ELPAÍS* : La presidenta regional, Esperanza Aguirre, promueve la construcción de una autopista en el norte, la R-1, para la que Fomento no encontró ninguna empresa interesada por el profundo fracaso de las radiales de pago.
Dos coches compiten en velocidad a 55 kilómetros de Ocaña (Toledo), en la radial 4. Son solo dos coches, a las 11 de la mañana, en una larga recta. Un Mercedes 4 - 4 negro y un Volkswagen Polo blanco. Un único empleado atiende una sola de las 14 garitas de la playa de peaje. En la cafetería que recibe al otro lado del páramo de Seseña la Nueva, cinco clientes. "Cada vez viene menos gente, es una carretera muy cara", dice el encargado, que paga cinco euros cada día para llegar hasta allí. Su cafetería gemela, al otro lado de la autopista, lleva cuatro años cerrada con un cartel de "perdonen las molestias".
La carretera de pago que termina en Ocaña, con sus 52 kilómetros y medio de trazado limpio, es una de las cuatro R, las autopistas de peaje para salir de Madrid. Son las hermanas pequeñas de las grandes autovías que se disparan al extrarradio. Se inauguraron al calor de la prosperidad con unas perspectivas que han pinchado en viajeros, ingresos y expectativas. Tanto, que el Congreso de los Diputados tuvo que salir al rescate y aprobó en 2009 salvarlas de la quiebra con 1.375 millones de euros inyectados por el Ministerio de Fomento en créditos. Entre otras razones, porque el dinero que debían pagar para ocupar los terrenos se multiplicó un 600%.
Ninguna de estas autopistas llega al centro de Madrid. Salen de un atasco y dejan al viajero en otro. Sobre el papel esperaban cada una más de 30.000 coches al día, y apenas rondan el 40% de esa cifra. Conductores con cuentagotas que circulan solos y pagan solos ante una máquina que avisa mientras escupe el justificante: "Su recibo se está imprimiendo". La radial 3 a Arganda del Rey, con 12.777 coches de media diarios, es la que mejor va. La segunda es la R-5. Pero no salen los números. La empresa que gestiona ambas, Accesos de Madrid, tiene una deuda de 600 millones de euros que vence en 11 meses. Esperaban ganar 40 millones anuales, y la realidad ha recortado las expectativas a la mitad. "Estamos mal pero aún vivos. No hemos muerto gracias a la ayuda de Fomento", explica José Antonio López Casas, director general de la empresa.
En mitad de este escenario de ruina, la Comunidad de Madrid ha sacado del cajón uno de los proyectos que su presidenta, Esperanza Aguirre (PP), persigue desde hace años. El día después de un viaje a Burgos por una de las autovías con más atascos, la A-1, la dirigente regional anunció su intención de recuperar la R-1. La llama "autopista low cost". Ha puesto encima de la mesa una iniciativa más barata que la que quedó desierta en la última intentona de Fomento, y espera que las concesionarias se la quiten de las manos. La patronal del sector aplaude su iniciativa: un proyecto para reactivar la piqueta, movimiento, dinero, obras... Pero ¿es realmente viable, visto lo visto?
La historia de la R-1 es la de un querer y no poder. Quedó desterrada en el primer grupo de autovías que impulsó el Gobierno de José María Aznar (PP), que cortó las cintas de las otras cuatro a finales de la década de los noventa. En 2006, con el PSOE al frente, Fomento reactivó el proyecto y lo licitó un año después por 210,85 millones. El concurso quedó desierto. En 2009 hizo un segundo intento más caro, por 240 millones. Tampoco le salieron pretendientes. Desistió.
La Comunidad de Madrid, que ya se topó con el Tribunal Constitucional en 2006 por intentar hacer la carretera por su cuenta, recupera ahora la idea en mitad de la crisis. Y lo hace a la baja, con un 30% menos de dinero para la obra. Los plazos están ajustados para tenerla lista antes de que acabe la legislatura, antes de las elecciones autonómicas de 2015. La semana que viene sale a información pública para posibles alegaciones.
Ecologistas en Acción ya ha dicho que se opondrá porque considera una "aberración" una nueva autopista tras la "ruina" de las anteriores y porque el trazado "amenaza" el corredor ecológico del río Júcar. La declaración de impacto ambiental estará lista en enero, dicen desde la Comunidad. Se cerrará la adjudicación en marzo, y se construirá entre 2013 y 2015. La previsión de vehículos es más modesta: entre 9.000 y 10.000 coches al día. En la autovía paralela, la A-1, se concentran hasta 142.000 en una de las salidas más concurridas a un polígono comercial.
"Las anteriores radiales fueron una irresponsabilidad política y esta lo es aún más". El profesor titular de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid, Ángel Aparicio, se opone al proyecto. Trabajó dos décadas en Fomento, hasta 2009, y dirigió el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (Cedex) durante cinco años. Aparicio, que vivió la licitación de las otras cuatro radiales, asegura que "se inflaron" las previsiones de tráfico para que parecieran viables. "Se fue a la hipótesis más optimista, y aun así se descartó la R-1 porque era la que peores previsiones tenía", asegura. "Me extraña que no hayamos aprendido de estos años".
Los costes de obra han bajado de 180 millones (sobre una inversión total de 240) a 120 millones (sobre un total de 160). "Hemos simplificado el proyecto", dice Borja Carabante, viceconsejero regional de Transportes e Infraestructuras. La radial se parecerá más a una autovía que a una autopista de pago. Tendrá menos estructuras, con lo que se espera ahorrar 31 millones. "Nos hemos acomodado al terreno para evitar algunos puentes", explica el viceconsejero. En las cuatro salidas (M-12, M-50, M-100 y El Molar) se han reducido los enlaces, recortando así otros 14 millones. Los 12 restantes salen del aprovechamiento de tierras de un tramo en otro, según estos cálculos. La Consejería ha prometido además adjudicar el proyecto al que cobre menos a los conductores. Aún no han cerrado el coste de las expropiaciones de terreno, la gran espina en las otras cuatro radiales. "La posibilidad de que la R-1 se ponga en marcha es muy baja", explica José Antonio López Casas, de Accesos Madrid. "Hace tres años nos interesamos por la licitación de Fomento y no nos salían las cuentas". El ministerio valoró en 12 millones los terrenos. La empresa estimó unos 70.
Las concesionarias de las cuatro radiales tienen que devolver los créditos que consiguieron por la subida de precio del suelo antes de que acaben los periodos de explotación (hasta 60 años, en algún caso). El coste de los terrenos superó los 1.800 millones, frente a los 300 previstos al empezar a construir. A eso se debe el empujón económico del Gobierno y que se haya permitido aumentar las tarifas de los peajes, lo que, pescadilla que se muerde la cola, ahuyenta a los clientes potenciales.
El sector pide más apoyos e incluso apunta iniciativas novedosas. "Se debería cobrar por utilizar las otras autovías, que al final pagamos todos", pide López Casas. La Comunidad no ve con malos ojos desterrar los peajes en la sombra, que consisten en que la Administración pague a la concesionaria por el tráfico generado en su carretera. "No habrá más mientras yo sea presidenta y haya crisis", dijo Aguirre cuando presentó la R-1. Este segundo modelo de peaje se lleva gran parte del presupuesto para carreteras, con casi el 70% de las inversiones (103,6 de 149 millones) por esas cuatro vías.
Los empresarios de las radiales piden además que se elimine el límite de velocidad en sus vías y que les dejen disminuir el gasto en luces, especialmente durante las noches. Uno de los motivos por los cuales las otras radiales no son rentables es porque los terrenos expropiados dispararon sus precios. Los jurados de expropiación y los tribunales acabaron considerando urbanizable el suelo rústico que las rodea. Con la Ley de Suelo de 2008 este riesgo desaparece, ya que un terreno debe valorarse según su calificación previa. Es decir, si es rústico, rústico, y si es urbano, a precio de urbano.
Pero la radial que auspicia la Comunidad de Madrid podría sufrir otro tipo de problemas, esta vez legales. El Gobierno central recurrió al Tribunal Constitucional en 2005 para evitar que la Comunidad licitara anteproyectos de la R-1. El fallo quedó en tablas: permitió los trabajos previos pero no entró en si podía o no construir la autopista. El Ejecutivo considera que la Comunidad no debe construir una infraestructura que es competencia del Estado. Aguirre se ve legitimada porque quedó desierto en dos ocasiones. "Si tienen alguna objeción, que lo planteen cuando salga a información pública", sugiere su viceconsejero de Transportes. Será difícil que Mariano Rajoy (PP), al que todas las encuestas colocan al frente del Gobierno tras el 20 de noviembre, se oponga a los deseos de la presidenta regional Esperanza Aguirre. O no.
440 millones para 1.641 coches
La AP-41 puede ser considerada el claro ejemplo de un fracaso. Quizá por eso nadie la inauguró. Todo lo contrario a lo sucedido con las radiales madrileñas. A la apertura de la R-2, en 2003, fueron el exministro de Fomento Francisco Álvarez-Cascos, el expresidente del Gobierno José María Aznar y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Los dueños de la AP-41, una obra que costó 440 millones y tiene una media de utilización de 1.641 vehículos diarios, han ganado una sentencia a Fomento, al que le pedían una indemnización de 300 millones porque no amplió la vía hasta Córdoba. La empresa asegura que la Comunidad de Madrid le ha perjudicado al construir la M-407.
* El País - PILAR ÁLVAREZ / TONO CALLEJA - Madrid - 13/11/2011
Foto: Madrid, inauguracion R-2, Cascos_Aznar_Gallardon (archivo) - elpais
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ELNACIONAL/Venezuela* : La moda actual no es crear ciudades inteligentes desde cero, sino adaptar las actuales al siglo XXI. "Las zonas verdes han de estar donde está la gente", afirma Bárbara Pons, profesora de urbanismo en el grado de Arquitectura de IE University y experta en políticas de paisaje.Resulta que más de 50% de la población mundial reside en una urbe y la cifra va en aumento. No parece tener mucho sentido vivir el día a día en espacios artificiales, conquistados por el asfalto, y cuando llega el fin de semana lanzarse como un poseso al volante y recorrer 50, 60 o 70 kilómetros (emitiendo CO2) para disfrutar de un poco de naturaleza."Entramos en una etapa que será larga en la que las ciudades han de avanzar hacia la sostenibilidad en lo ambiental y en lo económico", indica.El objetivo dejó de ser crecer, que bastante se atiborraron de suelo durante años y años de ladrillo. Ahora el reto consiste en reinventar los espacios existentes. Hacerlos biodiversos, multifuncionales, puntos de encuentro y convivencia.
