MÁSSALAMANCA* : La Asociación solicita al Ayuntamiento el cumplimiento de la legislación vigente, que emprenda medidas preventivas y que suspenda la orden de derribo del edificio catalogado.
La Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” se ha dirigido al Alcalde de Salamanca para solicitarle que suspenda la orden 000124/2011-ORDE de fecha 15 de noviembre de 2011, firmada por el Quinto Teniente de Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Salamanca.
Dicha orden, en base a un expediente relativo al estado de conservación de la antigua fábrica de alcoholes de Salamanca, sita en la Ctra. de la Fregeneda (barrio de Tejares), elaborado por el Jefe del Servicio Jurídico de la Gerencia de Urbanismo y Vivienda, requiere a la propiedad de la nave industrial en cuestión para que “en el plazo máximo de quince días, proceda, a la vista del deficiente estado de conservación en que se encuentra la nave y del peligro que existe de que se produzcan nuevos incendios, a solicitar ante este Ayuntamiento la licencia urbanística para efectuar el derribo de la edificación”.
LA FÁBRICA DE ALCOHOLES DE SALAMANCA
La antigua fábrica de alcoholes de Salamanca goza de protección integral para su “chimenea y elementos inmediatos”, según la ficha EE-6 del Plan General de Ordenación Urbana de Salamanca (aprobado en enero del año 2007). Según la ficha, esta construcción del siglo XX, de propiedad privada, presenta un grado de conservación mediano. Su interés histórico reside en el hecho de haber tenido un uso industrial; su valor cultural lo aportan las tecnologías “escasas o desaparecidas” de este tipo de construcciones en nuestra ciudad; y se valora especialmente el “hito visual” que supone esta construcción para la ciudad de Salamanca. La protección integral permite únicamente la ejecución de obras de consolidación, conservación y restauración de la construcción.
De igual forma, el vigente PGOU de Salamanca, establece para el sector “suelo urbano no consolidado nº24 (Comandante Jerez / Industrial Quilama)” que el elemento etnológico catalogado “se integrará en la parcela de equipamiento o de otro uso no residencial”. También el citado inmueble aparece en el Inventario del Patrimonio Industrial de Castilla y León elaborado por la Junta de Castilla y León.
Según la Ley de Urbanismo de Castilla y León es deber de la propiedad del inmueble mantenerlo “en condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad”. Y es el Ayuntamiento de Salamanca quien debe requerir a los propietarios establecer las correspondientes medidas de seguridad y mantenimiento necesarias. Además de promover la conservación del patrimonio e integrarlo en el desarrollo y necesidades del municipio.
CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Por todo ello la Asociación “Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio” ha solicitado el cumplimiento de la legislación vigente, en éste y en todos los bienes catalogados, o parte de los mismos, antes de promover su derribo. Y que, en sucesivas ocasiones, el Ayuntamiento de Salamanca, antes de tomar medidas tan drásticas, utilice de forma preventiva las leyes y ordenanzas a su alcance con la intención de conservar el patrimonio. Para ello se propone que los técnicos municipales realicen una revisión general de todos los edificios de la ciudad de Salamanca que cuenten con algún grado de protección, elaborando los correspondientes informes y abriendo expediente, si la situación lo requiriese, para instar a los propietarios de los mismos a la realización de cuantas labores de mantenimiento sean necesarias a fin de garantizar unas condiciones de seguridad, salubridad, ornato y habitabilidad óptimas.
Fuente: Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio
* Más Salamanca - 12.12.11
Foto: Salamanca, fábrica alcohol Tejares - massalamanca
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ELPAÍS/Alicante : La titular del Juzgado nº2 de Orihuela ha reactivado la investigación por la masiva construcción de casas ilegales en plena huerta del municipio de Catral (La Vega Baja), donde a principios de la década llegaron a levantarse 1.200 casas en suelo no urbanizable. La magistrada interrogará esta mañana, en calidad de testigos, a siete personas, entre ellos promotores y compradores de viviendas.
En el sumario hay 18 imputados, entre ellos José Manuel Rodríguez Leal, exalcalde socialista del municipio, y tres promotores. A estos hay que añadir cuatro concejales de la junta de gobierno del Consistorio, el secretario y el arquitecto municipal. La investigación judicial comenzó en agosto de 2005 a raíz de una denuncia de la Asociación Europea de Consumidores de Urbanismo (AECU).
La proliferación de casas ilegales en la huerta de Catral motivó que el Consell interviniera el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio en octubre de 2006. El Ayuntamiento, según la investigación, otorgaba a diferentes promotores, entre ellos un familiar del exregidor socialista, licencia para vallado o casas de labor, pero en realidad levantan viviendas unifamiliares.
* El País - 13.12.11
Foto: Catral (Alicante), casas ilegales - C.Lucas (El Mundo)
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PÚBLICO* : Alrededor de mil indignados se han dado cita esta tarde en las calles de Barcelona en señal de apoyo a los encausados por el intento de bloqueo del Parlament que el 15-M catalán llevó a cabo para evitar que se debatieran los presupuestos el pasado 15 de junio.
La movilización, que ha comenzado a las 19.30 horas en la Plaza de Catalunya, sirve a los indignados para arrancar motores hasta la concentración convocada para mañana en el mismo lugar donde ha culminado la manifestación de hoy, en la Audiencia de Barcelona, donde declararán los diez imputados catalanes desde las 10 horas.
Una pancarta con el lema 'De la indignación a la acción' y una furgoneta desde la que se han relatado los hechos ocurridos fuera de la cámara han encabezado la marcha. A su paso por Via Laietana, y al grito de la consigna "Yo también estaba en el Parlament", han encendido bengalas y han tirado petardos, mientras algunos de los manifestantes han pintado en las paredes de algunos edificios, en las que también han pegado carteles de la próxima concentración.
Los indignados han repartido folletos a los periodistas reclamando que no hagan fotos ni vídeos para proteger a los manifestantes y les han culpabilizado de las detenciones a través de pancartas donde se leía 'Gracias a la prensa vamos a la Audiencia'. Ocho furgones de los Mossos d'Esquadra han controlado la manifestación y la Guardia Urbana ha derivado la circulación por las calles colindantes donde no se ha cortado el tráfico.
* Público - 13.12.11
Foto: La cabecera de la manifestación ha arrancado con el lema 'De la indignación a la acción'.-Albert Olivé/EFE
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado la aprobación y adjudicación del programa de actuación integrada (PAI) Pedramala 2 de Benissa porque "no recabó el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar" sobre garantía del suministro de agua. La sección primera de la sala de lo contencioso-administrativo considera que "se ha incumplido un requisito esencial del trámite, por lo que necesariamente procede, por esta causa, la anulación del plan parcial, de la aprobación y la adjudicación" del PAI, según la sentencia a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Desde la Asociación ¡Abusos Urbanísticos No!, con varios socios afectados por el proyecto, consideran la sentencia "muy importante y aplicable, no sólo a otros PAI de Benissa, sino a otras poblaciones en la misma situación".
El PAI Pedramala 2 prevé urbanizar 180.000 m2 en uno de los parajes más bellos de Benissa, que linda con suelo no urbanizable de especial protección de Calp, aunque en el PGOU de Benissa esta zona de montaña consta como urbanizable. La previsión es construir 72 viviendas en parcelas de 2.500 m2.
El equipo de gobierno de Benissa, del PP, logró adjudicar en 2008 el PAI de Pedramala 2 a la empresa Construcciones Benimarco SL gracias al voto de calidad del alcalde, Juan Bautista Roselló. La oposición de entonces, -un edil del PSD que apoyaba al PP, tres ediles del CIBE-Bloc y cuatro concejales socialistas- pidieron que el PAI se dejara sobre la mesa para consensuar su construcción entre las dos alternativas técnicas que se barajaban.
El portavoz del PSPV-PSOE, Vicent Cabrera, tuvo que ausentarse de la votación ya que asesoraba como letrado a la promotora que finalmente logró la adjudicación. Gracias a la ausencia de Cabrera, el alcalde popular, Juan Bautista Roselló, hizó valer su voto de calidad para desempatar las votaciones: primero desestimando que el punto quedara sobre la mesa y después adjudicando el programa a Construcciones Benimarco SL, una decisión que ahora ha sido anulada por el TSJ.
El PAI aspiraban a a ejecutarlo dos empresas. La que resultó adjudicataria es Construcciones Benimarco SL, apoyada por propietarios de terrenos en la zona. La otra mercantil, Pedramala 2 SL, que aglutinaba a propietarios de viviendas en la zona, presentó su propio diseño de PAI que era menos agresivo con el paisaje, ya que contemplaba 14 casas menos y evitaba un vial de conexión entre Benissa y Calp con un fuerte impacto visual. Fueron los propietarios agrupados en la entidad Pedramala 2 SL los que recurrieron la aprobación del PAI ante el TSJ y y los que ahora han conseguido que les den la razón y se anule su aprobación y adjudicación.
"La sentencia de Tavernes es el ejemplo de la política del PP"
El portavoz del PSPV-PSOE en las Corts, Francesc Signes, consideró ayer que el caso Vergeret de Tavernes de Valldigna "es el resultado de la política de la CHJ practicada hasta 2004 durante los gobiernos del PP". Como ayer informó en exclusiva Levante-EMV, el TSJ ha anulado la urbanización del Vergeret en Tavernes de la Valldigna (ya construida) porque afecta a zona inundable. El drama del caso es que ya se han construido 500 casas en la zona del Vergeret. Signes asegura que esta forma de actuar es "la forma de actuar que tiene el PP y la Generalitat de Camps: no informar este tipo de planeamientos y aprobarlos sin el informe preceptivo y vinculante del organismo de cuenca". Según datos recabados por el diputado socialista, la Conselleria de Urbanismo aprobó en el año 2000 el plan parcial Vergeret "sin informe de la confederación, supeditándolo a respetar la ley de aguas respecto a su servidumbre legal, es decir: 100 metros desde los límites del río Vaca donde solamente se permitiría un itinerario peatonal". El 20 de octubre de 2006, con el PSOE en el gobierno central, cuando la CHJ informó sobre la modificación del plan parcial y recordaba que se tenía que respetar la zona de dominio público-hidráulico de la zona de servidumbre, "cosa que no se hizo ni por el ayuntamiento ni por la conselleria, ambas gobernadas por el PP. De ahí esta sentencia del TSJ, que pone en riesgo a miles de personas, sin que tengan ninguna culpa de ello", denuncia Signes. Al margen de si el ayuntamiento, ahora gobernado por PSOE-Bloc-EU, recurre al Supremo o no, "lo importante es que se ejecute el plan contra inundaciones del río Vaca, que Acuamed, dependiente del gobierno de España, licitó la redacción del proyecto en agosto de este año. El Gobierno del PSOE está cumpliendo, por tanto, en la solución a a un problema que él no ha creado", asegura el diputado. "Ahora tendrán que ser el gobierno del PP y Rajoy quienes cumplan y concluyan este plan", reta el socialista. Además, también cabe recordar que la zona del Vergeret está incluida en el Patricova de 2003, como de alto riesgo de inundación, por lo que "también cabe reprochar a la Generalitat, la aprobación del plan parcial, cosa que por otra parte, ha hecho también en más de 100 actuaciones en zonas inundables, con una superfície de 2.240 hectáreas desde 2003", denuncia Signes.
