20MINUTOS* : Miles de españoles se las ven y se las desean para tener un techo; otros tantos para no perder el que tienen, pagando con mucho sacrificio su hipoteca; y miles también son los que finamente se quedan en la calle. Y es que en plena ola de embargos y desahucios, hemos sabido que en España hay casi tres millones y medio de viviendas vacías.
Concretamente, hay 3.417.064 casas cerradas, según datos de LDC, entidad especializada en la administración de fincas y comunidades de propietarios. Es decir, el 13,2% de las viviendas del país están vacías y cerradas (teniendo en cuenta que, según el Ministerio de Fomento, el parque de viviendas español es de casi 26 millones).
Del total de viviendas, 1,4 millones de inmuebles se encuentran actualmente en manos de las comunidades de vecinos, mientras que 1,8 millones son propiedad de una persona, 28.279 están en poder de una sociedad y 508 pertenecen a algún organismo público.
Barcelona y Madrid, a la cabeza
La lista de provincias con casas cerradas la encabeza Barcelona (338.645), seguida de Madrid (337.212). La lista de las cinco provincias con más pisos vacíos la completan Valencia (228.870), Alicante (192.184) y Sevilla (124.573).
Por el contrario, las provincias con menor número de viviendas familiares vacías son Ceuta (3.099), Melilla (4.056), Álava (11.580), Teruel (12.078) y Soria (12.142).
Muchas de estos más de 3 millones de viviendas no se encuentran en buen estado. En mayo de este año, LDC aseguraba que más de un millón de los edificios de viviendas se encuentran en un estado ruinoso, malo o deficiente.
El estudio contabilizaba un total de 10.779.844 edificios destinados a viviendas construidos en España. De ese total de edificios destinados a viviendas, 9.591.830 se encuentran en buen estado.
* 20 Minutos - EP. - 18.11.11
Foto: vecinos_edificio_desierto
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ELPAÍS/Valencia* : El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Salvadora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
El magistrado cree, “dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias”, que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.
La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fuera publicada, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.
En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentara en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al exsecretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.
El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.
En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.
En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Salvadora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, “y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market”.
El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo “criterios de adjudicación de influencia decisiva”. Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron “determinantes para la propuesta” que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.
El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíe la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.
* El País - IGNACIO ZAFRA Valencia 17 NOV 2011
Foto: caso Gürtel, El Bigotes (archivo) - elpais.com
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LAVOZ/A Coruña* : Los procesos judiciales suelen demorar la ejecución de las órdenes de demolición durante años e incluso décadas.
En la Costa da Morte se cuentan por cientos los edificios que están fuera de ordenación, una forma sutil de referirse a las obras realizadas al margen de la ley. La reciente reforma de la normativa autonómica ha abierto una vía para la regularización de esas construcciones a través de la disposición transitoria tercera. Pero el subdirector de la APLU advierte de que la legalización no será masiva, porque las edificaciones tienen que cumplir una serie de condiciones, fundamentalmente que estuviesen terminadas antes del 2003 y que no tuviesen abierto ningún expediente. Aunque la medida fue una consecuencia directa de las reivindicaciones de los propietarios de naves industriales, también beneficia a los dueños de viviendas.
La situación de fuera de ordenación no representa problemas legales en la mayoría de los casos, pero sí supone ciertas limitaciones. Así, los propietarios de casas o naves irregulares no pueden acometer obras mayores ni ampliaciones; de hecho, prácticamente están limitados a trabajos de mantenimiento. Ese tipo de restricciones son especialmente perjudiciales para los empresarios, para los que tener una nave ilegal supone no poder crecer físicamente, pero también puede significar la exclusión de programas de ayudas de las Administraciones.
Sentencias
Pese al elevado número de edificaciones irregulares, solo una mínima parte tienen expedientes abiertos. En Carballo, por ejemplo, son menos de veinte, frente a las más de 600 viviendas que se calcula que pueden estar fuera de ordenación. Pero incluso cuando hay órdenes de demolición, su ejecución suele demorarse durante años, en algunos casos décadas, porque sus promotores recurren a la justicia hasta que agotan esa vía. De hecho, es frecuente que los derribos se lleven a cabo solo después de que haya sentencia del Tribunal Supremo.
En la Costa da Morte hay decenas de obras pendientes de un hilo, la mayor parte en el litoral y, más concretamente, en el carballés. En los años noventa, sobre todo, se permitió el crecimiento descontrolado de las urbanizaciones de Pedra do Sal y Peados, fundamentalmente, pero también hay viviendas construidas en las décadas anteriores sobre las que pesan órdenes de demolición. El Concello de Carballo intentó regularizar esa situación en el PGOM del 2003, pero la Xunta lo impidió, y todo indica que en la revisión que estudia en estos momentos la Secretaría Xeral de Urbanismo tampoco será posible.
Como en la capital de Bergantiños, las ilegalidades urbanísticas sobre las que ya se han pronunciado los tribunales se repiten en los municipios de Camariñas, Dumbría, Muxía, Corcubión, Ponteceso, Malpica o Fisterra. En este último, además, la Consellería de Medio Ambiente se ha comprometido a buscar una solución para los 400 pisos de Anchoa cuya licencia fue anulada por la Xunta en el 2006. Otros casos conflictivos, como el de la nave de Miramontes, en Coristanco, acaba de ser resuelto por la Xunta pese a la existencia de varias sentencias de derribo previas.
* La Voz de Galicia - 18.11.11
Foto: Carballo (A Coruña), urbanización - lavozdegalicia.es
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EUROPAPRESS/Huelva* : El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Ayamonte (Huelva) ha imputado por un presunto delito de prevaricación urbanística a la alcaldesa de Isla Cristina (PSOE), María Luisa Faneca; al concejal de Urbanismo, Domingo Payán, y a seis técnicos del Consistorio, al conceder supuestamente una licencia para construir una un apartamento en Urbasur, a escasos metros de la playa, y en zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas, sin la autorización de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.
Según reza en el auto judicial, al que ha tenido acceso Europa Press, la primera edil ha sido llamada a declarar el próximo 16 de diciembre en el citado juzgado.
Los hechos se remontan al pasado mes de agosto, cuando el presidente de la comunidad del edificio ubicado en la calle Ballena número 7 de Urbasur presentó una denuncia contra la alcaldesa, el concejal, los técnicos, un vecino del propio edificio y un ingeniero técnico industrial, estos dos últimos imputados por un presunto delito de falsedad en documento público, cuando este vecino decidió demoler completamente su vivienda hasta dejarla completamente diáfana, para construir sobre la misma un mini apartamento y un local dedicado a bar.
Sin embargo, según reza en la denuncia, "en la fecha de la presente denuncia --en agosto-- no existe licencia urbanística que autorice el cambio de uso de vivienda a vivienda local en el citado inmueble, que continúa jurídica y urbanísticamente siendo una vivienda".
Del mismo modo, el denunciante especifica que el vecino denunciado "solicita una instancia de obra menor, solicitando cambio de tabique, construcción de baño y colocar solería, cuando en realidad suponía ejecutar una de las dos cosas solicitadas en el expediente de cambio de uso, cuya licencia no fue concedida, es decir construir una vivienda de nueva planta de escasos 30 metros cuadrados".
El denunciante asegura que en la licencia que da el Ayuntamiento de obra menor "se infringe el hecho de que es necesaria la preceptiva autorización de la Junta y no la tiene y que en la zona de servidumbre, sólo está permitido usos terciarios y comerciales y no habitacionales", indicando además que "no existe licencia de cambio de uso".
