LAVOZDEGALICIA* : El Concello de Lugo no concedió la licencia de primera utilización al edificio de la casa sindical en los últimos siete años porque nadie la pidió, según señaló ayer el concejal de Urbanismo, Luis Álvarez. Explicó que la solicitud la presentaron recientemente y está ahora en trámite. Álvarez recordó que los técnicos pudieron comprobar que los cambios realizados en el edificio coinciden con el proyecto por lo que no ve ningún inconveniente técnico para conceder la autorización.
El edificio fue reformado por completo entre los años 2001 y 2003. Las obras las realizaron sin desalojarlo totalmente y mientras en las oficinas trabajaban unas 100 personas, que se trasladaron en función de los trabajos. Desde entonces funciona sin la correspondiente licencia de primera utilización. El concejal Jaime Castiñeira ante esta situación insistió que las administraciones públicas tienen que dar ejemplo en el cumplimiento de las normativas que son de aplicación. «Tal como a todos los particulares se les exigen las licencias -dijo- porque las normas están para cumplirlas todos, las administraciones deben ser más respetuosas en ese sentido».
Reparto de las plantas
En la antigua casa sindical de la Ronda da Muralla tienen su sede los tres sindicatos mayoritarios, la Inspección de Trabajo y la CEL, que accedió a la planta que le correspondía después de la reforma del 2003. Antes su espacio lo ocupaba el Inem, que se trasladó para un bajo de la Ronda da Muralla.
Antes de la reforma también tenían su sede en la AISS los dos juzgados de lo social, las antiguas magistraturas de trabajo, y el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación, que anduvo peregrinando por diferentes edificios de la ciudad.
La Inspección de Trabajo lleva años pendiente de trasladarse. Este organismo de la administración central ocupa una planta que le correspondió a UGT en el reparto del patrimonio sindical, reparto en el que quedaron fuera el resto de los sindicatos con representación en la provincia.
* La Voz de Galicia - 10.12.11
Foto: Lugo, ayuntamiento - turismo
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ELPAÍS* : La Generalitat reestructura todo el entramado creado en su día para gestionar los grandes eventos ante su estrepitoso fracaso. Así se desprende de lo anunciado hoy por la portavoz del Consell, Lola Johnson, quien ha anunciado un "plan de reestructuración de los proyectos y de las empresas que gestionan" los mismos. Lo ha hecho en pleno puente de diciembre y tras el pleno del Consell.
Johnson ha explicado que la Generalitat venderá su participación en Terra Mítica (un 22,3%) a la actual gestora del parque temático Aqualandia. Se refirió a una cifra de 65 millones, si bien no aclaró si se trataba de lo que cobrará la Generalitat de Aqualandia o bien lo que esta empresa se ha comprometido a invertir en el parque. Además, la Generalitat queda liberada de realizar nuevas aportaciones económicas a Terra Mítica para enjugar pérdidas.
Terra Mítica fue la joya de la corona de la Generlitat presidida por Eduardo Zaplana. Su coste se elevó a más de 250 millones de euros y su deuda se calcula en otros 75. La Generalitat obligó a participar a la CAM y a Bancaixa en la financiación del parque temático.
La portavoz de la Generalitat, Lola Johson, también ha señalado esta mañana que el Circuito de Cheste ha comprado por un precio simbólico la empresa Valmor, que gestiona la Fórmula 1 en Valencia. La Generalitat, a través del circuito, asumirá así la deuda cercana a 30 millones de euros de Valmor, que quedará fusionada con el circuito. Se calcula que la Generalitat ha invertido más de 200 millones en la construcción del circuito urbano, en las infraestructuras de acceso y en el pago del canon anual a Bernie Ecclestone. La Generalitat prevé cerrar próximamente un acuerdo con otro gestores del gran premio que, previsiblemente, serán el expiloto de Fórmula 1, Adrián Campos, y el exmotociclista Álex Debón.
En cuanto a la Ciudad de la Luz, la Generalitat cambia su fórmula de gestión. Si hasta ahora ha pagado dinero a la sociedad Agua Amarga por la gestión de este complejo, ahora será la empresa que lo gestione la que abonará un canon a la Administración autonómica. Ciudad de la Luz costó más de 250 millones de euros.
Además, Johnson ha avanzado que el Consell buscará nuevas fórmulas para vender el solar sobre el que estaban previstas las torres de Calatrava, por cuyo diseño la Generalitat pagó 15 millones de euros.
Según la portavoz, estas operaciones supondrán un ahorro de 45 millones de euros en cancelación de créditos pendientes y un ahorro anual de otros 12 millones de euros.
La portavoz de Grandes Proyectos del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Eva Martínez, ha cuestionado de dónde sacará el dinero la Generalitat para comprar Valmor y ha anunciado que solicitará una comparecencia en el Parlamento para que se detallen las condiciones de esa compra.
Martínez ha afirmado que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "nacionaliza la Fórmula Uno, mientras privatiza colegios y hospitales" y le ha exigido que explique por qué "transformamos la F1 en servicio público, en detrimento de la Educación y la Sanidad".
Para Martínez, este anuncio "no tiene credibilidad alguna", porque "estas medidas deberían haber sido incluidas en los presupuestos de la Generalitat de 2012, en los que aumentó la partida correspondiente a grandes eventos hasta los 213 millones de euros.
La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Mónica Oltra, ha asegurado que la decisión del Consell de comprar la empresa Valmor "es un escándalo que constituye malversación de dinero público y tráfico de influencias".
* El País - CRISTINA VÁZQUEZ - Valencia - 09/12/2011
Foto: Benidorm, terra Mítica - turismo
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ELCONFIDENCIAL* : El ejercicio que estamos a punto de terminar se están consolidando como el peor año para el sector inmobiliario. En los nueve primeros meses de 2011, se vendieron en España algo más de 240.600 inmuebles, una cifra inferior a los más de 250.000 pisos vendidos solamente durante el segundo trimestre de 2006, el mayor registro del boom inmobiliario, según datos del Ministerio de Fomento. Datos que, por otra parte, no reflejan si las operaciones han sido realizadas por personas físicas o jurídicas como reclaman diferentes expertos del sector inmobiliario y que permitirían determinar qué porcentaje de dichas compraventas correspondería, por ejemplo, a adjudicaciones de las entidades financieras.
Otro dato, para igualar las cifras de 2010 -ese año se vendieron más de 491.000 viviendas-, sería necesario que durante el cuarto trimestre se vendieran más de 250.000 unidades, 100.000 viviendas más que entre octubre y diciembre de 2010 y cifras que no se alcanzan desde los trimestres más activos del boom -2005 y 2006-.
Son varios los factores que están lastrando a la baja la compraventa de viviendas como muestra también el hecho de que las seis grandes inmobiliarias cotizadas españolas apenas hayan vendido más de 1.300 viviendas en los primeros nueve meses del año. Por un lado están quienes quieren comprar vivienda pero no encuentran financiación -los nuevos créditos concedidos por las entidades financieras para la adquisición de vivienda se desplomaron en octubre el 39%- y por otro, quienes descartan adquirir una bien sea porque piensan que el banco no les dará crédito o porque piensan que los precios continuarán bajando. De hecho, según una encuesta reciente elaborada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) revela que sólo un 4% de los encuestados se plantea comprar una vivienda durante el próximo año. De hecho, casi un 40% espera caídas adicionales de los precios.
Sólo durante el tercer trimestre de este años las transacciones alcanzaron las 75.462 unidades, lo que supone un descenso del 16,8% respecto al trimestre anterior y una caída del 6,3% frente al mismo periodo de 2010. El total de viviendas comercializadas entre julio y septiembre es el segundo peor dato desde 2008, sólo superado por las ventas contabilizadas en el primer trimestre de este año, cuando se vendieron 74.455 inmuebles.
Los datos apenas reflejarían el impacto de la rebaja del IVA del 8% al 4% para las primeras transmisiones de inmuebles dado que sólo afectaría a las operaciones de estas características realizadas entre el 20 de agosto y el 31 de diciembre, por lo que habrá que esperar a las cifras del cuarto trimestre.
Por tipo de vivienda, la nueva representó el 33,1% del total de las transacciones del tercer trimestre, hasta alcanzar las 24.945, frente a las 50.517 viviendas de segunda mano, el 66,9% restante. Frente al mismo periodo del año anterior, la venta de vivienda nueva bajó un 1% en el tercer trimestre y la de segunda mano, un 8,7%.
En cinco comunidades suben las ventas
Como insisten en señalar los expertos, el mercado inmobiliario español es muy heterogéneo. Lo es en cuanto a precios y también en cuanto a operaciones tal y como revelan los datos de Fomento. En cinco comunidades autónomas se registraron variaciones interanuales positivas, como Navarra y Cataluña, con un crecimiento del 14,4% y del 13,6%, respectivamente. En el extremo opuesto, se sitúan Ceuta y Melilla (-36,9%), Extremadura (-24,8%), Islas Canarias (-23,6%) y Galicia (-22%).
