del mundo ya que se aplica a los casos de soborno cometidos por cualquier persona o empresa relacionada con Reino Unido independientemente de donde cometiera el delito.
En Portugal, la Ley 54/2008 del 4 de septiembre creó el denominado Consejo de Prevención de la Corrupción (CPC), una entidad administrativa independiente que funciona bajo la supervisión del Tribunal de Cuentas. "Creo que este es el camino a seguir", defiende el fiscal superior de Galicia. "Se trata €añade Varela€ de que las entidades que manejan fondos púbicos establezcan planes de prevención de riesgo de corrupción. ¿Cómo? Por ejemplo, en un concello se definiría el área urbanística, que digamos es la más sensible, y se marcarían los comportamientos de riesgo de ese departamento, algo que se sabe por experiencia, y a continuación se determinaría cómo neutralizar esas conductas y se designaría a la persona encargada de controlar esos comportamientos de riesgo y de dar la alerta".
Pero los planes de prevención no son la única medida que defiende la Fiscalía gallega para evitar operaciones como Orquesta, Arena o Campeón que salpican a alcaldes, diputados autonómicos e incluso ministros. El fiscal superior de Galicia también apuesta por reforzar el papel de los secretarios, interventores y tesoreros municipales. Para Varela, estas figuras deben jugar un papel clave en el "control interno" de la gestión urbanística a través de sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales. ¿Cómo? Haciendo vinculantes los informes emitidos por los secretarios y los interventores, lo que evitaría que el Concello buscase dictámenes "a medida" a través de un asesoramiento externo para así saltarse las legalidad urbanística vigente.
En esa labor contra la corrupción, Varela también apela a la colaboración de la Xunta, a la que recuerda que es imprescindible que la Axencia Galega de Protección da Legalidad Urbanística (APLU) mantenga una colaboración permanente con la Fiscalía para detectar y corregir ilegalidades urbanísticas constitutivas de delito, con independencia del color político de cada corporación. Además, propone la creación en Galicia de una fiscalía específica sobre corrupción.
* Faro de Vigo - R. PRIETO - 24.12.11
Foto: Uno de los acusados en la operación "Arena" a su llegada a los juzgados de Corcubión. // FDV
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ELPAÍS* : Veintiuno: estos son los días que lleva Josep Tous (CDC) en el cargo de coordinador general de la Diputación de Barcelona. Tous era el hombre al que el presidente de la institución provincial, el también convergente Salvador Esteve, había encomendado la tarea de calmar las aguas tras la destitución del anterior coordinador, Josep Maria Matas, por sus presuntos negocios irregulares cuando era secretario general de la Asociación Catalana de Municipios (ACM). La fórmula de Esteve, amparada por Oriol Pujol, falló y Tous fue detenido ayer por su supuesta participación en una presunta trama de adjudicación de estaciones para la inspección técnica de vehículos, una pieza separada del caso Campeón.
La detención de Tous ocurrió un día después de que el vicepresidente primero de la Diputación, Alberto Fernández Díaz (PP), anunciara en una entrevista a BTV que en otoño dejará el cargo para dedicarse por completo a su tarea de presidente del grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Barcelona. Fernández Díaz aseguró ayer que su renuncia a la Diputación es una cuestión personal y no de partido. Sin embargo, suma incertidumbre a una entidad ya golpeada por los escándalos.
Estos dos espisodios son el colofón del annus horribilis de la institución. En febrero, este diario reveló los negocios que había realizado Josep Maria Matas, entonces mano derecha de Esteve, cuando era secretario general de la ACM. La fiscalía estudia una posible malversación de fondos en la facturación irregular de 900.000 eros de la asociación por parte de una empresa de Matas. El presidente de la Diputación mantuvo a Matas en el cargo 10 días, hasta que finalmente le dejó caer. “Lo de Matas es amoral aunque no sea delito”, dijo en su día Esteve.
