KIKE VÁZQUEZ* : Ladrillo, ese oscuro objeto de deseo en España. Si durante los tiempos de bonanza hemos demostrado una importante irracionalidad, ahora que las cosas van mal, peor. “Por mi pisito MA – TO”, que se diría en la televisión de calidad de este país. Y es que la discusión sobre el mercado inmobiliario va en aumento, encuentra lugar tanto en una manifestación de “indignados” como en el Debate del Estado de la Nación, siendo ambos reflejo del incremento de la preocupación ciudadana por este tema. Pero, ¿se está haciendo demagogia con todo esto, como sostienen algunos sectores, o es que algo no está funcionando correctamente y provoca lo que vemos?
Todo esto no viene de ahora, sino de meses o incluso años atrás, cuando la morosidad empezó a repuntar de forma notable. Ahí mucha gente descubrió que en nuestro país “el sonajero” no está muy extendido, sonido que hacen las llaves cuando se las entregas al banco para irte saldando la deuda, o lo que es lo mismo “la dación en pago”. Si bien es cierto que es ahora cuando el debate está cogiendo fuerza a medida que la situación se deteriora y los casos aumentan. Pero, ¿es justa la ley española o mejor la dación en pago?
Bien, ni justo ni injusto, son sistemas distintos. En uno hipotecas el bien y si no puedes pagar te lo embargan y adiós, en otro te haces responsable de la deuda contraída y debes abonarla con el activo o con lo que puedas. Ambos son igual de válidos. Lo que sí hay que decir es que lo que defienden algunas personas de aplicar cambios entre un modelo y otro con efectos retroactivos es una barbaridad. Lo es a nivel jurídico, lo es para la solvencia de nuestro sistema financiero y lo es para todas esas personas que han sido responsables no hipotecándose en algo que no podían pagar.
Con ello no pretendo llamar irresponsable a quien por lo que sea no pueda hacer frente a su deuda, ni mucho menos, porque debemos ser empáticos y entender que eso al fin y al cabo le puede pasar a cualquiera y más tal y como están las cosas, pero también debemos entender que los demás no son responsables de nuestras circunstancias. Por ello, sintiéndolo mucho, nadie va a venir del cielo con una ley bajo el brazo que elimine nuestras obligaciones. Eso no va a pasar.
Ahora bien, ¿podría expandirse la dación en pago de aquí en adelante? Podría, de hecho la Ley Hipotecaria actual ya lo permite. Leía en La Voz de Galicia esta semana que el coste de optar por dicho supuesto es el doble que en las condiciones actuales, si no recuerdo mal, se cobra entre un 7% y un 9% por adquirir así un activo según sea tipo variable o fijo (si se concede la hipoteca claro). Además el “loan to value” o LTV pasa del 80% al 50%. Creo que a menudo se habla de la eficiencia de nuestro mercado hipotecario sin tener en cuenta las condiciones “leoninas” que presenta, y habría que saber qué diferencial se ofrecería en el extranjero con la ley española y viceversa. Esto último lo sabemos, y como vemos no es tan eficiente a igualdad de condiciones como en un principio podría parecer. Además, teniendo en cuenta la burbuja existente, algo se habrá hecho mal...
¿Quién sale ganando más ahora? No tengo duda alguna que nuestros bancos y cajas, ya que no solo presentan una morosidad relativamente baja en nivel residencial teniendo en cuenta la crisis que tenemos entre manos, sino que además las cédulas son una buena forma de financiarse al ser emitidas por ser bastante fiables, especialmente si las comparamos con “engendros” inventados por el extranjero. Ahora bien, también gana quien haya comprado una vivienda y la pague, ya que habrá accedido a unas condiciones crediticias mucho más ventajosas que en otros lugares. Y si bien sería discutible hasta qué punto el efecto neto es positivo, ya que las facilidades crediticias aumentan los precios inmobiliarios y es posible que el hipotecado al final pague más, no es esta la situación que nos espera en los próximos años y estamos hablando de un modelo para el futuro.
¿Cuál es el problema entonces? Obviamente quien finalmente no puede pagar, que puede ser una persona irresponsable o no, puede ser también una persona que tenía un trabajo lo perdió y se quedó sin ahorros a pesar de no realizar una operación arriesgada. Habrá gente que prefiera la dación por si pudiese darse ese caso, o simplemente porque no quiere tener unas condiciones tan duras, cada cual debe ser libre de decidir. Por tanto seguramente deba promocionarse la dación en pago, para dar más opciones, pero el tema crucial está en esta deuda resultante en el sistema actual, aquí es donde España hace aguas y donde más injusto es el sistema.
Expliquemos brevemente el proceso. Don Pepito compra vivienda por 200.000€, lleva pagado 50.000€ pero un día no puede más, el banco aplica la ley y pone la vivienda en subasta aunque nadie la quiere. En dicho caso la entidad financiera se adjudica el inmueble por el 50%, bien de los 200.000€, bien de un segundo valor acordado anteriormente en caso de subasta judicial. Cláusula que está en entredicho e indigna bastante a parte de la opinión pública. Lo demás quedaría a deber.
¿Cuál es el problema real aquí? ¿Que los bancos y cajas den palmas con las orejas por ser las mayores inmobiliarias del país? No, ya que ellos negocian con dinero y el ladrillo no les resulta cómodo, todo lo contrario. El problema real es que esa vivienda no encontró a nadie que la comprase por un valor lo suficientemente alto, que en la mayoría de los casos acabaría con la deuda y convertiría a nuestro sistema en uno muy competitivo. ¿Por qué? Como explica el blog “Subastas Judiciales” pujar por menos del 70% no interesa (y de ahí la doble cláusula anterior de las entidades financieras tratando de bajar este margen y que alguien les quitase de las manos las viviendas). Y lo peor no es que la ley provoque esto, es que la falta de seguridad jurídica existente en todo el proceso espanta al más pintado. Cuando hasta los profesionales tienen problemas qué nos pasaría a los demás…
Así, si bien es cierto que bancos y cajas se benefician de la actual ley, creo que mejorar notablemente el funcionamiento de nuestra justicia (utopía al poder) sería ventajoso para ellos y aún más para todos los demás usuarios. Podríamos seguir disfrutando de los actuales costes y en caso de suceder lo peor tendríamos más garantías de que no íbamos a arrastrar una deuda para el futuro, siendo en la mayoría de los casos la mejor opción a nivel internacional. Por ello creo que, si bien algo de demagogia hay en todo esto, cuando el río suena es porque agua lleva… y en este caso es así.
* Cotizalia - Blog - 1.07.11
¿Se hace populismo con el mercado inmobiliario o es que no funciona?
El Tribunal Supremo anula el PGOU de Chiclana
La historia se remonta al 23 de marzo de 2007, cuando la Comisión Provincial de Urbanismo aprobaba de manera definitiva el planeamiento vigente desde entonces en la ciudad. Varios propietarios particulares que consideraron agraviados sus intereses presentaron diferentes recursos, el primero de los cuales fue aceptado por el TSJA el 13 de enero de 2009. Aquel día al alto tribunal autonómico anulaba el PGOU por "no haber seguido la tramitación legalmente exigible" a la hora de dar vigencia al documento.
Esos "defectos de forma" no eran otra cosa que el no haber sometido al plan a información pública o no haberse dado aprobación provisional al documento tras la subsanación de diferentes defectos en su redacción. El TSJA condenó incluso al Ayuntamiento de Chiclana al pago de las costas procesales.
A las pocas semanas, el Consistorio chiclanero anunció la presentación de un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pero inició de inmediato la redacción de un nuevo documento para evitar que la ciudad quedase en situación de inseguridad urbanística si el TS fallaba, como finalmente ha hecho, contra esa aprobación.
Así las cosas, la sentencia contraria a la aprobación del Plan General chiclanero conocida en la jornada de hoy supone que el documento debe dejar de tener vigencia. Ello llevará a que Chiclana se rija a partir de ahora, y presumiblemente durante los dos próximos años, por un documento previo a éste, conocido como normas subsidiarias, que data de 1987.
Hay que recordar que los problemas judiciales de los sucesivos planeamientos urbanísticos chiclaneros no son nuevos. Y es que los tribunales también tumbaron la primera aprobación del documento en diciembre de 2003, así como el texto refundido elaborado con posterioridad, que fue aprobado en 2005 y anulado tras aceptarse los recursos que se presentaron contra él.
* La Voz de Cádiz - 30.06.11 - Jesús M. Aragón
Foto: Chiclana (Cádiz), ayuntamiento - pueblos-espana.org
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Galicia.- Los ecologistas acusan a Hernández ante el fiscal de prevaricación en el 'caso Barreiros'
A la indignación política de la oposición en el Parlamento gallego se le ha unido la de los ecologistas. La asociación Adega presentó ayer una denuncia al fiscal ante lo que considera un caso de prevaricación y de delito contra la hacienda pública del conselleiro de Territorio, Agustín Hernández. "Esperamos de la justicia un compromiso con la legalidad para impedir que este tipo de actuaciones puedan quedar impunes", advirtió el secretario general de Adega, Froilán Pallín.
