PÚBLICO* : En apenas dos décadas morirán un millón de personas al año como consecuencia del cambio climático. Pero, según un infome presentado el jueves en Madrid, ya lo están haciendo alrededor de 350.000 personas cada año. Aunque los efectos los sufrirán más los países pobres, España y EEUU son las naciones más vulnerables entre las desarrolladas.
Así lo afirma el "Monitor de la vulnerabilidad climática 2010", cuya edición en español se ha presentado ahora. Elaborado por la organización internacional humanitaria Dara y el "Climate Vulnerable Forum", que reúne a 27 países de África, Asia, América y El Pacífico, el informe advierte además de que los costes económicos alcanzarán en los próximos años cerca de un tercio de un billón de dólares al año, superior a los apenas 100.000 millones de actuales, informa Efe.
Según este informe, en 2030 más de 130 países tendrán un factor de vulnerabilidad alto, frente a los aproximadamente 90 en la actualidad. Entre estos países destacan EEUU y España como las únicas economías avanzadas con un factor de vulnerabilidad global alto, hoy en día. En España, el mayor riesgo es el de la desertificación de su cuenca mediterránea.
Pero donde sus efectos serán más devastadores será en los países menos desarrollados. En América Latina, por ejemplo, los efectos negativos del cambio climático tienen un alto impacto. En Centroamérica, el Caribe y América del Sur, los principales factores de vulnerabilidad, que son cada vez más graves, se deben a los desastres climáticos, como las tormentas tropicales en el Caribe, y las lluvias torrenciales y las inundaciones que se producen en toda la región.
El estudio, cuya primera versión en inglés se publicó en 2010, agrupa a las naciones de acuerdo con su nivel "bajo", "moderado", "alto", "severo", o "agudo" de vulnerabilidad, el cual es determinado en base a los impactos estimados que podrían experimentar esos países en salud, clima, desastres, pérdida de hábitat humano y "estrés" económico.
En este tema no hay vencedores ni vencidos, y si no se logra un abordaje conjunto, perderemos todos y habrá "perdedores y hundidos", ha advertido la secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, durante el acto de presentación.
El ex secretario ejecutivo de la Convención Marco de la ONU sobre Cambio Climático, Michael Zammit Cutajar, encargado de presentar el informe, ha expresado su convicción personal de que el cambio climático es el desafío mayor de esta historia y de que "debemos prepararnos para lo peor mientras tratamos de hacer lo mejor".
El expresidente de Costa Rica y patrono de Dara, José Figueres, y el Secretario General Iberomérica, Enrique Iglesias, han participado también en esta presentación, en la que ha colaborado Efeverde, y en el que la próxima cumbre del clima en Durban (Sudáfrica) ha estado muy presente. Todos han afirmado sus esperanzas de que Durban suponga una avance real.
* Público - 29.09.11
Foto: Tabernas (Almería), desierto - porlibre
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LAVOZDIGITAL/Cádiz* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado al Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda a pagar 900.000 euros a la empresa que inició las obras de construcción de oficinas en la antigua residencia de ancianos, "un dinero que el PP no abonó en su día", que la empresa reclamó y que el TSJA obliga ahora a pagar, según asegura el Consistorio sanluqueño, que considera que el paso del PP por la alcaldía y sus "derroches económicos" siguen costando "muy caro" a los sanluqueños.
El TSJA obliga ahora a pagar 700.000 euros por las obras y 200.000 más por los intereses, según ha explicado en un comunicado la delegada de Servicios Sociales, Ana Morillo, que apunta que el actual equipo de gobierno (PSOE) está trabajando en una situación "de terrible crisis por ahorrar hasta el último euro" y ahora se encuentra "con esta triste herencia".
Morillo ha hecho este anuncio sorprendiéndose de que el PP, además, haya reclamado que se construyan "cuanto antes" los 20 alojamientos protegidos en la antigua residencia de ancianos que el actual equipo de gobierno ha prometido, algo que le resulta "paradójico" porque el PP decidió destinar el antiguo edificio de la residencia de ancianos a oficinas de la Gerencia Municipal de Urbanismo, aunque ha subrayado que este proyecto "sigue adelante".
El equipo de gobierno asegura que seguirá con su idea de convertir la antigua residencia en alojamientos protegidos de alquiler, para lo que espera recibir el dinero del Gobierno, según el acuerdo firmado en su día y que establece que la contribución de ambas administraciones se producirá en 2011 y 2012.
* La Voz Digital - EP. - 28.09.11
Foto: Sanlúcar (Cádiz), desembocadura_Guadalquivir - elpais
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ELOBSERVADOR* : Seattle (EEUU), una ciudad ecologista que hasta vota a sus alcaldes en función de sus propuestas medioambientales.
Es difícil imaginar que haya escasez de agua en Seattle, Washington. En esta ciudad del noroeste de Estados Unidos, famosa por sus frecuentes lluvias, hay vistas del estrecho de Puget, así como de los lagos de agua dulce desde casi todas las colinas. Dos cordilleras con nieves perpetuas, las montañas Olímpicas y las Cascadas, flanquean la ciudad al este y al oeste.
Sin embargo, la amenaza de la escasez de agua desencadenada por el derretimiento de los glaciares y las temperaturas más cálidas inspiró a esta ciudad de 609.000 habitantes a embarcarse en uno de los planes de protección del clima más ambiciosos del país. La ciudad lanzó proyectos para reducir el desperdicio de energía al aislar y acondicionar edificios, al reducir la conducción de vehículos mediante la construcción de nuevas redes de transporte público y al posicionarse a sí misma como hervidero de empleo e innovación en energía limpia. Los resultados han sido evidentes durante varios años: en 2008, cuatro años antes del plazo, Seattle alcanzó la meta del protocolo de Kioto de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero a un 7% por debajo de los niveles de 1990 que se había establecido para EEUU. Su liderazgo inspiró a otras 1.000 localidades del país a aceptar el mismo objetivo.
El ex alcalde de Seattle, Greg Nickels, que estuvo en el cargo de 2002 a 2009, dijo que todo comenzó a raíz de las graves advertencias sobre los suministros de agua. “Cuando asumí el cargo, el clima no estaba en mi lista de asuntos que resolver”, contó Nickels. “Estaba convencido de dos cosas. Una, que el cambio climático era un asunto del futuro y que ocurriría primero en otros lugares. Y, dos, que el gobierno federal estaba trabajando en el tema. Estaba equivocado”, continuó.
La importante densidad
La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero que se producían en Seattle provenían del transporte, por lo que sustituir los viajes en auto por viajes en transporte público era la clave para reducir su huella de carbono. Y, para apoyar redes de ómnibus y trenes ligeros, tenía que haber vecindarios más densos y compactos, en los que se pudiera caminar.
Sin embargo, aunque en el lugar había muchos amantes de la naturaleza que se mudaban a ella por las montañas y vías fluviales, muchos no veían la relación entre la protección del medioambiente y la mayor densidad en las zonas residenciales. Seattle es una de las grandes ciudades de EEUU en la que hay más hogares familiares individuales que edificios.
Por ejemplo, un plan que permitía la construcción de edificios más altos cerca de la nueva estación de tren ligero en el vecindario de Mount Baker encontró oposición de los locales a los que les preocupa que la mayor densidad provocara mayor congestión de tráfico y delincuencia. “La gente necesita jardines y espacios abiertos para tener buena salud mental”, dijo Pat Murakami, residente del barrio, al diario Seattle Times. “¿Es que tenemos que vivir como sardinas enlatadas?”, agregó.
Para argumentar a favor de la necesidad de una mayor densidad urbana, viajó a la ciudad un grupo de defensores de la sostenibilidad. Uno de ellos es el escritor Alex Steffen, quien fomenta el “urbanismo verde e inteligente”, es decir, la idea de que vincular los valores ecológicos a la tecnología.
El elemento central de la visión urbana y ecológica de Seattle ha sido la restauración del vecindario de South Lake Union, cerca del centro. Hace una década el lugar era un espacio para estacionamiento de autos y almacenes infrautilizados. A través de alianzas entre la ciudad y privados, se ha convertido en un bullicioso corredor de alta tecnología en el que están anclados nueve edificios que constituyen la sede de la empresa Amazon.
Según Mike Mann, ex director de la Oficina de Sostenibilidad y Medioambiente de la ciudad y actual consultor ambiental y de sostenibilidad, la transformación funcionó porque incluyó cosas que gustaban a los residentes y a los empleados de las oficinas: una línea de tranvía, tiendas, restaurantes y un parque frente a la ribera en el lugar donde antes había un astillero de la Armada.
“Cuando se aumenta la densidad, tiene que ser útil para la gente. Tiene que haber lugares de ocio y espacios públicos, y no ser solo torres de apartamentos al estilo soviético que la gente no desea”, dijo Mann.