Pero Matas no es el único investigado. Ferran Civil (UDC), vicepresidente segundo de la Diputación y alcalde de Cercs (Berguedà), está imputados en dos causas judiciales e investigado por la fiscalía y la Oficina Antifraude de Cataluña. Entre otras, el fiscal pide para él una pena de tres años y medio de prisión por autorizar la construcción de tres naves industriales en suelo protegido.
Esteve también ha tenido que gestionar el escándalo de las mochilas, los sobresueldos que desde el año 2000 —cuando los socialistas estaban en el poder— se pagaban a algunos funcionarios que habían sido promovidos temporalmente a un cargo superior y volvían a su plaza. En ellas se han gastado casi un millón de euros. Unos 50 trabajadores de la Diputación siguen cobrándolas.
* El País - CAMILO S. BAQUERO Barcelona 27 MAR 2012
Foto:
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ELPAÍS/Alicante* : El industrial Ángel Fenoll, considerado como el cabecilla de la trama corrupta del caso Brugal, ha acumulado una nueva imputación. La titular del Juzgado de Instrucción nº3 de Orihuela, que también instruye la causa general de Brugal, acusa a Fenoll de un delito contra el medio ambiente vinculado a enterramientos ilegales de basuras en plantaciones de naranjos próximas a su planta de residuos de Abanilla (Murcia).
La juez interrogará a Fenoll, en calidad de imputado, el próximo día 17 de abril, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
Las mismas fuentes han señalado que la juez tomará declaración a 18 testigos y perito y a los dueños de las fincas "donde aparentemente" se que se hayan realizado catas.
La investigación judicial de esta nueva causa contra Fenoll tiene su origen en una denuncia de un exempleado del industrial, los vecinos de la pedanía oriolana de la Murada y del Ayuntamiento de Orihuela, presentadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante y el Seprona. Según los denunciantes, Fenoll enterró miles de toneladas de residuos sin reciclar en una docena de campos adyacentes a su planta de basura. Esta instalación está ubicada justo en el límite entre los términos municipales de Orihuela y Abanilla.
Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja, está en la actualidad en libertad bajo fianza e imputado en dos de las principales ramas del caso Brugal: el supuesto amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela y un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja.
* El País - SANTIAGO NAVARRO Alicante 26 MAR 2012
Foto: Alicante, diputación - ruraliberica.com
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TERCERA/Lanzarote* : Más de 50 colectivos sociales y la inmensa mayoría de los partidos políticos, a excepción del PP, respaldaron la protesta.
Más de 25.000 personas se han echado a la calle, según la Policía Local, (9.000 según la Delegación del Gobierno), en la mayor manifestación de la historia de la isla. El motivo: el NO a Repsol y a las explotaciones petrolíferas en la zona.
De inmediato, el resto de España se ha hecho eco de la protesta, haciendo interpretaciones apresuradas de todo tipo. Pero primero veamos el contexto...
PROTESTA HISTÓRICA
Señala Laprovincia.es: «Hasta este momento, la mayor concentración de lanzaroteños se había producido en el año 2002 cuando se estima que unas 10.000 personas salieron también a la calle para reclamar que no se construyera ni una cama turística más».
El pasado viernes 16 de marzo, el Consejo de Ministros autorizó las prospecciones de hidrocarburos en aguas de Canarias, de las que se hará cargo Repsol YPF, alegando que los sondeos realizados indican que a unos 60km. de la costa canaria, junto a la frontera marítima con Marruecos, existen importantes yacimientos.
Fue entonces cuando arrancó la organización de una gran protesta, protagonizada por más de 50 colectivos sociales y la práctica totalidad de los partidos políticos, a excepción del PP, que respaldaron la protesta.
Uno de los más llamativos eslóganes era: «No queremos que nos metan en el mundo de la violencia, en el mundo de la falta de derechos, en el mundo de las mareas negras».
LaVozdeLanzatore: Una estampa que evocaba el espíritu de aquel 27-S de 2002, en el que Lanzarote también se echó a la calle, en defensa del territorio. Aquella cita supuso una jornada histórica, logrando reunir a cerca de 10.000 personas. Sin embargo, algo ha cambiado para que el 24M haya superado hasta doblar el número de asistentes a la anterior manifestación.
