EFE/Italia* : El desprendimiento en las últimas horas de pequeños fragmentos del Coliseo de Roma ha desatado la preocupación de los expertos por el delicado estado de salud del monumento más simbólico y visitado de la capital italiana.
"Es indispensable y urgente intervenir para impedir que el Coliseo se convierta en una gran escombrera", dijo este martes Giovanni Puglisi, presidente de la Comisión italiana de la Organización de la ONU para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
A la caída de dos fragmentos de la estructura en los últimos tres días, se sumó este martes la noticia difundida por la prensa italiana sobre otro desprendimiento de un fragmento de toba de uno de los arcos.
Sin embargo, fuentes del servicio de conservación del Coliseo desmintieron que se hubieran producido nuevos derrumbes, si no que se trataba de "migajas" de uno de los desprendimientos que tuvieron lugar el mediodía del pasado 25 de diciembre, cuando una paloma se posó en una toba que cayó desde diez metros sin causar heridos.
El cuerpo de bomberos se desplazó el domingo a la zona afectada, que procedió a acordonar, ya que a esa hora las inmediaciones del Coliseo, por la parte del Arco de Constantino, en el área siniestrada, están plagadas de turistas.
Poco después de esos hechos, un turista se apoyaba en uno de los terrazos del monumento, que se venía abajo, y que obligaba a cerrar al público, de forma temporal, una parte de su circuito de visitas.
Trabajos de restauración
El Coliseo es el monumento romano más visitado de la capital italiana, por la que pasan cada año varios millones de turistas. Su situación es delicada desde hace tiempo, con un total de 3.000 lesiones catalogadas por los expertos. En mayo de este año se desprendió un trozo de mampostería sobre una de las redes de control, y justo un año antes lo hicieron otros tres pedazos, de un total de medio metro cuadrado.
En marzo de 2012 está previsto que inicien los trabajos de restauración del monumento, que durarán entre 24 y 36 meses.
*20 Minutos - EFE - 27.12.11
Foto: Dos turistas pasan junto a la zona acotada por los bomberos tras el desprendimiento de una parte del Coliseo romano (Italia). (Claudio Onorati / EFE)
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FARODEVIGO* : En el último tercio del siglo XIX comenzaron a asentarse en Cangas industriales catalanes, cántabros o italianos que, junto a emprendedores locales, sembraron el litoral del municipio de fábricas que procesaban los frutos del mar. La asociación cultural A Cepa ha documentado 31 instalaciones de este tipo, de las que solo dos, ambas en Ojea, seguían en uso hasta el pasado día 18. El fuego destruyó la conservera de Lago Paganini y dañó la de Iglesias, que piensa volver al trabajo en enero. Las 29 fábricas restantes han desaparecido, están en ruinas o han reconvertido el uso.
El proyecto de Norman Foster, por encargo de Marina Atlántica, para construir una urbanización de lujo y un puerto deportivo anexo en los terrenos de Massó (paralizado por la presión social) es el caso más llamativo de reconversión de las antiguas fábricas de conserva o salazón que han ido cerrando a lo largo del último siglo.
El uso residencial, hotelero, comercial y deportivo se proponen como alternativa a aquella superfactoría de O Salgueirón que llegó a dar trabajo directo a más de 1.500 personas y a considerarse la más grande y moderna de Europa, sino del mundo. Sus dueños lo son también de la antigua fábrica de salazón y conservas de A Congorza, en Balea, así como de la que compraron los Massó a la viuda de J.Barreras en 1911. Un destino similar se proyecta para la antigua factoría de Ameixide, que la familia Baqueiro quiere convertir en balneario, conservando la estructura exterior, y hotel de lujo justo un siglo después de su apertura como fábrica de J.R. Curbera, en 1912.
Fueron éstas dos de las empresas de mayores dimensiones, pues la mayoría tenían carácter familiar y no más de medio centenar de trabajadores, mujeres en su gran mayoría. Entre las más antiguas, las investigaciones publicadas por A Cepa refieren la fábrica de Bogador, en Temperáns (O Hío), propiedad de Ángel González Vidal. Apenas se conservan restos de una salazón y del muelle de atraque. También salazón fue la dirigida por el empresario de origen italiano Pietro Montemerlo en O Forte hasta 1935, así como la de su cuñado, el genovés Guido Paganini Picaso (cónsul italiano en Vigo) en la calle Montero Ríos, y la de otro paisano suyo, Pucho Lago, ubicada junto a las actuales instalaciones náuticas de la Avenida de Bueu.
El conservero cangués Daniel Eiroa tuvo tres fábricas activas en Cangas (en la calle Fomento y en la Garita, e Rodeira) entre 1915 y 1935, mientras que Daniel Montes también ubicó su actividad en pleno centro urbano, donde ahora está el Banco Pastor. En la calle Fomento se asentó a principios del siglo XX la fábrica de Ángel Botello, natural de Ayamonte, en Huelva, y de la que se hizo cargo su esposa tras fallecer, en 1918. La actividad del vigués Francisco Gómez solo está documentada entre 1920 y 1924, y en esa época también tenían actividad las fábricas de Abalo Pombo, en Montero Ríos; Arbones, en el muelle de Rodeira, o el santanderino Juan Azpeitia, en O Forte.
El uso hostelero tomó el relevo al industrial en varios casos. Ejemplo de ello es la antigua salazón (también fábrica de Abalo durante una temporada) de la calle Lirio, hoy sala de conciertos SalaSon, mientras que el bar La Habana, en Rodeira, tuvo en su día un uso fabril promovido por José María Legarda junto a la casa de Félix Ozámiz. También fue salazón la casa rural de Aldán, cuyos propietarios tienen planes para reconvertir la de Vilanova para usos deportivos. Por contra, la antigua fábrica del montañés Francisco Cervera (compañero habitual de pesca del dictador Francisco Franco), situada entre la gasolinera del casco urbano y Frigoríficos del Morrazo, mantiene vínculos con el mar, reconvertida en cetárea, aunque los problemas legales del concesionario pueden hacer variar la situación.
La relación de conserveras, salazones o secaderos de pescado o pulpo suma otros nombres, como los de Chamadoira, Indalecio García, Figueroa, Molanes, O Bobo... Pero sólo Iglesias y Lago Paganini se disponen a resurgir de sus cenizas.
* Faro de Vigo - G. M. PORTELA - 31.12.11
Foto: Los yates toman protagonismo frente a la antigua factoría de Ameixide, que se quiere reorientar al turismo de lujo. // Gonzalo Núñez
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TOMÁS MARTÍNEZ BOIX* : Los terrenos del campo se califican en lo planes de urbanismo como "suelo no urbanizable". Antiguamente a tales suelos se les denominaba "suelo rústico"; ciertamente con un nombre muy español y descriptivo. Sin embargo, allá por los años setenta, algún tecnócrata del Ministerio -entonces no había políticos- tuvo la ocurrencia de cambiarlo por el antedicho "suelo no urbanizable". Tal vez trató de dejar claro la imposibilidad de desarrollar Planes Parciales en suelo agrario, tal y como se venía haciendo. Mas en la última década del pasado siglo, y ya siendo un político el que estaba al tanto, decidió que el suelo no urbanizable podía urbanizarse, siempre que no contase con alguna protección. Así se hizo, mediante decreto y sin modificar las Leyes del Suelo. Tal medida fue como un torpedo bajo la línea de flotación del pensamiento urbanístico hasta entonces mantenido. Y, es más, la definición creaba un auténtico contrasentido gramatical. No se puede urbanizar lo "no urbanizable", como no se puede perder un imperdible. ¡Cuántas veces la política y el surrealismo mantienen extraños lazos! Mas lo triste fue que la nueva disposición comenzó a aplicarse. Y reaparecieron los viejos planes parciales en suelo rústico transfigurados. Vayamos a las consecuencias. Tengo que decir que la urbanización del suelo no urbanizable ha supuesto una de las mayores catástrofes en el panorama del urbanismo desarrollado en los últimos años. Era una propuesta para abaratar terrenos en una situación de fuerte demanda, y solo sirvió para enriquecer a propietarios de suelo y promotores sin conseguir abaratar nada.
Afortunadamente, la nueva Ley de Ordenación del Territorio exigió tal desmesura a esas urbanizaciones que han quedado en el olvido.
Pero quiero reflexionar ahora sobre la contribución que tuvo esta técnica de urbanizar el campo para llegar al desastre económico en el que nos encontramos. Creo que la liberalización del suelo fue un error para el urbanismo, pero esto es un tema de estado mayor. Me interesa más observar los efectos sobre los préstamos bancarios, lo cual nos lleva a la gestión de estos suelos. Bancos y cajas de ahorro prestaron dinero para la adquisición precisamente de suelos no urbanizables.