Autos versus trenes
En otras zonas, lo más difícil ha sido reducir las emisiones producidas por el transporte. La ciudad y el estado están listos para comenzar la construcción de un túnel que pasará por debajo de la zona marítima del centro y que costará miles de millones de dólares. El plan no tiene espacio para incluir líneas de tren y los defensores de la sostenibilidad dicen que invertir tanto en un proyecto solo para autos tiene poca visión de futuro.
Después de negociaciones dirigidas a reducir el tamaño del túnel, Nickels decidió apoyar su construcción. Muchos creen que esa decisión le costó el voto de los ecologistas en las elecciones de 2009, lo que derivó en la inesperada victoria del ambientalista Mike McGinn.
Sin embargo, la campaña que Nickels comenzó, continuó durante el mandato del nuevo alcalde. La ciudad está construyendo un plan de tren ligero a 15 años que Nickels promovió. Las tasas de reciclaje y producción de abono son de las más altas en el país. Los cruceros que se dirigen a Alaska ahora se enchufan a la red eléctrica cuando están en puerto, en vez de mantener los motores encendidos en la marina.
Edificios con goteras
Quizá lo más prometedor es que la ciudad ha iniciado un innovador programa para reducir el desperdicio de energía en los edificios con goteras. En EEUU casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el país provienen de los edificios. El programa Community Power Works de Seattle, que ha recibido US$ 20 millones en fondos del paquete de estímulo económico federal, pretende arreglar algunos de los obstáculos que hacen que los dueños de edificios sean reticentes a repararlos.
Primero, ofrece evaluaciones de energía a bajo costo (US$ 95) para ayudar a los dueños de casas y empresas a saber en qué zonas desperdician sus edificios calefacción y electricidad. Segundo, colabora con la institución de inversión en la comunidad Enterprise Cascadia para ofrecer préstamos a 20 años para inversiones en eficiencia energética. Esto resuelve el dilema económico de muchos dueños de casas, ya que inversiones tales como buenos aislamientos y sellado de tuberías pagan por sí solas con el tiempo, pero cuestan bastante cuando se instalan.
Finalmente, la organización Community Power Works ha lanzado un proyecto piloto para 2.000 hogares que es un “fondo de incentivos para la reducción del carbono”. En esencia es un mercado de carbono que paga subsidios a los propietarios de los edificios en función de las emisiones de dióxido de carbono que logren reducir.
Para Mann, “En las ciudades se localizan muchas emisiones, porque son centros de industria y población, pero también son laboratorios para encontrar soluciones. Generan ideas a las que el gobierno federal va a acudir en algún momento”.
* El Observador - Jonathan Hiskes - 18.09.11
Foto: Seattle - elobservador
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DETENIDOS POR UNA VIVIENDA* :
El 3 y 4 de Octubre será el juicio contra los detenidxs en las movilizaciones por una vivienda digna de 2006, 21 personas fueron detenidas, la fiscalía pide un total de 50 años de cárcel para 9 encausados.
El 21 de Mayo del 2006 se celebró en Madrid la segunda sentada por una vivienda convocada de forma anónima a través de sms y mails. Esta y posteriores movilizaciones tuvieron como resultado la detención de 21 personas, para 9 de lxs cuales, la fiscalía pide 50 años de cárcel en total, tras dos años de angustia y espera teniendo que presentarse en el juzgado regularmente para constatar su presencia en territorio español. Esta imputación está basada totalmente en acusaciones falsas y manipuladas, dado que el único “delito” cometido por lxs manifestantes fue el de ocupar la calle, cosa que es moneda corriente en los cortes de calzada de la A.V.T, o del Forum filatélico, sin que la policía haga nada para impedirlo. De lo que sí existen pruebas fehacientes y fotográficas que lo reflejan, es de la fuerza y hostilidad empleada por la policía, propinando en ocasiones fuertes palizas a personas indefensas sin albergar motivo aparente y fuera de cualquier contexto de enfrentamiento (las lesiones a lxs policías se las causaron ellxs mismos al herirse los nudillos golpeando a lxs detenidxs, si no te lo crees mira en esta web).
Estas sentadas constituyeron el inicio de un movimiento a nivel estatal, articulado alrededor de la exigencia por una vivienda digna y contra la precariedad que nos condena a la incertidumbre y la deuda, a la incapacidad de planificar la vida a medio plazo y por supuesto al acceso a una vivienda, condición mínima para el desarrollo personal.
Un movimiento social que tras dos años de existencia ha llevado a cabo numerosas movilizaciones y acciones, logrando incluir en su agenda política una temática que afecta a la mayoría de la población, pero de la que nadie hasta el momento se había hecho eco. Quizás por esa misma razón, porque se ha metido el dedo en la llaga en una problemática que “no convenía” tocar, la respuesta por parte de delegación del gobierno y ahora de la fiscalía es profundamente represiva. Se ha sacado a relucir la contradicción entre un modelo de crecimiento basado en el ladrillo y los intereses de millones de personas que tienen que hacer malabares para llegar a fin de mes.
Es a través de la difusión del miedo y la violencia como pretenden silenciar una protesta a la que tienen especial temor, ya que potencialmente es mucha la gente que se puede reconocer como afectada de un modelo de enriquecimiento que principalmente favorece a unxs pocxs. Como respuesta a la presión ejercida por las movilizaciones en la calle, el Estado trata de sofocar inquietudes impulsando medidas como las “ayudas” de 210 euros (los cuales han sido gracias a las movilizaciones) y la subvención del aval. Estas medidas si bien podrían ser de alguna ayuda, no solucionan para nada el problema raíz de la vivienda.
El Estado de derecho arrastra a prisión a 9 personas por reivindicar una necesidad básica, pretendiendo atemorizar así a la población para que se lo piense dos veces antes de salir a la calle.
Está demostrado que los avances sociales sólo se consiguen a través de la lucha y la autoorganización. Lo han hecho lxs conductorxs de autobuses de Barcelona, lxs jóvenes francesxs tirando abajo el contrato de primer empleo, lxs limpiadorxs del metro de Madrid, etc… Por eso animamos a que la gente vuelva a inundar las calles, que esto no ha terminado, que es sólo el principio, que entre todxs lograremos que el miedo cambie de bando y caiga sobre lxs especuladorxs y represorxs. Tenemos que arropar con solidaridad a lxs compañerxs procesadxs, que sientan que no están solxs, podrías ser tú, tu hijo o tu amiga. Alcemos miles de voces para callar a la única voz. No nos van a amedrentar, seguiremos actuando calle a calle, barrio a barrio, golpe a golpe!
Absolución 9 procesadxs por una vivienda digna!!
Jornada de apoyo Sábado 1 de Octubre, 12h-23h. En La Tabacalera CSA, C/ Embajadores 44. Madrid
Manifestación Sábado 1 de Octubre a las 18:00 horas. Plaza 2 de Mayo - Plaza de Lavapiés. Madrid
Concentraciones de apoyo en el juzgado
Los días 3 y 4 de octubre más que nunca: ¡Solidaridad activa y cercana con lxs compañerxs detenidxs por reclamar una vivienda digna hace más de 5 años!
Las concentraciones han sido legalizadas delante de los juzgados de Julian Camarillo 11 ( Ciudad Lineal o García Noblejas) de 9 a 12 de la mañana.
Fuente: www.detenidosporunavivienda.org/
* Nodo50 - detenidosporunavivienda - 30.09.11
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EFE/Madrid* : Los cooperativistas de La Tenería acampados en Moraleja de Enmedio para exigir la construcción de los pisos que llevan pagando 10 años han invitado a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, y al director general de Urbanismo, José Trigueros, a celebrar con ellos el primer año de su protesta. El objetivo de los acampados es que Aguirre y Trigueros conocieran de primera mano su situación y les informaran de cuáles son los pasos que el Plan de Urbanismo de Moraleja de Enmedio pudiera ir dando, pero saben que ninguno de los dos acudirá porque su problema "no les preocupa demasiado", aseguran, ya que no han contestado a la invitación.
Mañana sábado, 1 de octubre, se cumple un año del campamento protesta que varios jóvenes cooperativistas instalaron en los terrenos que adquirieron en Moraleja de Enmedio. Desde hace años, los mas de 1.200 socios de la cooperativa "La Tenería" han invertido una media de 50.000 euros en unos terrenos rústicos pendientes de calificar, ya que contaban, aseguran, con las "promesas" tanto del Ayuntamiento como de la Comunidad de Madrid.
Además de esas "promesas", su cooperativa firmó un convenio urbanístico con el Ayuntamiento por el cual pagaban su parte por la pormenorización de uno de sus sectores, en concreto 314.000 euros que no han vuelto a ver.
Afirman que su principal problema es que el Plan de Urbanismo propuesto por el ayuntamiento, que contemplaba la construcción de alrededor de 10.000 viviendas, se encuentra rechazado por la Comunidad de Madrid, que ofrecía como solución la realización de una modificación puntual de las normas subsidiarias que redujera el número de viviendas a un máximo de 3.000.