Por tanto, ha insistido en que el supuesto delito de prevaricación radica en que el Ayuntamiento, "a sabiendas de la manifiesta ilegalidad que suponía la misma, informaron favorablemente y concedieron la licencia urbanística solicitada de forma arbitraria".
Según ha adelantado en su edición digital de este jueves el diario 'El Mundo', "la Fiscalía tiene abierta diligencias contra el propietario de la vivienda por un delito contra el medio ambiente por construir en dominio público, y por el momento, ya está imputado en esta causa por falsedad de documento público".
* Europa Press - 18.11.11
Foto: Isla Cristina (Huelva) - García Cordero (El País)
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ELPAÍS* : El Movimiento 15-M vuelve a reflexionar a su aire. Igual que hace seis meses, los indignados se han instalado esta noche en los mismos lugares en los que nacieron las movilizaciones para inaugurar la jornada de reflexión, un día en el que no está permitido pedir el voto ni hacer propaganda política. En Madrid han escogido la Puerta del Sol. En Barcelona la elegida es la plaza de Catalunya.
En los comicios autonómicos y municipales de mayo, la Junta Electoral Central recordó la prohibición de celebrar actos que puedan influir en la intención de voto, aunque finalmente no tomó medidas contra los indignados que salieron a las calles. Esta noche, el 15-M ha intentado repetir aquellas multitudinarias protestas, solidarizándose, de paso, con los seis detenidos de ayer en la marcha contra los recortes educativos que se celebró ayer en Madrid.
Bajo el lema Lo llaman democracia y no lo es, grupos de antifascistas han marchado este viernes por la tarde desde Cibeles hasta el kilómetro cero. A medianoche, unas 500 personas se reunían en la plaza, donde han protagonizado un grito mudo contra el sistema electoral. La plataforma Democracia Real Ya (DRY) había convocado allí una reflexión colectiva y un debate sobre el sistema electoral y la Ley d'Hont. Algunos asistentes han construido un tenderete con cartones pero la policía les ha obligado a desmontarlo inmediatamente, informa F. Javier Barroso.
Las movilizaciones han empezado a las siete de la tarde en Barcelona, donde unos 300 indignados se han manifestado a favor de la vivienda y han okupado un edificio en el barrio de Sants. El alcalde de la ciudad, Xavier Trias, ha advertido de que no permitirá una acampada en la capital catalana, aunque respeta el derecho a manifestarse y a hacer asambleas. Los activistas tienen previsto celebrar mañana una asamblea en la Plaza de Catalunya, informa Rebeca Carranco. En Málaga, la policía ha desalojado a quienes pretendían acampar en la Plaza de la Constitución. En la vigilia también toman parte, entre otras, Santander, Barcelona, Almería, Valladolid, Avilés, Lleida, Guadalajara, Oviedo, Girona, Badajoz y Ciudad Real.
Propuestas para el próximo presidente
El sábado a las 11 de la mañana, los indignados tiene previsto volver a concentrarse en la céntrica plaza madrileña de Sol para celebrar una "jornada popular de reflexión". A las cinco de la tarde escenificarán un discurso colectivo para el próximo presidente del Gobierno: los transeúntes están invitados a lanzar sus propuestas políticas micrófono en mano.
Las movilizaciones ciudadanas tampoco paran el día de votaciones. Los indignados madrileños tienen previsto celebrar debates sobre economía y la tradicional asamblea general de Sol. DRY, además, anima a presentar reclamaciones durante el 20-N.
Quienes se unan a la iniciativa, llamada Doriyakitú, deben dar argumentos al quejarse a las mesas electorales, para lo que DRY da ideas: se puede argumentar que "muchos candidatos han sido suprimidos de la lista a causa de no haber conseguido recoger los avales exigidos por la inconstitucional ley electoral vigente"; que la ley D’Hondt es "un método de reparto de escaños desproporcional" que además no trata "justamente" la abstención; que los partidos que se presentan incumplen "sistemáticamente" sus programas electorales sin sanción alguna...
El manual de uso de Doriyakitú explica: "La mesa electoral está obligada a adjuntar todas las reclamaciones junto al acta de la sesión electoral, haciéndolas llegar a la Junta Electoral Provincial que, a su vez, deberá elevarla a la Junta Electoral Central". Este organismo "deberá entonces dar constancia de haber recibido dicha queja, y publicarla en la página web". Asimismo, señala, "según el artículo 19 de la LOREG, la Junta Electoral Central tiene la competencia de “resolver las quejas, reclamaciones y recursos que se le dirijan”.
* El País - RAQUEL SECO - 19 NOV 2011
Foto: Grito mudo en la Puerta del Sol (F. J. BARROSO) - elpais
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PÚBLICO* : DNI, papeletas (en el caso de que se haya optado por ejercer el derecho al voto) y hojas de reclamaciones. Ese es el kit que la plataforma Democracia Real Ya (DRY), integrada en el Movimiento 15-M, promueve que lleven a los colegios electorales el próximo domingo los ciudadanos disconformes con el sistema electoral vigente y la democracia representativa.
Para ello, han puesto en marcha una iniciativa a la que han denominado DoRiYakiTU y con la que pretenden informar a los indignados con el sistema electoral sobre su derecho a presentar reclamaciones a pie de urna, por escrito y por la vía administrativa correspondiente.
Para fundamentar su derecho a formular quejas en las mesas electorales, los promotores de esta iniciativa recurren al artículo 99 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que dictamina que "el presidente, los vocales y los interventores de la mesa firmarán el acta de la sesión" y consignarán a la Junta Electoral Provincial "las reclamaciones y protestas formuladas, en su caso, por los representantes de las listas, miembros de las candidaturas, sus apoderados e interventores y por los electores sobre la votación y el escrutinio".
Kike Castelló, portavoz de DRY, asegura que el objetivo de esta iniciativa es "dejar constancia del desacuerdo con la Ley Electoral o el sistema bipartidista que perjudica a los partidos minoritarios", unas reclamaciones que no se ciñen exactamente a los términos "sobre la votación y el escrutinio" que incluye la LOREG.
Fuentes de la Junta Electoral Central insistieron ayer en que esta es "una situación nueva", por lo que es complicado "aventurar" cómo se desarrollará. En este sentido, vuelven a recordar que la legislación actual garantiza "el derecho de los electores a reclamar sobre aspectos relacionados con el desarrollo del proceso de votación y escrutinio, pero no sobre otros asuntos". Asimismo, señalan que la LOREG "no dice nada" del proceso por el cual debe hacerse la reclamación. En cualquier caso, DRY difunde a través de internet modelos de formulario de reclamación que aconsejan llevar por duplicado el domingo para que sean compulsados por la mesa.
De forma individual
La pelota podría caer entonces sobre el tejado de los presidentes de las mesas electorales, admiten en la Junta Electoral. "En el caso de que se formara un gran alboroto o de que esta acción pudiera ser considerada como una concentración, el presidente de la mesa podría decidir que eso perturba el desarrollo de la jornada electoral y acudiría entonces a la Junta Electoral", asegura un portavoz de este órgano.
Castelló recuerda que DRY pretende "movilizar a la ciudadanía informando de que existe la opción de reclamar", pero en ningún momento quiere "torpedear" el proceso electoral. Asegura, además, que los ciudadanos que reclamen lo harán de forma "personal" e "individual". En este sentido, DRY recomienda "proporcionar las explicaciones necesarias" a los miembros de la mesa y explica que esta acción "se mantiene al margen del sistema de elección y reparto de escaños".