Leo en un diario económico que el Banco de Sabadell, tras su adquisición de la caja alicantina, estaba aprovisionando fondos para restablecer su balance. En algunos casos -observo asombrado- que alcanza la provisión en libros el 97% sobre suelos pendientes de transformación solo en lo que concierne a los alrededores de Alicante. Quiere decir que al valorarlos de nuevo lo han hecho por un 3% de la valoración inicial, aquella que les llevó a prestar dinero para su adquisición. Luego en la sección de riesgos de la caja no existía persona muy puesta para valorar préstamos, tocante a suelos no urbanizables. Y es que pesa como una losa la adquisición de terrenos que (como mucho) se pueden estimar por su valor agrícola; cuando lo cierto es que se han adquirido pensando en el precio de un suelo transformable en solares.
En contra de lo que últimamente nos dicen los economistas sobre la deuda pública como causante de todos los males, mi opinión es que la deuda privada, de familias y de empresas, y más aún dentro de ella la de origen hipotecario, fue la causa que logró paralizar la economía de nuestro país. Bancos y cajas de ahorro españoles fueron los que se endeudaron para prestar dinero y financiar el boom inmobiliario. Repito: urbanizar lo no urbanizable fue un gran error.
De este afán lucrativo nos encontramos con un sector inmobiliario fuertemente endeudado con una banca que, a su vez, se lo adeuda a sus homólogos europeos. Y lo peor del panorama: todavía no están claras las posibilidades de devolución. Más aún: la deuda inmobiliaria se ha convertido así en la causa de la restricción de liquidez a otros sectores productivos, obligando al sector bancario a devolver unos préstamos más que dudosos. También el sector de la construcción es origen de la existencia de entre dos y tres millones de parados; pudiéramos decir la casi totalidad del paro.
Así que aprendamos esta lección. Cuando se liberalice un sector productivo, hagamos previsiones sobre el manejo, a veces irracional que hacen los mercados de una situación desregulada. ¡Liberar el suelo rústico fue una temeridad que ahora pagamos!
* Información - opinión - 30.12.11
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LAOPINIÓN/Murcia* : Los delitos de urbanismo y contra el medio ambiente llenan las carpetas de la Fiscalía de Murcia. Son los más numerosos, según se aprecia en el balance elaborado por el fiscal delegado de la materia, José Luis Díaz Manzanera, que recoge que en 2010, de las 348 diligencias penales incoadas en total en la Fiscalía, 168 son de medio ambiente y urbanismo, lo que supone un 50% del total.
«Si tenemos en cuenta que en 2009 las diligencias incoadas por esta sección fueron 110, un 20% del total de la Fiscalía, el porcentaje de 2010 demuestra que el volumen ha aumentado considerablemente», indica Díaz Manzanera en su balance.
De las materias que forman esta sección de la Fiscalía (medio ambiente, ordenación del territorio, patrimonio histórico, flora y fauna, maltrato de animales e incendios forestales), la que más número de delitos acumula es la de ordenación del territorio. En 2010 se registraron 77 diligencias por delitos contra la ordenación del territorio, mientras que en 2009 se abordaron 54 casos. «La mayoría de estas diligencias se refieren a construcciones ilegales y en menor medida a posibles prevaricaciones de funcionarios por irregularidades urbanísticas», señala Manzanera.
«Son muchos los asuntos que se presentan, sobre todo por la Gerencia de Urbanismo del ayuntamiento de Murcia, la cual es curiosamente la que más remite periódicamente los expedientes de construcciones ilegales, a los que hay que sumar en el año 2010 los remitidos por los ayuntamientos de Águilas y Lorca, así como Librilla y Puerto Lumbreras», explica el fiscal delegado en su memoria.
En el apartado de medio ambiente, se aprecia un repunte de delitos, puesto que si en 2010 entraron 62 asuntos, en 2009 la mitad, 32 diligencias. De este tipo de delitos, el más numeroso es el de robo de agua, «que afecta casi en exclusiva a la Región de Murcia», reconoce el representante de la Fiscalía. Los vertidos ilegales, los ruidos excesivos y las extracciones ilícitas en canteras siguen incluyéndose en la lista de delitos aunque las cifras no son destacables.
Los incendios forestales se incrementaron en 2010 hasta alcanzar la cifra de 18, y además, se produjeron más detenciones que otros años. Entre ellos, el incendio de Calasparra el 7 de septiembre fue muy destacado por el elevado número de hectáreas que arrasó.
Los delitos contra el patrimonio histórico registrados en la Fiscalía bajaron de los 5 de 2009, a sólo uno el pasado año. Al contrario, los delitos contra la fauna y la flora en la Región de Murcia se han duplicado, pasando de 5 a 9 en 2010. En el apartado de maltrato de animales domésticos se registró un solo caso, aunque en 2009 la Fiscalía no abrió ninguna diligencia por este motivo. La carga de trabajo de la Fiscalía ha llevado a reforzar la sección con otros fiscales colaboradores, como Miguel de Mata.
* La Opinión de Murcia - OLGA LÓPEZ TORRES - 31.12.11
Foto: Murcia nosevende manifa 5m (archivo) - vegamediapress
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LAINFORMACIÓN* : Greenpeace rechazó este viernes la instalación del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares en la localidad de Villar de Cañas (Cuenca), por entender que supone "un derroche económico" y un "riesgo innecesario".
Según explicó la organización ecologista, se opone al Almacén Temporal Centralizado (ATC), comúnmente conocido como cementerio nuclear, porque su coste económico es mucho mayor al de otras opciones, como la del Almacén Temporal Individualizado (ATI).
"Cuesta 20 veces más construir un cementerio nuclear que almacenes temporales en las propias centrales", afirmó Raquel Montón, responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, quien señaló, en la misma línea, que el ATC solo supone un beneficio para los dueños de las nucleares, "que se ahorrarán con el derroche de dinero público parte de la gestión de los residuos nucleares".
Según la ONG verde, el coste estimado del Almacén Temporal Centralizado es de unos 2.000 millones de euros, en los que se incluyen la construcción, el mantenimiento y el transporte de los residuos nucleares.
Por el contrario, prosiguió, el coste de los Almacenes Temporales Individualizados (ATI) es "mucho menor" y en España sólo sería necesaria su construcción en las centrales de Garoña (Burgos), Cofrentes (Valencia), Almaraz (Badajoz) y Vandellós (Tarragona), porque en el resto de centrales nucleares ya existen.
Teniendo en cuenta que el coste de cada uno de ellos es únicamente de unos 25 millones de euros, "debido a que el mantenimiento es mínimo y el transporte innecesario, la diferencia de costes hace inexplicable que se escoja esta opción en momentos de recortes económicos severos", consideró Greenpeace.
Finalmente, la organización pidió al nuevo Gobierno que establezca un calendario de cierre progresivo de las centrales nucleares españolas, comenzando por las más antiguas e inseguras, tal y como ya están haciendo en Alemania, Suiza, Bélgica, Italia, etc, y que revise la seguridad "con rigor" de las que están en funcionamiento.
* La Información - servimedia - 31.12.11
Foto: Villar de Cañas (Cuenca), vista - guiarte
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MADRIDIARIO* : La Comunidad de Madrid va a recurrir ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo el reglamento que desarrolla la Ley del Suelo estatal, aprobada por el Gobierno socialista. El Ejecutivo regional considera que invade competencias exclusivas del Gobierno regional en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda.
Es la tercera vez que el Gobierno regional recurre la norma. Fue aprobada el 10 de mayo de 2007, modificada luego en 2008 y matizada con la Ley de Economía Sostenible. Sus principales cambios fueron: la protección de los propietarios frente a los promotores de una actuación urbanística, valorar los terrenos de expropiación en función del coste actual del terreno y no de sus aprovechamientos futuros, y el establecimiento de una reserva de suelo residencial para vivienda protegida del 30 por ciento.
La primera impugnación se produjo en julio de 2007, cuando interpuso un recurso de inconstitucionalidad frente a diversos preceptos de la norma. Entre otros aspectos, se consideró entonces que se afectaba a la prioridad de las empresas constructoras para ejecutar los desarrollos urbanísticos por los derechos de los propietarios, a la reserva del suelo destinado a vivienda protegida (el Estado aumentó la cifra al 30 por ciento cuando la Comunidad marcaba un 50 por ciento), y a la preferencia de la gestión pública y las constructoras para realizar obras de urbanización frente a los propietarios del suelo. El recurso fue admitido a trámite por el Tribunal Constitucional en septiembre de 2007.
