C.Valenciana.- Mociones municipales contra la cesión de suelo público para colegios concertados

ELPAÍS* : La oposición frontal de todos, padres, alumnos, profesores, inspectores y sindicatos, a la cesión de suelo público para construir colegios concertados ha llevado a la Plataforma per l'Ensenyament Públic a iniciar una campaña de mociones en todos los Ayuntamientos para "frenar la privatización" del sistema educativo valenciano. Se trata del segundo sistema en el nivel nacional en el que más ha crecido la enseñanza privada concertada.
La Plataforma ha convocado también reuniones en las Cortes Valencianas con todos los partidos para retirar el artículo de los Presupuestos de 2012 que regula la cesión de infraestructuras públicas, y concentraciones en las tres capitales y municipios de mediano tamaño. La campaña concluirá el 21 de enero con un manifestación en Valencia.

"La Plataforma continúa con estas acciones y la campaña iniciada el curso pasado de oposición a esta iniciativa, porque considera que la construcción de este tipo de centros, los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), suponen un freno a la construcción de centros públicos", afirma en un comunicado. Esta estrategia de privatización de la enseñanza pública supondrá "una reducción de unidades y de profesorado por culpa del trasvase de alumnos de la escuela pública a los nuevos centros".

La Plataforma está integrada por la federación de padres de alumnos FAPA-Valencia, los sindicatos CC OO, STEPV y UGT, la confederación de asociaciones de vecinos de la Comunidad Valenciana (Cavecova), las federación de alumnos Faavem, las asociaciones de directores de Primaria y de Secundaria, la de inspectores Adide, los movimientos de renovación pedagógica MPRs y los sindicatos universitarios BEA, Campus Jove y SEPC.


* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 25/11/2011
Foto: Valencia, protesta por una enseñanza pública de calidad (archivo) -- ccoo

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“Pagamos ahora los efectos de la fiesta inmobiliaria”

ENRIC LLOPIS* : Se informa de la crisis como fruto del azar, sin causas ni responsables, y con una sola receta para salir de la misma: planes de austeridad, ajustes y recortes. Para el reputado economista y estadístico, José Manuel Naredo, sí que hay un origen claro de la actual recesión en el estado español: “ahora estamos pagando las consecuencias del festín inmobiliario de los últimos años, impulsado por la coalición de un neocaciquismo disfrazado de democracia y el binomio formado por el poder financiero y las grandes constructoras”.
Naredo, que incluida la última ha estudiado con detalle tres burbujas inmobiliarias, ha realizado estas reflexiones en el segundo taller de la Academia de Pensamiento Crítico de Socialismo 21 y El Viejo Topo, titulado “¿Es España diferente? El modelo inmobiliario español y sus consecuencias económicas, ecológicas y sociales”.
En Europa se distinguen dos modelos inmobiliarios. El primero, por el que han apostado Alemania o Suiza, se basa en la regulación de la propiedad y la actividad inmobiliaria, el alquiler, la vivienda social y la conservación del patrimonio. “Los países que se han movido dentro de este paradigma se han visto menos afectados por la crisis”, subraya Naredo. Pero el estado español, y muy singularmente el País Valenciano, se han apuntado al segundo modelo, que les ha hundido en la recesión; reclasificaciones de suelo y plusvalías a mansalva, y vivienda libre y en propiedad (con absoluta independencia de las necesidades demográficas) son los rasgos de esta alternativa.

El economista, autor de “Luces en el laberinto” (2009) y “Raíces económicas del deterioro ecológico y social. Más allá de los dogmas” (2010), explica en su último libro algo en lo que se insiste poco: las raíces franquistas del modelo inmobiliario español. “La especulación de unos pocos se impuso durante el franquismo a la planificación urbana y la ordenación del territorio al servicio de la mayoría”, explica Naredo, quien añade que Madrid se convirtió en uno de los ejemplos más logrados de este fenómeno. Además, la vivienda libre y en propiedad fue desplazando –en un proceso que culminaría en la democracia- a la vivienda social y el alquiler (antes de esta transformación, en Barcelona, Valencia o Bilbao se daba un predominio absoluto del arrendamiento). Para rematar, salta a la vista la raigambre franquista de las grandes constructoras españolas.

Por ejemplo, Naredo sitúa en “los años del desarrollismo” franquista la primera ola de “urbanismo salvaje” en el litoral, un proceso de urbanización sin precedentes (el parque de viviendas aumenta en esos años un 40%) y la demolición o reedificación de los edificios de los cascos históricos. Fenómenos, todos ellos, que se consolidarían en décadas posteriores.

Éste es el origen del disparatado paradigma inmobiliario. ¿Y los efectos? Devastadores. En plena burbuja, España consumía casi 60 millones de toneladas de cemento anuales y más de una tonelada de cemento por hectárea de media. Lo que está detrás de estas cifras –explica el profesor de la Escuela de Arquitectura de Madrid- es “la masiva destrucción de suelo y de sistemas agrarios, reclasificados de manera casi sistemática, para la obtención de plusvalías”.

Se padece actualmente la resaca del boom en forma de recortes, paro y exclusión. Pero entonces, entre 2001 y 2007, la orgía se celebraba sin freno. El estado español construía más viviendas que Francia y Alemania juntas, aunque la población de estos países fuera el triple que la española y la superficie territorial, el doble. “La burbuja, concluye José Manuel Naredo, no guarda relación con la demografía ni con las necesidades básicas de la población; a medida que crece la construcción de viviendas, lo hacen también los precios, en función de las expectativas de negocio”.

La denominada crisis de las deudas soberanas también se explica -en el caso español, donde el endeudamiento privado supera ampliamente al público- por el monocultivo del ladrillo. Si en 1995 (antes de la burbuja), la deuda hipotecaria de las familias españolas en relación con su renta disponible era inferior a la de franceses, alemanes, japoneses, británicos, estadounidenses y canadienses, en 2006 (en pleno boom) superaba a estos. Los ciudadanos españoles habían hipotecado irremediablemente su futuro, en un país salpicado de “operaciones” urbanísticas y “megraproyectos”, y que ocupaba una posición de vanguardia en kilómetros de autovía, líneas de tren de alta velocidad y ruinosos aeropuertos provinciales.

Sin embargo, a juicio de Naredo, peor que los daños económicos, sociales y ambientales del modelo, es “el estrés psicológico y la bancarrota moral, individual y colectiva provocada”; una corrosión de los principios que conducía al agio generalizado y alcanzaba cotas de corrupción como las registradas en el Ayuntamiento de Marbella. Ahora, “con un modelo inmobiliario agotado –subraya Naredo-, en lugar de reformarlo para volver a la vivienda social (de la que carece el país) y regular el stock de pisos vacíos, se opta inexplicablemente por la reforma del mercado de trabajo o de las pensiones”.

Actualmente, recuerda el autor de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (2011), “el gran patrimonio inmobiliario está en manos del sector financiero, que está en peligro de padecer una crisis de solvencia; Ésta se hará evidente cuando los balances contables vayan recogiendo el desplome del sector del ladrillo, es decir, la desvalorización de promociones, viviendas y solares”; “una de las salidas será, a buen seguro, la creación de bancos malos, en los que las entidades financieras podrán hacer sus enjuagues, provisiones, maquillajes y guardar sus pasivos; ya están subastando a la baja su patrimonio inmobiliario y, presumiblemente, acabarán saldándolo como sucedió en Japón”. Esto, bancos y cajas de ahorros. Los ciudadanos, mientras, continuarán soportando desahucios al no poder afrontar sus hipotecas.

* Rebelión - Opinión - 26.11.11

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La corrupción descabeza el poder político y empresarial de Alicante

ELPAÍS* : Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.
Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.
En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".


* El País - S. NAVARRO / R. BIOT - Alicante / Elda - 26/11/2011
Foto: Alicante, alcaldesa Castedo y exalcalde Alperi -adn

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El Supremo ratifica la anulación del PGOU de Guillena de 2006

ABC/Sevilla* : El Tribunal Supremo (TS) ha desestimado los recursos de casación promovidos por el Ayuntamiento de Guillena (Sevilla) y la Junta de Andalucía, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que, el 9.09.2008, anuló la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de dicho municipio, a cuenta del incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA). En concreto, este instrumento de planificación urbana fue promovido por el exalcalde socialista de Guillena Justo Padilla, condenado luego por prevaricación tras autorizar la construcción de naves empresariales en suelos reservados para zonas verdes. Mediante una sentencia emitida el 18 de noviembre y recogida por Europa Press, la sección 5ª de la sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirma, en todos los aspectos, el fallo del TSJA que, en 2008, anuló la resolución del 7.07.2006 de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo, perteneciente a la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, por la cual fue aprobado definitivamente el PGOU de Guillena.

El Supremo, así, ha desestimado los recursos de casación impulsados por la Junta y el Consistorio, ahora gobernado por Lorenzo Medina Moya (PSOE), e incluso ha impuesto las costas a estas administraciones.