Por provincias, se registraron crecimientos en 19 de ellas, destacando Girona, con un aumento del 55,3%, y Álava, Burgos, Navarra y Tarragona, que superaron el 10%. Los mayores descensos se situaron en Melilla, Segovia, Cuenca, Ceuta, Ourense y Lugo, con caídas por encima del 30%. Los municipios con mayor número de compraventas fueron Madrid (3.505), Barcelona (1.875), Valencia (1.200), Sevilla (1.028) y Zaragoza (929).
Entre las capitales de provincia y los municipios de más de 100.000 habitantes, crecen las compraventas en Santa Coloma de Gramanet (178,2%), Girona (99%), Soria (76,9%), Toledo (55,2%), Teruel (53,3%) y Reus (41,4%). En cuanto a las mayores caídas, destacan Badajoz (-57,1%), Leganés (-56,6%), Santa Cruz de Tenerife (-51,5%), Cuenca (-40,2%) y Ourense (-39,1%).
Aumentan las compras de extranjeros residentes
En cuanto a la nacionalidad del comprador, las transacciones realizadas por extranjeros residentes en España experimentaron un crecimiento del 24,7% frente al tercer trimestre de 2010, hasta las 7.537 compraventas.
Las provincias con mayor número de compraventas por extranjeros residentes fueron Alicante (2.097), Málaga (951), Barcelona (607), Baleares (516) y Santa Cruz de Tenerife (476).
* El Confidencial - 9.12.11
Foto: elconfidencial
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ASAMBLEATENERIFE* : Debemos seguir peleando hasta conseguir que el Ayuntamiento recupere el dinero robado y que Miguel Zerolo sea juzgado como cualquier otro ciudadano por los tribunales ordinarios.
La historia nos ha enseñado que las únicas batallas que se pierden son las que no se luchan y nosotros, los del “no a la corrupción”, los del “no a la destrucción de nuestra tierra”, los del “no a la especulación”, aquellos quisquillosos “terroristas sociales” como nos definió el imputado y supuesto corrupto Luis Suárez Trenor, o los “talibanes ecologistas”, piropo que le debemos a Antonio Plasencia (también imputado y supuesto corrupto), no hemos dejado de pelear. Por eso creemos que poner al descubierto el "Pelotazo de Las Teresitas" e instar a la Justicia para que actuara contra sus protagonistas es un triunfo de la ciudadanía organizada y combativa.
La apertura del sumario desvela el grado de "implicación" que tenían todos los imputados en el "mayor pelotazo de la historia" en la isla. Todos, desde Miguel Zerolo a los empresarios Ignacio González (y su hijo Pedro) y Antonio Plasencia (y su hijo Carlos), pasando por los ex concejales Manuel Parejo, Emilio Fresco, José Luis Martín o José Emilio García Gómez, hasta los funcionarios Antonio Messia (ex tesorero municipal), Juan Víctor Reyes Delgado (secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo), José Luis Roca (interventor delegado de Urbanismo), José Eugenio de Zárate (secretario general de la corporación), José Tomás Martín (gerente de Urbanismo), se coordinaron perfectamente para urdir el mayor timo de la historia democrática de Tenerife, con la inestimable y necesaria colaboración de Cajacanarias y de sus dos últimos directores generales, Rodolfo Núñez y Álvaro Arvelo.
Asamblea por Tenerife hace un llamamiento a seguir peleando hasta conseguir que el Ayuntamiento recupere el dinero robado a los tinerfeños y tinerfeñas y que la Justicia ponga a buen recaudo a toda esta gavilla de estafadores. Para ello tenemos que conseguir que Miguel Zerolo se siente en el banquillo de los acusados y no se refugie cobardemente en el aforamiento que le proporciona su escaño en el Senado. Escaño que no se ganó en elección alguna sino gracias a un pacto de “trileros” entre su partido, Coalición Canaria, y el PSOE. Desde Asamblea por Tenerife exigimos que Miguel Zerolo sea juzgado como cualquier otro ciudadano por los tribunales ordinarios.
Al mismo tiempo, exigimos al Parlamento de Canarias que rectifique lo que a todas luces fue un gran atropello a la Democracia, para que Miguel Zerolo abandone el Senado. Ustedes, los diputados y diputadas de CC, PSOE y PP, son los responsables de que un pícaro y supuesto corrupto, que ha orquestado con sus compinches esta maquiavélica trama para hacerse con los recursos públicos, represente al Pueblo canario en la Cámara Alta. Ustedes, son los que le han proporcionado el instrumento para sortear a la Justicia, los que han carcomido el Estado de Derecho… Y todavía se sorprenden cuando la gente les grita “que no los representan”.
* El Ilustrador Digital - Opinión - 8.12.11
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ELPAÍS/Alicante* : El exalcalde de Llíber, José Mas, del PP, primer imputado de la trama urbanística destapada en esta localidad de La Marina Alta, recibió un coche de la marca Mercedes a cambio de autorizar un tendido eléctrico en la zona en la que se levantaron 293 construcciones ilegales, todas en suelo no urbanizable. La dádiva, según consta en el sumario, la realizó otro de los cabecillas de la trama, el promotor Miguel Muntaner.
El exregidor, siempre según el sumario, se habría embolsado, además, 3.000 euros por cada de una de las 293 licencias de obras que autorizó de manera fraudulenta entre 1999 y 2003. Las casas eran vendidas a una media de 150.000 euros y preferentemente a clientes extranjeros.
El exregidor Mas y el promotor Muntaner fueron arrestados y encarcelados por estos hechos y en la actualidad están en libertad bajo fianza.
La magistrada que instruye este sumario, la titular del Juzgado número 4 de Dénia, ha dictado ya el auto de procesamiento que inicialmente afecta a nueve personas. No obstante, la resolución de la magistrada ha sido recurrida en apelación por las partes a la Audiencia de Alicante. El alto tribunal todavía no se ha pronunciado. El fiscal del caso también ha presentado un escrito de impugnación a los recursos de apelación.
El sumario se abrió por los supuestos delitos de cohecho, estafa, prevaricación y contra la ordenación del territorio.
La magistrada ha inculpado al exalcalde del PP José Mas por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y contra la ordenación del Territorio. Junto al exregidor, la juez también ha procesado a otros tres concejales de la junta de gobierno del Ayuntamiento que votaron a favor de conceder las licencias. Uno de esos concejales ya ha fallecido. Y por lo que toca a la Corporación, la magistrada también inculpa al aparejador municipal y la secretaria. El primero está considerado por la investigación como uno de los puentes de los que se valió la trama para cristalizar la estafa. Este funcionario daba luz verde a proyectos que supuestamente pretendían la rehabilitación de almacenes de casas agrícolas, cuando en realidad se trataba de construcciones de nueva planta. Por cada uno de esos informes el funcionario recibía supuestamente unos 25.000 euros de los promotores.
El aparejador desvió el dinero que obtuvo de las licencias para las casas ilegales a Andorra. La Guardia Civil intervino un total de 2,4 millones de euros en las cuentas bancarias que el funcionario tenía en este pequeño país, fondos que procedían de las operaciones ilegales.
El procesamiento de la secretaria municipal, según fuentes del caso, tiene su origen en el hecho de que validara los acuerdos de la junta de gobierno autorizando las edificaciones, pese a que el suelo estaba calificado como no urbanizable.
Además de los políticos del PP y los dos altos funcionarios de la Corporación, la magistrada también ha acordado el procesamiento de cuatro promotores, el mencionado Miguel Muntaner, un segundo de nacionalidad inglesa y dos alemanes (un padre y su hijo).
En su recurso de apelación, una de las acusaciones particulares pide que se amplíe el procesamiento a otros tres constructores. El fiscal respalda esta petición. Mientras, otras de las acusaciones pide el procesamiento para otras cuatro personas más (tres abogados y un notario). El ministerio público no se adhiere a esta segunda propuesta por entender que no hay indicios de delitos en esas cuatro personas que inicialmente fueron imputadas en el sumario.
* El País - SANTIAGO NAVARRO - Alicante - 08/12/2011
Foto: LlÍber (Alicante) - auln
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FARODEVIGO/Lalín* : Francisco Sesto se mudó a la urbanización de Penacoba (en la salida de Lalín a Rodeiro) hace dos años y, desde el inicio de las protestas vecinales por la falta de conexión a la red eléctrica, ejerce de portavoz de la decena de familias residentes. Los afectados presentaron una reclamación ante el Concello de Lalín en agosto. El ejecutivo local termina la próxima semana la revisión de cada vivienda, pero demorará su resolución hasta febrero.