En septiembre de 2008, ante un nuevo texto refundido de la Ley, se presentó otro recurso al considerarse vulneradas las competencias de la Comunidad. Entre otras cosas, se valoró que se invadía la competencia que modifica el régimen de valoración del suelo; que se daba derecho a terceros para urbanizar los futuros barrios, limitando la libertad legislativa de las comunidades autónomas y las competencias urbanísticas municipales; y se frenaban las posibilidades de poner en marcha medidas liberalizadoras del mercado, perjudicando a pequeños propietarios y aumentando los trámites burocráticos.
En esta ocasión, la Comunidad entiende coherente recurrir el articulado del reglamento de dicha Ley, aprobado en octubre de 2011. Este texto trataba de manera exhaustiva las fórmulas de valoración del suelo, incluyendo factores como su distancia a núcleos urbanos, para reducir el carácter especulativo de las prácticas relacionadas con los procesos expropiatorios. No afectaba, sin embargo, a las actualizaciones de valor que realizasen las entidades financieras de sus carteras de suelo a efectos hipotecarios. También acotaba la discrecionalidad de las administraciones al fijar un justiprecio en la construcción de infraestructuras. El PP nacional anunció que, si entraba en el Gobierno, revisaría la norma. Los promotores reclamaron prorrogar la disposición transitoria tercera de la ley (que expira el 31 de diciembre) que evitaba que los suelos urbanizables que incumpliesen los plazos de ejecución previstos en los planes y no estuviesen urbanizados, fuesen valorados, en caso de expropiación o ejecución forzosa, a precios de rural.
El Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre asegura en un comunicado que la Ley estatal convierte las expropiaciones en confiscaciones del patrimonio de particulares, ya que se establece realizarse sin compensaciones justas proponiendo precios muy inferiores a los del mercado, provocando perjuicios a propietarios y reclamaciones judiciales.
* Madridiario - 29-12-2011 - Enrique Villalba
Foto: Madrid, territorio Comunidad - ayuntamiento
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PÚBLICO* : La acusación aprovecha la comparecencia de altos cargos de Camps para destacar los presuntos amaños en la contratación a la trama.
La defensa de Francisco Camps los había citado para favorecer a su cliente, pero su testimonio resultó ser un lastre para la imagen del expresident valenciano. Ocho altos cargos de la Generalitat Valenciana pasaron este miércoles por el juicio del caso de los trajes. Todos participaron en la adjudicación de contratos a la trama Gürtel, la red de empresas que, presuntamente, hizo regalos a Camps. Su abogado pretendía que dijeran que el expresident no les hizo ninguna recomendación al respecto. Pero, en cuatro de los ocho casos, la acusación aprovechó su presencia para exponer los indicios de que hubo amaños para que fueran esas empresas y no otras las que lograran las adjudicaciones.
El mecanismo en todos los interrogatorios fue el mismo. Primero, el abogado de Camps les preguntaba si recibieron alguna indicación para dar trato de favor a la trama, y ellos contestaban que no. Acto seguido, el letrado de la acusación popular, ejercida por el PSOE valenciano, los ponía frente a las supuestas irregularidades en las contrataciones.
Una de las interrogadas fue Silvia Caballer, directora de Archivos y Bibliotecas entre 2005 y 2008, los años en los que Camps recibió las presuntas dádivas, y también en los que la trama recibió un mayor volumen de contratos públicos. Caballer reconoció que hizo cuatro contratos diferentes por 12.000 euros el límite que marca la ley para aprobar una adjudicación sin concurso público para un mismo evento. El adjudicatario fue Orange Market, la filial de la trama en Valencia. La testigo no supo explicar por qué se fraccionaron los contratos.
Un caso parecido fue el de María Auxiliadora Hernández, directora del Instituto de Calidad Educativa en esos años. Bajo su mandato, la organización de un mismo congreso se troceó en contratos menores. Cada uno fue a parar a una empresa distinta, pero todas pertenecientes a la trama Gürtel. Hernández afirmó que no sabía que todas las sociedades eran del mismo grupo. Preguntada sobre si fue, entonces, una casualidad, ella contestó: "Es posible".
Juan Miguel Bellver, director general de la empresa pública Vaersa, dio el visto bueno a un contrato de 120.000 euros para la trama mediante el procedimiento negociado, que consiste en invitar a tres empresas de las que finalmente se elige una. La acusación recordó mediante sus preguntas que las tres compañías elegidas eran de la trama, un aspecto que Bellver dijo desconocer. Finalmente, Carmen Díaz, gerente de la Fundación la Luz de las Imágenes, explicó que había otorgado tres contratos a Orange Market porque presentó la oferta "más ventajosa". Sin embargo, fue incapaz de recordar a qué otras empresas pidió presupuesto.
También hoy declaró como testigo Cándido Herrero, jefe de producción de Orange Market e imputado en la causa principal del caso Gürtel. Afirmó que su empresa no hizo regalos a Camps. Pero admitió también que hizo transferencias para pagar facturas sin saber si respondían a conceptos reales, así que no podía asegurar que sus jefes no lo hicieran. "A mí me mandan pagar una cosa, y yo la pago", afirmó. En cuanto a un correo en el que él mismo da indicaciones a las tiendas de ropa sobre qué conceptos tenían que figurar en las facturas, alegó que no lo reconocía como suyo.
* Público - B. TOLEDO / S. TARÍN Valencia 28/12/2011
Foto: Valencia, expresident Camps en el juicio - ep
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LEVANTE/Valencia* : Todo está atado, y bien atado. El pasado mes de junio se alcanzó un acuerdo a tres bandas entre el Gobierno socialista, el grupo popular en el Congreso y la Generalitat para que el municipio valenciano de Zarra, localidad de 566 habitantes del Valle de Ayora, acoja el futuro Almacén Temporal Centralizado (ATC) donde se depositarán todos los residuos de las centrales nucleares españolas. La dimisión como jefe del Consell de Francisco Camps el 20 de julio y la convocatoria de elecciones generales, que hizo 9 días después el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, frustraron el anuncio de la decisión definitiva sobre el emplazamiento del ATC.
Un acuerdo que, si no cambian de parecer sus tres actores principales —PSOE, PP y Consell—, deberá hacer público cuanto antes el nuevo Ejecutivo de Mariano Rajoy pues cada día que pasa le cuesta 60.000 euros al exhausto erario público.
Esa es la cantidad que abona España a Francia desde el primer día de 2011 por guardar los residuos atómicos que ya no caben en las saturadas piscinas de nuestros reactores nucleares. Es decir, que hasta hoy, cuando faltan dos días para acabar el año, el Gobierno ya ha tenido que pagar 21,78 millones de euros por utilizar los silos nucleares galos.
'Embajador' del PP en el Consell
Según ha podido saber Levante-EMV el mediador de esta triple entente fue el exministro Federico Trillo, entonces y ahora también diputado del PP por Alicante. Trillo, por orden de Rajoy, fue el interlocutor del grupo Popular en el Congreso con el a la sazón ministro de Industria, el socialista Miguel Sebastián, y quien hizo de puente entre el Gobierno de Zapatero y Camps. Cabe recordar que Trillo, coordinador de Justicia del PP, también fue el hombre al que Rajoy designó para que convenciera a Camps de que aceptara declararse culpable, pagar la multa y así impedir el juicio que actualmente afronta por los trajes que supuestamente recibió de la trama Gürtel.
Las negociaciones por el ATC comenzaron a principios de junio y en apenas dos semanas, el martes 14, ya se había llegado a un acuerdo. Ese día, la multinacional Ford unió en un acto en l’Hemisfèric de Valencia al ministro y Camps. En dicho encuentro, en el que la marca del óvalo anunció la mayor inversión en la historia de España en el sector del automóvil al revelar que destinará 812 millones de euros a la planta de Almussafes para la nueva generación del todocamino Kuga y el vehículo comercial Transit Connect, fue la última vez que hablaron en persona Sebastián y el entonces jefe del Consell. Fue allí, en un aparte lejos de cámaras y periodistas, donde ambos ratificaron un pacto que iba a traer otra inversión de más de 700 millones a la Comunitat Valenciana, pero esta vez en forma de cementerio nuclear.
Con la holgada mayoría absoluta en las Corts obtenida en los comicios autonómicos de apenas tres semanas antes, el Consell no consideraba una amenaza para su popularidad el rechazo ciudadano a un segundo complejo nuclear próximo a la central de Cofrentes. Lejos quedaba ya la precampaña electoral en la que el entonces vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, aseguraba que la Generalitat «interpondrá todos los recursos que sean oportunos» contra el Ministerio de Industria si finalmente elige a Zarra para el ATC.
