CANARIAS24H/Lanzarote* : La Audiencia Provincial de Las Palmas ha condenado al que fuera alcalde de Tinajo entre 1980 y 1999, Luis Perdomo (CC), a seis meses de cárcel y siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación al permitir una construcción en suelo rústico. También condena al propietario de la casa y al constructor, José Corujo y Andrés Cabrera, a seis meses de cárcel y 1.800 euros de multa. Perdomo no tendrá que entrar en prisión ya que no tiene sentencias anteriores en contra.
Los hechos se remontan a finales de 1998 cuando Andrés Cabrera realizó unas obras de construcción y acondicionamiento de una edificación de 40 metros cuadrados en suelo rústico dentro del paisaje protegido de La Geria, en el pueblo de La Vegueta. La construcción no tenía licencia ni autorización previa de la Dirección General de Urbanismo. La asociación ecologista WWF Adena den unció estas obras.
La Audiencia considera probado que Perdomo autorizó las obras de forma oral, “obviando con posterioridad las labores de vigilancia que le correspondían, y de las que era prefecto conocedor”. La Fiscalía pedía tres años de cárcel pero rebajó su petición y la sentencia lo recoge “en atención a la carencia de antecedentes y el tiempo transcurrido”.
Adena pedía la demolición de la vivienda construida pero la Audiencia rechaza esta cuestión alegando que “en las proximidades de la vivienda que nos ocupa se ha edificado otro inmueble de incluso mayores dimensiones y respecto del cual no parece existir procedimiento penal alguno, o al menos no lo han confirmado los agentes del Seprona”.
Considera la Sala que “ordenar la demolición de la obra de nueva planta que ahora nos ocupa no restablecería el bien jurídico vulnerado, que hemos de repetir, igualmente parece haber sido vulnerado por la vivienda próxima, por tanto no es lógico ni comprensible acordar judicialmente la demolición de una construcción aislada pues con ello sólo se causaría un perjuicio innecesario y ningún beneficio concreto al bien jurídico a proteger de escasas, por no decir, nulas perspectivas de recuperación."
Finalmente, señala la sentencia que “el hecho de no acordarse que la obra sea demolida, no significa en absoluto que la realidad opere a modo de sanción legalizadora” y destaca que “el hecho de que el Juez Penal, por así haberlo querido expresamente el legislador, no considere oportuno acordar en dicho ámbito penal la demolición de la obra, no impide, que en otro marco, el administrativo, marco que también ha de velar por la licita utilización del suelo, pueda ser acordada la misma”.
* Canarias 24horas - 4.05.11
Foto: Tinajo (Lanzarote) - sobrecanarias
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : Y el tan temido estallido de la burbuja inmobiliaria llegó. Si la legislatura de 2003 a 2007 fue la del cemento y el tsunami urbanístico, la que ahora termina ha sido la del parón y la crisis. Promotores y constructores, algunos famosos, se han quedado por el camino. Como decenas de urbanizaciones de costa y macroproyectos residenciales, que duermen el sueño de los justos en un cajón, cuando no se han abandonado definitivamente. Las entidades financieras cerraron el grifo de los préstamos y el castillo de naipes se vino abajo.
¿Qué ha sido de macroproyectos como Gran Manises (10.000 nuevas casas), Nou Mil·leni (con otras 12.000), Marina d'Or, en Castellón o el plan Rabassa, en Alicante. ¿Y de Sociópolis?, proyecto que el Consell vendió como paradigma de nuevo barrio urbano.
Este es el estado de cada uno de esos ambiciosos programas urbanísticos en la actualidad.
Sociópolis (Valencia). Este proyecto lleva el sello de la Generalitat, que se propuso al promoverlo construir un nuevo modelo de barrio de vivienda asequible, con nuevo entornos habitables e integrando la huerta. Sociópolis se presentó en 2003 como un proyecto en el que participaron 13 arquitectos internacionales. Eran 2.800 viviendas protegidas (650 en regimen de alquiler), al sur de la ciudad de Valencia, en la pedanía de La Torre, situado entorno al nuevo cauce del Turia, en una superficie de alrededor de 350.000 metros cuadrados. Territorio aprobó el plan especial del barrio en 2005 e incorporó a los planos viviendas de renta libre y concertada, algo que no estaba previsto originariamente.
