La Junta de Andalucía va a regular por decreto en el mes de enero miles de viviendas ilegales

ABC* : El martes 10 de enero es la fecha inicialmente prevista para que el Consejo de Gobierno de la Junta apruebe el Decreto por el que se regula el régimen de las edificaciones y asentamientos en suelos no urbanizables, una normativa impulsada en la presente legislatura por la consejera de Obras Públicas y Viviendas, Josefina Cruz, y que permitirá la normalización de miles de viviendas construidas de forma ilegal. El decreto cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo, que únicamente ha apuntado objeciones de carácter técnico y perfectamente subsanables.
En Andalucía se calcula que hay entre 300.000 y 400.00 viviendas que por haberse levantado en suelos no urbanizables incumplen la legislación, circunstancia a la que se quiere poner fin con una normativa sumamente compleja por cuanto incluye una amplia variedad de tipologías.

El Decreto, que según afirmó recientemente el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, será aprobado el próximo 10 de enero, señala en la exposición de motivos que «la complejidad de los procesos territoriales y su evolución en el tiempo, y las modificaciones habidas en el marco normativo, hacen que convivan en esta clase de suelo situaciones muy diferentes, tanto en su génesis como en su forma de implantación, que demandan un tratamiento diferenciado».

«Es por lo que el presente Decreto —añade— tiene como objetivo principal clarificar el régimen aplicable a las edificaciones existentes en suelo no urbanizable, singularizando su casuística y estableciendo los requisitos esenciales para su reconocimiento por el Ayuntamiento y su tratamiento por el planeamiento urbanístico. Esta línea de desarrollo normativo ya fue iniciada por el Decreto 60/2010, de 16 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística de la Comunidad Autónoma de Andalucía».

Actualmente, existen en esta clase de suelo edificaciones en diferentes situaciones por su origen, ubicación, uso, etc. El Decreto diferencia básicamente las edificaciones por su forma de implantación y por su adecuación o no a las determinaciones establecidas en la ley.

Diferencias

Entre las edificaciones disconformes pueden distinguirse, además, diferentes situaciones: las que se construyeron con arreglo al régimen jurídico existente en su momento a las que una norma sobrevenida las ha dejado fuera de ordenación, y las edificaciones que se han construido al margen de la legalidad, para las que la Ley establece la necesidad de restituir la realidad física alterada, si bien cuando ya no se puedan adoptar medidas de protección y restauración de la legalidad, por haber transcurrido el plazo establecido en el artículo 185.1 de la Ley 7/2002, de 17 de diciembre, estas edificaciones quedan en situación de asimilación al régimen de fuera de ordenación. Las medidas de restauración de la legalidad no prescriben en ningún caso cuando las edificaciones se ubican en suelos protegidos o afectados por riesgos naturales.

De esta forma, la Consejería de Obras Públicas contempla un numeroso grupo de edificaciones que, previa decisión judicial, tendrán que ser demolidas. Son aquellas que se encuentran en suelos de especial protección y en zonas inundables. También las que sus propietarios recibieron las órdenes de paralización cuando se encontraban en fase de estructura, y las que estando afectadas por la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía no han transcurrido cuatro años desde que fueron terminadas, periodo que la LOUA marca para la prescripción.

En paralelo a la elaboración del decreto, la Junta —en colaboración con los ayuntamientos— ha venido elaborando el censo de viviendas construidas en suelos no urbanizables, centrado esencialmente en dos comarcas, la Axarquía de Málaga y el Valle del Almanzora, en Almería.

Según datos facilitados por la Consejería, en Almanzora, en suelo protegido, se contabilizaron 534 edificaciones, un 4,2 por ciento, y de menos de cuatro años o no finalizadas, otras 386, el 3,1 por ciento. En el caso de la Axarquía, en el apartado de suelo protegido fueron 859, el 6,7 por ciento de las construidas en zonas no urbanizables, y las de menos de cuatro años o no terminadas de construir, 876, un 6,8 por ciento del inventario.

El resto de las viviendas, un 92,7 por ciento en Almanzora y un 86,5 en Axarquía, podrán ser regularizadas dentro de las variantes que marcará la inminente normativa, bien como fuera de ordenación, o bien asimilado a fuera de ordenación.

Consejo Consultivo

El Decreto que previsiblemente se aprobará el próximo 10 de enero fue dictaminado favorablemente por la Comisión Permanente del Consejo Consultivo de Andalucía en la sesión celebrada el pasado día 21 de diciembre. La conclusión del informe, de carácter favorable, señala que, «en términos generales, el articulado de la disposición proyectada se ajusta al ordenamiento jurídico». No obstante, incluye una serie de observaciones. Así, en referencia al artículo 8.2.a, se indica: «Entre los supuestos en los que no se reconocerá la situación de fuera de ordenación, debe incluirse las edificaciones realizadas sobre suelo dotacional público, cuyas actuaciones ilegales sobre el mismo gozan de la imprescriptibilidad consagrada en el artículo 185.2 de la Ley 7/2002 de 17 de diciembre».

«Ciertamente —indica el Consultivo— es excepcional que una dotación pública se encuentre sobre suelo no urbanizable. No obstante, la experiencia nos indica que, si bien de forma poco ortodoxa, en algunos planeamientos generales los sistemas generales de espacios libres han sido implantados sobre suelo urbanizble. Para evitar que una vivienda ilegal construida sobre el mismo se le pretenda aplicar los beneficios derivados de su falta de mención expresa en el artículo 8.2.a del Decreto, es necesario incluir de forma expresa este supuesto a fin de que no pueda ser declarada como asimilada a fuera de ordenación».

De la reticencia a la oposición frontal
La legalización de viviendas irregulares en Andalucía a través de un Decreto específico levantó en principio serias reticencias en las organizaciones conservacionistas. Pero en estos momentos la postura es de frontal oposición. Juan Clavero, portavoz de Ecologistas en Acción en esta materia, considera sin dudarlo en declaraciones a ABC que la Junta va a dar una «amnistía» al urbanismo supuestamente ilegal. Tras recordar que son numerosos los alcaldes imputados y condenados por «permitir y avalar las miles de viviendas que ahora se quieren legalizar», señaló que la propuesta «es de suma gravedad por ser contraria a la legislación vigente y crear un precedente muy peligroso para los actos delictivos contra la ordenación del territorio. El Decreto —subrayó— es un aval para el urbanismo salvaje». Según Clavero, la regularización de miles de viviendas ilegales «desgajadas de los núcleos de población provocará un grave problema, pues creará poblaciones imposibles de administrar, que demandarán inversiones públicas y servicios que serán muy costosos o, incluso, imposibles de acometer por su dispersión».


* ABC - JOSÉ CEJUDO - 30.12.11
Foto: Una pala mecánica procede a la demolición de una vivienda ilegal - ideal

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La nueva estructura orgánica del Ministerio de Fomento

INMODIARIO/Madrid* : El Ministerio de Fomento ha suprimido dos de sus tres Secretarías de Estado y se eliminan dos de las cuatro Secretarías Generales, manteniendo las de Infraestructuras y de Transporte.
Esta estructura, con una única Secretaría de Estado, permite una mayor coordinación, mientras que las dos Secretarías Generales facilitan una planificación eficaz y un mejor desarrollo de la gestión en las áreas de infraestructuras y transporte.
Así, el Ministerio de Fomento se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos:
1.- La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras.
2.- La Subsecretaría de Fomento.

1. La Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras de la que dependen los siguientes órganos directivos:

- La Secretaría General de Infraestructuras, con rango de subsecretaría, de la que dependen entidades fundamentales para el sistema general del transporte español como ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias), FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha), CEDEX (Centro de Experimentación de Obras Públicas) o la consultora pública INECO.

Incluye también una Dirección General de Carreteras y una dirección general de Ferrocarriles destinadas a la planificación, proyecto y construcción de las vías de comunicación terrestre propias de cada ámbito.

- La Secretaría General de Transporte, con rango de subsecretaría, de la que dependen el ente público Puertos del Estado, AENA, RENFE o la sociedad de salvamento marítimo SASEMAR, dispone de tres direcciones generales destinadas a la ordenación del sector del transporte en cada uno de los modos existentes. Así, la Dirección General de Aviación Civil, la Dirección General de la Marina Mercante y la Dirección General de Transporte Terrestre se ocuparán de establecer y aplicar el marco normativo en el que debe desarrollarse el transporte de pasajeros y mercancías en sus respectivos ámbitos

- La Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo. Es responsable, entre otras funciones, de la ordenación general del sector de la edificación, la concesión de ayudas para la promoción y el acceso a la vivienda o la armonización de la actividad urbanística en España.

2. La Subsecretaría de Fomento: Como centro directivo que presta servicios comunes al conjunto del Ministerio se desglosa en:

La Secretaría General Técnica.
La Dirección General de Programación Económica y Presupuestos.
La Inspección General de Fomento.
La Dirección general del Instituto Geográfico Nacional.

Quedan suprimidos los siguientes órganos directivos:

La Secretaría General de Relaciones Institucionales y Coordinación.
La Secretaría General de Vivienda.
La Dirección General de Relaciones Institucionales.
La Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda.
La Dirección General de Suelo y Políticas Urbanas.

Nombramiento de altos cargos del Ministerio de Fomento

Rafael Catalá Polo: secretario de Estado de Planificación e Infraestructuras.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Pertenece al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1985. Ha ocupado distintos cargos en la Administración General del Estado, entre ellos los de director de Relaciones Laborales de AENA, director de Administración y Servicios de Navegación Aérea, director general de la Función Pública, subsecretario de Hacienda y secretario de Estado de Justicia.

Ha sido director gerente del Hospital Ramón y Cajal. Desde 2005 dirige el Máster de Administración Pública de ESADE. Igualmente, desde 2005 es secretario general y del Consejo de Administración de CODERE S.A. Además, es consejero del Consejo Social de la UNED.

Subsecretario: Mario Garcés Sanagustín

Licenciado en derecho y diplomado en el Instituto de Derechos Humanos de Estrasburgo, es inspector de Finanzas de Hacienda del Estado e interventor y auditor del Estado. Actualmente era consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón y presidente de la Corporación Empresarial Pública de Aragón. Además, ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría (Ministerio de Economía y Hacienda) de 2004 a 2011, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Carlos III de Madrid y vocal asesor del Presidente del Gobierno de España (2000-2004).

También ha ejercido la presidencia de la Asociación de Interventores y Auditores del Estado (2009-2011), vicepresidencia de la Federación de Cuerpos Superiores de la Administración del Estado (FEDECA) (2009-2011), y ha sido auditor nacional en la Dirección de la Oficina Nacional de Auditoría.