En junio la predisposición a negociar la ubicación de futuro cementerio nuclear era muy distinta a la de 9 meses antes cuando el Consejo de Ministros estuvo a punto de tomar la decisión pero la dejó sobre la mesa tras la negativa de la entonces vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La diputada socialista por Valencia exigía que Sebastián llegara a un acuerdo con el jefe del Consell.
Marcha atrás de Alberto Fabra
Ahora, en el reciente traspaso de poderes, Sebastián ha recordado al nuevo titular de Industria, José Manuel Soria, el pacto alcanzado en junio con el PP y la Generalitat. Sin embargo, el sustituto de Camps al frente del Consell, Alberto Fabra, se desmarcó el martes de dicho acuerdo sobre el ATC al declarar que «el posicionamiento de la Generalitat fue muy claro en su día y es que no queremos —que Zarra- sea utilizado como cementerio de este tipo de residuos». Negativa que Fabra asegura que ya ha trasladado al nuevo ministro.
Finalmente, El portavoz adjunto de Esquerra Unida en las Corts Valencianes, Lluís Torró, instó ayer a Soria a «descartar definitivamente» el silo nuclear en Zarra.
Un maná atómico en forma de más de 700 millones y 350 empleos
El 14 de junio, una vez Camps dio el sí definitivo al entonces ministro de Industria socialista, el «parto» del Almacén Temporal Centralizado (ATC) tocaba a su fin. Si se mantiene el pacto entre PSOE, PP y Consell, el futuro cementerio nuclear traerá un pan debajo del brazo para Zarra y otros cuatro municipios en 20 km a la redonda: Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Ayora.
A cambio de guardar 7.000 toneladas de residuos nucleares de alta actividad durante 60 años, el Valle de Ayora recibirá un inversión directa de 700 millones de euros en la construcción del silo más otros 17 millones en carreteras y siete en impuestos que ingresarán cada año los cinco ayuntamientos. Además, generará unos 350 empleos directos entre vecinos de la comarca durante cinco años, reduciendo el paro a la mitad.
* Levante - RAFEL MONTANER - 29.12.11
Foto: Zarra (Valencia), manifa contra cementerio nuclear (archivo) - EFE
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ATLÁNTICO/Pontevedra* : Martín Urgal, ex alcalde de Gondomar, y Alfonso de Lis, ex concejal de Urbanismo, prestaron declaración en el Juzgado de Instrucción nº4 de Vigo por el caso de las dos funcionarias municipales apartadas de sus funciones y la contratación de un asesor externo para emitir informes favorables a la concesión de licencias de obras. Ambos estaban citados a las diez de la mañana como imputados por un supuesto delito de prevaricación administrativa y no abandonaron las instalaciones judiciales donde fueron sometidos a un duro e intenso interrogatorio que se prolongó durante cuatro horas.
El ex regidor y el ex edil no quisieron realizar declaraciones a la salida del juzgado, aunque fuentes judiciales informaron a este periódico que durante sus declaraciones mantuvieron que la decisión de apartar a la secretaria municipal y la técnica de administración general se llevó a cabo con el único objetivo de reactivar la economía de un municipio que sufre más que ningún otro la parálisis del sector de la construcción.
En su defensa, se ampara en los informes favorables del Centro de Asesoramiento Municipal, dependiente de la Diputación.
La juez y la fiscal insistieron en las razones por las que retiraron a las funcionarias su potestad para tramitar los permisos urbanísticas, así como en el medio centenar de licencias concedidas posteriormente sin informes de las empleadas municipales.
Durante toda la mañana tanto Urgal como De Lis estuvieron acompañados por Manuel Gómez, concejal de Iniciativa por Gondomar (IXG) en cuya lista también concurrió a las elecciones municipales del pasado mes de mayo el ex edil de Urbanismo.
* Atlántico - 29.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - aedru.org
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ELPAÍS/Navarra* : ¿Es compatible la extracción minera con la conservación de un paisaje? ¿Es entendible que se quieran prolongar puestos de trabajo en un momento económico tan complicado para mantener el desarrollo socioeconómico de una zona pero a costa de la posible destrucción de parte su territorio? Estas son algunas de las preguntas que surgen ante una polémica encendida estos días en Navarra, donde la empresa Magna pretende llevar a cabo un proyecto de extracción de magnesita a cielo abierto en un hayedo de la Red Natura 2000, comprendido en una Zona de Especial Conservación (ZEC), Monte Alduide, y ubicada en el pirineo, donde se encuentran los últimos reductos del Pico Dorsiblanco, una especie en peligro de extinción. La mayoría de la población de la zona, y el propio Gobierno navarro, apoya el proyecto.
Aunque el plan lleva en marcha más de tres años, la polémica se ha avivado estas Navidades, cuando, según el delegado de SEO/BirdLife en la zona, Ramón Elosegui, Magna, “con nocturnidad y alevosía”, anunciaba el pasado 24 de diciembre que en unos días comenzaría a entrar en el terreno y a talar el hayedo protegido de Zilbeti. Así ha sido.
Entre el martes y miércoles se han talado ya más de medio centenar, dentro de un proceso que, según censuran, “está fuera del proyecto, no está aprobado por la declaración de impacto ambiental y la empresa lo sabe, por eso se ha decidido a hacerlo en días de vacaciones, cuando la contestación social puede ser menor”.
En este punto, la versión del Gobierno de Navarra es contraria y contundente: Estos trabajos de prospección en el terreno “no se salen de los márgenes del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal y la Declaración de Impacto Ambiental ya aprobadas”. Según argumentan desde el departamento de Medio Ambiente y Desarrollo Rural del Ejecutivo, su realización ha sido comunicada por la empresa tanto al Gobierno como a las entidades locales afectadas y el hecho de realizarse en Navidad “simplemente responde a la necesidad de la empresa de realizar unas pruebas del material que deben estar concluidas a mediados de enero”.
La empresa Magna tiene actualmente una cantera en Esteribar, un valle que es colindante a la ZEC Monte Alduide, pero lleva tiempo anunciando que la veta actual se le agota y que para mantener los 180 puestos de trabajo de la planta de Zubiri necesita abrir otra cantera. Según justifican, el mineral está en el monte comunal Legua Acotada, que hace un año consiguió la declaración favorable del Gobierno navarro al informe de impacto ambiental. Éste recibió más de 1.000 alegaciones y por ello la Coordinadora Monte Alduide y SEO/Birdlife decidieron a llevar el tema a la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. “Vamos a llegar hasta el final, esto no ha hecho más que comenzar, estamos recogiendo firmas de apoyo y próximamente vamos a registrar queja en Bruselas”, explica.
A juicio de Elosegui, “la única justificación aparente” del Gobierno es la mantener los puestos de trabajo. Se trata, añade, de una empresa minera y por tanto “finita”, que va a tener que cerrar “en el mismo momento en que se agote el mineral”. En su opinión, “hay que buscar el desarrollo económico a través de proyectos empresariales que no destruyan el territorio y que no sean pan para hoy y hambre para mañana”.
Apoyo de los vecinos
La clave para el desarrollo del proyecto de la cantera es la habilitación de un acceso a un túnel por el que se trasladará el mineral extraído para que no tenga que cruzar Zilbeti. Los municipios afectados debaten estos días la cesión de los 1.600 metros cuadrados de de los terrenos necesarios para esta apertura y la mayoría se muestran partidarios. Salvo Bildu, que ostenta la alcaldía de Baztan, el resto de fuerzas políticas ratifica la cesión.
A este respecto, el Ejecutivo señala que al plan inicial presentado por la empresa “se han añadido una serie de condiciones con el objetivo de reducir al máximo el impacto ambiental que pueda tener la mina como, por ejemplo, la recuperación progresiva del entorno en la medida que se vaya extrayendo el material y la mitigación de los efectos de su transporte, que se realizará a través de un túnel”. Así, defiende que la explotación de esta nueva veta “permitirá el mantenimiento de los puestos de trabajo actuales, a lo que hay que sumar los efectos positivos que tendrá para la fijación de la población y el desarrollo rural de estos valles”.
En este mismo sentido se pronuncia también Enrique Garralda, alcalde de Erro: “Los que de verdad protegemos estos paisajes somos los que vivimos y trabajamos aquí y si no hay empleo el valle desaparecerá”. “Nosotros”, continúa, “apoyamos claramente el proyecto, que cuenta con todas las autorizaciones porque el daño al medio ambiente es menor y lo primero que hay que proteger es al humano”. “Claro que hay que cuidar el medio ambiente pero en este caso, el daño no es tanto como dicen y en los tiempos que corren hay que luchar por mantener los puestos de trabajo”. “Hoy en día ninguna empresa te asegura que va a dar trabajo en los próximos 40 años y ésta, lógicamente, tampoco”.