* Público - ELENA HERRERA - 17/11/2011
Foto: Indignados 15M - publico
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MADRIDIARIO* : El año que viene, los promotores tendrán menos obligaciones con la Administración. El suelo que están obligados a ceder para uso público se reducirá un 50 por ciento a partir de enero. Con ello, la Comunidad pretende dar más facilidades para emprender nuevos proyectos urbanísticos y crear urbanizaciones más 'esponjosas'.
Menos obligaciones y más facilidades para los promotores urbanísticos. Esa es la máxima que ha seguido la Comunidad de Madrid, por segundo año consecutivo, para tratar de reactivar el maltrecho negocio del ladrillo.
El año pasado dio el primer paso y renunció a su 'parte del pastel' del suelo que los promotores estaban obligados a entregar a las Administraciones para uso público. Ello suponía ahorrarles la entrega de un 20 por ciento del total de superficie edificada. Ahora, sobre ese 80 por ciento que quedaba, les eximirán de la obligación de ceder otro 50 por ciento. En total, en dos años, se habrá reducido un 60 por ciento ese "impuesto revolucionario" -según lo calificó el año pasado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Ana Isabel Mariño- que tendrán que pagar a las Administraciones.
La medida se incluye en el anteproyecto de Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para el año que viene, que este jueves fue remitido al Consejo Económico y Social por el Ejecutivo regional. Según explicó Mariño este jueves, esta superficie no se detraerá del porcentaje de cesiones locales (que suponen el 30 por ciento y que afectan solo a la zona donde se construye), sino a las generales, destinadas a usos que afecten a todo el municipio (por ejemplo, viales). Este porcentaje que deben ceder las promotoras para uso público, que actualmente es del 70 por ciento, se verá reducido al 20.
Los objetivos, continuó, son varios. Por un lado, facilitar más la rentabilidad de las promociones de vivienda; por otro, crear nuevas urbanizaciones más 'esponjosas', es decir, con más separación entre edificios. Ello se debe, según explicaron fuentes de la Consejería, a que la envergadura de las anteriores cesiones obligaba a los constructores a agrupar más los edificios dentro de la superficie edificable y a concentrar en grandes áreas sin solución de continuidad la parte cedida. Ahora, al poder disponer libremente de más superficie, podrá haber más 'aire' entre las edificaciones, añadieron las mismas fuentes.
Las zonas verdes privadas computarán como públicas
Pero esta no es la única modificación relativa al suelo que incluye el anteproyecto. Hay otra que afecta a las zonas verdes. En concreto, según avanzó Mariño, consiste en que el terreno destinado a zonas verdes privadas pueda computar como cesión destinada a zona verde pública. Es decir, que el promotor podrá restar del suelo que está obligado a ceder a la Administración para este fin los metros cuadrados que destinará a parques privados dentro de su proyecto urbanístico.
El argumento, en este caso, consiste en reducir los parques públicos en zonas cuyos habitantes ya dispongan de jardines privados, ya que, presumiblemente, necesitarían hacer un menor uso de estos. La consejera arguyó, además, que esto supondrá un mayor ahorro para los municipios, que se ahorrarían los gastos de mantenimiento de estos parques que ahora se hacen por imperativo legal en zonas que ya disponen de zonas verdes privadas.
La presidenta, Esperanza Aguirre, se mostró convencida de que estas medidas servirán no solo para incentivar la construcción de nuevas viviendas y reactivar la economía, sino que además abaratarán el precio final de la vivienda.
* Madridiario - 17.11.11
Foto: madridiario
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ELPAÍS/Valencia* : El urbanizador de un plan urbanístico aprobado y desarrollado en la localidad de Bétera computó los metros de la vía pecuaria Cordel de Llíria para aumentar la edificabilidad de la parcela. Una particular afectada por este plan urbanístico denunció ayer así el caso ante la Fiscalía Anticorrupción para que lo investigue.
En el texto, el abogado de la denunciante -Raquel Hoyos- arguye que las vías pecuarias no pueden incluirse en un área de reparto, puesto que no tienen aprovechamiento urbanístico lucrativo. En el escrito a la fiscalía se explica que la edificabilidad ganada en el plan gracias al cómputo de esta vía arrojaría un beneficio de casi cinco millones de euros, a los que hay que restar unos 800.000 euros de cuotas de urbanización. Los más de 417.000 metros cuadrados que integran este plan urbanístico, ya ejecutado, se conocen como PAI del sector I-3 de L'Horta Vella del PGOU de Bétera.
"El Ayuntamiento de Bétera ha dado una aplicación privada a un bien público" (como es una vía pecuaria), que pertenece a la Consejería de Hacienda de la Generalitat, concluye la denuncia. Según se desprende de la denuncia, la vía pecuaria no debió contabilizarse nunca, pero si se hizo, al menos, el dinero debe abonarse a la Generalitat, que es la propietaria.
Fuera de plazo
El alcalde de la localidad, Germán Cotanda, del PP, dijo que el plan, que empezó a tramitarse en el año 2000, es "absolutamente legal" y un portavoz del agente urbanizador -Urbanizador Bétera, SA- subrayó que el plan se sustanció cuando la LRAU estaba en vigor y que el planeamiento es correcto. Un informe del Consistorio, que ayer esgrimió Cotanda, asegura que la familia de la afectada debió de recurrir el planeamiento recogido por el PGOU y no el plan parcial, como hizo en su día, además, fuera de plazo. Según el regidor, el plan contó con los informes favorables de la Generalitat.
Al final del escrito a la fiscalía, la denunciante describe toda una serie de entrevistas que ha mantenido con cargos del PP y asesores de cargos públicos de este partido para exponerles la situación. "Pero lo cierto es que al día de hoy no tengo constancia de que se esté tramitando una solución", afirma.
La Fiscalía Anticorrupción deberá de responder ahora si acepta a trámite la denuncia o la archiva.
* El País - C. VÁZQUEZ - Valencia - 17/11/2011
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com
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MÁLAGAHOY* : Juan Antonio Roca dice ahora que recaudaba dinero entre los promotores con intereses en Marbella por orden de Jesús Gil para financiar la campaña de Julián Muñoz en las elecciones locales de 2003. El argumento, expuesto ayer en el juicio de Malaya, es nuevo y sorpresivo. El exasesor de urbanismo trata por todos los medios de proporcionar explicaciones que justifiquen por qué los empresarios del ladrillo le aportaron más de 30 millones de euros en diferentes entregas que él anotaba en la documentación que la Policía intervino en su cuartel general, en Maras Asesores. Hasta ahora había esbozado dos vías: negocios en común con estos promotores y servicios de asesoramiento que ejecutaba para ellos y que cobraba en negro. La tercera explicación la proporcionó ayer cuando el fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero le preguntó por 4 millones de euros que el empresario Fidel San Román le entregó, según su contabilidad, en ocho pagos realizados entre febrero y diciembre de 2005 y otro de 75.000 euros registrado en diciembre de 2002.
Según Roca, San Román le había pagado 1 millón de euros por un informe de asesoramiento y cerró con él negocios que supusieron el desembolso de cerca de 3 millones más. Sin embargo, los 75.000 euros de diciembre de 2002 no fueron por nada de esto, sino una donación a la campaña electoral del GIL en 2003, con Julián Muñoz de cabeza de cartel. El principal acusado en el caso Malaya reconoció que esos 75.000 euros figuraban anotados en un archivo denominado cña.xls y que ese documento lo abrió siguiendo "instrucciones de Jesús Gil para anotar las aportaciones que realizaban los empresarios a la campaña electoral de 2003".
