DIAGONAL* : Nueve de las 21 personas detenidas en la segunda sentada por la vivienda digna, en el año 2006, se enfrentan a penas de hasta 6 años de cárcel por presuntos delitos de atentado a la autoridad y desórdenes públicos. Después de cinco años de espera y de restricciones a la movilidad, este lunes pasarán por la vista oral para responder de unas acusaciones que los grupos de apoyo consideran un montaje.
Cuando se cierre la segunda sesión, el martes, el juicio habrá quedado visto para una sentencia que puede tardar unos diez días en llegar, según la defensa de una de las encausadas. Las dos sesiones tendrán lugar en los juzgados de la calle Julián Camarillo, 11, en la sala 16. Ambas sesiones son públicas, por lo que el grupo de apoyo está solicitando que se presente el máximo número de gente posible para llenar los 50 asientos de la sala.
“El único ’delito cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle”, asegura en su comunicado la asamblea de apoyo a las personas detenidas.
Una interpretación a la que se ha sumado también la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, que en su llamamiento a la manifestación por el derecho a la vivienda del 25 de septiembre expresaba su “total apoyo a los 9 detenidos/as en las manifestaciones por una vivienda digna de 2006” y la “repulsa al montaje policial”, además de pedir la absolución para todo el grupo.
El grupo de apoyo ha convocado una manifestación en Madrid para el sábado 1 de octubre bajo el lema “Por la libertad de expresión, basta de represión: absolución detenid@s por una vivienda digna”. La marcha comenzará a las 18 horas en la Plaza del 2 de mayo y terminará en la plaza de Lavapiés. La protesta, junto con una jornada de apoyo en el centro social la Tabacalera, culmina una serie de acciones de difusión iniciadas desde esta primavera, que han incluído una activa presencia en las comisiones de vivienda de las asambleas populares del 15M, la edición de un comic de denuncia sobre lo sucedido y la participación en la marcha de los hogares hipotecados del domingo 25.
* Diagonal - 30.09.11
Foto: Vivienda digna, manifa contra detenidos 1Oct - diagonal
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Esta es la historia de un fiasco, afianzado en el boom inmobiliario, consentido, e incluso alentado, por el Gobierno de la Comunidad Valenciana de Francisco Camps, que utilizó la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para financiar sus megaproyectos: Ciudad de las Artes, en Valencia; la Ciudad de la Luz, en Alicante, y Terra Mítica, entre otros. Y rematado con la ambición desmesurada de un grupo sin escrúpulos que se lucró en plena ruina de la caja. Así se entiende la deriva de la CAM, el centenario buque insignia de las finanzas de la provincia de Alicante, comandado durante los últimos años por Modesto Crespo, en la presidencia, y Roberto López Abad, como director general, hasta que el pasado 22 de julio fue intervenida por el Banco de España.
En la antesala de la intervención, López Abad y otros cuatro altos ejecutivos se aseguraron un dorado retiro con elevadas prejubilaciones (12,8 millones de euros en total). La sucesora de López Abad, la empleada María Dolores Amorós, no quiso ser menos y se puso un sueldo de 600.000 euros al año y una pensión vitalicia de 370.000.
Todo ello sin contar con el visto bueno de los órganos de la entidad, pero con el beneplácito del entonces presidente de la caja, Modesto Crespo, más ocupado en atender las urgencias de su mentor, Francisco Camps, que de los requerimientos del Banco de España para poner orden en las cuentas. El resto de miembros del consejo, conscientes de su papel de comparsas, se mantuvo pasivo y tragando la información que recibían. La CAM pagaba 1.000 euros por cada asistencia al consejo.
Las irregularidades descubiertas en la CAM, con unas cañerías alambicadas, plagadas de trampas contables, alcanzan el paroxismo. Un auténtico escándalo, como lo calificó el viernes el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante la evaluación de la reestructuración de las cajas. "Uno entiende que la gente se escandalice, solo faltaba que no se escandalizase; pero los clientes pueden quedarse tranquilos, cuando se adjudique [en subasta], la gestión va a estar en manos serias", añadió. Va a estar, dice el gobernador; pero no lo ha estado. Esa es la cuestión.
El regulador comenzó a mirarlo con lupa en 2009. Al año siguiente le obligó a negociar su integración con otras entidades para no tener que intervenir. Hubo un intento de Caja Madrid, que se frustró por la oposición frontal de Camps. Y la CAM recaló en el grupo integrado por Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Pero el intento duró poco: en marzo pasado la expulsaron al descubrir un agujero que cifraron en 5.000 millones de euros. Cuatro meses más tarde, este tortuoso recorrido desembocó en el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que hubo de aportar 2.800 millones de euros y abrió una línea de liquidez por otros 3.000 millones, a fin de que la fuga de depósitos de los clientes que estaba produciéndose no estrangulara la caja.
Tres interventores del FROB, convertidos en los nuevos administradores de la caja mediterránea, tomaron sus primeras decisiones y descubrieron quiénes eran los principales responsables del desaguisado. El FROB no esperó ni un día para destituir al consejo de administración (20 miembros en representación de las fuerzas políticas y, empresariales). Los interventores dieron a Crespo tres horas para recoger su despacho y le prohibieron la entrada en la sede social de la caja.
Modesto Crespo (Elche, 1943) había escalado en la última década desde su concesionario de coches hasta la cúspide empresarial y financiera de Alicante. Labró su meteórico ascenso con el apoyo del poder político hegemónico en la Comunidad Valenciana, y en concreto del exlíder de los populares valencianos, Francisco Camps, tras vencer la resistencia del sector del PP opuesto en Alicante, los ripollistas (seguidores de Joaquín Ripoll, heredero político de Eduardo Zaplana). Además de sintonía política, Camps y Crespo sumaban un mismo fervor religioso. (De hecho, el único cargo que mantiene Crespo ahora es el de presidente del patronato del Misteri de Elche). En todos los escalones por los que pasó dejó su impronta: fuerte personalismo y querencia por el oscurantismo para blindar su gestión.
Crespo desempeñó la presidencia de la CAM sin sueldo oficial, pero se aseguró una retribución anual de 300.000 euros a través de una filial de la caja, la mercantil TI Participaciones. El "sombrío y religioso" empresario, como lo definen personas de su entorno, fue uno de los más beneficiados por los préstamos blandos que la caja concedió a los consejeros. Entre 2004 y 2010, la CAM había prestado 161 millones a sus consejeros, en algunos casos al 0%, y con el permiso de la Generalitat. Crespo, apenas aterrizado en el cargo, consiguió cinco millones al 2,5% de interés.
Crespo entregó la cuchara la mañana del pasado 21 de julio, cuando en un "patético" consejo -según definición de uno de los presentes- comunicó que a las 0 horas del día siguiente se iba a producir la entrada del FROB. Esto es, la pérdida de la autonomía de la caja a favor del Estado. Tan solo dos días antes de la intervención, Crespo había permitido que la CAM comprara pagarés de la Generalitat Valenciana por 200 millones al 4,75%, para inyectar liquidez en las arcas autonómicas.
Los administradores del FROB no pudieron destituir al resto de la cúpula directiva. Estos, encabezados por Roberto López Abad, aprovecharon el ERE que la entidad impulsó a finales de 2010 para rescindir su relación laboral a cambio de millonarias prejubilaciones. Ello le permitió alejarse del fracaso de la caja en la fusión. A falta de datos oficiales, fuentes sindicales cifran en 5,8 millones la indemnización que se embolsó en virtud del salario de 700.000 euros que percibía como director general. Otros cuatro altos exdirectivos (Agustín Llorca, que se embolsó dos millones; Joaquín Meseguer, otros dos; Vicente Soriano, 1,5 millones; y Gabriel Sagristá, 1,5 millones) completan la selección de ases del ERE.
Al mismo tiempo se supo que el ex director general tampoco le había hecho ascos a otra prebenda de la CAM, la denominada mesada. Se trata de una paga extra equivalente al salario de un mes, que se entrega a todos los empleados con motivo de su boda. En noviembre pasado, López Abad recibió unos 70.000 euros cuando contrajo matrimonio con la mujer con la que llevaba años de convivencia, una directiva del tercer escalafón de la entidad, que también se llevó su parte correspondiente.
López Abad (Alcoi, 1956) ocupó la dirección general de la CAM desde 2001 hasta noviembre de 2010. Su etapa al frente de la dirección de la caja estuvo marcada por un primer periodo de expansión basado en el boom inmobiliario. Admite tener un riesgo de 11.000 millones en créditos a sociedades promotoras, aunque otras fuentes cercanas a la caja lo estiman en 16.000 millones, casi el 30% del total del crédito de la entidad, lo que está fuera de toda ortodoxia. López Abad embarcó a la CAM hasta en 66 sociedades y 104 proyectos vinculados al sector del ladrillo. Eran los años en los que, según exconsejeros, la caja avalaba préstamos a constructores con un simple solar rústico, suponiendo que en un par de años su precio se iba a multiplicar como consecuencia de la especulación y la recalificación.