* El País - AMAIA ARRARÁS Pamplona 28 DIC 2011
Foto: Zona de Zilbeti donde están comenzando las talas para la explotación de una cantera. / LUÍS AZANZA -elpais
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EFE/Ávila* : La sección 5ª de la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) que anuló en 2008 la decimotercera modificación de las normas urbanísticas de Las Navas del Marqués, aprobada en 2006.
Este fallo, al que ha tenido hoy acceso Efe tras ser emitido por el alto tribunal el pasado 30 de noviembre, reitera la anulación de las normas subsidiarias en lo referente a su modificación puntual tan solo en lo que respecta a la "prohibición del uso extractivo -minero- en suelo rústico común".
De esta manera, el Supremo desestima el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de esta localidad de 5.500 habitantes, situada cerca de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia dictada por el TSJCyL y que daba la razón a la mercantil "Sorce Granitos y derivados, S.L.".
Esta sociedad planteó inicialmente un recurso de alzada contra el acuerdo adoptado por la Comisión Territorial de Urbanismo de Ávila el 27 de febrero de 2006, que aprobó definitivamente la modificación puntual de las normas subsidiarias de Las Navas, en el aspecto referido a la prohibición de actividades extractivas en suelo rústico común.
Al ser rechazado, "Sorce" acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y león, que estimó su recurso, dando la razón a esta sociedad a la que la Junta otorgó en 2005 permiso de investigación por un periodo de tres años "para 89 cuadrículas mineras en el término municipal de Las Navas del Marqués".
Según recuerda en el fallo el Tribunal Supremo, dicho permiso "fue concedido cuando sobre el suelo rústico común comprendido en dichas cuadrículas no se encontraba prohibido en el planeamiento de Las Navas las actividades extractivas".
Además, el alto tribunal considera que "no se trata de que la motivación de la modificación fuera inexistente, sino que era insuficiente, al no venir amparada en informes técnicos y resultar contradictoria con permisos de explotación concedidos por la misma Administración regional, lo que enfatizaba aún más la necesidad de motivación en cuanto a que podía dejar sin efecto tales permisos".
Ya el TSJCyL había señalado en su fallo emitido en 2008 que el acuerdo adoptado en su día "no era conforme a derecho".
No obstante, el Consistorio navero decidió recurrir en casación ante el Supremo, que ahora da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, al desestimar su recurso, obligando al Ayuntamiento a pagar las costas, "no pudiendo superar la minuta del abogad de la parte recurrida (...) la cantidad de 3.000 euros".
* ABC - Efe - 28.12.11
Foto: Navas del Marques (Avila), vista - turismo
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PÚBLICO* : Desde un caganer de Urdangarin a tamaño real hasta un Jesucristo con una corona que, en lugar de espinas, tenía tarjetas de crédito, pasando por un cerdo de oro disfrazado de banquero. De todo se ha podido ver en una 'Cabalgata Indignada' que ha derrochado humor y creatividad y que esta tarde ha reunido a miles de personas en el centro de Madrid.
Entre disfraces, villancicos y lemas contra la crisis, la cabalgata se ha desplazado desde la Puerta de Alcalá hasta la ya emblemática Puerta del Sol.
Los gritos más clásicos, como De norte a sur, de este a oeste, la lucha sigue cueste lo que cueste, se han podido escuchar a ritmo de villancico. Otros han sorprendido por su actualidad, relacionados con los últimos sucesos de la Casa Real, como Los Borbones, a las elecciones, Queremos cuentas, no cuentos. Los indignados han coreado consignas contra la crisis, el paro, por una vivienda digna o en contra de los recortes en sanidad en la Comunidad de Madrid, informa Ana Requena.
Acompañando la marcha, las diferentes asambleas y colectivos participantes han llevado consigo sus particulares 'carrozas', con parodias, sobre todo, a los políticos y la banca.
Carga policial en Alcalá
El único momento de tensión entre manfiestantes y fuerzas de seguridad se ha producido en la Puerta de Alcalá, cuando sobre las 19:30 se ha producido una pequeña carga por parte de los agentes antidisturbios después de que una "avalancha" de manifestantes se les "echase encima". Algunos manifestantes, por su parte, han asegurado que el ambiente era "totalmente pacífico".
Se han producido dos detenciones por "atentado contra la autoridad", según fuentes policiales. Además, aseguran que durante la carga se han producido cinco heridos leves, dos de ellos agentes y tres manifestantes.
El objetivo de esta peculiar cabalgata, que se ha celebrado el día de los inocentes, ha sido "volver a poner en primer plano las patologías de nuestra democracia y reivindicar el papel de la participación ciudadana en la política frente a la dictadura de los mercados", según los convocantes.
En Twitter, los internautas se han informado y han opinado sobre la manifestación mediante los hashtags #CabalgataIndignada y #NoSoyInocente.
* Público - EDUARDO MURIEL MADRID 28/12/2011
Foto: La 'Cabalgata' ha transcurrido entre villancicos y disfraces - EFE/ALBERTO MARTÍN
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LEVANTE/Valencia* : El sastre del expresidente Francisco Camps advirtió al tribunal del jurado que todo el mundo en la tienda sabía que la persona que pagaba era Pablo Crespo, el número dos de la trama Gürtel. José Tomás prestó ayer declaración durante todo el día en la décima jornada del juicio contra Camps y el exnúmero dos del PP Ricardo Costa por supuestamente aceptar regalos de Gürtel. El testigo, que insistió en que no es sastre sino director de ventas, aseguró que Álvaro Pérez «El Bigotes» le dijo que «jamás se le podía escapar» que sabía que los acusados no se pagaban los trajes. El comercial de Milano y Forever Young manifestó que no tenía ninguna enemistad con Camps y Costa ya que los admiraba y que le duele en el alma lo que pasó.
José Tomás inició su declaración ante la fiscal con una aclaración. «Yo jamás he dicho que sea sastre. He sido director general de las tiendas y he tenido a mi cargo sastres», apuntó. El testigo incidió en que actuaba como comercial. «En la tienda de Serrano vendíamos más de 20.000 trajes al año y facturábamos seis millones de euros. Es record Guiness en el mundo por la venta de trajes», señaló.
El sastre de Camps indicó que conoce a «El Bigotes» desde hace veinte años y que tenía una cuenta abierta en Milan en la que incluyó a partir de 2004 a personalidades de la Comunitat Valenciana. «Al principio pagaba él todo que lo compraba al contado. Después me presentó a Pablo Crespo y comenzó a dejar compras a cuenta. En 2004 empezaron a cargar cuentas de los otros. El primero fue Rafael Betoret y después Pedro García. El siguiente paso fue en la primavera de 2005. Me pidió que fuera a Valencia a tomar medidas a Víctor Campos y Ricardo Costa».
José Tomás admitió que para él «era un honor servir» a Camps y Costa «por ideas y simpatía», pero advirtió de que le daban «mucho trabajo» y solo representaban una mínima parte de los encargos de la tienda. Además, precisó que la cuenta de Álvaro Pérez en Milano se saldaba en efectivo o con tarjeta y que Crespo liquidaba la de Forever con transferencias.
Sistema de tallaje
La fiscal preguntó a Tomás por el sistema de tallaje tras las declaraciones del jueves del sastre valenciano de Costa que aseguró que las medidas de su cliente no coincidían con las que aparecen en el sumario. «El 80% de las medidas de la tienda pasaban por mis manos», puntualizó el responsable de ventas de Milano y Forever. Tomás manifestó que la sastrería industrial Sastgor «tenía todos los prototipos. El patronaje era propio de Cortefiel, no se correspondía con el tallaje español».
José Tomás explicó que Camps hizo el primer encargo en noviembre de 2005. «Yo me encargaba siempre de él. Las primeras prendas que se le hicieron fueron tres americanas que le estaban muy ajustadas y no le convencían. Álvaro Pérez y yo le convencimos de que se las quedara. Me llamó después y me dijo que había sido un éxito».
Francisco Camps solo admite que en Milano se hizo cuatro trajes que devolvió y no reconoce el encargo de las tres americanas. La fiscal pidió a Tomas que aclarara qué pasó con los cuatro trajes de Milano. «Me llamó para decirme que los trajes no le habían gustado porque no lo habían hecho bien. Yo avisé a Pablo Crespo para que no los pagara», indicó el sastre. «Yo siempre me he acordado de los 4 trajes devueltos por Camps», subrayó.