Este argumento afecta también a los promotores Manuel Lores, Javier Arteche, Eusebio Sierra y Francisco Zambrana, porque la Fiscalía Anticorrupción señala que las iniciales que figuran en el documento cña.xls junto a aportaciones que en total suman 215.000 euros corresponden a estos empresarios. Esta versión tiene algunas complicaciones porque el Ministerio Público mantiene que el dinero de cña.xls fue a parar a las empresas de Roca (Helioponto, Socotora, Perinal, Maras, Vanda y Aragonesas).
También aparecen en este documento las siglas J. M. que, según la versión del Ministerio Público, corresponden a Julián Muñoz. En esa hoja de cálculo figuran dos entregas por valor de 150.000 euros que Juan Antonio Roca realizó a J. M. o, como entiende el fiscal, a Julián Muñoz, en noviembre de 2002. Aunque su relación en el pasado fue tormentosa, Juan Antonio Roca está siendo muy cuidadoso con el exalcalde. Ha confesado que pagó sobornos al equipo de gobierno que presidió Marisol Yagüe, pero ni media palabra sobre Julián Muñoz.
El exalcalde comenzó a distanciarse de Jesús Gil antes de las elecciones de 2003, hasta el punto de que para concurrir en las elecciones tuvieron que negociar una candidatura cremallera con ediles de Gil y suyos. El enfrentamiento llegó a su cénit en el verano de 2003. A finales de julio Muñoz cesó a Roca como gerente de Urbanismo y el día 1 de agosto los herederos del gilismo con ediles del PSOE y del PA presentaron una moción de censura que lo desalojó de la alcaldía. De hecho, Julián Muñoz se ha defendido hasta hace meses de los sobornos alegando su manifiesta enemistad con Roca. Hasta que comenzó el juicio no se sabía que hubieran vuelto a hablarse.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 17.11.11
Foto: Muñoz, Román y Roca en el banquillo 2007 - elpais.com
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ADN* : Un grupo de indignados asturianos ha ocupado la antigua sede de la Consejería de Salud del Principado, situada en una céntrica calle de Oviedo, para hacer visible su protesta contra la especulación urbanística y recuperar un espacio público para los ciudadanos y vecinos de la zona.
Integrantes del movimiento del 15 M, surgido a raíz de las protestas ciudadanas del pasado mes de mayo ocuparon este edificio hace ocho días, aunque no había trascendido y hasta hoy no habían detallado los motivos por los que decidieron esta acción.
Su presencia en el interior se ha hecho visible al cumplirse ayer los seis meses del inicio de las movilizaciones del 15 M, con la colocación de pancartas y pintadas en algunos rótulos que identifican a la antigua consejería como un "centro colectivo".
"Espacio social. No se puede entrar sin orden judicial", es otra de las pancartas que los indignados asturianos han colgado de la fachada de este edificio situado en la calle General Elorza, que va a ser derribado para la construcción de viviendas de lujo.
En un comunicado, los indignados hablan de "ocupación y liberación" de un edificio que consideran "símbolo de la especulación urbanística en Asturias y en Oviedo".
El Principado compró en 2007 por 60 millones de euros parte del complejo levantado en la capital asturiana por Santiago Calatrava para la empresa Jovellanos XXI, para ubicar dependencias administrativas.
La administración asturiana vendió varias parcelas, entre ellas la que albergaba la Consejería de Salud para financiar esa operación.
Según un informe elaborado por la Sindicatura de Cuentas dos años después, el Principado incumplió la Ley de Patrimonio, ya que esta operación debería haberse aprobado en el Parlamento regional.
Así, el movimiento del 15 M ha denunciado la "complicidad" de las administraciones públicas con los grandes promotores inmobiliarios, a la vez que ha abogado por un urbanismo al servicio de las personas.
* ADN - EFE - 17.11.11
Foto: Dos de los indignados que ‘okuparon’ el edificio salen al balcón - lavozdeasturias
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INFORMACIÓN* : Otro revés judicial para la alcaldesa. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha anulado los polémicos cambios de personal promovidos por Sonia Castedo en la Gerencia de Urbanismo a finales de 2008. Una reciente sentencia acepta la petición de Comisiones Obras de anular la modificación de puestos por falta de negociación sindical.
Sin embargo, el fallo considera que no debe haber retroactividad de las actuaciones lo que, según explican desde CC OO, significa que los puestos se mantendrán tal y como están, pero habrá que convocar el procedimiento de negociación que no se realizó en su día para poder ratificarlos.
La modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) se aprobó definitivamente en diciembre de 2008 y, según confirman desde el sindicato, consolidaba los nombramientos por libre designación, entre otros, de Isabel Campos, como jefa del servicio administrativo y de Maria Ángeles de la Sierra como jefa del servicio técnico -pese a que ninguna era funcionaria de carrera- y el de José Luis Ortuño como jefe máximo, aunque con posterioridad se le redujeron las competencias.
Fuentes de CC OO indican que la sentencia -sobre la que cabe recurso ante el Supremo- anula el diseño de la Gerencia de Urbanismo que realizó Castedo por la falta de negociación sindical en el procedimiento, sin entrar a valorar la idoneidad o no de los cambios realizados por la alcaldesa, que entonces también era edil de Urbanismo.
En opinión de la portavoz del grupo municipal socialista, Elena Martín, esta sentencia "demuestra a las claras que con el personal de la Gerencia se intentó hacer un traje a medida para asegurar una pacífica tramitación del Plan General" bajo sospecha judicial. Según recuerda la edil, la remodelación llevada a cabo en Urbanismo coincide con algunas de las fechas más destacadas de la tramitación del PGOU, como la de su primera exposición al público a finales de 2008.
La edil sostiene que Castedo designó a personas de su confianza para "contar con una Gerencia de Urbanismo dócil para el cumplimiento de sus fines" y que lo hizo "sin reparar en los trámites legales establecidos". En cuanto a los funcionarios "no afines que pudieran hacer peligrar, entre otras cosas, la tramitación del PGOU que el PP estaba presuntamente diseñando con empresarios", Martín considera que Castedo llevó a cabo "una caza de brujas".
En opinión de Martín, "queda claro que se hizo un traje a medida para que la Gerencia fuera una máquina al servicio de los interesas de Alperi y Castedo y de otros particulares como demuestra el caso Brugal". La portavoz socialista incide en que el "cotejo de las fechas podrían dar sentido a las prisas en aprobar la documentación necesaria (Reglamentos, Estatutos y Relación de Puestos de Trabajo) para domesticar a la Gerencia en plena tramitación inicial del PGOU".
Unas "prisas" que, como sostienen desde el PSOE, llevaron a Castedo a "saltarse el imprescindible trámite" de someter "a la mesa de negociación la modificación de los puestos de trabajo".
El juez pidió todos los nombramientos
El magistrado que investiga las presuntas irregularidades en la redacción del PGOU de Alicante solicitó al Ayuntamiento, a instancias de Esquerra Unida, información sobre todos los cambios de personal realizados en la Gerencia Municipal de Urbanismo desde el año 2007. Entre la información, que ya ha sido remitida al juzgado, se envió una relación de todos los nombramientos y ceses de jefes y técnicos desde esa fecha. EU planteó que al inicio de la revisión del PGOU se modificaron los estatutos y el reglamento de organización interna de Urbanismo. Unos cambios que coinciden con la elaboración del plan.