Madrid Río es un ejemplo paradigmático: por debajo pasan los autos; por encima las bicicletas, los patines, los viandantes, carritos, niños, gente trotando."La Unión Europea es cada vez más estricta respecto al tránsito urbano, hay actuaciones para peatonalizar áreas densas de población, y calles que perderán en calzada y ganarán en aceras", enumera la profesora. Bulevares regenerados con árboles que, por ejemplo, unan los pulmones de la capital. "Lo que hace falta son corredores verdes que los comuniquen, que los acerquen a sus habitantes. Está demostrado que esa interconexión favorece los ecosistemas, que los pájaros circulen de una a otra mancha verde".Gestión. Ahora bien ¿cómo de− bería una smart city gestionar la biodiversidad? Entendiendo por biodiversidad la definición de la RAE: "Variedad de especies animales y vegetales en su medio ambiente". Expertos entrevistados incluyen al ser humano en la ecuación, como una parte más del ecosistema, cada vez más activo y participativo, concienciado, con opinión sobre lo que quiere y lo que no para su zona residencial, informado de lo que consume."La tecnología es el medio, la herramienta, para obrar este cambio", insiste Silvia Guzmán Araña, directora de sostenibilidad y medio ambiente de Telefónica. "Porque permite recoger los datos, medirlos, gestionar y controlar mejor los recursos para avanzar, entre todos, hacia una mayor eficiencia. Cada vez se instalan más sensores en los parques que impiden que los aspersores salten si está lloviendo o, todo lo contrario, avisan si hay poca humedad y las plantas necesitan agua", dice."Solemos utilizar el símil de la ciudad como un ser vivo al que mediante sensores conectamos con su inteligencia, que no está tanto en las grandes computadoras y en los procesos de datos como en sus ciudadanos", insiste Jorge Martín, gerente de M2M y Soluciones Sectoriales. La compañía telefónica ha acordado con el ayuntamiento la creación de un gran bosque urbano con dos pistas deportivas, zonas de paseo y de estacionamiento y una gran plaza para todo público en los alrededores del Distrito Telefónica (Madrid).Y de puertas para afuera participa en el proyecto Smart Santander, banco de pruebas de innovación tecnológica, y calado europeo; y más secundariamente en Málaga Smart City, que busca un mix energético de renovables y aspira a la ecoeficiencia. Ambas poblaciones ocupan los primeros puestos, junto con Barcelona, Madrid y San Sebastián en el índice de ciudades inteligentes presentado en septiembre por la consultora IDC.Todas han echado mano de las tecnologías de la información para mejorar la gestión de residuos, tráfico, parques y agua, lo que se traduce en una ganancia en amabilidad y habitabilidad. Los núcleos urbanos españoles tienen, pese a todo, la ventaja de ser compactos, mediterráneos, no demasiado grandes y no tan dispersos como los de otras partes del mundo, según Bárbara Pons.José Luis Vallejo, arquitecto de Ecosistema Urbano, relaciona complejidad con biodiversidad, y alude al proyecto Dream Hamar que desarrolla su estudio y es como una cebolla, a capas: es la gente de esa localidad noruega la que se organiza en grupos de trabajos y decide en asambleas cómo quiere que sea una plaza del centro tras su remodelación. Talleres semanales aportan soluciones: equipamientos, árboles y fauna como una de las demandas más recurrentes. El resultado vendrá de la suma de todas esas ideas, de todas esas capas."Eso de fundar una ciudad inteligente de cero… ¿qué pasa?, ¿que las que tenemos son idiotas? Pues no, lo que ocurre es que no responden a las necesidades del siglo XXI. Debemos hacer correcciones", concluye.
El Nacional - Entornos Inteligentes - 14.11.11
Foto: proyecto Madrid Río - google
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LEVANTE* : Las obras previstas por el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) continúan, pero las 17 empresas de Valencia y Alicante que realizan trabajos de mantenimiento y reforma en las promociones públicas llevan ya 23 meses sin cobrar. La deuda asciende a más de 8,5 millones de euros, intereses de demora aparte.
Sin embargo, lejos de desaparecer, la deuda suma y sigue. Y las empresas que se encuentran en la bolsa de trabajo del Ivvsa, lejos de conseguir un calendario de pago, están al borde de la quiebra. Llevan meses advirtiéndolo en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, sin obtener resultado alguno. Ya no pueden "adelantar" más dinero. Mejor dicho, ningún banco negocia con ellos más cesiones de crédito. Sus propios trabajadores -unos 400 en total- amenazan con denunciarles ya que el impago del Ivvsa se remonta a "todo lo trabajado y facturado en el ejercicio 2010 y lo que llevamos de este", que son, otros 11 meses.
Por ello, dos de estas 17 empresas han presentado ya su renuncia oficial a trabajar para el Ivvsa -sin rehusar a estar en la bolsa- "hasta que se haya solucionado la situación de impago" ya que "no disponemos de capital suficiente para poder ejecutar los trabajos que ustedes nos mandan. No podemos contraer más deuda". El resto de empresas afectadas seguirá el mismo camino si el Ivvsa no comienza a pagar parte de la deuda contraída con las propias empresas que tiene contratadas.
En el mes de marzo, las 17 constructoras firmaron un escrito común en el que reclamaban facturas pendientes y explicaban la situación de unas empresas que, aún sin cobrar, "hemos seguido cumpliendo los compromisos y la programación del Ivvsa". Tres meses más tarde la historia se repitió, aunque en este segundo escrito -que data del 10 de junio- las empresas firmantes endurecieron su discurso al asegurar que "tenemos constancia de la Dirección General de que la conselleria ha pagado al Ivvsa cantidades que estaban destinadas a cancelar parte de nuestra deuda, habiendo sido desviadas estas cantidades para otros fines".
"El calendario de pago se ha incumplido totalmente, abocando a todas nuestras empresas a una insostenible situación económica, cuando no a su desaparición. Como usted sabe -el escrito iba dirigido al entones conseller de Urbanismo y Vivienda, Juan Cotino- la deuda pendiente se remonta a todo lo trabajado y facturado por nosotros en el ejercicio 2010, y todo lo que llevamos del presente, de forma reiterada y sin éxito, con el objetivo inexcusable de firmar un convenio de pago. No nos podemos creer más promesas porque éstas no nos bastan para subsistir", aseguran las 17 constructoras en el escrito.
Ya en junio, las empresas advertían de lo que se ha convertido en crónica de una muerte anunciada. "Si persiste el pago de la deuda, las empresas firmantes nos veremos obligadas a dejar de atender las reparaciones que se precisen en las viviendas del Ivvsa y de la Generalitat Valenciana". De momento, dos de las firmas ya han presentado la renuncia. "Le remitimos relación del estado de las obras que nos han encomendado para que puedan proceder a su reasignación", asegura una de las empresas afectadas en otro escrito. Esta vez, con fecha del 15 de septiembre.
El resto de firmas colaboradoras del Ivvsa advierte de que actuará del mismo modo, pero no como amenaza, sino como la única salida para no "quebrar definitivamente", debido "a la penosa situación a la que nos han llevado sus promesas incumplidas".
* Levante - MÓNICA ROS - 14.11.11
Foto: Los impagos del Ivvsa desde hace 23 meses dejan al borde de la quiebra a 17 empresas - levante
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ElPAÍS/Málaga* : La compra del Málaga CF por el jeque catarí Abdulá Al Thani y el fichaje de un elenco de futbolistas hasta ahora inalcanzables para el club ha propiciado que se genere una ilusión colectiva en la ciudad que trasciende al fútbol. El interés de Al Thani por invertir en la Costa del Sol de la que es una muestra la adjudicación de la ampliación del puerto deportivo de La Bajadilla en Marbella, contribuye a que la figura del jeque empiece a contemplarse como una especie de redentor en medio del desastre económico. Con más o menos fundamento, la opinión pública de Málaga ha relacionado al catarí con proyectos muy esperados en la ciudad como el puerto deportivo o el auditorio.
Tan altas son las expectativas, que todo lo que tenga que ver con Al Thani se trata con mimo, por más misteriosos que resulten los proyectos. Y por causa del jeque se ha empezado a obrar el milagro de la celeridad urbanística. En una ciudad que ha tardado siete años en tramitar la aprobación de su nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el mero hecho de saber del deseo del jeque por ubicar la futura ciudad deportiva del Málaga en los suelos de Arraijanal ha hecho que el Ayuntamiento apenas haya tardado tres meses en las negociaciones y gestiones precisas para tenerlos a su disposición.
El paraje de Arraijanal, más de 50 hectáreas de suelo entre la desembocadura del Guadalhorce y la frontera con Torremolinos que forman la última parcela costera que queda sin urbanizar en la ciudad, han quedado calificados en el nuevo PGOU como suelo no urbanizable para sistema general, es decir, que no puede tener más fin que el de equipamiento público. Inicialmente el Ayuntamiento que preside Francisco de la Torre (PP) proyectó allí una urbanización con más de 600 viviendas y dotaciones hotelera, comercial y de oficinas, pero la Junta lo rechazó. La Administración autonómica tiene proyectado hacer un gran parque en la zona. Sin embargo, el jeque Al Thani quiere esos terrenos para ubicar La Academia, el proyecto de escuela de la cantera del Málaga que incluye la construcción de una decena de campos de fútbol.
Los suelos que se declaran de sistema general para uso público tienen que ser obtenidos por los Ayuntamientos a cambio de compensar a sus propietarios con derechos urbanísticos en otras zonas de la ciudad, para lo que teóricamente dispone de un plazo de cuatro años. En el caso de Arraijanal, en menos de tres meses desde la entrada en vigor del PGOU, el Ayuntamiento ya ha llegado a un acuerdo con la propiedad del 60% del terreno, la firma inmobiliaria Vallehermoso, con quien ha permutado las 32 hectáreas que esta tenía en Arraijanal por el derecho a edificar 1.000 viviendas de VPO en tres zonas de nuevo desarrollo de la ciudad. Tanta celeridad sorprende si se tiene en cuenta que el Ayuntamiento tiene aún pendiente de obtener suelos de sistemas generales contemplados en el plan anterior, de 1996, y existen además varios litigios judiciales con los propietarios disconformes con las compensaciones.