Un tallaje especial
El vendedor incidió en que el tallaje de Camps era complicado. «Su trasero era bastante más grande que el del patrón original. Necesitaba bastante más tela», manifestó. «Para obtener el tallaje de Camps le pedí un traje, se deshizo totalmente y se tomaron las medidas. Fue un trabajo de chinos. La primera vez fue para un viaje que tenía urgente a Nueva York. Dimos con el patronaje tras varios intentos», declaró. José Tomás añadió que a Ricardo Costa le tomó las medidas en la sede del PP y en su casa. El sastre incidió en que al final obtuvieron un patrón personalizado de Camps y Costa. «Había un modelo Camps y otro Costa, pero no se exhibía a nadie. Tuvimos que hilar muy fino».
El testigo destacó que todas las prendas se enviaban a la sede Orange Market o al domicilio de «El Bigotes». «En la tienda todos sabían que el que pagaba era Pablo Crespo. Iba al genérico de Comunidad Valenciana. Los pagos se pueden comprobar que están correctamente».
La fiscal preguntó por la posibilidad €como mantuvo la contable de la tienda€ de que hubiera otro cliente con el apellido del expresidente. El sastre reiteró que las referencias a Camp -sin s- eran del expresidente. «No había nadie que coincidiera con ese nombre», declaró. El testigo negó haber ordenado la confección de facturas falsas. «Lo único que le importaba a Álvaro Pérez es que lo revelara. Me pidió que jamás se me escapara que esos señores no pagaban», sentenció.
El abogado de Camps trató de demostrar durante su interrogatorio que el testigo ha incurrido en contradicciones ya que en algunas ocasiones dijo que el expresidente se pagó los trajes. «¿Cuándo mintió, antes o ahora?», inquirió el letrado. El sastre incidió en que Camps no se pagaba los trajes. Ante la insistencia de Javier Boix, Tomás declaró: «Juro ante Dios y ante este tribunal que Camps nunca pagó un euro ni en Milano ni en Forever Young».
* Levante - 27.12.11
Foto: Valencia, A. Pérez 'el bigotes' - publico
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LNE/Asturias* : El conflicto urbanístico no cesa en Llanes. Casi un año después de que el Tribunal Supremo anulara definitivamente el Plan General de Ordenación y dejara al concejo sin normativa municipal (las dos planeamientos anteriores, de 1992 y 1987, también fueron anulados por los Tribunales de Justicia), se siguen concediendo licencias y se ejecutan obras en varias urbanizaciones. La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall) ha recopilado información y fotografías y ha presentado varias denuncias en el Ayuntamiento y en el Principado, al estimar que todo ello es presuntamente ilegal.
La primera denuncia por presuntas ilegalidades urbanísticas tiene que ver con el plan parcial de La Raizona, en Pancar. Allí el Ayuntamiento concedió una licencia de obras para construir un chalé el 31 de mayo pasado, cuatro meses después de que el Plan General fuera anulado por el Supremo. Avall lo tiene muy claro: aquel permiso municipal se otorgó, presuntamente, sin ningún amparo legal, pues no existía en ese momento ninguna normativa reguladora para la concesión de licencias en el municipio. La licencia de La Raizona le reportó al Ayuntamiento de Llanes un ingreso de 8.904 euros.
La segunda denuncia tiene que ver con el plan parcial de La Llavandera, donde continúan las obras de urbanización. En este caso concreto la denuncia de Avall coincide con las conclusiones de un informe elaborado el pasado 21 de noviembre por el vigilante de Urbanismo del Ayuntamiento de Llanes, quien constató que se está completando la urbanización de las calles Borizu y San Antolín (remate de aceras y acondicionamiento de viales para posterior asfaltado). Además, el vigilante señaló en su informe que en una de las parcelas de la urbanización se realizaron tareas de limpieza y movimiento de tierras, «que afecta a roca para acondicionar y allanar la misma, no realizando por el momento ninguna excavación para la cimentación de vivienda». El vigilante añadió que en sus archivos «no se encuentra ninguna licencia para el citado movimiento de tierras» a nombre de la empresa promotora del plan parcial. Avall va más allá y asegura que los movimientos de tierras se han llevado por delante un cueto, en una zona en la que «se trabaja a toda máquina, incluso por las noches y durante días festivos».
La agrupación vecinal llanisca subrayó que ha denunciado el plan parcial de La Llavandera reiteradamente desde 2008; sobre todo, en lo que se refiere a la construcción de un gran muro de contención que, supuestamente, ya contravenía la normativa urbanística anulada por el Supremo, pues se creó para modificar «por completo la orografía del terreno y "fabricar" suelo edificable». En esa zona se inició en su día la construcción de una vivienda unifamiliar, en la actualidad paralizada por las denuncias de Avall.
Pero el colectivo, declarado de utilidad pública por el Gobierno español, no dirige únicamente sus críticas a los responsables del Ayuntamiento, sino que estas alcanzan también a los responsables de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA), donde «siguen los mismos que tuvieron la responsabilidad de vigilar y corregir las situación jurídica de los sucesivos planeamientos anulados por los Tribunales», según destacó la secretaria de Avall, María José Rodríguez, quien añadió: «¿qué se va a esperar de ellos si se trata de la misma gente, que continúa con los mismos comportamientos?».
Según Avall, las obras de La Llavandera, que presuntamente «ya incumplían la legalidad vigente antes de la anulación de la normativa», incurren ahora en una ilegalidad aún «mayor», al ejecutarse «al amparo normativo de la nada; es decir, a sabiendas, tanto por parte del Ayuntamiento como de la promotora, de que el plan parcial ha sido, como el resto del Plan General, anulado por el Supremo».
* LNE - R. DÍAZ / E. G. CEA - 28.12.11
Foto: Llanes (Asturias) - V.Mejuto (lavozdegalicia.es)
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DIARIODEJEREZ* : Ocurrió hace una semana y todo se desarrolló de forma muy rápida: Dos hombres llaman a la puerta del número 5 de la calle Évora. Son las 15,30 de la tarde. Les abre una mujer, viuda de 83 años, que habita sola la casa en propiedad en compañía de una vecina que vive en la planta inferior y que le avisa de que dos técnicos municipales se dirigen a su casa tras haberle preguntado por su marido fallecido, José Torres.
Los hombres se presentan como técnicos de Urbanismo tras advertirle de que tenían una orden de supervisión y medición de su vivienda, amparándose en la antigüedad de la misma."Eran dos hombres muy bien arreglados -ha relatado la víctima a la agencia Europa Press-, con unos 24 años el más joven y 55 el otro. Su acento parecía ser de aquí" y le mostraron "muy rápido" una carpeta con documentos asegurando que venían de Urbanismo, interesándose "expresamente" por dónde estaba su dormitorio y pedirle que les ayudara a medir.
La anciana les mostró la vivienda y pudo comprobar el modo "tan raro" en el que realizaban las mediciones. "Le decían que mantuviera el metro, que n o se moviera...", explicó a este periódico su hijo José María Torres, que regenta la joyería familiar que está ubicada en el bajo de la vivienda, 'Joyería Festina', el hogar donde vivía el matrimonio.
La mujer comenzó a sospechar después de que el hombre más joven "no se apartara de mí ni dejara moverme", mientras que el otro avanzaba hacia el interior del inmueble. Después de un cuarto de hora, les pidió que se marcharan y que vinieran por la tarde, cuando estuviera su hijo José María con ella.
Las sospechas de la mujer se confirmaron cuando, algo después, la vecina del bajo le comentó que los dos hombres "bajaron las escaleras a toda velocidad y se fueron". Y así, nada más irse se percató de que le habían robado y se dirigió a su dormitorio, donde comprobó que le habían sustraído varias cadenas y medallas de oro "macizo" de su joyero, así como pulseras que guardaba en uno de los cajones de su mesita de noche y que le había regalado su marido por su cumpleaños. Los hombres se llevaron además las llaves de la casa, por lo que hubo que dar aviso a un cerrajero para que cambiara la cerradura.
La viuda tiene claro que los ladrones "lo tenían todo estudiado, sabían a lo que venían y a las horas que tenían que hacerlo", o sea, a una hora intempestiva como las 15,30, cuando su hijo se encontraba lejos comiendo en su propia casa. La víctima denunció el hecho en Comisaría de Policía, que no ha avanzado aún nada a la familia sobre la autoría del robo.
* Diario de Jerez - 29.12.11
Foto: Jerez, antiguo Ayuntamiento - wikanda.cadizpedia.eu
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LAVOZDEGALICIA* : Al alcalde de Vigo empieza a atragantársele la relación con los jueces. Hace unas semanas le impusieron una sanción de 300 euros por realizar una inauguración en plena campaña electoral y ahora el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) lo multa por no ejecutar a tiempo un derribo. El motivo concreto es que no ha cumplido los plazos para informar sobre los trámites que lleva a cabo la gerencia de Urbanismo.