* Información - 16.11.11
Foto: alicante ayuntamiento - alicante-ayto.es
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DIARIOJAÉN* : La polémica está garantizada en la Gerencia de Urbanismo que se celebra hoy. El equipo de Gobierno pondrá encima de la mesa un documento que no solo echa por tierra un proyecto para construir viviendas, a través de áreas de reserva de suelo, sino que deja en manos privadas el desarrollo urbanístico de Jaén.
El anterior equipo de Gobierno, del PSOE e IU, consiguió cerrar un convenio con la Junta de Andalucía, que fue aprobado por unanimidad en diferentes sesiones plenarias, para crear un área de reserva en el SUNP-2, 3 y 4, en la zona norte de la capital, la de mayor expansión. El acuerdo, que incluía la expropiación de terrenos a más de 180 propietarios, contemplaba la construcción de 5.465 viviendas —más de 3.200 de protección oficial— en 78 hectáreas de superficie en la parte baja de la Estación de Renfe, que colinda con el Distribuidor Norte. Sin embargo, el nuevo equipo de Gobierno, del PP, echará por tierra no solo ese proyecto que en su día apoyó, sino el de Cerro Almagro, otra reserva de suelo en la que se proyectaban más de diez mil viviendas nuevas.
Los concejales debatirán esta misma mañana en la Gerencia de Urbanismo la propuesta del Ayuntamiento. El concejal del área, Francisco Javier Márquez, justifica la decisión en la ausencia de fondos en las administraciones públicas, sobre todo la local, para poder abonar el dinero de las expropiaciones. En este sentido, explica que el procedimiento será cambiar esas áreas de reserva por suelo sectorizado, es decir, serán los propios dueños de los solares, a través de juntas de compensación, los que planeen el futuro urbanístico de la ciudad. En este sentido, se podrán construir viviendas y, además, más del treinta por ciento serán de protección oficial. Sin embargo, se edificará si detrás de cada operación hay una entidad que financie el proyecto.
El concejal socialista Manuel López considera la medida un “paso atrás”. Dice que el equipo de Gobierno vuelve a la “política de la especulación privada, la que nos ha llevado a la ruina que tenemos”, comenta. Además, dice que el Partido Popular pone de manifiesto el escaso interés por los pisos de protección oficial y por garantizar a los jóvenes el derecho a una vivienda digna. “Lo que hacen es mandar la creación de empleo al ámbito de lo privado”, agrega.
Manuel López recuerda que el convenio entre la Junta y el Ayuntamiento para la delimitación del área de reserva del SUNP-2, 3 y 4 para su incorporación al patrimonio municipal de suelo se firmó en diciembre de 2007 y el proyecto se ratificó en el pleno de abril de 2008. Es más, en octubre de ese mismo año también la Corporación Municipal al completo dio el visto bueno al convenio de expropiación de los terrenos. Es cierto que existe una sentencia que deja sin efecto el acuerdo plenario en el que se aprobó definitivamente el proyecto por dos motivos: porque el procedimiento no se ajusta a lo que marca la Ley del Suelo de Andalucía y por falta de justificación de los usos.
No es una sentencia firme, ya que los particulares recurrieron el convenio porque no estaban de acuerdo con las expropiaciones. Sin embargo, el PP no se escuda en esa decisión judicial, sino en la falta de liquidez para abordar el proyecto y en el modelo en sí.
* Diario Jaén - Manuela Rosa Jaenes - 16.11.11
Foto: Jaen, ayuntamiento - andaluciarustica.com
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ELCONFIDENCIAL* : Dación en pago, ejecución en pago... ¿o pacto marciano? Entendiéndose por éste como "aquel pacto celebrado entre el deudor y el acreedor, que consiste en que ante un incumplimiento de la obligación de pago, en el momento del vencimiento de la obligación principal, el acreedor podría quedarse en propiedad con la cosa objeto de la garantía, previa justa valoración de la misma, con deber de reintegrar el excedente de dicha valoración en relación con el importe de la deuda ejecutada".
A menos de una semana para las elecciones generales del 20N, siguen surgiendo propuestas de cara a una triste realidad que podría llegar a cobrarse hasta 700.000 ejecuciones hipotecarias. Los últimos en pronunciarse han sido los notarios. Con anterioridad y durante meses, organizaciones de consumidores y usuarios, plataformas de afectados por las hipotecas vienen pidiendo la dación en pago. Esto es, que la entrega de llaves de la vivienda salde la deuda con el banco.
Las propuestas de los políticos van en otra dirección. El candidato del PSOE a las elecciones, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha propuesto la dación en pago, pero no con efectos retroactivos, mientras que otros partidos políticos como CiU es más partidario de la ejecución en pago. Esto es, cuando el ciudadano ya se encuentra ante los tribunales a la espera de que subasten su vivienda, el partido catalán pretende que se pueda devolver la vivienda en pago de la deuda cuando se produzca una"insolvencia sobrevenida" con el juez como garantía o que los contratos con cláusulas abusivas pueda conllevar la suspensión de la ejecución hipotecaria.
Ahora, los notarios van un paso más allá con la propuesta de una alternativa a la dación en pago, expuesta recientemente por el notario de Madrid, Javier Gardeazábal. Se trata de la conocida como 'pacto marciano', "proveniente del Derecho Romano, y que ofrece la posibilidad de que, mediante una tasación independiente, se pueda quedar el acreedor con la finca sin procedimiento judicial, a cambio de que el deudor quede liberado, sin necesidad de adjudicación en pago".
Gardeazábal explicaba recientemente que una vez haya sido determinado el valor justo de la cosa, "el deudor tendrá derecho a percibir la diferencia entre ese valor y el importe de la deuda. Se evita así el enriquecimiento injustificado del acreedor". Ha añadido que para "dar eficacia a estos pactos puede ser conveniente la atribución de un poder irrevocable a un tercero que ejecute la venta y realice las operaciones de liquidación y pago de la deuda".
Así, el notario apuntaba que "incluso sería posible asignar al tercero el papel de arbitrador a fin de integrar la relación jurídica en las cuestiones que pudieran quedar pendientes". Así mismo, ha recordado que la "validez de estos pactos ha sido reconocida por la Jurisprudencia y por la doctrina mayoritariamente".
"Situaciones abusivas para el deudor"
En un momento en el que la imagen de los notarios ha quedado 'tocada' tras la investigación abierta por la Fiscalía para determinar si notarios y registradores cobraron de más en la cancelación de hipotecas, los primeros han querido dejar clara cuál es su postura respecto a un drama que cada día afecta a más ciudadanos. "En el actual sistema de ejecuciones hipotecarias, hay determinadas disfunciones o situaciones perjudiciales o abusivas para el deudor" y ha considerado que es "preciso corregirlas en aras de una mayor equidad", aseguraba este martes el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé, en la cuarta sesión del XI Congreso Notarial Español, que se celebra en Benidorm (Alicante).
Ollé ha apuntado que el actual sistema tiene "disfunciones, situaciones perjudiciales y abusivas", aunque también ha resaltado que la "figura de la dación en pago obligatoria que se está reivindicando desde diversos sectores, tiene el inconveniente que conduce inexorablemente a la pérdida de la vivienda", según ha indicado el consejo en un comunicado.
Por ello, ha explicado que los notarios son "más partidarios de soluciones novativas, extrajudiciales, mediadoras que busquen alternativas y soluciones a la pérdida de la vivienda de las familias". Entre ellas ha citado la "limitación de los intereses de demora, claramente excesivos en estos momentos; la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es claramente mejorable en muchos aspectos; la potenciación del procedimiento de ejecución extrajudicial, que es más rápido, sencillo y económico".