* Levante - 12.12.11
Foto: El TSJ anula un PAI de Benissa porque no pidió el informe sobre agua a la CHJ Levante-EMV
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ELMUNDO/Pontevedra* : El Jugado de Instrucción 3 de Vigo ha citado al ex alcalde de Gondomar, Martín Urgal, y al ex concejal de Urbanismo, Alfonso de Lis, para prestar declaración en relación con un presunto delito de prevaricación administrativa, tras haber cesado de sus cargos a dos funcionarias municipales. En su lugar, contrataron una asesoría externa para realizar las tareas que ellas llevaban a cabo.
La medida judicial se encuentra dentro de las diligencias previas que instruye la juez a raíz de la denuncia presentada por las dos empleadas del Ayuntamiento y por uno de los partidos de la oposición, el BNG. La secretaria municipal y la técnica de Administración ya prestaron declaración en su día, así como la anterior interventora, ahora en otro destino. El ex regidor del PP y el ex edil tendrán que acudir este jueves a testificar ante la Fiscalía de Vigo.
El asunto salió a luz pública el pasado mes de febrero, cuando el regidor decidió retirar las facultades a las dos funcionarias por entender que estaban bloqueando la concesión de licencias de obras en el municipio. Mediante una resolución de la Alcaldía, ambas perdieron sus facultades para emitir dictámenes sobre asuntos urbanísticos y fue contratado un asesor con un coste total de 17.500 euros.
La Fiscalía de Medio Ambiente de Vigo y la Xunta, a través de la Consellería de Presidencia, abrieron posteriormente sendas investigaciones para determinar si existía algún tipo de irregularidad en las nuevas licencias concedidas. Desde el relevo de las funcionarias, el Ayuntamiento ha autorizado medio centenar de permisos que ahora están en el punto de mira.
Sin documento urbanístico
"Estamos ante una denuncia totalmente falsa, estoy muy tranquilo e iré a declarar lo que haga falta", señala Martín Urgal tras recibir la citación judicial. El ex alcalde, hombre que logró el consenso de PP e independientes para que saliese adelante la moción de censura en 2009, asegura que actuaron en todo momento con el respaldo de administraciones locales y autonómica.
"Hicimos todo conforme a la ley, teníamos informes de la Fegamp (Federación Gallega de Municipos y Provincias) y de la Xunta favorables", añade Urgal.
El fondo del problema consiste en la negativa de las funcionarias a conceder licencias sin la existencia de un documento urbanístico que sigue pendiente de aprobarse. Gondomar ha estado en la última década en el ojo del huracán, con continuos procesos judiciales, detenciones, sentencias y políticos inhabilitados para desempeñar sus caros, por lo que cualquier dictamen supone un riesgo para los técnicos municipales.
Esa situación llevó a la secretaria y a la técnica a poner especial cuidado, sobre todo después de que la concejalía que dirigía Alfonso de Lis recuperase las normas subsidiarias de 1991. La anulación judicial del plan urbanístico de 1997, que diez años más tarde supuso la condena del 90 por ciento de los concejales del gobierno local, provocó una inseguridad jurídica que aún tiene bloqueado actualmente al sector de la construcción en la villa del Val Miñor.
Expedientes paralizados
"Nosotros nos encontramos con el petate que ya venía de la etapa anterior, con peleas entre ellas y el arquitecto, y con una falta de diligencia total por parte de las funcionarias, que tenían sin despachar expedientes de los los últimos cinco años", explica Urgal. Los roces entre De Lis y el comité de personal del Ayuntamiento fue en aumento y, a principios de año, el concejal llegó a leer públicamente durante un pleno un escrito acusando a las empleadas municipales de tener bloqueada la concesión de licencias.
"Se me imputa un delito que no he cometido y lo voy a demostrar, la Fiscalía ha recibido documentación con información sesgada, le hurtan información", indica el ex edil de Urbanismo. Alfonso de Lis menciona una sentencia de este mismo año de un juzgado contencioso-administrativo en el que les concedía la potestad de dar licencias. "Todas las licencias que hemos dado tienen los informes técnicos y jurídicos, están concedidas basándose en la normativa urbanística", argumenta.
El ex regidor recuerda por su parte que las funcionarias fueron encomendadas en aquel momento a la gestión del pago de facturas. "Ante las quejas de la gente y al estar sin interventor, necesitábamos pagar a los proveedores porque había muchos atrasos", recuerda. "Yo no me siento responsable de ningún delito, ni de haber prevaricado nada, cómo voy a hacer esas tonterías", sentencia De Lis.
* El Mundo - 11.12.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es
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LAPROVINCIA/Tenerife* : Un grupo de empresas que prestaban servicios al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ingresaban dinero en la cuenta de una sociedad propiedad del periodista Jorge Bethencourt, al que la policía considera un presunto testaferro del ex alcalde Miguel Zerolo y que fue asesor municipal en materia de Urbanismo. En varios informes policiales del sumario del caso Las Teresitas, desclasificado la pasada semana y en el que se investiga la compraventa de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas, los investigadores detectaron ingresos de al menos seis sociedades diferentes en la cuenta de una mercantil propiedad de Bethencourt, Agencia de Prensa BG. La empresas son Vemate, S.A.; Urbaser, S.A.; Ecocivil Electromur, S.L.; Emocional Base, S.L., Juandro (propiedad de Julio Bonis) y Coalición Canaria. Todas menos las dos últimas tenían contratos públicos con el Ayuntamiento de Santa Cruz.
Todo ello se produjo en una época en la que Agencia de Prensa BG adquirió un ático y dos plazas de garaje en el Edificio Beleyma de la capital tinerfeña, propiedades que, según afirmaron algunos confidentes a los investigadores del caso Las Teresitas, pudieran pertenecer realmente al ex alcalde Miguel Zerolo. La policía deja abierta la posibilidad de que estos ingresos obedecieran al presunto pago de comisiones ilegales, toda vez que Bethencourt, además, fue asesor de Urbanismo en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y por tanto los pagos podrían ir destinados a sufragar los gastos de la hipoteca de la vivienda comprada en el Edificio Beleyma a cambio de contratos públicos en Santa Cruz.
"Del análisis y estudio de la cuenta bancaria de Agencia de Prensa B.G. se puede extraer la conclusión de que mediante los ingresos efectuados en esta cuenta se pueden cubrir los gastos generados por el pago de la letra en concepto de pago del préstamo que nos ocupa", explican los investigadores.
Siempre según el informe, "los clientes mayoritarios de Agencia de Prensa B.G. son empresas que a su vez han tenido relaciones contractuales con el Ayuntamiento, y que según las informaciones recibidas manifiestan que Jorge Bethencourt podría estar recibiendo y encubriendo pagos que empresarios podrían haber realizado al alcalde Miguel Zerolo por concesiones u obras municipales adjudicadas a éstos".
* La Provincia - 12.12.11
Foto: Miguel Zerolo, ex alcalde de Santa Cruz de Tenerife, a la salida del TSJC durante una de sus declaraciones.- laprovincia
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PÚBLICO/Valencia* : El principal objetivo de Francisco Camps al frente de la Generalitat fue, según repitió su partido una y otra vez, "poner a Valencia en el mapa" a través de los grandes eventos deportivos. Sin embargo, la realidad es que hoy, cinco meses después de su dimisión, el País Valencià es famoso por sus casos de presunta corrupción cometidos en el seno del PP o por administraciones gobernadas por este partido.
En este momento hay cinco instrucciones judiciales en marcha cuyos sumarios narran un presunto robo masivo de dinero público por parte de políticos conservadores o empresarios vinculados a ellos, realizado bajo el mandato de Francisco Camps. El más llamativo es el caso Gürtel, por el que cinco dirigentes conservadores de la confianza del expresident están imputados. Se les acusa de amañar contratos a favor de empresas de la trama corrupta, al tiempo que, presuntamente, esta misma red les ayudaba a financiar de manera ilegal el partido.
En el sur de la comunidad, el caso Brugal analiza si otra de las dirigentes más cercanas a Camps, la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo, recibió regalos y favores de un constructor a cambio de darle información privilegiada sobre los planes urbanísticos del Ayuntamiento. Pese a que el caso ya estaba siendo investigado, Camps premió la lealtad de Castedo con un escaño en el Parlamento autonómico. En el norte, Camps apoyó y elogió la gestión de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación, pese a estar imputado por siete delitos contra la Administración pública.
La lista sigue en la provincia de Valencia. La depuradora de Pinedo se ha hecho famosa en los últimos meses por haber albergado un monumental desfalco que podría alcanzar los 40 millones de euros, según el PSOE, efectuado por miembros del PP de Valencia. La lista se completa con los contratos firmados por la Administración autonómica con la entidad presidida por Iñaki Urdangarin, que se embolsó 3,5 millones gracias a varios convenios. Fuera del ámbito judicial, son conocidos también los pagos al arquitecto Santiago Calatrava, que recibió más de 17 millones de euros por proyectos de obras que nunca se llevaron a cabo.
En el origen de todos estos escándalos está la falta de transparencia que Camps impuso como rutina en la gestión de la Administración. Durante años, los partidos de la oposición solicitaron los contratos con Calatrava y las empresas de la trama Gürtel y los convenios con Urdangarin, entre otra documentación. También la prensa preguntó sobre estos temas con insistencia.
La respuesta de la Administración fue, sin embargo, la ocultación de los datos. Los portavoces de la Generalitat explicaron en repetidas comparecencias públicas que los acuerdos con el yerno del rey y con el arquitecto eran confidenciales, a pesar de que la ley obliga a la publicidad de los contratos y convenios públicos. En cuanto a las adjudicaciones a las empresas de la trama Gürtel, la oposición los solicitó formalmente en Les Corts Valencianes, pero el Ejecutivo de Camps los negó porque ya estaban siendo auditados por el Tribunal de Cuentas autonómico, entre otras razones. Cuando el caso Gürtel estalló, volvió a negarlos, esta vez con el argumento de que estaban bajo secreto de sumario.
Condena por opacidad
Este oscurantismo le valió a la Administración autonómica una sentencia en contra. El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) condenó en junio a la Generalitat a mostrar los contratos menores con la trama Gürtel a la oposición. El Gobierno regional, sin embargo, optó por recurrir la sentencia al Tribunal Supremo y todavía no los ha mostrado.