El asunto en cuestión afecta a un edificio de once plantas de la calle Churruca en el que el promotor incumplió la licencia y se excedió en el volumen. La reclamación de una vecina afectada dio lugar a un pleito que desde el 2002 incluye una sentencia firme de derribo que hasta ahora no se ha cumplido.
En abril del año pasado el TSXG reactivó el caso exigiendo la ejecución del fallo. A fin de que el asunto no cayera en el olvido reclamó al regidor vigués que informara periódicamente de los avances. Al tribunal llegaron dos escritos del Concello, pero no así el tercero, que tenía que cumplimentarse en la primera quincena de octubre.
Un despiste
De nada han servido las alegaciones de una letrada municipal, que excusó al alcalde con el argumento de que la contratación de la empresa que ejecutará el derribo se alargó más de lo previsto. Aunque la jurista admite el despiste, intenta contrarrestarlo con el anuncio de que la Administración municipal «está a executar a sentenza e así constan as actuacións realizadas no expediente».
También intentó evitar la sanción recordándole al Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que las multas coercitivas «son actos meramente instrumentais dirixidos a conseguir o cumprimento total do fallo xudicial», tesis que finalmente no se ha aceptado.
«Cumplida»
El regidor ha asegurado que el gobierno local ya decidió el pasado 23 de diciembre contratar la demolición de este inmueble y que esto supone el cumplimiento del mandato judicial. El regidor también aprovechó para criticar que la sede del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia tenga su sede en A Coruña, puesto que asegura que esta sanción no se realizaría si su ubicación fuese la ciudad olívica.
* La Voz de Galicia - Juanma Fuentes - 27/12/2011
Foto: Vigo, edif Churruca al fondo - lavoz
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ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla (PP), y cinco de los nueve concejales populares de la anterior corporación municipal deberán declarar como imputados el próximo 9 de enero como presuntos autores de los delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha decidido tomarles declaración como imputados después de que la fiscalía presentara una denuncia por aprobar la construcción de un restaurante en una zona verde. Pero, además, la falta de colaboración del equipo de gobierno con la investigación ha determinado al magistrado a incluir entre los delitos que imputa a los ediles el de desobediencia. Este es el motivo por el cual el juez añade en el auto del pasado 30 de noviembre un párrafo con la advertencia de que, si no comparecen los imputados, la orden de citación podrá convertirse en “orden de detención”.
El regidor de Meco, preguntado por este periódico, aseguró estar muy tranquilo, resaltando que todas las actuaciones realizadas en La Alameda de El Verdoso están contempladas en la ley: “No es verdad que en una zona verde no se pueda construir nada, sino que las normas subsidiarias y el Plan General prevén la posibilidad de edificar un restaurante en la misma zona en la que había un chiringuito. En este parque se pueden llegar a construir 100 metros cuadrados o hasta el 7,5% de todo el terreno, que serían unos 280 metros. Yo, que soy de Meco de toda la vida, siempre he visto ahí un chiringuito”, aseguró Sanz Carlavilla, quien desconocía, según dijo, que el juez le hubiera citado a declarar por el delito de desobediencia: “No sabía nada de eso. Y me extraña, ya que nosotros hemos remitido todos los expedientes, incluido el informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid”.
La explicación del primer edil de la superficie de la edificación contrasta con el proyecto presentado inicialmente por el Consistorio. En una nota de prensa explicaba que la remodelación abarcaba unos 3.000 metros cuadrados, de los que 900 se correspondían con la terraza, que iba a albergar un servicio de hostelería durante todo el año. El resto correspondían a la extensión del parque, donde los vecinos podrían emplear su tiempo de ocio y recreo, según informó la edil popular e imputada Beatriz Palomo.
La previsión inicial era construir un edificio con porche acristalado, almacén, aseos y vestuarios, al mismo tiempo que se plantaban nuevos árboles, instalando una pérgola. Además estaba previsto recuperar e integrar en el espacio el antiguo lavadero o fuente. Pero según asegura ahora el alcalde, casi nada de eso se hizo, al mismo tiempo que el restaurante es mucho más pequeño que los 900 metros cuadrados del proyecto.
Además de Sanz Carlavilla, los otros imputados son los ediles que formaron parte de la junta de gobierno local celebrada el 8 de enero de 2008 en la que se aprobó el proyecto denominado “nueva terraza y parque de El Verdoso de Meco”. Los concejales que han sido citados son Beatriz Palomo Rodríguez, Francisco Javier Moreno Carlavilla, María Isabel de Lucas Hidalgo, Víctor García Salvador y Francisco Javier Llorente Guillén.
El fiscal inició su investigación tras recibir la denuncia de un particular que informaba de las presuntas irregularidades cometidas con la construcción de un restaurante en la zona verde conocida como La Alameda o parque de El Verdoso. Según esta información, el edificio que acoge el nuevo restaurante supera con creces la superficie permitida en la zona, al mismo tiempo que se encuentra en el entorno de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid. Y la misma denuncia destaca que la Dirección General de Patrimonio no hizo ningún informe. Por su parte, el regidor de Meco asegura que la documentación remitida al juzgado incluye el informe de Patrimonio: “Únicamente aseguraba que debíamos preservar una fuente, y que si la tocábamos tendríamos que hacer un informe. También nos decían que debíamos cambiar la orientación de unos paneles. Y les hemos hecho caso, porque el restaurante está muy alejado de la fuente y los paneles los hemos cambiado”.
* El País - TONO CALLEJA Madrid 25 DIC 2011
Foto: Vista panorámica de Meco, con la iglesia al fondo.- elpais
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EUROPAPRESS/Sevilla* : La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo achaca la responsabilidad del vertido de Aznalcóllar a la empresa minera Boliden. El alto tribunal ha eximido al Gobierno andaluz de responsabilidad patrimonial en el vertido tóxico producido en 1998 por la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar (Sevilla). "A Boliden Apirsa S.L. le era exigible, como titular de la explotación minera, el deber de mantener la balsa en las adecuadas condiciones de seguridad, y la omisión de ese deber comporta ese elemento de culpabilidad que la Administración ha tenido en cuenta al dictar el acuerdo de que trae causa este proceso", reza la sentencia.
El Tribunal Supremo rechaza el recurso de casación interpuesto por las empresas afectadas por el vertido Explotaciones Casa Quemada S.A. y Herrería La Mayor S.A. contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), que desestimó la pretensión de los recurrentes en cuanto a la posible responsabilidad patrimonial de la Junta en la rotura de la balsa minera, que supuestamente provocó daños en la finca donde se asentaban ambas entidades.
En su fallo, el TSJA argumentó que "no es posible fundar la reclamación de la responsabilidad patrimonial de la Administración demandada por la única circunstancia de que le incumbían determinadas competencias en la explotación minera realizada por la referida sociedad (Boliden), como de modo genérico alegan las recurrentes en su escrito de demanda", añadiendo que "tampoco el informe pericial articulado en estas actuaciones permite llegar a otra conclusión, porque se limita a la valoración de los supuestos daños".
Así, el Supremo rechaza el argumento esgrimido por las recurrentes en cuanto a que el deber de diligencia de Boliden "quedó suficientemente cumplido por el encargo que para la redacción de dichos proyectos efectuó a dos empresa de reconocida reputación en el sector, de tal modo que fueron estas empresas las que no observaron el más exquisito cuidado que les era exigible a pesar de que se habían comprometido a elaborar los mismos de acuerdo con la mejor técnica disponible".
Mientras, el Supremo denegó hace un mes la reclamación de 90 millones de la Junta a la multinacional sueca Boliden por los gastos derivados de la limpieza y recuperación de la cuenca del Guadiamar tras el vertido. La misma sala de lo Contencioso del alto tribunal confirmó otro fallo del TSJA que anuló el acuerdo del Ejecutivo que reclamaba a Boliden 89,9 millones de euros. Tanto el TSJA como el Supremo entienden que la Administración carecía de competencias de "autotutela" y que la Ley de Minas en la que se basó la Junta par reclamar a Boliden no le autorizaba a pedir directamente el reintegro de los daños sufridos sin necesidad de acudir a los tribunales. Según los jueces, "no existe precepto legal alguno" que habilite a la Junta para exigir "la reparación de unos daños amparados en un título de derecho privado".