Los cooperativistas quieren que se lleve a cabo este trámite "a la mayor celeridad posible", ya que consideran que el tiempo corre en su contra y que de no llevarse a cabo tendrían que liquidar la cooperativa y dar por perdidos definitivamente sus ahorros.
Para conmemorar el aniversario del campamento, donde además de tiendas de campaña existen ya chabolas de madera, cartón e incluso ladrillo, han elaborado una "tarta de cumpleaños" de aproximadamente tres metros de diámetro por otros tres de altura que tendrá en su parte mas alta un número 1.
También se encadenaremos a mediodía unos a otros.
En estos días se preparan además para pasar otro invierno en el campamento y uno de los jóvenes está construyendo una caseta de madera para sustituir a la tienda de campaña.
También han rehabilitado la caseta general que hace las veces de sala de juntas y comedor de los acampados, e incluso están colocando suelo de cerámica.
* ABC - EFE - 30.09.11
Foto: Moraleja de Enmedio (Madrid), ayuntamiento - tecno-control
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GARA* : Bajo el lema "Kukutza aurrera!-Denok gara Kukutza!'', miles de personas se han acercado a Bilbo esta tarde para participar en la marcha que ha arrancado a las 19.00 de la tarde desde la delegación del Gobierno de Lakua y que ha concluido frente al ayuntamiento.
La movilización para denunciar el desalojo y derribo del emblemático gaztetxe, así como "la brutalidad y violencia policial que han impedido cualquier expresión solidaria con el proyecto social de Kukutza", se ha desarrollado bajo un ambiente festivo, en el que predominan los cánticos a favor del gaztetxe.
Ayer, en su presentación, miembros de las decenas de colectivos que la impulsan denunciaron públicamente "la manipulación, el atropello indiscriminado a los derechos civiles que se han producido en estos días, la tergiversación y criminalización que han hecho los poderes políticos tanto del proyecto social como de las personas que solidariamente han salido a la calle a demostrar su apoyo" a Kukutza III.
Al igual que ya han hecho otros, exigieron la dimisión del alcalde, Iñaki Azkuna, y del consejero de Interior, Rodolfo Ares, al señalarlos como "responsables directos" del "estado de sitio" que vivió días atrás Errekalde y buena parte de Bilbo.
Dos alemanes siguen encarcelados en Basauri
Dos jóvenes alemanes, de Hamburgo y Bremen, permanecen en la prisión de Basauri desde la tarde del viernes después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Bilbo, "inexplicablemente" según fuentes jurídicas, ordenase su encarcelamiento, como presuntos autores de "desórdenes públicos" a raíz del desalojo de Kukutza. Ni las gestiones de su abogado ni las realizadas por el cónsul en Bilbo y la Embajada en Madrid han conseguido su puesta en libertad, lo que es considerado una "arbitrariedad".
* Gara - 29.09.11
Foto: La marcha ha recibido el respaldo de miles de personas. (Jon HERNAEZ/ARGAZKI PRESS)
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LEVANTE/Alicante* : El Tribunal de Cuentas del Estado pidió ayer al exalcalde de Calp por el PP, Javier Morató, y a dos los que fueron concejales de su gobierno, José Perles y Fernando Penella, avales con los que puedan responder con sus bienes y su patrimonio ante el procedimiento abierto que investiga irregularidades en diferentes obras municipales y sobrecostes durante el mandato municipal de 2003 a 2007. La misma medida ha sido solicitada también por el Tribunal de Cuentas (TCU) para el interventor municipal, José Santacreu, el arquitecto del ayuntamiento, Alberto Mengual, y los dos secretarios que en equella época ejercieron en el consistorio, Antonio Iglesias y Antonio Revert. La investigación, iniciada a raíz de una denuncia interpuesta en 2008 por el PSPV, ha determinado que el daño económico presuntamente ocasionado a las arcas municipales rozaría los 1.100.000 euros, y considera presuntos responsables del mismo a los tres políticos y los cuatro técnicos citados, según los datos aportados por fuentes del TCU que corroboró después el edil socialista Luis Serna.
A las 10 de la mañana de ayer, en Madrid, estaban convocados los políticos y los técnicos en la sede del tribunal, donde tuvo lugar el acto de liquidación provisional por un procedimiento de responsabilidad contable. Finalmente, Morató, Perles y Penella no comparecieron, pero enviaron a sus representantes legales. Sí que acudieron los 4 técnicos, así como el socialista Luis Serna, en calidad de denunciante.
La investigación se originó por la denuncia del PSPV, que hacía alusión a la manera en que se recalificó de rústica a dotacional una parcela para ubicar en ella un recinto ferial municipal, a pesar de que la operación no contaba con el visto bueno de los propietarios. Sin embargo, a raíz de la documentación solicitada por el tribunal al ayuntamiento, el caso se fue ampliando a otras presuntas irregularidades en la gestión contable municipal. Por ejemplo, la inversión de 800.000 euros en la Radiotelevisió de Calp para obras sin expediente de contratación, así como sobrecostes en otras actuaciones municipales y de Aguas de Calpe.
En la sesión de ayer, se informó a los tres políticos y los cuatro técnicos de la calificación provisional de los hechos, previa a la definitiva, en la que se decidiría convocar juicio o no. Los 7 son considerados por el TCU responsables del daño ocasionado, por lo que se les pidió los avales. Según fuentes del tribunal, este es un procedimiento habitual en estos casos y tiene como fin evitar un posterior alzamiento de bienes. Es decir, "el juez instructor cita a los, en principio, imputados para que presenten los avales correspondientes", de modo que, en caso de una posterior condena, se pueda echar mano de esos avales para resarcir al ayuntamiento.
El PSPV, que puso la denuncia, lamenta ahora que el caso salpique a los técnicos
El cariz que ha tomado el caso que investiga el Tribunal de Cuentas asusta incluso al PSPV de Calp, que fue quien denunció los hechos. El portavoz de los socialistas en el ayuntamiento, Luis Serna, que compareció también ayer en el TCU en calidad de denunciante, lamentó tras el acto que "la bola se ha hecho demasiado grande". Y es que los socialistas consideran una mala noticia que la investigación haya acabado salpicando también a técnicos del ayuntamiento, algo que, en sus planes, "no estaba previsto".
En este sentido, Serna señaló que, cuando se puso la denuncia, "buscábamos la responsabilidad política" de los ediles del PP por los hechos que se investigan. En cambio, que el TCU haya citado también a los técnicos como supuestos responsables de las irregularidades "no es lo que buscábamos".
El portavoz municipal de los socialistas calpinos aseguró que en el acto celebrado ayer en Madrid quedó claro que "la conclusión del Tribunal de Cuentas es totalmente provisional", por lo que confió en que todavía pueda ser "rectificada".
* Levante - SERGI GARCÍA - 28.09.11
Foto: Calpe (Alicante), ayuntamiento - ccoo.es
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LAVERDAD* : La Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta continúa su batalla para impedir la construcción de 1.300 viviendas en la ladera del santuario de la Fuensanta, aprobadas por el Ayuntamiento. Las organizaciones, que hicieron una marcha a pie hasta Murcia durante la Feria, ya ratificaron “llegar hasta las últimas consecuencias en la lucha contra este disparate”. El Ayuntamiento de Murcia no ha respondido en plazo al recurso de reposición que presentó Huermur, por lo que la plataforma ha decidido no seguir esperando 'sine die'.
En la mañana de hoy, representantes de las organizaciones integrantes de la Plataforma en Defensa del Paisaje de la Fuensanta han presentado en los juzgados de Murcia una nueva iniciativa contra el plan aprobado que pretende construir 1.300 viviendas a los pies del santuario de la Patrona de Murcia.
Esta nueva iniciativa consiste en un recurso contencioso-administrativo, lo que supone que la justicia tendrá que decidir sobre la legalidad o no de dicho plan parcial. Desde los colectivos, ya han advertido en varias ocasiones sobre posibles irregularidades que podría contener el plan y que harían inviable que siguiera adelante, y por las que el Ayuntamiento no debería haberlo aprobado.
Entre los argumentos de su recurso figura que: el plan nunca contó con aprobación inicial, por lo que no se ha sometido a exposición pública; afecta a zonas de campeo de aves protegidas que viven en el parque regional El Valle-Carrascoy, sin haberse realizado estudio de impacto ambiental; el listado de propietarios que indican los planos del plan no coincide con un informe oficial de la Gerencia de Urbanismo, que con datos del Catastro certifica que el mayor propietario del plan es el Obispado y que el plan arrasa el mirador más emblemático de Murcia, el de la Fuensanta.