El sucesor de Camps, Alberto Fabra, prometió al principio de su mandato aumentar la transparencia. En los meses siguientes, hizo algunos gestos en este sentido, como mostrar algunos de los contratos firmados con Orange Market y con el arquitecto Santiago Calatrava. Sin embargo, Fabra sigue defendiendo la confidencialidad para negar convenios firmados con Urdangarin, y mantiene en sus escaños a seis imputados y dos implicados en casos de presunta corrupción.
* Público - 11.12.11
Foto: Protesta ciudadana contra la corrupción (archivo)- público
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PÚBLICO* : Todo comenzó como la última y a veces la única respuesta posible a un drama que ha dejado en la calle en los últimos meses a miles de familias desahuciadas de sus casas por no poder hacer frente al alquiler o a una hipoteca firmada en los años de bonanza. O como la "reivindicación legítima" de un lugar desde el que promover un ocio alternativo o unos servicios que no siempre proporciona el Estado.
Las movilizaciones del pasado 15-O dejaron algo más que el rastro de miles de personas en todo el mundo clamando por un "cambio global". La noche de aquel 15 de octubre, indignados de Barcelona ocuparon un edificio en Nou Barris, un barrio obrero del nordeste de la capital catalana, en el que viven desde entonces diez familias sin recursos. A principios de noviembre el juez Miguel Ángel Tabarés decidió archivar la denuncia contra los nuevos ocupantes interpuesta por la propietaria, Cajamar, por un presunto delito de usurpación.
En Madrid, un grupo de personas afines al 15-M ocuparon también esa noche un hotel en el centro de la capital. Hasta su desalojo el pasado 5 de diciembre, el edificio fue utilizado como un espacio de trabajo para las comisiones del movimiento, pero también como un techo bajo el que se cobijaron desahuciados, personas sin hogar e integrantes del movimiento okupa.
Entendidas como "un rescate de la exclusión" o la respuesta a la inaccesibilidad al derecho a una vivienda digna, estas "ocupaciones sin k", reconocen en el movimiento, no levantaron muchas discrepancias en el 15-M. A las tomas del Hotel Madrid y del edificio de Nou Barris siguieron otras en estas dos ciudades, pero también en otras urbes españolas como Sevilla, Santiago, Granada o León.
Las divergencias llegaron cuando grupos de personas, identificadas en algunos casos como afines al 15-M, sin serlo, comenzaron a ocupar edificios "sin control alguno y sin organización", admiten fuentes del movimiento en Madrid. Es el caso de algunas improvisadas ocupaciones de edificios en el centro de Madrid algunos propiedad de particulares durante la última semana, tras una manifestación de protesta por el desalojo del Hotel Madrid y de un antiguo mercado reconvertido en espacio vecinal también en la capital.
A partir de ahí, este asunto empezó a convertirse en sujeto de debate para los indignados, que temen que "una minoría de la minoría" haga que se termine poniendo en duda "el valor de la ocupación organizada con un fin social y político", explica un joven que participa de forma muy activa en varias comisiones y grupos de trabajo del movimiento en Madrid. "Esto es política, no se puede abrir una casa así como así", prosigue.
"Hay que matizar qué ocupamos y qué no. No es un tema sin importancia, estamos cuestionando la propiedad privada, que es la base del sistema capitalista", acota otra joven, que forma parte del grupo de trabajo de Política de la Puerta del Sol.
Chema Ruiz participa en la Oficina de la Vivienda que surgió en el ocupado Hotel Madrid para buscar alternativas habitacionales a desahuciados, pero también para crear conciencia de la importancia de reivindicar el derecho a la vivienda digna. Ruiz asegura que a los integrantes de este grupo les preocupa que los últimos acontecimientos les puedan "salpicar" y "enturbiar" su trabajo. "El objetivo de la oficina es hacer política, difundir nuestro mensaje. Cuando recuperemos edificios abandonados avisaremos a los medios. No nos identificamos con los que ocupan y se tapan la cara cuando les toman fotos", declara. "Nuestra tarea es a la inversa, primero trabajamos con los afectados para que se involucren en el proyecto y luego buscamos los espacios", amplía Ruiz.
De hecho, este grupo trabaja en la elaboración de un censo de edificios abandonados en propiedad de grandes corporaciones financieras o compañías que han especulado con la vivienda al calor de la burbuja inmobiliaria con el objetivo de recuperarlos para familias sin recursos.
"Explicar"
En cualquier caso, entre las personas que participan de forma asidua en el 15-M existe la certeza de que adueñarse de edificios de propiedad privada es algo que "no todo el mundo entiende". Asumen, asimismo, que asociar la imagen del 15-M a la del movimiento okupa, tradicionalmente muy estigmatizado, puede deteriorar su imagen y hacerles perder respaldo social. ¿La fórmula para evitar esto? "Explicarlo muy bien", coinciden todas las fuentes consultadas.
Pedro Herreros, portavoz de Democracia Real Ya (DRY), una de las plataformas que integra el 15-M, admite también que el tema de la ocupación genera "división de opiniones". "En DRY estamos de acuerdo en que debería primar el derecho a la vivienda y entendemos que se ocupen viviendas para personas desahuciadas. Lo controvertido es saber dónde se ponen los límites", señala.
Integrantes de varios grupos de trabajo, así como portavoces de la Oficina de Vivienda o DRY aseguran que el 15-M mantiene "el mismo trasfondo político" y no está avanzando hacia posturas más radicales. "Si radical es ir a la raíz de los problemas, sí, entonces nos estamos radicalizando", ironiza Herreros. "El movimiento se está haciendo más lógico. Antes del 15-M era impensable que una persona con corbata participara en una asamblea en un edificio ocupado", concluye otro joven indignado.
* Público - ELENA HERRERA MADRID 11/12/2011
Foto: Un grupo de vecinos protesta por el desalojo del centro Montamarta, en San Blas (Madrid).- elpais
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LAVERDAD* : En 2011 se han cumplido 10 años de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana de Murcia (PGOU), concebido como la 'Carta Magna' del urbanismo del municipio, el documento maestro donde figuran las claves del presente y del futuro de Murcia con dos compromisos claros: el desarrollo ordenado de barrios y pedanías y el respeto a los espacios naturales. Objetivos más que posibles sobre el papel, pero imposibles en la realidad, a tenor de las conclusiones provisionales del proyecto europeo Naturba, que estudia la integración de la huerta en la ciudad, y que coordina la Consejería de Ordenación del Territorio con la participación de los ayuntamientos de Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera, así como la Junta de Hacendados, colegios profesionales y asociaciones. La imparable destrucción de huerta productiva y el cerco a las zonas de protección son dos de los aspectos en los que reparan los equipos de trabajo de Naturba, que recomiendan una revisión del Plan General a fin de plantear un urbanismo menos agresivo que anteponga los criterios ambientales en las decisiones sobre infraestructuras y planeamiento.
Muchos especuladores creyeron haber encontrado un maná en Murcia con la aprobación de las nuevas normas urbanísticas y su posterior adaptación en 2006 a la Ley del Suelo regional, que permitió lo que diversos especialistas califican como el «teletransporte de edificabilidad», esto es, la adscripción de suelos no urbanizables protegidos por ser zonas de protección de la naturaleza y usos forestales a planes parciales a cambio de compensaciones para los promotores en otras actuaciones. Así, se explica, por ejemplo, la aparición de resorts con miles de viviendas colindantes a parques naturales como El Valle-Carrascoy o la sierra de Escalona y Altaona, zonas de especial protección para las aves. Pero no son casos aislados. Muchos de los suelos protegidos o inadecuados para el desarrollo urbano según el Plan General han acabado sucumbiendo a la fiebre del ladrillo en esta década, como demuestra el elevado consumo de huerta tradicional. El Observatorio de la Sostenibilidad en la Región -adscrito a la Universidad de Murcia (UMU)- calcula que 3.400 hectáreas de regadíos fértiles han sido destruidas en los años de apogeo inmobiliario. Hoy, según la Confederación Hidrográfica del Segura, 7.000 son las hectáreas de huerta que se conservan. En 1995 había 13.026.
El PGOU, gestado en la primera legislatura de Miguel Ángel Cámara como alcalde, entró en vigor en 2001 con una vigencia «indefinida». No obstante, los redactores pusieron una fecha en el horizonte: 2025. Consideraron entonces que para ese año se habría duplicado la superficie edificada respecto a la de 2001 y que se habrían desarrollado 120.000 viviendas nuevas, de ellas 30.000 en pedanías del Campo de Murcia, donde se ubicarán 14 campos de golf. En general, según sus defensores, el PGOU garantiza una «altísima» calidad de vida a los ciudadanos por el cuidado diseño de las ordenaciones, el incremento de equipamientos y espacios comunitarios, la apertura de nuevos viales y la baja densidad de las promociones. Un mundo idílico que, de nuevo, solo parece existir en planos y maquetas después de las incontables heridas que ha dejado en el paisaje local el boom de la construcción.
Desequilibrios territoriales
La realidad que hoy encuentran los partidos de la oposición -PSOE, IU-V y UPyD- no es nada animosa. El portavoz socialista, Pedro López, cree que el actual PGOU debería revisarse urgentemente para frenar los desequilibrios territoriales en el municipio. Un ejemplo, según López, es el «desarrollo insostenible» proyectado en la zona norte de Murcia, «fruto del abuso en la firma de convenios urbanísticos, una figura que debería ser excepcional y que durante una época fue lo habitual porque alegraba la caja de ingresos municipales».
Esther Herguedas, portavoz de IU-V, cree que se puede crecer de otra manera y sin agotar recursos naturales. «El PGOU lo ha convertido casi todo en urbanizable y eso es insostenible. Y se siguen aprobando planes, como el último de El Esparragal para 30.000 personas, que es una barbaridad, o el de La Fuensanta». Herguedas también está a favor de la revisión, y cree que si el Gobierno municipal no accede acabará entrando en vereda obligado por sentencias judiciales. Por su parte, Rubén Serna, portavoz de UPyD, cree que el PGOU es un instrumento orientado a la especulación en lugar de favorecer una ordenación del territorio para satisfacer las necesidades de vivienda, de transporte y de servicios. Serna considera que la edificabilidad actual es excesiva y las dotaciones escasas y que no se ha actuado con suficiente contundencia para salvar la huerta.
120 modificaciones puntuales
En el último Pleno, el Ayuntamiento dio el visto bueno a la modificación número 120 del Plan General, relacionada con el 'by-pass' de El Palmar. Según el concejal de Urbanismo, Juan Antonio Bernabé, una gran mayoría han sido correcciones de «errores materiales». «El Plan General no es perfecto y habrá que hacer modificaciones para adaptarlo a la realidad. Los propietarios tienen sus derechos asegurados y el desarrollo de muchos planes ha quedado paralizado por la crisis, pero hay que prepararnos para el futuro, no podemos detener el desarrollo de Murcia. Es cuestión de lograr el equilibrio», razona. El edil expone que el PP está abierto a revisar «casos concretos».