El desmedido incremento de las licencias otorgadas desde enero de 2006 por el Ayuntamiento de Barreiros, gobernado por el PP, provocó un decreto de la Consellería de Política Territorial de febrero de 2007 que suspendía la vigencia de las normas subsidiarias de planeamiento municipal y aprobaba una ordenación provisional. Con el plan sectorial aprobado por la Xunta de Feijóo, la Administración renuncia a la cesión obligatoria del 10% y asume costes de urbanización que deberían ser asumidos por los promotores, según recoge la ley y como recuerdan los ecologistas en su denuncia. El simple reconocimiento de que esas infraestructuras no existen, subraya Adega, es la mejor prueba de que el suelo en el que se levantaron los edificios era no consolidado.
El escrito trasladado al fiscal advierte que, una vez comprobadas las irregularidades en Barreiros, la Xunta "no puede dejar de continuar con la incoación del correspondiente expediente de reposición de la legalidad hasta su resolución final". El plan sectorial, añade Adega, supone una "recalificación encubierta" del suelo, que implica "un inaceptable trato de favor" a unos promotores a los que se les permite triplicar la edificabilidad de sus terrenos. El posterior convenio de colaboración para financiar las obras de urbanización propone costear con fondos públicos (14 millones de euros) unas obras que correspondería ejecutar a los promotores.
En sus conclusiones, la denuncia de los ecologistas considera el plan sectorial "manifiestamente contrario a la legalidad vigente" y "un desacato y desafío" a la justicia, ya que existen sentencias de los juzgados de Lugo que confirman que el suelo afectado no puede considerarse urbano consolidado.
* El País - 30.06.11
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es
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Barcelona.- Trias mantiene en su equipo a un imputado
Según han confirmado a E.P. varias fuentes municipales, la responsabilidad la ejercerá Ramon Massaguer, que este mandato ha sido el gerente del área de Urbanismo. Massaguer --que fue imputado al mismo tiempo que el entonces teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, y el director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies-- siempre ha defendido la legalidad de la operación urbanística del hotel.
Trias trabajó con Massaguer cuando el futuro alcalde era conseller de Sanidad, ya que Massaguer ocupó diversos cargos en la Conselleria, como el de secretario general, aunque comenzó su carrera en la administración en 1981 en la Conselleria de Política Territorial y Obras Públicas.
Posteriormente entró en el Ayuntamiento en el 2004 como gerente de Urbanismo, cargo que mantuvo hasta hace un año, cuando fue despojado de diversas responsabilidades urbanísticas por la imputación, pero el ahora alcalde en funciones, Jordi Hereu, lo mantuvo como gerente.
* Europa Press - 29.06.11
Foto: Barcelona, alcalde Trias
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Marchena declara hoy como imputado por el caso Mercasevilla
Hay que recordar que los derechos de superficie de los terrenos fueron adjudicados a 'Sanma Desarrollos Urbanísticos', pese a que concurría una oferta superior por parte del grupo Noga. La juez Alaya imputó a Marchena en la causa al entender que, "del examen de la documentación que se ha venido recibiendo, y sin perjuicio de posteriores resoluciones, se desprende la presunta participación en los hechos investigados" del exgerente de Urbanismo.
Esta imputación se produjo después de que, en una declaración judicial, el socio mayoritario de la sociedad mercantil Larena 98, Antonio Pardal, asegurara que mantuvo una reunión con el imputado en la que éste "le ofreció participar en diferentes concursos de viviendas de VPO y de locales libres" para que su empresa cediera a Sando el contrato sobre el derecho de superficie que poseía sobre unos terrenos del merca.
De este modo, Antonio Pardal puso de manifiesto durante su declaración que "aunque no se le dijo expresamente que los concursos le serían adjudicados, así lo entendió implícitamente, ya que de otro modo no podía entender que se le cite personalmente para recoger los impresos del concurso", al tiempo que aseveró haber recibido "presiones" para resolver este contrato sobre el derecho de superficie, en el que finalmente se subrogó Sando.
La declaración policial prestada con anterioridad por el propio Pardal motivó que, el pasado mes de febrero de 2010, la juez diera traslado a la Policía Judicial para que investigara "todo lo relacionado" con el presunto ofrecimiento realizado a la empresa Larena 98 por parte del exgerente de Urbanismo, lo que motivó que el propio Marchena emitiera un comunicado de prensa en el que decía tener "la conciencia tranquila" al haber actuado "dentro de la legalidad más absoluta".
16 imputados en la causa
El pasado día 8 de junio compareció ante la juez, también como imputado, el que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento hispalense, candidato de IU-CA a la Alcaldía y exvicepresidente de la sociedad mixta Mercasevilla Antonio Rodrigo Torrijos, quien aseveró que el concurso "no fue fraudulento" y defendió que, a su juicio, "le parece mejor, en términos sociales, la oferta de Sanma".
Dentro de esta causa, y además de Torrijos y Marchena, están imputadas 16 personas, entre ellas el sucesor de Marchena al frente de Urbanismo, Miguel Ángel Millán; el exconcejal y expresidente de Mercasevilla Gonzalo Crespo; los exdirectivos Fernando Mellet y Daniel Ponce; el ex responsable del Área de Vía Pública del Ayuntamiento hispalense y exasesor del Grupo socialista Domingo Enrique Castaño; el presidente del grupo constructor Sando, José Luis Sánchez Domínguez, o el economista José Antonio Ripollés.
También están imputados en esta línea de investigación la directora del Área Económico-Financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo; el vicepresidente y consejero delegado corporativo de Sando, Luis Sánchez Manzano; el vicepresidente ejecutivo del área inmobiliaria, José Luis Miró Morales; el vicesecretario del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo María Victoria Bustamante, la subjefa del Servicio de Licencias de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, Emilia Barrial Chamizo, y el aparejador adjunto al jefe de Sección del Servicio de Licencias de Primera Ocupación, José Manuel Ferrera.
* ABC - 30.06.11
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es
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Madrid.- Cerca de 40 'indignados' frenan el desahucio de una inquilina por impago del alquiler
Tras solicitar refuerzos a la Policía Nacional, que alegó falta de disponibilidad para acudir, los funcionarios judiciales y los abogados de las partes acordaron que la inquilina, Susana García, bajara a negociar una prórroga del desalojo, a lo que ésta finalmente accedió. Una vez reunidas las partes en la acera de enfrente y, previa consulta con el juzgado, se ha notificado a la inquilina la nueva fecha del desalojo, que será el 30 de junio a las 9.30 horas, ante lo que García, que esperaba un plazo más amplio, ha lamentado que sólo disponga de "un día y medio", ya que "no tiene adónde ir".
Por su parte, el propietario del piso, Luis Valdecantos, ha explicado a la prensa que, en esta ocasión, el hipotecado era él, ya que había alquilado el piso por 750 euros -que rebajó a 650 en los últimos meses a petición de la inquilina- para pagar la hipoteca del mismo que le cuesta 1.100 euros al mes.
Mientras tanto, compartía piso con varios amigos pero, al no poder seguir pagando su parte debido al impago de la inquilina, se ha visto "obligado a vivir de prestado", en casa de un amigo o en la de sus padres que es muy pequeña, ha continuado.
"La única realidad ahora es que no tengo casa, ella sí y no me paga", ha lamentado Valdecantos quien ha negado "rotundamente" las acusaciones de la inquilina, que le ha denunciado por presuntas amenazas cuyo juicio se celebrará la próxima semana.
García, recibida con aplausos por los 'indignados' tras marcharse los funcionarios judiciales, ha achacado su situación a la crisis y la falta de trabajo, y ha acusado al propietario de "contratar a un detective" para perseguirla y mandar a un amigo suyo a amenazarla en el portal con que "unos rumanos" le iban a "romper las piernas".
La mayoría de los 'indignados' allí concentrados son vecinos del barrio y proceden de la "asamblea de Vallecas", que se reúne los sábados en la plaza de la Constitución.
Varios de ellos, que coreaban frases como "si tocan a unos, tocan a todos" o "ni un desahucio más", han explicado que "les daba igual" que Susana García no fuera una hipotecada, como era el caso en los recientes desahucios impedidos por los movimientos sociales.
Según varios de ellos, "la vivienda es un derecho, no un negocio" y el que alquila una vivienda "está especulando". Otros han opinado que "hay más de un millón y pico de viviendas vacías y no se puede hacer un desahucio forzoso sin dar una solución a la gente".
* 20 Minutos - efe 28.06.11
Foto: Integrantes de asociaciones vecinales y el Movimiento 15-M durante una concentración para evitar un desahucio de un matrimonio y su hija menor de una vivienda en Madrid. (Juan Carlos Hidalgo / EFE)
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La metamorfosis del 15-M
Lo que queda de las acampadas originales, como asentamientos físicos, es residual: este miércoles, el último gran símbolo de resistencia que se situaba en la Plaza de Cataluña de Barcelona iba perdiendo forma tras un acuerdo con el Ayuntamiento y un pequeño conato de permanencia por parte de algunos disconformes, que fue finalmente desmantelado durante la madrugada del miércoles al jueves por la Policía.
