ELPAÍS/A Coruña* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de A Coruña ha estimado las dos demandas por considerar que las cuatro urbanizaciones de varios bloques son "incompatibles" con el entorno en el que iban a construirse, núcleos rurales de viviendas unifamiliares y prados. Es la misma razón que llevó a la Xunta a suspender las normas urbanísticas de Sada desde 2005.
El fallo que declara ilegales estas promociones, todas paralizadas desde hace más de cuatro años de forma cautelar por los tribunales tras admitir a trámite los recursos de la Xunta y el BNG, llega tarde en el caso de uno de los proyectos: la urbanización La Soleada, en Meirás, está acabada y sus 24 viviendas casi todas vendidas y ocupadas. Son seis bloques que fueron paralizados judicialmente en 2007, cuando su construcción estaba ya terminada. Pese a todo, el exalcalde siguió adelante y a los pocos días de celebrarse las elecciones municipales, estando en funciones, concedió la licencia de ocupación.
La construcción de otros dos de los proyectos ahora declarados ilegales, de 42 y 11 viviendas respectivamente, está paralizada desde 2007. Las obras de la cuarta urbanización, la más grande al prever tres edificios con un total de 77 viviendas, no llegaron a comenzar dado que la orden de paralización del juzgado se cursó en 2006.
En núcleos rurales
La sentencia, que aún puede ser recurrida ante el Tribunal Superior, destaca que la construcción de estas moles son "incompatibles con la tipología mayoritariamente unifamiliar" de los lugares donde pretendían erigirse. El afán del anterior gobierno de Rodríguez Ares (que dejó el PP tras tres décadas de militancia) por autorizar grandes construcciones en suelo de núcleo rural fue la causa de que Sada tenga desde hace seis años suspendido su planeamiento. Las cuatro urbanizaciones obtuvieron con inusitada celeridad las licencias municipales entre abril y mayo de 2005. Dos de las promotoras se habían constituido apenas un mes antes.
El BNG que gobierna, con Abel López, desde 2007 la localidad coruñesa, recordó que antes de acudir a los tribunales intentó, sin éxito, que no siguieran adelante estas promociones. Los nacionalistas recordaron que tres de los miembros del gobierno de Ares son ahora candidatos a las elecciones por el partido del exalcalde o por el PP. La lista popular la encabeza Ernesto Anido, un joven promotor inmobiliario de Betanzos.
* El País - 6.05.11
Foto: Sada (A Coruña), construcción irregular - laopinioncoruna.es
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PÚBLICO/Toledo* : Manuel Fuentes lleva ocho años al frente del consistorio toledano de Seseña. Desde que en 2006 denunció ante la Fiscalía Anticorrupción un supuesto pelotazo urbanístico, ocurrido cuatro años antes, de varios concejales del PSOE y el PP a favor del empresario Francisco Hernando, el Pocero, se ha convertido en emblema de la honradez en la política local.
El regidor de IU ha chocado sobre todo con el Pocero, que se ha querellado en una docena de ocasiones contra él, aunque 11 de sus denuncias ya han sido archivadas. Pero Fuentes también se ha topado con otros empresarios por la paralización de varios planes de actuación urbanística (PAU) que no eran de "interés general" para los vecinos. "El desarrollo de nuestro municipio no pasa por lo que digan los promotores urbanísticos, sino los ciudadanos", subraya Fuentes, que aboga por una clase política que trabaje por el bien general y que no sucumba ante el poder económico.
Él asegura no haber caído, y eso que "aquí hay tentaciones", señala. Durante la primera legislatura, explica el alcalde, fue tentado con un par de pisos de lujo a cambio de acelerar algunos trámites urbanísticos. En otras ocasiones, el incentivo venía en forma de "dime lo que quieres". Con estos asuntos ha sido "intransigente". "Una cosa es que te regalen una agenda por Navidad y otra que intenten sobornarte", arguye Fuentes.
Estas situaciones ya no se producen porque se ha corrido la voz de cómo responde el alcalde. Esta actitud que parece excepcional, es normal para Fuentes: "En lo de no dejarnos convencer por el poder económico, los alcaldes de IU estamos cortados por el mismo patrón". Y ve otra diferencia. "No está claro que otros se enfrenten con tanto descaro con la gente que no actúa honestamente", dice.
Hemos salido del tajo
Con poco más de 19.000 ciudadanos empadronados en la localidad (el doble que hace cuatro años), Fuentes espera poder seguir trabajando para que el interés de los vecinos prevalezca sobre "los intereses fácticos y económicos" tras el 22-M. En 2007, el 41,47% de los electores (2.109 votantes) le dio su confianza. Ahora sabe que el contexto es complicado por el paro y la crisis, pero confía en "el buen criterio de los vecinos".
Sea al frente del consistorio o en la oposición, Fuentes advierte de que seguirá luchando para que "la política del Ayuntamiento sea honrada y en beneficio de todos, no de unos pocos". ¿Y cuando toque retirarse? Recuerda que ha "salido del tajo", por lo que se ve regresando al taller familiar en el que trabajó desde los 18 años. A quien le resulte poco creíble, Fuentes responde con que la política no es su vida. "Tengo estabilidad laboral y familiar", concluye.
* Público - 6.05.11
Foto: Seseña (Toledo), urbanización de El Pocero - EFE
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ELPAÍS/Colombia* : Por omisión, por mirar hacia otro lado frente al escándalo llamado "carrusel de la contratación" que tiene a Bogotá al borde un caos de movilidad, la Procuraduría de Colombia -Ministerio Público- suspendió ayer por tres meses al alcalde Samuel Moreno. Esta sanción inicial podría ampliarse hasta seis meses, prácticamente lo que a Moreno le resta de mandato, que finaliza en diciembre.
Se trata de una situación inaudita en la capital colombiana, de ocho millones de habitantes, y que golpea duramente al izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), el partido gobernante en esta ciudad. Miembros de su partido han pedido al alcalde que, por su bien y el de la capital, dimita. En una reunión con la prensa en la que no aceptó preguntas y que eligió dar al mismo tiempo que se jugaban los últimos minutos de la semifinal de Champions entre el Barcelona y el Real Madrid, Moreno afirmó que los cargos "no comprometen" su honestidad y que "no es el momento para pensar en renuncias". Anunció, además, que apelará la decisión de la Procuraduría.
El alcalde es acusado de "omisión en el deber de asegurar los contratos". Su fallo es un resumen del escándalo: adjudicación de obras sin estudios ni diseños definitivos, adiciones a contratos, recortes de obras, costos adicionales, entrega de recursos a contratistas de manera indebida, atrasos. Hay, por ejemplo, trabajos adjudicados en 2009 sin iniciar. La justicia investiga las denuncias y grabaciones que hablan de sobornos millonarios cobrados a los contratistas, entre otros, por el senador del PDA Iván Moreno, hermano del alcalde, detenido la semana pasada por orden de la Corte Suprema.
En el escándalo están involucrados políticos, funcionarios, contratistas, abogados y oscuros intermediarios, y refleja una profunda crisis institucional en la ciudad.
Reina el nepotismo. En el centro están tres primos, los Nule. Se trata de dos hijos y un sobrino de un exministro, y su cuñado, quienes de la noche a la mañana, y con el apoyo de funcionarios del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se convirtieron, en los últimos ocho años, en poderosos contratistas. Hoy, encarcelados, han aceptado uno de los cinco cargos que les imputa la Fiscalía: peculado por apropiación. Es decir, robo del erario.
La demora en las obras del sistema de autobuses articulados por la avenida que lleva al aeropuerto internacional destapó el escándalo a finales de 2009. Nadie explicaba, además, el millonario anticipo entregado a los Nule. El alcalde, entonces, empezó a presionar a los contratistas, se rompió la cuerda y estos, que hasta entonces se sentían blindados, empezaron a hablar. Desde entonces las acusaciones mutuas entre los Nules y los Moreno ?la familia del alcalde y miembros de una de las dinastías políticas más importantes y cuestionadas del país? han sido el pan de cada día.