Secretario General Técnico: Eugenio López Álvarez

Licenciado en Derecho y Abogado del Estado. En la actualidad ejercía como abogado del Estado en la Audiencia Nacional y anteriormente lo fue en las Abogacías del Estado de Ceuta, de la Delegación de Gobierno en Castilla y León y en la del Ministerio de Administraciones Públicas. Con amplia experiencia en la Administración, ha sido secretario general técnico de los Ministerios de Interior, Presidencia y Administraciones Públicas de 2001 a 2003, y posteriormente, director general de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid.

Directora General de Arquitectura, Vivienda y Suelo: Pilar Martínez López

Licenciada en derecho, actualmente desempeñaba el cargo de delegada del Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, además de ser presidenta de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo y vicepresidenta de la Federación de Municipios de Madrid. Fue consejera de Servicios Sociales de la Comunidad de Madrid desde 1999 hasta 2003, así como concejala del Área de Gobierno de Economía y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Madrid desde 2003 hasta 2004 y concejala del Área de Gobierno de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid desde 2004 hasta el 2007.

Ha dirigido grandes proyectos de infraestructuras y transformación urbana de la ciudad de Madrid bajo el mandato del Alcalde Ruiz-Gallardón, además de dirigir la política de vivienda de la ciudad.

Directora de Gabinete: Alicia Portas Martínez

Licenciada en Derecho y graduada en Ciencias Empresariales, es funcionaria de carrera de la Escala Técnica de Administración General del Ayuntamiento de Pontevedra. Desde 2004 era la directora de Gestión y Servicios Generales del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Anteriormente, ha desempeñado numerosos puestos en la Administración Pública Estatal, autonómica y municipal. Así, ha sido directora del Gabinete de la ministra de Sanidad y Consumo, secretaria de la Delegación Territorial de la Consellería de Pesca y Asuntos Marítimos, de la Xunta de Galicia y jefe de Servicio de Promoción Económica y Patrimonio del Ayuntamiento de Pontevedra, entre otros.

Organigrama completo en la Web de Fomento.


* Inmodiario - 2.1.12
Foto: Madrid, Ministerio Fomento - computing

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Baleares.- Las citas judiciales por corrupción para 2012

ElMUNDO* : El nuevo año llega cargado de importantes avances en los casos de corrupción en las Islas. El ex presidente del Govern y ex Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, el yerno del rey, Iñaki Urdangarín o la ex presidenta del Parlament y del Consell de Mallorca, Maria Antonia Munar tendrán que rendir cuentas ante la Justicia balear por presuntos desvíos de dinero público, entre otros delitos.
El primer juicio de Matas por el caso Palma Arena
La primera gran cita del año será el próximo lunes 9 de enero. El ex presidente Jaume Matas será juzgado por una de las piezas del llamado caso Palma Arena por la que los fiscales piden para él 8 años de cárcel. Matas está acusado de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, fraude a la administración, falsedad en documento oficial por funcionario público, falsedad en documento mercantil y tráfico de influencias.

Además del ex ministro de Aznar, en esta causa están imputados el periodista Antonio Alemany y el ex jefe de prensa de Matas y su ex jefa de gabinete, Joan Martorell y María Umbert, respectivamente, la ex jefa de gabinete de la Conselleria de Presidencia Dulce Linares y al director de Nimbus, Miquel Romero

Esta causa es la relacionada con la contratación supuestamente irregular por parte de Nimbus del periodista Antonio Alemany. Según los fiscales, los imputados pactaron beneficiar de forma arbitraria e irregular al articulista Antoni Alemany y a sus sociedades con fondos públicos -que según los investigadores ascendieron a un total de 483.186 euros-, después de que Alemany acudiese a Matas en busca de una forma de retribuirle la elaboración de discursos e intervenciones públicas.

La subasta del 'palacete'

Unas semanas después, el 25 de enero, se subastarán en el juzgado –a instancias del Banco de Valencia– las tres fincas inmobiliarias que Matas aportó para garantizar un préstamo hipotecario de tres millones con los que consiguió librarse de la cárcel, entre ellos el famoso palacete de la calle San Feliu de Palma.

El crédito le obligaba apagar 84.000 euros al año, es decir, 7.000 euros al mes sólo de intereses que Matas no ha podido pagar.

Un procedimiento que, sin embargo, no va únicamente dirigido contra Matas sino también contra su mujer, Maite Areal, por ser copropietaria del 'palacete', así como contra la madre del ex presidente, cotitular en su caso del inmueble de Sant Miquel. Una vez los bienes patrimoniales salgan a subasta, cualquier ciudadano podrá pujar por ellos aunque en caso de que mediante este proceso no se alcance la cantidad adeudada, la entidad bancaria podría quedarse con los inmuebles en propiedad para su posterior venta.

Declaraciones por el 'caso Urdangarin'

También en el marco del caso 'Palma Arena', el juez José Castro, tomará declaración como imputado del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, el 25 de febrero, a las 09.00 horas, sobre los negocios por los que cobró fondos públicos del Govern balear y la Comunidad Valenciana a través del Instituto Nòos.

Castro ha citado también a declarar a otros ocho imputados en esta misma causa: el socio de Urdangarin, Diego Torres, y otras cuatro personas vinculadas con el Instituto Nóos -Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet-, y tres altos cargos del Govern balear en la legislatura en la que Jaume Matas era presidente autonómico.

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares apunta a un supuesto "entramado societario" tejido supuestamente por Urdangarin y su socio Diego Torres para "apoderarse" de fondos públicos y privados que recibió el Instituto Nóos.

Vicens vuelve al banquillo de los acusados

Sin embargo, antes de la cita Urdangarin, la Sección Segunda de la Audiencia de Palma juzgará los días 7 y 9 de febrero de 2012 al ex conseller de Territori del Consell de Mallorca Bartomeu Vicens, acusado de los delitos de malversación y prevaricación por beneficiar, supuestamente, con dinero público a la productora audiovisual Studio Media, una de las piezas separadas del llamado caso Maquillaje.

También se sentarán en el banquillo los administradores de Studio Media Alfredo Conde y Elizabeth Diéguez y el exdirector insular de Patrimoni Josep Joan Mas.

El fiscal acusa a los cuatro de haber conseguido fondos económicos del Consell Insular para pagar una serie de programas de televisión y reportajes que nunca llegaron a realizarse.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 3 años y 10 meses de cárcel para Vicens y para Conde y Diéguez, los fiscales piden 2 años y 3 meses de prisión para cada uno.

Juicio Bitel

Otra de las causas más sonadas de la era Matas, el llamado caso Bitel, pasará por la Audiencia de Palma del 20 de febrero al 7 de marzo de 2012. La Fiscalía pide penas de cárcel de hasta 14 años para cinco personas por desviar dinero público durante el mandato 2003-2007 de Jaume Matas (PP).

La fiscalía acusa al ex gerente de Bitel Damià Vidal de desviar unos 700.000 euros de esta sociedad pública mediante seis métodos diferentes. También están encausadas cuatro personas más, que presuntamente colaboraron y se beneficiaron de los desvíos de fondos públicos de este organismo, dependiente en la legislatura 2003-2007 de la conselleria de Economía.

Damià está acusado de cuatro delitos continuado de malversación de caudales públicos, continuado de fraude a la Administración, continuado de prevaricación y continuado de cohecho.

Los Hore, al banquillo

El 12 de marzo de 2012 se sentarán en el banquillo el matrimonio Hore, una pareja de multimillonarios relacionados con el caso Relámpago que entre 2002 y 2006 compró fincas en Son Bunyola (Banyalbufar) y otros bienes y propiedades eludiendo el pago de impuestos que ascendería a unos 32 millones de euros.

La Fiscalía pide 42 años y medio de prisión contra John Hore y 37 años y medio para su esposa, Martha Monica Hore. Asimismo, reclama otros 42 años y medio de cárcel para el abogado Alejandro Feliu por su participación en esta presunta trama de fraude fiscal por la que se les atribuye quince delitos.

El primer juicio contra Munar

La expresidenta del Consell de Mallorca y del Parlament balear Maria Antònia Munar, que fue también líder de Unió Mallorquina (UM), se sentará por primera vez en el banquillo el 14 de mayo de 2012 en el primer juicio que se celebrará contra ella por los casos de corrupción en los que está imputada, el caso Maquillaje. Munar se enfrenta a una pena de 6 años de cárcel por el supuesto desvío de 240.000 euros a empresas audiovisuales.

En este juicio también se sentará en el banquillo el que fuera compañero de partido y ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal y otras ocho personas, quienes están acusadas de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

En concreto, la pieza se refiere a dos subvenciones de 120.000 euros cada una otorgadas por el Consell de Mallorca en 2004 y 2005 a la productora Vídeo U, la mitad de la cual había sido adquirida poco tiempo antes por Munar y Nadal, mediante dos testaferros o 'socios aparentes', Miguel Sard y Víctor García, que se enfrentan a 2 años y 3 meses de prisión.

Juicios pendientes de fecha

Durante 2011 se ha abierto juicio oral a algunos de los casos de corrupción más sonados de las Islas para los que de momento no hay fecha fijada para la vista pero que previsiblemente llegarán a resolverse durante el próximo año. Por ejemplo, La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha asumido la primera pieza del caso Voltor que será juzgada y por la que se sentará en el banquillo el ex conseller de Turismo Miquel Nadal, para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por gratificar, presuntamente, con 12.000 euros al ex concejal del ramo en Sóller Bartolomé Plomer (UM) como contraprestación política por la labor que llevó a cabo como edil.

Sin embargo, Nadal y Plomer no son los únicos acusados en el marco de esta pieza -la número 1 del caso-, ya que también está previsto el enjuiciamiento del ex gerente del Instituto de Estrategia Turística (Inestur), Antoni Oliver, el ex director general de Promoción Turística, Joan Sastre, y Luisa Tortella, ex directora del Centro de Investigación de Tecnologías Turísticas (CITTIB) y ahijada de la ex presidenta del Consell y del Parlament, Maria Antònia Munar.

Pero no es la única causa que la cúpula de la desaparecida UM tiene pendiente de fecha de juicio. El pasado 21 de septiembre la jueza instructora del caso Can Domenge de supuesta corrupción en la venta de un solar público abrió juicio oral contra la expresidenta del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, y cinco personas más, a quienes ha impuesto una fianza civil solidaria de 37 millones de euros.

El Consell de Mallorca, presidido entonces por Munar, vendió el terreno palmesano de Can Domenge a la unión de empresas Sacresa-Ferratur por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Munar se tendrá que sentar en el banquillo y hacer frente a la petición fiscal de 6 años de prisión por este caso acusada de prevaricación, fraude a la Administración y revelación de información privilegiada.