Horas antes, 30 personas desalojaban sus tiendas frente al consistorio de Zaragoza después de un ultimátum de las autoridades, aunque la ocupación posterior de un edificio y la intervención de las fuerzas de seguridad provocaron otro choque, aunque sin incidentes ni detenciones. Valencia es el otro foco informativo de la semana: este jueves han anunciado desde allí que las comisiones de la acampada de la plaça del 15 de maig han optado por abandonar el emplazamiento físico y coordinarse por Internet. Eso sí, "docenas de indignados" han decidido quedarse indefinidamente.
Pamplona, Santander, Sevilla, Bilbao y otras tantas ciudades se han levantado en las últimas semanas. Muchas de forma gradual. También Madrid, que trasladó su protesta estática -algunos no querían irse, tal y como quedó patente en la última gran asamblea general, la que tomó la decisión de desalojar- a la localidad de Rivas Vaciamadrid, donde han plantado unas diez tiendas.
Por otra parte, otras acampadas como Tenerife también se han diversificado temporalmente con una rama itinerante que recorre los pueblos de la isla -su propia marcha por la dignidad-, y la mayoría, aparte de aquellos que han decidido resistir, ha querido dejar en las plazas tomadas desde el 16 de mayo puntos de información visibles e incluso, como se explicó en su día desde Palma de Mallorca, hasta la biblioteca o el huerto.
Actividad diaria intensa
Las asambleas periódicas, otro de los símbolos del movimiento, se siguen celebrando en todas las localidades, tanto en el ámbito de las comisiones como en el general, así como actividades diarias y actos de protesta puntuales, como el que tendrá lugar en Málaga el próximo 15 de julio.
De hecho, en Madrid, desde este miércoles y durante dos días se está desarrollando un debate alternativo al del estado de la nación que se ha celebrado en el Congreso de los Diputados, dividido en este caso en las áreas de economía, política, derechos sociales y ciudadanía. El miércoles, asimismo, se convocó un acto espontáneo en solidaridad con Grecia y su situación económica crítica.
La manifestación del pasado 19 de junio marcó un punto de inflexión muchas de las acampadas. Ya se estaba gestando la marcha popular indignada, concebida "como una extensión" del 15-M y que el día 20 de junio comenzó su andadura con la primera ruta, la Este, que partió desde Valencia. Ya se han sumado las ciudades gallegas (Santiago, Vigo, Pontevedra, Ourense, A Coruña), Barcelona, Bilbao, Cádiz, Málaga, etc., y entre todas pasarán de la veintena.
El objetivo fundamental del 15-M es el de no parar, el de transformarse y seguir siendo un movimiento activo, sea con el formato que sea y diversificándose: los barrios de las ciudades están siendo una fuente de actividad importante. De hecho, el calendario de movilizaciones se renueva prácticamente a diario y para los próximos meses hay convocadas algunas de impacto internacional, como la del 15 de octubre.
* 20 Minutos - 30.06.11
Foto: Madrid, mani 19J en la Castellana - publico
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A Coruña.- La urbanización de la Torre, paradigma de una política urbanística que se debe desterrar
Fue el coruñés César Antonio Molina quien desde el Ministerio de Cultura rescataría del cajón del olvido la vieja aspiración del Instituto de Estudios Torre de Hércules e impulsó una candidatura que acabó por convertir el faro romano en una atracción mundial.
El Gobierno municipal de Javier Losada, lejos de dar marcha atrás, porfió contra viento y marea para sacar adelante este cuestionado proyecto heredado de su antiguo mentor sin pararse en barras siquiera ante la proclamación universal de la Torre por la Unesco. El anterior Ejecutivo local no se arredró ante la cascada de críticas que le llovieron por defender unos sospechosos intereses urbanísticos que ponían en peligro la joya de la ciudad, alrededor de la cual se fragua la imagen promocional de A Coruña. El propio ministro César Antonio Molina censuró abiertamente al equipo de Losada al ser elegido hijo predilecto de A Coruña en 2009, cuando denunció que las actuaciones urbanísticas en el entorno de la Torre ponían en peligro el reconocimiento de la Unesco, que también advirtió a María Pita. La urbanización de San Amaro fue además un permanente punto de fricción del PSOE con sus socios nacionalistas en el gobierno de la ciudad.
El nuevo alcalde, Carlos Negreira, se ha comprometido a evitar la construcción frente a la Torre y ha propuesto compensar a los propietarios de los terrenos en San Amaro afectados por la decisión de la Xunta con edificabilidad en otra zona de la ciudad. El BNG se opone a esta medida, con el argumento de que al no haber ningún pronunciamiento judicial al respecto, no hay por qué negociar nada con los promotores, y recuerda que el arquitecto que firmó a finales de los 90 el estudio de detalle de la urbanización presentado por los promotores es el nuevo director general de Urbanismo del Ayuntamiento, César Otero.
Más llamativa resulta la posición de los socialistas, que se limitan a pedir que la Xunta pague la factura del desaguisado con el argumento de que es la administración que se opone a la urbanización tras el informe de la Unesco, sin hacer la menor autocrítica. La nueva cabeza visible del socialismo coruñés, que representa una línea continuista, tiene ahora la oportunidad de abrir un debate en el seno de un partido que pugna por regenerarse y conjurar los errores del pasado que les pasaron factura en las urnas para renovar su apuesta como uno de los necesarios motores políticos de la ciudad. También Carlos Negreira debe llevar este asunto con total transparencia para ahuyentar cualquier sospecha de connivencia entre su director de Urbanismo y los promotores para los que trabajó en el pasado, demostrando así que se ha alcanzado un punto de inflexión en una política urbanística tanto tiempo en la picota, cuyos hábitos deben ser desterrados definitivamente.
* La Opinión A Coruña - 26.06.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
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Los escándalos que maltratan el litoral
Son las conclusiones del informe anual Banderas negras sobre la degradación de la costa de la organización Ecologistas en Acción, que este año tiene como subtítulo 'Esto es una barbaridad', y del que se pueden extraer seis graves casos, de los más de 70 que describe el informe, y que valen como ejemplo de lo que está sucediendo en los márgenes marítimos de España.
01. Muskiz (Vizcaya): Ejemplo de degradación
La localidad vizcaína de Muskiz concentra en su entorno varias de las agresiones al litoral más comunes en España. Para empezar, la refinería de Petronor lleva tres décadas creciendo en el estuario del río Barbadún. Un crecimiento que, lejos de frenarse, se relanzó en 2009 con la construcción de una planta altamente contaminante dedicada al tratamiento de productos derivados del petróleo. Además, a finales de este año se pondrá en funcionamiento una central de ciclo combinado que dará abastecimiento energético a la planta de Petronor. Según denuncia Ecologistas en su informe, estas nuevas instalaciones incrementarán los vertidos de aguas residuales, que hace años sufría el río Barbadún y que ahora se derivarán directamente al mar.
También en Muskiz lleva varios años en marcha el desarrollo de una urbanización de lujo de 64 pisos y 60 chalets junto a la playa de La Arena, a pesar de haberse topado con resoluciones judiciales (incluido el Tribunal Supremo) y políticas en contra. Por si todo esto fuera poco, en el contexto vizcaíno de Santurtzi, Zierbena y Muskiz se sigue extrayendo fondos marinos para la ampliación del puerto de Bilbao, casi cinco millones de metros cúbicos de arena cuyo impacto se notará en la desaparición de flora y fauna marina de la zona.
02. La barceloneta: El problema de realimentar la playa
El informe critica la situación global de las playas barcelonesas, en cuya regeneración se han gastado 70 millones de euros en la última década, 11 de ellos tras fuertes temporales que no habrían sido tan dañinos con una gestión apropiada del entorno. En La Barceloneta, uno de los lugares más turísticos de la capital catalana, se han utilizado más de medio millón de metros cúbicos de arena "para abastecer a terrenos privatizados", como denunció ayer el coordinador de Costas de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, durante la presentación del informe en Madrid.
A esta situación se suma la colocación de numerosos diques y espigones sumergidos y elevados que pretenden consolidar sus arenas y así evitar que se tengan que reponer periódicamente por culpa de la alteración de la línea de costas. Sin embargo, este proyecto que carece de declaración de impacto ambiental provocará un grave problema de circulación del agua que obstaculizará el equilibrio costero.
Un total de 170 millones de euros, más del 60% del presupuesto de la Dirección General de la Costa y el Mar, se dedicó el año pasado a cimentar la costa con paseos marítimos y regeneraciones de playas.
03. Piélagos: Urbanizaciones ilegales junto al Cantábrico
El municipio cántabro de Piélagos tiene sobre la mesa cuatro sentencias por cumplir, que afectan a otras tantas urbanizaciones levantadas junto a la costa de forma ilegal. Según exigen las resoluciones judiciales del TSJ cántabro, el Consistorio debería derribar las 67 casas que se edificaron en medio de servidumbres de paso después de que el alcalde calificara el suelo como urbano sin que este cumpliera las condiciones necesarias.