* La Verdad - 11.12.11
Foto: Dos trabajadores recolectando cítricos en un huerto de Beniaján - laverdad
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LEVANTE* : El futuro político de Francisco Camps ya no depende de tres millones y medio de electores. Su horizonte lo pintarán 9 ciudadanos anónimos, que juzgarán si el expresidente y el exnúmero dos del PP, Ricardo Costa, que se sentarán con sus abogados, cometieron cohecho por recibir regalos de la red Gürtel. Trajes o zapatos, objetos tan pedestres como elevadas son las cifras del proceso que empieza mañana.
El 9 de octubre de 1238, el 25 de abril de 1707, el 1 de julio de 1982 —aprobación del Estatut— o el 28 de mayo de 1995, cuando Zaplana destronó a Lerma. Son fechas señaladas en la historia del pueblo valenciano. Como el lunes 12 de diciembre de 2011. Día en el que Francisco Camps Ortiz se convertirá en el primer político procesado por una causa de corrupción derivada de su actuación como presidente.
Quien durante dos años y medio tuvo que responder en las Corts del presunto saqueo de la red Gürtel a la Generalitat —de la que pescó 8 millones en diez «conselleries» y Canal 9—, quien lleva tres años en un permanente intento de escapar de un fantasma que lo persigue pegado a la epidermis, se encomendará desde mañana, a las diez, a un tribunal del jurado. A 9 ciudadanos que dilucidarán si las empresas de Francisco Correa y Álvaro Pérez «El Bigotes» le llenaron el ropero por ser quien era, para abonar el negocio.
El jurado deberá dilucidar si Camps y el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, también procesado, tropezaron con el artículo 426 del Código Penal, que regula el cohecho impropio pasivo; si uno y otro, en tanto que autoridad, aceptaron regalos que les hicieron «en consideración a su función», entendida como poder de influencia, según decidieron los 5 magistrados del Supremo que, en 2010, levantaron el archivo de la causa de los trajes.
En los próximos once días, Camps y Costa deberán acudir al Palacio de Justicia. La puesta en escena de la vista les ha sido propicia. Los dos se sentarán junto a sus letrados, en el banco de las defensas y acusaciones, y no en el banquillo, según fuentes del caso. En tanto que letrado, aunque no ejerciente, Camps goza de este privilegio, que ha sido ampliado a Costa. Son los protagonistas de una gigantesca causa en la que 90 testigos, 13 peritos, 19.000 páginas, 56 tomos de sumario, dos acusaciones (Fiscalía y PSPV) y dos defensas intentarán casar fechas, albaranes, facturas, encargos y recibos de doce trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y 4 cinturones, valorados en 14.021 euros, supuestamente regalados al ex presidente. Y cuatro trajes y seis pantalones, por 7.325 euros, presuntamente pagados por Orange Market y sus filiales a Costa. Fiscalía pide sendas multas de 41.250 euros. El actual Código Penal prevé penas de entre seis meses y un año de cárcel para el cohecho impropio, pero el magistrado Juan Climent, que presidirá el jurado, dictaminará en función del Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos y en aplicación del principio de favorecer al reo.
Al contrario que su valedor Eduardo Zaplana, en la hoja de servicios con la que Camps llegó al Palau no constaba petición de «comisiocinta» como la que quedó grabada un 10 de febrero de 1990, a las 13,22 horas, en una de las cintas del caso Naseiro, invalidadas por el Supremo. En el juicio que arranca mañana Camps se juega mantener limpio un expediente judicial que, políticamente, ha sido emborronado por haber colaborado o permitido, por acción u omisión, que la trama Gürtel acampara en la cocina de la Generalitat.
Campos y Betoret, un problema
El exvicepresidente Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, serán, el martes, los primeros en testificar. Los dos firmaron, el pasado 20 de julio, la sentencia de conformidad por la que se autoinculpaban para evitar el espectáculo político y mediático que mañana levanta el telón y se representará, según los planes de Climent, hasta la víspera de Nochebuena. Varias fuentes coinciden en que para cumplir el calendario, no habrá más remedio que ampliar las representaciones de esta tragicomedia a sesiones vespertinas. 90 testigos, 13 peritos, dos defensas y dos acusaciones dan para muchas más preguntas y respuestas de las que caben en seis mañanas.
Aquel 20 de julio expiró el crédito de Génova a Camps. El entonces jefe del Consell elucubró durante varias horas, a bordo del coche oficial por las inmediaciones del Palacio de Justicia, en torno al dilema de si prefería culpa—aceptación de la condena— o muerte política. Finalmente optó por no autoinculparse y, esa misma tarde, a las 17,15 horas, anunció su dimisión.
El TSJ condenó a Campos y a Betoret a pagar 9.600 euros y a devolver la ropa o abonar su valor. En un homenaje al teatro del absurdo, Betoret entregó las prendas, valoradas en 13.499 euros. Estas condenas complican la situación de Camps y Costa. Porque consolidan como verdad judicial que la trama tiró de sobornos para «ganarse el favor» de cargos públicos y porque tienen, como testigos, la obligación de decir la verdad para no incurrir en perjurio. Con todo, fuentes próximas a los condenados indicaron que estos subrayarán que firmar la conformidad fue una decisión formal y pragmática para evitar el banquillo, pero que no asumen los hechos.
Si en contra de los procesados actúa esa condena, a su favor juega la necesidad de una mayoría de 7 de los 9 jurados para conformar un veredicto de culpabilidad, según la Ley 5/1995 del Tribunal del Jurado.
* Levante - 11.12.11
Foto: Valencia, expresident comunidad F.Camps - EFE
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LAVOZDIGITAL* : Será el próximo martes 13 cuando el líder de Foro Ciudadano, Pedro Pacheco, tenga que declarar finalmente como imputado por el caso de las presuntas facturas falsas de Jerecom, la constructora que quebró en septiembre del año 2007 y dejó a decenas de proveedores sin cobrar. Como se recordará, el exalcalde estaba citado el pasado día 21 de octubre , aunque no lo hizo al no constarle ninguna notificación al respecto, según fuentes del caso.
No obstante, este medio ha podido saber que la próxima cita en el Juzgado de Instrucción número 4 está prevista para el martes, concretamente a las 10.45 horas de la mañana. El líder de Foro Ciudadano ha sido citado en relación a las supuestas irregularidades relacionadas con la constructora que quebró en el año 2007 atribuidas a su gestión al frente de Urbanismo, a raíz de la investigación que inició la Fiscalía por iniciativa del Ayuntamiento jerezano en 2009, cuando estaba al frente la exalcaldesa Pilar Sánchez.
De hecho, el caso tiene su origen en el extenso informe que en su día Pilar Sánchez hizo llegar a la Fiscalía. La información consistía en un paquete de facturas que apuntaban a supuestas irregularidades: pagos de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo por duplicado y por una misma obra, desvío de fondos públicos para costear unos trabajos que nunca se habían ejecutado u operaciones extrañas en la forma de adjudicar esos contratos.
Las obras superan el medio centenar y son de una cuantía inferior a 30.000 euros cada una. Este matiz es importante porque se trata de trabajos que al tener ese importe como contraprestación, se libraban de ser adjudicadas mediante un concurso público.
Los supuestos beneficiarios serían varias constructoras jerezanas que se declararon en quiebra: Jerecom y varias firmas de las que se sospecha que fueron sucedáneas camufladas de la primera, es decir, sociedades satélite.
Esas sospechas ya las tenían mucho de los trabajadores afectados por el cierre de Jerecom en su día. En el año 2008 centenares de ellos se echaron a la calle para denunciar las extrañas maniobras de una constructora que había cerrado y proseguía su actividad bajo otras denominaciones sociales.
Por este caso ya han declarado varios imputados en los juzgados, entre ellos el expropietario de Jerecom, José Grimaldi, quien acusó ante la jueza a más un responsable político por las supuestas irregularidades que se investigan.
Como es sabido, Pedro Pacheco y Pilar Sánchez han mantenido otra guerra judicial que llegó a consumir buena parte de la pasada legislatura: la de los asesores contratados por uno y otro en el Ayuntamiento jerezano.
Tanto el caso Jerecom como el de los asesores, precisamente, tienen su origen en el citado informe que la exalcaldesa envió en su día a la Fiscalía. A raíz de la denuncia, el exalcalde decidió acometer un contraataque que se ha traducido en un importante desfile de asesores y altos cargos de Pilar Sánchez durante la pasada legislatura.
Sin embargo, la respuesta del fiscal ha sido desigual: mientras que para Pacheco ha solicitado más de 17 años de prisión, para Sánchez ha recomendado el archivo de las actuaciones contra los imputados en el caso. No obstante la actual alcaldesa, María José García-Pelayo, ha señalado que también es importante responder por el «daño económico» al Ayuntamiento.
* La Voz Digital - 09.12.11 - ENRIQUE ESTEBAN
Foto: Pacheco ha sido llamado a declarar por el caso de las supuestas facturas falsas de la constructora que quebró en 2007.- lavoz
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LAOPINIÓN/Tenerife* : Seis años, más de 70.000 folios, centenares de testigos, los pinchazos a más de una treintena de teléfonos, el análisis de más de 300 cuentas bancarias y el estudio de los movimientos de capital hacia 21 países no han servido para demostrar que en el caso Las Teresitas se pagaron comisiones para influir en las decisiones políticas.
La propia fiscal anticorrupción, María Farnés, admite en sus conclusiones que la magnitud del caso y el tardío inicio de las investigaciones policiales –cinco años después de que el Ayuntamiento comprara a Inversiones Las Teresitas los terrenos– impidieron demostrar cualquier indicio de cohecho en los imputados.
La denuncia final del ministerio público que llegará al Supremo es la misma que cuando se levantó parte del secreto de sumario, el 19 de enero del año 2008. Los agentes policiales llegaron a rastrear casi 400.000 movimientos bancarios solo en el entorno del empresario Ignacio González Martín y que hasta tomaron declaración a los trabajadores de los concesionarios que vendieron vehículos a algunos de los implicados en los años posteriores al presunto pelotazo de Las Teresitas.
Y eso que en los informes de las diligencias previas, los policías dicen haber encontrado pruebas del supuesto enriquecimiento irregular de los principales actores, como que el exalcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, adquiriese en solo 15 días 145 décimos de lotería que resultaron premiados en los sorteos del Navidad y El Niño de 2001.
La causa principal llega al Supremo con un total de 13 imputados por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Estos son los principales argumentos de la Fiscalía contra ellos.
E Miguel Zerolo
Zerolo, como responsable último del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, decidió y puso en marcha, según María Farnés, los mecanismos administrativos cuya única finalidad eran la compra por parte del Consistorio de las 11 parcelas del frente de playa de Las Teresitas, "a un precio desorbitado y mediante la firma de un convenio que suponía un beneficio para la parte privada y un grave perjuicio al erario".