Entre una infinidad de propuestas, en una manifestación con aires de fiesta y protesta, se ha redactado un manifiesto contra las prospecciones petrolíferas autorizadas por el Consejo de Ministros. Las tecnologías también han cumplido una función vital, estableciendo conexiones entre las manifestaciones de ambas islas.
VOCES CRÍTICAS
No han faltado algunas voces críticas como la del periodista Daniel Lacalle en Cotizalia (medio de buenas relaciones con Repsol), quien ya en su twitter tiene por máxima: «El Mercado No Ataca, Se Defiende», y que ahora acusa al pueblo de demagogia, o al gobierno canario de opinar que el petróleo es peligroso y contaminante. El autor argumenta:
«...En el mundo hay 650 plataformas perforando anualmente en aguas de todo tipo y solo se han producido dos incidentes anuales en tres años. Estamos hablando de un riesgo menor al 0,3%.»
Daniel Lacalle defiende las refinerías de Cartagena o Puertollano, pese a que su propio medio y muchos otros han anunciado numerosas veces que son en buena medida deficitarias.
No olvidemos que, según Cotizalia, la situación de Repsol y la extración petrolífera es considerada no como una profunda contradicción del desarrollo de nuestras sociedades, sino como «un momento es absolutamente apasionante».
Otras voces críticas señalan casi exclusivamente que el No al petróleo se debe a sus supuestos efectos sobre el turismo; o las críticas de quienes consideran egoista el que un pueblo proteste por la extracción del petróleo, como prefiriendo que su extracción se haga bien lejos. También hay quien señala que Marruecos es un gran competidor (¿?) al haber empezado actividades de extración en la zona.
Más agresivamente se ha mostrado el diario ABC, al señalar que «las críticas contra las prospecciones petrolíferas están resultando un fracaso (ABC reduce el número de manifestantes de las cuentas ya de por sí bajas de la Policía), con asistencias apenas testimoniales si se las compara con protestas anteriores en las Islas». Abc además da a entender que esta protesta multitudinaria ha sido protagonizada por PSOE y CC.
Ante estas formas de verdadera demagogia, el pueblo canario ha sabido actuar en consecuencia y dar una respuesta unánime y contundente.
Esto nos abre la vía de debate más seria:
¿PUEDE UN POZO PETROLÍFERO EN LA ZONA MEJORAR NUESTRA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA O ECONÓMICA?
Los precios de la gasolina siguen subiendo, como un problema estructural de una fuente de energía que se agota y la caída del consumo sigue bajando, por la profunda crisis, que en buena medida la explotación de empresas multinacionales como Repsol están causando.
Existe un problema mayor al hecho de que un pozo de explotación pueda o no genera empleo o algún tipo de independencia energética momentánea y a corto plazo, y es la marcada petrodependencia de España, en la cual, y como señalan ecologistas expertos como Luis González Reyes: «Repsol debe crecer permanentemente para poder pagar a SACYR, esta a Santander y este a la Unión Europea. Entendemos entonces que "crecer" significa simplemente agotar los recursos muy rápido».
Con todo esto, el exdiputado canario y nuevo Ministro de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España, José Manuel Soria, a quien en la manifestación iban dirigidas las mayores críticas, parece no haber aprendido la lección del pasado, marcada con una huella indeleble del deastre del Prestige y la actitud mantenida por el entonces presidente del gobierno, su colega Aznar. Menos aún, de la trama de corrupción urbanística y político-financiera en la que se vieron envueltos políticos, empresarios, medios de comunicación locales y nacionales con el "caso Bango" a finales de los noventa, y que debería haber bastado para hacerlo dimitir de manera permanente de la actividad política.