Las viviendas no sólo rompen una línea del litoral con alto valor paisajístico, sino que comienzan a convertirse en un problema de contaminación por los vertidos de aguas fecales sin depurar. Aunque algunos de los derribos comenzaron a ejecutarse, el Gobierno de Cantabria aprobó un Plan de Ordenación del Litoral para "dar cobertura legal a las urbanizaciones y entorpecer la ejecución de las sentencias", según el documento. En total, este cambio legislativo podría suponer que se sortee el derribo de más de 500 edificaciones.
Estas condiciones de desarrollo urbanístico en la costa cantábrica también se dan en Asturias y Galicia. Ecologistas en Acción denuncia que tras el vertido del Prestige se han concedido más de un millar de licencias para nuevas viviendas en Fisterra (en la Costa da Morte) de las que muchas serían ilegales, según denuncia el informe. El Gobierno asturiano, por su parte, ha aprobado un Plan de Ordenación del Litoral que, aunque protege los primeros 500 metros de costa, facilita administrativamente el acceso a la costa de los promotores inmobiliarios. "Con aparcamientos y zonas de ocio abren el camino al desarrollo urbanístico", denuncia Sáez.
04. Huelva: Ladrillos hasta el mar
Durante el último año, la costa onubense ha recibido la buena noticia de la paralización de los vertidos de fosfoyesos de Fertiberia, que ha estado castigando durante 31 la marisma con estos productos tóxicos y radiactivos. Sin embargo, el litoral de Huelva sigue sufriendo. Los ecologistas denuncian que desde hace décadas los intereses inmobiliaros dominan el enclave de dunas y marismas que rodean Isla Canela (en Ayamonte), donde, a pesar de varios cambios en el planeamiento urbanístico desde 1993, "buena parte de la primera línea de playa y las dunas costeras han desaparecido bajo los bloques de urbanizaciones", asegura el trabajo. La ONG denuncia que la voracidad del ladrillo acabó por completo con una playa natural y con los bosques de retamas de Isla Canela.
"El urbanismo está dormido, pero no muerto", advierte la coordinadora de Costas de Ecologistas, Natalia Martín, quien recuerda que la "artificialización" del suelo creció entre 2000 y 2006 a un ritmo de 3,37 hectáreas por hora según el último informe del Observatorio de Sostenibilidad, lo que duplica ampliamente la tasa de 1987-2000. En cualquier caso, los ecologistas reconocen que las banderas negras en el apartado urbanístico han caído considerablemente en comparación con años previos.
05. Ceuta y Melilla: Puertos y depuradoras
Las ciudades autónomas funcionan como un escenario peculiar en el que se concentran muchas de las tropelías que se denuncian en el informe, en muchos casos justificados por "motivos de seguridad nacional". A Ceuta, el informe considera que debe otorgarle "una gran bandera negra conjunta a todo su litoral", ya que cinco de sus playas están sometidas a la salida continua de aguas fecales.
En Melilla, la desalinizadora vierte salmuera directamente sobre los acantilados de Aguadú, a pocos metros del LIC marítimo terrestre, poniendo en peligro a numerosas especies de moluscos de interés. En esta ciudad se pretende ampliar el puerto comercial en más de 50 hectáreas, lo que sepultaría una de las principales colonias de lapas del Mediterráneo, más de 15.000 ejemplares.
Los ecologistas denuncian que en España no hay un plan global para el desarrollo portuario, sino que estos compiten entre sí, y critican que la propia Dirección General de Puertos "carece por completo" de una visión de conjunto de las necesidades españolas de estas infraestructuras.
06. Benicàssim: La costa de los vertidos
El caso de Benicàssim (Castellón) es similar al de La Barceloneta, ya que su costa se halla defendida por un entramado de espigones que protegen unos edificios que "no aportan nada a la economía local sostenible y, sin embargo, consumen enormes cantidades de dinero público", según denuncia el informe.
Por si fuera poco, en la localidad castellonense se están realizando unos vertidos residuales ilegales que la organización llevará a los tribunales, según anunció ayer. Precisamente, el apartado de los vertidos es uno de los factores para la adjudicación de banderas negras que más ha subido este año, "casi un 10%", según Sáez. El paradigma del vertido residual es la famosa "cascada de la Merda" en Benidorm, que vierte 37.000 m3 de agua al día al Parque Natural de Sierra Helada.
Las cinco grandes ‘manchas' medioambientales que pesan sobre la costa española
Las aguas residuales no se tratan como deberían
Ecologistas en Acción denuncia que en ninguna comunidad se depura ni reutiliza el agua como debería. Esto motivó que el Tribunal de Luxemburgo haya multado a España por el vertido de las aguas residuales de 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes sin el debido tratamiento. La ONG asegura que bastaría con cumplir la Directiva Marco de Aguas, aunque hay un déficit generalizado de infraestructuras.
Municipios afectados. Vigo, Urdaibai (Vizcaya), Deba (Guipúzcoa), Salou (Tarragona), Pineda y Malgrat de Mar (Barcelona), Valencia, Almería, Estepona y Santa Cruz de Tenerife.
La presión urbanística ahoga el suelo
En España el suelo no se gestiona según las necesidades de la población, sino por el interés del inversor. Esto se traduce en una "situación de degradación" de la costa que, según los ecologistas, exige que los mínimos que establece la Ley de Costas se cumplan sin excepciones. Sin embargo, el informe pone de manifiesto que partidos como el PP y CiU han promovido dichas excepciones.
Municipios afectados. Fisterra (A Coruña), Cudillero (Asturias), Piélagos (Cantabria), Muskiz (Vizcaya), Barcelona, Altea (Alicante), Marbella, Mojácar y Novo Sancti Petri (Cádiz).
La contaminación de las industrias continúa
A veces, las leyes no bastan para evitar abusos. Así, Ecologistas en Acción pide una reforma de la Ley de Responsabilidad Ambiental, que reconoce como un "avance importante". La organización sostiene que un desastre como el hundimiento de la plataforma ‘Deepwater Horizon' quedaría sin castigar en España, y aboga por cambios que fomenten la responsabilidad de las empresas.
Municipios afectados. Marín (Pontevedra), Armental y Tapia de Casariego (Asturias), Suances (Cantabria), Barcelona, Algeciras, Huelva y Pájara (Fuerteventura), entre otros.
Una planificación de puertos descuidada
La construcción de nuevos puertos en España no se planifica en función de las necesidades. De hecho, los ecologistas denuncian que no se planifica en absoluto. Aún así, los puertos de interés general proliferan, lo que, según el informe, responde a una apuesta por las energías fósiles y a una estrategia para amparar la economía de las grandes empresas constructoras.
Municipios afectados. Mugardos, Gijón (Asturias), Pasajes (Guipúzcoa), Granadilla (Tenerife), A Coruña, Vigo, Tarifa, Cartagena, Melilla, Sagunto, Valencia e Ibiza.
Las obras en las costas deben detenerse
La organización ecologista pide acabar con el contrasentido de una situación común en España: que el Ministerio de Medio Ambiente financie obras de gran impacto ambiental, como paseos marítimos y diques, para tener posteriormente que autorizar y financiar proyectos de regeneración de playas, que no se mantienen por esas mismas obras. Para ello, piden desbloquear la Estrategia de Sostenibilidad de la Costa, aprobada en la anterior legislatura.
Municipios afectados. Granada, Ayamonte (Huelva), La Línea de la Concepción (Cádiz), Carboneras, Fuengirola, Tavernes y Piles (Valencia), Barcelona, Santurtzi y A Coruña, entre otros.
* Público - JAVIER SALAS MADRID 29/06/2011
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería - publico
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C.Valenciana.- 238 municipios no informan de sus construcciones ilegales a la fiscalía
También en Valencia destacan que las entidades locales están empezando a dar respuesta a sus requerimientos de que informen sobre los posibles supuestos de construcciones ilegales, pero no es suficiente. El fiscal de Medio Ambiente, Joaquín Baños, explica que hay dos casos. "Una cosa es que se requiera directamente información y que los Ayuntamientos no contesten, que son pocos, y otra es que incumplan la legalidad vigente y no pongan en conocimiento de la fiscalía o no adopten las medidas legales oportunas ante el conocimiento de cualquier construcción ilegal", explica.
"Los Ayuntamientos tienen potestad de policía urbanística y si tienen conocimiento de construcciones ilegales es su obligación informar a la fiscalía", dice por su parte la especialista en Castellón, Dolores Ofrecio, quien remitió además sus quejas porque la Administración autonómica tampoco envía información.
Ante esta dejadez, el fiscal de Valencia ha lanzado un mensaje que, dice, es "un aviso a navegantes" y que ha quedado plasmado en la memoria de 2010. "Con los nuevos tipos de prevaricación urbanística omisiva introducidos en el Código Penal en la reforma de la Ley Orgánica 5/2010, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, es intención de esta sección depurar las correspondientes responsabilidades penales derivadas de la inacción de los Ayuntamientos". Se trata de un nuevo mecanismo para perseguir estas actitudes.
Baños recuerda que en 2008 instaron a todos los Ayuntamientos a remitir un listado de los expedientes sancionadores incoados por construcciones en suelo no urbanizable desde diciembre de 2004. "Poco a poco van contestando", asegura. De hecho, el 90% de las diligencias abiertas por la propia fiscalía en 2010 corresponden a supuestos de ordenación del territorio a raíz de esta iniciativa. También se ha pasado de dos sentencias condenatorias en 2009 a 20 en 2010.