Ahora este barrio solo tiene en ejecución seis de sus dieciocho promociones y el resto se ha ralentizado, sobre todo por los problemas de los promotores para conseguir financiación con la que levantar los pisos. Algunas constructoras han pedido incluso a los adjudicatarios de estos pisos, que renuncien a su vivienda.
Gran Manises (Manises). Este plan urbanístico tiene prevista la construcción de cerca de 10.000 viviendas -un 65% de protección oficial (VPP), sobre una superficie de cerca de 1,4 millones de metros cuadrados. Fue promovido por el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) junto a la promotora alicantina Ortiz e hijos.
Su tramitación ha sido accidentada. Se aprobó condicionado a una serie de mejoras, ha sido investigado por la Unión Europea -tras la denuncia de un colectivo de vecinos-. Nada se sabe de la macrourbanización.
Nou Mil·leni (Catarroja). Este proyecto, capitaneado por el IVVSA y la promotora Llanera, preveía la construcción de 12.000 nuevas casas -la mitad protegidas- en esta localidad de 22.000 habitantes. Después de muchas vicisitudes, el proyecto se encuentra suspendido por el Tribunal Supremo, por lo menos en lo que se refiere a colocar un solo ladrillo. El alto tribunal acaba de desestimar los recursos de casación presentados en su día por la Generalitat, el Ayuntamiento de Catarroja y la constructora contra un auto dictado por el TSJ valenciano. Los socialistas interpusieron un recurso contra la aprobación definitiva del plan y cifran en 70.000 euros lo que el equipo de gobierno local del PP-UV lleva gastados en defensa de este PAI.
PGOU Castellón. En Castellón, las formas para el diseño del urbanismo en Castellón también han topado con los tribunales. Aunque la aprobación del PGOU de la capital de La Plana se remonta a 2000, ha sido en esta legislatura cuando, tras un largo y complejo litigio, se ha resuelto el pleito que ha provocado una de las más severas condenas al ayuntamiento. La vulneración del proceso de participación ciudadana en la aprobación de aquel PGOU, cuando era concejal de Urbanismo el actual alcalde, Alberto Fabra, supuso que, en diciembre de 2008, el Tribunal Supremo anulara la aprobación de todo el planeamiento y suspendiera y dejara sin posibilidad de desarrollo el plan durante casi un año, hasta que fue aprobado de nuevo con los trámites cumplidos. La suspensión del PGOU coincidió con el parón en la construcción a causa de la crisis, con los que sus consecuencias apenas se percibieron. En cualquier caso, sirvió de excusa para que la Generalitat paralizara algunas inversiones previstas en las zonas afectadas por la sentencia judicial.
Marina d'Or. Después de años de tramitación, en junio de 2010 el Consell aprobó el PAI Marina d?Or Golf, la que será la macrourbanización más grande de la Comunidad Valenciana, sobre una superficie de más de 18 millones de metros cuadrados, entre Oropesa y Cabanes. Pese a la crisis, su promotor, Marina d?Or, nunca dejó de reclamar la aprobación de este programa, que se presentó con la excusa de dar cobertura a un parque temático que había de ser impulsado por la administración y cuya ejecución está, de momento, descartada. Marina d?Or Golf tiene prevista la construcción de tres campos para la práctica de dicho deporte, siete hoteles, más de 30.000 viviendas y zonas de ocio y comerciales. Sin embargo, su promotor ya ha reconocido que tardará más de 20 años en ejecutarse. De momento, está aprobado y la población potencial que arrastrará multiplicará por más de diez la suma de los actuales habitantes de Oropesa y Cabanes.