El artífice de la ficticia escalada de la CAM hasta el cuarto puesto de la lista de cajas españolas se marchó sin dar la más mínima explicación pública de su gestión. La vacante de López Abad fue cubierta por su mano derecha, María Dolores Amorós (Alicante, 1962). Licenciada en Económicas por la UNED, tiene funciones ejecutivas en la entidad desde 1988, tanto en la caja como en el grupo de empresas de la entidad. Hija de un empleado de la caja y con varias hermanas también trabajadoras en la misma, ella es, según sus colaboradores más próximos, una ejecutiva de perfil eminentemente técnico. "Se limitó a mantener la maquinaria heredada de López Abad, una dirigente que desarrolló su papel de manera funcionarial, sin iniciativas propias", señalan esas fuentes.
Amorós asumió el reto de conducir la última etapa del intento de fusión sin rechistar. Pero antes también se aseguró su futuro económico personal con sueldo y pensión vitalicia, lo que la equiparaba a sus excompañeros en la cúpula directiva, ya que no pudo acogerse al ERE por motivos de edad. Amorós ocultó su contrato y la pensión tanto a la comisión de retribuciones como al consejo de administración de la caja. La nueva directora general optó por la huida hacia adelante en busca de un socio privado salvador. El mirlo blanco no aparecía y la entidad siguió a la deriva; eso sí, jaleada por los cantos de cisne de los poderes fácticos de la provincia (empresarios y representantes públicos) que, una vez más optaron por cerrar los ojos y seguir apostando por un futuro en solitario de la CAM.
Los interventores del FROB mantuvieron a Amorós en el cargo apenas tres semanas. El 10 de agosto fue destituida temporalmente. En esas semanas, Amorós se mantenía oficialmente en el puesto, pero de hecho tenía congeladas sus competencias. La destitución provisional se produjo apenas una semana después de que un colectivo de fiscales (la Asociación Internacional contra la Prevaricación) anunciara una demanda por prevaricación si la alta ejecutiva de la caja seguía en el ejercicio de sus funciones. Los fiscales sostenían que la ex directora general podría ser sancionada por ocultar información al Banco de España; por mantener en el puesto al director general de la división inmobiliaria, Daniel Gil, imputado en la trama del caso Brugal; por la gestión del crédito inmobiliario, con una compra a precio superior al de mercado; por la apertura masiva de oficinas sin ningún criterio de sostenibilidad; o por aprobar un canje de acciones por deuda con la promotora Hansa Urbana, participada por la CAM.
El primer dato que levantó la sospecha de los nuevos administradores fue el balance de resultados del primer trimestre de este año, con unas ganancias de 39 millones de euros. Ese balance no estaba auditado, como tampoco el correspondiente al segundo trimestre. El informe final de la caja presentado por el FROB registra que la entidad había perdido 1.136 millones en los seis primeros meses del año. Tras examinar su contrato millonario con la CAM y verificar un supuesto maquillaje de las cuentas de la entidad, el pasado martes los administradores del FROB despidieron sin indemnización a la directora general. El FROB considera que Amorós había realizado lo que en la jerga bancaria se conoce como contabilidad creativa en alguna operación concreta, con objeto de obtener un beneficio propio.
Ante tantos indicios de actuación fraudulenta, los letrados del Banco de España analizan ahora si pueden exigir la devolución del dinero embolsado y si abren expediente sancionador a los gestores, como ocurrió con los responsables de la administración de Caja Castilla La Mancha (CCM) y Cajasur. Con estos precedentes, todo indica que el expediente es inevitable.
También la Fiscalía Anticorrupción, en plena instrucción del denso sumario del caso Brugal (la mayor trama de corrupción de Alicante ligada al negocio de la basura y el urbanismo, con más de un centenar de personas implicadas), espera al informe final de los interventores del FROB para abrir diligencias penales a la antigua cúpula de la CAM. Desde la intervención, la Fiscalía ha recibido un total de cuatro denuncias de otros tantos colectivos cívicos, que el ministerio público mantiene congeladas.
Fuentes del FROB aseguran, además, que Crespo pudo haber incurrido en desobediencia por omitir al consejo de administración los sucesivos requerimientos, por escrito, del Banco de España para que la que entidad recondujera su contabilidad. Esas fuentes señalan que el órgano supervisor envió varios escritos en ese sentido en los meses previos a la intervención. Exconsejeros de la caja aseguran que Crespo solo leyó ante el consejo una misiva del Banco de España, la remitida en vísperas de la intervención, el jueves 20 de julio. "Nunca antes Crespo leyó ante el consejo ninguna carta o circular del Banco de España", asevera el exconsejero y empresario Jesús Navarro.
La intervención de la CAM ha sido la puntilla a la sociedad alicantina instalada en la última década en la burbuja inmobiliaria. Una fachada que saltó por los aires cuando, en julio de 2006, estalló el caso Brugal. Y al que se ha añadido el caso CAM.
Joaquín Meseguer (eX director general de Participaciones)
El ex director general de Participaciones Empresariales de la CAM, cargo al que accedió en mayo de 2007, fue nombrado más tarde presidente de la empresa Crédito Inmobiliario, que la caja compró en México para financiar la construcción de 25.000 viviendas. Fue uno de los altos cargos pionero en desvincularse de la entidad por la vía de la prejubilación anticipada. Se estima que ha recibido dos millones de euros.
Vicente Soriano (Exdirector de Recursos Humanos)
El exdirector de Recursos Humanos de la caja era un hombre de la máxima confianza del ex director general, Roberto López Abad. Antes de este puesto ocupó la Secretería General de la entidad. Se acogió al plan de prejubilación el pasado febrero con una indemnización de 1,5 millones de euros.
Agustín Llorca (Ex director general adjunto)
Asumió el cargo de director general adjunto el pasado febrero. Llorca sustituyó a María Dolores Amorós, cuando esta iba a ser la directora general. El paso de Llorca por ese puesto fue efímero. El 21 de julio, un día antes del desembarco del Banco de España en la CAM, se apuntó al ERE. Llorca se ha retirado con una indemnización por prejubilación de dos millones de euros.
Gabriel Sagristá (Ex director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante)
Ocupaba el cargo de director de la zona norte de la CAM en la provincia de Alicante. En 2002 fue director de Explotación de la caja. También se acogió al expediente de regulación de empleo (ERE) el pasado mes de marzo y logró una indemnización de 1,5 millones de euros.
Aniceto Benito (Exconsejero de la CAM)
El exconsejero de la CAM llegó al cargo desde el trampolín del fútbol. Fue presidente del Hércules entre 1992 y 1997. Accedió a la CAM en 2006 a propuesta del Ayuntamiento de Alicante, entonces presidido por Luis Díaz Alperi, del PP. La propuesta no extrañó, dado que Benito había sido presidente provincial del PP hasta que le sucedió Eduardo Zaplana en 1991. El exconsejero obtuvo préstamos blandos por 47,5 millones en cuatro años.
Roberto López Abad (Ex director general de la CAM)
El ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo ha podido alejarse del fracaso de la entidad acogiéndose al ERE impulsado por la propia caja. Esta circunstancia le ha reportado una indemnización estimada por fuentes sindicales en 5,8 millones de euros. No ha dado explicaciones de su gestión. Le sustituyó María Dolores Amorós, hasta la intervención del FROB.
* El País - SANTIAGO NAVARRO /MIGUEL ÁNGEL NOCEDA 02/10/2011
Foto: Modesto Crespo, expresidente de la CAM, y María Dolores Amorós, ex directora general.- EFE
.................................... Leer más...
LEVANTE* : Juicio por el Jardín de Monforte. El concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, autorizó un aparcamiento subterráneo junto al histórico Jardín de Monforte sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio. Por esa omisión, que el fiscal considera intencionada, Bellver y cuatro funcionarios serán juzgados por prevaricación el 17 de octubre.
Algo les pasaba a los árboles del Jardín de Monforte. La pesadilla judicial de Jorge Bellver —concejal de Urbanismo de Valencia y también diputado autonómico desde las últimas elecciones — comenzó hace más de tres años, y el primero en hablar, eso sí, sin palabras, fue el arbolado de un jardín histórico que al parecer mostraba síntomas de deterioro. Por ello, el ayuntamiento decidió derribar parte del muro que cierra el histórico huerto y sustituirlo por una verja de metal. La reacción a ese proyecto que alteraba la tipología del jardín protegido fue unánime y la búsqueda de argumentos contra dicho plan dió en la diana.
El próximo 17 de octubre, Bellver y cuatro funcionarios del ayuntamiento (el secretario, Pedro García Rabasa; dos jefes de servicio, el de Planeamiento, Juan Antonio Altés, y el de Tráfico, Juan Casañ; y una arquitecta técnica, María José Gasull) se sentarán en el banquillo de los acusados tras un proceso que trae cola, y del que han hablado todos: Ayuntamiento, oposición, fiscales, jueces, colectivos ciudadanos —principalmente Cercle Obert, que fue la entidad que presentó una denuncia ante el fiscal—, la alcaldesa, el Consell Valencià de Cultura, afines a Bellver que siguen mostrándole su apoyo, y enemigos que esperan el momento de ver al delfín de Barberá en el banquillo de los acusados.