–Ustedes dieron un mes de plazo para que el gobierno lalinense intentase buscar una solución a la situación de sus viviendas. ¿Suspenderán las protestas del próximo miércoles, día 14, debido que la decisión del gobierno no se conocerá hasta dentro de dos meses?
–Vamos a decidirlo entre todos los vecinos este fin de semana, pero nos parece una burla que el Concello de Lalín nos pida casi otros tres meses de espera cuando tuvo siete años para ´ponerse las pilas´ y arreglar estas deficiencias. Es más, desde el inicio de nuestras protestas, en septiembre del año pasado, el ejecutivo local y, cómo no, la promotora (Fertaga), saben muy bien cuál es la situación de la urbanización.
–¿Hubo algún tipo de mejora en todo este tiempo?
–En absoluto. En la memoria de calidades se indicaba que las viviendas tenían luz y teléfono pero, a la hora de escriturar, la promotora omitió hablar de cómo estaba la red de telefonía y aseguró que la luz era de obra, pero que correría la empresa con los gastos hasta que la instalación fuese la definitiva. Yo y mi familia nos instalamos en Penacoba el 28 de diciembre de 2009, y por entonces ya había otras tres familias en la urbanización. Pasan los meses y, en septiembre de 2010, nos reunimos con el representante de Fertaga, Antonio Ferradás, para saber por qué no se efectuaba el enganche a la red eléctrica. La promotora remite toda la documentación a Fenosa y resulta que ésta indica que Fertaga tiene una deuda sin pagar. Así que Ferradás propone un encuentro a tres, con el edil de Urbanismo (Román Rodríguez) y el arquitecto técnico municipal, en la que se nos indica que la solución más rápida es que paguemos los propios vecinos el gasto de dar el alta la luz, que supone unos 12.000 euros por familia, a los que hay que añadir la instalación del transformación y la canalización. Así que presentamos la reclamación en agosto de este año y, si el concello no desatasca la polémica, abriremos un proceso contencioso.
–En más de una ocasión, el edil de Urbanismo, Román Rodríguez, insistió en que la situación de las viviendas no era competencia del concello y que la opción más rápida para solventar el problema era el desalojo. ¿Cree que, tras la revisión de cada vivienda, el ejecutivo local puede ayudarles?
–Personalmente, ya pongo en duda los documentos del concello. Y es que el departamento de Urbanismo ya no nos ofrece confianza, puesto que fue el propio concello quien expidió la licencia de primera ocupación. Y también debo criticar a la empresa que, pese a la deuda con Fenosa y al modo en que nos hizo entrega de nuestros hogares, sigue construyendo.
–¿Cómo es el día a día en una vivienda de Penacoba, con luz de obra y sin red de teléfono?
–Pues de momento tenemos suerte, porque no hace mucho frío y podemos prescindir de la calefacción. Pero claro, como no disponemos de la potencia eléctrica suficiente, hay ocasiones en que no funciona la cocina eléctrica, ni el portal, ni la puerta del garaje... Ahora vivimos una decena de familias, pero hay otras dos que residen fuera y que tendrían problemas para, por ejemplo, alquilar sus viviendas, debido a estas carencias.
–Han organizado dos protestas por las calles de Lalín, además de acudir a un pleno y a un mitin del PP para dar a conocer su situación. ¿Cómo ha sido el respaldo de los lalinenses?
–A nivel de calle todo el mundo está con nosotros y entiende que la situación se demora demasiado, pero en las concentraciones siempre acude menos gente. Lo entiendo, porque es un pueblo muy pequeño en el que, quien más y quien menos, tiene familiares que trabajan en el concello. Eso sí, tengo que decir que estamos muy arropados, en nuestras protestas, por los vecinos de Lalín de Arriba.
* Faro de Vigo - 9.12.11
Foto: Lalín (Pontevedra) - turismo
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HERALDO* : La Asociación de Vecinos Entrelagos de Rosales del Canal ha convocado a sus vecinos este viernes, 9 de diciembre, para acampar para protestar por la "pasividad" del Ayuntamiento de Zaragoza ante los problemas del barrio.
En un comunicado, esta asociación explica que "han pasado ya más de 40 días desde que se aprobara la segunda moción unánime en la que se decidía ofrecer alternativas a Remar para una reubicación, en el plazo de un mes, de manera que se devolvería la parcela al barrio para la instalación de los servicios que tanto se vienen demandando".
Sin embargo, "no ha habido ni el más mínimo gesto por parte de Urbanismo" ya que "ni se ha recibido a los vecinos, ni se han ofrecido alternativas a Remar, por lo que la situación, muchos meses después sigue siendo la misma", lamentan los vecinos.
Por ello, este viernes a partir de las 17.30 se procederá al montaje del campamento, "que cuenta ya con gran cantidad de apoyos entre los vecinos y los comercios y se han recibido todo tipo de ayudas: tiendas de campaña, material de acampada, iluminación, comida, bebida".
A las 21.00 tendrá lugar una reunión donde se informará a todos los asistentes de la situación actual "que vive el problema provocado por la dejadez del equipo de Urbanismo del Ayuntamiento".
Además, este sábado, a las 11.00, se preparará una chocolatada para todos los vecinos en la zona de acampada, "para vivir una jornada de convivencia y protestar por la indiscriminada cesión de parcelas en nuestro barrio a entidades privadas".
Por último, a las 12.00 comenzará una gymkhana que servirá para escenificar los servicios que aún no existen en el barrio "y que todo ciudadano debería de tener".
"Guardería pública, ludoteca, centro cívico, farmacia, instalaciones deportivas, serán algunos de los peajes en los que los niños tendrán que realizar alguna actividad para completar su "hoja de ruta" en esta gymkhana. De este modo todos los pequeños podrán entender todo lo que falta en el barrio y por lo que estamos luchando", concluye la asociación.
* Heraldo - EP. - 8.12.11
Foto: Zaragoza, protesta vecinos Rosales del Canal- heraldo
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LEVANTE* : La crisis ha dejado en ridículo a muchos gobernantes por no haber sabido aprovechar los recursos que aportaron las diferentes administraciones para generar empleo y potenciar la economía local. Unos usaron los fondos del Estado del denominado Plan E. Otros hicieron lo propio con el Plan Confianza de la Generalitat o con dinero de Europa. Un puñado de consistorios ha sepultado su dinero en construcciones imposibles y proyectos sin futuro. Cada día que pasa son más los ayuntamientos que se preguntan cómo aprovechar los edificios sin disparar el gasto.
Tres millones y medio de euros costó el edificio del Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena. En octubre de 2010 el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps visitó sus instalaciones y avanzó que estaría abierto para principios de este año y se refirió a este proyecto como «una referencia de investigación enológica del siglo XXI». Cuando queda poco para finalizar el año, las instalaciones continuan cerradas. Según manifestó el alcalde de Requena el pasado mes de octubre, la licencia de actividad ya está aprobada, pero el edificio sigue sin contenido, a pesar que desde el consistorio se le ha pedido a la Conselleria de Agricultura, que dote alguna partida económica para que se abra.
En noviembre de 2008 se demolió el convento de Santo Domingo de Ayora para construir un edificio que albergaría una moderna residencia para la tercera edad con 60 plazas. Esta actuación que ha costado casi 3 millones de euros está finalizada desde principios de 2011, aunque no puede abrirse porque carece de presupuesto para dotarla de mobiliario. Bienestar Social no ha tenido para 2011 una partida económica destinada para la compra del mobiliario de la residencia para que pueda abrir sus puertas.
Doce millones en Xàtiva
La plaza de toros de Xàtiva es el símbolo de una obra concebida en otros tiempos… no tan lejanos. Pese a que viene siendo utilizada desde 2007, está inacabada y no puede cumplir la función básica para la que fue alumbrada: ser un coso cubierto y albergar todo tipo de espectáculos.
La plaza (data de 1919) es un pozo sin fondo. Tras la feria taurina de 2004, el alcalde, Alfonso Rus, sustituyó la vieja promesa de remodelarla por la de renovarla por completo y hacerla cubierta. La operación lleva ya invertidos 12 millones de euros (la oposición asegura que son 14). Pero tras haber finalizado con éxito la renovación de los tendidos y la cubierta de los mismos con un gran aro circular sujetado por una compleja estructura de hierro, el ruedo sigue al descubierto. Terminar el sombrero central cuesta alrededor de dos millones de euros que la Generalitat, en la situación actual, es imposible que subvencione. Ello impide realizar acto alguno en invierno o si llueve. Otra de las críticas hacia semejante inversión es que tras el reestreno de la plaza y con excepciones como un mitin de Rajoy y un concierto de Elton John (ambos en 2007) o espectáculos muy esporádicos, sigue albergando la misma actividad que dos mil millones de pesetas antes: dos corridas de toros al año y en verano.