Anticorrupción denuncia la absoluta falta de motivación del que era alcalde para llevar a cabo la expropiación, solución que habría evitado un gasto de dinero público desmesurado de 8.750 millones de pesetas. Además, lo hizo aún a sabiendas de que había tres informes que reducían ese valor a menos de 3.000 millones y de que más de 9.000 metros cuadrados eran de dominio público, tal y como había confirmado la demarcación de Costas.
E Manuel Parejo
"Contribuye de una manera decisiva a la resolución que posteriormente se adopta" de comprar el frente de playa a un precio desorbitado al ser el consejero delegado de la Gerencia de Urbanismo en la fecha en que ocurrieron los hechos y al dar todas las directrices a los funcionarios para que realizaran los informes para amparar el precio pactado con los empresarios. Es conocedor de la contradicción de las valoraciones económicas de las parcelas.
E Juan Víctor Reyes
"Colabora con el hecho delictivo pese a no dictar la resolución, pero siendo consciente de que mediante su aportación presta la ayuda necesaria", señala Anticorrupción. Era secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo cuando realiza un informe que niega la posibilidad de expropiación, con apreciaciones equivocadas, y firma el informe de valoración que le interesa a los empresarios pese a no ser arquitecto municipal.
E Antonio Messía
Era interventor general del Ayuntamiento en el momento de los hechos delictivos. Emite un informe para justificar el precio pagado a los empresarios y está presente en el pleno en el que se aprueba la compra de las parcelas.
E José Eugenio de Zárate
Colaboró en los hechos delictivos siendo secretario general del Ayuntamiento. Las partes firman ante él un convenio que en esa fecha no existía en el Consistorio.
E José Tomás Martín
Era el gerente de Urbanismo del Ayuntamiento. Sabía que 9.000 metros cuadrados de las parcelas eran de dominio público y solicitó una tasación a CajaCanarias siendo conocedor de que la entidad era parte interesada en la operación.
E José Luis Roca
Era el interventor delegado de Urbanismo. Omite su obligación legal de incoar un expediente debidamente justificado que diera lugar a una propuesta de gasto y de pago a Inversiones Las Teresitas.
E Ignacio González y Antonio Plasencia
Colaboran de una forma decisiva, como socios de Inversiones Las Teresitas, en la resolución del Ayuntamiento y son los grandes beneficiados al lograr 8.750 millones de pesetas por una parte de los terrenos que habían comprado tres años antes por 5.500 millones. Todas las decisiones del convenio fueron tomadas por ellos aunque no firman ni este documento ni la escritura de compraventa. Participan personalmente en diversas reuniones llevadas a cabo con autoridades y funcionarios para acordar el precio de la compra y son conocedores de los informes que rebajan a menos de la mitad el verdadero valor de los terrenos. Mostraron sumo interés porque la operación se llevara a cabo por el precio fijado por ellos unilateralmente.
E Pedro González y Carlos Plasencia
Actúan de una forma decisiva en la resolución del convenio al ser los apoderados de Inversiones Las Teresitas y al mismo tiempo hijos de los también imputados Ignacio González y Antonio Plasencia.
E Emilio Fresco y José Emilio García Gómez
Estuvieron presentes en varias reuniones donde se llega a un acuerdo con la parte privada de la negociación. Están presentes y votan a favor en la sesión plenaria de julio de 2001 en la que se aprueba la compra de los terrenos del frente de playa a Inversiones Las Teresitas.
* La Opinión Tenerife - 11-12-11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto de Las Teresitas - laopinion.es
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ELPAÍS/Reportaje* : Diez expertos -profesionales, críticos, catedráticos- y una sola pregunta: ¿Qué edificio borraría del mapa de Madrid? Entre los agraciados, el "pastiche" de la catedral de la Almudena o el hotel "espectáculo" Puerta de América.
El monumental edificio de la Mutua en la calle de Almagro era "Nuestra Señora de los Seguros" y la metálica iglesia del Buen Suceso de Princesa, "el Santo Niño de la Buena Lata". Entre 1984 y 1985, Manolo Blanco, hoy catedrático de Composición Arquitectónica, escribió la sección Mis horrores favoritos en la emblemática revista de la movida La Luna. "Madrid era entonces un lugar arquitectónicamente gris, así que si quería hablar del aquí y el ahora, que era lo que nos interesaba en la movida, lo único que podía hacer era criticar con sentido del humor". En su estudio repasa sus ataques contra Azca o la reforma de Colón muerto de risa: "¡Me ratifico en todo!", dice, y también "hoy la ciudad es mucho más interesante". Puede ser, pero ¿qué equivocaciones marcan la ciudad actual? Preguntamos a 10 arquitectos por sus horrores favoritos y no nos responsabilizamos de sus opiniones.
1. Los PAU. De entre sus horrores actuales, Manolo Blanco prefiere no concretar. "Me disgusta la arquitectura comercial de mucho brillo, que solo es ruido, y esas casas de la periferia, anodinas, aburridas y basadas en un estándar caduco". "En los nuevos PAU [Programa de Actuación Urbanística] hay actuaciones muy brillantes, como las obras de Alejandro Zaera o el Estudio Dosmasuno en el Ensanche de Carabanchel", dice, "pero están rodeadas de edificios horribles, homogéneos, sin ideas. Y son precisamente esos pisos, los de enfrente de los buenos, los que están hechos 'como Dios manda', donde la gente prefiere vivir porque son como los que tiene su cuñada. Esa alienación me horroriza, ese deseo de es-tandarización, ese triunfo de lo de siempre sobre lo bueno".
2. La Puerta de Europa (Castellana, 180 y 212). "Las Torres KIO son la síntesis de lo que nunca debería hacer la arquitectura", dice el multipremiado Alberto Campo Baeza, usando el nombre antiguo de las llamadas Puerta de Europa I y II. Promovidas en los noventa por la empresa Kuwait Investments Office, fueron protagonistas de un escándalo inmobiliario. "Son el símbolo de un momento cutre que resume muy bien El día de la Bestia de Alex de la Iglesia", dice Campo Baeza. Aquella gomina yuppi engrasó esta crisis pero símbolos aparte, Campo Baeza critica la principal decisión estética de los estadounidenses Philip Johnson y John Burgee: "Las torres están caprichosamente inclinadas. Son contra natura. La estructura se encarece, y mucho, innecesariamente. Lo más que consiguen es el asombro de los ignorantes". Y tampoco han envejecido bien: "Se les ha pasado la gracia, ¡maldita gracia! Y hasta se han quedado pequeñas, ridículas, frente a las torres del Real Madrid, que son más altas y más lógicas y más airosas que ellas".
3. La catedral de la Almudena (Bailén, 8). Neoclásica en el exterior, neogótica en el interior y neorrománica en la cripta. La catedral de la Almudena, es, según Antonio Miranda, catedrático de la Universidad Politécnica, "un pastiche de estilos anacróni-cos". "Ecléctico y artificial, es un edificio repulsivo, que mezcla todos los estilos habidos y por haber con tan poca gracia que ni siquiera puede resultar irónico". La catedral es el resultado de una obra que se extiende desde 1879 a 1993, de la que se ocuparon varios arquitectos, principalmente el Marqués de Cubas (autor del proyecto original de finales del XIX, inspirado en el gótico francés) y Fernando Chueca Goitia, que se hizo con el proyecto hacia 1945 y lo finiquitó medio siglo después en un estilo más neoclásico. En medio, parones, problemas, cambios de moda y de arzobispos... contribuyeron al pastiche. "El resultado es una porquería", dice Miranda. De remate, la muy polémica decoración de pinturas y vidrieras del ábside encargada en 2004 por Rouco Varela a Kiko Argüello.
4. Hotel Puerta de América (avenida de América, 41). Gallardón descubrió la fachada flanqueado por Jean Nouvel, Arata Isozaki y algunos más de los 19 arquitectos y diseñadores de relumbrón que participaron en la obra. Doce plantas distintas ideadas por Zaha Hadid, Mariscal, Norman Foster o Victorio y Lucchino. Era 2005 y el colorista edificio resumía, según el alcalde, la promesa de Madrid 2012: vanguardia e inversiones. Pero 2012 ya llega y no se presenta precisamente olímpico... "Este edificio me produce un malestar especial porque degrada la función de la arquitectura al mero espectáculo, convirtiéndose en un símbolo del momento en el que fue construido, en plena burbuja de prosperidad fingida y de excesos", dice Luis Fernández Galiano, catedrático y director de la revista Arquitectura Viva. "Entiende la arquitectura como algo vinculado a la moda, al glamour; como la decoración o el ornato de una estructura anónima. Y encima oculta uno de los mejores edificios de Madrid, Torres Blancas, de Sáenz de Oiza, que antes era lo primero que veías cuando entrabas en la ciudad".
5. Rectorado de la Complutense (Ciudad Universitaria). La Ciudad Universitaria estaba a punto de estrenarse cuando estalló la Guerra Civil. Las racionalistas facultades se usaron como trincheras y gran parte del proyecto desarrollado se reconstruyó tras la contienda. Al final de la posguerra, entre 1948 y 1952, se levantó el Colegio Mayor José Antonio, hoy sede del Rectorado. "Lo llamábamos el Telón de Arrese", recuerda el premio Nacional de Arquitectura Antonio Fernández Alba, "porque cortaba las vistas a la sierra y porque lo levantó José Luis Arrese, un arquitecto falangista que llegó a secretario del Movimiento". "El inmueble intenta reproducir la arquitectura de los Austrias, recuperando las esencias del Imperio", dice Fernández Alba. "El estilo nacional tiene edificios buenos como el Ministerio del Aire de Gutiérrez Soto. Pero el Rectorado es un revival malo y molesto porque no pinta nada en un ámbito tan bien planteado". "Así que, además de feo, destruye el paisaje y el entorno urbanístico donde se encuentra".
6. Torre Titania (Castellana, 71-85). "Lo que duele de la nueva torre es la oportunidad perdida", dice el arquitecto y bloguero Edgar González. "El Windsor, al que reemplaza, era un edificio muy interesante y este baja el listón en un lugar de mucha visibilidad". La nueva Torre Titania, proyectada por dos de los 19 arquitectos en plantilla de El Corte Inglés, "raya lo anodino", según González. "Es una obra autista: sin arraigo identitario con el entorno... Podría estar en Wichita". "En un barrio nuevo no me parecería grave, pero me da pena que el único rascacielos nuevo de Azca sea esto", dice el bloguero. Los arquitectos Emilio Tuñón y Luis Mansilla opinan casi exactamente lo mismo: "Tras el incendio, en febrero de 2005, el recuerdo de la nítida torre anterior, con su poderoso planteamiento estructural, hace que el nuevo edificio resulte débil y desdibujado. Pero, tal vez, su mayor déficit sea el hecho de haber perdido una gran oportunidad de repensar y hacer ciudad en un lugar tan complejo e intenso como es Azca".