Y es que el deterioro del Jardín de Monforte tenía una sencilla explicación: los muros de hormigón de un aparcamiento subterráneo colindante con la zona verde. Un año antes del evidente deterioro del arbolado, el garaje abrió de forma oficial. Lo hizo con retraso, debido a los problemas surgidos en el subsuelo, ya que había que hacer frente a la abundante presencia de agua en el subsuelo. Se construyeron los muros y comenzaron el exceso de humedad y los daños en el colindante Jardín de Monforte. Cuando esto se supo la bomba estalló.
Apuntar antes del disparo
El colectivo Cercle Obert —que enfocaba su lucha en evitar que el ayuntamiento derribara parte del muro del Jardín de Monforte para «airear» el jardín histórico, y sustituir la piedra por una verja— orientó mejor el tiro. O lo que es lo mismo, empezó a pedir información sobre la construcción del aparcamiento. Cuando descubrió que el garaje de la discordia se había construido sin informe ni medida alguna que previera la afección al espacio verde protegido cogió carrerilla y presentó una denuncia ante la fiscalía solicitando una investigación. Era diciembre de 2009. Y la reflexión era directa: Si hay que derribar parte del muro de Monforte para airear el jardín que se deteriora, alterando la tipología de un huerto cerrado, es porque algo ha alterado la aireación correcta anterior, y el hormigón del garaje era el causante más probable. Por aquel entonces, Bellver estaba convencido de que aquella denuncia no iba a prosperar. Sin embargo, La Fiscalía vio irregularidades en la concesión de la licencia para construir (en 2004) el aparcamiento junto al subsuelo del jardín protegido. La clave reside en que no se había solicitado el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura, algo obligatorio cuando se actúa en un Bien de Interés Cultura (BIC) o en su entorno, y como tal están declarados el Jardín de Monforte desde 1941 y sus inmediadiones desde 1992.
En mayo de 2010 el juzgado de Instrucción número 1 de Valencia admitió a trámite la denuncia de la Fiscalía y la pesadilla de Bellver fue tomando forma. Ocho meses después (enero de 2011) el juez procesó al edil de Urbanismo de Valencia por prevaricación en el Jardín de Monforte. Fuentes próximas al edil apuntaron por aquel entonces que ese era el auto que temía Bellver del juez instructor, Josep Lluís Albiñana, presidente del Consell en la etapa preautonómica y sospechoso de animadversión hacia un concejal del PP que no entendía cómo un asunto que consideraba menor iba camino de llegar tan lejos.
En abril, la sección segunda de la Audiencia Provincial confirmó el auto del juzgado al entender que no haber pedido la autorización a la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura para construir un aparcamiento podía constituir «un manifiesto incumplimiento de la legalidad». Además, se imputó a cuatro funcionarios, al considerar que los técnicos conocían, por su propio trabajo y su formación, la «necesidad» de pedir esa autorización. Especial importancia tiene en la causa el hecho de que los mismos protagonistas habían cumplido el trámite un año antes por unas obras de la clínica Quirón, que como el garaje de Severo Ochoa también está en el entorno del jardín. El expediente fue aprobado por Bellver y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio.
Era necesario cambiar de juez. Rita Barberá no dudó entonces en negociar con el entones president de la Generalitat, Francisco Camps, la inclusión de Bellver en la candidatura autonómica, en la que ocupó un puesto de salida que le ha llevado a ocupar un escaño en el parlamento valenciano. De esta forma, como diputado, obtendría la condición de aforado. Y más garantías al pasar el caso al Tribunal Superior. Al menos eso es lo que buscaban Bellver y los populares.
Ahora la fiscalía pide para el edil popular —y para el resto de acusados— ocho años y medio de inhabilitación. La sanción económica, eso sí, varía. A Bellver le piden 32.400 euros; al secretario del ayuntamiento, Pedro García Rabasa, 24.300 euros. A los jefes de servicio 16.200 euros, y a la arquitecta técnica , 10.800 euros.
El 17 de octubre, el concejal de Urbanismo y diputado autonómico, Jorge Bellver, el que fue señalado como delfín y sucesor de Rita Barberá, se juega su carrera política. Mientras, el jardín histórico sigue sufriendo problemas de drenaje, y permanece cerrado por operaciones de mantenimiento. El juicio ha parado todo lo demás.
* Levante - MÓNICA ROS - 2.10.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna
.................................... Leer más...
MÁLAGAHOY* : El tribunal del "caso Malaya", la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento español, ha ordenado al administrador judicial de las sociedades vinculadas al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, que abone 600.000 euros al municipio de Marbella. Este dinero será entregado al consistorio "atendiendo al deseo expreso de Roca" de satisfacer la condena que le fue impuesta en el caso Saqueo y "dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", según el auto judicial, al que ha tenido acceso Efe.
Esta resolución ha sido tomada por la Sala "dada la liquidez sobrante en la actualidad de las sociedades atribuidas a Juan Antonio Roca y que están sometidas a la medida de administración judicial. El tribunal ha acordado que dicha cuantía se articule en la contabilidad interna de las sociedades, como un contrato de préstamo que tales sociedades efectúan a Roca.
El 23 de enero de 2009, la Audiencia Nacional condenó a Roca, al letrado José Luis Sierra y Manuel Jorge Castel, al pago conjunto y solidario de 24,3 millones de euros por los perjuicios causados con el "caso Saqueo", sobre el desvío de esa cantidad del Ayuntamiento a empresas privadas entre 1991 y 1995.
El 29 de noviembre de 2010, la Audiencia Provincial de Málaga dictó una providencia en la que se establecía un principio de acuerdo entre Roca y el Ayuntamiento para que la Finca de la Caridad fuese entregada al consistorio en concepto de responsabilidad civil.
Si bien, el principio de acuerdo no llegó a buen término y continuaron con las negociaciones para cumplir con la sentencia condenatoria.
En este sentido, ya se ha alcanzado un acuerdo, según el auto, al que ha tenido acceso Efe, que está pendiente de ser ratificado por la sala del caso Malaya, que mantiene intervenidos los bienes de Roca.
Según dicho acuerdo, se entregará al Ayuntamiento diferentes importes, en diferentes fechas y todo ello una vez se efectúe la venta del Palacio de los Condes de Villagonzalo, en Madrid.
Pero "atendiendo a que aún no se haya procedido a la venta del citado inmueble, y dada la necesidad acuciante de liquidez del Ayuntamiento", la sala ha ordenado que sean transferidos 600.000 euros, en pago de las responsabilidades pecuniarias decretadas por la Audiencia Nacional.
Los magistrados han acordado dicha entrega de dinero "atendiendo de manera fundamental a que ningún perjuicio material es detectable por ello" y, porque hay "una administración pública que aparece como víctima de un delito que ha de ser resarcida en la cuantía declarada judicialmente".
La sentencia declaró probado que desde la llegada a la alcaldía en 1991 del Grupo Independiente Liberal (GIL), el exalcalde Jesús Gil fue aconsejado por Sierra, quien concibió la idea de crear varias empresas sujetas a la legislación mercantil "bajo el aparente designio de que la gestión de los servicios municipales sería más ágil".
La existencia de 31 sociedades municipales, que "se nutrían" de las subvenciones y transferencias de dinero público del consistorio, "degeneró" en una situación de "opacidad".
Para dar cobertura a la distracción de fondos públicos Sierra, Castel y Roca "se concertaron con otras personas no enjuiciadas y con vínculos más estrechos con el Ayuntamiento en la ideación y puesta en práctica de una serie de actividades encaminadas a crear una apariencia contable de gastos, con objeto de justificar el uso de las cantidades detraídas".
* Málaga Hoy - Efe - 1.10.11
Foto: Marbella, cortijo de Roca - elconfidencial.com
.................................... Leer más...
LAVOZDEGALICIA* : El complejo panorama urbanístico lucense acaba de complicarse aún más con las irregularidades que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) ha reseñado en el informe dirigido al Juzgado de Instrucción nº3 sobre la ampliación del Seminario Diocesano. Viene a sumarse este asunto al de la paralizada urbanización de O Garañón. Se añade también a las denuncias judiciales por los cambios introducidos en el Plan Xeral de Ordenación Municipal, aún en tramitación, entre las aprobaciones inicial y provisional. Es un ladrillo más en el muro del que forma parte el edificio de la calle Montero Ríos sobre el que ya pesa sentencia del Superior de Xustiza por exceso de volumen. El caso del Seminario abre una nueva vía en el polémico urbanismo lucense. Mientras, en el Obispado se asegura que se respetó escrupulosamente la legalidad vigente. A continuación se reseñan los claves del informe de la APLU sobre la ampliación del Seminario.
¿Por qué sostiene la Axencia que tiene una planta de más?