«Se ha orillado el cumplimiento de la Ley»

"Los autores del planeamiento han eludido de manera consciente la obligación de que el plan se ajuste en determinados aspectos a la Ley 7/2002", señala la sentencia del Tribunal Supremo entre otros aspectos, toda vez que ya el fallo confirmado del TSJA, también recogido por Europa Press, resolvía que "simple y llanamente, lo que se ha hecho es orillar de manera consciente y asumida el cumplimiento de la Ley, de norma de rango superior, obviando su mandato". El primigenio nuevo PGOU de Guillena ya fue anulado por primera vez en 2005 como consecuencia de las acciones judiciales emprendidas por una asociación de vecinos de Las Pajanosas. El procedimiento de elaboración del nuevo planeamiento urbano, así, fue retrotraído hasta desembocar en la resolución de fecha 7 de julio de 2006, gracias a la cual la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y Urbanismo aprobaba definitivamente, y otra vez, el nuevo texto de ordenación urbana. No obstante, un nuevo recurso promovido por la vía Contencioso Administrativa motivó la ya citada sentencia del TSJA, recurrida en casación por el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía y ahora ya confirmada por el TS.

Los argumentos de Ayuntamiento y Junta

Frente a la acusación de incumplimiento de la LOUA, cuya Disposición Transitoria Cuarta establece que las determinaciones de los planes y restantes instrumentos de ordenación urbanística "deberán ajustarse plenamente a la ley en lo que se refiere al régimen urbanístico del suelo y la actividad de ejecución", la administración autonómica señalaba que al Consistorio se le ordenó redactar un documento complementario en el que se recogiera esto. Sin embargo, según el fallo del TSJA, no consta en el expediente este documento, "ni ninguna de las partes dan cuenta del mismo". "Se ha incumplido una norma imperativa de carácter obligatorio", señalaba el TSJA en la sentencia ratificada, que además acusaba al Ayuntamiento, entonces gobernado por Justo Padilla (PSOE), de "crear artificialmente una inseguridad que no puede tener amparo jurídico, creando la apariencia equívoca de determinaciones de naturaleza reglamentaria vigentes destinadas a ordenar y desarrollar urbanísticamente el municipio de Guillena".



* ABC - 25.11.11
Foto: Guillena (Sevilla), ayuntamiento - sevillaweb.info

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Las primeras cinco familias entran a vivir en un edificio ocupado de Barcelona

20MINUTOS* : Las primeras cinco familias han entrado a vivir este viernes en el edificio de viviendas, hasta ahora vacías, de la calle Hostafracs, un bloque que fue ocupado la semana pasada por el movimiento del 15M con el fin de dar cobijo a personas en paro y desahuciadas de sus casas.
"Desde hoy se convierten en nuestros vecinos", ha celebrado un portavoz del movimiento 15M de la Asamblea Plaza de Sants, Ferran Aguiló, en una conferencia de prensa en la que estaban presentes las familias que habitarán el inmueble.
Ante la previsión de que llegue la semana que viene la denuncia que ha presentado la propietaria del edificio, Aguiló ha pedido a la justicia y a la administración que "se respete el derecho a la vivienda". Para el portavoz del 15M, las ocupaciones de edificios vacíos para darles un uso social no se debería penalizar.

El movimiento del 15M justifica la ocupación porque, según Aguiló, los poderes políticos no actúan contra la "emergencia social" que supone que, en Cataluña, haya habido 18.000 desahucios desde 2008, cuando existen unas 50.000 viviendas vacías.

El inmueble de Hostafrancs, en el que no ha habitado nunca nadie hasta la fecha, fue construido hace tres años por Nyala 2000, una inmobiliaria que quebró y fue absorbida por la entidad Sa Nostra. En el bloque, situado en los números del 1 al 3 de la calle Hostafrancs, vivirán un total de doce unidades familiares.

Una de las nuevas inquilinas ha explicado que no le dieron un piso de protección oficial donde alojarse con sus dos hijos pequeños (de 4 meses y 3 años) y su marido, después de ser desahuciados y que tuvo que vivir en el domicilio de su suegra, en el que, en total, convivían siete personas en un espacio de 35 metros cuadrados


* 20 MInutos - EFE - 25.11.11
Foto: 'Flashmob' en la plaza de Sant Jaume de Barcelona bajo el lema "Todos somos ciudadanos. Nadie sin hogar". (ANDREU DALMAU / EFE)

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Galicia.- La Caixa dedicó el 30% de su obra social a inversiones inmobiliarias

ELPAÍS* : Pronto desaparecerá todo rastro de la caja de ahorros en Galicia. La Xunta acelera el proyecto de ley para transformarla en una "fundación de carácter especial", según lo expresado hoy por el director de Política Financiera, Manuel Galdo. Esa norma permitirá que NCG no esté sometida a las mismas obligaciones contables que tiene hoy como caja, sino que "se simplificarán", dado que ya no gestiona el negocio bancario. Sin ocultar su rechazo a la valoración que el Banco de España realizó sobre los activos de la entidad, una decisión que redujo a la mínima expresión el peso de Novacaixagalicia en el banco-, Galdo explicó en la comisión parlamentaria de Presupuestos que esta fórmula es la más adecuada para el futuro de la entidad que ahora gestiona la Obra Social. "De los 96 edificios que tiene, 15 no están en uso", afirmó, a modo de recordatorio de las enormes inversiones en ladrillo que tanto Caixa Galicia como Caixanova desplegaron en la última década para sustentar su labor, que supuestamente debería haber sido más asistencial. "El 30% de la inversión de la Obra Social estaba dedicada a activos inmobiliarios".

Repitiendo los argumentos que más de una vez ha usado la conselleira de Facenda, Marta Fernández Currás, Galdo insistió en que la culpa de la privatización de la caja la ha tenido el Gobierno, con el decreto de recapitalización del pasado febrero que obligó a las cajas en dificultades a elevar su solvencia. También recordó que alguna de ellas (Caixa Galicia) llegó a crecer en un solo ejercicio "un 50% sin que el supervisor dijese nada".

Por la mañana, Novagalicia Banco celebró en Vigo su tercer consejo de administración presidido por José María Castellano. Siguiendo el calendario que pactaron hace un mes, los copresidentes de la caja de ahorros gallega, Mauro Varela y Julio Fernández Gayoso, presentaron su carta de renuncia. Hasta diciembre no serán sustituidos.


* El País - MARÍA FERNÁNDEZ - Vigo - 25/11/2011
Foto: Galicia, caixa- caixa

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El placer de las ciudades

MARTA ROMÁN RIVAS* : No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.
Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.
Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

La conocida sexóloga americana, Shere Hite (1), explica en un artículo que la idea socialmente extendida de la existencia de un centro de placer en el interior de la vagina, el famoso “punto g”, no se corresponde con las vivencias y experiencias de millones de mujeres de todo el planeta. El problema no es sólo dirigir la búsqueda en una dirección incorrecta y que las mujeres no obtengan el placer, sino distorsionar la percepción que las mujeres tienen de su propio cuerpo. Como cita la autora,“ la sociedad ha condenado a las mujeres, como si sus sensaciones estuvieran equivocadas y no fueran las debidas”. Aunque Freud sabía que las mujeres encuentran el placer más fácilmente a través de la estimulación externa, sus teorías redundaban en la idea de que las mujeres no se comportaban correctamente y se debían “adaptar”, “madurar” y “crecer”, consiguiendo con sus ideas culpabilizar y negar la sexualidad femenina.

¿Qué tiene que ver “el punto g” con el urbanismo? Casi en la misma época en que Freud está definiendo cómo debía responder el cuerpo de las mujeres, el “Urbanista Rey” (2 ) Le Corbusier (3) está desarrollando su teoría de las proporciones en la construcción. Extasiado por el progreso técnico, asimila el cuerpo humano con las máquinas y plantea que “los hombres están hechos con el mismo molde desde las épocas más lejanas que conocemos (…) toda la máquina tiene por base el esqueleto, el sistema nervioso y el sistema circulatorio; y así es para cualquiera de nosotros, exactamente y sin excepción. Estas necesidades son tipo, es decir que todos tenemos las mismas.” Bajo esta concepción del cuerpo humano y sus necesidades llega a definir un habitante-tipo, un modelo humano único, que alcanza 1,829 metros de estatura, y que será el patrón a partir del cual se conciban los espacios construidos. Un modelo de habitante al que muchas personas, la mayoría, no se asemejarán jamás.

Tanto en el caso de Freud como de Le Corbusier, quienes están hablando de sexo o de ciudad representan una autoridad máxima en su materia. Pensadores que, aunque cuestionados o debatidos posteriormente, han sentado las bases de sus respectivas disciplinas y han contribuido al legado cultural del siglo XX. Y resulta que ambos omiten o niegan la fisiología, la experiencia y las necesidades de las mujeres o convienen que ésta es errónea. Por ello, es lógico que las mujeres hayamos vivido nuestro cuerpo como si de un extraño se tratase -ya que no se comporta como decían los expertos que debía hacerlo- y vivamos como extranjeras en un espacio urbano inadecuado -ya que no encajamos en ese molde de ciudadano sobre el que se construyen nuestras casas y ciudades-.