Como algunos medios independientes denuncian, José Manuel Soria comete a menudo errores de desconocimiento sobre materias que maneja, como energía o economía:
MOTIVOS PARA LA PROTESTA
Bienmesabe.org: Declaraciones como que «el proyecto de Repsol puede convertir a Canarias en un referente de sostenibilidad» son una falta de respeto hacia la inteligencia de la población. Obviamente es imposible considerar sostenible a una actividad basada en la extracción de un recurso no renovable y cuya quema es una de las principales causas del cambio climático. En un contexto de crisis en el que los niveles de desempleo son extremadamente altos es tentador intentar manipular opiniones ofreciendo 5.000 puestos de trabajo, una cifra exagerada para una empresa que tiene alrededor de 35.000 empleos todo el mundo, para la extracción de petróleo en aguas profundas y ultraprofundas se utilizan barcos y maquinaria extremadamente específica y costosa, que difícilmente podrá ser fabricada en Canarias y que normalmente es propiedad de otras empresas (como Transocean, causante del accidente del Golfo de México). Las compañías petroleras alquilan la maquinaria y los barcos a estas empresas con personal técnico incluido.
La técnico marino de WWF en Canarias Beatriz Ayala explicó a Europa Press, que: «el área donde se pretenden llevar a cabo las prospecciones es una de las más importantes zonas de biodiversidad marina.»
Greenpeace vio irresponsable la autorización del Consejo de Ministros a las prospecciones petrolíferas en aguas Canarias, entendiendo que es «un peligro innecesario para el medioambiente y los ciudadanos». Su director ejecutivo, Mario Rodríguez, afirmó: «el Consejo de Ministros pone en peligro a Canarias dando vía libre a la exploración petrolífera de Repsol».
Desde Ecologistas en Acción, se desarrolló un índice de los principales motivos por los que "Canarias lo tiene crudo":
El Movimiento Ciudadano de Fuerteventura CONTRA LAS PROSPECCIONES PETROLÍFERAS ¡HAY MOTIVOS!
PORQUE NECESITAMOS CONSERVAR LA BIODIVERSIDAD, DEPENDEMOS DE ELLA
1.- La cantidad de peces, algas y otras formas de vida que atesora nuestro mar es un patrimonio de la humanidad que debe ser preservado a nivel internacional.
2.- La preservación del banco pesquero y la biodiversidad que lo conforman es un beneficio tanto para Canarias como para el continente africano.
3.- Es necesario promover una moratoria a nivel internacional sobre las extracciones en el área, como ya se hace en la Antártida. Acompañada de un fondo de compensación para los pueblos (que no para las multinacionales) que se deberá usar en el desarrollo de las energías renovables descentralizadas.
PORQUE ES MÁS INTELIGENTE APOSTAR POR LAS ENERGÍAS RENOVABLES
4.- Canarias tiene un gran potencial reconocido internacionalmente para desarrollar energías renovables.
5.- Las energías renovables nos dan más independencia energética y no contribuyen al cambio climático.
6.- Crean más empleo y no se agotan como el petróleo, que por algo es una fuente de energía no renovable.
PORQUE NO QUEREMOS UNA MAREA NEGRA EN NUESTRAS COSTAS
7.- Los trabajos de detección y extracción de petróleo emiten contaminación acústica y vertidos tóxicos causando la muerte de cetáceos y tortugas entre muchas otras especies marinas.
8.- No existe tecnología suficiente para asegurar la seguridad en las extracciones en aguas profundas y los riesgos de vertido son altísimos. Los daños serían incalculables e irreparables.
9.- Sería una violación de la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre "la seguridad de las actividades de prospección, exploración y producción de petróleo y de gas mar adentro”" que se encuentra sobre la mesa de dicho Parlamento desde octubre del año 2011.
PORQUE LAS EXTRACCIONES NO GENERAN RIQUEZA Y PONEN EN PELIGRO NUESTRA ECONOMÍA
10.- Se socializan los riegos y se privatizan los beneficios. La ley otorgaría todos los derechos sobre la explotación a Repsol, dándole potestad para vender libremente los hidrocarburos obtenidos.
11.- La extracción de petróleo pondrá en peligro nuestra economía porque perjudica al turismo y al sector pesquero y además no crea puestos de trabajo.
12.- Repsol es una empresa que no respeta el medio ambiente ni los derechos humanos en muchos lugares del mundo. Las poblaciones cercanas a los yacimientos sufren los daños sin obtener beneficios.