En Chella, el consistorio mantiene cerrado a cal y canto el centro de día para personas mayores –de titularidad municipal–. La falta de fondos para contratar a empleados y dotar de equipamiento a las instalaciones hace imposible su apertura, tres meses después de que finalizaran las obras de construcción, con cargo a los fondos estatales de promoción de empleo (plan E). Según fuentes municipales, el presupuesto de la población para 2012 no incluye ninguna partida relativa a gastos de personal ni mantenimiento, si bien el ayuntamiento habría requerido currículums para la contratación de varios empleados. Aunque la dotación de material debía pagarla inicialmente la empresa constructora, los sobrecostes generados en la obra habrían retrasado el pago del equipamiento al centro. El centro fue adjudicado en mayo de 2009 por 477.624 euros.
Puro teatro en Dénia
Más de un ayuntamiento de la Marina Alta ha actuado con el Plan E como esos niños que se gastan la paga semanal en bagatelas. El «dinero gratis» ha alumbrado proyectos inútiles, como el del carril bici de Dénia a la Xara y al hospital, que costó 295.800 euros y del que los ciclistas huyen porque es tortuoso y peligroso. Incluso ha habido consistorios que han gestionado tan mal las obras que al final han visto cómo volaba la subvención. Le ha pasado a Dénia con el proyecto de Ecointegración Social. Sus 300.000 euros los iba a destinar primero a un ascensor en el castillo, que la dirección de Patrimonio tumbó. Luego, para el nuevo proyecto de Ecointegració Social la documentación, según el Ministerio de Administraciones Públicas, ya se presentó fuera del plazo previsto.
Y otro tanto le ha ocurrido a Calp. El capricho del anterior alcalde, Joaquim Tur, de hacer un trinquet en el «tossal» del parque de l'Ermita (los vecinos forzaron que se cambiara la ubicación) también le ha hecho perder al ayuntamiento otros 300.000 euros.
Pero el mayor fiasco de obra pública sin uso no forma parte de este plan. Es el nuevo ayuntamiento fallido de Xàbia. Construir la nueva casa consistorial costó 6,6 millones (todos ellos salieron de las arcas municipales), sin contar la expropiación de los terrenos. Ecisa hizo estas obras junto a las de los aparcamientos subterráneos y la reurbanización de las rondas del centro histórico. Ahora, el equipo de gobierno (PSPV, Xàbia Democrática y CpJ) ha devuelto el préstamo ICO de 2,5 millones que tenía concedido para equipar y poner en marcha este edificio de tres plantas y 4.000 m2. El gobierno local no quiere endeudar más a un ayuntamiento que, con 41 millones de deuda viva, es el más apremiado por los bancos en la comarca. Y ya que Xàbia no estrenará nuevo ayuntamiento, el equipo de gobierno, para sacar algo de provecho del edificio, lo ha ofrecido en alquiler. Aspira a que un hotel de cuatro estrellas, una clínica o una universidad se interesen.
El Plan Confianza también puede tener un hueco en esta historia de fiascos. El PP de Dénia ha decidido gastar todo lo que le toca en el teatro auditorio la Nau. Construirlo costará 9 millones de euros. Todavía ni se sabe cuándo se pondrá la primera piedra. Puro teatro.
* Información elaborada por:
José Ferrer, Sergio Gómez, Agustí Garzó, Alfons Padilla y Vicent X. Contrí
* Levante - 8.12.11
Foto: El Instituto Tecnológico de Viticultura y Enología de Requena (3,5 millones) tenía que abrir a principios de 2011. El consistorio pide ayuda a la Conselleria de Agricultura para que funcione - levante
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GERARDO ROGER* : Los poderes públicos regularán "la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación". Con esta rotundidad se manifiesta la Constitución en su artículo 47, prohibiendo como única especulación de manera expresa la del suelo.
Por fin un tema tan controvertido y especulable como resulta ser la valoración del suelo y demás activos inmobiliarios a efectos expropiatorios, ha terminado su largo peregrinar tras haberse aprobado recientemente (a finales del pasado octubre). Al fin, los criterios básicos de la valoración ya establecidos en la Ley de Suelo del 2007 y su texto refundido 2/2008 vienen a desarrollarse mediante la disposición de técnicas e instrumentos jurídico-urbanísticos formulados con la finalidad de objetivar la discrecionalidad que insoslayablemente conlleva la determinación de los justiprecios expropiatorios, aportando rigor científico mediante la disposición de fórmulas matemáticas y procedimientos econométricos, lo que adicionalmente incorpora seguridad jurídica a un proceso siempre propiciador de todo tipo de demagogias.
De hecho, el objetivo final del desarrollo reglamentario es hacer efectivo el criterio básico de valorar el suelo por su realidad fáctica, es decir, "por lo que hay" y no por "lo que pueda haber" en un futuro incierto; de tasar los bienes inmuebles en función de la inversión que fehacientemente haya realizado su propietario y no por las meras expectativas públicas que hubiera apuntado un plan, siempre contingente.
Pero ello no conlleva que la regulación aplicable tenga que valorar los suelos de manera cicatera y restrictiva sino más bien al contrario. Partiendo de la premisa que la expropiación no es "plato de gusto" para nadie, el reglamento viene a aplicar instrumentos que permiten cuantificar los justiprecios por el "valor máximo objetivo posible" pero sin considerar, en ningún caso, expectativas urbanísticas que no se deriven del esfuerzo inversor que hubiera realizado (al menos de manera "confesable") su propietario.
En concreto, un suelo rústico se valorará no solo por la rentabilidad de los usos efectivamente implantados en el momento de la tasación (renta real), sino también por la rentabilidad del uso o actividad análoga a la existente de mayor valor que razonablemente pudiera implantarse en dicho suelo (renta potencial) y, además, su resultado se multiplicará por un factor de localización que puede alcanzar hasta el doble de la potencial, lo que permitirá incrementar sustancialmente su "valor real" pero sin consideración de expectativas especulativas no patrimonializadas por el titular del suelo.
Igualmente, la valoración de aquellos suelos rústicos a los que el planeamiento municipal hubiera previsto su incorporación futura al proceso de desarrollo urbano (suelos urbanizables) y se hubiera establecido su obtención administrativa mediante expropiación, a la tasación anterior se le adicionará una indemnización en razón a la pérdida de la facultad de participar que legalmente tiene atribuida el propietario y que se le suprime en función de la causa expropiatoria, indemnización cuyo valor económico se determina de manera análoga al valor que recibe la Administración como participación pública en las plusvalías cuando es la iniciativa privada la que desarrolla los suelos, lo que comporta un inteligente equilibrio entre la iniciativa pública y la privada.
Finalmente, cuando el suelo se encuentre urbanizado, su valor se determinará por el valor de sustitución del inmueble mediante la comparación con muestras de características análogas justificadas en un estudio de mercado.
En resumen, un sistema de valoración inmobiliaria que viene a tasar el suelo de manera objetiva pero "generosa" con el sujeto expropiado, que comporta una respuesta acorde con el mandato constitucional a impedir la especulación y que viene a homologarnos con los sistemas imperantes en la mayoría de los países más avanzados de nuestro entorno.
Finalmente, conviene aclarar una cierta confusión que viene manifestándose esporádicamente: esta valoración solo es aplicable a las actuaciones de expropiación pública por razones de interés general (carreteras, hospitales...) y no a la valoración de los activos resultantes de las actuaciones ni transacciones realizadas por la iniciativa privada ni a las tasaciones hipotecarias de las entidades financieras. De hecho, así lo aclara la disposición adicional 7ª de la orden que regula las transacciones financieras. En estas opera el mercado y será la "mano invisible" de Adam Smith (hoy un tanto parkinsoniana) la que debe intervenir en su eventual regulación.
No obstante, la experiencia producida tras la explosión de la burbuja inmobiliaria que estamos sufriendo, permitiría considerar que la disposición de una valoración objetiva y antiespeculativa que la Administración aplique al desarrollo de sus actuaciones, pudiera ser un adecuado referente para los mercados privados y que contribuyera a dificultar la repetición de una crisis como la actual, o al menos no con la misma y letal virulencia.
* Gerardo Roger Fernández es arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Carlos III.
* El País - Opinión - 8.12.11
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DIARIODENAVARRA* : El Ayuntamiento de Pamplona es propietario de 812 viviendas de las que una cuarta parte (202) están libres. Pese a que el parque inmobiliario se encuentra repartido por toda la ciudad, unas veces en edificios completos como el de la antigua estación de autobuses, y otras en pisos diseminados, la mayor concentración se sitúa en el barrio de la Rochapea, en las conocidas como viviendas de San Pedro, donde el consistorio tiene 234 pisos de su propiedad, de los que casi 80 están en estos momentos vacíos.