El escándalo dividió al PDA y ayer muchos de los que aún apoyaban al alcalde exigieron su dimisión. "El Polo debe asumir su responsabilidad política en este caso", dijo el congresista Iván Cepeda, miembro del partido.
No hay claridad sobre el camino para elegir a quien gobernará Bogotá en los próximos tres meses. Algunos opinan que el PDA debe enviar, de manera inmediata, una terna al presidente Juan Manuel Santos para que elija al alcalde provisional. Otros aseguran que tomará la decisión sin consultar al partido.
"Ojalá el PDA asuma una posición autocrítica, elija personas que hagan fluir la ciudad, que cuiden el dinero de las licitaciones de las obras en curso", dijo a este periódico el concejal Carlos Vicente de Roux, defensor de que el PDA envíe una terna. Para él, lo ocurrido era previsible. "El alcalde estaba advertido, le pedimos una comisión que investigara y no lo hizo". Junto al excandidato presidencial Gustavo Petro, De Roux presentó en noviembre del año pasado un informe a la comisión de ética del partido sobre las graves irregularidades. Ahí alertaban de la adjudicación de contratos millonarios a sociedades controladas por Iván Moreno. El hermano detenido del alcalde.
* El País - 4.05.11
Foto: Bogotá (Colombia), vista - google
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COTIZALIA* : Al mercado inmobiliario español todavía le quedan varios años de lento peregrinar por el desierto. La dificultad a la hora de acceder al crédito, unos precios que siguen sin tocar fondo y un entorno económico poco favorable se han convertido en importantes escollos que no hacen sino alargar la agonía del sector. Por un lado, la banca española sigue apretando las tuercas a quien se plantea la compra de una vivienda. Las condiciones de financiación son cada vez más exigentes y, por tanto, el acceso al crédito cada vez es más difícil.
Entre diciembre de 2010 y marzo de 2011, los tipos de interés de las nuevas operaciones de crédito a los hogares aumentaron 49 puntos básicos, mientras que en los préstamos para la adquisición de vivienda el incremento fue de 70 puntos, según los últimos datos del Banco de España. Si a esto se suma el repunte experimentado por el euribor, 50 puntos básicos por encima de los niveles de diciembre, estaríamos hablando de un encarecimiento de hasta 1,2 puntos porcentuales sobre el interés respecto al que cobraban las entidades financieras a los hipotecados respecto al mes de diciembre. Y el organismo no descarta nuevos "incrementos adicionales en los próximos meses", ya que la evolución futura dependerá de las tensiones en los mercados financieros y de la competencia por captar depósitos, entre otros factores.
Los márgenes que la banca aplica para la concesión de hipotecas han crecido en España "más intensamente" que en la Unión Europea durante los tres primeros meses del año, según revela la "Encuesta sobre préstamos bancarios en España", que el Banco de España realiza a partir de cuestionarios en diez entidades financieras.
¿Por qué? La crisis de deuda soberana y los temores a un posible rescate de España provocaron la desconfianza sobre las entidades españolas que tuvieron que pagar más para financiarse en los mercados internacionales. Unos sobrecostes que han terminado por trasladar al capital prestado a las familias españolas.
La consulta realizada por el Banco de España revela además que las entidades siguieron restringiendo el crédito a los hogares para la adquisición de vivienda, debido no sólo a una menor "disponibilidad de fondos", también a una mayor percepción de riesgo en estas operaciones.
La banca ha comenzado a cubrirse las espaldas ante la subida del euribor encareciendo de nuevo las cuotas de las hipotecas de manera que han desparecido del mercado algunos de los productos más competitivos del mercado como la Hipoteca Futuro, de las fusionadas Caja España y Caja Duero, como informaba esta semana Invertia.
A esto se suma lo que ha dejado de ser un secreto a voces: que bancos y cajas dan prioridad a operaciones sobre inmuebles de su propiedad. En estos casos, además, las condiciones de financiación son mejores y los precios de los inmuebles, más bajos.
Oferta y demanda no se encuentran
Otro de los factores que juega en contra de la recuperación inmobiliaria es el ingente stock de viviendas generado en los años del boom inmobiliario que se calcula entre las 700.000 -últimas estimaciones de Fomento- y los 1,5 millones de viviendas -estimaciones de RR de Acuña y Asociados-. Oferta y demanda siguen sin encontrarse. De hecho, Bankinter hablaba en un informe de "bloqueo inmobiliario" ya que en la opinión de varios de sus analistas nos encontramos en un momento en el que ni los propietarios están dispuestos a vender" por debajo de un precio aceptable” ni los compradores se plantean comprar a la espera de una oportunidad mejor en el ciclo de caídas".
De hecho, los datos del Banco de España muestran una menor demanda para la compra de vivienda por parte de las familias españolas.
"La culminación del ajuste pendiente requiere que las transacciones de vivienda retomen una senda más nítida de recuperación, algo que podría verse obstaculizado en los primeros meses de este año por el efecto de compras adelantadas al año anterior ante el cambio en el tratamiento de la adquisición de vivienda en el IRPF", apunta el organismo que preside Miguel Ángel Fernández Ordóñez. En opinión del Banco de España, este cambio normativo de carácter fiscal podría estar determinando una caída significativa de las transacciones de viviendas en los primeros meses del actual ejercicio, como consecuencia del posible adelantamiento de una parte de las mismas al ejercicio anterior.
De hecho, matiza los datos publicados en torno a las operaciones de compraventa en España correspondientes a enero y febrero ya que aunque "muestran una recuperación notable en las cifras de trasmisiones, es preciso puntualizar que esta evolución está relacionada con el desfase temporal existente entre la formalización de las operaciones de compraventa y su inscripción registral, de manera que ese repunte se debe, en realidad, al dinamismo de las transacciones en los meses finales de 2010.
Para el Banco de España, "tampoco ayudarán las perspectivas de aumento del esfuerzo financiero que es necesario comprometer para la adquisición de un inmueble, una vez que los tipos de interés han empezado a repuntar".
Los precios no tocan suelo
Otro de los factores que está contribuyendo a la larga agonía del sector inmobiliario español está siendo la lenta caída experimentada por los precios de la vivienda. Diferentes organismos e instituciones hablan de caídas adicionales de hasta el 40% mientras que desde el Gobierno se asegura que los precios no caerán más. Lo afirmaba esta martes José Blanco en Londres.
“Los precios puede que no caigan masivamente en los próximos 12 a 18 meses ya que esperamos que las ventas se recuperen con lentitud”, aseguraba también esta semana Standard & Poor's en un informe, mientras que desde Bankinter se aseguraba que 'bloqueo inmobiliario ' provocará que "los precios sigan cayendo en un rango -1,0%/-1,5% en tasa trimestral hasta finales de 2012.
* Cotizalia - 6.05.11
Foto: cotizalia
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LAVOZ/A Coruña* : El Concello de Sada acaba de hacer pública una sentencia del juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº1 de A Coruña en la que se anulan cuatro licencias de obras, con un total de 154 viviendas distribuidas en cuatro urbanizaciones situadas en O Tarabelo, Samoedo y Meirás. Según explican desde el Concello, el juzgado estima totalmente los recursos contencioso-administrativos planteados en su día tanto por el BNG como por la Xunta contra las licencias que habían sido otorgadas en el año 2005 por el gobierno local cuando estaba presidido por Ramón Rodríguez Ares, «do cal tamén formaban parte Emilio Gómez López, Mar Fernández Linares e Marcos López Mallo, candidatos agora de PDSP e PP», añadieron. Según consta en la sentencia, de las cuatro urbanizaciones, una de ellas, La Soleada (Os Tornos-Meirás) está finalizada y ocupada por terceros compradores de las 24 viviendas. De las otras tres, dos estaban en fase de construcción (urbanización El Carmen en O Tarabelo, para 42 viviendas, y otra de 11 viviendas en Samoedo). La cuarta (de 77 viviendas, también en O Tarabelo) estaba en fase previa de acondicionamiento de los terrenos.