El Ayuntamiento asegura que oficialmente no ha recibido ningún proyecto del Málaga en Arraijanal, y que no conoce más que un "dibujo" que se difundió hace unos ocho meses. La inexistencia oficial del proyecto ha hecho que hasta el momento se ignoren algunas cuestiones que el Consistorio debe resolver, alguna de ellas no sencillas. La primordial es que los suelos son de uso público y no se pueden enajenar, por lo que tendría que usarse la vía de cesión de dominio al Málaga CF, pero estas adjudicaciones sobre equipamiento general deben hacerse según la ley mediante concurso público. También queda por definir la compatibilidad de los usos como ciudad deportiva con los que permite la ley en un sistema general de equipamiento que el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (Potaum) destinada a parque.
Y también está por ver hasta qué punto la ubicación de la ciudad deportiva está vinculada con la construcción del nuevo estadio del Málaga, proyecto que sí puede tener más inconvenientes legales. En principio, el dibujo del jeque proyecta que al norte de Arraijanal, al norte de la carretera A-7 se construya el nuevo estadio con capacidad para 60.000 espectadores y un complejo comercial y hotel. El jeque deberá primero comprar los suelos, que en su mayoría pertenecen a la inmobiliaria Baensa, y pedir su recalificación. Las trabas al estadio pueden venir de Aena, puesto que la zona está dentro de la servidumbre del aeropuerto y de hecho ya puso pegas al proyecto de urbanización de Arraijanal.
* El País - DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 14/11/2011
Foto: Malaga. arraijanal - malagahoy.es
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DIARIODEJEREZ* : Entrevista a Rafael Mayoral, asesor jurídico de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas. Mayoral llama a la rebeldía frente a los desahucios y sus efectos devastadores en familias condenadas a la exclusión social · "Si los poderes públicos no toman medidas para evitarlo, la sociedad civil lo hará".
La crisis ha disparado el número de ejecuciones hipotecarias en España, donde es difícil precisar la cifra exacta, que se cuenta por muchos miles al año y por cientos al día. La Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) agrupa a familias y colectivos que han sufrido el impacto de las hipotecas basura para hacer frente a lo que popularmente se conoce como desahucios, un problema con efectos devastadores. El asesor jurídico de la plataforma, Rafael Mayoral -que ayer ofreció una conferencia en Jerez- ve una trama orquestada por especuladores y entidades financieras con el único objetivo de lucrarse.
-¿En qué proporción se han disparado los desahucios con la crisis en España?
-La proporción es brutal y tiene una relación directa con el aumento del desempleo. Todo esto comienza con la caída de las horas extras y se desata con el aumento del desempleo y va afectando a más colectivos. Los primeros afectados fueron los colectivos más vulnerables, los que tenían menos prestaciones, pero se ha ido extendiendo como una mancha de aceite y lo que al principio abarcaba a gente vinculada a la construcción, ahora alcanza a cada vez más sectores.
-¿Y quién tiene la culpa?
-La sociedad tiene derecho a saber la verdad y esto se tiene que delimitar a través de una investigación exhaustiva de qué es lo que ha pasado. No es comprensible que haya miles de millones de euros que se estén entregando a los bancos y no haya procedimientos judiciales de investigación. No entendemos que haya centenares de policías para ejecutar alzamientos y que esas fuerzas policiales, dirigidas por un juez, no estén investigando a las entidades financieras que encima están recibiendo miles de millones para tapar agujeros.
-Pero también los españoles han vivido por encima de sus posibilidades...
-¿Conocemos el truco del tocomocho? Estamos de acuerdo en que es una estafa. Pues esto es lo mismo. Tenemos cierto grado de responsabilidad, pero la principal responsabilidad es de aquellos que crearon tramas y que tenían organizaciones complejas para estafar a los sectores más vulnerables de nuestro país y para apropiarse de las rentas del trabajo. Pero hay una situación de impunidad frente a una violación sistemática de los Derechos Humanos porque dicen los pactos internacionales de los que nuestro país es parte que no puede haber desalojos forzosos de población vulnerable sin una alternativa habitacional. Ningún Estado puede dejar a ningún ciudadano en la calle cuando hay viviendas de sobra. Verdaderamente se deberían tomar las medidas para que ninguna familia se quede en la exclusión social.
- ¿Por qué cree que la Fiscalía y las administraciones públicas hacen la vista gorda?
-El problema que tenemos, y lo pudimos ver ayer -el lunes para el lector- es que hay un partido único de los bancos, que lo representan los dos partidos mayoritarios, el PP y el PSOE. Desde 2008 ha existido acuerdo entre PP y PSOE en todas las ayudas que se han dado a los bancos. Cuando desde la sociedad civil se ha planteado que se reforme la legislación para que se admita la dación en pago, nuevamente el PP y el PSOE, en este caso con el apoyo de CIU, se han opuesto para defender los intereses de los bancos. Y con las medidas que se han planteado relativas a los desahucios, también nos hemos encontrado en el Parlamento con su oposición.
-¿Qué opina de los avances registrados en algunos temas en la presente legislatura?
-Hay cosas que son conquistas de la sociedad civil, como que esto esté en la agenda política porque miles de personas se están oponiendo a los desahucios. Y eso mismo ha provocado que se tenga que aumentar el nivel de embargabilidad de los salarios y otros avances. Eso se ha compensado con el aumento al 60% de la adjudicación del piso, pero esto es absolutamente insuficiente. Lo que hay que asegurar es que no haya deuda perpetua, en primer término, y que garanticen los derechos habitacionales, que todo el mundo tenga derecho a vivir debajo de un techo cuando hay viviendas de sobra. Lo que no es aceptable es que vuelva a aparecer el fenómeno del chabolismo en nuestro país cuando hay vivienda de sobra que se está cayendo a pedazos.
-Siendo realista, ¿la dación de pago se podría aplicar de la noche a la mañana?
-Yo sinceramente creo que se debería aplicar como medida de urgencia y con carácter retroactivo porque hay que garantizar que las familias tengan un proceso de reinserción social. Hay que tomar medidas para salvar a la población, no para salvar a los bancos. Lo que se trata es de salvar a las familias y los bienes públicos, y que las entidades financieras respondan de lo que han hecho.
-¿Cuántos desahucios han frenado ustedes?
-Hay varios cálculos, pero los murcianos van a la cabeza, los catalanes están segundos y luego estamos los madrileños. Entre todos creo que se supera el centenar, pero no deja de ser un hecho simbólico porque a diario se ejecutan cientos y cientos, y hay mucha gente que se va antes de que llegue la autoridad judicial y otros muchos que se están quedando en la calle. Si los poderes públicos no toman las medidas que deben, la propia sociedad civil las va a tomar.
-¿Qué mensaje le gustaría que calara de su conferencia?
-El derecho a la vivienda no es sólo una declaración de principios, sino que tiene que ser un objetivo a defender por todos y todas las personas estamos obligadas a defender los derechos humanos. El problema de los desahucios es un problema colectivo y no podemos consentir que las entidades financieras con la colaboración de los poderes públicos violen ese derecho, que está vinculado además a otros muchos derechos de personas en situación vulnerable. Tiene que haber un compromiso de todos para la rebeldía a fin de asegurar que esos derechos se cumplan.
Fuente: http://www.diariodejerez.es/article/jerez/1109504/es/inaceptable/volver/chabolismo/cuando/hay/viviendas/vacias/sobra.html
* Rebelión - Diario de Jerez - A. Espejo 13.11.11
Foto: Hipotecas, protesta Plataforma afectados en Madrid - afectadosporlahipoteca
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ELPAÍS* : "La enseñanza pública es el eje del sistema educativo", recordó anoche María José Navarro, presidenta de la federación de asociaciones de padres de la escuela de pública FAPA-Valencia y portavoz de la Plataforma per l'Ensenyament Públic (integrada por los tres sindicatos STEPV, CC OO y UGT, la federación de alumnos Faavem y Escola Valenciana) en la concentración de protesta y rechazo al artículo de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2012 que regula la cesión de bienes públicos a empresas privadas para crear colegios privado-concertados.
Más de un millar de afectados por la falta de plazas públicas de Nàquera, Picanya, Valencia Alicante o Castellón acudieron con sus hijos a las protestas convocadas en la plaza de Manises de la capital y ante las sedes del Consell en Alicante y Castellón.
PSPV, Compromís y Esquerra Unida respaldaron la concentración convocada por la plataforma y se comprometieron a enmendar el capítulo 31 de los Presupuestos que consagra la creación de los llamados Centros de Iniciativa Social (CIS), un eufemismo del modelo de Madrid iniciado hace ocho años, que ha ampliado el parque de plazas concertadas hasta alcanzar el 50% del sistema.
Los padres confirman que, en reuniones con el director general de Centros, Rafael Carbonell, ya se ha planteado de forma oficial la creación de esta red de centros CIS por parte de la Consejería de Educación. "Nos tememos que en Nàquera se haga antes el segundo colegio, con la fórmula del CIS, que el prometido colegio público", confiesa Eric Gielen, presidente del AMPA del único colegio público, cuya nueva construcción acumula años de retraso. Lo mismo se trasalada al barrio de la Malva-rosa, donde se celebró la Copa del América y la fórmula 1, pero no se han hecho las reformas integrales de los dos colegios públicos que existen en sendos edificios de 1959. "Tememos que en el terreno que hay para construir, se haga un centro CIS", explica Ramón Díez, de la coordinadora del barrio. La situación se reproduce en el colegio público Rosa Serra de Picanya, que "lleva seis años de precariedad, tres de ellos en barracones", a falta de que empiecen las obras, explicó Begoña Olivares, del AMPA.
Marga Sanz, coordinadora de EU, clamó contra "la privatización de la enseñanza". Pilar Sarrión, portavoz socialista de Educación, presentará "una enmienda de supresión del artículo", y Compromís, sostuvo Enric Morera, "ya ha advertido a Hacienda que exigirá su retirada".
* El País - NEUS CABALLER - Valencia - 11/11/2011
Foto: Valencia, Palau_de_la_Generalitat - wikipedia.org
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MÁLAGAHOY* : Los tres grandes iconos urbanísticos de la Málaga del futuro, las torres proyectadas en los antiguos suelos de Repsol, en Martiricos y en la nueva centralidad de la Térmica, se empequeñecen. Y no porque hayan de cambiar nuevamente sus dimensiones en vertical, después de tener que ajustarse a las limitaciones fijadas por Aviación Civil, sino por la larga distancia temporal que habrán de esperar los vecinos de estas zonas para ver cómo se levantan de la tierra.
La realidad, marcada por la crisis económica, hace impensable que estas intervenciones, señeras dentro del modelo urbanístico diseñado por el Ayuntamiento de la ciudad en el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), en vigor desde hace un par de meses, sean una realidad antes de la próxima década. Es decir, que aún habrá de esperar unos nueve años para que Málaga pueda presumir de urbanismo en altura.