En la última sesión plenaria celebrada en Pamplona la concejal de I-E presentó con poco éxito una moción en la que, haciendo alusión al difícil momento económico que se atraviesa, recordaba al consistorio su deber de contribuir "con la puesta en servicio de sus propios bienes inmuebles" a quienes necesitan "una vivienda asequible". Edurne Eguino pidió además que a lo largo de esta legislatura se destine "el dinero suficiente para rehabilitar y poner en uso todas las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento".
El concejal delegado de Urbanismo, Juan José Echeverría, no tardó en responderle que el Ayuntamiento mantiene en buen estado este patrimonio y que siempre se atienden las demandas de viviendas que llegan desde los servicios sociales.
"Salvo algunos casos muy concretos, como las casas de Gridillas en San Jorge, que no cumplen las condiciones de habitabilidad y que serán demolidas, el resto de los pisos municipales libres están en buen estado", comenta Echeverría. "Además, el Ayuntamiento es propietario de un total de 178 viviendas destinadas para realojos de operaciones urbanísticas y únicamente 46 están libres a la espera de las necesidades que puedan surgir por ejemplo, con el Tren de Alta Velocidad en Echavacoiz", asegura.
El caso de San Pedro
Pero el Ayuntamiento de Pamplona arrastra desde comienzos de este siglo un problema que no ha logrado resolver y que tiene como protagonistas a casi un centenar de viviendas libres en el grupo San Pedro, en el barrio de la Rochapea. En el año 2000 el consistorio intentó subastar las 20 viviendas que en esos momentos estaban libres, pero finalmente no lo pudo hacer. Poco después se rehabilitaron varios de estos pisos con el objetivo de destinarlos a alquiler joven, pero problemas administrativos impidieron esta solución. El hecho es que en estos momentos, de los 234 pisos municipales ya son 79 los que están vacíos. "De momento no tenemos en mente ninguna actuación en San Pedro, pero lo que sí está claro es que estas viviendas requieren una iniciativa global", explica Juan José Echeverría.
Autobuses
Menos quebraderos provocan al consistorio las 66 viviendas que posee en el edificio de la antigua estación de autobuses, en Conde Oliveto, de las que una tercera parte (22) están libres, algunas desde hace años. "Es un inmueble que tarde o temprano va a desaparecer porque así está previsto, y de momento poco más se puede hacer", recuerda el concejal de Urbanismo.
Ensanche
También en el Ensanche el Ayuntamiento posee otro edificio completo, el del mercado municipal, con 71 viviendas, 13 de ellas vacías. Además es dueño de otra vivienda más, la del conserje del colegio Vázquez de Mella, y otra en la avenida Carlos III que utiliza la Fundación Gayarre como sede.
Casco Antiguo
En el Casco Antiguo el consistorio pamplonés posee 80 viviendas, aunque 5 de ellas no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y se encuentran vacías desde hace años. Entre las primeras está contabilizada también la vivienda comunitaria del Paseo de Sarasate. Buena parte de estos pisos del Casco Antiguo son adquisiciones que ha realizado la Oficina de Rehabilitación municipal con el objetivo de diseñar actuaciones urbanísticas. Aquí figuran, por ejemplo, edificios adquiridos en las calles Mayor y Jarauta para la operación prevista en la denominada manzana piloto, o un edificio completo adquirido en la calle Descalzos.
Apartamentos tutelados
El listado incluye también los 110 pisos ubicados en edificios de apartamentos tutelados: los de San Juan (Txoko Berri), Rochapea (Arga), Iturrama. Y también se contabilizan las 11 viviendas de los conserjes de los colegios públicos, aunque muchas han dejado ya de utilizarse como tales.
Cesiones
En ocasiones los pisos municipales se ceden a entidades sin ánimo de lucro: Cruz Roja, Asociación de sordos, albergue de peregrinos en el antiguo chalet de Iráizoz, delegación saharaui, etc. Además, algunas otras están ocupadas por oficinas municipales: Servicio de Atención a la Mujer, Escuelas Infantiles, (varios pisos en la estación de autobuses), ASIMEC (3 pisos en el edificio del mercado del Ensanche).
* Diario de Navarra - 8.12.11
Foto: La estación de autobuses (66 pisos de propiedad municipal).- diarionavarra
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LAVOZDIGITAL* : La Fiscalía de Cádiz no ha dado la guerra por perdida en su lucha contra el urbanismo ilegal. El anterior fiscal de Medio Ambiente, Ángel Núñez, y ahora su sucesora, Patricia Navarro, llevan años defendiendo que los dueños condenados por construir una vivienda ilegal, además de la pena de prisión deben demoler la construcción. El Ministerio Público sabe que estas causas se resuelven con penas mínimas de cárcel, que nunca se cumplen, y sanciones económicas que no disuaden a otros promotores a seguir edificando fuera de la legalidad. La clave está en las demoliciones, pero la disparidad de criterio de los jueces está provocando auténticas contradicciones que se resumen en que hay dueños con una orden de derribo bajo el brazo y otros que logran salvar su propiedad, aunque estén igualmente condenados.
Ante este panorama, la Fiscalía de Cádiz busca que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre la ejecución de esta medida como parte de la condena, instaurando una suerte de jurisprudencia que obligue a los jueces de primera instancia y a los magistrados de la Audiencia a seguir el camino que marque el Alto Tribunal. Con esta fórmula pretenden acabar con la disparidad de criterios que por regla general están dejando sin efecto las órdenes de derribo.
De aceptarse el recurso pionero planteado por la Fiscalía de Cádiz sería la primera vez que la sala de lo Penal se pronuncia sobre esta controversia, ya que hasta la fecha los únicos pronunciamientos que ha habido procedían de la sala de lo Contencioso (la que resuelve los pleitos entre ciudadanos y administraciones). Fuentes jurídicas explicaron a este medio que la posición de esta sala es semejante a la que mantienen los fiscales gaditanos. Una baza que pretende explotar la Fiscalía.
El mecanismo para llegar hasta el Supremo ha sido aprovechar una de las pocas causas contra el urbanismo ilegal que se ha visto en primera instancia en la Audiencia. Esto ha sido posible porque en ese asunto se juzgaban, además del delito contra la ordenación del territorio, otros en curso como la estafa.
La procesada y ahora condenada a 18 meses de prisión fue la promotora de una vivienda unifamiliar que levantó en una parcela no urbanizable situada en la carretera de Sanlúcar, dentro del término municipal de El Puerto, junto a una conocida venta de nombre El Pájaro. Esta mujer vendió la propiedad a un tercero sin informarle que estaba adquiriendo una casa ilegal y que además tenía un expediente abierto por el Ayuntamiento que ordenaba la paralización de la obra y la demolición de lo construido. Sin embargo, como recoge la sentencia de la Audiencia que la condena, violó esa orden municipal y prosiguió con los trabajos, dejando sin efecto el precinto que pesaba sobre la parcela. Corría el año 2005, en plena efervescencia del negocio del ladrillo.
Pese a la sentencia condenatoria, los magistrados acordaron que no se debía tirar la vivienda como solicitaba la Fiscalía. La Sección Cuarta, que fue el tribunal que enjuició este asunto, apeló a un argumento ya repetido en otras sentencias: el principio de proporcionalidad. Los magistrados entienden que la zona donde se enclava la vivienda ya está afectada por otros inmuebles, levantados también fuera de la legalidad, y que por tanto condenar a la procesada a demoler el unifamiliar sería una «medida desproporcionada».
La Fiscalía entiende que estos razonamientos no ayudan a frenar este fenómeno, sino todo lo contrario, ya que los promotores ven que las viviendas no corren peligro aunque sean condenados. Por eso, ha recurrido en casación esta sentencia ante el Supremo para que éste siente jurisprudencia. De aceptar los planteamientos del Ministerio Público, se podría hablar a partir de entonces de un antes y un después en la lucha contra el urbanismo ilegal.
* La Voz Digital - SILVIA TUBIO - 7.12.11
Foto: Imagen de archivo del precinto de una vivienda de El Puerto levantada en zona no urbanizable - LA VOZ
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LAPROVINCIA/Tenerife* : El Ayuntamiento de Miguel Zerolo conocía que el suelo de Las Teresitas que iba a comprar la corporación estaba sobrevalorado. Se lo había indicado expresamente la arquitecta municipal, Pía Oramas, quien informó al concejal de Urbanismo, Manuel Parejo, de que los solares a adquirir no sobrepasaban los 3.200 millones de las antiguas pesetas. El Ayuntamiento pagó finalmente 8.750 millones de pesetas. La arquitecta acabó abandonando la corporación tras ser presionada para que incrementara al alza la tasación.
Según relató a los investigadores José Ángel Bethencourt, hoy concejal socialista de Urbanismo de la capital tinerfeña y entonces uno de los firmantes de la denuncia, la sobrevaloración fue "astronómica" y los funcionarios que la decidieron lo hicieron aun a sabiendas de que iba en contra de toda lógica legal y urbanística. Los terrenos de la playa de Las Teresitas que la sociedad ILT vendería al Ayuntamiento costaron a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia 5.500 millones de pesetas tres años antes.