Jane Jacobs 4 con su magnífica obra “Muerte y vida de las grandes ciudades americanas” nos ayuda a entender la posición de los urbanistas con respecto a la ciudad y las distorsiones que han generado en ellas. Esta autora plantea que los urbanistas tanto conservadores como progresistas se caracterizan por un rasgo esencial: odian a las ciudades y, como tal, se enfrentan a ellas como reformadores sociales. Al igual que Freud se enfrenta a lo que él denomina “el enigma de la naturaleza femenina” y asume a la mujer como anomalía, como cuestión, como curiosidad, como problema social que debía resolverse, los urbanistas se enfrentan a las antiguas ciudades orgánicas, bulliciosas y densas, también como problema, porque las conciben como espacios desordenados, caóticos y sucios. Su ideal es poner orden en ese aparente caos y crear espacios limpios, luminosos, ventilados, higiénicos y geométricos que se comporten “como deben”, sin darse cuenta que estas intervenciones muchas veces lo que hacen es convertir las ciudades en frígidas. El cuerpo de cada ciudad tiene sus propias reglas de salud, placer y belleza, equilibrios sutiles que se pueden dañar si se les imponen normas universales o planteamientos “freudianos” como lo que manifiesta el urbanista francés: “La recta es también sana para el alma de las ciudades, la curva es ruinosa, difícil y peligrosa; paraliza”.

Freud y Le Corbusier realizan un ejercicio supremo de poder al considerar que la imagen que tienen de la realidad es la que se acerca a la norma universal y, por ello, se pueden permitir el lujo de creer en su propia idea transformadora. Mientras unos centran la atención en la búsqueda infructuosa del “punto g”, alterando la forma de relación y las vivencias de millones de mujeres, la intervención en las ciudades se hace con la misma falta de cuidado ante la diversidad y ante la complejidad del fenómeno urbano. El fondo de la cuestión no es que los métodos de análisis y de aproximación sean inadecuados, lo plantean como inadecuado es el propio sujeto: la mujer o la ciudad misma que no se asemeja a “la norma”.

Jane Jacobs, en la obra anteriormente citada, plantea la situación concreta de un barrio de Boston lleno de vida, North End, pero que por sus características de población de renta baja, por la inmigración y por la densidad elevada, es considerado por los urbanistas como un barrio a extinguir. Reconstruye una charla con un planificador local que conoce por propia experiencia lo agradable que es pasear por sus calles e, incluso, comenta los logros sociales de esa zona donde hay menos delincuencia que en ningún otro lugar y cuya mortalidad infantil es la más baja de todo Boston. Aún así, el planificador sigue reiterando que es un barrio urbanísticamente mal concebido por la densidad, la falta de espacios libres o la calidad de la vivienda y predomina su visión de urbanista antes que su propia experiencia como ciudadano.

Es precisamente en esa mezcla de usos, en la yuxtaposición, en la proximidad, en ese desorden aparente, donde las mujeres podemos encontrar un lugar adecuado para desarrollar nuestra vida, justo en los espacios que muchos teóricos detestan. Lugares donde poder tejer relaciones sociales, donde es posible compatibilizar tiempos y espacios y donde hay una mayor densidad de servicios de todo tipo.

Al igual que si seguimos a la búsqueda del “punto g” en nuestras relaciones íntimas, tenemos más garantizada la frustración que de placer, el punto “g” de las ciudades tampoco está donde nos han dicho. No hay placer urbano en la ciudad aséptica y limpia de la primacía económica, aunque ésta tenga grandes parques y anchas calles. No hay placer en las bajas densidades, como las grandes promociones de adosados que no permiten la diversidad y la mezcla. No hay placer en la zonificación que separa y segrega los usos y a quienes tenemos la vida mezclada nos rompe. Tampoco hay placer en la urbanización sin límites que nos hace invertir horas en transporte para alcanzar cualquier lugar. Un espacio pensado para producir, transitar y consumir tal vez funcione para quienes se asemejan a ese ciudadano-tipo para los que han sido creados, para el resto es un desastre. Es decir, para todos, pues nadie cumple toda su vida con ese canon.

Igual que no hay mujeres frígidas sino amantes torpes, también nuestras ciudades, ese milagro colectivo al que hay que mimar, se han visto asaltadas por intervenciones urbanísticas que en vez de amar y explorar su complejidad, su diversidad, sus entresijos, su riqueza urbana, se han empeñado en cambiar este cuerpo vibrante y creativo, por otro normalizado, reglado y previsible.

Como escribe Jordi Borja (5) “no hay crisis de ciudad ni la ciudad es la generadora de graves problemas sociales. En todo caso si la ciudad no cumple es porque hay urbanización sin ciudad. El problema es la no ciudad, no la ciudad”. Tenemos que tenerlo muy claro, igual que nosotras no somos el problema, la ciudad tampoco lo es.

* Marta Román Rivas Geógrafa Julio de 2005

* Publicado en la revista ARTECONTEXTO – Número 8. Otoño 2005.
1 Shere Hite. El País – EPS marzo 2001.
2 Françoise Choay « El urbanismo. Utopías y realidades » Lumen (1970)
3 Le Corbusier, «Propos d’urbanisme » (1946)
4 Jane Jacobs “The Death and life of Great American Cities”. Random House. New York. (1961)
5 Jordi Borja “La ciudad conquistada” Alianza. (2003)


* Plataforma PAH Valencia - 11.11.11

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La Xunta defiende el fichaje de un promotor como jefe de Urbanismo

ELPAÍS/Pontevedra* : Con meses de retraso llegó ayer al Parlamento la polémica por el nombramiento como jefe de la Consellería de Territorio en Pontevedra de José Luis Díez Yáñez, exapoderado de una promotora inmobiliaria vinculada a la red Gürtel que aún pleitea con el Ayuntamiento de Sanxenxo por un negocio fallido para construir una urbanización de lujo sin viviendas públicas. El fichaje fue defendido por la secretaria general de Urbanismo, Encarnación Rivas, que no vio problema en que alguien que trabajó para 14 promotoras pasase al poco tiempo a ser garante de la legalidad urbanística. Al contrario, la circunstancia le parece deseable. "Lejos de ser perjudicial incluso tiene aspectos positivos, porque acerca experiencias del sector privado a la actividad de la Administración", leyó.

El asunto se debatió en la comisión de ordenación territorial del Parlamento a instancias del diputado nacionalista Bieito Lobeira, que partió del caso específico de Díez para criticar el estrecho vínculo entre el urbanismo de Sanxenxo y la consellería que dirige Agustín Hernández. La propia Rivas fue gerente de Urbanismo del municipio costero en la época de Telmo Martín, y un asesor de Hernández, José Luis Narbón -uno de las artífices de la normativa territorial en tiempos de José Cuiña-, es responsable de un bufete que defiende a infractores urbanísticos, por un lado, y al propio Ayuntamiento de Sanxenxo por otro, al que en cuatro años cobró más de 345.000 euros en minutas judiciales. "Sanxenxo es una escuela de formación para cargos del PP en materia de urbanismo", cargó Lobeira, que pidió el cese de Díez.

La cuestión no era plantear la legalidad de los nombramientos, que el diputado del BNG no puso en duda, sino su ética. Díez Yáñez fue director de relaciones institucionales de Sedesa, empresa vinculada al caso Gürtel de presunta financiación ilegal del PP. Entre las 12 compañías relacionadas con Sedesa en las que estuvo empleado, fue apoderado de Mirador de Sanxenxo, una promotora que pactó con el Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés, con Martín de alcalde y Rivas de gerente de Urbanismo, pagar al consistorio 4,8 millones de euros para eludir la obligación de construir viviendas de protección oficial en una urbanización en Monte Faro con 1.330 viviendas de lujo.

El acuerdo se vio frustrado por los requisitos extra que instauró el bipartito. Díez Yáñez trató de recuperar el montante ingresado para la empresa, por lo que firmó personalmente un recurso de reposición contra el Ayuntamiento. El conflicto siguió en el juzgado. Un año después de rubricar el recurso, fue nombrado jefe territorial, cargo que lleva aparejado el de presidente de la comisión provincial del Instituto Galego de Vivenda e Solo. Sustituyó en el puesto a Evaristo Juncal, que cesó tras desvelar EL PAÍS sus negocios con testaferros de narcotraficantes. "Los cargos de responsabilidad en un Gobierno no deberían estar vinculados a actividades privadas recientes en el mismo ámbito en que ejercen responsabilidad política en la actualidad", reprochó Lobeira.

En su respuesta, Rivas recordó la tramitación del acuerdo inicial entre el Ayuntamiento y la promotora, insistiendo en su legalidad. También quiso sacar pecho por la tramitación del Plan Xeral de Ordenación Municipal de Sanxenxo, del que destacó que el Ayuntamiento ha ganado todos los pleitos en su contra menos uno. Olvidó decir que el trasiego judicial de la norma le ha costado a las arcas locales más de 900.000 euros, según las propias cuentas municipales. Lobeira le reprochó que fuese ella la encargada de responder a una pregunta que afectaba a su gestión. "Es una versión de parte", protestó. Después llamó a "terminar con la impunidad del PP en Sanxenxo y en Galicia para asumir como normal este tiempo de procesos".

Rivas se ciño de entrada a la legalidad del nombramiento. "No incurre en incompatibilidades. Renunció en acta notarial a los apoderamientos que ostentaba en la empresa privada". Y deslizó una acusación al propio BNG. "El acceso a puestos directivos desde el sector privado no es nuevo, como tampoco el camino inverso y cualquiera que sea el color político, como ustedes saben".