Aviso a navegantes a tres años vista
El aviso a navegantes de depurar responsabilidades a raíz de la modificación del Código Penal que introduce la consideración de delito la prevaricación urbanística por omisión no tendrá resultados al menos hasta dentro de tres años. Según explica el especialista de Medio Ambiente de la Fiscalía de Valencia, Joaquín Baños, "el cambio entró en vigor en diciembre del pasado año, por lo que ahora se establecen nuevos plazos para que los Ayuntamientos trasladen las posibles infracciones". "Hasta dentro de dos o tres años no podremos constatar si han cumplido o no", sostiene.
La principal novedad de esta reforma, en cuanto a prevaricación urbanística, se introduce con la modificación del artículo 320 en el que se establecen penas de hasta cuatro años para las autoridades o funcionarios que "silencien las infracciones u omitan la realización de las inspecciones obligatorias". La reforma otorga a los fiscales un nuevo instrumento para perseguir estos delitos.
No obstante, la Fiscalía de Valencia admite que faltan medios para llevar a cabo una completa inspección de los Consistorios. "Lo positivo es que a hora tenemos un instrumento para poder castigar la inacción", afirmó. Así, explica que en esta ocasión no realizarán un requerimiento general. "Lo de 2008 fue excepcional, los Ayuntamientos saben que tienen que informar y son conscientes de que la fiscalía está detrás", manifestó.
* El País - LORENA ORTEGA - Castellón - 29/06/2011
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra (archivo) - elpais.com
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El nuevo gobierno del PP regularizará las viviendas ilegales de Mijas en dos años
Para quienes llevan años esperando puede parecer un horizonte lejano pero en términos urbanísticos es un período relativamente corto. "Decir que en 24 meses podremos empezar a legalizar casa a casa es políticamente incorrecto, pero somos un equipo de gobierno arriesgado y nos vamos a arriesgar", declaró Navarro.
El trabajo quedará centralizado en una oficina de nueva creación que se situará en Mijas Pueblo. La sede contará con un personal técnico y jurídico encargado de tramitar tanto los cambios legales como la documentación administrativa de los afectados que así lo requieran.
Según Navarro, tanto la Asociación Pro Regularización de Viviendas como los grupos políticos del Ayuntamiento y los partidos sin representación conocen ya la iniciativa. Y pronto ocurrirá lo mismo con la Junta de Andalucía. El edil ha anunciado que en julio se reunirá con los delegados provinciales de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente con el objetivo de pedirles celeridad en el proceso.
"Propondremos al resto de grupos municipales que los cambios en el planeamiento urbanístico tengan la consideración de interés público y utilidad social; así la Junta de Andalucía será consciente de la dimensión del problema a resolver en Mijas", afirmó. Otra propuesta popular que se debatirá en el pleno municipal es la paralización de los expedientes sancionadores, que hasta ahora pesan sobre los propietarios con las correspondientes multas coercitivas y peticiones de derribo.
Habrá legalización
Por lo tanto habrá legalización, pero podría no llegara todas las viviendas. Las situadas en zonas de especial protección, en espacios de dominio público o en zonas inundables podrían quedar fuera, según advirtió el concejal de Urbanismo, quien se mostró partidario de legalizar el máximo de construcciones posible. Se calcula que existen unas 8.000.
El proceso tampoco será gratuito. Navarro recordó que los vecinos que se beneficien de la iniciativa tendrán que hacer frente a la parte de los costes que les correspondan de las obras de urbanización, los permisos e incluso de la redacción del Plan General "exactamente igual que han hecho los que se han comprado un piso en Las Lagunas, ya que esos gastos están incluido en el dinero que han pagado por sus viviendas", añadió el responsable de Urbanismo.
Con la idea educir parcialmente ese desembolso, el Ayuntamiento tiene previsto negociar con el Colegio de Arquitectos de Málaga un convenio para abaratar los proyectos y la documentación técnica que los propietarios deben aportar.
* El Mundo - 22.06.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
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El triunfo de los perdedores
¿Son un fenómeno pasajero o han revolucionado el sistema hasta el punto de forzar una reflexión profunda sobre los pilares que lo sustentan? Un mes y medio después, el movimiento social que arrancó una tarde de domingo en ciudades de toda España para exigir Democracia Real Ya empieza a calar en las instituciones. ¿Perroflautas antisistema o miles de indignados con sólidas razones para romper el silencio del descontento? El Parlamento ha escuchado algunas de las reivindicaciones que enarbolaron los Acampados de Sol -desde el 18 de mayo hasta el 12 de junio- y secundaron miles de jóvenes en campamentos improvisados en el centro de las grandes ciudades y en multitudinarias marchas de protesta ante las instituciones.
La ley de Transparencia, un proyecto aparcado desde hace varias legislaturas y que ha ido apareciendo y desapareciendo en los programas electorales de los partidos, parece haber salido por fin del congelador.
El vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, anunció el pasado viernes que el proyecto será remitido al Parlamento "en una o dos semanas". La falta de transparencia en la gestión pública, la escasa información sobre las cuentas nacionales y autonómicas y el opaco funcionamiento de los aparatos de los partidos han sido claves en el malestar de los indignados. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha dado un paso adelante al anunciar candidaturas electorales abiertas en su región.
También exigían los indignados poner coto a los privilegios económicos de los políticos y sus ventajosos planes de jubilación, aunque sean menos escandalosos de lo que percibe una opinión pública sumida en la crisis. Como la protesta por la presencia de imputados en las listas electorales, sinónimo de corrupción para los indignados pero logro social para los juristas más progresistas. El imputado puede ser inocente. El procesado es en realidad el sospechoso, pero ni jueces ni fiscales lo explican. Y la clase política ha sido sensible a la indignación. El pasado miércoles, el Congreso aprobó una propuesta para que las Cámaras publiquen el patrimonio de diputados y senadores y se endurezca el régimen de incompatibilidades. La Comunidad de Madrid retiró de las listas de las últimas elecciones a los principales candidatos imputados.
Los políticos también han escuchado la voz de los acampados en el difícil mercado de la vivienda. Una subcomisión del Congreso estudiará mejoras en el sistema hipotecario para controlar las situaciones abusivas. El Movimiento 15-M no es ajeno a la proliferación de patrullas ciudadanas que impiden el desahucio de familias y han afeado la cláusula bancaria que obliga a quien no puede afrontar las letras a devolver las llaves de la vivienda y seguir pagando la deuda de un piso que ya no le pertenece.
"Vivimos tiempos comparables a la Gran Depresión. El sistema tiene que cambiar de arriba abajo y los indignados han dado el primer paso", dice José Félix Tezanos, catedrático de Sociología de la UNED.
Tezanos traza una radiografía en negro: "La crisis actual es de una magnitud incalculable. Para que las sociedades funcionen tiene que haber un cierto equilibrio entre ganadores y perdedores. Ese equilibrio ahora está roto porque el 70% de los jóvenes -entre parados y subempleados- están cuasi fuera del sistema, al igual que los 4,9 millones de desocupados; el 31% de las familias que no llega a fin de mes y la destrucción cotidiana e imparable de pequeñas empresas. Si a eso sumamos a los inmigrantes vulnerables, que son muchos, a los desahuciados, a las legiones que comen de la caridad y a otros colectivos desfavorecidos, nos encontramos con que los ganadores son cada vez menos y los perdedores, más". "Y estos", avisa Tezanos, "tienen poco que perder. Así que el 15-M puede acabar con la integración en el sistema, mediante la creación de un partido propio o con cualquier otra forma de participación que suponga una alternativa real o con un estallido de violencia similar al de Grecia".
El catedrático de Sociología de la UNED, vinculado al PSOE a través de la revista Temas, cree que la clase política no es consciente de la magnitud de una crisis que ha alterado los hábitos vitales de varias generaciones: "En 1970, la gente se casaba entre los 25 y los 28 años. Ahora, los pocos que se casan lo hacen más allá de los 35". Tezanos solo ve posible salir del túnel si la clase política antepone el consenso a las diferencias y desde la unidad "cambia el modelo económico de los pies a la cabeza". ¿Con el permiso de las autoridades comunitarias? "O sin él", responde Tezanos. "Esta situación es insostenible".
¿Es preciso también cambiar las leyes o sería suficiente con cumplir las que hay? Emmanuel Rodríguez, sociólogo de la Universidad Complutense, alerta de que el 15-M es más un movimiento de "reinvención de la democracia", que de su mera regeneración. Esa misma democracia que, apunta Rodríguez, permite a Esperanza Aguirre gobernar con mayoría absoluta solo con el voto del 25% de los madrileños. La democracia requiere igualdad de oportunidades, pero "es difícil llamar democracia a un sistema que corroe derechos sociales básicos como la sanidad y la educación", lamenta.