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
13.- Las extracciones de petróleo nos situarían en una situación de tensión con Marruecos.
PORQUE TENEMOS DERECHO A OPINAR CUANDO SE HABLA DE NUESTRO FUTURO
14.- Tenemos derecho a la información y al debate cuando se toman decisiones que afectan tanto a nosotros como a las generaciones futuras. No es solo decisión de quienes nos gobiernan.
— Fuentes: La Voz de Lanzarote; CanariasAhora, LaProvincia.es
* - Tercera Información - Rubén G. Herrera 25-03-2012
Foto: Lanzarote, no a las petroleras - lanzarote
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ELPAÍS* : La derivada catalana del caso Campeón, en el que está implicado el exministro de Fomento José Blanco, se saldó ayer con la detención de dos altos cargos. El subdirector general de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, y el número dos de la Diputación de Barcelona, Josep Tous (CDC), quien solo llevaba 20 días en el cargo, fueron detenidos junto con tres empresarios por su presunta participación en una trama para obtener concesiones en el negocio de la inspección técnica de vehículos (ITV). La juez que investiga el caso ordenó su arresto por un supuesto delito de tráfico de influencias. Está previsto que hoy pasen a disposición judicial.
La investigación se fraguó a partir de las conversaciones telefónicas del principal implicado en el caso Campeón, el empresario gallego Jorge Dorribo. Un informe de la fiscalía menciona contactos de Dorribo con el empresario catalán Sergio Pastor (uno de los detenidos ayer) para la concesión de servicios de ITV con la mercantil alemana TÜV Rheinland. En esos diálogos se cita también a Oriol Pujol, secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo del expresidente catalán Jordi Pujol. Con esa información se abrió una pieza separada que investiga, desde el pasado verano, un juzgado de Barcelona y que también se basa en los pinchazos telefónicos. La operación, que avanzó ayer la cadena SER, está bajo secreto de sumario.
La trama trató de influir, presuntamente, para hacerse de forma irregular con unas estaciones de ITV que previamente habían sido adjudicadas a otra compañía. Esas presiones no llegaron a materializarse, según fuentes judiciales. En octubre de 2010, la Generalitat —gobernada entonces por el tripartito de izquierdas— celebró un concurso público que, por primera vez, abrió el negocio a empresas distintas de Applus y RVSA, que hasta entonces habían disfrutado una suerte de oligopolio. Uno de los lotes de esa adjudicación, para construir estaciones en Sant Celoni (Vallès Oriental), Les Borges Blanques (Les Garrigues) y Amposta (Montsià), fue adjudicado a la empresa Atisae.
Pero ese lote del concurso topó con la oposición de la compañía Certio, que lo llevó a la justicia por presuntas irregularidades. Un juez suspendió el concurso de forma cautelar por entender que la Generalitat había introducido criterios en el contrato una vez que las empresas ya habían entregado la documentación. La compañía Certio es una escisión de Applus y es propiedad de otro de los detenidos ayer, Ricard Puignou. Según fuentes de la investigación, los implicados trataron de aprovechar la revisión del concurso para obtener ellos mismos la adjudicación a través de sus influencias políticas. Antes de la escisión, Puignou estuvo en Applus, igual que Pastor, que fue consejero delegado de la empresa de certificación hasta 2006. El tercer empresario arrestado se llama Sergi Alsina y es responsable de una empresa de asesoramiento empresarial.
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria registraron durante toda la mañana de ayer el despacho de Masalles, que salió del edificio público escoltado por dos agentes y sin esposar.