En el informe de la APLU se refleja que en el entorno en el que se construyó el edificio es de aplicación la ordenanza de zona 10 (dotaciones comunitarias) del PGOU vigente en el momento de la concesión de la licencia, el de 1991. Esta ordenanza fija el número máximo de plantas en 3 para edificación nueva: el edificio tiene 4 y bajo cubierta. En el mismo informe se aclara que la edificación de cuatro plantas estaba prevista en la modificación del estudio de detalle (instrumento de ordenación urbanística que completa o adapta determinaciones establecidas en los planes generales) de la unidad de actuación (superficie delimitada de terreno que define el ámbito completo de una actuación integrada) CS (centro-sur) 6. A juicio de la autora del informe, el estudio de detalle incumplía la obligación de ajustarse a la determinación del PGOU (3 plantas).
El reparto de cargas y beneficios, a destiempo
La APLU deja constancia de la obligación de proceder al reparto de cargas y beneficios antes de la concesión de la licencia de edificación. Ello es así porque el ámbito en el que se desarrolla la actuación tiene el carácter de urbano no consolidado, de acuerdo con lo previsto en la Lei do Solo de Galicia de 1997. Pues bien, en el informe se indica que la licencia de edificación fue concedida por acuerdos municipales de 18 de noviembre de 1998 y 7 de abril de 1999; el proyecto de compensación (paso final del proceso de reparto de cargas y beneficios) fue aprobado el 28 de diciembre de 2001.
La urbanización del terreno y la edificación no fueron simultáneos.
Así lo entiende la Axencia Urbanística, que señala que el Ayuntamiento de Lugo concedió la licencia de primera utilización y apertura del aparcamiento subterráneo de uso público con anterioridad a la finalización de las obras de urbanización del terreno. Es más, en el citado informe se indica, que en una visita de inspección al ámbito estudio efectuada el 21 de marzo del 2011 quedaban aún por ejecutar algunas obras de la urbanización.
¿Por qué considera APLU que el polideportivo es incompatible con los usos autorizados en esta zona?
La Axencia dice que según el PGOU la ordenanza de aplicación es la de zona 12, esto es, de zonas libres y espacios verdes. Al determinar los usos incompatibles reseña el de garaje-aparcamiento y el deportivo. Pero en el plano de calificación urbanística J02, el PGOU -explica el informe- marca sobre la parcela una P dentro de un cuadro, indicación que corresponde a aparcamiento público. Por ello, debe entenderse como un uso permitido. Pero no ocurre lo mismo con el uso deportivo, que sí se recoge en la modificación del estudio de detalle; pero, en función de la Lei do Solo de 1997, los estudios de detalle no pueden contradecir lo establecido en el propio PGOU. Concluye la autora del informe que, por tanto, el polideportivo subterráneo y la pista polideportiva y la grada en superficie incumplen las determinaciones de la ordenanza urbanística de aplicación en este caso.
El momento en que se ejecutaron las excavaciones arqueológicas, otro perfil cuestionado.
El PGOU establece en su apartado 420 que en la zona A, que es en la que se encuentra el ámbito de actuación, «previamente a la concesión de cualquier licencia de edificación o movimiento de tierras será obligatoria la realización de excavaciones arqueológicas (...)». La APLU reseña también que en el acuerdo de la comisión municipal de gobierno (18 de noviembre de 1998), por el que se concedió la licencia de obras, se indica que «previamente á aprobación do proxecto de execución, deberán realizarse escavacións arqueolóxicas». El proyecto de ejecución fue aprobado el 7 de abril de 1999, pero el expediente de intervención arqueológica se inicia el 24 de abril y finaliza el 26 de octubre de 1999.
La licencia de primera utilización aún está pendiente.
De acuerdo con el informe de la APLU de las obras ejecutadas en el Seminario y en su ampliación sólo tiene licencia de apertura y primera utilización el aparcamiento subterráneo. Se indica que hay constancia de tal carencia hasta el 9 de diciembre del 2010. A su vez, el concejal de Urbanismo, Luis Álvarez (PSOE) señaló a La Voz que la licencia de primera utilización fue solicitada a finales del año pasado y aún no fue tramitada, debido al atasco en este servicio.
* La Voz de Galicia - 2.10.11
Foto: Lugo, polémicas viviendas en parque - lavoz
.................................... Leer más...
EFE/Málaga* : Los siete detenidos en la operación "Acinipo" de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga asuntos urbanísticos del anterior equipo de gobierno del PSOE en el Ayuntamiento de Ronda (Málaga), han quedado en libertad, aunque el exalcalde Antonio María Marín deberá pagar 150.000 euros de fianza.
Marín Lara, que sigue actualmente de concejal, ha quedado hoy libre, aunque imputado de los delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y debe depositar la fianza en quince días, según han informado a Efe fuentes judiciales. Los ediles María José Martín de Haro -exdelegada municipal de Obras y Urbanismo- y Rafael Lara -que fue delegado de Contratación y Seguridad- ya quedaron ayer en libertad provisional imputados de los mismos cinco delitos y el juez les fijará mañana también una fianza, para lo que el fiscal ha solicitado que no supere los 100.000 euros.
El concejal, diputado provincial y exprimer teniente de alcalde rondeño Francisco Cañestro y el abogado de una constructora local Miguel Ángel B.A. han quedado en libertad sin fianza e imputados de los mismos delitos que los anteriores por el juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda.
Cañestro ha ejercido como secretario local del PSOE hasta que fue suspendido cautelarmente de militancia por su formación al ser detenido el pasado martes, medida que ha afectado también al exalcalde, a María José Martín y a Lara.
Los otros dos detenidos que han quedado en libertad provisional e imputados de cuatro delitos están vinculados al mundo empresarial y prestaron declaración ayer por exhorto en juzgados de guardia de Valencia y Madrid.
Son Alfonso Javier F.V. y José Miguel Y.C., imputados por cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias y que tienen obligación de comparecer ante el juzgado cuando sean citados.
Tras tres horas de declaración judicial y al abandonar el juzgado, el exalcalde ha asegurado a los periodistas que demostrará su inocencia, "igual" que en otros casos en que le quisieron implicar, tras recordar las "62 denuncias" que -según dijo- le han interpuesto partidos políticos como Izquierda Unida o Los Verdes.
Marín, único de los imputados que ha efectuado declaraciones públicas, ha afirmado estar "habituado ya a este tipo de cosas", aunque ha precisado que esta causa no la ve igual que otras, y señala que está "en libertad y con toda la confianza habida y por haber" como dice haber tenido "en las 62 denuncias" que le pusieron.
El exalcalde, abogado de profesión, ha ejercido como portavoz municipal socialista y vicesecretario local de esta formación hasta que su partido lo suspendió cautelarmente de militancia.
Llegó a la Alcaldía en septiembre de 2004 tras una moción de censura del Grupo Independiente Liberal (GIL), el PP y el Partido Andalucista (PA), donde militaba entonces, y en junio de 2009 se pasó al PSOE junto con los ocho concejales de su grupo.
El Cuerpo Nacional de Policía estudia varios convenios urbanísticos suscritos en la etapa del exalcalde, en los que se podrían haber cometido irregularidades penales.
Uno de los ejes de la investigación gira en torno al proyecto de un centro comercial de Eroski -a través de un grupo constructor del municipio- sobre los terrenos del antiguo campo de fútbol municipal y el recinto ferial en una superficie de 34.000 metros, de los que 25.000 sería edificables.
Otros de los expedientes que analizan es el del complejo Los Merinos -que incluye 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles- y recaban y estudian toda la información incautada sobre expedientes relativos a la zona de La Hoya del Tajo, paraje natural donde hay varias construcciones supuestamente irregulares.
* ADN - EFE - 29.09.11
Foto: Ronda (Málaga), ayuntamiento - andaluciaimagen.com
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Alicante* : Europa volverá a fijar la vista en el urbanismo valenciano. "La Comisión solicitará a las autoridades españolas la información pertinente relativa a la aplicación de las disposiciones de las directivas" europeas en el PAI Anibits-Margequivir de Callosa d'En Sarrià. Esta decisión de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo responde a la denuncia presentada por la Coordinadora d'Estudis Eòlics del Comtat, que forma parte de la plataforma Callosa Sostenible, contra la tramitación de un plan que tiene una gran parte del suelo declarado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA), según sostienen los ecologistas frente a la opinión del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Batiste Savall, asegura que "solo el 3% del PAI está afectado por el LIC".
El plan parcial aludido acumula un largo recorrido. El TSJ anuló en abril de 2009 la aprobación municipal, fechada en enero de 2006, días antes de la entrada en vigor de la Ley Urbanística Valenciana, porque consideró una "desviación de poder" su autorización antes de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio.
A pesar de ello, el Consistorio callosino, gobernado por el PP, con el argumento de la riqueza que generará este desarrollo situado a varios kilómetros del casco urbano, decidió retomar el plan parcial a través de la gestión directa del suelo, aprobándolo de nuevo el pasado mes de julio y convirtiéndose de hecho en promotor de 2.178 viviendas de lujo y un campo de golf con el mismo proyecto que le aprobó a Miragolf Playa, para lo que contó con el apoyo del PSPV y Compromís.