Paralizaciones cautelares
Las cuatro urbanizaciones fueron paralizadas cautelarmente en los años 2006 y 2007. Sin embargo, la orden judicial de paralización para la urbanización La Soleada fue dictada cuando ya estaba finalizada.
El gobierno local de Sada considera que esta sentencia confirma que las licencias para urbanizaciones plurifamiliares en suelo de núcleo rural «era manifiestamente ilegal e fraudulento». Recordaron que esta circunstancia ya había sido expuesto, antes de acudir a la vía judicial, tanto por el BNG como por la Consellería de Ordenación do Territorio de la anterior Xunta. «A política urbanística do goberno de Rodríguez Ares baseada na especulación, o pelotazo, a ilegalidade e o fraude, trae agora as consecuencias derivadas da acción da Xustiza: urbanizacións anuladas e, nalgúns casos, ocupadas por terceiros adquirintes de boa fe», añadieron.
* La Voz de Galicia - 6.05.11
Foto: Sada (A Coruña), vista - turismo
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PÚBLICO* : Seiscientos mil parados, 30.000 alumnos en barracones y un gobierno maniatado por la corrupción y gestionado por un partido, el PP, que se vanagloria de que sus listas las encabecen imputados por la justicia. Un panorama digno de seísmos sociales, pero que en una parte muy representativa de la sociedad valenciana apenas provoca un leve encogimiento de hombros. ¿Por qué? Es la pregunta que desde hace años se realizan numerosas entidades progresistas del País Valencià. Ayer, horas antes del inicio de la campaña, una decena de sus dirigentes más destacados presentaron públicamente un manifiesto en el que instan a la ciudadanía a indignarse y a votar. El escrito supone una reedición del espíritu de "Ja en tenim prou" (Ya basta), movimiento que surgió al calor de estas mismas asociaciones hace cuatro años y que desembocó en un vídeo denuncia contra Camps similar al "Hay motivo" de 2004, que potenció la candidatura de Zapatero. El PP intentó prohibirlo, aunque el documental no erosionó su poder, como tampoco le pasó factura la unidad de los partidos a la izquierda del PSPV-PSOE bajo la marca Compromís. El PP venció y aumentó su mayoría. Y a muchos ciudadanos se les incrustó el "¿Por qué?" en la boca.
Manuel Alcaraz, profesor de derecho constitucional de la Universidad de Alicante e impulsor del manifiesto, cree que la derecha lo ha hecho muy bien y la izquierda muy mal. "El PP ha creado un modelo basado en el turismo de masas, los grandes acontecimientos y el urbanismo y ha conseguido que la ciudadanía lo identifique con la idea de progreso". Y frente a eso, "la izquierda carece de alternativa y además vive ensimismada en el debate de sus esencias", según Alcaraz.
Críticos con el PP
Este autismo a rachas de las formaciones políticas ha dejado en manos de asociaciones y plataformas un papel de verdadera oposición. Y el PP ha visualizado en ellas el enemigo a batir. "Nos sentimos perseguidos", expresó ayer Alfons Álvarez, de Salvem el Botànic, para quien Camps se ha empleado con contundencia en contra de la sociedad civil crítica. La última legislatura está sembrada de ejemplos: el apagón de TV3 y las multas a Acció Cultural, el estrangulamiento económico de sindicatos críticos o la criminalización de asociaciones como Salvem el Cabanyal, que se opone a la destrucción del barrio de pescadores de Valencia. "Nos hemos curtido tanto que de esta mesa podrían salir los consellers del futuro gobierno valenciano", apuntó Antoni Gisbert, de Acció Cultural.
* Público - 6.05.11
Foto: Los promotores del manifiesto - publico
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LAVANGUARDIA/HelpMyCash* : Hemos visto un piso que nos gusta a un precio razonable y nos disponemos a pedir una hipoteca. El banco nos informa de cuánto pagaremos cada mes y de la entrada que tendremos que dar, pero nadie nos explica cuánto habremos pagado por la casa en total, al final de la operación, a pesar de que el precio de la vivienda puede aumentar en un 20, 50 o hasta un 100%. ¿Qué elementos encarecen el coste de nuestra casa?
•Los gastos de hipoteca y compraventa: impuestos, tasación, notaría, gestoría… Suelen costar entre el 10 y el 12% del precio de compra. Si la casa cuesta 200.000 €, habremos de añadir unos 20.000 € a abonar al principio de la operación.
•El plazo. Pedir una hipoteca a 40 años puede reducir mucho la cuota mensual a pagar, pero también elevará los intereses. Por ejemplo, en una hipoteca media de 150.000 € a euríbor + 1%, en 25 años habremos pagado 215.272 € (65.272 € de intereses) y en 40 años habremos pagado 261.079 € (111.079 € de intereses).
•El interés:
o A) Diferencial. En una hipoteca de 150.000 € a 25 años a euríbor +0,70%, pagaremos 208.280 € (58.282 € de intereses), pero si el interés más barato que nos ofrece el banco es de 1,20%, acabaremos pagando 220.006 € (70.006 € de intereses).
o B) Euribor. En una hipoteca de 150.000 € a 25 años a euríbor +0,70%, con el íuribor actual pagaremos 208.280 € (58.282 € de intereses), pero si el euríbor alcanzara un valor medio del 4%, pagaríamos 255.260 € (105.260 € de intereses).
•Las comisiones. Pueden ser de apertura, estudio, cancelación anticipada… Y suelen ir del 0,50% al 3%. Por ejemplo, solo con que tengamos una comisión de apertura del 1% en una hipoteca de 150.000 €, el coste total de la hipoteca se encarecerá en 1.500 €.
•Los seguros. Los bancos cada vez ponen más condiciones para conceder un préstamo. Si antes lo normal era que, al abrir una hipoteca, nos obligaran a contratar seguro de hogar y de vida, ahora pueden añadir un seguro de protección de pagos o desempleo, plan de pensiones con aportación mínima, etc., que cuestan una media mínima de 200 € al año. Además, en ocasiones, estos seguros pueden ser incluidos en el principal de la hipoteca, de manera que no solo pagaremos su coste durante sus meses de vigencia sino que generarán intereses que pagaremos durante toda la vida del préstamo. Son los denominados seguros PUF (prima única financiada).
El ejemplo: ¿cuánto paga de más un español medio por su casa?
•Precio de la casa: 200.000 €
•Hipoteca: 150.000 €
•Plazo: 25 años
•Interés: euríbor + 1%
•Seguros: Hogar, vida y protección de pagos (desempleo)
•Comisiones: 1% de apertura
En este caso medio, el hipotecado pagaría su casa 98.163 € más cara que el precio de compra-venta, y eso en el supuesto de que el euríbor se mantuviera en una media del 2% (Calcula el coste real de tu hipoteca).
Para intentar minimizar estos costes, las consignas son (1) buscar entre las hipotecas más baratas del mercado, (2) aportar la mayor cantidad de ahorros posible para pedir un préstamo menor y reducir así los intereses generados y (3) negociar con el banco todo lo posible, sobre todo comisiones y seguros, más cuando tenemos un perfil deseable por el banco, con ingresos elevados o muy estables (funcionarios), varios productos contratados en la misma entidad (cuentas, seguros, productos de inversión…), un historial de pagos intachable o sea el banco de toda nuestra familia, que podría llegar a retirar su capital. Cuanto más claro tengamos cuáles son los intereses del banco, mejor podremos jugar nuestras cartas para conseguir la financiación que buscamos al mejor precio.
* HelpMyCash.com, portal especialista en hipotecas.