Dos ejemplos palmarios son los proyectos que lideran Caixanovagalicia, en la antigua parcela de los bidones de Repsol, y Espacio y Unicaja, en los viejos suelos de Citesa. En el primero de los casos, fuentes próximas al proyecto admitieron que para la terminación completa de la macrointervención, compuesta de cuatro torres de hasta 135 metros, "al menos estamos hablando de ocho o nueve años, dada la situación económica".
De hecho, el propio anexo relativo a este proyecto incluido en el Plan General es taxativo, al fijar un plazo de cuatro años para la ejecución de las obras de urbanización e implantación de servicios a partir de la aprobación definitiva del planeamiento, mientras que para las edificaciones se establece un plazo de ocho años "a contar desde la aprobación definitiva del correspondiente instrumento de reparcelación". Se apuesta, no obstante, por darle más celeridad a la VPO, puesto que se da un plazo de inicio de estas promociones de cuatro años desde la reparcelación, teniendo que estar terminadas en un máximo de siete años desde esa fecha.
En este mismo escenario se mueven las dos torres de Martiricos, de treinta plantas cada una, y que, según el estudio malagueño encargado de la intervención, podría demorarse aún hasta 2020. Según expuso José Luis Dorronsoro, los documentos técnicos apuntan a la posibilidad de que la primera de las torres esté acabada para 2017, mientras que la segunda lo estaría en 2020. Sin embargo, admite que quizá son previsiones positivas y a las que se podrían sumar un par de años. Lo que sí da por seguro, dado el interés que parecen mostrar las promotoras de la iniciativa, es que el conjunto del proyecto se inicie por las edificaciones destinadas a vivienda de protección oficial, que darán cabida a 202 unidades. "Creemos que eso sí podría estar para antes de 2017", dijo.
Aunque para que eso llegue a ocurrir antes debe haberse desarrollado la urbanización de todo el sector, que incluye, entre otras piezas, un parque de uso público en la zona ocupada hasta hace unas semanas por el rastro. Para adelantar la tramitación necesaria, Dorronsoro explicó que se está avanzando en la redacción del plan especial, al que tendrán que seguirle el proyecto de urbanización y el proyecto de parcelación.
Una de las posibles novedades que se está estudiando en este momento es que el diseño de las edificaciones de VPO lleve la firma del mismo estudio que ha dado forma a las dos torres del complejo, Pei Cobb Freed & Partners. "No está cerrado aún, pero se está valorando para mantener el mismo esquema de diseño", indicaron.
La radiografía de la crisis inmobiliaria resume a la perfección la situación en la que se hallan estos dos proyectos, pero no sólo. Sobre la parcela de La Térmica no se dibujan grandes torres, pero sí una de las nuevas centralidades de la capital, que estará compuesta de 874 viviendas y 36.600 metros de uso terciario (incluyendo hotelero, oficinas y comercial). Los promotores del sector, entre los que se cita a Endesa, no parecen estar muy por la labor de poner en marcha la maquinaria del proyecto.
De hecho, no sólo llegaron a solicitar formalmente la rescisión del convenio que les ata al Ayuntamiento, que les obliga a abonar 58 millones por los derechos edificatorios sobre el terreno, sino que se han demorado más de lo previsto en iniciar los trámites urbanísticos necesarios. La situación es tal que es la propia Gerencia de Urbanismo la que "de oficio" ha decidido empezar a redactar el plan especial de la zona, cuya aprobación inicial podría tener lugar en febrero o marzo del próximo año. Con ello, es el Ayuntamiento el que toma la iniciativa en este proyecto y aprieta las tuercas a las empresas vinculadas a la iniciativa.
El paso, más allá de tener un carácter simbólico, tiene un efecto práctico incuestionable, ya que el acuerdo económico entre las partes obliga a la parte privada a pagar 17,4 millones de euros a los 30 días naturales siguientes a la aprobación definitiva del Plan Especial. La cuantía restante, de 40,6 millones, se vincula a la entrada en vigor del PGOU, sin que por el momento se haya aportado dinero alguno.
* Málaga Hoy - SEBASTIÁN SÁNCHEZ - 13.11.11
Foto: Málaga, proyecto Nuevas Torres - malagahoy
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LAGRANÉPOCA* : Practicar un urbanismo que impida la contaminación del agua y devuelva la naturaleza a las ciudades.
La Europa Occidental de 1850 tenía una población estimada de 274 millones de habitantes. En tan solo 50 años su crecimiento ascendió a 100 millones de habitantes. De hecho, el progreso técnico hizo que la producción agrícola fuera bastante rentable y esto produjo el aumento del índice de natalidad en la clase media.
La revolución industrial que sacudió al mundo en aquella época creó un éxodo rural que afectó a las principales ciudades de Europa y más tarde a las de América del Norte. El desarrollo fue súbito e intenso, así nació el urbanismo y una de sus problemáticas sistemáticas: la gestión del agua. El primer desafío fue proveer a la población de agua corriente, dado que el índice de mortalidad infantil era particularmente elevado por la falta de higiene.
Actualmente, la situación se ha invertido y las ciudades de los países desarrollados se enfrentan al tratamiento de las aguas residuales, concretamente al problema de evacuar las aguas pluviales, las cuales son contaminadas por todo lo que consume y rechaza la sociedad moderna.
Urbanismo e individualismo. El urbanismo revela los conceptos introducidos por la revolución industrial y que cambiaron radicalmente el comportamiento del ser humano hacia su entorno y su grupo social. En esa época, la noción natural de libertad individual se asoció a la posesión de bienes, al poder adquisitivo, a la búsqueda de un espacio-tiempo donde disfrutar de sus beneficios y a la lucha por lograr esas metas.
Sin que nadie se diera cuenta, el bienestar relacionado con la comodidad reemplazó al “bienestar” que preconizaba poseer valores morales y desarrollarse acorde a los principios de la naturaleza. Teniendo en cuenta esto, no asombra ver sobre qué modelo se construyeron las ciudades.La ciudad moderna se construye primero planificando la red de carreteras y rutas para asegurar el tráfico comercial, modificando a veces el curso natural de los ríos y excavando las montañas.
Aparece entonces el fenómeno de concentración-degradación, es decir, se desarrolla una actividad intensa en un punto concreto y se extiende una vez que ese punto se satura.Debido a que los edificios no se construyen usando materiales adecuados a los parámetros ambientales, la degradación física aparece. Pero mientras, el número de ciudadanos no deja de crecer, se necesita construir más viviendas, y con el avance de la tecnología las viviendas de nueva construcción en el extrarradio son de mejor calidad que las antiguas del centro; así que se observa una migración de la población rica hasta la periferia y viceversa: la gente con bajos recursos económicos se dirige hacia el centro, ya que los precios bajan.
Pero la degradación de esos edificios casi siempre trae como resultado un deterioro social y un rechazo de la sociedad hacia esos lugares. Así que el centro de la ciudad puede trasladarse a lo largo de las décadas. Sin embargo, las ciudades que tienen un centro histórico intentan mantener la actividad en ese punto fijo. Un segundo fenómeno destacable es la superficie destinada al uso indirecto del hombre, o sea a los comercios, empresas y lugares de ocio; resulta más importante que la superficie ocupada por las viviendas, eso aumenta la carencia de viviendas que sufren muchas grandes ciudades actuales.
Al mismo tiempo, se crea un nuevo factor de polución causado por la circulación de los automovilistas que viven en la periferia pero que trabajan en el centro. En las últimas décadas, la protección de los suelos no se ha tomado en cuenta, puesto que ha sido más rentable construir edificios que cultivar la tierra. Sin embargo, esa mentalidad de centrarse únicamente en los beneficios inmediatos sin considerar lo que implica una modificación del ambiente, aún siendo mínima, es el origen de las dificultades que afronta el mundo urbano en la actualidad. A la hora de hablar de sostenibilidad, no se puede eludir la responsabilidad individual de ser creativos y volver a encontrarse con los principios de la naturaleza que garantizan el futuro.
El agua: ciclo natural versus ciclo artificialLos suelos de las ciudades modernas son impermeables en casi su totalidad y son en realidad el primer factor de la ruptura del ciclo natural del agua. Según la agencia del Agua de Rhône-Méditerraée et Corse (Francia), cuando llueve en un medio natural, hay una retención de agua en la superficie cercana al 60% debido a los arboles y la vegetación. Posteriormente, un 15% se convierte en agua de escorrentía y un 25% se filtra en el suelo hacia las aguas subterráneas. Sin embargo, en una ciudad moderna, la infiltración se reduce al 1%, casi no hay retención del agua, si no hay bosques. Entonces, ¿a dónde va el 99% restante? A los ríos, aumentando considerablemente el riesgo de inundación y a la canalización del sistema de tratamiento del agua urbano donde es almacenada.
Inicialmente se creyó que las aguas pluviales eran un medio para diluir las aguas residuales antes de que llegaran a las estaciones de depuración. Sin embargo, desde su caída hasta su llegada a un canal de evacuación, el agua de lluvia se carga de una polución aún peor que las aguas residuales.Residuos flotantes, arenas, gasolina, gas de escapes, neumáticos, aceite, materia orgánica, metales pesados, plaguicidas y herbicidas se mezclan con el agua, así que como no se puede depurar en la naturaleza y las plantas de depuración no pueden tratarla tampoco, no queda otro remedio que almacenarla.
Consecuentemente, algunas ciudades tienen estanques de retención de las aguas contaminadas por no tener los recursos para tratarlas. Esta problemática urbana fue descubierta en los años 70 por el científico J.C. Deutsch y desde entonces se han encontrado varias alternativas para eliminar y prevenir la contaminación. Los estudios realizados preconizan la vuelta al origen, a lo natural, al ciclo hidrológico original del agua.Algunas empresas han desarrollado la técnica del tratamiento del agua por infiltración, como en el ciclo natural del agua, o sea que se efectúa el drenaje de las pluviales directamente a la fuente, con una vegetación reintroducida en los edificios y en los lugares públicos.
En 2010, la ciudad de Nueva York dio un paso concreto hacia la sostenibilidad y decidió adoptar el plan urbano Green infraestructure plan, para reducir radicalmente la contaminación del agua y proteger el medio ambiente y en el que se invita a la naturaleza a que vuelva a la ciudad. Si el hombre del siglo XXI quiere reconciliarse con la naturaleza y desarrollarse acorde a sus principios, conseguirá la sostenibilidad.