En su escrito, la Fiscalía pide las mismas penas de prisión (6 años) y por los mismos delitos para el ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal; el ex conseller insular de Economía Miquel Àngel Flaquer y el ex conseller insular de Territorio Bartomeu Vicens, todos ellos de UM. Para Román Sanahuja, de Sacresa, otro de los imputados, reclama en cambio 1 año y medio de cárcel, así como 2 años para el abogado Santiago Fiol Amengual.

También se encuentra pendiente de fecha de juicio el caso Turisme Jove, que investiga el presunto desvío de más de un millón de euros a través de esta empresa pública durante la segunda legislatura de Jaume Matas.

Entre los imputados destacan el ex gerente del consorcio Turisme Jove, Damià Amengual, y el ex director general de Juventud en el anterior Govern balear del PP, Juan Francisco Gálvez, presuntos responsables del desvío de fondos que dejó a la empresa en quiebra técnica. Maíz era el administrador de una productora que trabajó para Turisme Jove.


* El Mundo - Carla Arrieta | María J. García - 1.1.12
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com

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Jaén elimina las reservas de suelo para construir VPO

ELPAÍS* : El último pleno del año del Ayuntamiento de Jaén sirvió ayer para que el gobierno local del PP consumara la eliminación de las dos áreas de reserva de suelo donde había previsto construir 11.000 casas protegidas. La medida fue duramente criticada por la oposición municipal de PSOE e IU, que la calificaron como la "sentencia de muerte" para la vivienda pública. En contraste a esta decisión, el PP ultima el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en el que hace un guiño a la iniciativa privada para impulsar el parque inmobiliario.
El alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya, justificó la renuncia a la VPO sobre la base de una sentencia del TSJA estimando una denuncia de propietarios de terrenos en Cerro Almagro. Sin embargo, tampoco ocultó que la medida sintoniza con la filosofía del PP sobre política urbanística.

"¿De dónde sacamos financiación para construir 11.000 viviendas si el Ayuntamiento está en la ruina?", se preguntó tras calificar de "inviable" la operación proyectada en el anterior mandato por PSOE e IU.

Por su parte, el concejal socialista Manuel López advirtió de que, mientras el PP renuncia a la vivienda protegida, ha proyectado en el nuevo PGOU la construcción de unas 12.000 viviendas. "¿Es que esas viviendas van a ser privadas?", le inquirió López al alcalde. Y es que el PP ya ha confirmado que en el nuevo plan, cuya aprobación inicial se producirá en febrero, que redacta el arquitecto José Seguí solo se construirán las viviendas que vengan avaladas por el sector financiero. No obstante, los populares sostienen que la eliminación de las áreas de reserva de suelo no supone que no se construyan viviendas protegidas en otras zonas de la capital. El alcalde recordó que durante el anterior mandato del PP se construyeron 61 viviendas por año, frente a las cuatro en la etapa de PSOE e IU.

El punto de mayor tensión en el pleno volvió a ser el futuro del tranvía, paralizado desde el pasado mes de mayo. El PP llevó para su aprobación el Reglamento de Circulación del Sistema Tranviario, lo que no significa que este medio de transporte se vaya a reactivar de inmediato. "No empezará a funcionar hasta que tenga un sistema de financiación viable", avisó Fernández de Moya, que recriminó las sugerencias de la oposición de que la paralización del tranvía se debía a motivos electorales y que el gobierno municipal mantendría esta postura hasta pasados los próximos comicios andaluces. "Si el tranvía es tan bueno, por qué no lo gestiona la Junta", espetó el alcalde, que recurrió al discurso del agravio al indicar que la Junta pagó 44 millones para los vagones del metro de Granada. Fernández de Moya no hizo referencia a los 100 millones de euros que el Gobierno andaluz puso para el tranvía de Jaén.

El pleno del Ayuntamiento de Granada aprobó ayer los presupuestos que contemplan la disolución de sus cinco organismos autónomos: Patronato Municipal de Deportes, Instituto Municipal de Empleo, Gerencia de Urbanismo, Centro Cultural Manuel de Falla y Huerta de San Vicente. El Ayuntamiento se ha dado de plazo para analizar qué hacer con el alrededor de un centenar de trabajadores afectados hasta el próximo mes de junio.

La oposición, integrada por PSOE, IU y UPyD, criticaron con dureza la filosofía de los presupuestos, que prevé 262,2 millones de euros de ingresos y 254,1 de gasto, al considerar que se acometen recortes sociales mientras se mantienen gastos que no deberían ser considerados como prioritarios para la sociedad, como es el caso de las dietas, las partidas protocolarias o la televisión municipal.

Por su parte, el concejal de Economía, Francisco Ledesma, dijo sobre los presupuestos que recogen "un aumento de las políticas sociales", que cifró en 21 millones de euros. "Estamos en un momento en el que hay que ser austeros, prudentes, pero también valientes", lo que, en su opinión, consigue el documento, ya que "no aumenta la presión fiscal a los ciudadanos", al igualar la subida de las tasas e impuestos con la previsión del IPC (3,6%).

Francisco Puentedura, concejal de Izquierda Unida, fue el más crítico con el documento, que a su modo de ver no reconoce uno de los principales problemas de las arcas municipales, la deuda municipal que ascendería a 335 millones de euros, de los cuales 173 corresponden a entidades financieras y 162 a diferentes empresas que padecen una situación en muchos casos "insostenible" por los pagos pendientes.


* El País - G. DONAIRE / F. VALVERDE - Jaén / Granada - 31/12/2011
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com

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Vuelta al patrón ladrillo: estímulos para comprar y más IBI para recaudar

ELCONFIDENCIAL* : A corto plazo, el nuevo Gobierno tiene claro que parte de la solución pasa por el ladrillo. Quedó claro ayer con la presentación del primer paquete de medidas, de la que se desprende una decidida apuesta por estimular el mercado de la vivienda y por incrementar la recaudación apelando al patrimonio inmobiliario de los ciudadanos. Por el camino, soltar lastre de algunos gastos comprometidos, como la renta básica de emancipación (364 millones).
Al contrario que con otras subidas de impuestos, en el caso de las medidas relacionadas con la vivienda, todas venían recogidas en el programa electoral del PP. Para el objetivo de poner en valor el actual stock de viviendas, los populares apostaban por reactivar el mercado de compraventa. Para ello, como prometieron, han prorrogado otros seis meses el IVA superreducido del 4% y recuperan la deducción por adquisición de vivienda en el IRPF.

Para algunos expertos, estos estímulos esconden un interés manifiesto en reactivar el sector inmobiliario, uno de los motores económicos que puede reaccionar más a corto plazo y por lo tanto generar empleo. Visto de otro modo, es también una ayuda para que los bancos, que acumulan en sus balances infinidad de viviendas y suelos sin vender, puedan sacar al mercado de manera más acelerada este producto, ante la poca flexibilidad en los precios.

Esta prioridad por la compra de vivienda fue criticada esta misma semana por el Banco de España. En su último boletín económico, la institución es tajante al señalar el daño que pueden volver a hacer a la economía las políticas favorables a promover la propiedad de la vivienda, vía desgravación fiscal, culpables en parte de la burbuja inmobiliaria que podría volver a alimentarse, en detrimento del alquiler y que además pueden suponer un coste de hasta 1.500 millones anuales.

Subida del IBI

Sobre la subida del IBI, impuesto que se aplica a los bienes inmuebles, el Gobierno pretende recaudar unos 918 millones y afectará a 25 millones de inmuebles. La medida será temporal (dos años) y se aplicará a las viviendas cuyo precio esté por encima del valor catastral medio, es decir, afectará al 50% de los inmuebles, todas los que queden por encima de esa media, realizada en cada municipio y siempre que sus valores catastrales fueran actualizados después de 2001.

En este caso, se trata, como reconoció el propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de una actuación destinada a ayudar a las corporaciones locales a mejorar su financiación. El incremento de este impuesto se ha establecido de una manera progresiva del 10, 6 y 4%, de forma que tendrá una mayor subida en las que tengan una mayor antigüedad de la revisión catastral.

Adiós a la renta de emancipación

Respecto a la eliminación de la renta básica de emancipación, el economista Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida por Málaga, explicaba ayer que esta decisión “es una medida regresiva porque se beneficiaban de ella los más jóvenes y con más necesidades. Aunque no era la solución al problema de la vivienda, quitarla sólo puede empeorar la situación de los más desfavorecidos”, contraria por tanto al ánimo de ampliar el mercado de alquiler propuesto por el PP.

Esta ayuda entró en vigor el 1 de enero de 2008 para jóvenes de entre 22 y 30 años, con una fuente regular de ingresos inferior a 22.000 euros brutos anuales durante los seis meses previos. En la actualidad, se beneficiaban de esta ayuda de 210 euros para el alquiler un total de 301.254 jóvenes, después de que 34.303 personas empezarán a recibirla en el primer semestre del año, un 12,8% más respecto al cierre de 2010, según datos del Ministerio de Fomento.


* El Confidencial - Carlos Hernanz - 31.12.11
Foto: Soraya Sáenz de Santamaría, junto al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro (Efe)

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Santander.- El PGOU es un ejemplo de "urbanismo depredador" y el Centro Botín "desfigurará" el paisaje

ELECONOMISTA* : La asociación ecologista Arca ve en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander un "verdadero ejemplo" de un "urbanismo depredador" y "destructor" del medio que lo rodea, y ha vaticinado además que el Centro de Arte y Cultura proyectado por la Fundación Botín en el muelle de Albareda va a contribuir a "desfigurar" el paisaje de la Bahía.
Así lo ha dicho el presidente de este colectivo, Gonzalo Canales, en una entrevista concedida a RNE, en la que participó Europa Press y en la que ha manifestado también que "Cantabria necesita como el comer un plan de ordenación del territorio" para acometer después los planes sectoriales. Sobre el PGOU de la capital, ha lamentado el hecho de que plantee urbanizar "todo lo que no era urbanizable hasta ahora". "Absolutamente todo", ha apostillado Canales, para precisar que el nuevo documento no deja "un solo hueco sin urbanizar".

Lo "único" que no se urbaniza es la franja norte del litoral, que está incluida en el POL (Plan de Ordenación del Litoral). "Porque está protegida por el POL, si no, también se urbanizaba", ha apuntado.

Por ello cree que el plan es "insostenible" y constituye el "típico ejemplo de cómo se genera la corrupción urbanística", es decir, urbanizando "todo lo que se pueda".

En cuanto al nuevo informe de la CROTU (la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo), Canales ha señalado que con él "intentan tapar chapuzas y agujeros" para que el PGOU "no se les caiga en los tribunales".