El recuso administrativo, que ha sido el paso previo al recurso contencioso en el juzgado, se presentó en la Gerencia de Urbanismo el 1 de julio de 2011. Por lo tanto, el recurso de Huermur ya ha sido contestado por silencio administrativo del Ayuntamiento de Murcia de forma desestimatoria, obligando así a la Plataforma en Defensa del Pasaje de la Fuensanta, donde está integrada Huermur, a continuar por la vía judicial.
Es por todo ello que las entidades integrantes de esta Plataforma van a seguir trabajando desde todos los frentes posibles para que esta actuación no se lleve a cabo, y "si los propios promotores y el Ayuntamiento no quieren reconocer su error, tendrá que ser la justicia la que lo haga", han expresado.
* La Verdad - 28.09.11
Foto: Murcia, santuario Fuensanta - galeon
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SUR/Málaga* : Hace casi un año, a las redacciones de los periódicos y en los cenáculos políticos corrió el rumor de que la Fiscalía y la Policía Judicial iban a registrar el Ayuntamiento de Ronda por corrupción urbanística. Cuando se le preguntó al entonces alcalde, el socialista Antonio Marín Lara, por este asunto se limitó a comentar que no era la primera vez que se decía algo así y luego no sucedía nada. Al final, aunque con cierto retraso, sí ha ocurrido.
El de ayer, junto al pasado 27 de mayo cuando, a tenor de los resultados de las urnas, comprobó la imposibilidad de poder continuar en la Alcaldía, han sido dos de los días más duros en la vida de este político nacido hace 52 años en Málaga, bautizado en la iglesia del Sagrario, padre de tres hijos y casado con Josefa del Valle, que también fue concejal en el Consistorio de la Ciudad del Tajo en la pasada corporación. Con fama de altanero y algo fanfarrón, en Ronda se hacían apuestas sobre el momento en que este abogado especialista en Derecho Penal, Urbanístico y Criminología por la Universidad de Granada tendría que rendir cuentas ante la Justicia por su gestión municipal relacionada con el urbanismo. Uno de los probables focos de la sospecha recae sobre uno de sus proyectos estrella, la recalificación de suelo para la construcción del gran centro comercial Eroski en los antiguos terrenos de la feria y el campo de fútbol.
Marín Lara, o 'Toti', como es conocido popularmente, entró en política en 1989 al afiliarse al Partido Andalucista (PA), formación con la que logró ser concejal en la oposición. A finales del pasado siglo, fue presidente de los festejos taurinos en la plaza de Ronda, ya que es aficionado a los toros y siente predilección por Javier Conde.
En esa época, con la política local rondeña marcada por la irrupción del GIL, Marín Lara ya empieza a ambicionar la Alcaldía. En 2003, tras las municipales, apoya a la socialista Isabel Aguilera como alcaldesa y se sitúa como primer teniente de alcalde, pero apenas un año después firma una moción de censura con los herederos de Gil y el PP para desbancar al PSOE del sillón. Él cogió la vara de mando. Seguidor del Sevilla CF -es muy amigo del presidente del club, José María del Nido-, todavía bajo las siglas del PA ganó las municipales de 2007 aunque necesitó del apoyo del PP para gobernar.
Un 'noviazgo' político que no duró ni un año. En mayo de 2008, el alcalde mandó a la Policía Local con una carta a los cuatro ediles populares de su equipo de gobierno anunciándoles la ruptura del pacto y la destitución de sus cargos. En ese momento aún era secretario general del PA de Málaga, partido por el que se presentó como cabeza de lista por la provincia en las autonómicas de ese año sin resultado positivo.
En junio de 2009, este apasionado de la política y la cultura francesa que dice haber sido marcado por la figura de Valéry Giscard d'Estaing, abandonó el PA en medio del naufragio andalucista e ingresó en las filas del PSOE, con el objetivo de seguir haciendo carrera política y mantener la Alcaldía. Sin embargo, el pasado mayo, como cabeza de cartel de los socialistas, no lo consiguió. Y su sueño de seguir como regidor se esfumó, aunque, según cuentan algunos allegados, actualmente estaba maquinando movimientos políticos para intentar, antes de un año, volver a ocupar la Alcaldía. Tal es su obsesión por ella que no hace mucho mandó una carta a la Real Maestranza de la Caballería de Ronda en la que firmaba como 'alcalde perpetuo' de la ciudad.
* Sur - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga) exalcalde 'Toti' detenido - elconfidencial
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ELPAÍS* : La imagen que nadie podía imaginar hace solo diez meses se hizo ayer realidad. El empresario y concejal de Unión Cordobesa, Rafael Gómez, imputado en el caso Malaya y deudor de unos 30 millones al Ayuntamiento de Córdoba, se sentó en el Consejo Rector y la Comisión de Licencias del órgano local de desarrollo urbanístico de la ciudad. Entre los asuntos prioritarios que piensa plantear, se encuentra la total legalización de las cerca de 10.000 viviendas irregulares que hay en la capital. Incluidas aquellas que están en terrenos inundables y que se vieron arrasadas por las últimas crecidas del Guadalquivir.
Así lo anunció su partido hace dos días. Y así lo recordó ayer el propio Gómez. "Considero que todos los partidos hemos dicho que debíamos arreglar el tema de las parcelaciones con la ley en la mano. Y cumplir con esa inquietud que tienen tantas familias", insistió antes de entrar en la primera de las reuniones en la Gerencia Municipal de Urbanismo. Sandokán anunció también que se opondrá a la imposición de multas a los parcelistas ilegales.
"Hay mucha gente que está en jubilación o que tiene 400 o 500 euros de paga y que le meten una multa en un momento dado de ciento y pico mil euros. Eso no tiene ni pies ni cabeza porque han hecho las viviendas y ahora se les multa. Mire usted, no hubiese usted dejado que se hiciesen". En todo caso, una vez que empezó la reunión, Gómez no abrió la boca para plantear el tema de las parcelas. En su turno de palabra, Gómez se limitó a decir: "Vengo a servir a Córdoba" y a restar importancia a sus pleitos personales.
Y es que, a una escala económica mucho mayor que la de los parcelistas ilegales, Sandokán comparte un problema muy similar con ellos. Él mismo construyó donde no podía. En concreto, cuatro hectáreas de naves ilegales en la sede de su empresa Arenal 2000. Una de las primeras cosas que hizo Sandokán tras recoger su acta de concejal, fue pedir el expediente completo de la multa de 24,6 millones, que lleva años enfrentándole en los tribunales con el Consistorio.
El portavoz del equipo de gobierno del PP en el Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico, dijo ayer que "los cordobeses que le votaron lo hicieron en base a unas propuestas altamente irrealizables", como es la completa legalización de las parcelas. Torrico insistió en que Unión Cordobesa tiene derecho, "democrático y legal" para hacer "las propuestas que considere oportunas". A pesar de que Sandokán afirma que entre los planes del PP también está la legalización, Torrico señaló que sus propuestas en la GMU nada tienen que ver con las de Unión Cordobesa.
* El País - MANUEL J. ALBERT - Córdoba - 29/09/2011
Foto: Córdoba, inundaciones Guadalquivir (archivo) - elpais.com
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ELPAÍS/Málaga* : El juicio del caso Troya sobre la corrupción urbanística en Alhaurín el Grande ha salido del trámite de cuestiones previas prácticamente igual que entró. La Sección Octava de la Audiencia de Málaga ha desestimado las peticiones más relevantes tanto de la Fiscalía como de los abogados defensores del alcalde, Juan Martín Serón, del PP y de las otras 19 personas que le acompañan en el banquillo de los acusados.
El tribunal, presidido por el magistrado Fernando González Zubieta, ha rechazado la petición del fiscal encargado del caso, Juan Calvo-Rubio, de que un arquitecto y un jurista de la inspección urbanística de la Junta emitan un dictamen sobre el plan urbanístico vigente en Alhaurín en el año 2006, año en que se iniciaron las investigaciones. El fiscal alegaba que al recibir con retraso los escritos de defensa de los abogados no pudo saber que estos habían aportado distintos dictámenes de expertos en derecho urbanístico que apuntaban que el planeamiento vigente en la localidad permitía otorgar las licencias sospechosas. El ministerio público acusa a Martín Serón y a su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, de cobrar sobornos a empresarios a cambio de dar los permisos de obra con aumento de edificabilidad.
Esta negativa del tribunal puede acarrear consecuencias jurídicas. El fiscal Calvo-Rubio anunció en la sesión de exposición de las cuestiones previas que si la sala no aceptaba esta petición solicitaría la devolución de la causa al juzgado de instrucción.
Los magistrados también desestimaron la petición de nulidad de las grabaciones realizadas al edil Guerra por parte de un empresario que denunció ante la policía que le habían pedido un soborno. Según la sala, estas grabaciones sirven simplemente para afianzar la credibilidad de la denuncia del empresario y no afecta a los derechos de Guerra.