* La Gran Época - Yvonne Mendy - 12.11.11
Foto: Central Park de Nueva York.- AFP
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MANUEL GARCÍA ESTRADA* : Hoy más que nunca esta columna cumple su cometido de ser burla permanente de la posmodernidad de la que tanto se vanagloria el neoliberalismo económico que incluye religiosidad conservadora y fascismo bélico represor; lo cumple porque ante la brutal caída del sistema financiero mundial su cultura impuesta está ya en el viaje agónico hacia su final.
Hoy se ha estado revalorando lo humano, desde los indignados de España y Wall Street hasta los acampados en la Bolsa Mexicana de Valores así como los movimientos a favor de la libertad de expresión en Veracruz. Lo humano es la posibilidad de existir en libertad porque cuando no hay libertad el sentido humano se pierde colocando a los homo sapiens en un nivel de homo esclavus que equivale a ganado. Se revalora lo que da sentido e implica la identidad que no es más que cultura familiar, comunitaria, nacional, historia personal y social. Vienen ganando el concepto de nación, diversidad, heterogeneidad, democracia; lo contrario es la putrefacción de la convivencia.
El desafío debe ser mayor a lo establecido, a las instituciones, que caen a pedazos porque se convirtieron en maquinaria de corrupción al servicio de unos pocos que a través de los medios masivos de propaganda y las religiones esclavizan a todos haciendo que no se dude de nada a través de la sistemática dogmatización que día a día nos invade. El combate a todos los paradigmas es lo que define a esta época en donde el cuestionamiento sobre democracia es global, no hay ser humano informado que no esté pensando en lo justo o injusto de lo que vivimos, es un gran despertar.
En este cisma histórico se fortalece el conocimiento aplicado y el “pagano” que la ciencia moderna está conectando con la física cuántica, la química, la psiquiatría, neurología y psicología del que ya muchos están conscientes, más de los que creemos, llevando a los pueblos originales, sean mazahuas, otomíes, mapuches, huicholes, apaches o celtas a la palestra mundial que son capaces de mostrarnos con sus cosmovisiones un universo plagado de verdades que el materialismo supra capitalista ha querido ocultar. El neoliberalismo o capitalismo salvaje, que tiene bastante de positivismo del siglo XVIII, se equivoca cada día porque valora sólo a lo tangible cuando lo que más existe en el cosmos es justamente lo contrario. Por ello la fuerza de las nuevas teorías y aplicaciones de la física en donde todo lo que creíamos como real se desvanece ante las nuevas dudas y fenómenos que los científicos descubren.
La expansión de la conciencia avanza día a día, los gobiernos locales y el económico global se aterran, por ello el aumento de la represión, el miedo y la confusión en la propaganda, por ello el enorme gasto en campañas políticas y de financiación de las iglesias. Están luchando por mantenernos dormidos y en la oscuridad. No quieren que pensemos y desean que critiquemos al que lo haga para mantener intacto el imperio de la mediocridad, quieren que sigamos viendo bien al abuso, la violencia, el sojuzgamiento, al machismo; premian a los lamebotas y agachados corruptos con cargos públicos, direcciones de empresas o puestos eclesiásticos para ser capataces leales a estos cleptócratas que creen que es posible comprar tierras para hacer negocios aunque destruyan tradición, filosofía, patrimonio como en Wirikuta, México o en Hidroaysen, Chile.
Hoy la posmodernidad ha muerto y con ella la relativización del bien o mal que permitían robar, matar y abusar porque todos se podían justificar de las barbaries cometidas. Parece que efectivamente la venganza hippie ha llegado y los jóvenes del ‘68 empiezan a ver su triunfo que no significa ganar elecciones sino mover conciencias.
* Global Revolution - Opinión - 5.11.11
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ELCONFIDENCIAL* : El 17,63% de las hipotecas que se firmaron entre 2004 y 2008 son de alto riesgo. Muchas han entrado ya en ejecución hipotecaria o lo harán en los próximos años, con graves consecuencias sobre el mercado inmobiliario y las entidades financieras. Esto es, una de cada cinco familias que compró una vvienda durante la burbuja inmobiliaria no podrá pagarla.
Son las previsiones pesimistas del estudio realizado por la Asociación de Afectados por Embargos y Subastas, (AFES) que cifra en 700.000 el número de familias que se verá afectada por una ejecución hipotecaria y quienes además de perder su vivienda, "se quedarán con una deuda que les impedirá cualquier tipo de recuperación económica y social".
AFES explica que, en su mayoría, se trata de personas que compraron una vivienda en un periodo de excesos. "Se endeudaron por encima de sus posibilidades inducidos por una falsa expectativa de revalorización de la vivienda y la creencia de una estabilidad laboral indefinida. Nunca pensaron que perderían el empleo y que el precio de su vivienda caería en picado", aseguran desde la asociación.
Entre 2004 y 2008, periodo de mayor auge de la burbuja inmobiliaria, se produjeron 4.106.485 transacciones inmobiliarias, de las cuales 170.627 ya han pasado por el desahucio. Un total de 168.603 se encuentran actualmente en ejecución hipotecaria y se estima que para 2015 el número de ejecuciones hipotecarias habrá afectado ya otras 373.912 viviendas más cuya compraventa se realizó en dicho periodo, lo que da un total de más de 700.000 viviendas ejecutadas. "Para hacernos una idea de la magnitud de estas cifras, podemos compararla con el total de transacciones inmobiliarias del año 2004, que alcanzó las 848.390, o las de 2008 que fue de 564.464, según datos del Ministerio de Fomento".
Colapso judicial
AFES explica que el hecho de que los lanzamientos cada año sean inferiores al número de ejecuciones hipotecarias en curso es resultado del colapso judicial que provoca la crisis. En la actualidad, la asociación estima que hay casi 170.000 casos en los juzgados. Esta estimación se ha realizado teniendo en cuenta el escenario más favorable, manteniéndose los niveles de poder adquisitivo de las familias y sin aumento del paro.
AFES afirma que la recuperación del mercado inmobiliario no es posible si no se reactiva el crédito y no se recupera la confianza en el sistema financiero. Si todas estas personas quedan sin vivienda y con una deuda que no van a poder pagar, la situación no puede hacer sino empeorar. "El mercado inmobiliario tampoco va a salir de su estancamiento si los precios vigentes no se adaptan a la demanda. La única posibilidad de una reactivación económica pasa por la mediación entre afectados y entidades bancarias para condonar parte o toda la deuda que mantienen los afectados", añaden..
AFES ha conseguido en el último año más de 15 millones de euros condonados a sus asociados. También en algunos casos se ha conseguido la dación en pago, gracias a acuerdos alcanzados entre los bancos y los afectados.
Según Carlos Baños, presidente de AFES, "Lo primero que hacemos desde la asociación es escuchar, porque las personas que están en esta situación están llenas de incertidumbres y ansiedades por su futuro. Un problema como este desestructura absolutamente una familia. La segunda labor es explicarles qué es un procedimiento de ejecución hipotecaria porque hay muchos mitos alrededor. Hay que explicarles a qué se enfrentan realmente y que van a perder su casa al no poder hacer frente a la hipoteca. Y, posteriormente, analizamos cada uno de los casos y vemos las posibilidades que hay"
Y añade que, "nosotros muchas veces decimos que lo importante no es tanto perder la vivienda sino cuándo y cómo, porque el gran drama social es que después de perder la casa se quede con una deuda que no va a poder saldar de por vida. Nosotros apostamos decididamente por la mediación como modelo de resolución del conflicto, porque a los bancos tampoco les interesa quedarse las casas y convertirse en las mayores inmobiliarias de este país. Nos dirigimos a las entidades para explicarles los casos y qué es lo que creemos que puede ser una alternativa y les pedimos una actitud positiva hacia la resolución del conflicto. Esperamos que muestren la solidaridad necesaria para este tipo de casos, pero muchas veces es incompatible con los actuales procedimientos de las entidades bancarias”.
* El Confidencial - 11.11.11
Foto: elconfidencial
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DIARIODECÁDIZ* : La Federación de AA.VV. Las Lagunas lamentó ayer las actuaciones que en materia urbanística se vienen realizando desde el equipo de gobierno. Así, dicho colectivo denunció que, en su opinión, "parece que el delegado de Urbanismo, Andrés Núñez, está por encima de la ley o que no está asesorado adecuadamente".
Una acusación que justificó "a tenor del incumplimiento de la legalidad por su parte, ya que, en primer lugar, está procediendo a conceder licencias en virtud de no sabemos que 'truco', pues no se puede definir de otra forma, ya que el PGOU fue anulado por el Tribunal Supremo y, por tanto, las ordenanzas para la regularización de las AGB, también".
"El asunto", añadió, "es de una arbitrariedad tal, que deja boquiabiertos a todos los juristas que han sido consultados por nosotros. Aquí no hay regla que se respete. En este caso, desde nuestro punto de vista gravísimo, nos estamos refiriendo a una sentencia dictada por el Tribunal Supremo, mediante la cual se anulaba el PGOU de 2.007. Extraordinario ejemplo para la ciudadanía, irónicamente".
"Además", se preguntó, "¿Qué le podrá decir este señor a los sancionados que solicitaron licencia y se les denegó? ¿Por qué a unos, sí y a otros, no? Señor Núñez sus hechos demuestran el escaso contenido que debe tener para usted la palabra democracia".
"Desde nuestro punto de vista, quien acuda a Urbanismo con la intención de regularizarse, cae en una inseguridad jurídica extrema, por las razones argumentadas".
"Ya en la década pasada", recordó, "hubo un colectivo que quiso regularizarse. El Ayuntamiento ofreció la posibilidad de hacerlo en circunstancias no del todo claras. El resultado fue que quien entregó el dinero que se le pedía, perdió ese dinero, ya que la regularización no se llevó a cabo. El timo de la estampita".
"De todos es sabido", manifestó, "la desastrosa política urbanística que se ha venido llevando a cabo desde los últimos 30 años. A la vista están los resultados: falta de inversiones, inseguridad jurídica, desempleo llegando a cotas inimaginables, sanciones estratosféricas originadas por una dejación total y, como consecuencia, embargo total de bienes, cierre de negocios del ramo de la construcción y otros cayendo por el efecto dominó".
"Pues esa misma política desastrosa que venimos arrastrando como decimos en la tres últimas décadas", aseguró,, "nos atrevemos a decir que tiene un merecido continuador y, ese, para nosotros, no es otro que Andrés Núñez".
Para finalizar, el colectivo indicó que "este señor debiera pensar en contar con la participación de federaciones, asociaciones de vecinos, partidos políticos, empresarios y cualesquiera otros colectivos representativos a la hora de la elaboración del PGOU y tal como sentencia la LOUA en su Art. 6, fomentar y asegurar la participación ciudadana. De lo contrario, no solo estaría incumpliendo la ley, sino que la redacción del PGOU adolecería del consenso necesario, con consecuencias imprevisibles".