Especies protegidas
Callosa Sostenible ha forzado ahora que las instituciones europeas disciernan si el proyecto tiene en cuenta la clasificación del territorio como ZEPA y, por tanto, su protección, para ver si cumple con la legislación europea. La plataforma también defiende que el espacio donde se pretende la actuación contiene dos hábitats de interés comunitario de carácter prioritario y que el proyecto oculta deliberadamente tanto la "vulnerabilidad" del águila azor perdicera, una especie protegida que nidifica.
Durante su exposición pública, el PAI Anibits-Margequivir acumuló 648 alegaciones en contra y fue calificado como "un desastre ambiental" por Ecologistas en Acción.
* El País - 1.10.11
Foto: Callosa d'en Sarria (Alicante) - tours
.................................... Leer más...
PÚBLICO* : En apenas dos décadas morirán un millón de personas al año como consecuencia del cambio climático. Pero, según un infome presentado el jueves en Madrid, ya lo están haciendo alrededor de 350.000 personas cada año. Aunque los efectos los sufrirán más los países pobres, España y EEUU son las naciones más vulnerables entre las desarrolladas.
Así lo afirma el "Monitor de la vulnerabilidad climática 2010", cuya edición en español se ha presentado ahora. Elaborado por la organización internacional humanitaria Dara y el "Climate Vulnerable Forum", que reúne a 27 países de África, Asia, América y El Pacífico, el informe advierte además de que los costes económicos alcanzarán en los próximos años cerca de un tercio de un billón de dólares al año, superior a los apenas 100.000 millones de actuales, informa Efe.
Según este informe, en 2030 más de 130 países tendrán un factor de vulnerabilidad alto, frente a los aproximadamente 90 en la actualidad. Entre estos países destacan EEUU y España como las únicas economías avanzadas con un factor de vulnerabilidad global alto, hoy en día. En España, el mayor riesgo es el de la desertificación de su cuenca mediterránea.
Pero donde sus efectos serán más devastadores será en los países menos desarrollados. En América Latina, por ejemplo, los efectos negativos del cambio climático tienen un alto impacto. En Centroamérica, el Caribe y América del Sur, los principales factores de vulnerabilidad, que son cada vez más graves, se deben a los desastres climáticos, como las tormentas tropicales en el Caribe, y las lluvias torrenciales y las inundaciones que se producen en toda la región.
El estudio, cuya primera versión en inglés se publicó en 2010, agrupa a las naciones de acuerdo con su nivel "bajo", "moderado", "alto", "severo", o "agudo" de vulnerabilidad, el cual es determinado en base a los impactos estimados que podrían experimentar esos países en salud, clima, desastres, pérdida de hábitat humano y "estrés" económico.
En este tema no hay vencedores ni vencidos, y si no se logra un abordaje conjunto, perderemos todos y habrá "perdedores y hundidos", ha advertido la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, durante el acto de presentación.
El ex secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Michael Zammit Cutajar, encargado de presentar el informe, ha expresado su convicción personal de que el cambio climático es el desafío mayor de esta historia y de que "debemos prepararnos para lo peor mientras tratamos de hacer lo mejor".
El expresidente de Costa Rica y patrono de Dara, José Figueres, y el Secretario General Iberomérica, Enrique Iglesias, han participado también en esta presentación, en la que ha colaborado Efeverde, y en el que la próxima cumbre del clima en Durban (Sudáfrica) ha estado muy presente. Todos han afirmado sus esperanzas de que Durban suponga una avance real.
* Público - 29.09.11
Foto: Tabernas (Almería), desierto - porlibre
.................................... Leer más...
LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a pagar 900.000 euros a la empresa que inició las obras de construcción de oficinas en la antigua residencia de ancianos, "un dinero que el PP no abonó en su día", que la empresa reclamó y que el TSJA obliga ahora a pagar, según asegura el Consistorio sanluqueño, que considera que el paso del PP por la alcaldía y sus "derroches económicos" siguen costando "muy caro" a los sanluqueños.
El TSJA obliga ahora a pagar 700.000 euros por las obras y 200.000 más por los intereses, según ha explicado en un comunicado la delegada de Servicios Sociales, Ana Morillo, que apunta que el actual equipo de gobierno (PSOE) está trabajando en una situación "de terrible crisis por ahorrar hasta el último euro" y ahora se encuentra "con esta triste herencia".
Morillo ha hecho este anuncio sorprendiéndose de que el PP, además, haya reclamado que se construyan "cuanto antes" los 20 alojamientos protegidos en la antigua residencia de ancianos que el actual equipo de gobierno ha prometido, algo que le resulta "paradójico" porque el PP decidió destinar el antiguo edificio de la residencia de ancianos a oficinas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, aunque ha subrayado que este proyecto "sigue adelante".
El equipo de gobierno asegura que seguirá con su idea de convertir la antigua residencia en alojamientos protegidos de alquiler, para lo que espera recibir el dinero del Gobierno, según el acuerdo firmado en su día y que establece que la contribución de ambas administraciones se producirá en 2011 y 2012.
* La Voz Digital - EP. - 28.09.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais
.................................... Leer más...
ELOBSERVADOR* : Seattle (EEUU), una ciudad ecologista que hasta vota a sus alcaldes en función de sus propuestas medioambientales.
Es difícil imaginar que haya escasez de agua en Seattle, Washington. En esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, famosa por sus frecuentes lluvias, hay vistas del estrecho de Puget, así como de los lagos de agua dulce desde casi todas las colinas. Dos cordilleras con nieves perpetuas, las montañas Olímpicas y las Cascadas, flanquean la ciudad al este y al oeste.
Sin embargo, la amenaza de la escasez de agua desencadenada por el derretimiento de los glaciares y las temperaturas más cálidas inspiró a esta ciudad de 609.000 habitantes a embarcarse en uno de los planes de protección del clima más ambiciosos del país. La ciudad lanzó proyectos para reducir el desperdicio de energía al aislar y acondicionar edificios, al reducir la conducción de vehículos mediante la construcción de nuevas redes de transporte público y al posicionarse a sí misma como hervidero de empleo e innovación en energía limpia. Los resultados han sido evidentes durante varios años: en 2008, cuatro años antes del plazo, Seattle alcanzó la meta del protocolo de Kioto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 7% por debajo de los niveles de 1990 que se había establecido para EEUU. Su liderazgo inspiró a otras 1.000 localidades del país a aceptar el mismo objetivo.
El ex alcalde de Seattle, Greg Nickels, que estuvo en el cargo de 2002 a 2009, dijo que todo comenzó a raíz de las graves advertencias sobre los suministros de agua. “Cuando asumí el cargo, el clima no estaba en mi lista de asuntos que resolver”, contó Nickels. “Estaba convencido de dos cosas. Una, que el cambio climático era un asunto del futuro y que ocurriría primero en otros lugares. Y, dos, que el gobierno federal estaba trabajando en el tema. Estaba equivocado”, continuó.
La importante densidad
La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producían en Seattle provenían del transporte, por lo que sustituir los viajes en auto por viajes en transporte público era la clave para reducir su huella de carbono. Y, para apoyar redes de ómnibus y trenes ligeros, tenía que haber vecindarios más densos y compactos, en los que se pudiera caminar.
Sin embargo, aunque en el lugar había muchos amantes de la naturaleza que se mudaban a ella por las montañas y vías fluviales, muchos no veían la relación entre la protección del medioambiente y la mayor densidad en las zonas residenciales. Seattle es una de las grandes ciudades de EEUU en la que hay más hogares familiares individuales que edificios.
Por ejemplo, un plan que permitía la construcción de edificios más altos cerca de la nueva estación de tren ligero en el vecindario de Mount Baker encontró oposición de los locales a los que les preocupa que la mayor densidad provocara mayor congestión de tráfico y delincuencia. “La gente necesita jardines y espacios abiertos para tener buena salud mental”, dijo Pat Murakami, residente del barrio, al diario Seattle Times. “¿Es que tenemos que vivir como sardinas enlatadas?”, agregó.
Para argumentar a favor de la necesidad de una mayor densidad urbana, viajó a la ciudad un grupo de defensores de la sostenibilidad. Uno de ellos es el escritor Alex Steffen, quien fomenta el “urbanismo verde e inteligente”, es decir, la idea de que vincular los valores ecológicos a la tecnología.
El elemento central de la visión urbana y ecológica de Seattle ha sido la restauración del vecindario de South Lake Union, cerca del centro. Hace una década el lugar era un espacio para estacionamiento de autos y almacenes infrautilizados. A través de alianzas entre la ciudad y privados, se ha convertido en un bullicioso corredor de alta tecnología en el que están anclados nueve edificios que constituyen la sede de la empresa Amazon.
Según Mike Mann, ex director de la Oficina de Sostenibilidad y Medioambiente de la ciudad y actual consultor ambiental y de sostenibilidad, la transformación funcionó porque incluyó cosas que gustaban a los residentes y a los empleados de las oficinas: una línea de tranvía, tiendas, restaurantes y un parque frente a la ribera en el lugar donde antes había un astillero de la Armada.
“Cuando se aumenta la densidad, tiene que ser útil para la gente. Tiene que haber lugares de ocio y espacios públicos, y no ser solo torres de apartamentos al estilo soviético que la gente no desea”, dijo Mann.