Plan Rabassa. Se planteó como el programa urbanístico más ambicioso de la historia de la Alicante y, a la postre, también ha devenido en el más polémico. Su gestación se remonta a 2002, cuando el promotor Enrique Ortiz proyecto urbanizar las Lagunas de Rabassa, en la perifería norte de la capital. Tras varias modificaciones, finalmente el Consisitorio autorizó un macroprograma que prevía levantar 13.503 casas (8.000 VOP) sobre 41, 1 millones de metros cuadros. El proyecto generó un amplio rechazo social, canalizado a través de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas. El PAI está pendiente también de la resolución de Tribunal Superior de Justicia acerca de su legalidad. Inicialmente, el alto tribunal decretó la suspensión cautelar, pero a los tres merses retiró el vetó. No obstante, el promotor no ha movido ni una piedra. En los últimos meses el plan Rabassa ha vuelto a saltar a la palestra por la iniciativa del Ayuntaimiento de instalar una tienda de IKEA.
La Nucía y Altea. En la provincia de Alicante el parón del ladrillo ha dejado en el dique seco decenas de PAI, prácticamente no había localidad que no contará con una propuesta para levantar una macrourbanización. La Nucía y Altea merecen una mención especial. La primera, con el PAI de la Serreta, uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana con unas 4.000 casas, y en Altea, el PAI de L'Algar, con otras tantas viviendas.
La legislatura de la crisis
- Estrategia Territorial. El Consell aprobó el pasado enero la hoja de ruta que debe guiar el urbanismo valenciano hasta 2030. Eso si, nace sin presupuesto ni el consenso de la oposición. Es pronto para evaluar su aplicación.
- Reforma de la LUV. Las modificaciones de la Ley Urbanística Valenciana (LUV), todavía pendiente del dictamen de la Comisión Europea, se anunciaron pero no se han hecho. El Consell esperará a que Europa se pronuncie.
- Planes prorrogados. En verano de 2010 y a la vista del retraso que arrastraban muchos de los PAI (Programas de Actuación Integrada) presentados a la Generalitat, el Consell decidió que se prorrogaran automáticamente, salvo que los Ayuntamientos decidan lo contrario
* El País - 2.05.11
Foto: Vista de uno de los edificios en construcción de Sociópolis - elpais
.................................... Leer más...
TELEPRENSA/Almería* : Francisco Góngora, candidato a la alcaldía de El Ejido por el Partido Popular y concejal de urbanismo durante varios años en los anteriores gobiernos de Juan Enciso, se ha convertido en el epicentro de un nuevo escándalo que ha puesto patas arriba la campaña electoral en la capital del poniente almeriense. Según una información publicada por Ejido TV “el candidato del Partido Popular a la alcaldía de El Ejido, Francisco Góngora, dio un pelotazo urbanístico siendo concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de El Ejido. Aprovechando su cargo y la información privilegiada como responsable del área de Urbanismo compró en el año 2000 una finca rústica por 300.000 euros, que después de recalificarla la vendió como suelo urbanizable por más de un millón y medio de euros”.
En la información facilitada por el canal de televisión local se muestra una copia del contrato a una de las empresas más importantes de la localidad, compañía con la que Góngora negociaba en esos momentos diversos planes y licencias como representante del Ayuntamiento.
Por el momento no hay desmentido alguno desde la sede del PP y el candidato no ha hecho declaraciones en este sentido, aunque diversas fuentes señalan que Javier Arenas ya ha sido informado del escándalo y se estudian las acciones a tomar, ya que en situaciones similares otros partidos han apartado de manera fulminante a políticos implicados en este tipo de maniobras urbanísticas. Independientemente de la actuación del partido, los hechos pueden derivar en una investigación de la Fiscalía, ya que la información ha sido colgada por el canal de televisión en internet, convirtiéndola en un informe totalmente accesible.