* La Vanguardia yaencontre - Opinión - 4.05.11
Foto: Casa carrito compra - istock
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DIARIODEMALLORCA* : La organización ecologista GOB ha denunciado 20 obras ilegales que han sido construidas dentro de los espacios naturales protegidos del municipio de Felanitx ante la Agencia de Disciplina Urbanística del Consell de Mallorca, ADU. Según informa el GOB en una nota de prensa, se trata de infracciones graves porque se han producido dentro de espacios totalmente protegidos por su gran valor ecológico y paisajístico, la mayoría situados en los alrededores de Es Carritxó, s'Horta y Cas Concos.
Las denuncias hacen referencia a chalets construidos sin licencia; ampliaciones de viviendas; construcciones de piscinas y pistas forestales, entre otras infracciones. La entidad conservacionista afirma que algunas de las ilegalidades denunciadas están expedientadas por parte del Ayuntamiento, del que dicen que normalmente se limita "a abrir el expediente de infracción, cobrar la infracción y punto".
Según el GOB, "el propio Ayuntamiento parece estar de parte de los infractores", ya que al parecer la construcción de un chalet y diversas pistas forestales en un espacio protegido sin licencia ni posibilidad de legalización, fue multada con la cantidad de 100 euros.
Las irregularidades las comunicó al GOB un grupo de vecinos del término municipal, que aportaron la documentación sobre la que se han elaborado las denuncias, después de que acudieran al Ayuntamiento sin ninguna respuesta satisfactoria.
Por tal motivo, el GOB solicita públicamente una investigación de los hechos, tanto al consistorio de Felanitx, como a la ADU del Consell de Mallorca.
El grupo ecologista también ha querido hacer un llamamiento a todos los grupos políticos e instituciones de Felanitx, para que se dé un giro en la disciplina urbanística y se defienda el patrimonio natural del término municipal de cara a las elecciones del 22 de mayo.
* Diariode Mallorca - 5.05.11
Foto: Felanitx (Mallorca) - hotels.com
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CANARIAS24H/Lanzarote* : La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al que fuera alcalde de Tinajo entre 1980 y 1999, Luis Perdomo (CC), a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir una construcción en suelo rústico. También condena al propietario de la casa y al constructor, José Corujo y Andrés Cabrera, a seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa. Perdomo no tendrá que entrar en prisión ya que no tiene sentencias anteriores en contra.
Los hechos se remontan a finales de 1998 cuando Andrés Cabrera realizó unas obras de construcción y acondicionamiento de una edificación de 40 metros cuadrados en suelo rústico dentro del paisaje protegido de La Geria, en el pueblo de La Vegueta. La construcción no tenía licencia ni autorización previa de la Dirección General de Urbanismo. La asociación ecologista WWF Adena den unció estas obras.
La Audiencia considera probado que Perdomo autorizó las obras de forma oral, “obviando con posterioridad las labores de vigilancia que le correspondían, y de las que era prefecto conocedor”. La Fiscalía pedía tres años de cárcel pero rebajó su petición y la sentencia lo recoge “en atención a la carencia de antecedentes y el tiempo transcurrido”.
Adena pedía la demolición de la vivienda construida pero la Audiencia rechaza esta cuestión alegando que “en las proximidades de la vivienda que nos ocupa se ha edificado otro inmueble de incluso mayores dimensiones y respecto del cual no parece existir procedimiento penal alguno, o al menos no lo han confirmado los agentes del Seprona”.
Considera la Sala que “ordenar la demolición de la obra de nueva planta que ahora nos ocupa no restablecería el bien jurídico vulnerado, que hemos de repetir, igualmente parece haber sido vulnerado por la vivienda próxima, por tanto no es lógico ni comprensible acordar judicialmente la demolición de una construcción aislada pues con ello sólo se causaría un perjuicio innecesario y ningún beneficio concreto al bien jurídico a proteger de escasas, por no decir, nulas perspectivas de recuperación."
Finalmente, señala la sentencia que “el hecho de no acordarse que la obra sea demolida, no significa en absoluto que la realidad opere a modo de sanción legalizadora” y destaca que “el hecho de que el Juez Penal, por así haberlo querido expresamente el legislador, no considere oportuno acordar en dicho ámbito penal la demolición de la obra, no impide, que en otro marco, el administrativo, marco que también ha de velar por la licita utilización del suelo, pueda ser acordada la misma”.
* Canarias 24horas - 4.05.11
Foto: Tinajo (Lanzarote) - sobrecanarias
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ELPAÍS* : Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina ha sido la del parón y la crisis. Promotores y constructores, algunos famosos, se han quedado por el camino. Como decenas de urbanizaciones de costa y macroproyectos residenciales, que duermen el sueño de los justos en un cajón, cuando no se han abandonado definitivamente. Las entidades financieras cerraron el grifo de los préstamos y el castillo de naipes se vino abajo.
¿Qué ha sido de macroproyectos como Gran Manises (10.000 nuevas casas), Nou Mil·leni (con otras 12.000), Marina d'Or, en Castellón o el plan Rabassa, en Alicante. ¿Y de Sociópolis?, proyecto que el Consell vendió como paradigma de nuevo barrio urbano.
Este es el estado de cada uno de esos ambiciosos programas urbanísticos en la actualidad.
Sociópolis (Valencia). Este proyecto lleva el sello de la Generalitat, que se propuso al promoverlo construir un nuevo modelo de barrio de vivienda asequible, con nuevo entornos habitables e integrando la huerta. Sociópolis se presentó en 2003 como un proyecto en el que participaron 13 arquitectos internacionales. Eran 2.800 viviendas protegidas (650 en regimen de alquiler), al sur de la ciudad de Valencia, en la pedanía de La Torre, situado entorno al nuevo cauce del Turia, en una superficie de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Territorio aprobó el plan especial del barrio en 2005 e incorporó a los planos viviendas de renta libre y concertada, algo que no estaba previsto originariamente.
Ahora este barrio solo tiene en ejecución seis de sus dieciocho promociones y el resto se ha ralentizado, sobre todo por los problemas de los promotores para conseguir financiación con la que levantar los pisos. Algunas constructoras han pedido incluso a los adjudicatarios de estos pisos, que renuncien a su vivienda.
Gran Manises (Manises). Este plan urbanístico tiene prevista la construcción de cerca de 10.000 viviendas -un 65% de protección oficial (VPP), sobre una superficie de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados. Fue promovido por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) junto a la promotora alicantina Ortiz e hijos.
Su tramitación ha sido accidentada. Se aprobó condicionado a una serie de mejoras, ha sido investigado por la Unión Europea -tras la denuncia de un colectivo de vecinos-. Nada se sabe de la macrourbanización.
Nou Mil·leni (Catarroja). Este proyecto, capitaneado por el IVVSA y la promotora Llanera, preveía la construcción de 12.000 nuevas casas -la mitad protegidas- en esta localidad de 22.000 habitantes. Después de muchas vicisitudes, el proyecto se encuentra suspendido por el Tribunal Supremo, por lo menos en lo que se refiere a colocar un solo ladrillo. El alto tribunal acaba de desestimar los recursos de casación presentados en su día por la Generalitat, el Ayuntamiento de Catarroja y la constructora contra un auto dictado por el TSJ valenciano. Los socialistas interpusieron un recurso contra la aprobación definitiva del plan y cifran en 70.000 euros lo que el equipo de gobierno local del PP-UV lleva gastados en defensa de este PAI.
PGOU Castellón. En Castellón, las formas para el diseño del urbanismo en Castellón también han topado con los tribunales. Aunque la aprobación del PGOU de la capital de La Plana se remonta a 2000, ha sido en esta legislatura cuando, tras un largo y complejo litigio, se ha resuelto el pleito que ha provocado una de las más severas condenas al ayuntamiento. La vulneración del proceso de participación ciudadana en la aprobación de aquel PGOU, cuando era concejal de Urbanismo el actual alcalde, Alberto Fabra, supuso que, en diciembre de 2008, el Tribunal Supremo anulara la aprobación de todo el planeamiento y suspendiera y dejara sin posibilidad de desarrollo el plan durante casi un año, hasta que fue aprobado de nuevo con los trámites cumplidos. La suspensión del PGOU coincidió con el parón en la construcción a causa de la crisis, con los que sus consecuencias apenas se percibieron. En cualquier caso, sirvió de excusa para que la Generalitat paralizara algunas inversiones previstas en las zonas afectadas por la sentencia judicial.