CENTRO BOTÍN

Por otro lado, sobre el Centro de Arte ha lamentado que se ponga "a disposición de un particular", en alusión a Emilio Botín, presidente de la Fundación y del Banco Santander, "el bien del paisaje de la Bahía" que se va a "desfigurar".

Y es que para Arca, la ubicación del edificio diseñado por el prestigioso arquitecto Renzo Piano es un "verdadero desacierto", toda vez que se va a levantar en una zona "nueva", en un lugar "privilegiado" que constituye "el mejor sitio" de la ciudad.

Frente a ello, ha recordado, el Museo Guggenheim de Bilbao se edificó en un lugar "absolutamente degradado" y contribuyó a "regenerar" la zona. Por eso, Canales ha pedido que no se primen "los intereses de Botín", sino los de "todos los santanderinos", y se busque una ubicación "adecuada" para el Centro.

Después de recordar que Arca ha presentado alegaciones al emplazamiento actual y porque se han hecho modificaciones puntuales y evaluaciones ambientales "troceadas" respecto al plan general de la ciudad, su presidente ha indicado que decidirán más adelante "si vamos a por el Centro Botín".

En cuanto a la planificación cultural, Canales ha considerado que se necesita hacer una política "coherente", ya que ahora no ve un "claro esfuerzo y dirección" en esta materia, lo que a su juicio es un "error".

Tras reflexionar sobre el PGOU de Santander y el Centro Botín, y a propósito de preguntas sobre el uso del suelo rústico y la posibilidad de construir en él, el presidente de Arca ha señalado que el debate en torno a este último tema no es "prioritario" y ha concluido que "Cantabria necesita como el comer un plan de ordenación del territorio".


* El Economista - 31.12.11
Foto: Santander, revisión Plan General - eldiariomontanes.es

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El Gobierno se decide a crear un 'banco malo' para el suelo con ayuda de Bruselas

CINCODÍAS* : El nuevo Gobierno ha recogido las recomendaciones de casi todos los presidentes de banca con los que se ha entrevistado. Así, además de acelerar la reestructuración financiera con las fusiones de las cajas más débiles y recapitalizaciones, aprobará la creación de un banco malo para sanear los balances, pero solo para suelo y con la condición de que Bruselas apoye la iniciativa con ayudas.
Decisiones salomónicas. Esa parece la actitud del Gobierno ante la búsqueda de soluciones para los problemas del sistema financiero español. El Ejecutivo, junto al Banco de España, tiene ya gran parte del diseño de la hoja de ruta a seguir para acelerar la reestructuración de la banca.

El supervisor ha comenzado a pedir a las entidades financieras más provisiones para los activos más ilíquidos, el suelo y en algunas ocasiones para inmuebles adjudicados que lleva en sus balances tres años al aplicarse la circular 3/2010. Para la vivienda terminada el recorte es del 20% si llevan desde 2008 en balance y para el suelo el porcentaje es del 50%. El Gobierno pretende aplicar descuentos sobre el valor contable de los activos inmobiliarios adjudicados del 20% de media.
De esta forma pretende que su valor se acerque más a la realidad, sobre todo para el suelo. Varias entidades financieras, de hecho, afirman que el supervisor además ha pedido que provisionen casi el 100% algunos terrenos que tienen en sus carteras, lo que significa que su precio actual es cero o casi cero.
Un ejemplo son algunos terrenos rústicos en poder de Caja del Mediterráneo (CAM) y situados en Alicante, que han sido provisionados por Banco Sabadell en un 97% sobre su valor contable.
Las entidades financieras tienen ya de media provisionado el 40% del valor del suelo que tienen en su cartera. Los expertos calculan que deberían provisionar el 70% del valor del suelo.
Esta medida complementa la citada circular 3/2010 del Banco de España por la que la banca debe reconocer un deterioro mínimo del 10%, que asciende al 20% y 30% para los activos inmobiliarios que permanezcan en el balance más de uno o dos años y del 50% para el suelo.
Y a la nueva vuelta de tuerca de las provisiones que pretende aplicar el Gobierno para los activos más tóxicos se unirá otra vía de saneamiento: la creación de un banco malo. Esta iniciativa ha sido solicitada sobre todo por las cajas convertidas en bancos, entre las que destaca Bankia. Las entidades podrán así segregar de sus balances los activos más ilíquidos con la creación de un banco malo, en el que solo se incluirá suelo, la principal losa del sector. Será el banco del suelo, como lo ha bautizado el presidente de CECA y de La Caixa, Isidro Fainé, uno de los artífices de este instrumento.
Los inmuebles los venderán las propias entidades, para lo que ya han comenzado a crear unidades específicas. El banco malo se constituirá con el suelo en poder de las entidades financieras, y contará con ayudas públicas de Bruselas en un gran porcentaje, que se articularán a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Así no computarán como déficit público, aunque no se descarta que el Estado participe también en un porcentaje, pero estas ayudas tendrán que ser devueltas. El FMI también podría participar. El FROB, a su vez, emitiría deuda para financiar este instrumento.
Concretar la participación de Bruselas es precisamente el fleco que queda pendiente y la principal condición para que se apruebe definitivamente este proyecto. La idea es que sea un banco sintético, es decir, que aunque las entidades aporten a una sociedad el suelo que tienen en balance serán ellas mismas las que se encarguen de gestionar los activos que aporten.
La valoración de los activos que se aporten se realizará de forma transparente y homogénea, apoyada en precios de mercado. Las minusvalías que se generen correrán a cargo de la entidad propietaria del suelo. Para que sea rentable esta iniciativa se tomará como referencia un amplio espacio de tiempo para realizar las desinversiones, que podrían superar los 20 años, según varios expertos, ya que consideran que se necesitarán varios lustros para dar salida a todo el suelo que hay ahora en el balance de la banca.
La banca cuenta con unos 30.000 millones de euros en suelo adjudicado, cifra que prácticamente no se ha movido en el último año. De hecho, lo que puede ocurrir es que crezca, ya que la banca cuenta aún con una amplia cartera de suelo financiado que también podría incluirse en este banco malo. Aun así, una vez que la banca se libre de sus activos tóxicos podría conceder más créditos, ya que liberaría capital y provisiones.


* Cinco Días - Ángeles Gonzalo - Madrid - 30/12/2011
Foto: El Gobierno se decide a crear un 'banco malo' para el suelo con ayuda de Bruselas

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Y el 15-M desbordó fronteras

ELPAÍS* : Este movimiento fue uno de los fenómenos que en 2011 colocaron a España en el mapamundi. En un año marcado por las malas noticias, aportó un soplo de aire fresco y combativo con su ADN no violento.
Dice Eduardo Galeano que hay un nuevo mundo latiendo en el vientre del mundo en que vivimos: "Hay un mundo que puede ser latiendo en este mundo que es". Las palabras del escritor uruguayo, tan certero en la prosa como poético en el verbo, se pueden escuchar en un vídeo que aloja la web de los indignados chilenos ( www.chileindignado.cl). Las pronunció a principios de diciembre, en plena plaza de Catalunya, adonde acudió a solidarizarse con la acampada de Barcelona. "Este mundo de mierda está embarazado de otro y son los jóvenes los que lo llevan adelante", proclamó enfático. "Y yo lo reconozco en estas manifestaciones espontáneas".
Ese mundo que late dentro de este latió en las calles españolas un 15 de mayo de 2011. Siguió latiendo en días posteriores, revolucionando los días previos a unas elecciones cruciales. Su latido traspasó barrios, provincias, fronteras. Latió, latió, latió. Y al llegar octubre, el latido se escuchó en plazas de medio mundo.

España exportó un latido, el latido de los indignados.

El Movimiento 15-M es uno de los fenómenos que en 2011 colocaron a España en el mapamundi. En un año marcado por las malas noticias, aportó un soplo de aire fresco y combativo. Su ADN no violento, horizontal, asambleario, marcadamente democrático, apoyado en las redes sociales y construido sobre la ocupación de plazas, revolucionó las calles en España y generó un nuevo modelo de protesta.

Los indignados españoles han marcado un cambio de época en la historia de las movilizaciones sociales. Una nueva generación de activistas muy conscientes de sus derechos ciudadanos incorporaron las nuevas tecnologías a la protesta civil, vitaminaron las calles desde las redes. La noche del 23-F de 1981 fue bautizada como la noche de los transistores. En el caso del 15-M, el día 16 de mayo podría haber sido bautizado como el día del tuit: en esa jornada, la protesta española se convirtió en trending topic mundial, es decir, en uno de los temas comentados en la red social Twitter. La #spanishrevolution tomó la Red. La tormenta digital no se quedó en el mundo online, saltó a la calle. Y se transformó en una masiva e inesperada concentración el martes 17 de mayo en la Puerta del Sol, el martes mágico: a las ocho de la tarde, citados a través de las redes, cerca de 6.000 manifestantes se congregaban en la plaza que simbolizaría la protesta. "No estamos en Facebook, estamos en la calle", proclamaban los jóvenes en la plaza.

España tenía todas las papeletas para alumbrar una protesta multitudinaria: crisis profunda, cinco millones de personas en paro, desahucios, jóvenes con precarias perspectivas laborales. Pero nadie previó que el 15-M pudiera cosechar semejante cadena de éxitos. En un año, tres movilizaciones (15-M, 19-J, 15-0) y tres llenazos. Cuentan los cronistas que nadie previó tampoco el Mayo del 68 francés.

En un principio, los más escépticos recurrieron a manos negras y demás teorías conspiranoides para explicar lo que germinaba en las calles. Era difícil de asimilar que, una semana antes de unas elecciones cruciales, legiones de ciudadanos gritaran pidiendo una democracia real ya.

Una de las claves del éxito fue el lema de la primera convocatoria del 15 de mayo: "No somos mercancía en manos de políticos y banqueros". Bajo este paraguas, el 15-M consiguió, en sus primeros compases, unir sensibilidades muy distintas.

El rechazo a la corrupción rampante unió voluntades. La trama Gürtel, el caso Brugal, el caso Palma Arena, el saqueo del Palau de la Música en Cataluña, los ERE fraudulentos en Andalucía, el culebrón de la trama corrupta marbellí... La confianza en las profesionalizadas clases políticas se ha venido laminando año tras año.

Los gritos también se alzaron contra bancos y mercados. Tres años después del rescate de las entidades financieras, nada ha cambiado. Tres años después de anuncios como el de Nicolas Sarkozy, que llamó a refundar el capitalismo, las economías europeas aparecen en manos de las agencias de rating. La desregulación de los mercados, la confianza en la mano invisible de Adam Smith, se reveló como una trampa total para los indignados. Se acude al rescate de los bancos y de las economías, sí, pero ¿quién acude al rescate del ciudadano?