La arquitecta Pía Oramas había informado a sus responsables de que el precio de las parcelas era a lo sumo de 3.200 millones de pesetas porque parte de los terrenos eran de dominio público -y por tanto pertenecían de por sí al Ayuntamiento- y porque la moratoria turística los devaluaba.
En su declaración ante la juez, Oramas admite que recibió presiones sistemáticas de sus jefes para avalar la tasación que ellos impusieron, de 8.750 millones de pesetas (52 millones de euros), sin que ninguno le hubiera explicado por qué obviaron su informe, que permitía a las arcas municipales ahorrarse en la operación 5.550 millones de pesetas. Pía Oramas reconoce ante la juez Bellini que jamás había visto antes que el Ayuntamiento pidiera dos informes externos más para que se elevara el valor del suelo, cuando otros dos anteriores coincidían con el de ella sobre que los solares no costaban más de 3.200 millones de pesetas.
Este es un punto esencial para los investigadores del caso porque fue en esa compra del Consistorio a ILT, con la justificación de que así se evitaba urbanizar la playa chicharrera, donde consideran que se produjo el pelotazo. La funcionaria comentó a la juez que el 29 de junio de 2001 la convocaron a una reunión en la que estuvo el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Reveló que le pidieron que suscribiera la valoración final de 8.750 millones de pesetas. Ella se negó y dijo que no iba a firmar "nada al dictado". Le volvieron a insistir el 25 de julio y eludió la cita.
* La Provincia - 6.12.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, mamotreto las Teresitas - eldia
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20MINUTOS* : La crisis económica ha descubierto las debilidades de una sociedad como la española obsesionada por la propiedad de la vivienda. Tal vez sea hora de aprender la lección y apostar por otras opciones.
Por ejemplo, el modelo escandinavo de alquiler, conocido como 'andel', con las cooperativas de régimen de cesión de uso. Se trata de un procedimiento que queda a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.
Utilizado en países como Dinamarca, Noruega y Suecia, consiste en un modelo cooperativo según el cual la propiedad de las viviendas reside en manos de una cooperativa y en el que los socios disfrutan de un derecho de uso indefinido con un alquiler de precio reducido.
En este modelo las viviendas no pueden ser ni vendidas ni alquiladas, tan sólo se puede transmitir el derecho a uso. Una de sus ventajas es que se paga un derecho de uso cuyo importe es muy inferior a un alquiler o a una hipoteca.
Además, en las cooperativas de régimen de cesión de uso se dispone de un fondo monetario que puede ser utilizado para reformas de las viviendas o del edificio. Los edificios suelen tener espacios comunes para todos los miembros.
Una apuesta del Gobierno vasco
Ya hay algún ejemplo en España, pero la mayor apuesta viene del Gobierno vasco que acaba de incorporar a su anteproyecto de ley de vivienda la figura de las cooperativas de régimen de cesión de uso, con el fin de promover este modelo, a medio camino entre la propiedad y el arrendamiento.
La inclusión de esta figura en la nueva ley que prepara el Ejecutivo forma parte de las aportaciones presentadas al mismo por el Consejo Económico y Social (CES) y las cooperativas del sector.
El anteproyecto de ley ha entrado en su última fase de tramitación interna antes de ser aprobado por el Consejo de Gobierno y de ser enviado al Parlamento vasco para su aprobación definitiva como Ley de Vivienda.
* 20 Minutos - 7.12.11
Foto: Viviendas recientes - 20minutos
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LAOPINIÓN/A Coruña* : La magistrada del Juzgado de Instrucción nº2 de Betanzos ha decretado la imputación del alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso Miramontes, por detectar indicios de que cometió un delito continuado de prevaricación urbanística por permitir la urbanización de decenas de viviendas sobre suelo rústico entre 2002 y 2005.
La juez notificó ayer el auto en el que estima los recursos presentados por el fiscal y las acusaciones particulares contra la resolución del pasado mes de mayo en la que ordenaba el archivo de las imputaciones de Santiso y el exedil Antonio Fernández Fernández. La magistrada, tras examinar los escritos presentados por la Fiscalía y las acusaciones, una de ellas ejercida por la letrada María José Casal, volvió a imputar al regidor del PP y al exconcejal.
"José Antonio Santiso era alcalde del Ayuntamiento de Abegondo y, como tal, miembro de las comisiones de gobierno del año 2002 en las que se concedieron licencias de construcción, y miembro de la Junta de Gobierno Local de 17 de abril de 2004 en la que se concedieron cuatro licencias de reformado de proyectos básicos", recalca la juez encargada de investigar los hechos en el auto, en el que también subraya que Fernández formaba parte de las comisiones de gobierno en las que se concedieron los permisos de obra para construir viviendas unifamiliares en suelo rústico.
Los sospechosos, según sostiene la magistrada, autorizaron los trabajos tras recibir informes técnicos favorables elaborados por otros imputados en el caso. La juez destaca que el alcalde, el exconcejal y el resto de implicados actuaron con "premura" para otorgar las licencias antes del 31 de diciembre de 2002, fecha en la que entró en vigor la ley de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia que prohibió los usos residenciales en suelo rústico.
Los imputados, según la Fiscalía, son sospechosos de permitir urbanizar más de 200.000 metros cuadrados de suelo rústico y segregar 88 parcelas de las parroquias de Limiñón, Os Valiños, Pedregal y Coto, donde se construyeron viviendas unifamiliares. El Ministerio público sostiene que entre los años 2002 y 2007 se facilitó la construcción en el municipio de Abegondo de numerosos inmuebles unifamiliares en suelo rústico y en algunos casos de protección forestal.
La juez detectó indicios de que los imputados concedieron las licencias de obra para construir las casas a sabiendas de que en las fincas solo se podían permitir "actividades agropecuarias". La magistrada del Juzgado de Instrucción número 2 de Betanzos recabó documentación sobre el asunto y tomó declaración como imputados a los miembros de las comisiones de gobierno que votaron a favor de la concesión de licencias a los arquitectos Antonio Carro Núñez y Juan Carlos Ares Méndez, así como a Cristina Ballón López, Manuel Cortón Muinelo y Alberto Bermúdez Fandiño.
La magistrada dio traslado de las actuaciones a las acusaciones particulares y al representante de la Fiscalía y, en el auto que emitió ayer, les da la posibilidad de solicitar la práctica de nuevas diligencias, tanto documentales como testificales. Una vez que se realicen todas las pruebas, la juez emitirá el auto de procesamiento.
El Ayuntamiento de Abegondo repartió antes de las elecciones municipales celebradas el pasado mes de mayo el documento que decretaba el sobreseimiento de la imputación de Santiso. Seis meses después, la magistrada volvió a detectar indicios de que el regidor cometió un delito de prevaricación.
* La Opinión A Coruña - 6.12.11
Foto: Abegondo (A Coruña), ayuntamiento - todopueblos
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ELPAÍS/Madrid* : "Un desalojo, dos okupaciones. Solidaridad Hotel Madrid". La sábana pintada que cuelga del balcón del número 25 de la calle de los Tres Peces, en el centro de Madrid, deja claro el objetivo de los nuevos habitantes. El lunes por la mañana la policía desalojó por orden judicial a quienes okupaban el hotel Madrid y las plantas superiores del teatro Albéniz, un grupo heterogéneo compuesto por indignados, personas desahuciadas por impagos o sencillamente sin techo. La reacción fue inmediata. La marcha contra el desalojo convocada el mismo lunes por la tarde y en la que participaron unas dos mil personas derivó en varios intentos de okupación en inmuebles del centro. Ayer Por la tarde se okupó otro en la calle de Toledo, y el edificio okupado de madrugada en la calle de los Tres Peces, pronto dejará de estarlo.
Horas después de okupar en edifico en el barrio madrileño de Lavapiés, los indginados reconocían a través de Twitter que se han equivocado. "Nos hemos equivocado pero rectificamos y nos vamos". En el perfil de la red HotelMadrid15O, aseguran haber hablado con el propietario del inmueble -quien les ha dicho que retirará la denuncia- y se comprometen a dejarlo en los próximos días mientras hacen un llamamiento para buscar un nuevo sitio en el que puedan habitar los desalojados del Hotel Madrid.
En un manifiesto difundido ayer, los indignados que tomaron el céntrico hotel reafirmaron sus intenciones: "Este desalojo [en referencia al del hotel] supone solo otro reto. Porque volveremos a hacerlo. Y la próxima vez será aún mejor. Porque somos más. Porque somos el 99%".