* Diario de Cádiz - 11.11.11
Foto: Chiclana aérea - uca.es
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INFORMACIÓN* : Las obras del AVE comenzarán dentro de poco a evidenciar un cambio de paisaje irreversible en la Vega Baja, que desde cualquier punto alto ya no será tanto una gran extensión de huerta como un terreno marcado por una cicatriz; el trazado de la Alta Velocidad. Las vías del tren recorrerán de norte a sur la comarca, uniendo Alicante y Murcia, y ayer el Ministerio de Fomento anunció que ha iniciado los trabajos para construir un viaducto que salve por arriba los tubos del trasvase Tajo-Segura.
Actualmente las vías del tren pasan por debajo de los tubos, pero las vibraciones que causará el AVE -a mayor velocidad que el actual cercanías- plantearon que el cruce debía solucionarse o bien enterrando las vías o construyendo un viaducto para elevar el tren a doce metros de altura. La última opción fue la escogida pese a las demandas de grupos ecologistas y el Ayuntamiento, de modo que ya se ha comenzado a ejecutar las obras para construir la plataforma de todo el tramo de Orihuela (desde la Vereda o Colada de Buena Vida) hasta Beniel (Murcia), un recorrido de 6,8 kilómetros en el que hay tres viaductos. Además de este del trasvase que mide 1.008 metros, habrá uno 337,5 metros a la salida del casco de Orihuela en el extremo sur (entre la ronda y el Salto del Fraile) y otro de 36 metros para salvar por encima también el cauce del río Segura.
Según el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias del Ministerio (Adif), en esta fase inicial de la obra "se está procediendo a la cimentación mediante pilotes y el posterior encofrado de las pilas". La cimentación consiste en "pilotes prefabricados de hormigón de 40 metros de profundidad media y el viaducto del trasvase se compone de un tablero de hormigón que asienta sobre un total de 28 vanos y 27 pilas con una altura máxima de 12 metros, que salva con un resguardo de dos metros un sifón del trasvase Tajo-Segura". Precisamente estos pilotes encarecieron el proyecto de obra inicial porque el estudio geotécnico reveló ya en 2008 que el subsuelo era de lodos, y por lo tanto había que anclar la infraestructura a mucha más profundidad de la prevista.
Montaña rusa
Desde el Ayuntamiento de Orihuela ya se definió durante el pasado mandato el trazado del AVE como una "montaña rusa", porque llegará en viaducto a la localidad desde Callosa de Segura, bajará a una profundidad de ocho metros para cruzar el casco urbano, y volverá a subir para pasar sobre el Segura y para salvar también por encima el trasvase a doce metros de altura.
Estas pendientes obligarán al tren a reducir la velocidad, e impiden también que la nueva vía férrea se pueda usar para el transporte de mercancías. Así lo han valorado numerosos colectivos de la comarca y concejales de Urbanismo, entre ellos el exedil de ramo en Orihuela, Antonio Rodríguez Barberá (PP), quien planteó al Ministerio la posibilidad de soterrar todo el trazado del Ave a su paso por Orihuela. Una multitudinaria manifestación en la que participaron miles de personas reclamó el soterramiento del tren, una petición que se ha quedado en el tintero.
Igual que quedó sin efecto, años antes (en torno a 2003 y 2004) la posibilidad de que las vías discurrieran paralelas a la autovía A-7, pues esta opción de trazado norte perjudicaba a Murcia al toparse con la zona, en plena expansión, de La Condomina. Finalmente, el AVE se está construyendo sobre el actual trazado de mercancías y, según los planes previstos por Fomento y la Conselleria de Infraestructuras, también debería de ir por el mismo lugar una autopista directa entre Murcia y Alicante para descongestionar la A-7, la AP-37, que está dibujada sobre plano con un trazado similar, pues iría paralela a la vía del tren desde Hurchillo hasta la capital murciana.
Efecto barrera
Al impacto sobre el paisaje que supondrá esta vía del Ave subiendo y bajando tres veces a lo largo de menos de siete kilómetros entre Orihuela y Beniel, se suma el efecto barrera que generará. Y es que pese a que las vías vayan sobre viaductos y no sobre taludes como inicialmente se plantearon (esto significa que irán sobre pilotes y no sobre una montaña, de modo que se pueda seguir atravesando por debajo) será muy complicado restablecer el sistema de riego tradicional, las conducciones de agua como acequias y azarbes e incluso los caminos de huerta. Por ello los regantes y sindicatos agrarios han sido siempre uno de los colectivos más combativos con el proyecto que ahora avanza a toda máquina.
* Información - 12.11.11
Foto: El tren de cercanías atraviesa el trasvase actualmente por debajo de los tubos, pero el proyecto del Ave establece el paso por arriba.- información
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ELCOMERCIO/Perú* : Como si se tratara de una enorme casa, donde las tuberías tuvieran múltiples goteras, Vladimir Arana, presidente de la Sociedad de Urbanistas del Perú, observa preocupado la ciudad. Congestión vehicular, tugurización, agua y aire contaminados son algunos de los males que aquejan a sus casi ocho millones de habitantes, quienes en los últimos 10 años han improvisado múltiples paliativos, sin que ninguno perdure por ser deficiente.
“Lima pierde al año US$13.000 millones, unos US$1.625 por habitante, por tanto desorden urbano. Es la cifra más alta de todas las ciudades del Perú, donde se piensa que construir es más importante que planificar”, comenta Arana, quien evaluará mañana en el foro Construyendo Urbanismo, junto con expertos nacionales y extranjeros, cuánto perjudica a Lima la falta de planes que guíen su crecimiento.
¿Qué soluciones podría aportar el foro para los problemas de la ciudad?
Al ser especialistas formados en la planificación y gestión de urbes, vemos no solo el crecimiento material, sino el ambiental y el social. Lima creció sin esas definiciones. Si a ello sumamos que su administración depende de que todos los alcaldes que la habitan estén de acuerdo con un mismo plan, nuestra opinión puede impulsar soluciones en temas como el transporte o la gestión de áreas verdes, que se retrasan o no funcionan.
¿Qué áreas considera que son las más críticas en Lima?
El transporte y la contaminación, que van de la mano, ya que el primero contribuye a que la segunda se agrave. En este caso podemos ver cómo la ausencia de un plan, ya sea de rutas, de pistas o de circuitos, permite que los problemas aumenten. El último plan al respecto me parece que se hizo en los 90.
¿Ha habido algún acercamiento con la gestión actual para colaborar en la planificación de la ciudad?
Esta nueva gestión prometió hacer un plan participativo, pero cuando nosotros nos acercamos al Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM) a modo honorario, casi nos dijeron: “No nos llames, nosotros te llamaremos”. Hasta ahora nada.
La comuna inició hace poco una campaña para impulsar la inversión privada en infraestructura pública. ¿Le parece una buena iniciativa si, como afirma, no se ha elaborado un plan de desarrollo?
Tengo mis dudas porque no se ha evaluado el costo social ni la rentabilidad ambiental de las obras que se desean financiar con fondos privados. Si esos estudios faltan es como colocar el baño de la casa en una parte donde después te das cuenta que estaría mejor la habitación. Sería bueno que la gestión tome en cuenta esto: si no tenemos definido hacia dónde queremos crecer, si no entendemos que ya no somos Lima Metropolitana sino una megalópolis unida a varias provincias de la región, vamos a seguir teniendo ese problema.
Sobre el segundo ámbito más crítico, la contaminación, ¿alguno de los proyectos anunciados por la gestión Villarán le parece significativo?
Aunque tiene debilidades, el proyecto Río Verde es interesante, pero por los problemas de gestión que arrastramos aún no tendría expediente técnico. Es una pena porque se trata de un aporte para disminuir el déficit de áreas verdes de la ciudad, que es bastante grande. Otro tema importante, y pendiente, es la reutilización de las aguas residuales.
Como el urbanismo evalúa también el desarrollo social, ¿qué tan comprometidos ve a los limeños con la mejora de su propia ciudad?
Primero debemos entender que hay que organizar Lima en función de lo que necesita el país, no solo los limeños. Si Lima produce pérdidas, el Perú sufre pérdidas. Pero si Lima es eficiente, todos nos vemos beneficiados. El compromiso de los habitantes debe ser compartido por las autoridades, que deben contar con un plan. Y, sobre todo, respetarlo.
* El Comercio - PAMELA SANDOVAL - 7.11.11
Foto: Lima (Perú), atasco - elcomercio
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MANUEL A. RUEDA* : El modelo de urbanismo que fomenta la ciudad discontinua con grandes infraestructuras y bajas densidades edificatorias, más propio de una época de esplendor económico con un precio final de vivienda sobreelevado, es un modelo agotado para la situación presente y los años futuros.
En su lugar se viene proponiendo la idea de la ciudad compacta, desarrollada más en vertical que en horizontal, con una ocupación y consumo de suelo más razonable, mayor densidad edificatoria por metro cuadrado, repercusión de precio del suelo más reducida, rehabilitación y recuperación de la ciudad antigua, con el objetivo de cubrir las necesidades de la población, con ahorro de costes de transformación del suelo, de obras de infraestructura, de energía, y de transportes. Este modelo, se basa en la idea general del desarrollo sostenible. La sostenibilidad económica y social enmarcada en el respeto al medio ambiente, será el principio esencial del nuevo modelo urbanístico.
Para su aplicación sería necesaria una ley de armonización de las legislaciones autonómicas que unificara los elementos principales del urbanismo, es decir, la clasificación del suelo, el planeamiento, el procedimiento de aprobación de los planes y su contenido, así como los procedimientos de designación del urbanizador y el constructor, con requisitos de capacidad y solvencia, y de publicidad y concurrencia.
Esta norma debería unificar igualmente la posición de los propietarios en el proceso urbanístico, con respeto a las facultades inherentes al derecho de propiedad y el reconocimiento de los propietarios como otros actores del proceso y no como meros espectadores; y la protección de los derechos subjetivos de los propietarios y de su capacidad de actuación, en atención a la seguridad jurídica, tanto del interés general como del de los particulares. Y todo ello, presidido por la idea capital del respeto y conservación del medio ambiente en términos de la sostenibilidad y viabilidad jurídica y económica de las actuaciones, y la convicción de que solo merece ser transformado, el suelo que vaya a cubrir necesidades previsibles.
El urbanismo es una herramienta para crear ciudad y conservar armónicamente la que ya tenemos, que en los últimos años se ha utilizado como un medio de financiación de las arcas municipales.