"¿Por qué gobiernan los mercados si yo no los he votado?", rezaba una camiseta del 15-M.

Las maniobras del sistema financiero fueron alimentando la indignación. Bonus para el que más se endeuda, para el que concede hipotecas basura; recompensas para los que arruinan a sus empresas, que al abandonarlas se llevan, encima, un buen pellizco. Las perversiones del capitalismo a la vista de todos, expuestas en películas como Inside job, denunciadas por intelectuales como Stéphane Hessel en el panfleto ¡Indignaos! o el escritor José Luis Sampedro.

Los indignados españoles han generado un nuevo modelo de protesta. No han inventado la pólvora, pero construyeron un modelo que acabó siendo imitado. El 15-M, de hecho, bebió de otras revueltas, tuvo sus fuentes de inspiración. Dos fueron sus principales referentes: por un lado, Islandia, donde las protestas ciudadanas desencadenaron reformas constitucionales; por otro, la llamada primavera árabe, donde las redes sociales catalizaron las movilizaciones.

El 15-M se define por su horizontalidad. Una horizontalidad que en algunos casos dificultó la toma de decisiones, pero que sirvió para crear consensos. Se desprecian las estructuras verticales. Las decisiones se toman mediante procesos asamblearios en la red y en la calle. La ciudadanía es el nuevo sujeto central. Los procesos asamblearios en red son caóticos, sí, pero a fuerza de ir sumando propuestas se generan consensos. Las redes son inteligentes.

Es un movimiento fundamentalmente reformista. A pesar de la etiqueta #spanishrevolution, reivindica una democracia más participativa, que cuente con las herramientas digitales para incorporarlas al proceso de toma de decisiones, reivindica un sistema electoral que dé voz a las minorías y destierre el bipartidismo.

Los indignados no creen en los políticos y en unas viejas instituciones anquilosadas, pero sí en la política. Consideran que las estructuras tradicionales no dan las respuestas adecuadas al momento presente, sino que actúan al son del statu quo y bailan al ritmo de los mercados.

Lejos de las interpretaciones de ciertas cavernas periodísticas que vieron en el movimiento a un hatajo de perroflautas antisistema bañados "en olor a porro", como se escuchó en una memorable entrevista del canal Intereconomía, el 15-M fue y es democrático y no violento. Se produjo el episodio del asalto a los parlamentarios catalanes, sí, un capítulo lamentable que solo se puede atribuir a elementos que se colaron en unas protestas y en una forma de protestar que no era la suya. De hecho, elementos hubo en todas las plazas. El movimiento abrió sus brazos y no pudo impedir que se les colaran algunos indeseables. Como los que, sin escrúpulo alguno, se llevaron una quincena de ordenadores de una de las carpas que rodeaban la estatua del impertérrito Carlos III en Sol.

No recurren a la violencia, pero sí a la desobediencia civil. Ese es uno de los elementos clave de su ADN. Y ese es uno de los factores que se exportaron a Nueva York: la ocupación del espacio público.

El 15-M traspasó fronteras y exportó su modelo más allá de las fronteras. De hecho, esa exportación se gestó en una pequeña asamblea en la madrileña plaza del Carmen. El 17 de junio de 2011, un mes después de la manifestación a la que acudieron 80.000 ciudadanos en las principales ciudades españolas, unas 40 personas se reunieron a las cinco de la tarde. Había norteamericanos, franceses, griegos, argentinos... y una chica israelí, Aya, que se llevó varios manuales de activista de la acampada de Sol. Nada más llegar a Tel Aviv, tradujo al hebreo la Guía de asambleas y el Cómo cocinar una revolución, material que sirvió a los jóvenes que se alzaron el 14 de julio. El modelo de www.tomalaplaza.net también sirvió de inspiración para crear la web que vertebraría las protestas del verano en Israel y las de Nueva York en septiembre con el movimiento Occupy Wall Street.

La protesta global del 15-O fue anunciada por los indignados españoles poco después del 15-M. Tras meses de arduo trabajo, 951 ciudades de 82 países se sumaron a la cita. La indignación frente a la actuación de los políticos, los mercados financieros y la banca volvía a unir a los manifestantes, esta vez de todo el planeta. En España, la convocatoria volvía a ser un éxito rotundo, con cientos de miles de personas marchando por las calles bajo el lema Unidos por un cambio global y con la emblemática Puerta del Sol nuevamente abarrotada.

Poco después de la protesta global, Metroscopia publicaba un sondeo que ponía de manifiesto las simpatías que el movimiento ha recabado en la población española. Siete de cada diez españoles piensan que el movimiento tiene razón en sus reivindicaciones, un 73% de la población.

De hecho, algunas de sus propuestas acabaron abriéndose paso en los programas de algunos de los partidos que concurrieron a las elecciones del 20-N. El socialista Alfredo Pérez Rubalcaba dejó caer en su cara a cara con Mariano Rajoy, el entonces candidato del PP y hoy ya presidente del Gobierno, que la democracia española ya está lo suficientemente madura como para plantearse una revisión de la Ley Electoral.

A pesar del amplio apoyo popular, cada una de sus convocatorias fue mirada con lupa. Cada vez que dejaron de aparecer en los medios de comunicación por espacio de 15 días se habló del ocaso del movimiento. Resultados, resultados, resultados. El cortoplacismo lleva a exigir resultados inmediatos, resultados ya, cuando lo importante es el proceso: el 15-M ha abierto un proceso. Un proceso del que solo hemos visto el inicio. Los más jóvenes no están atontados frente al ordenador, ni están embobados con las nuevas tecnologías. Saben utilizar las nuevas herramientas para desafiar al sistema. Conocen sus derechos.

El movimiento ha tenido y tiene sus problemas. Su estructura horizontal ralentiza la toma de decisiones. De hecho, Democracia Real Ya ha empezado a tomar decisiones por mayoría para agilizar los procesos. La diversidad del propio 15-M dificulta los consensos en acciones concretas. Se han producido roces entre estructuras: DRY, Acampadas, Barrios, Comisiones. Ha habido momentos, antes del verano, en los que el ritmo de concentraciones era tan alto que se desgastó la capacidad de convocatoria. El riesgo de diluirse en decenas de propuestas, las que elabora cada una de las comisiones, existe. Acotar objetivos y poner de acuerdo a las múltiples sensibilidades que habitan el movimiento es uno de los retos que afrontan.

Pero lo relevante es que el 15-M se ha convertido en una referencia. Vivimos tiempos de cambio. El mundo está cambiando de piel, las incertidumbres afloran. La revolución digital debería llegar de algún modo a la arena política, las herramientas para consultar a la ciudadanía existen, pero los partidos políticos siguen funcionando con los viejos esquemas.

Lo que está claro es que la ciudadanía pide paso, quiere que su voz sea escuchada. Y por eso gran parte de los integrantes del movimiento rechazan convertirse en partido político. No quieren darse un barniz de burocracia que les conduzca al anquilosamiento. Quiere ser un lobby social. Presionar. ¿Acaso no lo hacen las grandes empresas y los bancos? Pues los ciudadanos también.


* El País - JOSEBA ELOLA 31/12/2011
Foto: La Puerta del Sol abarrotada de indignados, el 20 de mayo.- ÁLVARO GARCÍA Y SAMUEL SÁNCHEZ

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Nuevos desprendimientos en un arco del Coliseo de Roma preocupan a los expertos

EFE/Italia* : El desprendimiento en las últimas horas de pequeños fragmentos del Coliseo de Roma ha desatado la preocupación de los expertos por el delicado estado de salud del monumento más simbólico y visitado de la capital italiana.
"Es indispensable y urgente intervenir para impedir que el Coliseo se convierta en una gran escombrera", dijo este martes Giovanni Puglisi, presidente de la Comisión italiana de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
A la caída de dos fragmentos de la estructura en los últimos tres días, se sumó este martes la noticia difundida por la prensa italiana sobre otro desprendimiento de un fragmento de toba de uno de los arcos.

Sin embargo, fuentes del servicio de conservación del Coliseo desmintieron que se hubieran producido nuevos derrumbes, si no que se trataba de "migajas" de uno de los desprendimientos que tuvieron lugar el mediodía del pasado 25 de diciembre, cuando una paloma se posó en una toba que cayó desde diez metros sin causar heridos.

El cuerpo de bomberos se desplazó el domingo a la zona afectada, que procedió a acordonar, ya que a esa hora las inmediaciones del Coliseo, por la parte del Arco de Constantino, en el área siniestrada, están plagadas de turistas.

Poco después de esos hechos, un turista se apoyaba en uno de los terrazos del monumento, que se venía abajo, y que obligaba a cerrar al público, de forma temporal, una parte de su circuito de visitas.

Trabajos de restauración

El Coliseo es el monumento romano más visitado de la capital italiana, por la que pasan cada año varios millones de turistas. Su situación es delicada desde hace tiempo, con un total de 3.000 lesiones catalogadas por los expertos. En mayo de este año se desprendió un trozo de mampostería sobre una de las redes de control, y justo un año antes lo hicieron otros tres pedazos, de un total de medio metro cuadrado.

En marzo de 2012 está previsto que inicien los trabajos de restauración del monumento, que durarán entre 24 y 36 meses.


*20 Minutos - EFE - 27.12.11
Foto: Dos turistas pasan junto a la zona acotada por los bomberos tras el desprendimiento de una parte del Coliseo romano (Italia). (Claudio Onorati / EFE)

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Cangas.- Del activismo fabril al urbanismo febril

FARODEVIGO* : En el último tercio del siglo XIX comenzaron a asentarse en Cangas industriales catalanes, cántabros o italianos que, junto a emprendedores locales, sembraron el litoral del municipio de fábricas que procesaban los frutos del mar. La asociación cultural A Cepa ha documentado 31 instalaciones de este tipo, de las que solo dos, ambas en Ojea, seguían en uso hasta el pasado día 18. El fuego destruyó la conservera de Lago Paganini y dañó la de Iglesias, que piensa volver al trabajo en enero. Las 29 fábricas restantes han desaparecido, están en ruinas o han reconvertido el uso.
El proyecto de Norman Foster, por encargo de Marina Atlántica, para construir una urbanización de lujo y un puerto deportivo anexo en los terrenos de Massó (paralizado por la presión social) es el caso más llamativo de reconversión de las antiguas fábricas de conserva o salazón que han ido cerrando a lo largo del último siglo.