* El País - VÍCTOR HONORATO - Pontevedra - 26/11/2011
Foto: Sanxenxo (Pontevedra) - mma.es

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Madrid.- 15 'okupas' se instalan en un bloque de viviendas abandonado

ELPAÍS* : Un grupo de unos 15 okupas se han instalado hoy en un nuevo bloque de viviendas abandonado ubicado en el nº11 de la calle Concepción Jerónima de la capital, entre Tirso de Molina y la calle Carretas. El edificio, que desde fuera parece estar reformado y en bastante buen estado (además de con materiales de calidad, la puerta, de madera maciza, es moderna).
El edificio ha sido ocupado durante la noche, ha confirmado a Efe una de las personas que se encuentran en el interior de este inmueble de cinco plantas y 28 viviendas. El nuevo espacio tiene como objetivo, según han explicado, realojar a familias madrileñas que se han quedado sin vivienda porque han sido desahuciadas. El bloque de pisos, conocido en el barrio por su fachada rosa, está abandonado desde hace años.

Sus nuevos ocupantes tienen la puerta cerrada a cal y canto y algunos de ellos se encuentran asomados a los numerosos balcones del edificio, muchos de ellos con la cara cubierta por pañuelos u otras prendas. "Tomamos lo que el Gobierno nos niega", reza una de las pancartas que han colgado de las ventanas. Otras son Okupar es la solución y No os da vergüenza echar a gente a la calle.

Una mujer ha asegurado desde dentro que "han liberado este espacio" para que vivan personas desahuciadas y ha matizado que están "relacionados con el Hotel Madrid (de la calle Carretas)" pero que emprenden esta acción "a título individual". En la cuenta de Twitter de Hotel Madrid informan de "una nueva liberación en la calle Concepción Jerónima 11". "Necesitan ayuda!!!!", añaden. Varias personas pertenecientes a la Oficina de vivienda 15-M y del Hotel Madrid consultadas por este periódico no tenían conocimiento de esta nueva okupación.

Se trata de la segunda okupación que surge de este grupo en poco más de un mes. El domingo pasado anunciaron que se han instalado junto a 16 familias en el número 33 de Corredera Baja de San Pablo, en Malasaña.

La entrada de los Cines Madrid, tapiada para evitar la 'okupación'
La entrada de los Cines Madrid, ubicados en la plaza del Carmen, en el centro de la capital, se encuentra tapiada por un muro de ladrillos con el objetivo de evitar la okupación de este espacio cerrado desde hace casi 10 años. Según fuentes de la empresa que gestiona este espacio, Deportes y Espectáculos S.A., con sede en San Sebastián, la entrada por la plaza del Carmen ha sido bloqueada tras conocerse "en prensa" de que el cine "era objetivo" de las okupaciones que se están realizando en las últimas semanas en el centro de Madrid.

Los cines están cerrados a raíz de un ERE en 2004, según han señalado desde la empresa, si bien han asegurado que el espacio no se encuentra abandonado. Una trabajador de la empresa acude al establecimiento diariamente para acondicionar el espacio y limpiar los alrededores, al ser un lugar que ocupan de forma habitual indigentes de la zona. Asimismo, los cines siguen contando con tomas de luz y agua.

La empresa planea reabrirlo del año que viene con una explotación mixta que pudiera combinar salas de cine y un hotel con unas seis habitacines, por ejemplo, o incluso viviendas. Mientras tanto, y para evitar que sea okupado, se baraja alquilarlo para actividades de ocio audiovisual.


* El País - C. PÉREZ-LANZAC / AGENCIAS - Madrid - 25/11/2011
Foto: Varios okupas se asuman a las ventanas del bloque "liberado" en la calle Concepción Jerónima de Madrid.- elpais

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'Malaya'.- Roca afirma que pagó 1,5 millones en sobornos a Marisol Yagüe en dos años

MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca entregó cerca de 1,5 millones de euros a Marisol Yagüe durante los poco más de dos años que fue alcaldesa de Marbella. Así al menos lo reconoció ayer el principal procesado del caso Malaya, a preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero. Roca contó que desde el otoño de 2004 hasta su detención, en marzo de 2006, repartió sobres a los 14 concejales que gobernaban Marbella, aunque el sobre más abultado siempre era el de Yagüe. El objetivo era evitar que se fracturara el equipo de Marisol Yagüe, construido con una moción de censura que agrupó a concejales del GIL, del PSOE y del PA para desalojar a Julián Muñoz de la Alcaldía.
El acusado explicó ayer en el juicio por el caso Malaya que la idea de "gratificar" a los concejales en una suerte de fórmula "antitransfuguismo" la ideó Jesús Gil para aplacar a Carlos Fernández, el edil andalucista procesado en Malaya y huido de la Justicia desde marzo de 2006. Sin embargo, fue él quien propuso ampliar los pagos a los tres grupos que gobernaban.

Se estableció un sistema por el que la alcaldesa cobraba el doble que los primeros tenientes de alcalde y, a partir de ahí, el modelo de retribuciones se reducía a un tercio a medida que bajaba el escalafón. No había cuantías concretas y periodicidad establecida de antemano. Roca pagaba cuando tenía dinero. Los sobres se preparaban en su cuartel general, las oficinas de Maras Asesores: dentro de cada uno la suma exacta que correspondía a cada concejal y en el exterior las iniciales del destinatario. Él se los entregaba a los portavoces de los grupos municipales y ellos se encargaban de distribuirlos entre los ediles.

El exasesor de urbanismo de Marbella relató que le dio a Marisol Yagüe cerca de 1,5 millones de euros, admitió que le entregó a la primera teniente de alcalde Isabel García Marcos los 312.000 euros que figuran en sus archivos intervenidos en Maras Asesores. Los ediles Tomás Reñones, José Jaén Polonio y Vicente Manciles, de acuerdo con Roca, recibieron otros 60.000 euros, José Luis Fernández Garrosa 36.000 euros, Rafael Calleja 210.000, aunque parte de esta cantidad fue un préstamo para comprar una casa, y Antonio Luque otros 24.000 euros.

El argumento de que estas sumas de dinero sólo buscaban mantener la unidad y cohesión del equipo de gobierno tiene su lógica defensiva. Con esta tesis Juan Antonio Roca admite haber pagado cohechos pero no para conseguir que alcaldesa o concejales firmaran ninguna licencia, acuerdo o convenio sospechoso o ilegal. La diferencia de hacerlo para que se mantuvieran unidos o para lograr favores reside en que en el primer caso se pena con multas de tres a seis meses de cárcel y, en el segundo, con hasta seis años de cárcel y sanciones que triplican el valor de la dádiva. Es decir, trata de minimizar las penas que pueda imponer el tribunal.

El dinero con el que sobornaba a los concejales, de acuerdo con la versión de Roca, procedía de aportaciones realizadas por los promotores de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción entiende que en realidad los empresarios lo que pagaban eran cohechos para conseguir beneficios urbanísticos. El acusado, en cambio, hace días que se desgañita asegurando que los promotores le pagaban porque tenían negocios con ellos o les cobraba honorarios, siempre sin factura, por mediar en la compraventa de suelos prestarles asesoramiento profesional. En todo caso era dinero de su bolsillo que él según dice, pretendía que Gil le devolviera pero que Gil nunca le devolvió.

Además de pagar generosas dádivas, Roca operaba como banquero del equipo de gobierno. Declaró también que Yagüe acudió a él porque necesitaba más de 400.000 euros en B para comprar un piso en Madrid, aunque luego la operación no se formalizó. Después le llamó desde Barcelona para que le adelantara 9.715 euros para pagar a su cirujano plástico. Él además se ocupó de prestar dinero para comprar su casa a Rafael Calleja, le pidió a Ávila Rojas que "cuidara" a Tomás Reñones cuando se disponía a comprarle una casa y le compensaba a Rafael González el sueldo que le había embargado el Tribunal de Cuentas.


* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 24.11.11
Foto: Marbella, acusados Malaya, Roca, G.Marcos, Yagüe y Muñoz - laopiniondemalaga.es


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Condena a España por el desastre ambiental de las minas a cielo abierto de León

ELPAÍS* : Uno de los mayores desmanes ambientales de España, la minería a cielo abierto en la comarca de Laciana (León), consentido durante más de una década por todas las Administraciones, ha recibido un varapalo en la Unión Europea. El Tribunal de Justicia ha condenado a España por incumplir las directivas ambientales en las minas de carbón de la zona, fuertemente subvencionadas por Industria.
En 1998, España designó la comarca como lugar de interés comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves. En esta región habitan osos pardos y urogallos cantábricos, entre otras especies amenazadas. Esta protección no impidió a la Junta de Castilla y León ni al Gobierno aprobar y subvencionar las minas.
Las explotaciones de carbón a cielo abierto horadan la montaña mediante enormes voladuras y son más rentables que la minería de pozo. En concreto, estas minas eran de la empresa MSP, hoy Coto Minero Cantábrico, la mayor beneficiaria de las ayudas de Industria. El Ministerio de Industria ha defendido la importancia del carbón nacional y las subvenciones a estas instalaciones, mientras desde Medio Ambiente se enarbolaba un discurso ecologista.