Es momento de reconducir la conducta de los operadores económicos y, sobre todo, de las autoridades municipales para que el proceso de desarrollo de las poblaciones responda a las verdaderas necesidades de sus habitantes, y se ajuste el desarrollo a esas necesidades. Para ello es imprescindible una reforma en profundidad del sistema legal de financiación de los ayuntamientos.
La confianza en el sistema que puede producirse con las reformas indicadas, tiene que ir acompañada de un grado muy superior de seguridad jurídica. Seguridad jurídica en el sector público, basado en la confianza en la actuación de las administraciones públicas siempre que se ejerza un verdadero control de legalidad interno, procedente de los mecanismos internos propios -secretarios, interventores, depositarios, etc.-y de la administración de rango superior.
Y seguridad jurídica en el ámbito privado, en las relaciones de los ciudadanos y los propietarios entre sí y con las administraciones, utilizando también el mecanismo propio que nació con esa finalidad que no es otro que la actuación notarial, confiriendo certeza, autenticidad y garantía a los derechos y a las relaciones jurídicas.
* Manuel Ángel Rueda, notario. Ponente general de la 4ª sesión del 11º Congreso Notarial Español
* El Confidencial - Opinión - 12.11.11
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ELPAÍS/Valencia* : Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.
El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.
El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador.Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".
La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".
El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).
El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".
Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".
Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".
- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.
- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".
- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".
* El País - IGNACIO ZAFRA - Valencia - 09/11/2011
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia.jpg
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FARODEVIGO* : "El tiempo transcurrido indica que ha habido una dejadez bastante importante". El juez decano vigués mostró ayer públicamente su preocupación por la situación de punto muerto en que está la Cidade da Xustiza por falta de entendimiento entre Xunta y Concello. Germán Serrano alertó de que "ha pasado mucho tiempo" desde que se dio a conocer el proyecto sin que haya habido avances e instó a ambas administraciones a que "se pongan de acuerdo". Las posturas, sin embargo, parecen por ahora inamovibles. La delegada de la Xunta Lucía Molares anunció que se remitió al Ayuntamiento una carta pidiendo una reunión "urgente" para "desbloquear" la situación, pero reiteró el ultimátum ya lanzado por el Gobierno autonómico: o el Concello inicia "ya" las expropiaciones para poner los terrenos a disposición de la Xunta, o la partida de quince millones de euros reservada para construir el edificio se destinará a otras necesidades. El Concello, a través de su gerente de Urbanismo, contestó ayer a la misiva con otra carta en la que muestra su disposición a una entrevista. Pero en la misma se insiste en que procede la declaración de supramunicipalidad, lo que deja en manos de la Xunta el coste total del proyecto, incluyendo la expropiación de las parcelas.
La Cidade da Xustiza empezó a fraguarse en 2003, su proyecto se presentó en 2007 y la inauguración llegó a ser anunciada para el pasado año. Pero cuando ya está a punto de finalizar 2011, la situación parece más enquistada que nunca. Germán Serrano lamentaba ayer este escenario tras mantener una reunión con Lucía Molares y el director xeral de Xustiza, Juan José Martín Álvarez. El encuentro fue convocado por estos últimos. "Pasamos de ser la ciudad pionera en Galicia al hablarse de Cidade da Xustiza a quedarnos atrás, pues otras como Santiago o A Coruña ya han puesto los terrenos a disposición y la Xunta va a acometer la nueva edificación", advirtió, para añadir que este "tiempo transcurrido" sin avances evidencia una "dejadez" en la ejecución de un proyecto necesario para "dar solución" a los problemas de espacio que hay en los dos edificios judiciales.
¿Y cuál es la situación actual? El traslado del Registro Civil al Casco Vello –comprometido para 2013 y que permitirá ganar sitio en los inmuebles– y la "mala perspectiva" en cuanto a creación de nuevos juzgados debido a la crisis económica daría un respiro pasajero a la asfixia de espacio judicial. Serrano reconoce que "a medio plazo" se podría salir adelante, pero hasta ahí. "Después ya habría que tirar de la Cidade da Xustiza", advierte el juez, quien pese a todo muestra su confianza y apela la "buena voluntad" de Xunta y Concello "para que se llegue a una solución satisfactoria".
Posturas
Por lo de pronto, las posturas parecen irreconciliables. La del Gobierno autonómico la dejó ayer clara una vez más Lucía Molares tras la reunión con el decano: "El alcalde de Vigo debe hacer los deberes y poner los terrenos a disposición de la Xunta". Lo hizo tras recordar el antiguo compromiso de Abel Caballero de ceder las parcelas tras unas expropiaciones que en su día valoró en seis millones de euros y que ahora, en un "cambio de rumbo" y "basado en nada", señala Molares, cifra en 21 millones.
La Xunta volvió a esgrimir el informe técnico que hizo público la pasada semana en el que se valoran las expropiaciones en cinco millones –muy por debajo de los 21 que ahora defiende el Ayuntamiento– y en el que se indica que con el procedimiento de ocupación directa de las parcelas, estas estarían libres en seis meses. El tiempo corre y Molares lanzó un ultimátum al regidor: o inicía "ya" las expropiaciones y "desbloquea" la situación o la partida reservada para 2012 para levantar el edificio no se podrá ejecutar, lo que dejaría en el aire la Cidade da Xustiza. "Si no hace la parte que le corresponde, nosotros lo que no vamos a hacer un año más es perder una partida de 15 millones en un momento en el que hay tantas necesidades", alertó.
"Si el proyecto no sale adelante, no es por la Xunta", insistió la delegada, desvelando también que el pasado viernes había enviado una carta a la Alcaldía solicitando una entrevista urgente "con las personas que se considere oportunas" para tratar de "desbloquear" la situación. La contestación a la misiva salió ayer del Concello. Firmada por la gerente de Urbanismo, María Carneiro, y dirigida a Molares, en la misma también se deja clara la posición municipal de no asumir el coste de la expropiación.
La carta acepta el encuentro planteado por la Xunta. "A los efectos de discutir y explicarle personalmente todos los detalles de un proceso de competencia autonómica y de gran importancia para esta ciudad, estaré encantada de reunirme cuando lo estime oportuno, con una simple llamada para que fijemos fecha y hora", dice la gerente de Urbanismo, exponiendo en la comunicación el acuerdo plenario de 2009 "aún en vigor" por el que se decidió –a propuesta del PP, recuerda– solicitar a la Xunta que procediera a la expropiación de los terrenos para la Cidade da Xustiza, y por lo tanto, a su pago íntegro a través de la declaración de supramunicipalidad del proyecto.
Supramunicipalidad
La misiva también reitera que el proyecto presentado por la Xunta no se adecúa al actual diseño del PXOU, lo que, se añade, también obliga al Gobierno autonómico a proceder a este plan de supramunicipalidad "que por supuesto nosotros apoyaríamos desde esta gerencia". Fuentes de la Delegación de la Xunta señalaron ayer por la tarde que aún no habían recibido esta carta del Concello en contestación a la remitida por Lucía Molares.
* Faro de Vigo - 11.11.11
Foto: Vigo, cámara_municipal - João Méndez (wikipedia.org)
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MÁLAGAHOY* : Los empresarios pagaron a Juan Antonio Roca 30,9 millones de euros entre 2004 y febrero de 2006. El exasesor de urbanismo ha reconocido que, cuando menos, esta cifra, que aparece recogida en su contabilidad secreta de Maras, “es aproximada”. Sin embargo, ayer acudió al banquillo de los acusados del caso Malaya cuchillo en ristre para defender la legalidad de estos cobros.
Después del extraordinario balón de oxígeno que regaló a la Fiscalía Anticorrupción el lunes aceptando que había pagado sobornos a los concejales, Roca sacó ayer su lado más bronco para enfrentarse sin miramientos al fiscal Juan Carlos López Caballero en una batalla para defender estos 31 millones.
El Ministerio Público arrancó su interrogatorio sobre los pagos de los empresarios interesándose por los negocios que mantuvo con Carlos Sánchez y Andrés Liétor. Ambos protagonizaron espectaculares pelotazos urbanísticos en los que el exasesor de urbanismo de Marbella solía tener parte. El fiscal entiende que porque allanaba el camino para que consiguieran licencias ilegales.
Roca, en cambio, sostiene que simplemente se aventuraba en operaciones inmobiliarias que salían bien, pero que todo era legal. En cualquier caso, los archivos de Maras indican que Sánchez y Liétor pagaron al exasesor de urbanismo 5,3 millones de euros por negocios en los que había participado con ambos.
Una de las operaciones expuestas por Anticorrupción durante el interrogatorio al que sometió ayer a Juan Antonio Roca fue la de Vente Vacío. En 1996 el principal procesado en el caso Malaya compró una finca rústica al banco Banesto por la que pagó 4 millones de pesetas. Tres años después se la vendió a Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF 21) por cinco millones de pesetas, aunque la venta no la escrituraron hasta enero de 2003.
Casualmente el Ayuntamiento necesitaba urgentemente una parcela para instalar un vertedero municipal y optó por esta finca. El 10 de septiembre de 2002, incluso antes de que se formalizara en documento público la venta de la finca, el entonces alcalde accidental, Julián Muñoz, firmó un convenio con Andrés Liétor y Carlos Sánchez para cambiar la finca rústica por dos solares de propiedad municipal en la milla de oro.
Lo curioso es que un terreno que había sido vendido por 30.000 euros en 1999 fue tasado a efectos de permuta en septiembre de 2002 (15 día después de firmarse el convenio) en 1,89 millones de euros. En julio de 2003 Juan Antonio Roca, a través de Masdevallía, compró a Carlos Sánchez y Andrés Liétor los suelos entregados por el Ayuntamiento. Una semana más tarde vendió uno por 1,8 millones de euros y año y medio después el segundo por 1,5 millones. En conjunto obtuvo plusvalías de 904.000 euros que Anticorrupción considera que fueron posibles gracias a su “capacidad para disponer de los aprovechamientos municipales”, a la sobrevaloración de la finca rústica y la valoración a la baja de las parcelas municipales.
Anticorrupción interrogó también ayer a Roca sobre otras seis operaciones inmobiliarias realizadas por Carlos Sánchez y Andrés Liétor en la Marbella del GIL que, según la Fiscalía Anticorrupción, implicaron importantes pagos para Juan Antonio Roca a cambio de su mediación para modificar las características urbanísticas de estos suelos. El procesado, en cambio, sostuvo en todo momento que no medió ante el equipo de gobierno, sino que simplemente participó en estos negocios que le reportaron suculentas ganancias.