Tous, por su parte, fue director de Seguridad Industrial entre 1994 y 2004, y ocupa su cargo en la Diputación de Barcelona desde hace apenas 20 días en sustitución de Josep Maria Matas, que fue destituido tras conocerse que había facturado irregularmente cientos de miles de euros a la Asociación Catalana de Municipios (ACM) cuando era secretario general de esta entidad. Además, Tous es presidente de la sectorial de empresa, industria e innovación de Convergència. Su trayectoria ha estado siempre estrechamente vinculada a Oriol Pujol, que le nombró director general y que pensó en él para sustituir a Matas, cuando EL PAÍS destapó el escándalo de la ACM. En el orden del día del miércoles estaba prevista la ratificación en su cargo por parte del pleno del pleno de la Diputación. Ayer el vicepresidente primero de la entidad y líder del PP en el Ayuntamiento, Alberto Fernández Díaz, pidió que Tous renuncie hasta aclararse su presunta implicación.
En 2008, la ley de seguridad industrial aprobada por el tripartito puso fin al tradicional modelo de concesiones que había dado a Applus un dominio casi absoluto en el mercado. La ley prohíbe a las empresas de ITV tener una cuota de mercado superior al 50%. En aquel momento, Applus controlaba 36 de las 44 estaciones, o sea, el 82%.. El resto estaban en manos de otra compañía, RVSA. Ambas tuvieron que repartir juego y adaptarse a las nuevas reglas.
Dos años más tarde, la Generalitat aprobó un plan para crear en cuatro años una red de estaciones de ITV que permitiera a los municipios de más de 2.500 habitantes disponer de ese servicio en un radio máximo de 20 kilómetros. En octubre de 2010, adjudicó las seis primeras estaciones a dos compañías, Itevelesa y Atisae. Hasta la fecha, no se ha vuelto a adjudicar ninguna otra estación. La Generalitat estudia la viabilidad del nuevo sistema, en vista de que sigue encallado en los juzgados, según fuentes de la Administración.
Con el lote de Adisae en manos del juez, la trama intentó aprovechar su influencia para que la Generalitat emitiera informes favorables a la anulación definitiva del concurso. Su objetivo era introducirse en el negocio a través de un nuevo concurso, hecho a su medida. En las conversaciones intervenidas, los empresarios citan en diversas ocasiones a Oriol Pujol como una persona con capacidad de influencia para facilitarles su misión. En mayo de 2011, la Generalitat interpuso un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la suspensión cautelar del concurso. Según los servicios jurídicos del Ejecutivo, la resolución es “adecuada a derecho”.
Pujol aparece como posible “connivente” en un informe del fiscal remitido a la juez que investiga el caso Campeón. Su nombre se hizo público al levantarse el secreto de sumario de ese caso. Esa circunstancia ha echado por tierra, en parte, la investigación del juzgado de Barcelona, ya que puso sobre aviso a las personas investigadas. Las detenciones se han precipitado por el mismo motivo: si los sospechosos son conscientes de que les están grabando, los pinchazos telefónicos dejan de ser una medida eficaz.
Las detenciones han dejado fría tanto a la Generalitat como a la Diputación de Barcelona. El Departamento de Empresa y Empleo se limitó a emitir un comunicado en el que asegura que no conoce los “motivos” ni el “alcance” de la operación, y pide respeto a la presunción de inocencia. “No hay ningún motivo ni razón” para dudar de Masalles, un ingeniero industrial que lleva 25 años trabajando en el sector público. La Diputación no reaccionó ante la detención de su número dos. El Departamento de Presidencia tampoco quiso pronunciarse y desde Convergència Oriol Pujol aseguró que mantiene la “confianza” en los dos altos cargos detenidos.
* El País - REBECA CARRANCO / JESÚS GARCÍA Barcelona 26 MAR 2012
Foto: Arresto de Isidre Masalles, subdirector general de Seguridad Industrial. / JOSE JIMÉNEZ
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ELPAÍS* : A las seis y media de la mañana se ha puesto en marcha el dispositivo policial para desalojar un edificio okupado hace cuatro meses, el nº11 de la calle de Concepción Jerónima, en el distrito de Centro de la capital. Al lugar, en el que vivían 76 personas, entre ellas familias enteras que habían perdido sus casas por impagos, han acudido varias furgonetas de la Unidad de Intervención Policial (UIP, conocidos como antidisturbios) que cumplían una orden judicial para dejar libre el inmueble, han informado fuentes de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El desahucio se ha llevado a cabo sin incidentes y ha terminado sobre las diez de la mañana.