El uso residencial, hotelero, comercial y deportivo se proponen como alternativa a aquella superfactoría de O Salgueirón que llegó a dar trabajo directo a más de 1.500 personas y a considerarse la más grande y moderna de Europa, sino del mundo. Sus dueños lo son también de la antigua fábrica de salazón y conservas de A Congorza, en Balea, así como de la que compraron los Massó a la viuda de J.Barreras en 1911. Un destino similar se proyecta para la antigua factoría de Ameixide, que la familia Baqueiro quiere convertir en balneario, conservando la estructura exterior, y hotel de lujo justo un siglo después de su apertura como fábrica de J.R. Curbera, en 1912.
Fueron éstas dos de las empresas de mayores dimensiones, pues la mayoría tenían carácter familiar y no más de medio centenar de trabajadores, mujeres en su gran mayoría. Entre las más antiguas, las investigaciones publicadas por A Cepa refieren la fábrica de Bogador, en Temperáns (O Hío), propiedad de Ángel González Vidal. Apenas se conservan restos de una salazón y del muelle de atraque. También salazón fue la dirigida por el empresario de origen italiano Pietro Montemerlo en O Forte hasta 1935, así como la de su cuñado, el genovés Guido Paganini Picaso (cónsul italiano en Vigo) en la calle Montero Ríos, y la de otro paisano suyo, Pucho Lago, ubicada junto a las actuales instalaciones náuticas de la Avenida de Bueu.
El conservero cangués Daniel Eiroa tuvo tres fábricas activas en Cangas (en la calle Fomento y en la Garita, e Rodeira) entre 1915 y 1935, mientras que Daniel Montes también ubicó su actividad en pleno centro urbano, donde ahora está el Banco Pastor. En la calle Fomento se asentó a principios del siglo XX la fábrica de Ángel Botello, natural de Ayamonte, en Huelva, y de la que se hizo cargo su esposa tras fallecer, en 1918. La actividad del vigués Francisco Gómez solo está documentada entre 1920 y 1924, y en esa época también tenían actividad las fábricas de Abalo Pombo, en Montero Ríos; Arbones, en el muelle de Rodeira, o el santanderino Juan Azpeitia, en O Forte.
El uso hostelero tomó el relevo al industrial en varios casos. Ejemplo de ello es la antigua salazón (también fábrica de Abalo durante una temporada) de la calle Lirio, hoy sala de conciertos SalaSon, mientras que el bar La Habana, en Rodeira, tuvo en su día un uso fabril promovido por José María Legarda junto a la casa de Félix Ozámiz. También fue salazón la casa rural de Aldán, cuyos propietarios tienen planes para reconvertir la de Vilanova para usos deportivos. Por contra, la antigua fábrica del montañés Francisco Cervera (compañero habitual de pesca del dictador Francisco Franco), situada entre la gasolinera del casco urbano y Frigoríficos del Morrazo, mantiene vínculos con el mar, reconvertida en cetárea, aunque los problemas legales del concesionario pueden hacer variar la situación.
La relación de conserveras, salazones o secaderos de pescado o pulpo suma otros nombres, como los de Chamadoira, Indalecio García, Figueroa, Molanes, O Bobo... Pero sólo Iglesias y Lago Paganini se disponen a resurgir de sus cenizas.


* Faro de Vigo - G. M. PORTELA - 31.12.11
Foto: Los yates toman protagonismo frente a la antigua factoría de Ameixide, que se quiere reorientar al turismo de lujo. // Gonzalo Núñez

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La urbanización del campo

TOMÁS MARTÍNEZ BOIX* : Los terrenos del campo se califican en lo planes de urbanismo como "suelo no urbanizable". Antiguamente a tales suelos se les denominaba "suelo rústico"; ciertamente con un nombre muy español y descriptivo. Sin embargo, allá por los años setenta, algún tecnócrata del Ministerio -entonces no había políticos- tuvo la ocurrencia de cambiarlo por el antedicho "suelo no urbanizable". Tal vez trató de dejar claro la imposibilidad de desarrollar Planes Parciales en suelo agrario, tal y como se venía haciendo. Mas en la última década del pasado siglo, y ya siendo un político el que estaba al tanto, decidió que el suelo no urbanizable podía urbanizarse, siempre que no contase con alguna protección. Así se hizo, mediante decreto y sin modificar las Leyes del Suelo. Tal medida fue como un torpedo bajo la línea de flotación del pensamiento urbanístico hasta entonces mantenido. Y, es más, la definición creaba un auténtico contrasentido gramatical. No se puede urbanizar lo "no urbanizable", como no se puede perder un imperdible. ¡Cuántas veces la política y el surrealismo mantienen extraños lazos! Mas lo triste fue que la nueva disposición comenzó a aplicarse. Y reaparecieron los viejos planes parciales en suelo rústico transfigurados. Vayamos a las consecuencias. Tengo que decir que la urbanización del suelo no urbanizable ha supuesto una de las mayores catástrofes en el panorama del urbanismo desarrollado en los últimos años. Era una propuesta para abaratar terrenos en una situación de fuerte demanda, y solo sirvió para enriquecer a propietarios de suelo y promotores sin conseguir abaratar nada.

Afortunadamente, la nueva Ley de Ordenación del Territorio exigió tal desmesura a esas urbanizaciones que han quedado en el olvido.
Pero quiero reflexionar ahora sobre la contribución que tuvo esta técnica de urbanizar el campo para llegar al desastre económico en el que nos encontramos. Creo que la liberalización del suelo fue un error para el urbanismo, pero esto es un tema de estado mayor. Me interesa más observar los efectos sobre los préstamos bancarios, lo cual nos lleva a la gestión de estos suelos. Bancos y cajas de ahorro prestaron dinero para la adquisición precisamente de suelos no urbanizables.
Leo en un diario económico que el Banco de Sabadell, tras su adquisición de la caja alicantina, estaba aprovisionando fondos para restablecer su balance. En algunos casos -observo asombrado- que alcanza la provisión en libros el 97% sobre suelos pendientes de transformación solo en lo que concierne a los alrededores de Alicante. Quiere decir que al valorarlos de nuevo lo han hecho por un 3% de la valoración inicial, aquella que les llevó a prestar dinero para su adquisición. Luego en la sección de riesgos de la caja no existía persona muy puesta para valorar préstamos, tocante a suelos no urbanizables. Y es que pesa como una losa la adquisición de terrenos que (como mucho) se pueden estimar por su valor agrícola; cuando lo cierto es que se han adquirido pensando en el precio de un suelo transformable en solares.
En contra de lo que últimamente nos dicen los economistas sobre la deuda pública como causante de todos los males, mi opinión es que la deuda privada, de familias y de empresas, y más aún dentro de ella la de origen hipotecario, fue la causa que logró paralizar la economía de nuestro país. Bancos y cajas de ahorro españoles fueron los que se endeudaron para prestar dinero y financiar el boom inmobiliario. Repito: urbanizar lo no urbanizable fue un gran error.
De este afán lucrativo nos encontramos con un sector inmobiliario fuertemente endeudado con una banca que, a su vez, se lo adeuda a sus homólogos europeos. Y lo peor del panorama: todavía no están claras las posibilidades de devolución. Más aún: la deuda inmobiliaria se ha convertido así en la causa de la restricción de liquidez a otros sectores productivos, obligando al sector bancario a devolver unos préstamos más que dudosos. También el sector de la construcción es origen de la existencia de entre dos y tres millones de parados; pudiéramos decir la casi totalidad del paro.
Así que aprendamos esta lección. Cuando se liberalice un sector productivo, hagamos previsiones sobre el manejo, a veces irracional que hacen los mercados de una situación desregulada. ¡Liberar el suelo rústico fue una temeridad que ahora pagamos!

* Información - opinión - 30.12.11

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La mitad de los delitos que persigue la Fiscalía son contra el medio ambiente y urbanísticos

LAOPINIÓN/Murcia* : Los delitos de urbanismo y contra el medio ambiente llenan las carpetas de la Fiscalía de Murcia. Son los más numerosos, según se aprecia en el balance elaborado por el fiscal delegado de la materia, José Luis Díaz Manzanera, que recoge que en 2010, de las 348 diligencias penales incoadas en total en la Fiscalía, 168 son de medio ambiente y urbanismo, lo que supone un 50% del total.
«Si tenemos en cuenta que en 2009 las diligencias incoadas por esta sección fueron 110, un 20% del total de la Fiscalía, el porcentaje de 2010 demuestra que el volumen ha aumentado considerablemente», indica Díaz Manzanera en su balance.
De las materias que forman esta sección de la Fiscalía (medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico, flora y fauna, maltrato de animales e incendios forestales), la que más número de delitos acumula es la de ordenación del territorio. En 2010 se registraron 77 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio, mientras que en 2009 se abordaron 54 casos. «La mayoría de estas diligencias se refieren a construcciones ilegales y en menor medida a posibles prevaricaciones de funcionarios por irregularidades urbanísticas», señala Manzanera.


«Son muchos los asuntos que se presentan, sobre todo por la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, la cual es curiosamente la que más remite periódicamente los expedientes de construcciones ilegales, a los que hay que sumar en el año 2010 los remitidos por los ayuntamientos de Águilas y Lorca, así como Librilla y Puerto Lumbreras», explica el fiscal delegado en su memoria.

En el apartado de medio ambiente, se aprecia un repunte de delitos, puesto que si en 2010 entraron 62 asuntos, en 2009 la mitad, 32 diligencias. De este tipo de delitos, el más numeroso es el de robo de agua, «que afecta casi en exclusiva a la Región de Murcia», reconoce el representante de la Fiscalía. Los vertidos ilegales, los ruidos excesivos y las extracciones ilícitas en canteras siguen incluyéndose en la lista de delitos aunque las cifras no son destacables.

Los incendios forestales se incrementaron en 2010 hasta alcanzar la cifra de 18, y además, se produjeron más detenciones que otros años. Entre ellos, el incendio de Calasparra el 7 de septiembre fue muy destacado por el elevado número de hectáreas que arrasó.

Los delitos contra el patrimonio histórico registrados en la Fiscalía bajaron de los 5 de 2009, a sólo uno el pasado año. Al contrario, los delitos contra la fauna y la flora en la Región de Murcia se han duplicado, pasando de 5 a 9 en 2010. En el apartado de maltrato de animales domésticos se registró un solo caso, aunque en 2009 la Fiscalía no abrió ninguna diligencia por este motivo. La carga de trabajo de la Fiscalía ha llevado a reforzar la sección con otros fiscales colaboradores, como Miguel de Mata.