Las operaciones Ranchotel y Elviria centraron parte de un interrogatorio que tuvo momentos de tanta tensión que el presidente del tribunal, el magistrado José Godino, acabó suspendiendo la sesión a las 11:20 de la mañana para dar un respiro a las partes y que se calmaran los nervios.
El asunto de Ranchotel y Elviria arrancó en 1992. Jesús Gil no había hecho más que tomar las riendas del Ayuntamiento cuando en junio de 1992 aprobó en pleno cambiar tres parcelas municipales por la finca La Mina, propiedad del Banco Exterior de España (BEX). Dos de estas fincas acabaron años después en manos del asesor de urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.
Según Anticorrupción, en diciembre de 2000 Carlos Sánchez y Andrés Liétor (CCF21) compraron Ranchotel y Elviria a Juan Antonio Roca (Mediterránea de Inmuebles) en una complicada operación de compra de un crédito litigioso que el exasesor de urbanismo reclamaba a Gesinar, filial inmobiliaria del BEX. La operación comprendía la cesión del crédito y la entrega a cambio a CCF 21 de varios bienes, entre ellos un cuadro de Sorolla y la finca Ranchotel que en ese momento se valoró en 18.000 euros.
El 14 de marzo de 2001, tres meses después, CCF21 vende Ranchotel a otra empresa por 2,8 millones de euros. La particularidad, según la versión de la Fiscalía, es que 12 días antes la comisión de gobierno había expedido a la compradora final del terreno licencia de obra para levantar 63 viviendas, aunque la licencia fue recurrida por la Junta de Andalucía y ha sido objeto de un procedimiento penal que se sigue en los juzgados de Marbella.
En todo caso, Roca anotó en la contabilidad doméstica que llevaba en Maras un ingreso de CCF21 de 60.000 euros. Ayer admitió que se produjo este pago aunque, en contra del criterio del Ministerio Público, explicó que esta suma correspondía a sus ganancias en este negocio porque en su momento el Ayuntamiento había permutado con el BEX la parcela para comprar el hotel Pueblo Andaluz y como el municipio tenía todo su suelo embargado él entró a título particular en la operación.
Mal rollo en el banquillo
¿Qué le llevó a Juan Antonio Roca a admitir que ha pagado sobornos a los concejales de Marbella? ¿Cómo reaccionarán los concejales? ¿Y los empresarios? El ambiente bulle. La nueva estrategia defensiva del exasesor de urbanismo (pagó cohechos a los ediles pero cobró por negocios legales a los empresarios) ha desestabilizado el banquillo del caso Malaya. Hay quien entiende la nueva posición de Juan Antonio Roca como una traición a acusados que ya han declarado, han sido leales y negado que los archivos de Maras sean una contabilidad secreta, como él ahora admite. Ahora se ven haciendo equilibrios en el vacío. Otros entienden que el cambio de Roca encierra un pacto o al menos una declaración de intenciones prenegociada. En cualquier caso, los concejales han quedado en una situación difícil: les ha atribuido un delito de cohecho, leve, pero cohecho. Los empresarios también están inquietos. Temen que el tribunal dé crédito a parte de la declaración de Roca (los archivos de Maras son la contabilidad oculta) pero no a las explicaciones sobre el dinero que le entregaban (que cobraba cantidades millonarias por informes discutibles o que hacían juntos negocios). Incluso hay quien entiende que es una cuestión de oportunidad: a cambio de “regalar el pleito al fiscal” aligera el disfrute de permisos carcelarios.
* Málaga Hoy - ENCARNA MALDONADO - 09.11.2011
Foto: Marbella, Roca llegando al juzgado - EFE
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ELPAÍS/Madrid* : La Sección 2ª del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado con su sentencia del 29 de septiembre pasado el presupuesto del Ayuntamiento de Majadahonda de 2010 por incumplir la Ley del Suelo regional y el artículo 193 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. El fallo judicial se ha dictado después de que los componentes del anterior Grupo Municipal Socialista de Majadahonda presentaran un recurso contencioso-administrativo al considerar ilegales los presupuestos de 2010 del Ayuntamiento encabezado por el popular Narciso de Foxá. Las cuentas de Majadahonda son, así, las segundas anuladas por los magistrados de la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo, ya que el mismo 29 de septiembre estos jueces anularon las del municipio de Las Rozas de 2009.
Los jueces del TSJM sostienen que el equipo de gobierno de Majadahonda vendió suelo municipal y con el dinero recaudado sufragó el gasto corriente de los presupuestos municipales, según la sentencia, que indica que este trasvase de dinero está prohibido por la Ley del Suelo regional.
El fallo considera, además, que las cuentas presentadas por el Ayuntamiento encabezado por Narciso de Foxá tratan de "eludir el cumplimiento de la ley", puesto que el dinero procedente de la venta de parcelas se dedicaba a lo que calificaban como "programas de interés social": "Y esto constituye un mecanismo para eludir los límites establecidos en la Ley del Suelo de Madrid", destaca el tribunal madrileño.
Además, el TSJM argumenta que el presupuesto no cumple con "la nivelación" a la que obliga la Ley de Haciendas Locales, ya que arrastra del año anterior un déficit que el alcalde majariego cifra en seis millones de euros. La exigencia de nivelación de los presupuestos de un Ayuntamiento significa que de un año a otro los presupuestos municipales no pueden arrastrar deudas, sino que tienen que compensarlas reduciendo el gasto o aumentando los ingresos, logrando que la resta entre los ingresos y los gastos dé el resultado de cero. Otro de los motivos por los que la sentencia justifica la anulación de los presupuestos es porque estos asignan el dinero del urbanismo a los gastos corrientes y no a las inversiones, infringiendo de esta forma el artículo 5 de la Ley de las Haciendas Locales.
El primero en el Ayuntamiento en conocer la anulación de los presupuestos de 2010 fue el portavoz del PSM-PSOE local, Borja Cabezón, quien destacó "la falta de rigor" de las cuentas del PP a lo largo de los últimos años. "No entendemos la razón por la que suben a todos los vecinos el impuesto de bienes inmuebles (IBI), con la única intención de pagar el agujero creado por el desfalco de la corrupción de sus propios gobiernos".
Para el portavoz socialista, la gestión del alcalde "es lamentable y costosa para los vecinos". Y como ejemplo de reducción del gasto, Cabezón apunta una posibilidad: "Reducir los contratos inflados que se firmaron con ciertas empresas en la etapa golfa del Gürtel". Para aumentar sus ingresos, Narciso de Foxá debería, según el edil socialista, pedir a los adjudicatarios de las concesiones que paguen sus deudas. "En Majadahonda se sigue regalando el suelo: una concesión de un gimnasio privado paga 1.000 euros al mes por 28.000 metros cuadrados. Es una vergüenza. Y luego dicen que tienen que recortar en clases de apoyo escolar, en ayudas a viviendas para jóvenes, en sanidad o en servicios sociales".
En Izquierda Unida, el edil Juancho Santana coincidió con los socialistas en considerar "desde un principio" que los presupuestos del PP "eran ilegales".
Por su parte, el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, apostó por llegar a un acuerdo con los socialistas: "Podemos hacer dos cosas: o llegar a un acuerdo con el PSOE para que esperen hasta enero, mes en el que acabaremos con las deudas, o pedir un crédito. A mí no me hace falta pedir un crédito porque pago a mis proveedores a 55 días", relata el regidor. No obstante, el primer edil reconoce que la ley ha anulado su presupuesto: "Por lo que antes de ir a un juzgado voy a cumplir el fallo. Hace mucho tiempo que me dije a mí mismo que no iba a pisar un juzgado, por lo que si el PSOE no se compromete y me denuncia tendré que pedir un crédito. Pero a mí me gustaría llegar a un pacto para esperar hasta enero, ya que si pido un crédito se generan una serie de gastos asociados, como por ejemplo la comisión de apertura y los intereses. Y todo esto nos lo podríamos ahorrar".
Las sentencias
- La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso- administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha anulado el presupuesto del Ayuntamiento de Las Rozas para el año 2009 por, entre otros motivos, no ajustarse a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid y a la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
- La misma Sección Segunda del TSJM anula los presupuestos del Consistorio de Majadahonda por vulnerar las mismas leyes: la del Suelo autonómico y la de las Haciendas Públicas.
- En ambos casos, los denunciantes son los grupos municipales socialistas de cada Ayuntamiento, cuyas cuentas ya habían sido anuladas otros años, sin que hubiera consecuencias.
* El País - TONO CALLEJA - Majadahonda - 10/11/2011
Foto: Majadahonda (Madrid) - wikipedia.org
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MADRILONIA* : Madrid, del 10 al 12 de noviembre.
En la última década y media, los espacios urbanos, el territorio y todos los recursos naturales (suelo, agua, ecosistemas), han sido objeto de un enorme y sostenido expolio, que sin embargo ha permitido sostener una de las etapas de crecimiento económico más largas de las últimas décadas.
Por sólo recoger algunos datos, entre 1986-2006, las superficies artificiales crecieron en un 60 %, se construyeron contra viento y marea las macroinfraestructuras más inverosímiles (desde grandes obras hidráulicas hasta superpuertos, pasando por megacasinos y gigantescas “ciudades de vacaciones”) y el Estado español se convirtió en el primero de Europa en km. de autovía y TAV. De otro lado, los gobiernos urbanos se han volcado cada vez más en la promoción turística e inmobiliaria, al mismo tiempo que las grandes corporaciones de la construcción y la industria financiera reforzaban su posición oligárquica a una escala que ya no sólo se puede entender en términos locales o regionales, sino también globales. Producto de todo ello, los precios de la vivienda se multiplicaron por tres, se produjo una nueva ola de destrucción de importantes bienes de valor ambiental, cultural y social, y se animó una fuerte empresarialización de las administraciones públicas, cada vez más controladas el entramado inmobiliario-constructor.
El número de implicaciones de este tipo de “régimen inmobiliario” son tales, que bien podríamos decir que aquí se anudan los principales elementos del capitalismo local. Sumergidos ahora en un largo estadio de crisis, del que no parece que haya una salida ni fácil ni inmediata, es necesario hacer balance. Y esto no tanto con el único objeto de hacer un inventario de las recientes catástrofes, sino también y sobre todo, con la intención de prevenir lo que parece la salida natural de muchas economías urbanas y turísticas: la reanudación de un nuevo ciclo inmobiliario. Desde esta perspectiva, pocos temas podrían ser más interesantes como objeto de estas Jornadas.
* Madrilonia - 10.11.11
Foto: cartel
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