Javier, de 27 años, fue quien facilitó el acceso al edificio de siete pisos de los Tres Peces. Lleva varios años en el mundo "de la okupación" en España y Europa. Vive cerca de la nueva casa tomada y asegura que ya se había fijado en el inmueble, "que lleva unos 20 años abandonado". "Por rabia" tras lo ocurrido en el hotel Madrid, el escritor callejero y escalador de edificios decidió okupar el inmueble en proceso de rehabilitación que ahora deberá abandonar aprovechando "una ventana rota" de la primera planta. "Para que la gente desalojada de la calle Carretas pueda tener otro sitio para vivir", explica.
Los okupas de la calle de los Tres Peces no dejan entrar a los periodistas. Para acceder al piso es necesario subir una escalera de mano que extienden y retiran desde la primera planta porque la puerta de la calle permanece bloqueada por unas cadenas colocadas por la propiedad. Tras las rejas pueden verse andamios, vigas y paredes a medio construir. La intención de los nuevos inquilinos era terminar ellos mismos la reforma para adecuar las instalaciones y acoger a familias desahuciadas. Por ahora en el interior del inmueble de Tres Peces hay seis personas que hasta ayer se encontraban en el hotel. Uno de ellos explicó que en el edificio caben siete familias. Pero ayer por la noche cambiaron los planes.
En la puerta de acceso al edificio se reunió un grupo de simpatizantes del 15-M, uno de los cinco propietarios del inmueble y varios agentes de la Unidad de Intervención Policial, que no llegaron a actuar. Tras horas de incertidumbre ante la posibilidad de un nuevo desalojo, los okupas pactaron con el representante de la propiedad que se irán en un plazo máximo de un mes y que no harán las obras previstas en el edificio (los baños no están instalados). Mientras se concreta la nueva mudanza, más de una decena de huéspedes se instalaron anoche tras trepar con sus propiedades por la escalera de mano que da acceso al edificio.
Quienes han elegido a los afortunados son los miembros de la comisión de Vivienda del 15-M. "Se trata de escoger a las personas más responsables y sociales con voluntad de trabajar en la comunidad y restablecer sus vidas", explica Tess, una educadora social de 26 años perteneciente al Movimiento 15-M. Tess reconoce que "un porcentaje grande" de los que quieren vivir en los edificios okupados son personas "que se creen con derecho a que les abran una casa, pero que no están dispuestas a trabajar". Según ella, la presencia de personas "sin pensamiento político ni social" puede dañar la convivencia en las casas okupas. Otro problema que ya se experimentó en el hotel Madrid, explica, es que hay distintos grupos que reclaman el uso de estos edificios con motivaciones muy diversas. "La convivencia entre personas de rollo callejero y familias desahuciadas, acostumbradas a vivir en su propia casa, es complicada" explica Tess. "Viven con códigos distintos". Destaca por ello la necesidad de planificar las okupaciones para dar la mejor solución a las personas desahuciadas y ampliar la red de edificios. "La Plataforma de Afectados por la Hipoteca prevé 60 desahucios solo en enero", además de "no sé cuántos más por problemas con el alquiler", apunta.
El Movimiento 15-M lidera en Madrid la okupación de varios edificios: en la calle Concepción Jerónima, en la Corredera Baja de San Pablo; un inmueble en el barrio de Carabanchel, otro en Galapagar, además de los okupados ayer en el centro. En el manifiesto difundido ayer el movimiento exige la creación de un parque de alquiler social universal y la despenalización del delito de usurpación. Están convencidos de que el problema de la falta de vivienda tiene solución.
* El País - F. JAVIER BARROSO / DAVID R. NELSON Madrid 7 DIC 2011
Foto: Varios de los okupas del edificio de la calle Tres Peces en uno de los balcones, donde han colocado carteles.- elpais
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LASPROVINCIAS* : Como la vida está llena de contrastes, la visitada calle Caminito de Buenos Aires es un escaparate colorista en mitad de la grisura que campa por el barrio argentino de la Boca; y según cuándo se viaja a Venecia, la peste del agua estancada compite desde el olfato con la belleza arquitectónica que impacta a la vista. Los entreveros que pueblan el mundo también se dan en Valencia. Un ejemplo de disparidad es la isla de bellas artes situada frente al viejo cauce del Turia, un remanso de obras pictóricas acosado por la desidia, la chapuza y el sinsentido. Pasear por el interior del San Pío V es tan gratificante como perturbador es rodear la pinacoteca. Los alrededores del Museo de Bellas Artes de Valencia es un nido de feas estampas, y mucho trabajo costará que no sigan aumentando.
Después de que la Conselleria de Cultura anunciase la semana pasada que el próximo domingo se abrirá la puerta que conecta San Pío V con Viveros, se ha tenido que trabajar a fondo en la zona del jardín que enlaza con el museo.
Carritos de supermercado
Hasta el pasado jueves el recodo ajardinado era un espacio poco recomendable, no ya para pasear, incluso para pisar, de la mugre y el mal ambiente que se respiraba en la zona, con extraños personajes deambulando, empujando carritos de supermercado llenos de chatarra y dormitando en los bancos públicos pegados a la segunda pinacoteca más importante de España.
Desde este pasado fin de semana, la zona de Viveros que enlazará con el Museo de Bellas Artes se ha adecentado. Junto a la limpieza, se añade una mayor presencia policial con el fin de disuadir a los que hasta ahora ocupaban la zona.
Peor solución tiene la propia fachada del museo, donde lo mismo crece un árbol que se desprende un cascote. La fragilidad del edificio obligó hace años a colocar una tela metálica que evita la caída a la vía pública de los cascotes.
Para terminar de embrutecer la fachada de la segunda pinacoteca española, precisamente en la parte que da a Viveros, desde hace unas semanas se ha colocado una cañería. Se trata de una tubería de importante calibre que asoma más de un metro por fuera de la fachada más histórica de la pinacoteca y que, se supone, sirve para desaguar. La cañería plástica contrasta con el torreón y la cubierta histórica del Museo de Bellas Artes.
También lleva camino de convertirse en un asunto histórico la biblioteca construida en Viveros, con dinero del Plan E. Hace medio año, el motivo por el que oficialmente se aseguraba que no se había abierto es que su acceso se sitúa precisamente en la zona de ampliación del jardín. Desde la calle se aprecian las salas vacías, los restos de obra y el cableado suelto, a la espera de que se habilite la pequeña biblioteca.
Hace un mes, no obstante, se ofreció otra versión puesta en boca del Ayuntamiento de Valencia. A la biblioteca construida hace dos años sólo le falta un pequeño detalle para iniciar el procedimiento de puesta al servicio del ciudadano: la puerta para entrar. No hay manera de acceder a la nueva biblioteca, y esa imposibilidad se atribuye al conflicto entre Consistorio y Ministerio de Cultura a cuenta de la ampliación del museo San Pío V.
El manoseado conflicto se ha convertido en algo recurrente a la hora de explicar los problemas que rodean al museo. Hace medio mes, el presidente del Consell Valencià de Cultura calificó el enfrentamiento de «ridículo», pero a costa de tal sinsentido, unos y otros tienen la casa y, sobre todo, la calle, literalmente sin barrer.
Un muro de dos metros separa una de las mayores concentraciones de arte pictórico de España y un callejón mal asfaltado en el que abundan las casas tapiadas y que culmina en un solar sin asfaltar, ahora encharcado tras las lluvias, lleno de matorrales y escombros.
En tierra de nadie
Tan deficiente es la situación que sufre la parte trasera de la pinacoteca que fuentes del museo admitían hace justo un año que se trata de una zona «al filo de lo marginal, y va a peor». Y ciertamente, no ha mejorado nada, pues el entorno del San Pío ha quedado en tierra de nadie. En teoría debería ser el Ayuntamiento de Valencia el que adecentara la zona. Sin embargo, y merced a la cesión de suelo municipal que se realizó para que el Gobierno central acometiese la cuarta fase de la reforma del museo, fuentes del Consistorio señalan al Ministerio de Cultura como responsable de asumir la urbanización del entorno durante la quinta fase de las obras, que no hay manera de que arranque.
El resultado es sangrante, y ninguna administración se atreve a poner un plazo para que finalice una situación que convierte en una aventura deprimente pasear alrededor el Museo de Bellas Artes de Valencia.
* Las Provincias - 6.12.11
Foto: La zona de Viveros junto al museo se limpió hace días - lasprovincias
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ELPAÍS/Madrid* : Las plazas del centro de Madrid cada vez están más libres de coches, fruto del empeño municipal en ganar espacio para los peatones. Pero en ese territorio rescatado no han brotado árboles, bancos o columpios, sino puestos de mercadillo. Esa actividad comercial dinamiza algunas áreas tradicionalmente abandonadas a su suerte y reporta beneficios económicos, muy reducidos, eso sí, al Ayuntamiento. Pero plantea inconvenientes: arrincona a los vecinos, hurtándoles el disfrute de la plaza, y genera ruido y suciedad.