"Nos han despertado a todos a golpes", producidos cuando los agentes tiraban abajo la puerta, cuenta uno de los afectados, que explica que el desalojo se ha producido sin previo aviso.
En el edificio, situado entre Tirso de Molina y la calle de Carretas, se encontraban durmiendo 76 personas, que han sido acusadas de un delito de usurpación de bien inmueble -penado con multas de entre 180 la mínima a 72.000 euros la máxima, según el artículo 245.2 del Código Penal-. De los 76, han sido detenidos 11 (la policía informó en un principio de 14 detenidos). Iban indocumentados. Los 11 arrestados han sido trasladados a la Brigada Provincial de Información, en el distrito de Moratalaz, a efectos de identificación. Se espera que en las próximas horas pasen a disposición judicial.
Según cuentan los okupas, convivían en paz y sin causar molestias a los vecinos de la calle hasta que "en las últimas semanas se colaron en el edificio personas que estaban dando problemas", gente "con muchas peleas y navajazos a todas horas" y que estaba traficando con drogas. Los altercados provenían del cuarto piso y, aunque han intentado hablar con ellos para que se fueran, fue en vano. A estos vecinos conflictivos achacan el desalojo de hoy,
Los agentes, según explican los afectados, no les han dejado recoger todos sus muebles aunque sí algunas pertenencias y a media mañana seguían a las puertas del edificio trasladando en furgonetas alquiladas o prestadas lo poco que han podido sacar. Entre los inquilinos del edificio había familias desahuciadas de las zonas de Orcasitas y Villaverde, entre otros. Sus hijos estaban escolarizados en un colegio de la zona, y, al conocer la noticia, una monja del centro ha comprado magdalenas y se las ha llevado para desayunar. "La policía nos ha tratado muy bien", cuentan los inquilinos, desolados porque no saben dónde van a dormir esta noche con sus hijos. Las familias critican que nadie haya ido a echarles una mano ni a interesarse por su situación.
El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está desocupado desde hace algunos años. Reformado y en bastante buen estado, tiene 25 viviendas distribuidas en cuatro plantas. El día de la okupación, el 25 de noviembre pasado, uno de los ocupantes de este céntrico edifico declaró a Efe que estaban "relacionados" con los del Hotel Madrid, en la calle Carretas, que también permaneció ocupado varias semanas por activistas del Movimiento 15-M. En el momento de la okupación,en la que participaron unas 15 personas, los indignados aseguraron que las viviendas se iban a destinar "a familias desahuciadas".
Dos días después, el propietario del inmueble, Alderamin Iniciativas, S.L., anunció que iba a ejercer "todas las acciones que legalmente le asistan con objeto de solventar la situación y exigir las responsabilidades oportunas". En un comunicado, la empresa explicó que tomaba esta decisión "ante la manifiesta inactividad de las Administraciones y autoridades responsables, pese a la comisión flagrante y continuada de un delito del cual han tenido perfecto conocimiento". Alderamin Iniciativas negó que se tratara de un edificio abandonado, sino que es un edificio de nueva construcción con viviendas, locales y garajes dispuestos para su venta.
Se trata del segundo desalojo con detenidos en lo que va de año. El primero fue el pasado 2 de febrero en uno edificios más simbólicos de la reciente ola de okupaciones en Madrid, el número 33 de la calle Corredera Baja de San Pablo, en el barrio de Malasaña, que estaba okupado desde noviembre, tras el desalojo del Hotel Madrid.
Este inmueble tiene 15 apartamentos, es propiedad de La Caixa y está recién reformado. Al igual que ha sucedido hoy, en momento del desalojo había 36 personas dentro del edificio, que fueron imputados por un delito de usurpación de bienes inmuebles. De ellos, 11 no tenían documentación, por lo que fueron detenidos.
* El País - F. JAVIER BARROSO Madrid 26 MAR 2012
Foto: Una niña, junto a las pertenencias de su familia tras el desalojo. / LUIS SEVILLANO
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