La Audiencia también rechazó la alegación del abogado de Martín Serón, Carlos Larrañaga, que se quejaba de que en el escrito acusatorio del fiscal no se exponían claramente qué hechos delictivos se imputan al regidor, lo que provocaba "indefensión" a su cliente. Larrañaga pretendía que se diera un nuevo plazo al fiscal para presentar un escrito más detallado. El tribunal considera que el alegato del ministerio público es suficientemente concreto y rechazó su nulidad.
* El País - F. J. P. - Málaga - 29/09/2011
Foto: Alhaurín el Grande, ayuntamiento - J.Domínguez, EFE (archivo)
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ECOLOGISTASENACCIÓN* : La Fiscalía de Madrid imputa al alcalde de Torremocha de Jarama un nuevo delito contra la ordenación del territorio. Se trata del segundo procedimiento de estas características que se tramita en los juzgados de Torrelaguna contra el mismo alcalde. Ecologistas en Acción que recientemente se ha personado como acusación popular, teme que pueda pactar con la Comunidad de Madrid la aprobación de un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar las actuaciones por las que se le juzga.
En marzo de 2010, el único concejal de la oposición del ayuntamiento de Torremocha de Jarama, denunció numerosas actuaciones que podrían ser constitutivas de diferentes delitos. La Fiscalía de Madrid dividió estas denuncias en dos bloques, uno que engloba los hechos que podrían constituir delitos contra la Administración Pública (malversación, prevaricación, negociaciones prohibidas) y contra la Hacienda Pública (fraude de subvenciones). Y un segundo bloque que podría constituir delitos contra el medio ambiente o la ordenación del territorio. Es este segundo bloque el que se investiga por la sección de medio ambiente de la Fiscalía y en el que Ecologistas en Acción se ha personado recientemente como acusación popular, tras ser remitido a los juzgados de Torrelaguna.
La Fiscalía ha denuncia la ejecución de la conexión eléctrica a una parcela de la propiedad del alcalde aprovechando la realización de unas obras municipales de soterremiento de líneas eléctricas. Las obras de soterramiento afectaron a una vía pecuaria para lo que hubiera requerido autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
Entre los hechos denunciados inicialmente también se encuentra la apertura, en 2009, de dos graveras para extracción de áridos en parajes clasificados como suelo no urbanizable de especial protección, uno junto al arroyo San Román, protegido por su interés paisajístico y otro por su interés agrícola, junto al arroyo del Mortero.
Es el segundo caso de presunto delito contra la ordenación del territorio por el que se juzga al alcalde de Torremocha de Jarama, Carlos Rivera Rivera, de la Agrupación de Independientes de Torremocha, El Retiro y Tomillares-Sierra Norte (ITRTSN). En el primer procedimiento que está a la espera del juicio oral, se le imputa por asfaltar y realizar diversas construcciones en la vía pecuaria denominada Cañada de las Calerizas a su paso por la urbanización Los Tomillares. En ese caso la Fiscalía solicita tres años de prisión y el agravante de prevalerse de cargo público.
Ante estos hechos el ayuntamiento de Toremocha de Jarama, el pasado mes de agosto, aprobó provisionalmente un nuevo plan general de ordenación urbana con el que se pretendería legalizar estas actuaciones y dejar sin efecto los hechos por los que se le juzga. A pesar de que el documento contiene numerosas irregularidades ha sido informado favorablemente tanto por la Dirección General de Medio Ambiente como por la Dirección General de Evaluación Ambiental, estando pendiente únicamente el informe final de la Dirección General de Urbanismo, todas ellas de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio.
* Ecologistas en Acción Madrid - 28.09.11
Foto: Torremocha de Jarama (Madrid), ayuntamiento - turismo
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ELPAÍS* : El juez ha imputado José Luis Castedo, abogado urbanista hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, en la rama del caso Brugal que investiga una supuesta trama corrupta para amañar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, también acusa al exedil socialista Javier Gutiérrez, socio del familiar de la regidora en el bufete Salvetti Abogados. La policía sostiene que en este despacho se diseñó el planteamiento a favor del promotor Enrique Ortiz.
José Luis Castedo y Javier Gutiérrez serán interrogados por el juez el próximo 26 de octubre. En su escrito de acusación inicial, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, imputa a ambos los supuestos delitos de tráfico de influencias, uso privilegiado de información y asesoramiento ilegal.
La imputación de Castedo y Gutiérrez se produce apenas una semana después de que los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante remitieran al instructor el informe del registro realizado en el despacho Salvetti Abogados el pasado mes de abril. En el disco duro de los ordenadores intervenidos, los agentes hallaron pruebas de la supuesta información privilegiada de los imputados sobre el desarrollo del PGOU, extremo que les permitió tramitar con éxito numerosas alegaciones que les generaron supuestamente una ganancia de un millón de euros.
Los agentes también encontraron en los ordenadores otros archivos que apuntan a un supuesto espionaje de la trama corrupta a los investigadores, entre ellos el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones. Uno de esos documentos contenía datos sobre la vivienda particular del fiscal. También había un documento sobre las actividades privadas del exalcalde socialista de Alicante Ángel Luna, ahora vicepresidente segundo de las Cortes.
En esta pieza separada del caso Brugal sobre el PGOU de Alicante, el juez ha imputado ya a nueve personas. Junto a José Luis Castedo y Gutiérrez, están imputados el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, un empresario, un abogado y dos altos cargos de Bancaja y la CAM. El fiscal, no obstante, acusa a un total de 21 personas, entre ellas, los dos alcaldes del PP, Sonia Castedo y su antecesor y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi. La imputación de Castedo y Alperi en la causa tendrá que acordarla el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), dada su condición de aforados.
* El País - 27.09.11
Foto: Alicante, Castedo y Ortiz en el estadio (archivo) - lasprovincias
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ELCONFIDENCIAL* : El 31 de diciembre es la fecha clave. Ese día, expira la prórroga extraordinaria que dio el Gobierno Zapatero a la banca para valorar el suelo rústico a precios reales. La moratoria de 20 meses fue publicada en el BOE en abril del año pasado, y su vencimiento supone un contrapié millonario contra los balances bancarios en unos momentos especialmente delicados para el sector por problemas de liquidez y solvencia. En particular, para las entidades de crédito -fundamentalmente cajas de ahorros- que durante años se han beneficiado de una valoración del suelo rústico en su poder que incorporaba expectativas de generación de plusvalías, lo cual encarecía las expropiaciones y alimentaba fenómenos especulativos ante una hipotética reclasificación por decisiones políticas. Esas expectativas son las que han engordado los balances bancarios con valoraciones artificiales y completamente al margen de la realidad económica. Y son las que han obligado a las administraciones a pagar cifras millonarias en los procesos de expropiación forzosa.
Lo cierto es que el terreno rústico apenas vale hoy un euro a la luz de la Ley del Suelo de mayo de 2007, que en su artículo 23 lo valora en función de la renta real o potencial, pero no sobre expectativas. Como dice el preámbulo de la norma, con la anterior ley del Partido Popular “se llegaba así a la paradoja de pretender que el valor real no consistía en tasar la realidad, sino también las meras expectativas generadas por la acción de los poderes públicos” (recalificaciones).
Hecha la ley, sin embargo, hecha la excepción, y lo cierto es que en una disposición transitoria de la propia normativa se declaró una moratoria de tres años a partir de la entrada en vigor de la ley, el 28 de mayo de 2007. El motivo que se dio es que así se garantizaba una “suave transición”. Esa moratoria es la que en 2010 se prorrogó nuevamente casi dos años más en un real-decreto extraordinario del Gobierno que salvó a la banca. En paralelo, y dentro de su labor prudencial, el Banco de España ha obligado a las entidades financieras a imputarse descuentos significativos sobre el valor de las garantías, y que en el caso del suelo puede llegar al 50%.
El plazo, sin embargo, está ahora a punto de acabar en medio de la interinidad del actual Gobierno, y todo indica que -al menos sobre el papel- los propietarios de suelo rústico (no sólo bancos o cajas de ahorros, sino también inmobiliarias) tendrán que hacer una nueva valoración de sus activos. Por supuesto que a la baja a la vista de la situación del mercado. Y no es asunto baladí teniendo en cuenta que el suelo en poder del sistema financiero se sitúa en el entorno de los 28.000 millones de euros.
Pérdidas millonarias
Fuentes de toda solvencia del equipo económico del Partido Popular dijeron a El Confidencial que, de ganar las elecciones, “la reforma bancaria pasará por una valoración de los activos a precios de mercado”. ¿Qué significa eso? Pues que a expensas de sorpresas de última hora, los propietarios de suelo rústico estarán obligados a anotarse millonarias pérdidas inmobiliarias o hacer fuertes provisiones para cubrirse de un mercado fundamentalmente ilíquido. Sobre todo en momentos como los actuales.