El cambio de las estructuras del sistema financiero y los excesos de la banca han constituido uno de los ejes de la proclama del movimiento. Sin embargo, la mayoría de los expertos, que alaban otras propuestas de los indignados, rechazan "salidas maximalistas e irrealizables", como la nacionalización del sector bancario o la toma de control de las empresas. Esta es la principal crítica de la catedrática de Sociología de la Universidad Autónoma de Madrid Isabel de la Torre, que lanza un capote al capitalismo al recordar que ha hecho posible un bienestar social en los dos últimos siglos como nunca antes se había vivido. "La revolución industrial inglesa originó dos grandes sistemas económicos, el capitalista y el comunista. No hace falta decir cuál de los dos funciona mejor, a pesar de los problemas que padecemos".
De la Torre cree que el 15-M ha confirmado, por un lado, el poder de las redes sociales e Internet que ya se vislumbró, por ejemplo, con el Prestige. Y, por otro, que pueden existir movimientos masivos horizontales, sin jerarquía ni estructura. Esta experta cree que lo peor para estos jóvenes es que carecen de futuro, y todo este cóctel puede derivar tanto "en lo sublime como en lo ridículo. Ya se verá", comenta. De la Torre piensa que con corregir los errores del sistema, como los excesos financieros, la especulación y la corrupción, este puede recuperarse. "Está muy bien denunciar el mal uso de las instituciones, como han hecho estos jóvenes, pero tienen que ofrecer alternativas viables", señala.
Pero el 15-M no tiene un catálogo de propuestas. Está todavía en construcción, como apunta el profesor Emmanuel Rodríguez. Carece de una parrilla de alternativas sobre los partidos políticos, los bancos, la vivienda o el sistema electoral. Lo que el 15-M tiene claro, según Rodríguez, es que "la crisis la pagan los más débiles", mientras "los beneficios se quedan en manos de un pequeño grupito de agentes financieros". El desempleo es la cara más visible de la crisis (en la UE hay 30 millones de parados), pero los Estados inyectan grandes cantidades de dinero público a los bancos. "Esto ha contribuido al circuito especulativo de la crisis. Les ha otorgado liquidez, pero los bancos no la han usado para dar créditos a los particulares. Tanto en la UE como en España se han puesto los intereses financieros por encima de los intereses de las personas", lamenta Rodríguez.
Para intentar romper esta dinámica, Ismael Peña, politólogo de la Universidad Oberta de Cataluña, aboga por un cambio radical, sin parches. "El sistema no es inflexible ni está anquilosado. Era eficiente y eficaz para una sociedad industrial, pero no es ni eficiente ni eficaz en la sociedad de la información", reflexiona Peña, consciente de que Internet ofrece la oportunidad de "repensar todo el marco". Y para ello, considera necesario rehacer los sindicatos, los Gobiernos, la forma de organización de la ciudadanía. "El cascabel lo tienen que poner las bases. Tenemos instituciones que deberían facilitar esta transformación, pero no lo han hecho. Es necesario ir cambiando poco a poco la dinámica de los partidos. Y a medida que cambien, lo harán los Parlamentos". Peña sostiene que PSOE y e IU están en disposición de abanderar la gran metamorfosis. "Han tocado fondo. Pueden utilizar el partido para cambios sociales". La refundación, eso sí, debe hacerse "desde las bases".
Las demandas del 15-M son heterogéneas y plurales. "Es un movimiento incipiente y embrionario. Una fuerza que se ha despertado. Hay muchos grupos en discusión. Democracia Real Ya es uno de ellos, pero no agrupa todas las voluntades", enfatiza el profesor de Filosofía de la Universidad de Alcalá de Henares Germán Cano, que colabora en el subgrupo creado para analizar los medios de comunicación externos. "Lo que motiva a los indignados es la sensación de malestar y frustración. Y el 15-M está en situación de canalizar esa indignación. No plantea una crítica a la democracia o a las instituciones en sentido general, sino a la lógica de los partidos", dice Cano, uno de los firmantes del manifiesto de filósofos en apoyo al 15-M, un proceso colectivo que "ha sacudido la atmósfera de cinismo y apatía generalizada" que imperaba en la sociedad. ¿Llegarán los indignados a constituirse en un partido político? Cano es pesimista: "No es una demanda que guste a la mayoría. No tanto por apoliticismo como por una resistencia radical a las mediaciones".
Las reflexiones en torno al Movimiento 15-M
- Reforma electoral. El modelo español proporciona estabilidad política pero perjudica a las minorías estatales y distorsiona el peso de la población. Los indignados reclaman un sistema que permita equiparar el valor de los votos independientemente de donde procedan. PSOE y PP, los dos partidos mayoritarios, son los principales beneficiados por la ley actual y no parecen dispuestos a emprender la reforma.
- Los privilegios de la clase política. El 15-M ha canalizado la decepción de la sociedad española con la clase política por su lejanía, las prebendas de las que goza (salarios, jubilaciones, coche oficial, dietas, asignaciones de libre disposición) y la corrupción política. La ciudadanía presiona para que se produzca una regeneración de las instituciones públicas y reclaman candidaturas abiertas. El Senado ya emplea este sistema, pero no permite alterar el orden. Cambiar el sistema electoral presenta infranqueables resistencias de los partidos y las cúpulas dirigentes, que no parecen dispuestos a renunciar a su actual cuota de poder.
- Descongelación de la Ley de Transparencia. España es uno de los países más opacos de la Unión Europea en lo que se refiere a las cuentas de los organismos públicos. Existe una norma sobre la reutilización de la información pública que se queda corta y la ciudadanía reclama una mejora sustancial en este ámbito. El pleno del Congreso pidió la semana pasada al Gobierno que presente antes de agosto la Ley de Transparencia, que lleva meses atascada, y el Ejecutivo se ha comprometido a hacerlo.
- Control de la banca. Se acusa al sector financiero de colaborar en el origen de la crisis con préstamos hipotecarios que alimentaron la burbuja inmobiliaria, una mala gestión que ha costado millones al contribuyente y que se ha traducido en un recorte de créditos a familias y a pymes, mientras los bancos mantienen las altas retribuciones a sus directivos. La ciudadanía propone que se prohíban los rescates, la nacionalización de entidades en dificultades y se sancione la mala praxis bancaria. Los expertos, más comedidos, piden una supervisión, pero se muestran reticentes a la creación de una banca pública.
- Imputados en las listas. Un imputado no es más que alguien sujeto a indagación judicial y, por lo tanto, esta condición no es sinónimo de condena anticipada, pero la opinión pública no entiende de denuncias falsas contra ellos, y los integrantes del Movimiento 15-M exigen que salgan de las listas electorales.
- Alternativas al desahucio. La burbuja inmobiliaria unida al paro ha dejado a miles de familias sin casa. Las plataformas ciudadanas han parado pacíficamente 42 desahucios en toda España y piden que se aplique la dación en pago o que se convierta el parque inmobiliario en un banco de alquiler social. El sector financiero se muestra contrario a reformar las leyes, ya que considera que el cambio hundiría aún más el mercado del ladrillo.
- Crisis de representatividad. Los indignados pusieron de relevancia las debilidades de la democracia, basada en el liderazgo de la clase política. Algunos politólogos dudan de la viabilidad de un sistema organizativo en el que cada decisión tenga que ser refrendada por la asamblea. Los indignados abogan por que los ciudadanos puedan votar mediante un mensaje de texto o por medio de las redes sociales.
- Democracia directa. Las consultas vinculantes hacen al ciudadano dueño de su destino, pero la experiencia de Suiza y California aconseja manejar con cautela las iniciativas populares y los referendos, donde se han aprobado cuestiones inconstitucionales. La Constitución prevé la iniciativa legislativa popular mediante la presentación de 500.000 firmas.
* El País - 29.06.11
Foto: Los indignados critican a la clase gobernante y reclaman la regeneración de la democracia.- elpais
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Indignados. ¿Y ahora qué?
JOSEP Mª ANTENTAS Y ESTHER VIVAS* : La impresionante jornada de manifestaciones del pasado 19 de junio ha culminado la primera fase de la "rebelión de las y los indignados" abierta el 15 de mayo y marca el inicio de una nueva, aún por definir. En un mes el movimiento ha experimentado una verdadera ampliación cuantitativa y cualitativa. Su base social se ha diversificado social y generacionalmente, y se ha arraigado por todo el territorio.
La consistencia de la jornada del día 19 confirma la profundidad del movimiento emergente y del malestar social que refleja. No estamos ante un fenómeno coyuntural, sino ante el comienzo de una previsible nueva oleada de movilizaciones, de la que la manifestación del 15 de mayo y las acampadas han sido la lanzadera y la primera sacudida. Dos años y medio después del estallido de la crisis, en los que la apatía y el miedo han sido la nota dominante, los hechos de las últimas semanas confirman que la protesta social ha vuelto para quedarse. Y, como casi siempre, lo ha hecho reapareciendo de forma inesperada, intempestiva y rompedora, sorprendiendo a propios y extraños.
Internet y las redes sociales, twitter y facebook, han jugado un papel muy significativo en el desarrollo del movimiento, no sólo como herramienta de comunicación, sino también como espacio de discusión, de politización y de formación de una identidad y un patrimonio compartido.