7. Gerencia de Urbanismo (Guatemala, 13). "¿Un edificio horrible? Gerencia de Urbanismo, ¡sobre todo porque es un nido de gánsteres!". Ricardo Aroca, exdecano del Colegio de Arquitectos, se carcajea con su propia incorrección política. La institución se aloja en unas antiguas cocheras de autobús, "un inmueble inadecuado, construido para una función radicalmente distinta a la que cumple". Resultado: "Es un caos de pasillos, un laberinto de despachos que incumple todas las normas que ellos exigen a los ciudadanos... He visto salidas de emergencia con candado". La institución se mudará el año que viene, y el Ayuntamiento planea derribar el edificio para vender el suelo residencial. "En Gerencia de Urbanismo se decide la ciudad del mañana, así que el edificio que la aloje debería parecerse a lo que imaginan que es el futuro quienes deciden cómo es la ciudad", dice Aroca.
8. Las corralas. "Madrid es una birria, arquitectónicamente. No tiene monumentos, no tiene Torre Eiffel ni Campos Elíseos... Es simpática, pero como lo es un niño bizco". Carlos Sambricio, catedrático de Historia de la Arquitectura, echa la culpa a Fernando VII, a quien llama "la bestia". De esa ciudad de antaño salva el Prado de Villanueva y lo que más le irrita son las corralas, sobre todo la visión nostálgica que de ellas tenemos hoy. "Recuperarlas supone idealizar la miseria", dice, "las zarzuelas de Arniches han sido muy dañi-nas... confunden lo popular, que es noble, con lo populachero, defienden la cochambre y a esos chulos que no son más que maleducados bajo la etiqueta del casticismo". "Las corralas eran infraviviendas con retretes compartidos, donde la gente se hacinaba sin higiene. Un modelo especulativo que ni siquiera tiene el empaque estético de las Mietkasernen, los bloques de alquiler berlineses del XIX", dice el catedrático.
Los 10 miembros del 'jurado'
- Manolo Blanco. Catedrático de Composición Arquitectónica en la Politécnica y comisario de muestras internacionales.
- Alberto Campo Baeza. Autor de obras como la Casa Turégano (Pozuelo) o la Caja de Granada. Ha recibido premios en las bienales de Venecia, Buenos Aires y Miami.
- Antonio Miranda. Catedrático de Proyectos de la Politécnica y autor de varios libros de crítica arquitectónica.
- Luis Fernández Galiano. Catedrático y director de las revista Arquitectura Viva, ha sido crítico visitante en Harvard y Princeton y presidente del jurado en la Bienal de Arquitectura de Venecia.
- Antonio Fernández Alba. Premio Nacional de Arquitectura en 1963 y 2003, premio Nacional de Restauración, medalla de oro de la Arquitectura y académico.
- Edgar González. Arquitecto y editor de www.edgargonzalez.com, una de las páginas sobre arquitectura con más visitas en castellano.
- Luis Mansilla y Emilio Tuñón. Atores del MUSAC de León o el Museo de las Colecciones Reales de Madrid, son premio Nacional de Arquitectura y Mies van der Rohe.
- Ricardo Aroca. Ha sido profesor y director de la Escuela de Arquitectura y decano del Colegio de Arquitectos.
- Carlos Sambricio Catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo y autor de numerosos libros.
* El País - PATRICIA GOSÁLVEZ - Madrid - 10/12/2011
Foto: El PAU de Carabanchel, en la avenida de la Peseta. EL catedrático Manolo Blanco lo elige por su "alienación".- elpais
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PÚBLICO* : La Generalitat se hace cargo de la empresa que gestiona la Fórmula 1, con una deuda de 30 millones de euros. Vende por 65 millones Terra Mítica, en la que invirtió casi 400.
"Esta reorganización va a suponer un ahorro de 12 millones de euros al año", anunciaba ayer la portavoz del Consell de la Generalitat Valenciana, Lola Johnson. La "reorganización" supone dar carpetazo a varios de los proyectos estrella de los gobiernos autonómicos comandados por Francisco Camps y Eduardo Zaplana. Y el "ahorro" se adivina cuanto menos discutible.
El Consell acordó vender Terra Mítica. Proyectado como el primero de los grandes proyectos de cuño propio ideados por el primer gobierno del PP en el País Valencià, el parque temático de Benidorm, de la mano de Eduardo Zaplana, costó 377 millones de euros (107 más de los presupuestados en el proyecto inicial) y no dejó de generar pérdidas desde su inauguración en julio del año 2000. Ninguna de las previsiones proyectadas por el Consell en su día se cumplió en ningún momento.
Ni llegaron los 3 millones de visitantes anuales estimados (el pasado año fueron 520.000 y ningún año se superó el millón), ni se generaron los empleos prometidos se anunció que se crearían 8.000 entre directos e indirectos, cuando el último ERE planteado por la dirección aseguraba que sobraban 197 de los 550 trabajadores de la plantilla. El parque nunca se movió de esa tesitura y ya en julio de 2005 se hablaba de su venta (era propiedad de Bancaja, CAM y la Generalitat) "nunca por menos de 80 millones". Ayer Johnson cifraba la transacción del porcentaje de la Generalitat (el 22,3%) en 65 millones de euros, de los cuales cabría restar 15 ya "invertidos en el parque", mientras que el resto se destinará a resolver parte de su "deuda histórica".
El Consell acordó también la compra de Valmor Sports, que gestiona la prueba de Fórmula 1 en Valencia. La empresa, integrada por Bankia, el expiloto Jorge Martínez Aspar y el presidente del Villareal CF, Fernando Roig, será adquirida al simbólico precio de 1 euro y su deuda actual se cifra en 30 millones. La prueba automovilística en el circuito urbano de Valencia fue incluida como promesa electoral de Francisco Camps para su reelección al frente de la Generalitat en los comicios de 2007 bajo la premisa de que no costaría "un solo euro" a los valencianos. Pero lo cierto es que el erario ha absorbido el coste de en torno a 100 millones de euros por la construcción del circuito urbano y el canon de la prueba desde su tercera edición: se estima que el precio que se paga a Bernie Ecclestone, dueño de la prueba, se sitúa entre los 17 y los 19 millones anuales, aunque el Consell nunca ha sacado a la luz ese dato.
Expectativas incumplidas
Los halagüeños pronósticos realizados por el Gobierno de Camps respecto a la prueba no se cumplieron. Al "coste cero" que se convirtió en el centenar largo de millones invertido hasta la fecha, habría que sumar el cálculo nunca alcanzado de 140.000 espectadores por carrera este año fueron 85.000, invitados incluidos, y la promesa del "impacto positivo" en creación de empleo, que, de ser cierto, no evitó el crecimiento de desempleo en la ciudad de Valencia entre 2007 y 2010 por encima de la media estatal.
No fueron estos dos los únicos grandes proyectos que tomaron ayer un nuevo rumbo. La portavoz del Consell anunció también que tiene la intención de externalizar la gestión de la Ciudad de la Luz. Los estudios cinematográficos ubicados en la provincia de Alicante un proyecto original de Zaplana, heredado y rediseñado por Camps, que elevó su coste de los 100 millones del presupuesto inicial a más de 170, nunca obtuvieron beneficio y fueron sumando pérdidas a un ritmo de 20 millones anuales desde su apertura. Los estudios, que pagaban por albergar rodajes (en 2009 se contabilizaron 4,9 millones de su presupuesto en este concepto, mientras que en 2006 se pagaron 4,6 sólo para que aterrizara allí el rodaje de Astérix en los Juegos Olímpicos), estaban gestionados actualmente por la sociedad Aguamarga, a la que se pagaba por realizar esta función. El objetivo del Consell es que en adelante sea una empresa privada la que lo realice a cambio de un canon.
Además, Johnson avanzó que el Consell buscará nuevas fórmulas para vender el solar sobre el que estaban previstas las torres de Calatrava, por cuyo diseño la Generalitat pagó 15 millones de euros.
* Público - JUAN E. TUR Valencia 10/12/2011
Foto: Las piezas de la cubierta móvil del Ágora de Calatrava, abandonadas en un solar en Valencia.- publico
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ELMUNDO/Pontevedra* : El Hotel Talaso, un balneario de agua marina ubicado entre los municipios de Baiona y Oia, suma una nueva denuncia desde el pasado mes de agosto. Con una orden de demolición pendiente desde el año 2007, el complejo turístico es acusado en esta ocasión de vertidos contaminantes al mar y de captar agua para sus piscinas en el mismo lugar.
El Juzgado de Tui instruye desde este verano diligencias por supuestos delitos contra los recursos naturales, el medio ambiente y la salud pública contra la entidad Balneario del Atlántico S.L, propietaria del hotel, así como por "omisión y dejación de funciones" contra las consellerías de Medio Ambiente (Augas de Galicia), Sanidade y Mar, el Ayuntamiento de Oia y la Dirección General de Costas.
Eulogio Abeleira, experto en urbanismo que ha abierto cientos de pleitos contra las administraciones locales de gran parte de la comarca de Vigo, es otra vez el autor de una denuncia que tiene "como único objetivo que se reponga la legalidad y dejen de contaminar".
Según los informes y el amplio dossier presentado por Abeleira en el juzgado, el centro de talasoterapia está vertiendo "aguas sucias y residuales al mar" a través de un punto de desagüe que desemboca directamente en la línea de costa. Los análisis aportados reflejan que se están vertiendo aguas fecales de forma masiva y excediendo "con mucho" los límites autorizados por la Xunta de Galicia.
El denunciante destaca que "el Talaso recoge el agua del mar a escasos metros de donde vierte aguas fecales y posteriormente, las utiliza en su piscina y bañeras para realizar con ella los tratamientos de talasoterapia de los clientes". Augas de Galicia autorizó en el año 2003 a la empresa para el vertido de sus residuos a 500 metros de la costa, aunque según alerta Eulogio Abeleira esa infraestructura nunca llegó a construirse por su alto coste y la contaminación "puede estar dañando y contaminando el banco marisquero y perjudicando gravemente la costa".
'No queremos entrar en su juego'
Los propietarios del hotel negaron este viernes las acusaciones y señalaron que eran víctimas de una persecución por parte del denunciante. "Esto es un sinvivir por culpa de este hombre que solamente se dedica a esto. Llevamos diez años de sufrimiento", explican los propietarios, conocidos hosteleros de la comarca del Val Miñor. "Nunca hemos querido entrar en su juego", añaden.
Abeleira, por su parte, asegura que no se trata de un asunto personal con los propietarios y que su intención es frenar las irregularidades urbanísticas que se producen desde los ayuntamientos. "No tengo nada contra los dueños, pero tiene que haber alguien que paralice esto de una vez", indica antes de acusar a la administración. "Se dedican a tirar galponcitos y a dejar a la gente en la calle, pero siguen haciendo lo que les da la gana y todo queda en el baúl de los recuerdos", explica.