En 2001, un vecino y la asociación ecologista Filón Verde llevaron el caso a la Comisión Europea. Ese mismo año y después en 2004 y 2008, Bruselas advirtió a España contra esas minas, entre las que se encuentran la polémica de El Feixolín. Ahora, el fallo del Tribunal de la UE declara que España incumplió la directiva de impacto ambiental al aprobar, sin una correcta evaluación sobre el oso y el urogallo, las minas de Nueva Julia y Los Ladrones.

El Gobierno justificó que las autorizó por la importancia que tenían para "la economía local", pero el Tribunal considera que esa excepción valdría si se hubiera alegado antes de emprender el proyecto y no después, ya que las autorizó "sin medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de la Red Natura 2000".

Las minas de El Feixolín, Salguero-Prégame-Valdesegadas, Fonfría, ampliación de El Feixolín y Nueva Julia vulneran también directivas ambientales europeas, porque España no ha hecho nada para evitar el deterioro de los hábitats, incluidos los de las especies, y las perturbaciones significativas para el urogallo, ocasionados por las explotaciones, que en ocasiones han arrasado con el entorno protegido.

El Tribunal destaca que la ampliación de El Feixolín funcionó cuatro años sin permiso pero con conocimiento de las autoridades.

"El tribunal da un repaso a toda la minería de la zona después de que España mirara para otro lado durante una década", explica Carlos González Antón, catedrático de Derecho Administrativo de León y quien denunció el caso. La condena no implica multa, pero sí un varapalo enorme, ya que Bruselas no suele llegar al Tribunal en casos ambientales y menos a conseguir una condena. Sí puede llegar a multa si el Gobierno y la Junta siguen desoyendo el fallo, además de influir en los procedimientos judiciales en marcha.


* El País - R. MÉNDEZ 24/11/2011
Foto: Vista de la mina de El Feixolín, en León.- elpais

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El piso a cambio de una pensión: otro ‘cadáver’ del crash inmobiliario

ELCONFIDENCIAL* : Las llamadas hipotecas inversas, aquellas en las que los ancianos ponían su vivienda como garantía a cambio de una pensión vitalicia, han caído víctimas de la burbuja inmobiliaria. Es difícil hoy encontrar una entidad financiera que ni tan siquiera considere la posibilidad de otorgarlas. Los ancianos que firmaron en su momento han hecho, pese a lo que se pensaba entonces, un gran negocio: hoy, no hay mayor ‘condena’ para un banco que quedarse con otro piso.
La hipoteca inversa nació como producto financiero en España en mal momento, gracias a una disposición adicional en la reforma de la Ley del mercado inmobiliario, publicada en diciembre de 2007, cuando ya casi todo el mundo menos el Gobierno Zapatero se estaba barruntando lo que llegaba: el estallido de la burbuja inmobiliaria.
Por eso, no fue un alumbramiento feliz. Más bien quedó en aborto. Apenas se constituyeron unos pocas miles de esas hipotecas, según Santos González, presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), aunque precisa que no hay datos exactos al respecto. Hoy, parece como si un tupido velo se hubiera corrido sobre ellas. Ni la Asociación de la Banca Española (AEB), ni la Confederación de Cajas de Ahorro (CECA) dicen tener datos sobre un producto que, en principio, estaba destinado a asegurar una vejez digna a ciudadanos con pocos recursos pero con alguna propiedad inmobiliaria.

Los bancos y cajas de ahorro quisieron hacerse con cuanto mayor capital inmobiliario mejor, antes del pinchazo de la burbuja, claro. Sebastiá Rodés, abogado de la Asociación de Usarios de Banca (Ausbanc), cree que donde más hipotecas inversas se dieron fue en Cataluña. “Las primeras en comercializarlas fueron Caixa Penedès (ahora en BMN) y Caixa Terrassa”. Les siguió la Caixa d’Estalvis y Pensions, “La Caixa”, aunque no publicitaba el producto, “pero lo ofrecía”, dice Rodés.

Incertidumbre

Dos factores han eliminado a esta hipoteca del mercado, opina Rodés. Uno, el hundimiento de los precios de los pisos, que hace que a los bancos ya no les interese seguir acumulando patrimonio, cuyo nivel actual en manos de entidades financieras es el segundo factor que impide la constitución de hipotecas inversas: los bancos no quieren más activos de dudoso valor.

El presidente de la AHE, Santos González, concide indirectamente con Rodès. “El escenario financiero ha cambiado”, dice. Además cree que la hipoteca inversa no ha cuajado porque “le faltan ajustes desde el punto de vista financiero y jurídico: genera incertidumbres”.

Y añade una tercera causa. Va contra la costumbre española de tener como objetivo vital poseer una vivienda propia para transmitir algo a los hijos. “Es un choque cultural”, piensa González, “porque significa renunciar a dejar herencia” para muchos pensionistas que no tenían otra opción de asegurarse su corto futuro que constituir una hipoteca inversa.

Hubo algún caso de abuso por parte de entidades bancarias con este tema, como muestra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Blanes (Gerona) que obligó a Caixa Manressa Vida a devolver el importe de una prima única de riesgo de 51.000 euros camuflada en la letra pequeña de la hipoteca inversa suscrita con Caixa d’Estalvis de Manressa por un anciano de 92 años que falleció cuatro meses después de firmar.

La juez Eva María Gil González estimó que la entidad de ahorro había abusado de la buena fe de F.H., fallecido el 6 de octubre de 2007, cuatro meses después de firmar la hipoteca, como se reveló cuando su hija acudió a la caja a devolver lo devengado por la entidad y recuperar el piso: le pidieron además esos más de 50.000 euros.

F.H. recurrió a esa vía pues era ya la única para poder pagar los cuidados médicos que precisaba por su delicado estado de salud. El hombre sufría ceguera, entre otras dolencias. La sentencia ni siquiera fue apelada por la entidad bancaria, ahora integrada en Catalunyacaixa.


* El Confidencial - Vidal Coy - 24/11/2011

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Barcelona.- La rebelión de los invisibles

ELPAÍS* : Cientos de máscaras blancas han cubierto hoy los rostros de personas sin techo en plaza de Sant Jaume de Barcelona. El motivo de la protesta, denunciar una situación que afecta alrededor de 900 personas en la capital catalana, según informa Cáritas. Este acto, organizado por 28 entidades involucradas en la ayuda a personas sin hogar, se ha convocado en una treintena de ciudades españolas y forma parte de la campaña de denuncia que se organiza a lo largo de toda esta semana bajo la consigna "Todos somos ciudadanos, nadie sin hogar".
En el momento justo en que el reloj de la catedral marcaba las 12.00, alrededor de 200 personas han ocupado el centro de la plaza de Sant Jaume. Los brazos alzados hacia el Ayuntamiento de Barcelona de los manifestantes dejaban claro el mensaje: "Todos somos iguales, todos somos personas", y las caras cubiertas con máscaras blancas, todas iguales, daban fe de ello.

"Tenemos derecho a que se nos respete", ha denunciado Joseph Kweku Mensah, una de las personas sin hogar concentradas hoy en el centro de Barcelona. Kweku, que llegó a España desde Ghana hace más de 30 años, colabora con la Fundación Arrels, una de lasentidades que forma parte de esta campaña de sensibilización. Para Isabel Alonso, colaboradora de dicha fundación,el acto es una forma de concienciar a la sociedad sobre la "difícil situación" que algunas personas sufren cuando viven en la calle.

Por su parte, Ramón Noró, portavoz de la Xarxa d'Atenció a Persones sense Llar, considera "de forma positiva" que Barcelona se haya sumado por primera vez a esta campaña ya que "las personas sin hogar también tienen derechos". Dentro de esta iniciativa, también se han organizado otras actividades como jornadas de puertas abiertas en centros de acogida o charlas informativas sobre la situación de las personas que viven en la calle.

"La ineficacia a la hora de tramitar los empadronamientos es uno de los principales problemas que sufren las personas sin hogar", ha asegurado Tere Bermúdez, responsable contra la exclusión social en Barcelona de Cáritas y coordinadora de esta campaña, y ha pedido una mayor eficacia en estos trámites así como la posibilidad a acceder a viviendas de protección oficial por parte de las personas sin hogar. El derecho a una vivienda ha sido una de las principales reivindicaciones que se han escuchado hoy en plaza de Sant Jaume. "Somos personas que nos rebelamos contra la invisibilidad", decía uno de los manifestantes sin hogar y ha añadido: "Se nos criminaliza por ser pobres, pero somos ciudadanos".

Esta campaña, que lleva activa en Europa desde hace 20 años, persigue luchar precisamente contra esta invisibilidad y contra la falta de derechos de las personas sin hogar a través de la concienciación social. Reivindica también una respuesta de las sdministraciones y el Parlamento Europeo ya que, tal y como recuerda Bermúdez, este organismo hizo una declaración el año 2010 en la que buscaba erradicar de las calles a los sin hogar en cinco años.