* La Opinión de Murcia - OLGA LÓPEZ TORRES - 31.12.11
Foto: Murcia nosevende manifa 5m (archivo) - vegamediapress

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Greenpeace afirma que el cementerio nuclear supone "un riesgo innecesario"

LAINFORMACIÓN* : Greenpeace rechazó este viernes la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), por entender que supone "un derroche económico" y un "riesgo innecesario".
Según explicó la organización ecologista, se opone al Almacén Temporal Centralizado (ATC), comúnmente conocido como cementerio nuclear, porque su coste económico es mucho mayor al de otras opciones, como la del Almacén Temporal Individualizado (ATI).
"Cuesta 20 veces más construir un cementerio nuclear que almacenes temporales en las propias centrales", afirmó Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, quien señaló, en la misma línea, que el ATC solo supone un beneficio para los dueños de las nucleares, "que se ahorrarán con el derroche de dinero público parte de la gestión de los residuos nucleares".

Según la ONG verde, el coste estimado del Almacén Temporal Centralizado es de unos 2.000 millones de euros, en los que se incluyen la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares.
Por el contrario, prosiguió, el coste de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) es "mucho menor" y en España sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona), porque en el resto de centrales nucleares ya existen.
Teniendo en cuenta que el coste de cada uno de ellos es únicamente de unos 25 millones de euros, "debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte innecesario, la diferencia de costes hace inexplicable que se escoja esta opción en momentos de recortes económicos severos", consideró Greenpeace.
Finalmente, la organización pidió al nuevo Gobierno que establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras, tal y como ya están haciendo en Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, etc, y que revise la seguridad "con rigor" de las que están en funcionamiento.


* La Información - servimedia - 31.12.11
Foto: Villar de Cañas (Cuenca), vista - guiarte

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Madrid.- La Comunidad recurre por tercera vez la Ley del Suelo

MADRIDIARIO* : La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el Gobierno socialista. El Ejecutivo regional considera que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Es la tercera vez que el Gobierno regional recurre la norma. Fue aprobada el 10 de mayo de 2007, modificada luego en 2008 y matizada con la Ley de Economía Sostenible. Sus principales cambios fueron: la protección de los propietarios frente a los promotores de una actuación urbanística, valorar los terrenos de expropiación en función del coste actual del terreno y no de sus aprovechamientos futuros, y el establecimiento de una reserva de suelo residencial para vivienda protegida del 30 por ciento.

La primera impugnación se produjo en julio de 2007, cuando interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la norma. Entre otros aspectos, se consideró entonces que se afectaba a la prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos por los derechos de los propietarios, a la reserva del suelo destinado a vivienda protegida (el Estado aumentó la cifra al 30 por ciento cuando la Comunidad marcaba un 50 por ciento), y a la preferencia de la gestión pública y las constructoras para realizar obras de urbanización frente a los propietarios del suelo. El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2007.

En septiembre de 2008, ante un nuevo texto refundido de la Ley, se presentó otro recurso al considerarse vulneradas las competencias de la Comunidad. Entre otras cosas, se valoró que se invadía la competencia que modifica el régimen de valoración del suelo; que se daba derecho a terceros para urbanizar los futuros barrios, limitando la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias urbanísticas municipales; y se frenaban las posibilidades de poner en marcha medidas liberalizadoras del mercado, perjudicando a pequeños propietarios y aumentando los trámites burocráticos.

En esta ocasión, la Comunidad entiende coherente recurrir el articulado del reglamento de dicha Ley, aprobado en octubre de 2011. Este texto trataba de manera exhaustiva las fórmulas de valoración del suelo, incluyendo factores como su distancia a núcleos urbanos, para reducir el carácter especulativo de las prácticas relacionadas con los procesos expropiatorios. No afectaba, sin embargo, a las actualizaciones de valor que realizasen las entidades financieras de sus carteras de suelo a efectos hipotecarios. También acotaba la discrecionalidad de las administraciones al fijar un justiprecio en la construcción de infraestructuras. El PP nacional anunció que, si entraba en el Gobierno, revisaría la norma. Los promotores reclamaron prorrogar la disposición transitoria tercera de la ley (que expira el 31 de diciembre) que evitaba que los suelos urbanizables que incumpliesen los plazos de ejecución previstos en los planes y no estuviesen urbanizados, fuesen valorados, en caso de expropiación o ejecución forzosa, a precios de rural.

El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre asegura en un comunicado que la Ley estatal convierte las expropiaciones en confiscaciones del patrimonio de particulares, ya que se establece realizarse sin compensaciones justas proponiendo precios muy inferiores a los del mercado, provocando perjuicios a propietarios y reclamaciones judiciales.


* Madridiario - 29-12-2011 - Enrique Villalba
Foto: Madrid, territorio Comunidad - ayuntamiento

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Valencia.- Un catálogo de favores a la 'Gürtel' desfila ante el jurado

PÚBLICO* : La acusación aprovecha la comparecencia de altos cargos de Camps para destacar los presuntos amaños en la contratación a la trama.
La defensa de Francisco Camps los había citado para favorecer a su cliente, pero su testimonio resultó ser un lastre para la imagen del expresident valenciano. Ocho altos cargos de la Generalitat Valenciana pasaron este miércoles por el juicio del caso de los trajes. Todos participaron en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel, la red de empresas que, presuntamente, hizo regalos a Camps. Su abogado pretendía que dijeran que el expresident no les hizo ninguna recomendación al respecto. Pero, en cuatro de los ocho casos, la acusación aprovechó su presencia para exponer los indicios de que hubo amaños para que fueran esas empresas y no otras las que lograran las adjudicaciones.

El mecanismo en todos los interrogatorios fue el mismo. Primero, el abogado de Camps les preguntaba si recibieron alguna indicación para dar trato de favor a la trama, y ellos contestaban que no. Acto seguido, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE valenciano, los ponía frente a las supuestas irregularidades en las contrataciones.

Una de las interrogadas fue Silvia Caballer, directora de Archivos y Bibliotecas entre 2005 y 2008, los años en los que Camps recibió las presuntas dádivas, y también en los que la trama recibió un mayor volumen de contratos públicos. Caballer reconoció que hizo cuatro contratos diferentes por 12.000 euros el límite que marca la ley para aprobar una adjudicación sin concurso público para un mismo evento. El adjudicatario fue Orange Market, la filial de la trama en Valencia. La testigo no supo explicar por qué se fraccionaron los contratos.

Un caso parecido fue el de María Auxiliadora Hernández, directora del Instituto de Calidad Educativa en esos años. Bajo su mandato, la organización de un mismo congreso se troceó en contratos menores. Cada uno fue a parar a una empresa distinta, pero todas pertenecientes a la trama Gürtel. Hernández afirmó que no sabía que todas las sociedades eran del mismo grupo. Preguntada sobre si fue, entonces, una casualidad, ella contestó: "Es posible".

Juan Miguel Bellver, director general de la empresa pública Vaersa, dio el visto bueno a un contrato de 120.000 euros para la trama mediante el procedimiento negociado, que consiste en invitar a tres empresas de las que finalmente se elige una. La acusación recordó mediante sus preguntas que las tres compañías elegidas eran de la trama, un aspecto que Bellver dijo desconocer. Finalmente, Carmen Díaz, gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, explicó que había otorgado tres contratos a Orange Market porque presentó la oferta "más ventajosa". Sin embargo, fue incapaz de recordar a qué otras empresas pidió presupuesto.

También hoy declaró como testigo Cándido Herrero, jefe de producción de Orange Market e imputado en la causa principal del caso Gürtel. Afirmó que su empresa no hizo regalos a Camps. Pero admitió también que hizo transferencias para pagar facturas sin saber si respondían a conceptos reales, así que no podía asegurar que sus jefes no lo hicieran. "A mí me mandan pagar una cosa, y yo la pago", afirmó. En cuanto a un correo en el que él mismo da indicaciones a las tiendas de ropa sobre qué conceptos tenían que figurar en las facturas, alegó que no lo reconocía como suyo.


* Público - B. TOLEDO / S. TARÍN Valencia 28/12/2011
Foto: Valencia, expresident Camps en el juicio - ep

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Camps y Sebastián pactaron en junio la llegada del cementerio nuclear a Zarra

LEVANTE/Valencia* : Todo está atado, y bien atado. El pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno socialista, el grupo popular en el Congreso y la Generalitat para que el municipio valenciano de Zarra, localidad de 566 habitantes del Valle de Ayora, acoja el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde se depositarán todos los residuos de las centrales nucleares españolas. La dimisión como jefe del Consell de Francisco Camps el 20 de julio y la convocatoria de elecciones generales, que hizo 9 días después el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, frustraron el anuncio de la decisión definitiva sobre el emplazamiento del ATC.
Un acuerdo que, si no cambian de parecer sus tres actores principales —PSOE, PP y Consell—, deberá hacer público cuanto antes el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy pues cada día que pasa le cuesta 60.000 euros al exhausto erario público.

Esa es la cantidad que abona España a Francia desde el primer día de 2011 por guardar los residuos atómicos que ya no caben en las saturadas piscinas de nuestros reactores nucleares. Es decir, que hasta hoy, cuando faltan dos días para acabar el año, el Gobierno ya ha tenido que pagar 21,78 millones de euros por utilizar los silos nucleares galos.

'Embajador' del PP en el Consell
Según ha podido saber Levante-EMV el mediador de esta triple entente fue el exministro Federico Trillo, entonces y ahora también diputado del PP por Alicante. Trillo, por orden de Rajoy, fue el interlocutor del grupo Popular en el Congreso con el a la sazón ministro de Industria, el socialista Miguel Sebastián, y quien hizo de puente entre el Gobierno de Zapatero y Camps. Cabe recordar que Trillo, coordinador de Justicia del PP, también fue el hombre al que Rajoy designó para que convenciera a Camps de que aceptara declararse culpable, pagar la multa y así impedir el juicio que actualmente afronta por los trajes que supuestamente recibió de la trama Gürtel.

Las negociaciones por el ATC comenzaron a principios de junio y en apenas dos semanas, el martes 14, ya se había llegado a un acuerdo. Ese día, la multinacional Ford unió en un acto en l’Hemisfèric de Valencia al ministro y Camps. En dicho encuentro, en el que la marca del óvalo anunció la mayor inversión en la historia de España en el sector del automóvil al revelar que destinará 812 millones de euros a la planta de Almussafes para la nueva generación del todocamino Kuga y el vehículo comercial Transit Connect, fue la última vez que hablaron en persona Sebastián y el entonces jefe del Consell. Fue allí, en un aparte lejos de cámaras y periodistas, donde ambos ratificaron un pacto que iba a traer otra inversión de más de 700 millones a la Comunitat Valenciana, pero esta vez en forma de cementerio nuclear.

Con la holgada mayoría absoluta en las Corts obtenida en los comicios autonómicos de apenas tres semanas antes, el Consell no consideraba una amenaza para su popularidad el rechazo ciudadano a un segundo complejo nuclear próximo a la central de Cofrentes. Lejos quedaba ya la precampaña electoral en la que el entonces vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguraba que la Generalitat «interpondrá todos los recursos que sean oportunos» contra el Ministerio de Industria si finalmente elige a Zarra para el ATC.