Acusa a la Agencia de Proteccion da Legalidade Urbanística (APLU), dependiente de la Consellería de Medio Ambiente, de no ejercer la orden de demolición dictada en sentencia firme por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) hace cuatro años y va más allá al señalar que están intentando legalizar el edificio en el plan urbanístico del municipio de Oia.
Proyecto sectorial
"Mantienen diversas conversaciones político-particulares con el ánimo de encajar un posible plan sectorial de la zona, dándole cabida dentro del futuro Plan de Ordenación Xeral, obviando que serán nulos de pleno derecho, los actos o disposiciones contrarios a los pronunciamientos de las sentencias, que se dicten con la finalidad de eludir su cumplimiento", argumenta.
El TSXG emitió sentencia en 2007 tras el pleito interpuesto por Eulogio Abeleira al entender que el inmueble se había construido sobre un suelo rústico con una disposición municipal que no se había tramitado. Desde entonces, las licencias han sido anuladas y todavía no se ha repuesto la legalidad.
El Hotel Talaso también recibió una subvención de 740.000 euros por parte del Ministerio de Haciendo al reclamar daños por la catástrofe del petrolero 'Prestige', a pesar de que el complejo no funcionaba en noviembre de 2002, fecha del naufragio, y todavía estaba en construcción.
* El Mundo - Antonino García - 9.12.11
Foto: Oia (Pontevedra), vertidos hotel Talaso Atlántico - elmundo
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DIARIODENAVARRA* : El Ayuntamiento de Pamplona tiene 812 pisos en propiedad, para oficinas, apartamentos tutelados, escuelas infantiles o realojos. Pero en San Pedro y la c/ Garde, en la Rochapea, tiene un problema con quienes los ocupan ilegalmente.
Unos viven sin luz, sin agua y sin gas, o los roban de sus vecinos. Apenas tienen mobiliario. Cuentan sólo con un techo bajo el que resguardarse, techo que ni siquiera es suyo, y sobrepasando la barrera de lo legal. Otros viven con el miedo de no sentirse seguros en su propia casa, de no irse por miedo a no poder volver, aguantando amenazas y presenciando delitos. La situación de los "ocupas" o inquilinos ilegales que conviven con los vecinos legales, la encarnan dos lugares de la Rochapea: la calle Garde y el barrio de San Pedro. Dos mundos separados por Marcelo Celayeta, una de las calles principales del barrio, pero casi encerrados en sí mismos.
Las 234 viviendas de San Pedro se construyeron hace más de 60 años con el fin de alojar a funcionarios, aunque con el paso del tiempo, muchos propietarios han fallecido y los pisos han pasado a formar parte del Ayuntamiento de Pamplona, que los ha mantenido para poder destinarlos al realojo urbanístico provisional. De los 79 pisos vacíos, hay decenas ocupados por inquilinos ilegales, una situación que comenzó hace más de dos años. Sucede los mismo en la calle Garde, donde más de la mitad de las 34 viviendas están ocupadas. Desde 2004 se han registrado un total de 20 denuncias de tipo penal por ocupación. En lo que llevamos de 2011, han sido 16 denuncias administrativas y 13 avisos de ocupación, mientras que en 2010 se registraron 14 avisos, según datos de la Policía Municipal.
Las autoridades actúan, en la mayoría de los casos, de oficio. "Normalmente nos llama un vecino porque alguien se ha metido en la casa de al lado, o porque han oído ruidos. Entonces vamos a comprobarlo y si llevan poco tiempo, Urbanismo dicta una orden para hacer el desalojo y se efectúa de forma inmediata, por vía administrativa. Cuando llevan más tiempo en la casa, es necesario efectuar una denuncia y se hace por vía judicial, así que el proceso es más lento", indican desde la policía. El juez da un plazo a los inquilinos ilegales para que dejen la casa y, si no lo hacen, acuden los servicios judiciales acompañados de la policía para efectuar el desalojo y cerrar después la casa, para impedir que vuelvan a ocuparla. Aunque los plazos son recurribles, y muchos vuelven a entrar.
Desde el Ayuntamiento, afirman que conocen la situación de ambos lugares y están "tratando de resolverlo". Muchas de las denuncias de los vecinos recaen primero en el área de Patrimonio, ya que los pisos ocupados son propiedad del ayuntamiento. Afirman que a finales de 2010 fue cuando más problemas había, pero la situación ahora está "más controlada". "Se arreglaron algunos de los pisos con la previsión de hacer algo, porque conocemos la situación y estamos estudiando una solución. Pero el problema es muy grande y la gestión administrativa, muy lenta. Necesitamos más medios. Sabemos que hay que hacer algo con los pisos, porque ya no hay tanta necesidad de utilizarlos para realojos. Estamos pensando en otras posibilidades", explican.
Garde, centro de ocupación
Los 48 pisos municipales de la calle Garde se reparten en cuatro portales y se destinan a realojos. La mayoría de ellos están ocupados ilegalmente. La puerta de varios portales permanece siempre abierta. En uno no hay portero automático, fue arrancado. Dentro, los buzones no tienen cerradura. No hay luz. Al subir un par de pisos, algunas bolsas de basura ocupan parte del descansillo. Cuadros de cables eléctricos asoman, abiertos y manipulados, por encima de varias puertas. En el portal contiguo, dos de las ocho viviendas tienen sus puertas bajo candado. Otras dos están ocupadas por inquilinos ilegales, y en el último piso, viven los vecinos.
"Aquí pagamos sólo tres", explica uno de los vecinos, que no quiere dar su nombre. Lleva 7 años viviendo en la calle Garde y confiesa que antes de llegar, muchas casas ya estaban ocupadas. "Ahora no dan problemas, pero roban el agua y la luz. Cada uno tiene derecho a vivir donde pueda, pero no es justo es que nosotros paguemos y ellos se rían de nosotros y del Ayuntamiento. No sé si podrán pagar o no, pero para salir y andar con coches ya tienen", explica. "Problemas tenemos todos. No entiendo cómo el Ayuntamiento no está encima para que paguen, y si no pagan, que se vayan".
Un bloque más adelante, la situación de algunos vecinos empeora. Aunque dos de ellos afirman que ahora no hay problemas, hace un tiempo estaban mucho peor. "A mi mujer le dijeron que le iban a cortar el pescuezo", explica otro vecino. Afirma que la situación de su portal, con la cerradura rota, sin luz y los buzones destrozados, se ha mantenido así durante más de dos años. Tienen que subir a oscuras. No abren la puerta a nadie, y siempre echan la llave. No se fían.
"Aquí puede entrar cualquiera. Y tenemos que aguantar, a las tantas de la madrugada, los ruidos de gente que sube y baja. Por la mirilla, vemos que continuamente hay gente entrando y saliendo del ascensor. Se quedan arriba del todo, donde no hay puertas", explica. En más de tres ocasiones, la policía antidrogas ha tenido que acudir a ese bloque para expulsar a varios "okupas". "Antes se metían con nosotros. Vino la policía y nos amenazaron porque decían que les habíamos avisado. Hemos hablado con el Ayuntamiento pero nos dicen que arreglarán el portal cuando se vayan. ¿Y cuándo será eso?", se pregunta.
Confiesa que no pueden vivir más en esa situación: se sienten inseguros en su propio hogar. Ahora parece que la situación está más tranquila. "Otros "okupas" han respetado las cosas, en otros portales, porque la calle está llena y no todos son iguales. Pero aquí no rompen más cosas porque no hay más que romper", afirma. "No nos atrevemos a marcharnos de casa y dejar el piso vacío porque cuando volvamos igual no tenemos piso. Aquí han querido entrar muchas veces. Se van unos y vuelven otros, estamos siempre en las mismas. Y el ayuntamiento lo sabe pero no hace nada", indica.
"Para ir a comprar tienes que ir de día", afirma su mujer. "Los niños de 12 años que andan por el portal, una vez me sacaron una pequeña navaja. "Yo te denuncio", me dijo uno; "Y yo te mato", contestó el otro. ¿Qué les vas a decir? Ni al portal se puede entrar tranquilo", confiesa. Ambos se muestran hartos de una situación que, afirman, les viene grande. "No podemos hacer nada. No arreglan el portal porque dicen que es vandalismo, o que lo tenemos que arreglar los inquilinos. Y así llevamos años. No puedo dormir tranquila ni en mi propia casa, y yo pago el alquiler y la comunidad. Si no lo hago, me echan. Entonces, ¿por qué siguen ellos aquí?". Lo que más les molesta, indican, es la inseguridad y la dejadez del ayuntamiento. "Aquí ha habido muchos problemas con la droga. Ahora no, pero sigue viniendo gente extraña. No les puedes decir nada porque igual toman represalias. Y lo único que dicen desde el ayuntamiento es que ya están al corriente de la situación".
San Pedro, abandonado
Pocos metros separan la calle Garde de su vecino barrio de San Pedro, construido hace 60 años para habitar a trabajadores del Ayuntamiento de Pamplona y que es actualmente otro de los centros focalizados de ocupación ilegal. Una plaza central rodeada por viejos bloques de ladrillo, algunos desgastados por el tiempo, y separados por calles estrechas. La ocupación es un problema, según explica una de las vecinas, generalizado en el barrio. "De las 150 viviendas que hay, 95 están vacías o ocupadas", explica. "Mi madre vive rodeada de ocupas".
De las 6 viviendas que forman su bloque, una está bajo candado y tres ocupadas de forma ilegal. Hace cuatro años que rompieron la cerradura del portal, los buzones están destrozados y los contadores de luz y agua, manipulados. Hace meses que no tienen luz en las escaleras. Bajan siempre con linterna, y no abren la puerta nunca sin mirar por la mirilla. "Antes había personas indeseables: hacían ruido, había trapicheos a las tantas de la madrugada, subían y bajaban las escaleras de noche... Algunos han salido; el resto parece que se ha calmado", cuenta. "Lo peor es no saber con quién vives".
Esta vecina afirma que ha puesto tres quejas (en julio de 2009, febrero y mayo de 2010) al Ayuntamiento de Pamplona, por la situación que vive el barrio, y la que vive su familia en el portal. "En Patrimonio ya me conocen", asegura. "Estoy más enfadada por el abandono del ayuntamiento que por los ocupas, que ahora no dan problemas. Llevamos 60 años aquí, y ahora que hay gente mayor, el barrio está en muy malas condiciones. Está desolado, los comercios volaron y ha ido muriendo por la dejadez del Ayuntamiento".
Hace años que viven esta situación, y los inquilinos ilegales llegaron a inundarles el portal por manipular las tuberías, además de dejarlo sin interruptores. "Desde Patrimonio nos dijeron que si lo arreglaban, lo iban a volver a romper. La policía dice que denunciemos pero estamos solos, rodeados de gente extraña, y lo van a saber. No podemos denunciar, ya nos han amenazado".