La ley del Suelo establece que los terrenos “se tasarán mediante la capitalización de la renta anual real o potencial” incluyendo subvenciones. Y sólo podrá duplicarse en caso de situaciones excepcionales, como la localización o la cercanía a centros de actividad económica. La norma obliga a utilizar como tipo de capitalización la última referencia publicada por el Banco de España del rendimiento interno en el mercado secundario de la deuda pública de plazo entre dos y seis años. Y los bonos a cinco años cotizan hoy en el entorno del 4,47%, muy por debajo de las expectativas de revalorización en caso de que el suelo fuera declarado urbanizable por la legislación urbanística.
La norma no obliga únicamente a los tenedores de suelo rústico no declarado formalmente urbanizable, sino también a los urbanizables siempre que no exista previsión expresa sobre plazos de ejecución en el planeamiento ni en la legislación de ordenación territorial y urbanística. Como recuerda la ley, las reglas a que se refiere el párrafo anterior serán de aplicación “hasta el 31 de diciembre de 2011”. Esta salvedad es la que dejará sin apenas valor a miles de solares y parcelas.
* El Confidencial - Carlos Sánchez.- 27/09/2011
Foto: suelo rústico - reuters
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LAOPINIÓN/Málaga* : La Fiscalía de Medio Ambiente dudó, en un polémico escrito, de la moralidad del exalcalde socialista de Ronda Antonio Marín Lara, ya que, pese a no haber prevaricado al dar licencia para Los Merinos, esa decisión sí podía atentar contra principios de protección del medio, «morales y éticos». Hoy, esas reflexiones, que sirvieron para archivar este proceso judicial contra el exregidor, cobran actualidad tras conocerse que ésta es una de las operaciones urbanísticas, junto a la de los terrenos del campo de fútbol y algún caso relacionado con La Hoya del Tajo, que conforman la columna vertebral del caso Acinipo, que estalló ayer con la detención de siete personas.
Los Merinos, en cuyos terrenos estaba previsto construir 800 viviendas de lujo, campos de golf y hoteles, se convirtió con el paso de la pasada década en El Algarrobico malagueño; decenas de organizaciones ecologistas denunciaron supuestas prevaricaciones o una cadena de corruptelas. Sólo una de estas últimas forma parte de las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción.
En el caso de Los Merinos, el fiscal recordaba que no se prevaricó porque la Declaración de Impacto Ambiental era favorable condicionada, es decir, que la Junta dijo sí, pero con dos excepciones: que se solucionara el déficit hídrico y que se edificara más allá de una determinada parcela. La Junta cambió de discurso a mediados de 2006, viendo la que se le venía encima: «Los informes técnicos con los que cuenta el imputado –por Marín Lara, luego exonerado de prevaricación– son todos favorables, cierto es que muchos de ellos son de técnicos municipales, pero salvo que se pueda acreditar que en tales dictámenes existe algún tipo de connivencia para la adopción de los mismos y que, de forma torticera, se hayan alterado, no puede presumirse, sin más, que por el hecho de ser peritos del Consistorio van a realizar su trabajo de forma maliciosa», apunta el fiscal.
Pero el caso central de las pesquisas es el análisis de la recalificación y venta de los terrenos del campo de fútbol para construir un megacentro comercial, bajo la marca de Eroski, un caso que fue fuertemente criticado por el PP e IU en la oposición. De hecho, el Registro de la Propiedad de Ronda rechazó el primero de abril dar asiento a la escritura de venta de la parcela. En concreto, detectó defectos en el procedimiento. Por ejemplo: el Consistorio adjudicó en un pleno la venta de los terrenos a la empresa Ruiz Jurado, que posteriormente cedió la parcela a otra sociedad, vinculada a su vez con la primera. De esta operación, se llevó la Udyco ayer abundante documentación de Urbanismo y de otras dependencias. En esa fecha, el Ayuntamiento había ingresado 3,5 millones de euros por la venta de esa superficie.
«Es la espina dorsal del caso», dicen las fuentes, que también hablan del terreno de La Hoya del Tajo, una zona que ha protagonizado una decena de denuncias de los ecologistas, incluso desde 2003, y en la que han proliferado numerosas construcciones irregulares. La Udyco se llevó muchos documentos relativos a este lugar y a determinadas edificaciones que hay en él. Paralelamente, el 1 de agosto se abrió procedimiento abreviado por un delito contra la ordenación del territorio cometido por la edificación de una nave agrícola supuestamente ilegal en la zona. Entre los imputados está Marín Lara, quien dijo no saber nada.
Las fuentes judiciales consultadas alertaron de algún que otro convenio más, aunque son estas tres operaciones presuntamente irregulares –en cada parcela hay decenas de movimientos dudosos– las que han protagonizan los primeros pasos de la Udyco y del fiscal Anticorrupción. Ahora sólo queda ver qué pasará cuando se desvele el secreto de sumario.
* La Opinión de Málaga - JOSÉ ANTONIO SAU - 28.09.11
Foto: Ronda (Málaga), urbanización Los Merinos - 20minutos.es
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HOY/Cáceres* : El proceso judicial sobre el complejo turístico de Valdecañas sigue adelante a pesar de la homologación publicada en el Diario Oficial de Extremadura. De esta manera, la Junta continúa pendiente de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que presentaron después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura declarase nulo el PIR (Proyecto de Interés Regional) con el que el se había autorizado en 2007. Esa sentencia, que no era firme, determinaba que la iniciativa empresarial no justificaba su interés regional, social o de utilidad pública y ordenaba que los terrenos se restituyesen al estado en el que se encontraban antes de autorizarlo, entre otras cosas por el valor ambiental que le reconocía.
La respuesta del Gobierno autonómico fue modificar la Ley de Ordenación del Suelo, con el fin de encajar el PIR en la legalidad. De ahí que se estableciese que el hecho de que un área geográfica extremeña tuviese algún grado de protección no invalidaba automáticamente su desarrollo urbanístico.
La homologación que se ha hecho pública supone esa adaptación, pero no invalida el proceso judicial abierto por ‘Ecologistas en acción’, que además va a presentar una demanda contenciosa administrativa contra la misma. Si finalmente se resuelve a favor de los conservacionistas, devolver Valdecañas al estado que presentaba antes de empezar a construir el complejo supondría demoler todo lo que se ha construido. En tanto en cuanto se conoce el final judicial de este proceso, los opositores piden que se ordene la ejecución provisional de la sentencia del TSJEX, para que no se pueda seguir construyendo lo que falta, ni tampoco vendiendo propiedades.
Alegaciones al proceso de homologación
En el proceso de homologación del proyecto, presentaron alegaciones cuatro organizaciones ecologistas y se dio audiencia a los municipios afectados, El Gordo y Berrocalejo, que se mostraron contrarios a las alegaciones y favorables a la homologación. Además, en la tramitación del expediente se solicitaron informes a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental, que no consideraron necesario el pronunciarse de nuevo sobre la iniciativa, que no tendría así que someterse a una nueva evaluación ambiental.
El representante de la Dirección General de Evaluación y Calidad Ambiental en la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio fijó que "la declaración como ZEPA de unos terrenos no implica su automática y obligada clasificación como Suelo No Urbanizable Protegido o incompatiblidad para su transformación".
Se ha incorporado al expediente de homologación que finalmente ha sido aprobado un informe sobre la evaluación de los valores avifaunísticos de la ZEPA "Embalse de Valdecañas ". En este informe, elaborado por la Dirección General del Medio Natural, se concluye, según recoge el DOE, que "la población de aves objeto de declaración como ZEPA muestra una tendencia positiva tras la fase de obras del complejo, entre 2006 y 2011", a la par que asegura que la construcción del complejo no ha perjudicado ni a la población de aves, ni a la ZEPA, ni a la Red Natura 2000.
* Hoy - 26.09.11 - PILAR ARMERO | AGENCIAS
Foto: Valdecañas (Cáceres), golf_y_urbanizacion (archivo) - ecologistasenaccion.org
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ELPAÍS/Málaga* : El dinero de la herencia de María Catalina Nadal debe quedarse en Estepona. Varios colectivos de este municipio de la Costa del Sol, entre ellos una plataforma de vecinos, empresarios y partidos políticos, están dispuestos a plantar cara al Obispado de Málaga para asegurarse de que la millonaria herencia de María Catalina Nadal Guerrero se quede en el municipio, tal y como estableció esta en su testamento en 1973. Están preocupados porque el obispo Jesús Catalá, albacea del legado, transfirió 16,8 millones de la cuenta bancaria de la parroquia de Los Remedios -beneficiaria del testamento- a un Fondo Común Diocesano, cuyos movimientos no pueden controlar.
María Catalina Nadal, fallecida en 1978, dispuso en su testamento que un tercio aproximado de sus terrenos en Estepona -en torno a 780.000 metros cuadrados- se destinaran preferentemente para "obras de tipo cultural, social y religioso de la parroquia de Los Remedios de Estepona". Esos bienes, que fueron vendidos en 2005, debían ser gestionados por una fundación, que gestiona el Obispado de Málaga.