Autos versus trenes
En otras zonas, lo más difícil ha sido reducir las emisiones producidas por el transporte. La ciudad y el estado están listos para comenzar la construcción de un túnel que pasará por debajo de la zona marítima del centro y que costará miles de millones de dólares. El plan no tiene espacio para incluir líneas de tren y los defensores de la sostenibilidad dicen que invertir tanto en un proyecto solo para autos tiene poca visión de futuro.
Después de negociaciones dirigidas a reducir el tamaño del túnel, Nickels decidió apoyar su construcción. Muchos creen que esa decisión le costó el voto de los ecologistas en las elecciones de 2009, lo que derivó en la inesperada victoria del ambientalista Mike McGinn.
Sin embargo, la campaña que Nickels comenzó, continuó durante el mandato del nuevo alcalde. La ciudad está construyendo un plan de tren ligero a 15 años que Nickels promovió. Las tasas de reciclaje y producción de abono son de las más altas en el país. Los cruceros que se dirigen a Alaska ahora se enchufan a la red eléctrica cuando están en puerto, en vez de mantener los motores encendidos en la marina.
Edificios con goteras
Quizá lo más prometedor es que la ciudad ha iniciado un innovador programa para reducir el desperdicio de energía en los edificios con goteras. En EEUU casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país provienen de los edificios. El programa Community Power Works de Seattle, que ha recibido US$ 20 millones en fondos del paquete de estímulo económico federal, pretende arreglar algunos de los obstáculos que hacen que los dueños de edificios sean reticentes a repararlos.
Primero, ofrece evaluaciones de energía a bajo costo (US$ 95) para ayudar a los dueños de casas y empresas a saber en qué zonas desperdician sus edificios calefacción y electricidad. Segundo, colabora con la institución de inversión en la comunidad Enterprise Cascadia para ofrecer préstamos a 20 años para inversiones en eficiencia energética. Esto resuelve el dilema económico de muchos dueños de casas, ya que inversiones tales como buenos aislamientos y sellado de tuberías pagan por sí solas con el tiempo, pero cuestan bastante cuando se instalan.
Finalmente, la organización Community Power Works ha lanzado un proyecto piloto para 2.000 hogares que es un “fondo de incentivos para la reducción del carbono”. En esencia es un mercado de carbono que paga subsidios a los propietarios de los edificios en función de las emisiones de dióxido de carbono que logren reducir.
Para Mann, “En las ciudades se localizan muchas emisiones, porque son centros de industria y población, pero también son laboratorios para encontrar soluciones. Generan ideas a las que el gobierno federal va a acudir en algún momento”.
* El Observador - Jonathan Hiskes - 18.09.11
Foto: Seattle - elobservador
.................................... Leer más...
DETENIDOS POR UNA VIVIENDA* :
El 3 y 4 de Octubre será el juicio contra los detenidxs en las movilizaciones por una vivienda digna de 2006, 21 personas fueron detenidas, la fiscalía pide un total de 50 años de cárcel para 9 encausados.
El 21 de Mayo del 2006 se celebró en Madrid la segunda sentada por una vivienda convocada de forma anónima a través de sms y mails. Esta y posteriores movilizaciones tuvieron como resultado la detención de 21 personas, para 9 de lxs cuales, la fiscalía pide 50 años de cárcel en total, tras dos años de angustia y espera teniendo que presentarse en el juzgado regularmente para constatar su presencia en territorio español. Esta imputación está basada totalmente en acusaciones falsas y manipuladas, dado que el único “delito” cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle, cosa que es moneda corriente en los cortes de calzada de la A.V.T, o del Forum filatélico, sin que la policía haga nada para impedirlo. De lo que sí existen pruebas fehacientes y fotográficas que lo reflejan, es de la fuerza y hostilidad empleada por la policía, propinando en ocasiones fuertes palizas a personas indefensas sin albergar motivo aparente y fuera de cualquier contexto de enfrentamiento (las lesiones a lxs policías se las causaron ellxs mismos al herirse los nudillos golpeando a lxs detenidxs, si no te lo crees mira en esta web).
Estas sentadas constituyeron el inicio de un movimiento a nivel estatal, articulado alrededor de la exigencia por una vivienda digna y contra la precariedad que nos condena a la incertidumbre y la deuda, a la incapacidad de planificar la vida a medio plazo y por supuesto al acceso a una vivienda, condición mínima para el desarrollo personal.
Un movimiento social que tras dos años de existencia ha llevado a cabo numerosas movilizaciones y acciones, logrando incluir en su agenda política una temática que afecta a la mayoría de la población, pero de la que nadie hasta el momento se había hecho eco. Quizás por esa misma razón, porque se ha metido el dedo en la llaga en una problemática que “no convenía” tocar, la respuesta por parte de delegación del gobierno y ahora de la fiscalía es profundamente represiva. Se ha sacado a relucir la contradicción entre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y los intereses de millones de personas que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.
Es a través de la difusión del miedo y la violencia como pretenden silenciar una protesta a la que tienen especial temor, ya que potencialmente es mucha la gente que se puede reconocer como afectada de un modelo de enriquecimiento que principalmente favorece a unxs pocxs. Como respuesta a la presión ejercida por las movilizaciones en la calle, el Estado trata de sofocar inquietudes impulsando medidas como las “ayudas” de 210 euros (los cuales han sido gracias a las movilizaciones) y la subvención del aval. Estas medidas si bien podrían ser de alguna ayuda, no solucionan para nada el problema raíz de la vivienda.
El Estado de derecho arrastra a prisión a 9 personas por reivindicar una necesidad básica, pretendiendo atemorizar así a la población para que se lo piense dos veces antes de salir a la calle.
Está demostrado que los avances sociales sólo se consiguen a través de la lucha y la autoorganización. Lo han hecho lxs conductorxs de autobuses de Barcelona, lxs jóvenes francesxs tirando abajo el contrato de primer empleo, lxs limpiadorxs del metro de Madrid, etc… Por eso animamos a que la gente vuelva a inundar las calles, que esto no ha terminado, que es sólo el principio, que entre todxs lograremos que el miedo cambie de bando y caiga sobre lxs especuladorxs y represorxs. Tenemos que arropar con solidaridad a lxs compañerxs procesadxs, que sientan que no están solxs, podrías ser tú, tu hijo o tu amiga. Alcemos miles de voces para callar a la única voz. No nos van a amedrentar, seguiremos actuando calle a calle, barrio a barrio, golpe a golpe!
Absolución 9 procesadxs por una vivienda digna!!
Jornada de apoyo Sábado 1 de Octubre, 12h-23h. En La Tabacalera CSA, C/ Embajadores 44. Madrid
Manifestación Sábado 1 de Octubre a las 18:00 horas. Plaza 2 de Mayo - Plaza de Lavapiés. Madrid
Concentraciones de apoyo en el juzgado
Los días 3 y 4 de octubre más que nunca: ¡Solidaridad activa y cercana con lxs compañerxs detenidxs por reclamar una vivienda digna hace más de 5 años!
Las concentraciones han sido legalizadas delante de los juzgados de Julian Camarillo 11 ( Ciudad Lineal o García Noblejas) de 9 a 12 de la mañana.
Fuente: www.detenidosporunavivienda.org/
* Nodo50 - detenidosporunavivienda - 30.09.11
.................................... Leer más...
EFE/Madrid* : Los cooperativistas de La Tenería acampados en Moraleja de Enmedio para exigir la construcción de los pisos que llevan pagando 10 años han invitado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al director general de Urbanismo, José Trigueros, a celebrar con ellos el primer año de su protesta. El objetivo de los acampados es que Aguirre y Trigueros conocieran de primera mano su situación y les informaran de cuáles son los pasos que el Plan de Urbanismo de Moraleja de Enmedio pudiera ir dando, pero saben que ninguno de los dos acudirá porque su problema "no les preocupa demasiado", aseguran, ya que no han contestado a la invitación.
Mañana sábado, 1 de octubre, se cumple un año del campamento protesta que varios jóvenes cooperativistas instalaron en los terrenos que adquirieron en Moraleja de Enmedio. Desde hace años, los mas de 1.200 socios de la cooperativa "La Tenería" han invertido una media de 50.000 euros en unos terrenos rústicos pendientes de calificar, ya que contaban, aseguran, con las "promesas" tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid.
Además de esas "promesas", su cooperativa firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento por el cual pagaban su parte por la pormenorización de uno de sus sectores, en concreto 314.000 euros que no han vuelto a ver.
Afirman que su principal problema es que el Plan de Urbanismo propuesto por el ayuntamiento, que contemplaba la construcción de alrededor de 10.000 viviendas, se encuentra rechazado por la Comunidad de Madrid, que ofrecía como solución la realización de una modificación puntual de las normas subsidiarias que redujera el número de viviendas a un máximo de 3.000.
Los cooperativistas quieren que se lleve a cabo este trámite "a la mayor celeridad posible", ya que consideran que el tiempo corre en su contra y que de no llevarse a cabo tendrían que liquidar la cooperativa y dar por perdidos definitivamente sus ahorros.