En estas últimas semanas, hemos asistido a una recuperación de la confianza colectiva en la capacidad de cambiar las cosas. Años de derrotas y retrocesos y la falta de victorias que mostraran la utilidad de la movilización han pesado como una losa en la lenta reacción ante la crisis. Pero las revoluciones en el mundo árabe y, también, la victoria contra banqueros y gobernantes en Islandia han transmitido un mensaje muy claro: "Sí, se puede".
"La indignación es un comienzo. Uno se indigna, se levanta y después ya ve", señalaba el filósofo Daniel Bensaïd. Poco a poco se ha ido pasando del malestar a la indignación y de ésta a la movilización. Estamos ante una verdadera "indignación movilizada". Del terremoto de la crisis, ha surgido, finalmente, el tsunami de la revuelta social.
El movimiento en curso expresa la radicalización social más importante, al menos, desde hace más de diez años cuando irrumpió el movimiento "antiglobalización". Ahora, sin embargo, la profundidad social y territorial de la protesta, que se desarrolla en plena crisis económica y social, es mayor. Tiene un doble eje constitutivo inseparable: la crítica a la clase política y a los poderes económicos y financieros. A estos últimos se les señala como responsables de la crisis económica, y a la primera precisamente por su servilismo y complicidad con el mundo de los negocios.
Inspirándose en la plaza Tahrir, el método "ocupación de plaza más acampada" sirvió como elemento motriz para el movimiento en sus inicios. Las acampadas y ocupaciones de plazas no han sido un fin en sí mismas. Han actuado simultáneamente como referente simbólico y base de operaciones, de palanca para propulsar movilizaciones futuras, y de altavoz para amplificar las presentes.
El éxito de la manifestación del 19 de julio plantea el reto de cómo seguir. ¿Cuáles son los próximos pasos? El movimiento necesita profundizar aún más su arraigo territorial y la coordinación de asambleas de pueblos y barrios, hasta ahora su principal logro organizativo. En paralelo, la asignatura pendiente es estrechar los vínculos con la clase trabajadora y llevar la indignación a los centros de trabajo, donde aún domina el miedo y la resignación, y poder contestar a la política de concertación social que mantienen los sindicatos mayoritarios, el desconcierto de los cuales es evidente. Habrá también que seguir trabajando para definir nuevas actividades centrales, que permitan unificar desde la pluralidad y hacer converger objetivos, y para reforzar movilizaciones concretas, como ya está ocurriendo en el caso de los desahucios en muchos barrios.
Desde su irrupción, el principal éxito del movimiento ha sido el de haber puesto fin a la pasividad resignada y al desaliento social que hasta ahora imperaba. Estas semanas han marcado un punto de inflexión. Han sido días de tiempo acelerado y condensado en los que la confortable rutina de los poderes económicos y políticos se ha visto sorpresivamente alterada por un nuevo actor político y social que aún tiene muchas cosas que decir.
* Josep Maria Antentas es profesor de sociología de la UAB y Esther Vivas es miembro del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales (CEMS) de la UPF.
** Artículo publicado en Público (ed. Catalunya), 29/06/2011.
+ info: http://esthervivas.wordpress.com
* Blog Esther Vivas - 29.06.11
Los vertidos y el urbanismo descontrolados amenazan las costas españolas
El vertido de forma incontrolada de aguas residuales sin depurar supone un riesgo para la salud. Según los ecologistas, una de las banderas negras se la lleva la playa conocida como ‘Cascada de la Mierda’, en el Parque Natural de la Sierra Helada, en Valencia.
El informe Banderas Negras 2011. Esto es una barbaridad destaca que las comunidades autónomas de la costa “se saltan sistemáticamente la Directiva Marco de Aguas, ya que ninguna depura y reutiliza sus aguas como la ley contempla”. A esto se añade la condena a España por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea por verter este tipo de aguas en 38 áreas urbanas de más de 15.000 habitantes.
Ecologistas en Acción también denuncia en su trabajo casos relacionados con los vertidos industriales. Subrayan así las carencias de la ley de responsabilidad ambiental y los impactos producidos por los vertidos industriales en la costa. La ría de Huelva es el lugar más contaminado industrialmente.
El urbanismo, a examen
Para los ecologistas, el boom inmobiliario de España ha sido otro factor de la degradación de los recursos naturales marinos y de la calidad del suelo. Su desarrollo ha propiciado grandes complejos urbanísticos. Las banderas negras se han otorgado a las costas de Marbella y Fuengirola como los casos de mayor transformación y degradación por urbanismo en el litoral.
Según Jorge Sáez, responsable del Área Marina de Ecologistas en Acción, la Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar ha tenido una “total falta de sensibilidad ambiental y de capacidad para tener una planificación estratégica, lo que le ha hecho incurrir en inversiones de alicatado de la costa por un valor de más de 170 millones”.
“La mayor parte de su presupuesto ha servido para hacer obras como paseos marítimos, rellenos y regeneraciones artificiales de playas, etc.”, añade el ecologista. La playa de la Barceloneta ha obtenido la Bandera Negra por ser el lugar más transformado y consumidor de dinero público de toda la costa: 60 millones de euros en los últimos cinco años.
El informe también denuncia la proliferación de Puertos del Estado por toda la costa porque “no cuentan con una justificación económica y ambiental y podrían suponer el mayor impacto de la costa española en el siglo XXI”.
Fuente: SINC - http://www.agenciasinc.es/
* Ecoticias - 29.06.11
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El pelotazo de Correa en Arganda se acerca a los 24 millones de euros
La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24 millones de euros.
Por el momento son cuatro los imputados del caso Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan Fernández Caballero.
Según consta en un documento incluido en el informe remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de 12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió, según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio, gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en 100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por 73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el terreno.
Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
El establecimiento de la conexión entre las dos comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el verdadero motivo de esta comisión.
El informe policial aporta la transcripción de conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
* ElPaís - 29.06.11
Foto: Arganda del Rey (Madrid) - cosasdemadrid.es
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Mallorca.- El ex consejero Miquel Nadal, detenido por contrataciones irregulares
Las mismas fuentes han señalado que todos ellos han sido arrestados por su implicación en contrataciones que habrían sido llevadas a cabo de forma irregular a través del Instituto Balear de Turismo (Ibatur), empresa mediante la cual presuntamente se desviaron millones de euros de fondos públicos durante la última legislatura de Jaume Matas (PP).
Se da la circunstancia de que Nadal ya fue detenido en el marco del caso Voltor, en febrero de 2009, y eludió su ingreso en prisión tras depositar una fianza de 100.000 euros que posteriormente fue rebajada a 70.000. El ex consejero también está imputado en los casos Maquillaje y Can Domenge, en el marco de los cuales la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel contra él, mientras que está encausado en una quinta causa, la de Son Oms.
En relación con el caso Ibatur, cabe recordar que en sus distintas fases policiales fueron detenidas, exceptuando los arrestos de esta jornada, hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía, así como el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel àngel Bonet. Ahora el cerco se amplía a la antigua UM, ya que hasta el momento únicamente habían sido imputados ex altos cargos del PP.
Varios de ellos se encuentran en libertad bajo fianza, como es el caso de Alabern -que depositó una caución de 350.000 euros-, el publicista Juan Velasco -100.000-, Bonet -250.000- y los empresarios Miquel Deyà -100.000- y Miquel Jaume -15.000 euros-. Se da la circunstancia de que a Alía le fue inicialmente impuesta una fianza de 30.000 euros, aunque a raíz de las confesiones del publicista Bartolomé Morey el magistrado decretó su privación de libertad sin fianza. Tres meses después salió de la cárcel tras abonar una caución de 150.000 euros. El ex gerente abandonó además en 2004 su cargo en el Ibatur a raíz de los gastos cargados a la empresa en el club de alterne Rasputín durante un viaje promocional del Gobierno balear a Moscú, y fue sustituido por Alabern.
El juez Juan Ignacio Lope Sola se hizo cargo de las investigaciones tras la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción. Cabe recordar que la operación se abrió con los registros llevados a cabo en el Pula Golf de Son Servera así como en Costa Nord, donde se ubica la Fundación Baleares Sostenible, empresa al frente de la cual la pasada legislatura del PP se encontraba Pau Collado -imputado dentro de la trama Gürtel por su gestión a través de la empresa Easy Concept-.
Mientras tanto, también agentes policiales allanaron la sede de la empresa Clave Comunicación en Palma, uno de los principales grupos de comunicación de las islas, así como dependencias relacionadas con esta compañía y ubicadas en Santa María y en Llucmajor. Sin embargo, las investigaciones del caso se extienden a dos empresas de Madrid, Over Marketing -presuntamente relacionada con el caso Gürtel- y Match Golf -dedicada a la organización de espectáculos deportivos y adjudicataria del torneo de golf Mallorca Classic, llevado a cabo en pula golf-, que también fueron registradas.
Bajo sumario desde febrero de 2009
No obstante, el caso Ibatur ya se inició en febrero de 2009 con la primera detención de Bonet, quien no sólo reconoció entonces haber defraudado a las arcas públicas 20.000 euros mediante contratos irregulares entre 2006 y 2007 a una familiar nonagenaria, motivo por el cual fue arrestado, sino que confesó además haber hecho lo mismo en seis ocasiones más con otros tres o cuatro familiares haciéndolos pasar por proveedores y malversando hasta un total de 85.000 euros, la misma cantidad que le fue impuesta como caución para evitar su ingreso en prisión.