Todos los colectivos consultados inciden en que el testamento es muy claro en cuanto al uso que se debía dar al dinero y que el Obispado, designado albacea y no beneficiario, lo está ignorando deliberadamente. El alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), les ha pedido tiempo para abordar el asunto en frío. El viernes pasado mantuvo un primer encuentro con el obispo. Según fuentes municipales, percibieron una "disposición absoluta" para aclarar el asunto. El regidor ha pedido que le dejen agotar las vías de la negociación, antes de ir a los juzgados.
La alarma saltó el pasado agosto, cuando el consejo pastoral de la parroquia de Los Remedios, hizo públicos sus temores. "Llevábamos un año notando las transmisiones de dinero de una cuenta a otra", relata un miembro de este organismo. El consejo está formado por 14 seglares vinculados a la parroquia y presidido por el párroco. Primero convocaron una reunión abierta, a la que acudió el ecónomo del Obispado. "Solo sacamos en claro que ese dinero lo iba a manejar el Obispado y que se iba a invertir en la Diócesis", añade.
Como la salida de fondos continuaba, "de forma unilateral y sin aviso a la parroquia", pidieron al cura de entonces, Francisco Baquero, que les gestionara una cita con el obispo, Jesús Catalá. Querían hacerle llegar su malestar por la salida del dinero y pedirle que, como consejo pastoral o bien creando una fundación, les dejara conocer y participar en la toma de decisiones con respecto a la gestión de la herencia.
No hubo forma de ver al obispo, pero en agosto consiguieron reunirse dos horas con un abogado y un gestor del Obispado en una asesoría de Málaga. La postura continuaba siendo la misma: que el obispo puede disponer libremente del dinero del legado para otras necesidades de la Diócesis o de otras iglesias de la provincia.
A la semana de la reunión, supieron que el cura de los Remedios había sido trasladado a la parroquia de Arriate. Los feligreses hablan de su papel en el conflicto en una cariñosa carta de despedida. "Apostó porque esa herencia no solo era de Estepona, sino que debía administrarse e invertirse en el pueblo", inciden. Según el escrito, se mantuvo "firme" en el apoyo a las ideas del consejo de su parroquia, "frente a las del Obispado", algo que, "ha desembocado en un traslado forzoso".
En el Obispado de Málaga defienden que la parroquia "no ha perdido la propiedad de los 16,8 millones". El ecónomo, Luis López de Sebastián, certifica que ese dinero continúa en el Fondo Común Diocesano, señalan. La solución al problema debe encontrarse, según estas mismas fuentes, en la propia parroquia, cuyo nuevo titular y representante del obispo, dio su primera misa el domingo pasado.
La plataforma vecinal de Estepona y la asociación de empresarios están dispuestas a reclamar este dinero ante cualquier instancia. "Queremos reunir firmas para que nos reciba el obispo, si no lo conseguimos, nos plantearemos manifestarnos frente a la Catedral, avanza el representante del colectivo, Miguel Quirós.
David Valadez, exalcalde de Estepona y portavoz de la oposición socialista, cree que las vías de negociación están agotadas y que el Obispado únicamente prevé acciones puntuales en el municipio, como la compra de unas casas para construir salones parroquiales o la gestión del colegio privado Juan XXIII, algo que solo supondría inversiones por cuatro millones.
Valadez asegura que existe un informe jurídico que considera legitimado al pueblo de Estepona para recurrir a la vía judicial y exigir el cumplimiento íntegro del testamento. "El PSOE está dispuesto a llegar a este extremo", asegura.
* El País - JUANA VIÚDEZ - Málaga - 25/09/2011
Foto: Estepona (Málaga), ayuntamiento - wikipedia.org
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Ourense privatizará la gestión de uno de los proyectos estrella del Gobierno municipal de PSdeG y BNG. El jardín botánico de Montealegre podría pasar a gestión privada debido al alto coste del mantenimiento de los 122.000 metros cuadrados que ocupa. Inaugurado aún en obras y sin recepcionar el pasado 10 de junio, ahora ha sido clausurado por las graves deficiencias que presenta. El alcalde, Francisco Rodríguez, admitió ayer que se contempla la gestión privada del espacio, una vez se subsanen los problemas que presenta, a través de un órgano independiente.
El recinto, con un coste de más de 3,6 millones, fue estrenado por el exconcejal socialista Demetrio Espinosa, el día antes de que se formara la nueva corporación municipal. La edil responsable de Medio Ambiente es la nacionalista Marta Arribas, que hereda el problema. El mantenimiento del parque, según las fuentes consultadas por este periódico, absorbería todo el presupuesto que se destina a la conservación de los espacios verdes de la ciudad y que suman más de un millón de metros cuadrados de superficie.
Ahora el parque presenta un evidente estado de abandono: no tiene electricidad, el sistema de agua corriente no funciona, el acceso para minusválidos es deficiente, la maleza crece en los caminos, las especies plantadas se están secando, las pantallas electrónicas han sido robadas y los muros se han llenado de pintadas. Y por si fuera poco, un incendio intencionado calcinó en la madrugada del domingo al lunes una pequeña superficie del recinto. Cinco focos estratégicamente situados ardieron durante casi tres horas. El alcalde lo calificó como un "atentando". "Quieren matar a la criatura antes de nacer", dijo.
Los grupos de la oposición, PP y Democracia Ourensana, tachan el proyecto de despilfarro, fruto de un "capricho del concejal Demetrio Espinosa". Dicen que es un "presunto jardín" y que la clasificación de botánico le viene grande porque "es un secarral". También se quejan de la opacidad del gobierno local, al que acusan de impedir el acceso a las facturas del acto de inauguración y a las partidas de gasto de la obra, financiada a través del Plan E. Democracia Ourensana incluso contempla la posibilidad de solicitar esa documentación a través del juzgado. El PP cuestiona la presencia de empleados municipales en el recinto durante el tiempo que permaneció abierto.
Para cobrar las subvenciones del Estado a la obra debe constar el acta de recepción y la certificación final, que aún no están en poder del Ayuntamiento.
* El País - PABLO TABOADA - Ourense - 27/09/2011
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es
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JUAN R. GIL/Alicante* : Los periodistas somos animales de costumbres. Eso tiene su parte buena. A veces insistimos tanto en el mismo asunto que los representantes públicos acaban, agotados, cantando las cuarenta. Pero también tiene su lado malo. Demasiado a menudo, llevados de una inercia que nos resulta muy cómoda, no somos capaces de ver los cambios que se registran y, por tanto, no cumplimos con nuestra misión de alumbrar aquello que se pretende que permanezca en la sombra.
Un buen ejemplo es el urbanismo. Durante años, los periodistas nos hemos encelado en un solo término: recalificación. Sólo buscábamos recalificaciones. Era sencillo: si un suelo en el que no se podía construir pasaba a adquirir la condición de urbanizable, ahí podía haber un posible pelotazo, otro palabro fetiche, que todo periodista que se precie, incluso si era crítico taurino, debía utilizar al menos una vez en la vida en sus crónicas. No nos dimos cuenta a tiempo de que las cosas mutaban y seguimos persiguiendo lo que ya no era, sin atender dónde estaba el verdadero negocio. Primero salió la legislación sobre los famosos PAIs, obra del último director general de Urbanismo que parió el ejecutivo de Joan Lerma, Gerardo Roger, cuyos perniciosos efectos multiplicaron hasta el infinito los sucesivos gobiernos del PP que vinieron después y que nunca desarrollaron los reglamentos que debían acotar tan peligrosa norma. Se dejaba así en manos de los más poderosos un instrumento en la práctica expropiatorio, y el negocio pasaba de la construcción a la proyección y urbanización de enormes planes parciales, con o sin el consentimiento de los dueños de los terrenos. Pero los periodistas seguíamos jugando al sota, caballo y rey: fijándonos en quién levantaba la casita y no en quien, valiéndose de ingentes recursos, se hacía con el suelo y con la infraestructura; con el santo y la peana. Así se hizo un hombre Enrique Ortiz. Y encima era legal.
Después vino el nuevo Plan General de Ordenación de Alicante. Y los periodistas continuamos husmeando recalificaciones. Es más: cuando la terminología legal se modificó, y lo que antes era recalificación ahora pasó a llamarse reclasificación, los periodistas alardeamos de que los políticos eran tontos si pensaban que con un simple cambio de nombre nos iban a engañar. ¿Qué más da recalificación que reclasificación? ¡Pelotazo! ¡Eso es lo que hay!