* El País - IZAR ORTIZ - Barcelona - 24/11/2011
Foto: Unos 200 sin hogar y miembros de las asociaciones protestan con máscaras blancas en la plaza de Sant Jaume de Barcelona contra la marginación que sufre el colectivo discriminación del colectivo.- elpais

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Valladolid.- El TS anula la modificación del PGOU que permitía la construcción de un centro comercial

ICAL* : La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia ha anulado la Orden de la Consejería de Fomento de la Junta por la que se aprobó definitivamente la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valladolid para construir un centro comercial junto al Estadio José Zorrilla, un proyecto conocido como Valladolid Arena.
La sentencia, que responde a un recurso interpuesto por el anterior portavoz de IU en el Ayuntamiento de la capital, Alfonso Sánchez, anula la modificación porque destaca que los sistemas generales han de ser “necesariamente de titularidad y uso públicos, y estar directamente destinados a satisfacer una finalidad pública”.
El tribunal entiende que “una gran superficie comercial no es un servicio público susceptible de ser gestionado ni directa ni indirectamente por el Ayuntamiento, por lo que no puede formar parte de un sistema general, que por definición no puede tener aprovechamiento lucrativo”. En esta línea, remarca que “no basta con que la titularidad del sistema general sea pública” y con que “el uso público sea mayoritario” porque “no cabe un uso privado por pequeño que sea”.

Por ello, la sentencia señala que la regulación aprobada vulnera lo establecido en el artículo 62.3 LUCyL porque las condiciones de los usos globales no pueden ser distintas para un mismo uso ni tampoco “se justifica suficientemente sobre la base de la singularidad” de albergar un gran centro comercial junto al estadio de fútbol.

Sin embargo, sí aprecia que existe un “interés público” en la voluntad de configurar alrededor del estadio de fútbol una auténtica Ciudad Deportiva capaz de albergar las principales competiciones protagonizadas por equipos vallisoletanos e indica que “tampoco parece objetable” el propósito de asociar el estadio a la práctica de otros deportes con gran arraigo en la ciudad mediante la construcción de un pabellón cubierto y de otras instalaciones necesarias para esos deportes, así como las oficinas para las federaciones deportivas.

Por otra parte, los magistrados creen que en esta tramitación se ha incurrido en “reserva de dispensación” al haber dado “un trato excepcional” a ese equipamiento que “no está justificado”.

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación en un plazo de diez días ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.


* rtvcyl - Ical - 24.11.11
Foto: Valladolid, estadio fútbol - google

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El juez niega a los vecinos la propiedad de las casas de Ons

LAVOZ/Pontevedra* : El Juzgado de 1ª Instancia nº3 de Pontevedra rechazó la reclamación de un grupo de vecinos de Ons que aspiraban a acceder a la propiedad de sus viviendas en la isla. La sentencia entiende que no pueden ser más que arrendatarios o concesionarios, y que ellos eran conscientes de este hecho cuando interpusieron la demanda.
Esa era la última vía que les quedaba después de que la Consellería de Medio Rural y el Parlamento de Galicia rechazasen las vías administrativa y política. Se discute la propiedad de 82 casas, situadas en varios puntos de la isla, para lo que apelaron al concepto de prescripción adquisitiva inmemorial. Dijeron que ellos y sus antepasados «son los únicos y más antiguos habitantes de la isla», mucho antes de que cualquier Administración se hubiese interesado.

La Xunta recalcó que los vecinos no tienen ningún derecho a las casas, ya que Ons fue «propiedad particular desde tiempo inmemorial» y que, en tal concepto, su último dueño particular fue expropiado por el Estado en 1941. Pero el juez precisa que «no hay documento alguno que acredite fehacientemente que los actores vienen poseyendo sus casas a título de dueño», lo que rechaza la principal línea argumental de los afectados. El juzgado recalca que hay pruebas, «sin lugar a dudas», del carácter de colonos de los isleños y del pago de una renta o canon a los dueños hasta la expropiación por el Estado, que mantuvo también ese régimen.

Los demandantes indicaron que ellos y sus antepasados pagaron IBI y licencias de obra al Concello de Bueu, por lo que entienden que sí hay pruebas. Pero el juez dice que documentos como un inventario de Agricultura de 1997 refuerzan el carácter de usuarios y arrendatarios, y nunca el de propietarios.

Desde Medio Rural no valoraron la sentencia, pero incidieron en que parece «claro que los denunciantes «estiveron mal orientados por intereses que pouco teñen que ver cos dos veciños». El juez niega el «reconocimiento tácito» de la propiedad a los vecinos que defendió el alcalde, el nacionalista Félix Juncal. Con la documentación del Concello, la sentencia sostiene que el Ayuntamiento no les reconoce legalmente el carácter de propietarios, «simplemente que esas casas están ahí porque ellos las conservaron».


* La Voz de Galicia - Marcos Gago - 24.11.11
Foto: Movilización vecinal contra el derribo de dos casas en Ons en el año 2009.- lavoz

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La lucha contra el urbanismo ilegal en la provincia de Cádiz da un paso atrás

DIARIODEJEREZ* : La lucha contra el urbanismo ilegal en la provincia de Cádiz acaba de sufrir un importante retroceso, un inexplicable paso atrás que ha levantado ampollas en la Fiscalía de Cádiz.
La Sección 1ª de la Audiencia Provincial ha desestimado el recurso interpuesto por la fiscal de Medio Ambiente contra la paralización sine die de la ejecución de una sentencia de demolición de una edificación ilegal en Chipiona, que fue dictada hace más de tres años. El propio juez que impuso una condena por delito contra la ordenación del territorio y ordenó la demolición de la edificación en cuestión, el magistrado del Juzgado de lo Penal nº1 de Cádiz, acabó paralizando la ejecución del fallo. El magistrado, según fuentes de la Fiscalía, ordenó primero el derribo al condenado. Al hacer éste caso omiso, requirió al Ayuntamiento para que acometiera la demolición de forma subsidiaria, orden que no fue atendida. Y entonces, sorprendentemente, paralizó la ejecución. Por dos veces. Primero, por providencia de 21.09.2009, en la que el juez señalaba que "visto que se halla en curso una reforma del PGOU que puede afectar a la vivienda, se acuerda conceder al Ayuntamiento un plazo de 8 meses para ejecutar la demolición de la obra, en tanto se resuelve la reforma citada". Pasó ese plazo y la obra no llegó a legalizarse. Y ahora, el mismo juez ha dictado, el 5 de septiembre de este mismo año, un auto en el que requiere al Ayuntamiento de Chipiona para que informe si la obra ha cambiado de calificación, y en su caso, "si se prevé este cambio y cuándo tendría lugar".

Así las cosas, la fiscal de Medio Ambiente, Patricia Navarro, optó por interponer un recurso ante la Audiencia contra esta paralización, que ha sido desestimado.

En el auto, contra el que no cabe recurso, la Sección Primera empieza señalando que las sentencias firmes deben ser ejecutadas en sus propios términos. Aunque finalmente, se acaba señalando que "en los casos que como el presente, se ha iniciado ya un procedimiento de revisión del planeamiento que podría culminar en la futura legalización de la vivienda desahuciada, parece comprensible adoptar soluciones como la que ha adoptado el juez". De ahí que confirme la resolución judicial.

El auto de la Audiencia ha sentado como un tiro en la Fiscalía. No en vano han luchado primero para lograr que los jueces ordenaran la demolición de viviendas ilegales, y ahora batallan para que los jueces ejecuten sus propias sentencias.

Entre medias, se topan con no pocos 'Donde dije dijo, digo diego', a través de fallos como éste ahora de la Sección Primera de la Audiencia, que entran en clara contradicción con otro de la misma sección, de mayo de 2009, que rechazó el argumento de un nuevo PGOU en ciernes que permitiría la legalización para otra casa ilegal.

De modo textual, ese primer fallo señalaba que "aunque el PGOU se hubiera aprobado inicialmente, serviría de argumento para enervar la demolición pues aún no tendría plena validez y eficacia jurídica".


* Diario de Jerez - ROSA ROMERO - 24.11.11
Foto: Derribo vivienda - diariodejerez

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Rafael Martínez, implicado en el caso Gürtel, dimite como presidente de la patronal alicantina

ELPAÍS* : El presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez Berna, ha renunciado este jueves a su cargo, en el que será sitituido por el vicepresidente, Enrique Martín Alvarez, hasta que se celebren las elecciones, según ha informado la patronal alicantina en un comunicado.
La empresa de Hormigones Martínez ha sido multada recientemente por la Comisión Nacional de la Competencia con 5,3 millones de euros por amañar supuestamente contratos por un valor de cinco millones de euros, junto a otras 46 empresas. Martínez ha recurrido la multa. Hormigones Martínez también es una de las empresas supuestamente relacionadas con la financiación ilegal del PP valenciano, según recoge el sumario del caso Gürtel. Compromís había exigido reiteradamente su dimisión.

En el transcurso de la reunión de Comité Ejecutivo y la posterior Junta Directiva, que han tenido lugar en la sede central de la confederación, Martínez Berna ha presentado su "renuncia irrevocable" a la presidencia de Coepa para "centrar toda su atención en el desarrollo de los planes de diversificación de negocio de CHM y en la expansión internacional de su empresa, puestos en marcha con el objetivo de compensar las dificultades que, ante la actual situación económica, está atravesando el sector de la obra pública".

"Estas nuevas áreas de trabajo, que dependen de la presidencia de la compañía que él ostenta, van a requerir una mayor dedicación y un notable esfuerzo para la apertura de nuevas líneas de negocio y de nuevos mercados en todo el mundo, lo que le restará capacidad de atención a las labores institucionales que la presidencia de la confederación requiere", ha explicado la misma fuente.