También ha apostado por la posibilidad de una "regulación el concurso de particulares o, incluso, estudiar y promover una Ley de segunda oportunidad, a la manera otros países de nuestro entorno, como Bélgica, Alemania o Francia". También el PP, en relación con las ejecuciones hipotecarias, también contempla en su programa electoral una reforma de la ley concursal "para introducir en los procedimientos de insolvencia de las personas físicas, con las debidas garantías para evitar comportamientos abusivos, mecanismos de liberación de los deudores tras la ejecución del patrimonio embargable".
En relación a estos pactos también se pronunció el coordinador de la sesión, José Ángel Martínez, quien se ha referido a "la reciente Orden de Transparencia de 28 de octubre de este año, que suscitará la posibilidad de introducir este pacto, que sería una manera de conseguir lo mismo que con la adjudicación en pago, a menor coste, de forma sencilla, y en todo caso más justa si el piso posee mayor valor que la deuda".
Flexibilidad
Por su parte, el notario de Madrid, Juan Álvarez-Sala, ha considerado en su ponencia que "ahora que han llegado las vacas flacas, lo que importa son los matices de técnica procesal que aseguren la justicia de la ejecución hipotecaria, desde el punto de vista, por parte del ejecutado, del derecho a un proceso ejecutivo con todas las garantías, pero también por parte del ejecutante, procurándole un proceso sin dilaciones indebidas como modo de una tutela judicial efectiva".
"La búsqueda de este equilibrio en la ejecución, en beneficio del deudor, debiera llevar así, probablemente, a una interpretación más flexible de las causas de oposición al procedimiento hipotecario, ampliándolas, por lo menos, a cualquier pago acreditado de la deuda", ha sostenido.
* El Confidencial - 15.11.11
Foto: Hipotecas, gafas y bolígrafo - Istockphoto
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S.McCOY* : Será mera coincidencia pero el hecho de que el renacer para la política nacional de Alberto Ruíz Gallardón coincida con la mayor quiebra municipal de Estados Unidos da como mal rollo, la verdad. No puede ser peor el augurio. En efecto, al mismo tiempo que defendía con la oratoria fácil que le caracteriza las posturas del Partido Popular en el debate a cinco montado con motivo del 20-N, el Condado de Jefferson en Alabama se declaraba en bancarrota gracias a una deuda de 3.136 millones de dólares. Paradojas del destino: la financiación de una nueva red de alcantarillado ha terminado por llevarse por el sumidero las arcas locales del ente estadounidense.
Entre las razones para su declaración voluntaria de bancarrota, la caída de los ingresos discrecionales, aquellos que en el caso español podían estar ligados al ladrillo, y la inelasticidad recaudatoria al aumento ad infinitum de las tasas y tributos locales. No sé si les suena. En un comunicado que recuerda bastante a un parte final de guerra, los actores de la decisión concluían: “tras tres años en busca de la estabilidad financiera, no queda otra alternativa. Cualquier retraso adicional hubiera comprometido seriamente el futuro de nuestra comunidad”.
¿Será ese el final que le espera a la capital de España? Las cifras son objetivamente abrumadoras.
De acuerdo con el Banco de España, el ayuntamiento de la capital adeudaba a finales del segundo trimestre, y sin los maquillajes tan habituales al cierre del ejercicio, la módica cantidad de 6.819 millones de euros, exactamente el triple en billetes verdes del importe que ha llevado a la bancarrota a Jefferson County. El 46% del total de las capitales de provincia y cerca de la cuarta parte de lo debido por el conjunto de los consistorios nacionales. A años luz de Barcelona (1.091), Valencia (867), Zaragoza (778), Málaga (735) o Sevilla (482). Y sin cambio de gobierno que aflore facturas... (Boletín estadístico del BdE, Cuadro 14.8)
De la abundante información suministrada por la Consejería de Hacienda madrileña, se desprende que 4.700 millones corresponden a financiación suministrada al Ayuntamiento y que el resto se obtuvo para el proyecto de la Calle 30. Centrándonos en la primera, dos tercios son préstamos y el restante emisiones. El 26,5% de los créditos está en manos extranjeras, menos comprensivos con la realidad del país. Su vencimiento medio es de 6’24 años. 468 millones eran catalogados como de corto plazo, menos de 18 meses, en junio de 2011. Entre 2012 y 2015 vencen 2.292 millones, cerca del 55% del total restante, a razón de 573 de media anual. Si el mercado permaneciera cerrado, su amortización –intereses aparte- supondría un 15% de los ingresos ordinarios del municipio, 3.980 millones. Casi nada.
Con un problema adicional: el agujero no para de crecer. La liquidación final del presupuesto 2010 muestra unos ingresos totales de 4.700 millones para unos gastos de 5.132. Y la ejecución de este año no augura nada mejor cuando uno compara flujos de entrada y desembolsos. A ello hay que añadir las servidumbres derivadas del soterramiento de la circunvalación madrileña que incluye compromisos financieros hasta 30 años, ligados al contrato de mantenimiento de la vía, a un increíble margen, a día de hoy, de poco más de 40 puntos básicos en su tramo más caro (quitando la deuda subordinada), coste financiero más llevadero.
Los números cantan y las cuentas no cuadran. Especialmente si la situación económica de España mantiene la atonía de los últimos años. Gallardón deja la Botella medio vacía, sin recursos de los que tirar. No hay que olvidar que buena parte de las inversiones que condujeron a tan ingente nivel de endeudamiento en Madrid son “suntuarias”, generan retorno indirecto pero gasto corriente, derivado de su mantenimiento y conservación. Es la cara visión de un iluminado que, sin duda, pasará a la historia junto con otros regidores que han cambiado la morfología de la ciudad. Mal necesario probablemente al que esperemos se le recuerde por la gloria y no por la ruina. Sea como fuere, esperemos que Mariano aprenda la lección: a éste, carteras ministeriales las que quiera, pero sin un talonario dentro. No vaya a ser que se enteren en Bruselas...
* Cotizalia - Opinión - 15.11.11
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EUROPAPRESS* : El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha señalado que pese a la "recesión" urbanística continúan dándose asuntos judiciales en esta materia, ya que se sigue construyendo "ilegalmente".
El incremento de las causas también obedece, según ha añadido, a que en ocasiones las denuncias llegan tarde a la Fiscalía o a que se corresponden con construcciones ilegales anteriores. Así lo ha indicado este martes en Santander, donde ha participado en las Jornadas sobre Naturaleza y Medio Ambiente que cada año organiza la Guardia Civil.
Durante su intervención, titulada 'Delincuencia medioambiental: pasado, presente y futuro', Vercher ha repasado las novedades del Código Penal tras la reforma acometida en junio de 2010 y que entró en vigor en diciembre del año pasado y, más concretamente, las novedades en artículos relacionados con las infracciones urbanísticas y contra el medio ambiente.
Según ha precisado al respecto, de las 607 sentencias condenatorias registradas en 2009 en toda España, 386 estaban relacionadas con la ordenación del territorio y el urbanismo, mientras que en 2010 se contabilizaron 687, de las que 426 tenían que ver con estos delitos. También ha indicado que en 2009 hubo 244 sentencias absolutorias en la materia, que se elevaron a 282 en 2010.
Por comunidades autónomas, el fiscal ha indicado que Cantabria los delitos urbanísticos "siguen siendo mayoritarios", aunque otros temas relacionados con el medio ambiente "van ganando terreno".
En cualquier caso, los problemas relacionados con el urbanismo que han surgido en los últimos años en toda España es una de las razones que llevó a reformar el Código Penal, y todavía es un tema que "sigue preocupando" a la justicia.