Marina d'Or. Después de años de tramitación, en junio de 2010 el Consell aprobó el PAI Marina d?Or Golf, la que será la macrourbanización más grande de la Comunidad Valenciana, sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, entre Oropesa y Cabanes. Pese a la crisis, su promotor, Marina d?Or, nunca dejó de reclamar la aprobación de este programa, que se presentó con la excusa de dar cobertura a un parque temático que había de ser impulsado por la administración y cuya ejecución está, de momento, descartada. Marina d?Or Golf tiene prevista la construcción de tres campos para la práctica de dicho deporte, siete hoteles, más de 30.000 viviendas y zonas de ocio y comerciales. Sin embargo, su promotor ya ha reconocido que tardará más de 20 años en ejecutarse. De momento, está aprobado y la población potencial que arrastrará multiplicará por más de diez la suma de los actuales habitantes de Oropesa y Cabanes.
Plan Rabassa. Se planteó como el programa urbanístico más ambicioso de la historia de la Alicante y, a la postre, también ha devenido en el más polémico. Su gestación se remonta a 2002, cuando el promotor Enrique Ortiz proyecto urbanizar las Lagunas de Rabassa, en la perifería norte de la capital. Tras varias modificaciones, finalmente el Consisitorio autorizó un macroprograma que prevía levantar 13.503 casas (8.000 VOP) sobre 41, 1 millones de metros cuadros. El proyecto generó un amplio rechazo social, canalizado a través de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. El PAI está pendiente también de la resolución de Tribunal Superior de Justicia acerca de su legalidad. Inicialmente, el alto tribunal decretó la suspensión cautelar, pero a los tres merses retiró el vetó. No obstante, el promotor no ha movido ni una piedra. En los últimos meses el plan Rabassa ha vuelto a saltar a la palestra por la iniciativa del Ayuntaimiento de instalar una tienda de IKEA.
La Nucía y Altea. En la provincia de Alicante el parón del ladrillo ha dejado en el dique seco decenas de PAI, prácticamente no había localidad que no contará con una propuesta para levantar una macrourbanización. La Nucía y Altea merecen una mención especial. La primera, con el PAI de la Serreta, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana con unas 4.000 casas, y en Altea, el PAI de L'Algar, con otras tantas viviendas.
La legislatura de la crisis
- Estrategia Territorial. El Consell aprobó el pasado enero la hoja de ruta que debe guiar el urbanismo valenciano hasta 2030. Eso si, nace sin presupuesto ni el consenso de la oposición. Es pronto para evaluar su aplicación.
- Reforma de la LUV. Las modificaciones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), todavía pendiente del dictamen de la Comisión Europea, se anunciaron pero no se han hecho. El Consell esperará a que Europa se pronuncie.
- Planes prorrogados. En verano de 2010 y a la vista del retraso que arrastraban muchos de los PAI (Programas de Actuación Integrada) presentados a la Generalitat, el Consell decidió que se prorrogaran automáticamente, salvo que los Ayuntamientos decidan lo contrario
* El País - 2.05.11
Foto: Vista de uno de los edificios en construcción de Sociópolis - elpais
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TELEPRENSA/Almería* : Francisco Góngora, candidato a la alcaldía de El Ejido por el Partido Popular y concejal de urbanismo durante varios años en los anteriores gobiernos de Juan Enciso, se ha convertido en el epicentro de un nuevo escándalo que ha puesto patas arriba la campaña electoral en la capital del poniente almeriense. Según una información publicada por Ejido TV “el candidato del Partido Popular a la alcaldía de El Ejido, Francisco Góngora, dio un pelotazo urbanístico siendo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido. Aprovechando su cargo y la información privilegiada como responsable del área de Urbanismo compró en el año 2000 una finca rústica por 300.000 euros, que después de recalificarla la vendió como suelo urbanizable por más de un millón y medio de euros”.
En la información facilitada por el canal de televisión local se muestra una copia del contrato a una de las empresas más importantes de la localidad, compañía con la que Góngora negociaba en esos momentos diversos planes y licencias como representante del Ayuntamiento.
Por el momento no hay desmentido alguno desde la sede del PP y el candidato no ha hecho declaraciones en este sentido, aunque diversas fuentes señalan que Javier Arenas ya ha sido informado del escándalo y se estudian las acciones a tomar, ya que en situaciones similares otros partidos han apartado de manera fulminante a políticos implicados en este tipo de maniobras urbanísticas. Independientemente de la actuación del partido, los hechos pueden derivar en una investigación de la Fiscalía, ya que la información ha sido colgada por el canal de televisión en internet, convirtiéndola en un informe totalmente accesible.
Diferencias con la capital
Góngora contaba hasta ayer con el apoyo incondicional de su presidente provincial, Gabriel Amat, pese a las diferencias que existen con el partido en la capital. Según una conversación telefónica grabada en el transcurso de la Operación Poniente entre el entonces interventor del Ayuntamiento y el concejal de la capital Francisco Amizián, queda claro que el partido de la capital tiene un rumbo distinto al que marca su presidente provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.
Descalifican a éste, hablan de presuntos ofrecimientos de acuerdos a Alemán y se mofan de la estructura del partido en El Ejido, a quienes califica como “los más tontos de España”.
Amizián le traslada a Alemán que sabe como “joder” a Gabriel Amat, y que Luis Rogelio Rodríguez está al corriente de todos sus movimientos y “disfruta”, haciendo entender a Alemán que Comendador tiene montada una dirección paralela al partido, afirmando que el alcalde de Almería le dijo, textualmente, “ésta es mi gente, aquí está dando por culo, el Gabriel no sabe ni por dónde va, y mi gente queda a comer con quién le sale de los cojones”.
El conocimiento de la conversación por las bases del Partido Popular está generando una situación insostenible para Francisco Amizián, que presentó su renuncia a repetir en las listas de la capital, además, de haber puesto en un enorme compromiso a su mentor, Luis Rogelio Rodríguez, que aún no ha dado explicaciones sobre el contenido de la grabación.
El Partido Popular de Almería está presidido por Gabriel Amat, que ha brindado todo su apoyo a la nueva estructura de El Ejido comandada por Góngora para intentar quitar votos a Juan Enciso, también ex popular que protagonizó la escisión más dolorosa en el seno de la formación política y supuso la pérdida de varias alcaldías. El menosprecio de esa supuesta dirección paralela del partido en la capital hacia el proyecto del poniente es un duro golpe en esas aspiraciones, sobre todo cuando en la conversación hecha pública queda claro que Javier Aureliano García, secretario general del partido y hombre de la cuerda de Comendador, está al corriente de los movimientos de Amizian.
La aparición de un escándalo en el que se acusa directamente al candidato del PP en El Ejido de obtener 1,2 millones de euros gracias sus funciones como concejal de urbanismo al recalificarse un suelo rústico o agrícola en urbanizable, así como venderle éste con un sobreprecio espectacular a la empresa que mayor número de obras realizaba en la localidad y por tanto la que mayor trato tenía con él como concejal de urbanismo, puede debilitar no sólo al propio implicado sino a quienes le han apoyado hasta ahora.
* Teleprensa - 5.05.11
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
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MADRIDIARIO* : Asociaciones ecologistas han anunciado este miércoles que el Tribunal Superior del Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo de pleno derecho el plan rector del Parque Regional del Sureste por vulnerar el principio de jerarquía normativa, ante una denuncia de unos propietarios de suelos que tenían un coto de caza en el lugar. La sentencia es de noviembre de 2010, pero se ha conocido ahora después de que una asociación recibiera parte de la sentencia a través de anónimo.
La Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del TSJM anuló el 2 de noviembre de 2010 el plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste, según han comunicado varias asociaciones ecologistas tras tener conocimiento de la noticia a través de un anónimo meses después de la sentencia. El tribunal argumenta que "el PRUG debería regular las indemnizaciones pertinentes en el caso como el presente de imposición de limitaciones incompatibles con la actividad cinegética en la modalidad de coto de caza que venía desarrollándose en las fincas de los actores y ello por imperativo legal y tal regulación resulta inexistente en el PRUG, infringiéndose con ello el principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 89 CE".
A continuación, mantiene que "ello acarrea la nulidad de pleno derecho del PRUG consecuencia de nuestro ordenamiento jurídico como se establece en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre", como se recoge en el fallo. Ante esta noticia que se ha conocido ahora, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a este digital que no se ha anulado el PRUG y que la Comunidad ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Según el departamento dirigido por Ana Isabel Mariño, hasta que no haya sentencia firme el plan sigue en vigor.
"El PRUG ha prohibido la caza en algunas zonas del parque sobre las que no se decía nada en la ley que lo regula", explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Por este motivo, los propietarios exigen que se les indemnice. A su vez, según esta asociación, el plan rector permite esta actividad en zonas donde la ley del parque no lo permite, motivo por el que las asociaciones ecologistas también recurrieron el texto aprobado en 2009 ante los tribunales.
Las asociaciones ecologistas consideran que la "sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno regional". En su opinión, el PRUG vulnera la ley del parque por varios motivos y lo han recurrido por "la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras". Actualmente las demandas interpuestas por las asociaciones conservacionistas están siendo tramitadas en el TSJM.
* Madridiario - 4.05.11
Foto: Madrid, parque regional del Sureste- madridiario
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SUR/Málaga* : La situación de varias viviendas irregulares de Mijas está en los juzgados. Así, el abogado de la asociación que existe en el municipio, Ricardo Santandreu, informó ayer que el Juzgado nº4 de Fuengirola ha abierto diligencias a raíz de una denuncia colectiva interpuesta por diez vecinos, ante lo que consideran «la omisión de funciones y discrecionalidad que lleva realizando el Ayuntamiento en la última década». De esta manera, desde el colectivo quieren denunciar que el Consistorio ha cometido delito en cuanto a la situación urbanística de la localidad «por omisión de funciones».
El procedimiento actual es concretamente un recurso de apelación que se presenta ante la Audiencia Provincial de Málaga, tras la desestimación de un recurso de reforma presentado en noviembre del año pasado en el que se acordaba el archivo de la causa «por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito» que inició el procedimiento judicial, según recoge el documento de diligencias previas al que ha tenido acceso este periódico.
Así, el abogado de la asociación justifica este recurso «en la discriminación» que, a juicio de los denunciantes, se ha producido «a la hora de abrir o tramitar los expedientes sancionadores». La actuación judicial, que está en estos momentos en fase de diligencias previas y más concretamente en el proceso de documentación, contempla la obtención de información a través de todas las personas que han formado parte en este proceso, entre ellos, los alcaldes que han gobernado Mijas desde abril de 2000 hasta la fecha, es decir, Agustín Moreno y Antonio Sánchez. Desde el Ayuntamiento se confía en que finalmente el juez desestime la causa, como recuerdan que «ocurrió en el procedimiento inicial, porque no encontraron justificación alguna que sirviese de base a lo que estaban denunciando». Por otro lado, aseguran que «se ha actuado conforme a lo recogido por la ley».
Documentación inicial
El auto emitido por el juzgado, con fecha 10 de abril de 2011, recoge que pueden ser citados los agentes de la Policía Local que han sido miembros de la Policía Urbanística desde marzo de 2007 hasta la actualidad así como al jefe de la patrulla del Seprona. También tendrá que acudir al proceso el propio jefe de la Policía Local con objeto de facilitar copia de las denuncias efectuadas por la patrulla correspondiente en relación a las construcciones ilegales. Del procedimiento también forma parte la Diputación Provincial de Málaga, que deberá facilitar fotografías de reconocimientos aéreos del municipio elaboradas entre los años 2003 y 2006. En este sentido, desde el Ayuntamiento se va a facilitar toda la documentación que el organismo judicial demande. También se va a atender cualquier requerimiento que solicite el juzgado.
* Sur - 5.05.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
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PÚBLICO/Valencia* : Un contrato público asignado sin concurso y pagos millonarios por obras que nunca se realizaron. Estas son algunas de las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga en relación a uno de los contratos adjudicados por la Generalitat valenciana al arquitecto Santiago Calatrava. Se trata de las llamadas Torres de Calatrava, un complejo con varios rascacielos que se proyectó como anexo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Calatrava cobró 2,5 millones de euros, aunque la obra nunca se hizo. La encargada de llevar adelante la investigación será la sección Anticorrupción de la Fiscalía Provincial, según fuentes oficiales de este organismo.
IU (EUPV, Esquerra Unida del País Valencià), promovió la investigación a raíz de las primeras investigaciones sobre el caso reveladas por Público. El pasado 25 de marzo, la formación presentó un denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EUPV se refirió a tres proyectos auspiciados por la Generalitat y asignados al arquitecto: el Centre de Convencions de Castellón, la ampliación de la dársena del puerto de Torrevieja y las Torres de Calatrava.
La Fiscalía del TSJCV dividió la denuncia en tres casos diferentes y envió cada uno de ellos a las respectivas divisiones provinciales, que son las que deben decidir si se abre investigación o se archiva la denuncia. Hoy, la de Valencia comunicó a IU que "se han incoado las diligencias de investigación penal". Los delitos investigados, según la denuncia de EUPV a la que hace referencia el escrito de la Fiscalía, son "prevaricación, malversación y defraudación tributaria" presuntamente cometidos por los "intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3", en referencia al solar destinado a la construcción de las torres. Respecto a los otros dos proyectos, es cuestión de tiempo que las respectivas fiscalías se pronuncien al respecto.
En el proyecto de las Torres de Calatrava se aprecian varias irregularidades que, analizadas junto al resto de casos investigados en el País Valencià, desvelan la rutina seguida por el arquitecto y la Generalitat presidida por Francisco Camps cuando se trataba de firmar un contrato público para una obra millonaria. Este modus operandi se repitió, además, en el caso de la Ópera de Palma, por el que tanto el expresident balear Jaume Matas, también del PP, como Calatrava están imputados.
Todos los casos, los tres del País Valencià y el de la Ópera de Palma, se caracterizan por un hecho fundamental: Calatrava cobró sin que las obras llegaran, siquiera, a iniciarse. En total, el arquitecto se embolsó 6,7 millones de euros. En el caso de las Torres de Valencia, desde antes de firmarse el contrato en septiembre de 2005 se conocían las dificultades para que el proyecto llegara a ser una realidad: el solar que albergaría los rascacielos está situado en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises y sujeto a un intrincado litigio judicial, por el que la Administración debe pagar una elevada suma de dinero a los antiguos propietarios de los terrenos para confirmar su titularidad sobre ellos. En el caso de la Ópera de Palma, el proyecto, firmado un mes antes de que se produjera el cambio de Gobierno, en abril de 2007, era también inviable según la Fiscalía Anti-Corrupción y el juez instructor.
Los pasos a seguir para la contratación del arquitecto por parte de sendos gobiernos del PP fueron los mismos. En primer lugar, se produce sin que medie concurso público. En el caso de las Torres de Calatrava, Gerardo Camps, conseller d'Economia del País Valencià, justificó la decisión de contratar a dedo a Calatrava en función del "objeto artístico". Ese fue el mismo argumento que Matas utilizó para hacer lo propio, y en su caso el juez instructor del caso Ópera de Palma concluyó en uno de sus autos que este argumento no es suficiente para acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Además, las negociaciones e incluso el anuncio del proyecto se hace, en los dos casos, meses antes de que se firmen los acuerdos. En ambos casos, además, la formalización del contrato se hizo a través de una empresa pública: Ibisec, en Balears, y CACSA, en el País Valencià.