El pelotazo estaba en otro sitio. Pero sólo ahora lo vemos. Fueron magos. Y nosotros, el espectador listillo que siempre acude al espectáculo convencido de que va a pillar al prestidigitador y, en lugar de cazarlo, sale cazado. Y eso que el truco era el mismo: enseñar algo muy llamativo con una mano, para que sólo te fijaras en ella, mientras con la otra te birlaban la cartera o el reloj. En el circo, al final de la función, te devuelven, entre grandes ¡ohhh!, lo que te han distraido mientras mirabas para otro lado. Pero aquí no.
La vuelta a la tortilla. Resulta que la inversión, el negocio, el pelotazo, estaba nada menos que en los parques naturales (¡Ohhhh!) En una regulación que, de vericueto en vericueto, al final se resumía en que aquel cuyo suelo, no edificable ya de entrada, pasara a adquirir la condición de parque protegido, tenía derecho a obtener en otro lugar sí urbanizable los mismos metros cuadrados que hubiera perdido en esa zona a partir de ahora intocable. O sea que, dándole la vuelta a la tortilla, de lo que se trataba no era de tener opciones en suelo que de no urbanizable iba a pasar a serlo (la antigua recalificación que todos buscábamos), sino de lo contrario: de hacerse con terreno que no valía nada y que, cuando se aprobara el PGOU, aún iba a valer menos puesto que su protección antiedificatoria iba a ser absoluta. Pero, si tenías ese suelo, lograrías otro a cambio. Y habrías comprado por tres euros lo que pasaba a valer luego, aunque en otro lugar, 140. Una mina. Un negocio redondo. Y, encima, del que todos salían bien parados: el político anunciaba que, con el nuevo PGOU que iba a hacer, la ciudad, Alicante verbigracia, iba a pasar a ser la reserva ecológica más importante de España, por no decir de Europa. Nada menos que 11 enclaves naturales protegidos, 14 millones de metros cuadrados a salvo de las grúas. Para hacerle un monumento al alcalde. Y el especulador se forraba sin que nadie le echara cuentas.
La clave, sin embargo, radicaba, como siempre, en que fluyera la información. En que con adelanto suficiente, y hablo de años, se supiera qué suelo iba a ser protegido para que unos cuantos seleccionados compraran a precio de saldo ese terreno. Aprobado el plan, nadie podría decirles ni mu: habían comprado por muy poco lo que al final había acabado valiendo nada. Pero resulta que se habían llevado compensaciones multimillonarias por ese mismo solar que, sobre el plano, era una ruina.
¿Qué era necesario para que el negocio cuadrara? Insisto: que circulara la información. Y puesto que la Unidad de Delitos Económicos de la Policía, responsable del informe que esta semana ha vuelto a provocar otro terremoto en Alicante, se cura en salud, subrayando en sus primeros párrafos que no quiere extraer conclusiones excesivamente contundentes por la falta de tiempo y medios que ha tenido para analizar todo lo extraido de los ordenadores del desapacho de abogados que compartían, en el Palacio Salvetti, los letrados Javier Gutiérrez, exconcejal socialista, y José Luis Castedo, hermano de la actual alcaldesa de Alicante; puesto que la pasma se pone tan a resguardo, digo, no seré yo el que vaya más lejos. Pero el esquema es, para qué engañarnos, elocuente: primero hay un alcalde, Luis Díaz Alperi, que tiene una estrecha relación con importantes empresarios, entre otros los dueños en ese momento de los dos clubes de fútbol de la ciudad, ambos del ramo del ladrillo, Enrique Ortiz y Antonio Solana. Ese alcalde encarga la redacción de un nuevo PGOU y tiene como responsable de Urbanismo a una concejal tan de su confianza que acabaría dejándole la presidencia de la Corporación, cuyo hermano está colocado en la conselleria de Urbanismo. El primer redactor del plan se pone farruco, así que lo echa y coloca a otro. Pero hace falta más: un despacho especializado, porque son muchos los papeles y no es el alcalde, ni la de edil, los que deben presentarlos, sino las empresas. ¿Salvetti? Sea. Y que el nuevo redactor del plan contrate la asesoría jurídica con ese despacho. Amén. Ya tenemos, pues, todo: la potestad política, el control del planeamiento y la capacidad de representación ante la Administración. Sólo falta llamar a los amigos y decirles dónde van a ir esos parques. ¿Se produjo algo así? El sumario Brugal recoge testimonios de Alperi y algunos empresarios. "Hay que comprar aquí, que luego se sacará allí". Más o menos.
El juego de las sillas. Hay un momento en que Alperi ve que él mismo tiene que quitarse de enmedio. U otros lo ven por él, da igual. Pero entonces viene la segunda parte y asistimos a una especie de juego de las sillas: a Alperi le sucede en la Alcaldía quien era su concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y el hermano de ésta deja su puesto en la conselleria y pasa a ser socio de Gutiérrez en Salvetti. Pero en la placa falta un nombre, porque el que de verdad pisaba ese palacio seguía siendo Alperi, al que además, según la Policía, el propio bufette le pone un salario nada menos que como asesor. Todos nos movemos de la silla para acabar todos, de nuevo, sentados. Guay.
Sonia Castedo hace mucho tiempo que fue advertida de que entre los empresarios había cundido la especie de que, si querías algo del Ayuntamiento en urbanismo, era preciso pagar el peaje de pasar por ese despacho. Y como ya escribí en otra ocasión sobre ella, no sé si no quiso, no supo o no pudo cortarlo, pero las fechas de los documentos hallados en los ordenadores indican que, en todo caso, la maquinaria siguió funcionando. Y en política la omisión tiene un coste en la práctica tan alto como la comisión. Aunque tarde más en pagarse.
Ninguna explicación. La defensa de todos los que se están viendo salpicados por este asunto es la de que no obtuvieron finalmente ganancias. No sé. Los jueces dirán. Pero en todo caso, el tráfico de información privilegiada es independiente del beneficio que se obtenga con ella, de la misma manera que no hace falta llevárselo crudo para que te condenen por aceptar unos trajes. Lo peor del caso es eso, que Alicante va pareciéndose cada vez más a la Valencia que dejó Camps: un territorio donde sus representantes están más pendientes del juzgado y de la Policía que de la gestión de los intereses públicos. Un sitio donde nadie cree que deba ninguna explicación a los ciudadanos que no sea la descalificación y el victimismo. Un lugar donde se ha instalado hasta tal punto el todo vale que ahora quieren cuadrar el círculo nombrando jefa de Urbanismo a la hija del protagonista principal del sumario. Una ciudad que siempre presumió de cielo azul y brisa relajante pero que poco a poco se acerca a la definición que un amigo me dio de Bruselas: el problema es que tiene el cielo gris y demasiado bajo, me dijo. Eso mismo ocurre con Alicante: que se está volviendo irrespirable. Y deprimente.
* Información - Opinión - 25.09.11
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SUR/Málaga* : Varios agentes de la Policía registran esta mañana desde muy temprano el Ayuntamiento del municipio malagueño de Ronda así como la sede de Urbanismo. Por ahora se desconocen los motivos que han llevado a la inspección, aunque se estima que podría deberse a posibles delitos urbanísticos relacionados con la anterior Corporación. Los primeros datos apuntan a que habría al menos cuatro detenidos, entre los que se ha confirmado la presencia del anterior alcalde de Ronda, Antonio Marín Lara.
La operación ha levantado una gran expectación en la ciudad del Tajo. Incluso entre los propios funcionarios del Ayuntamiento, algunos de los cuales no han podido acceder a sus puestos de trabajo y otros se han encontrado con el bloqueo cuando han vuelto de desayunar. La Fiscalía Anticorrupción, junto al instructor de la causa abierta por este asunto y agentes especializados en cuestiones urbanísticas, llevan más de un año indagando en la posible comisión de diversos delitos, entre ellos prevaricación urbanística. Tras meses de investigación, que ha incluido la intervención de teléfonos por orden judicial, esta mañana se están registrando las dependencias municipales, aunque está previsto que se realicen otros registros posteriores.
Los agentes están requisando numerosos documentos y ordenadores para estudiar su contenido y determinar si se van a producir detenciones en el marco de esta operación.
Los primeros indicios apuntan a que podría habría cuatro miembros de la anterior corporación municipal implicados más un abogado. Aunque este extremo está aún por confirmar, sí ha trascendido que uno de los arrestados en esta operación por presuntos delitos urbanísticos. El anterior equipo de gobierno estaba presidido por el exalcalde Antonio Marín Lara, la exconcejal de Urbanismo María José Martín de Haro y el primer teniente de alcalde y el secretario local del PSOE, Franciso Cañestro. Marín Lara, que fue alcalde de Ronda por el PA en 2004, con el apoyo del PP y el GIL, ocupó la Alcaldía de Ronda también en 2007 y se pasó al PSOE. durante bastantes años hasta que fue desbancado por el acuerdo PP-PA, partidos que rigen actualmente el Consistorio.
* SUR - 27.09.11 - VANESSA MELGAR / EFE
Foto: Policías esta mañana en el Ayuntamiento de Ronda - sur
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