Mientras tanto, diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa reflejan que el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula "habitual" de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.
* El Confidencial - EP. - 28.06.11
Foto: Mallorca, exconsejero Nadal y Munar (archivo) - elpais
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Cádiz.- La fiscalía investiga el desvío de 3,6 millones para obras en colegios
Las presuntas irregularidades han salido a la luz a raíz de una investigación de la Agencia Tributaria sobre la actividad de Contratas y Mantenimientos Pacheco entre 2006 y 2008. Este informe revela que los contratos con el ISE, que constituían una de las principales fuentes de ingreso de la entidad, se tramitaron siempre como contratos menores o como obras de urgencia y que, por tanto, no salían a concurso público. Posteriormente, la empresa subcontrataba los trabajos a una maraña de sociedades que, supuestamente, emitían facturas falsas para esconder sus beneficios.
Como consecuencia de esta inspección fiscal, que fue adelantada por el diario Abc, la Agencia Tributaria ha denunciado a los responsables de la empresa por malversación y falsedad continuada en documento mercantil.
Documentación
La delegada de Educación sostuvo ayer que la dirección general del ISE ha facilitado toda la documentación requerida por la Agencia Tributaria desde junio a diciembre de 2010: "Se les dio primero la información tributaria y certificaciones de obras de 40 expedientes y, en una segunda fase, información detallada de 29 expedientes por un valor de más de 50.000 euros". Alcántara reconoce, sin embargo, que no han entregado aún documentación a la fiscalía "porque no nos consta ninguna petición", aunque el ISE ha enviado ya una carta al fiscal para ponerse a su disposición: "La delegación de Educación y el ISE de Cádiz somos los más interesados en resolver las dudas".
Alcántara disiente, con todo, de la fiscalía en el grado de cumplimiento de los contratos: "Esas obras están totalmente ejecutadas y soportadas por expedientes". El ISE de Cádiz dedicó la mañana de ayer a realizar este trabajo de comprobación.
* El País - 28.06.11
Foto: Cádiz - E.Ruíz (ELPAIS.com)
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Portugal suspende el proyecto del AVE entre Lisboa y Madrid
El Gobierno de coalición del Partido Social Demócrata (PSD) y el Centro Democrático Social (CDS) ha entregado al Parlamento su plan de acción, que sigue las líneas del duro programa de ajuste acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Unión Europea, a cambio de un préstamo de 78.000 millones de euros.
El listado de medidas incluye la privatización de importantes empresas públicas como la compañía aérea de bandera TAP, la eléctrica EDP, las Redes Energéticas Nacionales (REN) y uno de los dos canales de la televisión público RTP. Asimismo, pondrá fin a los derechos preferenciales (acción de oro) que el Estado mantiene en algunas empresas privatizadas, como Portugal Telecom (PT).
El Gobierno se compromete a reducir sustancialmente lo que denomina "Estado paralelo", y para ello durante los primeros 90 días de su mandato realizará una reevaluación minuciosa de los institutos, fundaciones, entidades públicas empresariales o mixtas, tanto de la Administración central, regional y local. Una de las medidas en este ámbito será la extinción de los cargos de gobernadores civiles. El Tribunal de Cuentas asumirá funciones cada vez más fiscalizadores, a fin de mejorar el control de todos los organismos que reciben fondos públicos.
"Se trata de un programa sobrio y realista por cuatro años, para reducir el peso de la máquina del Estado", asegura el Gobierno, que pretende despolitizar el proceso de reclutamiento de los cargos dirigentes más importantes.
Destaca en educación la evaluación, a través de un examen, de los conocimientos de los candidatos a profesores, una medida que intentó aplicar el anterior Gobierno, y que tropezó con la resistencia de los sindicatos del sector, hasta el punto de que le costó al puesto a la ministra de Educación María Lourdes Rodrigues.
* El País - 28.06.11
Foto: Lisboa, estación Sta Apolonia - treneando
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El movimiento 15M sigue sorteando barreras
Entre 500.000 y un millón de personas salieron el 19 de junio en las manifestaciones convocada a nivel estatal contra el Pacto del Euro. Las marchas, potenciadas por el movimiento 15M sirvieron como demostración en un proceso que sigue fortaleciéndose cuando va ya por su sexta semana. El domingo 19 cerró, de paso, la semana más difícil para el movimiento.
La salida del campamento de la Puerta del Sol, que dejó sin asambleas diarias a muchas de las personas que se habían acercado a la plaza madrileña desde el 16 de mayo; las cargas policiales en Valencia y Madrid durante la jornada de ‘bienvenida’ a los cargos electos el 11 de junio y la sobrerreacción por parte de los medios de comunicación ante los hechos ocurridos alrededor del Parlament catalán el 15 de junio, habían puesto al movimiento en una difícil tesitura: la de reivindicarse una vez más ante la opinión pública.
“Los grupos radicales del 15M ejercen una coacción inadmisible sobre el Parlament catalán”, resumía en su editorial El País el 16 de junio, para cuatro días después reconocer que “el clima pacífico en el que los miles de manifestantes recorrieron las calles [el 19J] demuestra el error político de intentar criminalizarlos”. Estas movilizaciones no están siendo bien digeridas por el establishment político y social.
Así, el 19 de junio más que como una fecha de movilización se planteaba como la verdadera piedra de toque del 15M. Era importante el número de manifestantes, era importante no dar argumentos a quienes buscan criminalizar el movimiento o crear separaciones artificiales entre antisistema e indignados, entre Barcelona y Madrid, entre portavoces ocasionales y personas anónimas. Así, la prueba salió bien, tanto en asistencia como en la imagen de cohesión dada a medios y actores políticos y sociales que habían puesto en cuestión la supervivencia del modelo de participación horizontal.
“No les invito ni a mi casa”
Salvada la trampa de atender la exigencia de dichos actores, el problema vuelve a tenerlo la clase política, inmersa en una crisis de representatividad de la que el caso de Extremadura, comunidad en la que IU ha renunciado a pactar con el PSOE, es sólo un episodio más. Los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas, en su papel de gestoras de los recortes sociales, y el PSOE, desgastado como todos los Gobiernos de la Europa periférica, tendrán que tomar nota de las demandas del movimiento 15M u optar por ningunear, criminalizar o deslegitimar las protestas con los medios a su alcance.
En el Partido Socialista se lleva el equilibrismo, mientras Marcelino Iglesias, secretario de organización, señala que las ideas del 15M “son reformas necesarias que las democracias avanzadas debemos hacer”, el presidente del Congreso, José Bono, se despachaba contra los indignados que habían bloqueado la entrada al Parlament: “El primer día que me preguntaron dije: ‘estos chicos parecen buena gente’. Pero a éstos de ahora, desde luego yo no los invito ni a mi casa”. No obstante, Zapatero y Alfredo Pérez Rubalcaba, candidato socialista a las elecciones generales de 2012, han optado por pasar de puntillas sobre el tema, esperando quizá un momento propicio para significarse de una u otra forma.
Mientras, el PP, consciente de que su llegada a la Moncloa provocará una mayor conflictividad social, se apunta a la senda marcada por Bono.
Esto no es una isla
El momento es delicado para los Gobiernos europeos. El segundo rescate de Grecia amenaza con hundir las otras economías periféricas: Portugal, Irlanda y España siguen muy pendientes de las nuevas calificaciones de riesgo de la deuda soberana. Para mantener la confianza de los mercados financieros en este trance, el Consejo Europeo ha planteado el llamado Pacto del Euro, que debe ser ratificado el 27 de junio por los países de la zona euro y otros Estados que se han sumado al mismo. Los ajustes en las condiciones de trabajo y reproducción social que promueve el pacto para salvar el euro se plantean en un escenario muy distinto del que existía cuando Zapatero anunció el recorte de salarios en el empleo público y una vez se produjo el primer rescate financiero de Grecia, hace sólo un año.
Los ataques del mercado a la moneda única europea han perdido relevancia frente a las muestras de indignación en calles y plazas. Por más que carezca de caras visibles, o precisamente por eso, por más que haya “indignados con los indignados” que argumenten que son más los que están en casa que quienes protestan en la calle, el movimiento 15M ha planteado de forma inequívoca que la crisis no puede seguir siendo gestionada bajo el axioma de que no hay otra alternativa que perder derechos sociales, aceptar empleos peor pagados y tratar de paliar en el ámbito doméstico los efectos de una deuda privada convertida en pública.
La respuesta no se produce en una isla. En África, Islandia, el Golfo Pérsico o Grecia las protestas duran meses. En Italia, a las protestas estudiantiles de diciembre les ha seguido una negativa histórica al programa nuclear de la derecha. En Reino Unido, uno de los principales sindicatos anuncia las mayores movilizaciones de los últimos cien años si David Cameron, por cierto, modelo para Mariano Rajoy, no da marcha atrás a su programa de recortes de gasto y reformas económicas.
* Diagonal - Redacción - 27.06.11
Foto: Alvaro Minguito
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