Además, según ha añadido Coepa, "esta decisión evitará, además, cualquier confusión entre su papel institucional -como representante de una organizción patronal- y su faceta empresarial -como presidente de CHM-". Según la patronal, Martínez Berna entiende que ésta "es la manera más adecuada para poder afrontar con total autonomía y dedicación la defensa de los intereses de la empresa que preside".

Ante esta decisión, la Junta Directiva en pleno le ha reconocido "su intensa labor y su dedicación como representante empresarial y le ha despedido con una calurosa ovación". A partir de ahora y hasta la convocatoria de elecciones asumirá la presidencia con la unanimidad del Comité Ejecutivo el vicepresidente Enrique Martín Alvarez, quien estará al frente de la institución, en aplicación del artículo 19 de los estatutos de la Confederación.

La empresa CHM, presidida por Martínez Berna, fue sancioanda el pasado mes de octubre por la Comisión Nacional de la Competencia (CNC), con una multa de 5 millones de euros, por ponerse de acuerdo con otras firmas para repartirse los contratos de la administración pública. CHM ha recurrido esta sanción y el propio Martínez Berna siempre ha negado "tajantemente" estos hechos.


* El País - ROSA BIOT - Alicante - 24/11/2011
Foto: Alicante, registro policial en Diputación - diarioinformacion.com (archivo)

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No puedo pagar la hipoteca, ¿me declaro en concurso de acreedores?

ELENA SANZ* : Los datos son reveladores. En 2004, cuando la crisis económica todavía no era una realidad, apenas nueve personas físicas se declararon en concurso de acreedores. En 2009, la cifra superó el millar y un año más tarde, volvía a acariciarse esta cifra. En los primeros seis meses de 2011, en plena debacle económica, ya han sido más de 500 personas las que se han declarado insolventes, según el INE.
Si bien es cierto que hasta 2003 las personas físicas no podían acogerse al concurso de acreedores, la realidad es que en España esta figura, “típica del derecho anglosajón, está muy estigmatizada”, comenta a El Confidencial Santiago Viciano socio del despacho de abogados Viciano y Álvaro / V Abogados. Aun así, la cifra no deja de aumentar. Desde que comenzó la crisis supera los 4.000 concursos. Su despacho ha llevado este año más de 30 casos.
“En España muy pocas personas se acogen al concurso a diferencia de lo que sucede en Alemania o Reino Unido donde cada año miles de familias, independientemente de si hay crisis o no, o de si aumenta el paro no, recurren a esta fórmula para declararse insolventes”, explica a este diario el abogado Carlos Guerrero socio responsable del bufete MAB Legal & Corporate. “Aquí falla la ley”, añade. En los primeros seis meses de 2011, su bufete atendió 15 casos, mientras que desde el verano, la cifra se ha multiplicado por cuatro.

La explosión de la crisis, especialmente en los dos últimos años, ha provocado un vuelco en las cifras. Numerosas familias españolas se encuentran entre la espada y la pared a la hora de hacer frente a sus deudas con el banco. Llegar a fin de mes se ha convertido en una auténtica aventura para muchas de ellas a quienes la hipoteca y los préstamos personales ahogan cada vez más.

Más de 170.000 familias han sido desahuciadas y otras tantas se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria, y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó entre 2004 y 2008, en pleno boom, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas.

El concurso no exime del pago de la hipoteca

Pero, quien se se declara en concurso de acreedores ¿debe seguir pagando la hipoteca? "Para que un juez admita el concurso deben darse, entre otras circunstancias, que exista pluralidad de acreedores. En nuestro bufete, el perfil más frecuente son personas con un préstamo con garantía hipotecaria, un leasing sobre el coche y varios préstamos personales con bancos o financieras", explica Viciano.

“Cuando una persona o una familia recurre a esta opción es porque, por culpa del paro y de la crisis, cuenta con menos ingresos, y aunque puede pagar la hipoteca no llega a pagar el resto de sus deudas. En estos casos puede presentar el concurso en el Juzgado de lo Mercantil e intentar paralizar el pago de las deudas”.

Pero, una vez admitido el concurso, "no se paraliza el pago de la deuda hipotecaria sino el de los préstamos personales como tarjetas de crédito, préstamos al consumo, intereses de la deuda…”, añade Guerrero. “Por eso, cuando el mayor problema del deudor es que no puede pagar la hipoteca, no tiene sentido que pierda el tiempo y el dinero acogiéndose al concurso de acreedores”, añade.

Liquidación de bienes o acuerdo con los acreedores

Al paralizar esos pagos, la persona o la familia gana tiempo. "Consiguen un balón de oxígeno. Esto les permite ir ahorrando y poder pagar la hipoteca mensualmente”, comenta Santiago Viciano. "Imagina, por ejemplo, una familia con 2.500 euros de ingresos y 2.000 gastos de hipoteca (1.000 euros) y préstamos al consumo (otros 1.000 euros). Con el concurso pueden continuar pagando la hipoteca y no llegar tan asfixiados a fin de mes", añade.

Una vez presentado el concurso, se abren dos vías para el deudor. La liquidación de todos sus bienes -casa, coche, fondos de inversión, etc- o un convenio entre los acreedores. Para que esto último sea posible, la ley establece que es necesario conseguir que la mayoría de ellos vote a favor de la propuesta del deudor. Ésta puede incluir quitas de la deuda -nunca sobre la hipoteca, sólo sobre los préstamos personales- y aplazamientos en el tiempo del pago de la misma.

¿Es fácil lograr el acuerdo de los acreedores? “No. Cuando hablamos de préstamos personales hay un amplio abanico de posibilidades. Hay clientes que mantienen deudas sólo con bancos o cajas, otros con financieras especializadas en préstamos al consumo y tarjetas de crédito y otros con ambos. Dependiendo del peso que unos y otros tengan en el conjunto del préstamo, el concurso tendrá o no éxito”, explica Carlos Guerrero.

“Hoy en día no los grandes bancos se oponen a cualquier tiempo de acuerdo, mientras que la banca mediana y sobre todo las financieras son mucho más propensas a firmarlo", reconoce Santiago Viciano. "Los primeros no lo ven bien y sólo lo están haciendo de manera excepcional o cuando se ven arrastrados por el voto favorable de los acreedores que controlan el 50% de la deuda", añade Guerrero. "La gente está desesperada y los bancos hacen oídos sordos".

El deudor gana tiempo

Como se ha explicado anteriormente, cuando una persona o familia se declara en concurso de acreedores -si es un matrimonio se presentan dos concursos-, gana tiempo a corto plazo, para poder hacer frente al pago de la hipoteca, pero también a largo plazo, ya que el cliente que se declara en concurso puede conseguir hasta seis años para hacer frente a sus préstamos personales.

"En el convenio aprobado por los acreedores se establece si hay o no quita, por qué importe y en qué plazo", explica Guerrero. "Por ejemplo, si se llega a un acuerdo para que el deudor pague en cinco años, desde que se declara el concurso, hasta que se llega a un acuerdo y se aprueba la sentencia, puede pasar perfectamente un año. En total, seis años para pagar la deuda. En ese año, el cliente puede haber ahorrado algo de dinero, está menos ahogado para pagar la hipoteca. Además, también puede haber pactado que el pago sea progresivo, primero el 10% de la deuda, luego el 20%..."

Carlos Guerrero apunta que los acuerdos que normalmente se suelen conseguir son del 50 % de quita de deuda y 5 años de espera o aplazamiento de la misma, si bien, primero se realiza un estudio para ver si el concurso es viable para la familia.

Cuando no hay acuerdo, la única salida es la liquidación de todos los bienes, incluida la vivienda. "En estos casos, se sigue el mismo procedimiento que si se tratase de una ejecución hipotecaria. El resto de los bienes se liquidan como si se tratase de un comercio. Se malvenden", apunta Viciano.

Fresh start o ¿volver a empezar?

El próximo 1 de enero de 2012 entra en vigor la reforma de la Ley Concursal, recientemente aprobada por el Congreso, que busca subsanar algunos errores que se habían producido con la anterior y, a la vez, facilitar los concursos de acreedores y fomentar los acuerdos extrajudiciales de refinanciación, si bien, los letrados consultados por este diario aseguran que "no se ha tocado la ley en lo referente al concurso de las personas físicas".

Las miradas se giran ahora hacia el vencedor de las elecciones del 20-N, el Partido Popular que en su programa electoral se comprometió a reformar la Ley Concursal para introducir, en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, "mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable". Eso sí, precisa que se hará con "las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos".

¿Qué significa? "Los movimientos de los populares en este sentido pueden girar en torno a la idea del fresh start o volver a empezar anglosajón. Algo que la regulación española todavía no contempla", explica Carlos Guerrero. "Yo creo que la idea es dar la posibilidad al deudor de “comenzar de nuevo” sin deudas (fresh start) una vez liquidado de manera ordenada todo el patrimonio".

En su opinión, esta solución provocaría que los bancos, principales acreedores de las familias, se verían obligados a aceptar acuerdos razonables planteados en las propuestas del convenio en el concurso de acreedores, ya que por el contrario una vez liquidada la vivienda habitual, no podrían continuar con la ejecución de por vida.

Para Carlos Guerrero, la solución propuesta por el PP se acercaría a la postura que interpretó el magistrado Fernández Seijo en su celebrada sentencia del juzgado mercantil número 3 de Barcelona.