Para conmemorar el aniversario del campamento, donde además de tiendas de campaña existen ya chabolas de madera, cartón e incluso ladrillo, han elaborado una "tarta de cumpleaños" de aproximadamente tres metros de diámetro por otros tres de altura que tendrá en su parte mas alta un número 1.
También se encadenaremos a mediodía unos a otros.
En estos días se preparan además para pasar otro invierno en el campamento y uno de los jóvenes está construyendo una caseta de madera para sustituir a la tienda de campaña.
También han rehabilitado la caseta general que hace las veces de sala de juntas y comedor de los acampados, e incluso están colocando suelo de cerámica.
* ABC - EFE - 30.09.11
Foto: Moraleja de Enmedio (Madrid), ayuntamiento - tecno-control
.................................... Leer más...
GARA* : Bajo el lema "Kukutza aurrera!-Denok gara Kukutza!'', miles de personas se han acercado a Bilbo esta tarde para participar en la marcha que ha arrancado a las 19.00 de la tarde desde la delegación del Gobierno de Lakua y que ha concluido frente al ayuntamiento.
La movilización para denunciar el desalojo y derribo del emblemático gaztetxe, así como "la brutalidad y violencia policial que han impedido cualquier expresión solidaria con el proyecto social de Kukutza", se ha desarrollado bajo un ambiente festivo, en el que predominan los cánticos a favor del gaztetxe.
Ayer, en su presentación, miembros de las decenas de colectivos que la impulsan denunciaron públicamente "la manipulación, el atropello indiscriminado a los derechos civiles que se han producido en estos días, la tergiversación y criminalización que han hecho los poderes políticos tanto del proyecto social como de las personas que solidariamente han salido a la calle a demostrar su apoyo" a Kukutza III.
Al igual que ya han hecho otros, exigieron la dimisión del alcalde, Iñaki Azkuna, y del consejero de Interior, Rodolfo Ares, al señalarlos como "responsables directos" del "estado de sitio" que vivió días atrás Errekalde y buena parte de Bilbo.
Dos alemanes siguen encarcelados en Basauri
Dos jóvenes alemanes, de Hamburgo y Bremen, permanecen en la prisión de Basauri desde la tarde del viernes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbo, "inexplicablemente" según fuentes jurídicas, ordenase su encarcelamiento, como presuntos autores de "desórdenes públicos" a raíz del desalojo de Kukutza. Ni las gestiones de su abogado ni las realizadas por el cónsul en Bilbo y la Embajada en Madrid han conseguido su puesta en libertad, lo que es considerado una "arbitrariedad".
* Gara - 29.09.11
Foto: La marcha ha recibido el respaldo de miles de personas. (Jon HERNAEZ/ARGAZKI PRESS)
.................................... Leer más...
LEVANTE/Alicante* : El Tribunal de Cuentas del Estado pidió ayer al exalcalde de Calp por el PP, Javier Morató, y a dos los que fueron concejales de su gobierno, José Perles y Fernando Penella, avales con los que puedan responder con sus bienes y su patrimonio ante el procedimiento abierto que investiga irregularidades en diferentes obras municipales y sobrecostes durante el mandato municipal de 2003 a 2007. La misma medida ha sido solicitada también por el Tribunal de Cuentas (TCU) para el interventor municipal, José Santacreu, el arquitecto del ayuntamiento, Alberto Mengual, y los dos secretarios que en equella época ejercieron en el consistorio, Antonio Iglesias y Antonio Revert. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia interpuesta en 2008 por el PSPV, ha determinado que el daño económico presuntamente ocasionado a las arcas municipales rozaría los 1.100.000 euros, y considera presuntos responsables del mismo a los tres políticos y los cuatro técnicos citados, según los datos aportados por fuentes del TCU que corroboró después el edil socialista Luis Serna.
A las 10 de la mañana de ayer, en Madrid, estaban convocados los políticos y los técnicos en la sede del tribunal, donde tuvo lugar el acto de liquidación provisional por un procedimiento de responsabilidad contable. Finalmente, Morató, Perles y Penella no comparecieron, pero enviaron a sus representantes legales. Sí que acudieron los 4 técnicos, así como el socialista Luis Serna, en calidad de denunciante.
La investigación se originó por la denuncia del PSPV, que hacía alusión a la manera en que se recalificó de rústica a dotacional una parcela para ubicar en ella un recinto ferial municipal, a pesar de que la operación no contaba con el visto bueno de los propietarios. Sin embargo, a raíz de la documentación solicitada por el tribunal al ayuntamiento, el caso se fue ampliando a otras presuntas irregularidades en la gestión contable municipal. Por ejemplo, la inversión de 800.000 euros en la Radiotelevisió de Calp para obras sin expediente de contratación, así como sobrecostes en otras actuaciones municipales y de Aguas de Calpe.
En la sesión de ayer, se informó a los tres políticos y los cuatro técnicos de la calificación provisional de los hechos, previa a la definitiva, en la que se decidiría convocar juicio o no. Los 7 son considerados por el TCU responsables del daño ocasionado, por lo que se les pidió los avales. Según fuentes del tribunal, este es un procedimiento habitual en estos casos y tiene como fin evitar un posterior alzamiento de bienes. Es decir, "el juez instructor cita a los, en principio, imputados para que presenten los avales correspondientes", de modo que, en caso de una posterior condena, se pueda echar mano de esos avales para resarcir al ayuntamiento.
El PSPV, que puso la denuncia, lamenta ahora que el caso salpique a los técnicos
El cariz que ha tomado el caso que investiga el Tribunal de Cuentas asusta incluso al PSPV de Calp, que fue quien denunció los hechos. El portavoz de los socialistas en el ayuntamiento, Luis Serna, que compareció también ayer en el TCU en calidad de denunciante, lamentó tras el acto que "la bola se ha hecho demasiado grande". Y es que los socialistas consideran una mala noticia que la investigación haya acabado salpicando también a técnicos del ayuntamiento, algo que, en sus planes, "no estaba previsto".
En este sentido, Serna señaló que, cuando se puso la denuncia, "buscábamos la responsabilidad política" de los ediles del PP por los hechos que se investigan. En cambio, que el TCU haya citado también a los técnicos como supuestos responsables de las irregularidades "no es lo que buscábamos".
El portavoz municipal de los socialistas calpinos aseguró que en el acto celebrado ayer en Madrid quedó claro que "la conclusión del Tribunal de Cuentas es totalmente provisional", por lo que confió en que todavía pueda ser "rectificada".
* Levante - SERGI GARCÍA - 28.09.11
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es
.................................... Leer más...
LAVERDAD* : La Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta continúa su batalla para impedir la construcción de 1.300 viviendas en la ladera del santuario de la Fuensanta, aprobadas por el Ayuntamiento. Las organizaciones, que hicieron una marcha a pie hasta Murcia durante la Feria, ya ratificaron “llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha contra este disparate”. El Ayuntamiento de Murcia no ha respondido en plazo al recurso de reposición que presentó Huermur, por lo que la plataforma ha decidido no seguir esperando 'sine die'.
En la mañana de hoy, representantes de las organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta han presentado en los juzgados de Murcia una nueva iniciativa contra el plan aprobado que pretende construir 1.300 viviendas a los pies del santuario de la Patrona de Murcia.
Esta nueva iniciativa consiste en un recurso contencioso-administrativo, lo que supone que la justicia tendrá que decidir sobre la legalidad o no de dicho plan parcial. Desde los colectivos, ya han advertido en varias ocasiones sobre posibles irregularidades que podría contener el plan y que harían inviable que siguiera adelante, y por las que el Ayuntamiento no debería haberlo aprobado.
Entre los argumentos de su recurso figura que: el plan nunca contó con aprobación inicial, por lo que no se ha sometido a exposición pública; afecta a zonas de campeo de aves protegidas que viven en el parque regional El Valle-Carrascoy, sin haberse realizado estudio de impacto ambiental; el listado de propietarios que indican los planos del plan no coincide con un informe oficial de la Gerencia de Urbanismo, que con datos del Catastro certifica que el mayor propietario del plan es el Obispado y que el plan arrasa el mirador más emblemático de Murcia, el de la Fuensanta.
El recuso administrativo, que ha sido el paso previo al recurso contencioso en el juzgado, se presentó en la Gerencia de Urbanismo el 1 de julio de 2011. Por lo tanto, el recurso de Huermur ya ha sido contestado por silencio administrativo del Ayuntamiento de Murcia de forma desestimatoria, obligando así a la Plataforma en Defensa del Pasaje de la Fuensanta, donde está integrada Huermur, a continuar por la vía judicial.
Es por todo ello que las entidades integrantes de esta Plataforma van a seguir trabajando desde todos los frentes posibles para que esta actuación no se lleve a cabo, y "si los propios promotores y el Ayuntamiento no quieren reconocer su error, tendrá que ser la justicia la que lo haga", han expresado.
* La Verdad - 28.09.11
Foto: Murcia, santuario Fuensanta - galeon
.................................... Leer más...