Existe también similitud en la rapidez en los pagos: Calatrava cobró por el proyecto balear en un mes. En el caso valenciano, el contrato se firmó en septiembre de 2005, y en él se acordaron unos honorarios de 15
millones de euros. El arquitecto cobró 2,5 millones antes de que terminara el año. El informe del Síndic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) afeó a la Generalitat, en el informe correspondiente a ese ejercicio, que se hubiera efectuado el pago sin "un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar". Por último, en todos los casos, el dinero público ha llegado a una cuenta en Suiza, el país donde el arquitecto tiene establecido su domicilio fiscal.
Calatrava siempre gana
No se conocen más detalles del contrato referente a las Torres de Calatrava porque la Generalitat se niega a mostrarlo a la prensa o a la oposición con el argumento de que son confidenciales, porque así lo solicitó el arquitecto. Esta es una "práctica jurídica" habitual, según afirmó Gerardo Camps en marzo. El secreto deja libre, afirmó el conseller, "lo más importante, cuánto se va a pagar, cómo y dónde".
Lo que no se conoce, en efecto, es el detalle de las disposiciones del contrato. Aunque es posible hacerse una idea aproximada a partir del contrato del Centre de Convencions de Castelló, al que EUPV consiguió acceder después de meses de peticiones. En este documento, se establecen cláusulas que favorecen al arquitecto frente a la Administración. La Generalitat aceptó pagar al arquitecto en función del precio final de la obra, lo que en la práctica supone premiar los millonarios sobrecostes en los que suele incurrir Calatrava. Además, se comprometió a pagar un millón de euros después del contrato.
Marga Sanz, candidata de EUPV a la Generalitat, pidió ayer "que sea la Justicia la que decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos".
* Público - 4.05.11
Foto: Valencia, las 3 torres de Calatrava descartadas - levante
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AGUSTÍN BENEDICTO* : Ese era el título de un artículo escrito por un célebre urbanista barcelonés para comentar el entonces recién aprobado Plan General (PG) de Madrid, allá por mediados de los ochenta del pasado siglo. De aquellos planes heroicos de los primeros ayuntamientos democráticos a los actuales hay un largo trecho, gracias a Dios. Sin embargo, se mantiene vivo el espíritu omnicomprensivo y totalizador del plan. Se pretende presuponer la imagen que tendrá la ciudad, prácticamente como si de un proyecto de arquitectura se tratara.
Hoy por hoy, nada más ingenuo. La moda de las «modificaciones de elementos» así lo verifica (aunque hay algunos elementos en este campo del urbanismo que no hay manera de modificar ). Un maestro del urbanismo me dijo hace ya mucho tiempo que un Plan General son fundamentalmente tres cosas; unas protecciones («casco histórico» y paisaje), unas reglas del juego (completar ciudad consolidada y nuevos crecimientos) y un direccionamiento de infraestructuras. Probablemente fuera así.
En Barcelona se redactó un PG allá por los setenta. Se aprobó e inmediatamente, se guardó en una vitrina, como la que tiene la abuela en casa protegiendo las figuritas de Lladró. Se terminó llamando «el plan en el armario». Todos estaban tranquilos porque había Plan, pero ya se cuidaban mucho de no pedir la llave de la vitrina en cuestión. Ya entonces se veía la casi completa inutilidad de semejante mamotreto jurídico-urbanístico para el real desarrollo de la ciudad.
Fue por entonces cuando surgió la polémica de Proyecto contra Plan. Mientras unos seguían haciendo interminables trámites burocráticos (en esa administración urbanística que ríete de «El Castillo» de Kafka), otros reurbanizaban o creaban nuevas plazas, que por supuesto no contemplaba el PG. Hacían ciudad. Si consideramos el desarrollo de cualquier proyecto de área urbana (del tamaño que hoy exigen los operadores inmobiliarios) en su auténtica complejidad, coincidiremos en que son éstos proyectos urbanos, imprevisibles por su naturaleza en cualquier PG, los que dan finalmente los trazos reales del crecimiento y desarrollo de la ciudad.
La legislación francesa hace mucho tiempo que denominó estas áreas de una manera particular.
Y, lamentablemente, van mucho más allá en su concepción de los tan multiformes «planes especiales».
Por otra parte, si consideramos que es mayor el plazo de redacción de un PG que su vigencia real y que ya muy poco tienen que ver los aprovechamientos que fija con el valor real del suelo (son los bancos los que de verdad nos tasan un solar, ese es el aprovechamiento real, que pasa olímpicamente de «las previsiones» del plan), y finalmente no está nada clara la tan cacareada «seguridad jurídica» para los propietarios e inversores, creo que sería el momento de cuestionar la validez, la utilidad, de los marmóreos Planes Generales.
Y este brevísimo artículo no da espacio para entrar en la subjetividad que guía las decisiones morfológicas del planeamiento general en la ciudad consolidada (¿por qué doce plantas y no trece? ¿por qué se divide la ciudad con líneas que delimitan distintas zonas obviando la necesaria transición de unos tejidos urbanos a otros? ...etc. ) Necesitamos planificar con criterios objetivos y mensurables (luces en la calle, decibelios en el espacio público, control de generación de CO2 en los desplazamientos…).
Pero, aunque solo sea porque la aprobación de un PG supone el fin de un frente de disputa política entre partidos, ya hay que celebrar que el Plan General de Málaga se haya aprobado definitivamente. Porque si pensamos que el desarrollo futuro de la ciudad va a gestionarse con las 75.000 nuevas viviendas que se prevén vamos listos.
*AGUSTÍN BENEDICTO. ARQUITECTO
* La Opinión Málaga - opinión - 2.05.11
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ELPAÍS* : El nuevo barrio de Domeny, la última gran zona urbanizable que queda en Girona, ya tiene ramblas, aceras, semáforos y parques infantiles. Pero faltan las viviendas para los usuarios de estos servicios. Ningún promotor ha solicitado una licencia para los 1.200 pisos que proyectaba el plan parcial del Ayuntamiento. De momento, en los solares crecen amapolas y margaritas. Los únicos ocupantes son los obreros, que se afanan en acabar el pavimentado, y los jardineros, que han llenado de árboles y plantas el barrio. Los trabajadores se sorprenden de que no haya ningún proyecto en marcha en las 25 hectáreas que ocupa el terreno, situado entre una fábrica de Nestlé y el antiguo barrio de Domeny. "No me lo puedo creer. ¡Tú no sabes el curro que lleva esto!", exclama uno de ellos. Llevan seis meses plantando árboles y plantas.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2006 la reparcelación de las fincas, calificadas como suelo rústico, para crear 35 parcelas con 113.000 metros cuadrados de suelo edificable.
Roser Mutgé, vecina de 79 años de una imponente masía situada tras la urbanización, vendió los terrenos en aquel momento. Recuerda que allí siempre hubo campos de cultivo. "Plantábamos maíz, trigo, de todo", explica. Las obras de urbanización, que comenzaron en 2008, están prácticamente acabadas, y el Ayuntamiento ya ha hecho llegar la luz y el alcantarillado.
Algunos aprovechan las instalaciones como una moderna pista de skate, situada en uno de los márgenes de la urbanización en la que relucen las pintadas. "Está muy chula", dice André, un brasileño de 20 años. Es la única pista que hay en la ciudad, por lo que los skaters han corrido a usarla, aunque según el Ayuntamiento aun no está terminada. El cartel de "peligro, tensión" que cuelga de una valla no les da miedo. Mejor aquí que esquivando a la policía por la ciudad. "Ya se han hecho algunas pequeñas exhibiciones", dice Leni, un joven hondureño que da saltos con su patinete.