En junio la predisposición a negociar la ubicación de futuro cementerio nuclear era muy distinta a la de 9 meses antes cuando el Consejo de Ministros estuvo a punto de tomar la decisión pero la dejó sobre la mesa tras la negativa de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La diputada socialista por Valencia exigía que Sebastián llegara a un acuerdo con el jefe del Consell.

Marcha atrás de Alberto Fabra
Ahora, en el reciente traspaso de poderes, Sebastián ha recordado al nuevo titular de Industria, José Manuel Soria, el pacto alcanzado en junio con el PP y la Generalitat. Sin embargo, el sustituto de Camps al frente del Consell, Alberto Fabra, se desmarcó el martes de dicho acuerdo sobre el ATC al declarar que «el posicionamiento de la Generalitat fue muy claro en su día y es que no queremos —que Zarra- sea utilizado como cementerio de este tipo de residuos». Negativa que Fabra asegura que ya ha trasladado al nuevo ministro.

Finalmente, El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Lluís Torró, instó ayer a Soria a «descartar definitivamente» el silo nuclear en Zarra.

Un maná atómico en forma de más de 700 millones y 350 empleos
El 14 de junio, una vez Camps dio el sí definitivo al entonces ministro de Industria socialista, el «parto» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) tocaba a su fin. Si se mantiene el pacto entre PSOE, PP y Consell, el futuro cementerio nuclear traerá un pan debajo del brazo para Zarra y otros cuatro municipios en 20 km a la redonda: Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Ayora.

A cambio de guardar 7.000 toneladas de residuos nucleares de alta actividad durante 60 años, el Valle de Ayora recibirá un inversión directa de 700 millones de euros en la construcción del silo más otros 17 millones en carreteras y siete en impuestos que ingresarán cada año los cinco ayuntamientos. Además, generará unos 350 empleos directos entre vecinos de la comarca durante cinco años, reduciendo el paro a la mitad.


* Levante - RAFEL MONTANER - 29.12.11
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE

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El exalcalde de Gondomar, ante el juez imputado por prevaricación

ATLÁNTICO/Pontevedra* : Martín Urgal, ex alcalde de Gondomar, y Alfonso de Lis, ex concejal de Urbanismo, prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción nº4 de Vigo por el caso de las dos funcionarias municipales apartadas de sus funciones y la contratación de un asesor externo para emitir informes favorables a la concesión de licencias de obras. Ambos estaban citados a las diez de la mañana como imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa y no abandonaron las instalaciones judiciales donde fueron sometidos a un duro e intenso interrogatorio que se prolongó durante cuatro horas.
El ex regidor y el ex edil no quisieron realizar declaraciones a la salida del juzgado, aunque fuentes judiciales informaron a este periódico que durante sus declaraciones mantuvieron que la decisión de apartar a la secretaria municipal y la técnica de administración general se llevó a cabo con el único objetivo de reactivar la economía de un municipio que sufre más que ningún otro la parálisis del sector de la construcción.

En su defensa, se ampara en los informes favorables del Centro de Asesoramiento Municipal, dependiente de la Diputación.

La juez y la fiscal insistieron en las razones por las que retiraron a las funcionarias su potestad para tramitar los permisos urbanísticas, así como en el medio centenar de licencias concedidas posteriormente sin informes de las empleadas municipales.

Durante toda la mañana tanto Urgal como De Lis estuvieron acompañados por Manuel Gómez, concejal de Iniciativa por Gondomar (IXG) en cuya lista también concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo el ex edil de Urbanismo.


* Atlántico - 29.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org

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Mina de Zilbeti: Conservar el paisaje protegido o mantener puestos de trabajo

ELPAÍS/Navarra* : ¿Es compatible la extracción minera con la conservación de un paisaje? ¿Es entendible que se quieran prolongar puestos de trabajo en un momento económico tan complicado para mantener el desarrollo socioeconómico de una zona pero a costa de la posible destrucción de parte su territorio? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante una polémica encendida estos días en Navarra, donde la empresa Magna pretende llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto en un hayedo de la Red Natura 2000, comprendido en una Zona de Especial Conservación (ZEC), Monte Alduide, y ubicada en el pirineo, donde se encuentran los últimos reductos del Pico Dorsiblanco, una especie en peligro de extinción. La mayoría de la población de la zona, y el propio Gobierno navarro, apoya el proyecto.
Aunque el plan lleva en marcha más de tres años, la polémica se ha avivado estas Navidades, cuando, según el delegado de SEO/BirdLife en la zona, Ramón Elosegui, Magna, “con nocturnidad y alevosía”, anunciaba el pasado 24 de diciembre que en unos días comenzaría a entrar en el terreno y a talar el hayedo protegido de Zilbeti. Así ha sido.

Entre el martes y miércoles se han talado ya más de medio centenar, dentro de un proceso que, según censuran, “está fuera del proyecto, no está aprobado por la declaración de impacto ambiental y la empresa lo sabe, por eso se ha decidido a hacerlo en días de vacaciones, cuando la contestación social puede ser menor”.

En este punto, la versión del Gobierno de Navarra es contraria y contundente: Estos trabajos de prospección en el terreno “no se salen de los márgenes del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobadas”. Según argumentan desde el departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo, su realización ha sido comunicada por la empresa tanto al Gobierno como a las entidades locales afectadas y el hecho de realizarse en Navidad “simplemente responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas del material que deben estar concluidas a mediados de enero”.

La empresa Magna tiene actualmente una cantera en Esteribar, un valle que es colindante a la ZEC Monte Alduide, pero lleva tiempo anunciando que la veta actual se le agota y que para mantener los 180 puestos de trabajo de la planta de Zubiri necesita abrir otra cantera. Según justifican, el mineral está en el monte comunal Legua Acotada, que hace un año consiguió la declaración favorable del Gobierno navarro al informe de impacto ambiental. Éste recibió más de 1.000 alegaciones y por ello la Coordinadora Monte Alduide y SEO/Birdlife decidieron a llevar el tema a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Vamos a llegar hasta el final, esto no ha hecho más que comenzar, estamos recogiendo firmas de apoyo y próximamente vamos a registrar queja en Bruselas”, explica.

A juicio de Elosegui, “la única justificación aparente” del Gobierno es la mantener los puestos de trabajo. Se trata, añade, de una empresa minera y por tanto “finita”, que va a tener que cerrar “en el mismo momento en que se agote el mineral”. En su opinión, “hay que buscar el desarrollo económico a través de proyectos empresariales que no destruyan el territorio y que no sean pan para hoy y hambre para mañana”.

Apoyo de los vecinos

La clave para el desarrollo del proyecto de la cantera es la habilitación de un acceso a un túnel por el que se trasladará el mineral extraído para que no tenga que cruzar Zilbeti. Los municipios afectados debaten estos días la cesión de los 1.600 metros cuadrados de de los terrenos necesarios para esta apertura y la mayoría se muestran partidarios. Salvo Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztan, el resto de fuerzas políticas ratifica la cesión.

A este respecto, el Ejecutivo señala que al plan inicial presentado por la empresa “se han añadido una serie de condiciones con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que pueda tener la mina como, por ejemplo, la recuperación progresiva del entorno en la medida que se vaya extrayendo el material y la mitigación de los efectos de su transporte, que se realizará a través de un túnel”. Así, defiende que la explotación de esta nueva veta “permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, a lo que hay que sumar los efectos positivos que tendrá para la fijación de la población y el desarrollo rural de estos valles”.

En este mismo sentido se pronuncia también Enrique Garralda, alcalde de Erro: “Los que de verdad protegemos estos paisajes somos los que vivimos y trabajamos aquí y si no hay empleo el valle desaparecerá”. “Nosotros”, continúa, “apoyamos claramente el proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones porque el daño al medio ambiente es menor y lo primero que hay que proteger es al humano”. “Claro que hay que cuidar el medio ambiente pero en este caso, el daño no es tanto como dicen y en los tiempos que corren hay que luchar por mantener los puestos de trabajo”. “Hoy en día ninguna empresa te asegura que va a dar trabajo en los próximos 40 años y ésta, lógicamente, tampoco”.


* El País - AMAIA ARRARÁS Pamplona 28 DIC 2011
Foto: Zona de Zilbeti donde están comenzando las talas para la explotación de una cantera. / LUÍS AZANZA -elpais

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El TS confirma la anulación de modificación urbanística de Las Navas

EFE/Ávila* : La sección 5ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló en 2008 la decimotercera modificación de las normas urbanísticas de Las Navas del Marqués, aprobada en 2006.
Este fallo, al que ha tenido hoy acceso Efe tras ser emitido por el alto tribunal el pasado 30 de noviembre, reitera la anulación de las normas subsidiarias en lo referente a su modificación puntual tan solo en lo que respecta a la "prohibición del uso extractivo -minero- en suelo rústico común".
De esta manera, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de esta localidad de 5.500 habitantes, situada cerca de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia dictada por el TSJCyL y que daba la razón a la mercantil "Sorce Granitos y derivados, S.L.".

Esta sociedad planteó inicialmente un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila el 27 de febrero de 2006, que aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Las Navas, en el aspecto referido a la prohibición de actividades extractivas en suelo rústico común.

Al ser rechazado, "Sorce" acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, que estimó su recurso, dando la razón a esta sociedad a la que la Junta otorgó en 2005 permiso de investigación por un periodo de tres años "para 89 cuadrículas mineras en el término municipal de Las Navas del Marqués".

Según recuerda en el fallo el Tribunal Supremo, dicho permiso "fue concedido cuando sobre el suelo rústico común comprendido en dichas cuadrículas no se encontraba prohibido en el planeamiento de Las Navas las actividades extractivas".

Además, el alto tribunal considera que "no se trata de que la motivación de la modificación fuera inexistente, sino que era insuficiente, al no venir amparada en informes técnicos y resultar contradictoria con permisos de explotación concedidos por la misma Administración regional, lo que enfatizaba aún más la necesidad de motivación en cuanto a que podía dejar sin efecto tales permisos".

Ya el TSJCyL había señalado en su fallo emitido en 2008 que el acuerdo adoptado en su día "no era conforme a derecho".

No obstante, el Consistorio navero decidió recurrir en casación ante el Supremo, que ahora da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al desestimar su recurso, obligando al Ayuntamiento a pagar las costas, "no pudiendo superar la minuta del abogad de la parte recurrida (...) la cantidad de 3.000 euros".


* ABC - Efe - 28.12.11
Foto: Navas del Marques (Avila), vista - turismo

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