"Antes era insoportable: música alta, subían y bajaban toxicómanos, coches a las dos de la mañana con gente extraña, porrazos en la puerta, entregas de droga... Ahora nada. No se les oye y no tenemos problemas con ellos. Si hay personas que necesitan un sitio para vivir y ocupan una casa, no nos metemos con ellos, porque no sé los problemas que pueden tener. Los oyes pero no se les ve mucho, mientras no hagan mal..."
En el mismo portal, otro vecino señala que la convivencia es buena. "Nosotros evitamos problemas. No queremos entrar en el tema. El Ayuntamiento debe resolver la situación, sin que nosotros entremos en conflictos", explica. Él tampoco quiere dar su nombre, son pocos los que viven de forma legal, y los conocen. Llevan tres años en el piso, y desde que llegaron han vivido la misma situación que sus vecinos. "El mayor problema es que nos sentimos inseguros: vivimos con la puerta del portal abierta, con personas que han manipulado los cables y pueden causar un incendio, viene gente extraña de madrugada... No salimos de casa porque no sabemos lo que nos podemos encontrar cuando volvamos. Siempre se queda alguien", confiesa.
"Cada vez que salen unos, vienen otros. El Ayuntamiento no pone medidas de seguridad en las casas, y entra quién quiere. Nosotros no podemos controlar quien entra y quién sale, la policía lo sabe y no hace nada", explica. "Necesitamos conocer a nuestros vecinos para saber con quién convivimos, y ellos a nosotros, para tener confianza y que podamos convivir bien, como una comunidad. Creo que es algo básico".
FLORENCIA H. M. INQUILINA ILEGAL
"No son pisos para el realojo, se caen a pedazos y nadie quiere vivir aquí"
Son cuatro en casa. Un matrimonio, ambos de 21 años, con dos hijos de dos años y cuatro meses. Ocupan una casa de la calle Garde desde hace 1 año. Sin apenas muebles, y con las persianas bajadas para que no les vea la policía, uno de los pequeños juega en el salón, con sus coches de carreras. En el único sofá, ella cuenta que ninguno de los dos tiene trabajo, y que el piso que tenían antes se lo "quitó" el banco por no poder pagar. "No podemos vivir en la calle. ¿A dónde vamos con los críos? Sólo queremos un techo para resguardarnos", explica. "Vimos la casa abierta y nos metimos. Había muchos pisos abiertos. ¿Para qué quiere el Ayuntamiento tantos pisos vacíos? ¿Por qué no pueden ponerlos en alquiler?", pregunta. "Ya nos echaron más de una vez. Recurrimos la denuncia pero estamos siempre en las mismas".
Florencia H. M., de 73 años, vive en el piso de abajo, con su hijo Juan E. H., de 27 años y con síndrome de down. Ella paga los gastos de comunidad con la pensión que recibe, de 500 euros, pero vive como inquilina ilegal en el piso desde hace algo más de un año. "Prefiero una casa, un techo, antes que comer", afirma.
"Estos pisos no pueden estar destinados al realojo urbanístico del Ayuntamiento porque los tienen en muy malas condiciones. Se caen a pedazos, y nadie quiere venir aquí. Muchos se han ido, no se meten. ¿Y qué va a hacer el Ayuntamiento con estos pisos? ¿Nos van a echar de aquí para dejarlos vacíos y en ruinas?", se pregunta. "¿A dónde iremos entonces, cuando nos den la patada? Si nos ponemos a vivir en la calle es un escándalo, estamos muchos en la misma situación. El Ayuntamiento tiene que hacer algo: darnos la oportunidad de quedarnos, pagando o como sea", sugiere.
MARÍA A. J. INQUILINA ILEGAL
"Si siguiera cobrando pagaría un alquiler"
Hace 8 años que María A. J., de 31 años, se fue de casa. Ha estado durmiendo en un coche tres años, hasta que la policía retiró el vehículo. Se hizo hueco en la casa que ocupa ahora en San Pedro. "No tenía a dónde ir, conseguí las llaves del piso de los inquilinos anteriores. Ahora vivo sola".
"Nunca tuve problemas para pagar la vivienda anterior, porque por padecer una incapacidad a causa de mi enfermedad estaba cobrando una renta básica del Gobierno, de 575 ?/mes. Hacía cursillos para ganar algo más, y pagaba 80 ? de alquiler, además de gastos de agua y luz".
Aunque continúa recibiendo la paga del Gobierno, afirma que cada vez se retrasa más. Su hermana le paga las facturas de la luz, porque están a su nombre. "Compré calentadores porque pasaba mucho frío. Me fui de casa y cuando volví, me habían robado los radiadores, los calentadores...", explica. No sube nunca las persianas, dice que entra mucho frío. En el salón, unas fotos adornan las estanterías casi vacías. "Si ves la nevera, te mueres", dice. Consigue comida en las parroquias y en Cáritas. Hace algunas semanas recibió la carta para que desaloje la casa. No sabe dónde irá.
* Diario de Navarra - VIRGINIA URIETA - 9.12.11
Foto: Pamplona, ayuntamiento - turismo
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MADRILONIA* : El proyecto de la Oficina de Vivienda de Madrid nace como respuesta al grave problema de la vivienda que estamos padeciendo y las intolerables situaciones que ahora atravesamos centenares, miles sino millones de personas: las que no sólo somos expulsadas a la calle, sino que hemos de seguir cargando con la deuda a pesar de ser despojadas de nuestras casas; las que hemos de consumir la mayor parte de nuestros ingresos en pagar alquileres e hipotecas abusivos; las que llevamos años habitando en las calles; las que nunca pudimos acceder a una vivienda; o las que somos acosadas por quienes no quieren inquilinas bajo rentas antiguas.
- El “problema de la vivienda”, algunas causas -
Las causas de este problema son múltiples y complejas, sin embargo se pueden resumir sencillamente en una palabra: especulación. Es mediante la especulación como ese 1% de la población que dirige la sociedad (comúnmente conocidos por LOS DE ARRIBA) acumula enormes riquezas y haciendo un negocio de un derecho mediante precios desorbitados, préstamos abusivos, desahucios incesantes y deudas eternas.
Estas fortunas, las que gestionan bancos y constructoras, son las mismas que financian y guían a la coalición PPSOE, que les provee de unas leyes a medida que garantizan sus inversiones al tiempo que convence a la gente de que solo la propiedad les puede dar derechos. Extendiendo la creencia a los de abajo (NOSOTRAS), que el derecho consistía en poder tener una vivienda en propiedad. Y así, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, PPSOE “taparon agujeros” otorgando a los especuladores, a la banca principalmente, los fondos necesarios para continuar con su negocio (fondos provenientes de los recortes en gastos sociales, como estamos pudiendo comprobar en nuestro día a día).
Una apuesta de lxs de abajo para lxs de abajo -
La Oficina de Vivienda se construye como un espacio desde el que poder dar respuesta a necesidades concretas de quienes estamos sufriendo las consecuencias de semejante estafa, con el fin de servir de soporte y ayuda en el proceso de la toma de derechos, y como una herramienta de lucha en común para lograr la tranformación de la leyes más intolerables que sostienen esta tragedia social.
- Lo concreto: (Tomar y hacer en vez de pedir y esperar)-
Ante lo acuciante de la situación, desde la Oficina de Vivienda hemos decidido no esperar que quienes han causado el problema den la solución. Por tanto empezamos a trabajar y nos articulamos respecto a tres ejes, que persiguen la cooperación entre quienes buscan realizar su derecho a una vivienda digna.
Asesoría: Un espacio desde el que informar de las posibilidades, los métodos y las consecuencias de la toma de edificios abandonados a la especulación, fomentando la cooperación en la toma de los mismos y la defensa colectiva de las viviendas recuperadas. Asimismo la asesoría buscará fomentar el estudio, la documentación y la formación colectivas sobre el problema de la vivienda, sus responsables y las distintas soluciones posibles.
Soluciones temporales de alojamiento: Ante todo lo ya mencionado y la gravedad de las situaciones que se están dando, el proyecto contempla establecer distintos lugares donde puedan alojarse temporalmente quienes se encuentren en estado de necesidad de vivienda y necesiten de un espacio temporal desde donde gestionar su realojo.
Ayuda a la expansión: Solidarizarse con quienes lancen su proyecto de realojo en cooperación con los barrios y pueblos de Madrid para la reutilización de casas que están en manos de bancos e inmobiliarias.
- La transformación social: (Porque mientras existan leyes injustas habremos de combatirlas para cambiarlas)-
Puesta a disposición de las casas abandonas a la especulación para la construcción de un parque público de vivienda en alquiler: Dado que el parque de viviendas vacías en manos de bancos e inmobiliarias se cuenta por millones, es necesario implantar medidas similares a las que ya se aplican en muchos países de Europa con el objeto de garantizar su puesta a disposición de la sociedad por un precio que no supere nunca más de un 30% de los ingresos de quienes las habiten.
Dación en pago retroactiva y paralización inmediata de los procedimientos de ejecución hipotecaria que afecten a personas sin recursos o en riesgo de exclusión social que no dispongan de una alternativa habitacional digna: No concebimos que la estafa hipotecaria a la que se vieron arrastradas millones de familias en este país concluya con la marginación social de las estafadas. Leyes y tribunales evitan inculpar a los bancos por la responsabilidad y riesgo sobre el préstamo concedido ni por tasar las viviendas con precios inflados para aumentar sus beneficios. Es más, tras la crisis la recompran a la mitad de ese precio que fijaron ellos mismos, dejando a gente en la calle y con deudas impagables a aquéllos que solo quería acceder a una vivienda. Exigimos que la entrega de la casa salde la deuda, que las víctimas no paguen paguen por los culpables. Y de igual forma, que se paralicen los procedimientos de ejecución sobre personas sin alternativas habitacionales, como es el caso de la primera vivienda, ya que entendemos que prima el derecho básico de vivienda por el de la propiedad privada de la banca.
Penalizar la especulación, despenalizar la ocupación: Resulta cuanto menos inadmisible que en medio de tantísimos casos de corrupción, de un modelo social que deja millones de viviendas vacías y a millones de personas en la calle, de un modelo político donde los delitos económicos prescriben sólo para los grandes (los de ARRIBA), sea delito penal el hecho de habitar una vivienda abandonada a la especulación. (!) Desde que hace 15 años se disparara la especulación inmobiliaria se introdujo en la reforma del código penal de 1995 el delito de usurpación de inmueble. Prueba más de que si las leyes son un obstáculo para la avaricia de los de arriba, la transformarán a su gusto, ya que precisamente las leyes las escriben los mismos que se enriquecen con la especulación inmobiliaria (Los de ARRIBA). Por eso exigimos además de la eliminación del delito de usurpación del código penal, sea de vivienda o para uso social colectivo, el establecimiento y el cumplimiento de fuertes penas para quienes han practicado la corrupción y la especulación dejando las casas sin gente y a las gentes sin casa.
http://oficinavivienda.net/
* Madrilonia - Opinión - 8.12.11
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