* El Confidencial - opinión - 24.11.11

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El alcalde de Majadahonda concedió obras a una firma que pagó a Correa

ELPAÍS/Madrid* : El alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá (PP), adjudicó como presidente de la empresa de patrimonio municipal (Pammasa) obras por un valor superior a 23 millones de euros a una empresa que pagó comisiones, consideradas ilegales por la policía, al presunto cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, según un informe de la Policía Judicial. Este documento explica el modus operandi de la red en Majadahonda: el Ayuntamiento, encabezado entonces por Guillermo Ortega, imputado en el caso, adjudicaba obras a empresas que facturaban de forma paralela a Correa grandes cantidades de dinero por servicios que no se llegaban a prestar. Para ello las firmas de la trama enviaban facturas falsas. Y Correa destinaba este dinero a financiar los gastos privados de los cargos públicos que le favorecían. En el caso de Majadahonda Guillermo Ortega, pero también sufragó los gastos del gabinete de Majadahonda. Además, según el informe policial, este dinero se utilizó para pagar la publicidad institucional del Consistorio, así como anuncios del PP local.

Esta nueva revelación del sumario pone de manifiesto que Narciso de Foxá, que fue quien en 2005 desplazó a Guillermo Ortega de la alcaldía, adjudicó a Coarsa obras por un valor superior a los 17 millones de euros. Esta cifra subió hasta los 23 millones por los sobrecostes. De forma paralela, Coarsa abonó a Correa facturas por un valor superior a los 225.000 euros. La policía sostiene que este dinero formaba parte de las comisiones ilegales que financiaban los gastos del alcalde y otros cargos públicos de Majadahonda. En total, el Ayuntamiento pagó a Coarsa -y a su matriz Licuas- más de 44 millones entre 2002 y 2008.

Estas adjudicaciones en las que participó De Foxá como presidente de Pammasa fueron, concretamente, las obras de urbanización en 2002 de la zona oeste de un área denominada Oportunidad, por un importe superior a los 10,3 millones. El soterramiento de una línea eléctrica en 2003 por un millón de euros; y la construcción de una vía de acceso desde Pinar al Carralero y el Valle de la Oliva. También en 2003 y por seis millones.

Para que Pammasa pudiera sacar a concurso estos terrenos el entonces alcalde, Guillermo Ortega, tuvo que firmar un convenio en el que el Ayuntamiento cedía los terrenos a Pammasa. El otro firmante del acuerdo junto a Ortega fue Narciso de Foxá, según el expediente municipal.

El informe de la policía concreta la existencia de facturas de Correa con destino a Coarsa / Licuas entre el 14 de diciembre de 2001 y el 21 de noviembre de 2002 por un importe de 135.000 euros. Algo que, en opinión de la policía, "podría responder al pago, por parte de dichas empresas, de una factura ficticia a TCM, ya que el importe de estas facturas pasa a ser destinado a la contabilidad b de Correa".

Entre estas facturas se encuentra una de Coarsa de 21 de noviembre de 2002 por un importe de 60.121,21 euros. Esta cifra coincide con una de las aportaciones que Correa hace a la cuenta que asigna a Ortega en su contabilidad b. De esta forma, el importe íntegro de esta y otras dos facturas, según la policía, pasa a utilizarse para el pago de diversos gastos de viaje y la compra de bienes. La cuenta que Correa destinaba al gabinete de la alcaldía también tuvo un ingreso procedente de Coarsa, según la policía. Fue el 24 de junio de 2002, y por 50.785 euros. Correa cobró este dinero vía TCM, la empresa con la que, según la policía, ejercía de intermediario para dar apariencia de legalidad a las operaciones.

Al margen de las obras a Coarsa, Narciso de Foxá también adjudicó otros servicios a empresas de Correa por un valor superior a los 80.000 euros. Llama la atención que una de estas facturas, del 22 de enero de 2004, por un valor de 1.474,59 euros, tuviera como finalidad la celebración del inicio de la construcción por parte de la empresa Teconsa de 150 viviendas públicas. Al acto acudió el vicepresidente de Teconsa, José Luis Martínez Parra, también imputado en Gürtel. Teconsa trató de cobrar más de dos millones de euros por el encarecimiento del acero, pero al final logró 300.000 euros de más.


* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 23/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid), gran vía - Fev. (wikipedia.org)

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Avilés.- El equipo del Niemeyer denuncia que Cultura exige la devolución de las ayudas y pide amparo judicial

LNE/Asturias* : La batalla política en torno al Niemeyer dio ayer un nuevo giro de tuerca tras el paréntesis electoral del 20-N. La fundación gestora del centro cultural denunció que el Gobierno regional ha exigido la devolución de parte de las ayudas concedidas en los últimos cuatro años y los gestores, ante lo que consideran una «agresión continua del Gobierno de Asturias», han solicitado amparo al Fiscal jefe de Asturias, Gerardo Herrero. Está previsto que el complejo cultural avilesino cese su actividad el próximo 15 de diciembre, fecha en la que finaliza la cesión del complejo arquitectónico a la fundación.
El presidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, en declaraciones a la Cadena Cope, aseguró no conocer el contenido de la denuncia pero se posicionó: «Me temo que este tipo de actuaciones son huidas hacia adelante de quienes pretenden blindar la opacidad».

Cascos insistió en que «el problema que hay en el patronato de la Fundación del Niemeyer es la opacidad: nadie conoce, fuera de sus miembros, lo que está detrás de la gestión de los recursos públicos (casi el 90 por ciento) de ese patronato». Por eso malicia que la iniciativa «sea una maniobra más de distracción para tratar de blindar la opacidad, un objetivo que no es compatible con la obligada transparencia en el manejo de los fondos públicos por la que tiene que velar cualquier Administración seria y por la que está velando el Gobierno del Principado».

Según el secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, el Principado solicitó ayer «la devolución inmediata» de los 500.000 euros correspondientes a la subvención del año 2007. Según fuentes próximas al Gobierno de Foro, la razón que aduce el informe de Intervención para exigir ese reintegro es que no se gastó en su momento y que por eso tiene que devolverse. Los gestores, con el informe de Intervención ya en su poder, sospechan que el siguiente paso del Principado será reclamar la totalidad de las subvenciones aportadas por la administración regional. Esto es, más de cuatro millones de euros, «al considerar que ningún gasto de la Fundación está justificado por su actividad». De hecho, afirman, el propio informe de Intervención aconseja a la Consejería de Cultura reclamar todas esas cantidades. En medios próximos al Gobierno regional, sin embargo, cifran en algo más de un millón de euros la suma total que el Principado reclamará a la Fundación.

La gestión económica del equipamiento fue uno de los primeros detonantes del conflicto, cuando el Principado denunció facturas mal justificadas por un millón de euros.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, presentó ayer ante el fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias un escrito de denuncia contra el Principado en el que pone en su conocimiento todos los hechos acaecidos en relación al Centro Niemeyer desde el pasado mes de septiembre, cuando se desató la polémica, y en el que se hace alusión a presuntos delitos de revelación de secretos, prevaricación y falsedad en documento público. Rebollo hace referencia en ese escrito a «la convocatoria del patronato realizada por el consejero de Cultura», Emilio Marcos Vallaure, «a las acusaciones de graves irregularidades económicas, la exposición pública de la contabilidad de la Fundación de forma interesada o los hechos acaecidos hoy (por ayer)».

Pero ayer hubo más movimientos en torno al Niemeyer y a la guerra política que se cierne sobre él. Rebollo añadió que «el Principado abrió una inspección irregular a la Fundación». Según ha podido saber este periódico, se trata de una inspección tributaria sobre el Centro Niemeyer relacionada con el Impuesto de Actividades Económicas (IAE). En medios próximos al centro aseguran que la Fundación, como tal y como organización de interés general, está exenta de pagar ese impuesto. «Además, el Principado no tiene competencias para abrir tal inspección. En todo caso, sería competencia del Ayuntamiento».

Según la misma versión, el dictamen de Intervención es «mucho más duro» que el informe provisional que hizo pública la Consejería de Cultura el pasado septiembre. Aunque varios representantes de Foro aseguraron la semana pasada que «en unos días» se conocería el informe en cuestión, el Principado rehusó ayer dar detalle alguno sobre su contenido.

El secretario del Niemeyer, José Luis Rebollo, también reclama al fiscal una investigación sobre los gestores, los patronos y los auditores del centro cultural. «Si existen graves irregularidades en la gestión de la Fundación, que se investigue a las personas que han gestionado, aprobado o auditado sus cuentas. Esto implicará una investigación independiente e imparcial», señaló. Rebollo, que anunció que en el próximo patronato presentará su renuncia, también aclaró que no llevó el caso ante la Fiscalía con anterioridad por respeto a la cita electoral del pasado domingo. «Era una cuestión de respeto democrático no alterar los tiempos electorales. Con ella (la denuncia) no se pretende ni acusar a nadie ni pelear por nada, sino simplemente posibilitar una investigación completa, exhaustiva e imparcial tanto de la actuación del Gobierno del Principado como de las cuentas y la gestión de la Fundación del Niemeyer».



* LNE - 23.11.11
Foto: Avilés (Asturias), centro Niemeyer - lne.es

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