SUR/Málaga* : Hace casi un año, a las redacciones de los periódicos y en los cenáculos políticos corrió el rumor de que la Fiscalía y la Policía Judicial iban a registrar el Ayuntamiento de Ronda por corrupción urbanística. Cuando se le preguntó al entonces alcalde, el socialista Antonio Marín Lara, por este asunto se limitó a comentar que no era la primera vez que se decía algo así y luego no sucedía nada. Al final, aunque con cierto retraso, sí ha ocurrido.
El de ayer, junto al pasado 27 de mayo cuando, a tenor de los resultados de las urnas, comprobó la imposibilidad de poder continuar en la Alcaldía, han sido dos de los días más duros en la vida de este político nacido hace 52 años en Málaga, bautizado en la iglesia del Sagrario, padre de tres hijos y casado con Josefa del Valle, que también fue concejal en el Consistorio de la Ciudad del Tajo en la pasada corporación. Con fama de altanero y algo fanfarrón, en Ronda se hacían apuestas sobre el momento en que este abogado especialista en Derecho Penal, Urbanístico y Criminología por la Universidad de Granada tendría que rendir cuentas ante la Justicia por su gestión municipal relacionada con el urbanismo. Uno de los probables focos de la sospecha recae sobre uno de sus proyectos estrella, la recalificación de suelo para la construcción del gran centro comercial Eroski en los antiguos terrenos de la feria y el campo de fútbol.
Marín Lara, o 'Toti', como es conocido popularmente, entró en política en 1989 al afiliarse al Partido Andalucista (PA), formación con la que logró ser concejal en la oposición. A finales del pasado siglo, fue presidente de los festejos taurinos en la plaza de Ronda, ya que es aficionado a los toros y siente predilección por Javier Conde.
En esa época, con la política local rondeña marcada por la irrupción del GIL, Marín Lara ya empieza a ambicionar la Alcaldía. En 2003, tras las municipales, apoya a la socialista Isabel Aguilera como alcaldesa y se sitúa como primer teniente de alcalde, pero apenas un año después firma una moción de censura con los herederos de Gil y el PP para desbancar al PSOE del sillón. Él cogió la vara de mando. Seguidor del Sevilla CF -es muy amigo del presidente del club, José María del Nido-, todavía bajo las siglas del PA ganó las municipales de 2007 aunque necesitó del apoyo del PP para gobernar.
Un 'noviazgo' político que no duró ni un año. En mayo de 2008, el alcalde mandó a la Policía Local con una carta a los cuatro ediles populares de su equipo de gobierno anunciándoles la ruptura del pacto y la destitución de sus cargos. En ese momento aún era secretario general del PA de Málaga, partido por el que se presentó como cabeza de lista por la provincia en las autonómicas de ese año sin resultado positivo.
En junio de 2009, este apasionado de la política y la cultura francesa que dice haber sido marcado por la figura de Valéry Giscard d'Estaing, abandonó el PA en medio del naufragio andalucista e ingresó en las filas del PSOE, con el objetivo de seguir haciendo carrera política y mantener la Alcaldía. Sin embargo, el pasado mayo, como cabeza de cartel de los socialistas, no lo consiguió. Y su sueño de seguir como regidor se esfumó, aunque, según cuentan algunos allegados, actualmente estaba maquinando movimientos políticos para intentar, antes de un año, volver a ocupar la Alcaldía. Tal es su obsesión por ella que no hace mucho mandó una carta a la Real Maestranza de la Caballería de Ronda en la que firmaba como 'alcalde perpetuo' de la ciudad.
* Sur - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga) exalcalde 'Toti' detenido - elconfidencial
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.
Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. "Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias", insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales.
"Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen". En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: "Vengo a servir a Córdoba" y a restar importancia a sus pleitos personales.
Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.
El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que "los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables", como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, "democrático y legal" para hacer "las propuestas que considere oportunas". A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa.
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 29/09/2011
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Málaga* : El juicio del caso Troya sobre la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande ha salido del trámite de cuestiones previas prácticamente igual que entró. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimado las peticiones más relevantes tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del alcalde, Juan Martín Serón, del PP y de las otras 19 personas que le acompañan en el banquillo de los acusados.
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando González Zubieta, ha rechazado la petición del fiscal encargado del caso, Juan Calvo-Rubio, de que un arquitecto y un jurista de la inspección urbanística de la Junta emitan un dictamen sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en el año 2006, año en que se iniciaron las investigaciones. El fiscal alegaba que al recibir con retraso los escritos de defensa de los abogados no pudo saber que estos habían aportado distintos dictámenes de expertos en derecho urbanístico que apuntaban que el planeamiento vigente en la localidad permitía otorgar las licencias sospechosas. El ministerio público acusa a Martín Serón y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de cobrar sobornos a empresarios a cambio de dar los permisos de obra con aumento de edificabilidad.
Esta negativa del tribunal puede acarrear consecuencias jurídicas. El fiscal Calvo-Rubio anunció en la sesión de exposición de las cuestiones previas que si la sala no aceptaba esta petición solicitaría la devolución de la causa al juzgado de instrucción.
Los magistrados también desestimaron la petición de nulidad de las grabaciones realizadas al edil Guerra por parte de un empresario que denunció ante la policía que le habían pedido un soborno. Según la sala, estas grabaciones sirven simplemente para afianzar la credibilidad de la denuncia del empresario y no afecta a los derechos de Guerra.
La Audiencia también rechazó la alegación del abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga, que se quejaba de que en el escrito acusatorio del fiscal no se exponían claramente qué hechos delictivos se imputan al regidor, lo que provocaba "indefensión" a su cliente. Larrañaga pretendía que se diera un nuevo plazo al fiscal para presentar un escrito más detallado. El tribunal considera que el alegato del ministerio público es suficientemente concreto y rechazó su nulidad.
* El País - F. J. P. - Málaga - 29/09/2011
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE (archivo)
.................................... Leer más...
ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía de Madrid imputa al alcalde de Torremocha de Jarama un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Se trata del segundo procedimiento de estas características que se tramita en los juzgados de Torrelaguna contra el mismo alcalde. Ecologistas en Acción que recientemente se ha personado como acusación popular, teme que pueda pactar con la Comunidad de Madrid la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar las actuaciones por las que se le juzga.
En marzo de 2010, el único concejal de la oposición del ayuntamiento de Torremocha de Jarama, denunció numerosas actuaciones que podrían ser constitutivas de diferentes delitos. La Fiscalía de Madrid dividió estas denuncias en dos bloques, uno que engloba los hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública (malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas) y contra la Hacienda Pública (fraude de subvenciones). Y un segundo bloque que podría constituir delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. Es este segundo bloque el que se investiga por la sección de medio ambiente de la Fiscalía y en el que Ecologistas en Acción se ha personado recientemente como acusación popular, tras ser remitido a los juzgados de Torrelaguna.
La Fiscalía ha denuncia la ejecución de la conexión eléctrica a una parcela de la propiedad del alcalde aprovechando la realización de unas obras municipales de soterremiento de líneas eléctricas. Las obras de soterramiento afectaron a una vía pecuaria para lo que hubiera requerido autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Entre los hechos denunciados inicialmente también se encuentra la apertura, en 2009, de dos graveras para extracción de áridos en parajes clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, uno junto al arroyo San Román, protegido por su interés paisajístico y otro por su interés agrícola, junto al arroyo del Mortero.
Es el segundo caso de presunto delito contra la ordenación del territorio por el que se juzga al alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera Rivera, de la Agrupación de Independientes de Torremocha, El Retiro y Tomillares-Sierra Norte (ITRTSN). En el primer procedimiento que está a la espera del juicio oral, se le imputa por asfaltar y realizar diversas construcciones en la vía pecuaria denominada Cañada de las Calerizas a su paso por la urbanización Los Tomillares. En ese caso la Fiscalía solicita tres años de prisión y el agravante de prevalerse de cargo público.
Ante estos hechos el ayuntamiento de Toremocha de Jarama, el pasado mes de agosto, aprobó provisionalmente un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar estas actuaciones y dejar sin efecto los hechos por los que se le juzga. A pesar de que el documento contiene numerosas irregularidades ha sido informado favorablemente tanto por la Dirección General de Medio Ambiente como por la Dirección General de Evaluación Ambiental, estando pendiente únicamente el informe final de la Dirección General de Urbanismo, todas ellas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
* Ecologistas en Acción Madrid - 28.09.11
Foto: Torremocha de Jarama (Madrid), ayuntamiento - turismo
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El juez ha imputado José Luis Castedo, abogado urbanista hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta para amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también acusa al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del familiar de la regidora en el bufete Salvetti Abogados. La policía sostiene que en este despacho se diseñó el planteamiento a favor del promotor Enrique Ortiz.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez serán interrogados por el juez el próximo 26 de octubre. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a ambos los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.
La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce apenas una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados el pasado mes de abril. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones que les generaron supuestamente una ganancia de un millón de euros.
Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. También había un documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna, ahora vicepresidente segundo de las Cortes.
En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi. La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforados.
* El País - 27.09.11
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias
.................................... Leer más...