LA DEMOLICIÓN ES UNA FORMA DE INDEMNIZACIÓN
Vercher se ha referido también, a preguntas de los asistentes, a las demoliciones que, según ha recordado, son "una forma de indemnización" que no impide afrontar otros aspectos que merezcan ser indemnizados.
Así, ha explicado que la demolición es una forma de restablecer el orden jurídico alterado, mientras que la responsabilidad civil y la indemnización son conceptos "más amplios". Son como "círculos concéntricos", ha comparado.
El fiscal también se ha referido a la prevaricación urbanística, y ha subrayado al respecto que antes de la reforma del Código Penal de 2010 se imponían penas de cárcel "o" multas, mientras que en la actualidad estos delitos están penados con prisión "y" multas.
Con todo ello, ha opinado que se ha conseguido una perspectiva "más amplia" y "realista" de los delitos relacionados con el urbanismo en general, hasta el punto de que la "simple obra" de un edificio o una urbanización se considera ya "un delito consumado", es decir, que no hay que esperar a que la construcción esté finalizada.
LA REFORMA NO ES UN COLOFÓN
Tras señalar que todavía no ha sido posible "hincar el diente" a muchos aspectos de la reforma del Código Penal, el fiscal ha destacado que si bien "nos podemos dar un poco por satisfechos" con ella, no supone sin embargo "el colofón de nada", ya que como ha vaticinado "en breve" aparecerá una nueva directiva europea, relacionada esta vez con los vertidos que desde la costa se hacen al mar.
En este sentido, el titular de la Fiscalía Coordinadora del Medio Ambiente y Urbanismo ha explicado que a finales de octubre "se filtró" que la Comisión Europea está abordando un nuevo documento relacionado con este asunto, que se sumaría a otros dos (sobre la protección penal del medio ambiente y el vertido de residuos desde los buques al mar) y que afectaría a la protección de unos 370 kilómetros de costa.
DE LA NADA A LA REVOLUCIÓN
Finalmente, Antonio Vercher ha reflexionado que en "algo más de medio siglo" se ha asistido a un proceso "extraordinario" en materia de legislación medioambiental, ya que se ha pasado "prácticamente de la nada" a la "revolución" que existe hoy en día.
Frente a ello, y aunque cada vez se de más importancia a los temas ambientales, la conciencia de los españoles sobre los mismos "no pasa de lo políticamente correcto" y el tratamiento que se hace de ellos está "un poco en las antípodas" de lo que debería ser.
* Europa Press - 15.11.11
Foto: Viñeta de Quesada - farovigo
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MÁLAGAHOY* : Hace apenas unas semanas era un diverso y rico bosque de ribera que lindaba con un arroyo del que hoy en día no queda apenas nada tras una actuación de limpieza de cauces llevada a cabo por la propia Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente. Lo denunció ayer el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía GENA-Ecologistas en Acción y ha ocurrido en el entorno del cauce del arroyo Cerezo en Villanueva del Rosario, a tan sólo 50 metros del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de la Sierra de Camarolos y donde se sabe que existe una variada vegetación y fauna asociada a este hábitat.
Fresnos, olmos y sauces formaban este bosque de ribera que, al parecer, ha sido aniquilado como consecuencia de una actuación llevada a cabo dentro del programa de prevención de inundaciones que cada año lleva a cabo la Junta de Andalucía en los puntos con más riesgo de sufrir una riada.
La Delegación Provincial de Medio Ambiente confirmó ayer a este periódico que se había actuado en un tramo de 1.500 metros en este arroyo, pero negó que tuviera tales consecuencias.
Sí reconoció que se ha llevado a cabo el desbroce en toda su longitud, que se ha retirado vegetación muerta en el cauce y las márgenes y que incluso se ha recuperado la sección de cauce que se había desviado.
Pero el colectivo ecologista insistió en que los trabajos que se han realizado en este arroyo han ido mucho más allá y que "se han metido máquinas sin respetar ni la vegetación ni la fauna de la zona". La existencia en este cauce de especies tan poco frecuente y casi única en esta zona como el musgaño de cabrera, un micromamífero similar a un ratón acuático, "exigía haber actuado con precaución", criticó el presidente del colectivo, Rafael Yus.
La intervención de la Consejería de Medio Ambiente en esta zona, dijo, "se ha planificado únicamente como si el río fuera un simple canal de desagüe y sólo primando el interés de los ingenieros".
La crítica y denuncia realizada ayer por el colectivo ecologista fue corroborada también por el profesor del departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Málaga, Andrés Vicente Pérez, que confirmó que el bosque de ribera que existía en esta zona era de "gran valor" y que "en ningún caso" se puede decir que había árboles muertos salvo algún olmo que estaba afectado por un hongo.
Pero además de la vegetación afectada, el experto señaló que "se ha destruido por completo" el perfil del arroyo al haber sido canalizado con los trabajos que se habían diseñado para supuestamente prevenir inundaciones en la zona.
Lo que los ecologistas temen ahora es que la actuación prevista por la Agencia Andaluza del Agua para construir escolleras en otros tramos de este arroyo terminen por destruir el hábitat asociado a este entorno que linda con una zona protegida.
* Málaga Hoy - RAQUEL GARRIDO - 15.11.11
Foto: villanueva del rosario - ecologistas en acción
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EFE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha anulado el acuerdo de la Comisión territorial de urbanismo de Valencia que aprobaba la homologación y plan parcial del sector Nou Mil·leni para la construcción de 12.000 viviendas en la localidad valenciana de Catarroja.
La resolución, de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ valenciano, con un voto particular en contra, basa su fallo en la "falta de disponibilidad de recursos hídricos" para llevar a cabo el proyecto, dado que "no existe título concesional suficiente".
La sentencia de la Sección Primera, facilitada hoy, estima así el recurso planteado por la Delegación del Gobierno de la Comunitat Valenciana contra la decisión administrativa del 20 de febrero de 2008 que aprobaba el PAI, que ahora queda anulada.
Contra esta decisión judicial cabe, en su caso, recurso de casación, que deberá presentarse ante este tribunal en el plazo de los dos días siguientes al de su notificación.
El proyecto, impulsado por la promotora Llanera y el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), contempla la construcción de cerca de 12.000 viviendas y un centro comercial en este término municipal.
La Delegación del Gobierno basaba su recurso en la infracción del ordenamiento jurídico por parte de la Comisión territorial de urbanismo, de la Conselleria de la Vivienda, al "aprobar el acuerdo sin acreditar la disponibilidad de recursos hídricos".
Apoyaba además sus argumentos con diferentes informes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) desfavorables a esta actuación urbanística en Catarroja.
Por contra, la representaciones procesales de la Generalitat, Ayuntamiento de la localidad y codemandada defendían la existencia de tales recursos para llevar a cabo la actuación urbanística aprobada.
Según el tribunal, se pone de manifiesto "en principio" la suficiencia de los recursos hídricos pero "no así la disponibilidad de los mismos", por cuanto "no existe título concesional suficiente" ni por parte del Ayuntamiento demandado ni por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).
Destaca la importancia de distinguir entre suficiencia y disponibilidad de recursos hídricos, en tanto en cuanto, se trata de conceptos que se ubican en "dos planos distintos".
De este modo, mientras que la suficiencia hace referencia a la existencia de recursos hídricos bastantes, la disponibilidad se concreta en la posibilidad de aplicar los recursos hídricos existentes a la actuación urbanística en cuestión, lo cual requiere del correspondiente título administrativo concesional.