El programa del PP en las elecciones municipales de mayo equilibraba promesas evocadoras y una vaguedad impuesta por las estrecheces presupuestarias. Así, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometía a convertir la plaza de España en "un gran parque urbano, a modo de hall de la actividad lúdico-cultural de la Gran Vía".
Esta operación de "reciclaje" afectaría además a las plazas del Rey (que se dedicaría a usos culturales), Vázquez de Mella (usos lúdicos y de estancia), Carmen (espectáculo y de estancia), María Soledad Torres Acosta (culturales y de estancia), Callao (comerciales y de espectáculo), Santo Domingo (dedicada a los centros de negocio existentes) y Mostenses (se constituirá un foro cívico centrado en el mercado municipal).
A día de hoy, en la mayoría de estas plazas hay un mercadillo, organizados muchos por el Ayuntamiento. En la plaza Mayor se levanta el "más emblemático y tradicional", según el alcalde. Son 104 casetas de decoración navideña, a las que se suman las montadas en las vecinas plazas de Santa Cruz y de la Provincia para vender pelucas, objetos de broma y otros cachivaches. En Santa María Soledad Torres Acosta (más conocida como plaza de la Luna) hay una pista de hielo y otra de descenso de trineo. En Jacinto Benavente, "un pueblo medieval" de 22 casetas. En Santo Domingo, otra feria navideña. En la plaza del Carmen está en ciernes una de artesanía. Y en Callao se alza un árbol de 18 metros y una pista de patinaje comercial.
Si bien es cierto que la Navidad convierte el centro de la ciudad en un foco de atracción para cientos de miles de madrileños y foráneos, hasta el punto de colapsar las vías peatonales y generar atascos legendarios, los mercadillos no son una característica privativa de esta zona o época, también los hay en el resto de distritos, ahora y durante todo el año.
El Ayuntamiento cobra la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, con la que en 2012 espera obtener 2,6 millones de los puestos y 5,7 millones de las terrazas (la parte del león la pagan las empresas de servicios que agujerean el suelo). Los mercadillos pagan de 0,16 a 4,46 euros por metro cuadrado cada 10 días o fracción. Además, deben abonar la tasa por prestación de servicios urbanísticos (162 euros por evento).
Por ejemplo: el mercadillo navideño reportará este año al Ayuntamiento 29.400 euros por la tasa de utilización de la plaza Mayor y la plaza de Santa Cruz. A esa cantidad se le sumarán además otros 3.140 euros por el mercadillo anejo de abetos.
2"Los mercadillos dan un ambiente agradable a las plazas y mitigan los problemas de inseguridad (prostitución, trapicheos, etcétera), pero también generan más suciedad", dice Florencio Delgado, presidente de la Asociación de Comerciantes de Gran Vía. Los vecinos piden "sentido común". "Que no se aniquilen los espacios públicos, que se usen para comercio, sí, pero también con sitio y dotaciones para Paquita la del 5º y José el del 1º B. No somos el escenario de una película de Hollywood, somos gente normal que se quiere sentar en un banco a hablar de sus cosas sin tener que pagar para ello un café en una terraza", explica Claudia Mora, de la asociación de Centro-La Latina.
"En Navidad, la Plaza Mayor y aledaños se convierten en prácticamente intransitables, lo que genera problemas de habitabilidad a los vecinos. Parte de esta excesiva afluencia se debe al peso de la tradición y parte a las políticas municipales para promocionar el turismo masivo. Los mercadillos son un gancho para atraer gente", añade Carmen Lence, de la asociación de vecinos Ópera-Austrias.
Por regla general, las plazas que no han sido reformadas en los últimos tiempos son las más agradables. En la del Rey hay una exposición fotográfica. La fuente está en obras, pero abundan los árboles y hay una veintena de bancos. En Vázquez de Mella hay columpios, quiosco, terraza, parking de bicis y una treintena de árboles y arbustos, pese a tener un aparcamiento debajo. Eso esgrime el Ayuntamiento precisamente para no ajardinar las plazas recién reformadas: no hay subsuelo suficiente. En la recién pavimentada plaza del Carmen hay solo seis bancos y dos árboles pese a tener uso de estancia. El espacio lo ocupan habitualmente mercadillos y una terraza. La de María Soledad Torres Acosta es una extensión de asfalto bordeada de árboles, con seis bancos y columpios. Normalmente está desierta, aunque ahora hay instalaciones navideñas y una terraza. Ah, y una placa en el suelo a caballo entre la superstición y la palabrería sobre la alusión a la Luna.
Pero quizá el epítome del debate sea Callao, recién convertida en una gran explanada con cinco bancos y tres árboles. Es difícil pasar por allí sin pensar que la reforma se hizo estrictamente con ese uso comercial en la cabeza, pues no hay día en el que no se use como escenario para vender desde coches hasta acciones. Contrasta con Ópera, distribuida erráticamente pero poblada de bancos.
¿Cuánto gana el Ayuntamiento por ceder las plazas públicas? En general, muy poco. En el distrito Centro, el evento más lucrativo es el Rastro (292.700 euros). La Feria del Libro Antiguo que se celebra en primavera y otoño en Recoletos reporta 18.490 euros. La Feria del Sello en la Plaza Mayor, 7.118 euros. La "fiesta de la vendimia" organizada allí por el Consejo Regulador del Cava el pasado 8 de noviembre, 1.481 euros.
En total, solo 360.000 euros. Otra cosa es la actividad comercial que generan los mercadillos o la animación que insuflan a esos lugares. Pero el precio lo pagan los vecinos, despojados de unas plazas a las que ya antes se ha desnudado de bancos, árboles o zonas infantiles. ¿Vale la pena?
* El País - BRUNO GARCÍA GALLO - Madrid - 05/12/2011
Foto: Uno de los mercadillos instalados en las plazas de la capital con motivo de las fiestas navideñas.- elpais
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GRANADAHOY* : En el último minuto la Comisión de Patrimonio seguía recibiendo documentación del Ayuntamiento de Granada para la rehabilitación del Cuarto Real de Santo Domingo pero eso no impidió que ayer, después de años con el proyecto empantanado, la reforma obtuviese la luz verde. En principio, si nada lo impide, las obras que llevan dos décadas paralizadas y que cuentan ya con una partida presupuestaria asignada por parte de la Consejería de Turismo -que sufragará el 60% de los trabajos- comenzarán en breve.
Más concretamente, la última documentación del área de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, titular del monumento, llegó a la Delegación de Cultura media hora antes de que diese comienzo la Comisión de Patrimonio. En el escrito, según hizo público el delegado, Pedro Benzal, Urbanismo pedía a la Junta que se haga cargo del pago del estudio histórico de la muralla que se encuentra en la parcela del monumento por entender que es un resto de su competencia. "Se ha enviado a nuestros servicios jurídicos para que sea estudiado, pero el alcalde y la concejal tienen un problema para distinguir titularidad de tutela", apuntilló Benzal.
Otro de los puntos del escrito era una petición para que no sea modificada la alineación histórica para el pabellón de entrada y el tercero era una solicitud para que el informe de patrimonio se circunscriba sólo al edifico anexo del XIX, precisamente el aspecto que más polémica había generado desde el principio por si se conservaba o no.
Pedro Benzal insistió ayer que la Delegación de Cultura había hecho todo lo posible por acelerar el proceso para que este proyecto reciba la luz verde y desmintió rotundamente que se haya demorado por culpa de la Junta de Andalucía. "Nosotros hemos tratado varias veces de reunirnos con los técnicos del Ayuntamiento para buscar una solución conjunta a algunas cuestiones que había que resolver, y no precisamente de detalle como se ha llegado a decir. Sin embargo, el Ayuntamiento nunca ha comparecido".
"El equipo de arquitectos nos dijo que el jueves de la semana pasada nos entregaría el proyecto con las modificaciones que habíamos fijado y nosotros retrasamos una semana la Comisión de Patrimonio para poder informar positivamente de la reforma del Cuarto Real", añadió el delegado, quien aprovechó la comparecencia ante los medios para pedir al Ayuntamiento que agilice la licencia del Patio de los Leones y que no utilice el Patrimonio "como método electoral para pelearse con nosotros", una circunstancia de la que aseguró estar "muy cansado".
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Isabel Nieto, apuntó que el equipo redactor del proyecto se ha limitado "enviar un escrito en el que se matiza, explica, acepta o rechaza" algunas de las especificidades que Cultura le había pedido en el último requerimiento. "Asumimos lo que afecta directamente nuestro proyecto pero si la Junta quiere otros aspectos como el tema de la conservación de la muralla, que nos delegue competencias, pague el proyecto y vemos. Lo importante es que esta pesadilla termine de una vez", concluyó la edil.
* Granada Hoy - 2.12.11
Foto: La restauración del edificio anexo puede empezar en breve.- granadahoy
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