Las obras de urbanización han costado unos 10 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento ha desembolsado uno. El resto corre a cargo de los propietarios de los terrenos. Además, el Consistorio deberá hacerse cargo a partir de ahora del mantenimiento de las instalaciones y los parques infantiles. De las 1.200 viviendas proyectadas, el 30% serán de protección oficial. Pero tampoco estas van a empezar a construirse de momento. "Ya tenemos pisos públicos a nuestra disposición en otras zonas. No vamos a poner a gente a vivir aquí en un gueto", razona la concejal de urbanismo, Isabel Salamaña (PSC).
La historia del incipiente barrio está llena de sobresaltos. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña invalidó el Plan Especial que el Consistorio había aprobado en 2005 y obligó a reiniciar su tramitación. El pasado febrero, el pleno tuvo que modificar varios aspectos del proyecto que unas propietarias habían llevado a los tribunales.
La urbanización tiene dos carriles bici, dos campos de petanca, todo tipo de juegos para los niños e incluso una zona que parece una futura pista de patinaje. "Todo es de la ciudad", dice Salamaña, que añade que el Consistorio lo mantendrá como hace con el resto de parques. "Los domingos está lleno de niños y gente de la zona paseando", dice.
"Aquí pondrán seguridad, ¿no?", pregunta un trabajador de una empresa encargada de las obras, sorprendido al conocer que por ahora no habrá pisos. "La verdad, me sabe mal. Cuando se acaba una obra siempre va gente a hacer pintadas", concluye.
* El País - 4.05.11
Foto: Girona, vista general - tripadvisor
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LEVANTE/Alicante* : El mundo al revés. En los pueblos de la Marina Alta hay numerosas urbanizaciones cuyos propietarios no tienen cédulas de habitabilidad o licencias de primera ocupación porque los servicios urbanísticos son de obra. Pero en el edificio Costa-Calpe, en la partida calpina del Saladar, ocurre todo lo contrario. Los escasos dueños de viviendas (en los balcones hay muchos carteles de «se vende» y «disponible») tienen todos los permisos que se les puede exigir. Todos. Pero la compañía Iberdrola les dice que no puede darles de alta la luz en la comunidad y en las viviendas. De hecho, la empresa eléctrica todavía no ha terminado la red eléctrica del Saladar. Así pues, un año después de obtener del ayuntamiento la licencia de primera ocupación, los propietarios siguen con luz de obra. «Estamos a merced de un auxiliar de obra y cada mes tenemos que abonar la abusiva factura que nos cobra Iberdrola. Y no podemos dejar de pagar, ya que la devolución de un recibo supondría el corte del suministro», denuncia el presidente de la comunidad de propietarios, Andrés Castelló.
Estos vecinos iniciaron hace meses las gestiones para lograr el contrato de luz. Pero la compañía se lo negaba sin dar explicaciones. En llamadas de teléfono, critican, se dejaron un dineral. La vía del correo electrónico tampoco surtió efecto. Por fin, el presidente de la comunidad recibió una llamada de la empresa eléctrica que le aseguró que tanto el ayuntamiento como la promotora del edificio sabían de sobra que no había suministro eléctrico en la partida del Saladar. Sin embargo, el consistorio otorgó licencia de primera ocupación y la conselleria de Industria emitió el certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
En el departamento de urbanismo del ayuntamiento, estos propietarios no tuvieron más suerte. Les indicaron que Iberdrola debía acabar la red eléctrica durante este año y que, como tenían luz de obra, no pasaba nada.
Estos vecinos se sienten engañados. Tanto es así que han presentado una queja en el ayuntamiento y una denuncia ante la OMIC. Preguntan por qué el ayuntamiento les ha dado todos los permisos sin que exista red de suministro eléctrico y advierten de que se puede haber incurrido en un delito. También critican que están viviendo en condiciones precarias por los fallos en la luz de obra.
* Levante - 3.05.11
Foto: Calpe (Alicante), urbanizaciones - L. HEVESI (El Mundo)
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EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.
En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.
Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.
Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.
Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".
En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".
La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.
Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.
Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".
* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida
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UNIVERSIA* : Los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, urgen mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante. Ciudades como Bogotá han avanzado en reducir el déficit de espacio público y equipamientos. Sin embargo, el incremento poblacional para los próximos 10 años en la capital que se calcula en 1.800.000 nuevos habitantes, impone un gran reto en la planeación, generación y construcción de grandes obras de infraestructura y la adecuación del espacio público, de modo que se logren brindar las condiciones de calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Así lo indicó William H. Alfonso, profesor del programa Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, al revelar que actualmente la disponibilidad de espacio público construido es inferior a cuatro metros cuadrados por persona, lo que ubica al país lejos de los estándares internacionales: según la Organización Mundial de la Salud el espacio público por persona es de mínimo 15 metros cuadrados.
<“En Bogotá los más afortunados, por así decirlo, son los habitantes de las zonas de Usaquén y Suba, quienes gracias al diseño de los planes parciales nuevos cuentan hasta con 9 metros cuadrados de espacio público cada uno. Los más afectados son los habitantes del centro de la ciudad, pues en sectores como La Candelaria sólo se cuenta con 1.3 metros cuadrados de espacio público por persona”, reveló el investigador.
En Colombia más del 60% de las ciudades son construidas de modo informal, sin ninguna planeación ni ordenamiento, lo que genera un gran déficit de parques, zonas verdes, espacio público y equipamientos. En Bogotá se acude a obras “remediales” que implican un gran impacto social y económico en sus ciudadanos, como lo refleja el estado actual de la ciudad, dijo. “A esto se suman los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, lo que hace urgente mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante”, afirmó el académico.
Es importante tener en cuenta que en los próximos 20 años cerca del 80% de la población nacional vivirá en las ciudades. La magnitud y elevado costo social y económico de la construcción y administración del espacio público en las urbes del país, hacen de éste uno de los temas prioritarios en la agenda del desarrollo nacional. De ahí la importancia de crear condiciones urbanas que contribuyan en la planeación y la ejecución de proyectos para intervenir el espacio público urbano, explicó el profesor de la Universidad del Rosario.
Territorio, urbanismo y espacio público
El paradigma en el desarrollo de planes urbanos en Bogotá se concreta específicamente en el espacio público: la estructura urbana y su funcionalidad dependen de la infraestructura de soporte, en especial las redes de servicios públicos, el sistema vial, la red de equipamientos y el sistema que las articula, que es el sistema de espacio público. “La idea es avanzar en la forma de proyectar la ciudad de una manera más integral y sistémica, más aún si se tiene previsto que la capital recibirá un millón ochocientos mil nuevos habitantes en menos de 10 años, lo que hace necesario acudir a estrategias para generar nuevo suelo urbano, especialmente por renovación urbana y completar los demás sistemas de redes de servicios e infraestructura”, agregó.
Bogotá contaba con 7'881.156 habitantes en 2005 según el Dane, cifra que aumenta progresivamente debido al crecimiento poblacional, a la migración por el fenómeno del desplazamiento que presenta el país y porque la capital nacional se ha convertido en el destino predilecto de vivienda, estudios y oportunidades de trabajo de cientos de personas provenientes de diferentes lugares del territorio. Para contribuir a la toma de decisiones en ordenamiento del territorio y disminuir el déficit que tiene la ciudad en espacios públicos y equipamientos, el programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario ofrecerá un Diplomado en Territorio, Urbanismo y Espacio Público, con el objetivo llevar a cabo un proceso de formación y cualificación de las personas que tienen injerencia en los procesos de planeamiento, gestión y desarrollo urbanos, fortaleciéndolos conceptualmente en aspectos del planeamiento, ordenamiento físico y formas de gestión urbana.
Además se socializarán las estrategias de intervención sobre el territorio y las herramientas adecuadas para mejorar la coordinación y la acción entre los sectores públicos y privados, en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
Inscripciones hasta el 12 de mayo en Bogotá en el teléfono 4225321, fuera de Bogotá 018000 511888 o en el correo carolina.ulloa@urosario.edu.co.
Fuente: Universidad del Rosario
* UNIVERSIA - 3.05.11
Foto: Bogotá (Colombia), espacios públicos - universia
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