"La existencia de recursos hídricos es condición necesaria para que pueda disponerse sobre éstos pero no es condición suficiente, en tanto que la disponibilidad requiere de un título concesional para la utilización del recurso", explica.
Por ello, estima que, si bien puede concluirse que hay recursos hídricos suficientes, lo cierto es que "no hay disponibilidad sobre los mismos ni se pueden satisfacer las demandas requeridas por la actuación aprobada", lo cual es "especialmente exigible en este caso" desde el momento en que tiene que recurrirse a recursos comunes de la ciudad de Valencia y área metropolitana".
* ABC - EFE - 14.11.11
Foto: Catarroja (Valencia), proyecto Nou Mileni - levante-emv.com
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IDEAL/Jaén* : Ocho años después de iniciarse los trámites legales para exigir la ejecución de los trabajos de urbanización del residencial Huertos de San Roque de Linares, la veintena de propietarios que hace dos décadas adquirieron una finca en la zona podrán disfrutar finalmente de una vivienda en una zona urbanizable, tal y cómo se refleja en sus contratos de compra.
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº1 de Jaén se hará cargo directamente de la terminación de la ejecución, con cargo a las arcas municipales, habiéndose incluso designado ya al perito que determinará y dirigirá las partes que restan por terminar para que los propietarios dispongan de agua potable, transportes públicos, recogida de residuos y los mismos servicios con que cuentan en el centro de la localidad.
Una medida que, como señalan desde despacho sevillano Llocan Abogados -que sustituye por enfermedad a la anterior letrada rectora del procedimiento-, será testimoniada y pasarán al Ministerio Fiscal a fin de que determine «si la desidia y los hechos cometidos por el Ilustre Ayuntamiento de Linares constituyen un delito grave de desobediencia u otros».
En concreto, el juez dictaminaba hace dos años una sentencia favorable a los propietarios de las parcelas y en la que se daba un plazo máximo de un año (hasta septiembre de 2010) para finalizar el proyecto, sin que se haya ejecutado hasta el momento.
Entonces, desde la Concejalía de Ordenación Territorial y Urbanismo del Consistorio linarense se aseguraba, tras conocerse la sentencia de ejecución forzosa dictaminada por el juez, que se realizarían las obras por vía ejecutiva con la intención de ofrecer los servicios a estos vecinos, «y posteriormente se pedirá responsabilidades a la promotora», hasta la fecha no ha explicado el desarrollo de las mejoras a los afectados ni las previsiones existentes para su puesta en marcha según señalan desde el despacho de abogados.
«Después de casi cinco años de procedimientos judiciales, los 20 vecinos que reclamaban la terminación de las obras de la Urbanización Huertos de San Roque de Linares las verán terminarse pronto, convirtiéndose la Urbanización en una de las mejores dotadas de la provincia, viendo cómo el valor de sus propiedades y el dinero que en ellas han invertido se triplica o cuadriplicado. La duda que se nos plantea es si el resto de los propietarios de la Urbanización al verse tan beneficiados, reconocerán el esfuerzo llevado a cabo por sus vecinos o seguirán menospreciándolos y culpándolos de los errores y negligencia ajenos», sostienen los representantes legales.
Años de lucha
El residencial Huertos de San Roque comenzó a construirse en 1991 al margen de la normativa urbanística pero con el compromiso municipal «del desarrollo urbanístico de la zona». En este periodo, parte de las obras fueron recepcionadas durante el tiempo estipulado para ello -hasta finales de 2005- pero no así para el resto de propietarios que, pese a rechazar las indemnizaciones a cambio de que se les presten los servicios a favor de la terminación de la urbanización.
En 2006, un año después de la fecha prevista para el fin de las obras de urbanización de unas parcelas vendidas «como suelo urbano con todos los servicios», los vecinos solicitaron ante el Ayuntamiento que se instará de manera oficial a la promotora la recepción de las parcelas afectadas. La «inactividad» por parte del Consistorio linarense que motivó la presentación de una demanda contencioso-administrativa en cuya sentencia se reconoció la falta de actuación por parte del Ayuntamiento de Linares, a la vez que se establecía un plazo de 12 meses para que los afectados recibieran los servicios básicos.
Sin embargo, lo que parecía que podía ser el primer paso para solucionar el problema de estas familias, no ha tenido hasta ahora ningún tipo de respuesta ni por parte de la Concejalía de Urbanismo ni de la promotora, a excepción de la retirada del cartel en el que se anunciaba la venta de parcelas en suelo urbanizable.
En este sentido, se calcula que las 20 familias demandantes han invertido a lo largo de estos años miles de euros en infraestructuras privadas que les permitiera contar con los servicios básicos que no han recibido hasta el momento, «y todo ello pese a pagar los impuestos correspondientes». Unos gastos que, sin embargo, se sitúan en un segundo plano ante los problemas de insalubridad a los que aseguran enfrentarse desde hace años, pues los afectados aseguran recibir un suministro de agua que «es solo apta para riego porque está contaminada con heces diluidas y altos niveles de plomo» como se demostró a través de varias analíticas realizadas en la zona.
* Ideal - 15.11.11
Foto: El residencial comenzó a construirse en 1991 con el compromiso de su desarrollo urbanístico - ideal
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ELPAÍS/Editorial* : La crisis económica ha dejado al descubierto no solo la imposibilidad de sostener algunas infraestructuras autonómicas y municipales realizadas durante los años de euforia, sino también su rigurosa inutilidad. Obras como los aeropuertos de Castellón o Ciudad Real, el Estadio Olímpico de Sevilla o la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela, además de buena parte de los canales de televisión autonómicos, entre otras muchas, se han convertido en un lastre para los presupuestos de las diversas Administraciones de las que dependen. Los volúmenes de inversión han sido tan elevados que en circunstancias normales desaconsejarían un brusco abandono, a la espera de que se reactive la economía y algo pueda ser recuperado. Pero su más que dudosa utilidad hace inviable hipotecar al simple mantenimiento unos recursos cada vez más escasos.
Buen número de las infraestructuras sobre las que hoy planea la sombra del abandono y la ruina no eran viables desde su concepción y, sin embargo, se aprobaron, financiaron y ejecutaron con el apoyo de Gobiernos autónomos y municipales. Detrás de esta cadena de errores se encuentra uno de los equívocos que mejor resume la ligereza desde la que actuaron las Administraciones, y también los agentes económicos privados, durante los años previos a la crisis, y cuyas consecuencias se pagarán durante mucho tiempo. El espíritu emprendedor se confundió con el voluntarismo, con el agravante de que no fue desinteresado. Detrás de cada proyecto faraónico hubo beneficios en proporción, cuyos destinatarios fueron bolsillos privados.
La proliferación de infraestructuras de dudosa o nula utilidad deja constancia del aberrante modelo económico por el que se optó en España, quizá sin plena conciencia de estar haciéndolo. Más que inversiones capaces de modernizar la economía, estas infraestructuras que hoy parecen ballenas varadas fueron una extensión apenas disimulada de la cultura del ladrillo. Materializaron además una concepción del sistema autonómico y municipal que proliferó al amparo de la euforia que cebó la burbuja inmobiliaria: cada región, incluso cada provincia, debía disponer de todos los servicios por razones de prestigio, no en función de su utilidad. El caso más ilustrativo es el de los aeropuertos o las televisiones autonómicas, pero lo mismo podría decirse de polideportivos, centros de ocio e infraestructuras de naturaleza parecida, diseminados de punta a punta del país.
* El País - Editorial - 15.11.11
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