El Supremo le recordó a la Junta que el TSJA ya le "señaló el camino" que debía seguir: plantear al Supremo un conflicto de competencia. Pero el Gobierno andaluz optó por recurrir en casación la sentencia del tribunal andaluz lo que, según los jueces, ha dilatado el proceso. Si la Junta hubiera seguido las recomendaciones del TSJA, "el conflicto de competencia negativo ya estaría resuelto hace tiempo", advirtió el Supremo. La reclamación de la Junta a Boliden está ahora mismo como en 2004. Cuando la Sala de Conflictos decida a qué jurisdicción deriva la causa, la Administración podrá ejercitar acciones frente a las empresas.
En cuanto a la vía penal, el juzgado de Sanlúcar la Mayor (Sevilla) y luego la Audiencia Provincial archivaron el proceso penal por presunta negligencia en el que estuvieron imputadas 21 personas, entre técnicos de Boliden y de las empresas constructoras, funcionarios de la Junta y de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) que debían supervisar la presa minera.
* El País - EP - Sevilla - 27/12/2011
Foto: Aznalcóllar (Sevilla), vertido contaminante - um.es
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ELPAÍS/Valencia* : El PP municipal respalda sin fisuras a su dirigente mientras decenas de vecinos interrumpen sus intervenciones.
"¡Fuera!¡Fuera!¡Fuera!". El pleno del Ayuntamiento de Manises ha arrancado a las doce en punto con un sonoro recibimiento al alcalde de parte de las decenas de vecinos que abarrotaban el salón municipal. Todos los grupos de la oposición han exigido la dimisión del alcalde Enrique Crespo, su reprobación o, al menos, que dé explicaciones sobre su gestión como presidente de Emarsa.
Pero Crespo ha invocado su presunción de inocencia y se ha negado a dimitir. Durante su última intervención, cada palabra del alcalde era replicada por el público que abarrotaba la sala. "Agradezco el apoyo de mi grupo", ha arrancado Crespo. "¿Las rumanas también te querían?", se ha mofado un vecino en alusión a las facturas de hotel que Emarsa pagó para cuatro jóvenes de nacionalidad rumana contratadas, supuestamente, como traductoras.
"No voy a tomar en consideración el argumento del portavoz socialista que exige mi dimisión por estar imputado. Tengo que recordar que el ahora exministro de Fomento..." "Un respeto, hombre, un respeto", ha replicado el público. "... un ministro que pasa por muchas gasolineras...". "Pero, ¿dimites o no?". Crespo ha dado verosimilitud al diálogo cuando ha respondido: "Defiendo mi presunción de inocencia". "Los santos inocentes son mañana", se ha oído en el salón.
El alcalde se ha limitado a disparar en todas direcciones, ha citado incluso al exportavoz socialista en las Cortes Valencianas, quien fue imputado, juzgado y absuelto. "Lunáticos nos vamos a volver todos", ha interrumpido otro vecino. Finalmente, la amplia mayoría que disfruta el PP en Manises, con 12 concejales frente a cinco socialistas, dos de Esquerra Unida y dos de la Asociación Progresista de Manises-Compromís, se ha pronunciado contra la dimisión de Crespo. Cientos de manos se han alzado entre el público para apoyar la dimisión, pero nadie las ha contado.
La empresa pública Emarsa, que gestiona la depuradora de aguas residuales de la zona metropolitana de Valencia, fue clausurada hace unos meses con un agujero de 17 millones de euros que ahora es objeto de investigación judicial. Crespo asumió la presidencia de Emarsa en junio de 2004, entonces era una empresa con beneficios.
En 2010, la Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulico (Emshi), que también presidía Crespo, tuvo que clausurar Emarsa. La investigación judicial del saqueo de Emarsa ha puesto a la luz pagos de servicios inexistentes, traslados de lodos en cantidades inverosímiles, facturas para compras de joyas, artículos de lujo e incluso de noches de hotel para jóvenes traductoras de nacionalidad rumana.
Crespo ha soportado el rosario de detalles extraídos del sumario que ilustran una gestión desastrosa.
El alcalde se ha limitado a extender la responsabilidad sobre el conjunto del consejo de la empresa metropolitana, compuesto por 13 representantes del PP, cuatro socialistas y uno de Esquerra Unida. "Todos eramos igual de responsables, simplemente me tocó ser presidente". Su intervención ha desatado risas entre el público. Pero Crespo se ha negado a dar explicaciones alegando que primero debe declarar ante el juez que instruye la causa. "Estoy deseoso de ir a declarar para aclarar todo lo que sabido como presidente del consejo, pero antes de declarar ante el juez no puedo esclarecer nada"
La oposición ha reclamado la reprobación del alcalde. Le han recordado que el PP dominaba con amplia mayoría las asambleas del Emshi y de Emarsa, que el presidente se negó a recortar las atribuciones delegadas al gerente de la empresa como le pidieron los representantes de la oposición en el consejo y, finalmente, que el único consejero imputado por el juez. "Esperamos que sus propios compañeros del PP le reprueben, sino serán corresponsables de la gestión de Crespo al frente de Emarsa", ha apuntado el portavoz socialista Juan Carlos Santiago.
Nada más lejos de la realidad. Francisco Izquierdo, portavoz del PP, ha asegurado que sus compañeros en el grupo municipal "están orgullosísimos" de la gestión de Crespo, una exageración que ha sido recibido con pitos, risas y gritos del público que abarrotaba el salón. El PP ha cerrado filas y ha rechazado reprobar a Crespo.
El socialista Juan Carlos Santiago ha reflexionado ante el pleno. "El alcalde no se va porque ha perdido los décimos de la lotería". El PP de Manises repartió casi cien millones de euros en el sorteo de la lotería de navidad. Crespo celebró el premio, pero cuando fue requerido por el juez, aseguró que solo tenía un décimo.
* El País - MIGUEL OLIVARES - Manises - 27/12/2011
Foto: Un joven muestra su camiseta alusiva al alcalde imputado de Manises, Enrique Crespo, antes del pleno.- TANIA CASTRO
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ELPAÍS/Madrid* : Parece como si la boina quisiera despedirse de Alberto Ruiz-Gallardón, desde hoy exalcalde de Madrid. La capital lleva días despertándose con la imagen de una masa sucia en el horizonte que se ha visto reflejada en los registros de calidad del aire. Los niveles de contaminación son ahora, en la tarde – noche del jueves, muy altos. Cuatro estaciones de medición superan los 200 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO₂). Una de ellas, Fernández Ladreda, en la plaza Elíptica, marca 303 a las 20.00 horas, según la página web de calidad del aire municipal. Los otros tres puntos con elevada contaminación son Avenida Ramón y Cajal (217), Barrio del Pilar (267) y Sanchinarro (260).
Además de los picos en determinadas áreas de la capital, la media de las 24 estaciones de la red de medición es inusualmente alta: 155 microgramos por metro cúbico a las 20.00 horas. La legislación no permite superar los 40 microgramos por metro cúbico de NO₂ de media anual. Con datos de finales de noviembre, la capital ya marcaba 44, los mismos que registró el año pasado. La Unión Europea empezó en 2010 a obligar a los países miembros a mantenerse por debajo de los 40 microgramos de media anual, algo que Madrid no cumplió y que ahora la obliga a solicitar una prórroga a Bruselas.
La mala calidad del aire lleva notándose unos días. El miércoles por la mañana, la estación de Sanchinarro registró durante dos horas seguidas más de 200 microgramos. La media de la red estaba en 120 microgramos a las diez de la mañana, según informó Ecologistas en Acción.
La situación ha empeorado a las nueve de la noche. Según la página web municipal, son ya siete las estaciones en las que se superan los 200 microgramos: Arturo Soria, Villaverde, Barrio del Pilar, Méndez Álvaro, Urbanización Embajada, Fernández Ladreda y Sanchinarro. La media de toda la red ha subido a 162 microgramos.
Pese a los elevados niveles de NO₂, es improbable que se active el aviso a la población. El Ayuntamiento tiene definidos tres niveles de actuación ante altas concentraciones de dióxido de nitrógeno, elaborados según su propio criterio: preaviso, aviso y alerta. El primero, de carácter interno, se activa cuando dos estaciones de la misma zona superan los 200 microgramos por metro cúbico al menos dos horas consecutivas. Si las estaciones con mala calidad del aire pertenecen a zonas distintas (hay seis) según la división territorial establecida por el Consistorio, la alerta no salta. El aviso a la población requiere que se superen los 250 microgramos. En una misma zona existen estaciones que miden la contaminación del tráfico y otras llamadas “de fondo urbano”, más alejadas del foco de polución.
* El País - ELENA G. SEVILLANO Madrid 22 DIC 2011
Foto: Las modernas torres de Madrid permanecen sumergidas en una espesa capa de bruma y contaminación, ayer. / Juan Carlos Hidalgo (EFE)
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