Diferencias con la capital
Góngora contaba hasta ayer con el apoyo incondicional de su presidente provincial, Gabriel Amat, pese a las diferencias que existen con el partido en la capital. Según una conversación telefónica grabada en el transcurso de la Operación Poniente entre el entonces interventor del Ayuntamiento y el concejal de la capital Francisco Amizián, queda claro que el partido de la capital tiene un rumbo distinto al que marca su presidente provincial y alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat.
Descalifican a éste, hablan de presuntos ofrecimientos de acuerdos a Alemán y se mofan de la estructura del partido en El Ejido, a quienes califica como “los más tontos de España”.
Amizián le traslada a Alemán que sabe como “joder” a Gabriel Amat, y que Luis Rogelio Rodríguez está al corriente de todos sus movimientos y “disfruta”, haciendo entender a Alemán que Comendador tiene montada una dirección paralela al partido, afirmando que el alcalde de Almería le dijo, textualmente, “ésta es mi gente, aquí está dando por culo, el Gabriel no sabe ni por dónde va, y mi gente queda a comer con quién le sale de los cojones”.
El conocimiento de la conversación por las bases del Partido Popular está generando una situación insostenible para Francisco Amizián, que presentó su renuncia a repetir en las listas de la capital, además, de haber puesto en un enorme compromiso a su mentor, Luis Rogelio Rodríguez, que aún no ha dado explicaciones sobre el contenido de la grabación.
El Partido Popular de Almería está presidido por Gabriel Amat, que ha brindado todo su apoyo a la nueva estructura de El Ejido comandada por Góngora para intentar quitar votos a Juan Enciso, también ex popular que protagonizó la escisión más dolorosa en el seno de la formación política y supuso la pérdida de varias alcaldías. El menosprecio de esa supuesta dirección paralela del partido en la capital hacia el proyecto del poniente es un duro golpe en esas aspiraciones, sobre todo cuando en la conversación hecha pública queda claro que Javier Aureliano García, secretario general del partido y hombre de la cuerda de Comendador, está al corriente de los movimientos de Amizian.
La aparición de un escándalo en el que se acusa directamente al candidato del PP en El Ejido de obtener 1,2 millones de euros gracias sus funciones como concejal de urbanismo al recalificarse un suelo rústico o agrícola en urbanizable, así como venderle éste con un sobreprecio espectacular a la empresa que mayor número de obras realizaba en la localidad y por tanto la que mayor trato tenía con él como concejal de urbanismo, puede debilitar no sólo al propio implicado sino a quienes le han apoyado hasta ahora.
* Teleprensa - 5.05.11
Foto: El Ejido (Almería), ayuntamiento - costatropicalinformacion.info
.................................... Leer más...
MADRIDIARIO* : Asociaciones ecologistas han anunciado este miércoles que el Tribunal Superior del Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nulo de pleno derecho el plan rector del Parque Regional del Sureste por vulnerar el principio de jerarquía normativa, ante una denuncia de unos propietarios de suelos que tenían un coto de caza en el lugar. La sentencia es de noviembre de 2010, pero se ha conocido ahora después de que una asociación recibiera parte de la sentencia a través de anónimo.
La Sección 9ª de la Sala de lo Contencioso -Administrativo del TSJM anuló el 2 de noviembre de 2010 el plan rector de uso y gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste, según han comunicado varias asociaciones ecologistas tras tener conocimiento de la noticia a través de un anónimo meses después de la sentencia. El tribunal argumenta que "el PRUG debería regular las indemnizaciones pertinentes en el caso como el presente de imposición de limitaciones incompatibles con la actividad cinegética en la modalidad de coto de caza que venía desarrollándose en las fincas de los actores y ello por imperativo legal y tal regulación resulta inexistente en el PRUG, infringiéndose con ello el principio de jerarquía normativa consagrado en el art. 89 CE".
A continuación, mantiene que "ello acarrea la nulidad de pleno derecho del PRUG consecuencia de nuestro ordenamiento jurídico como se establece en el art. 62.2 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre", como se recoge en el fallo. Ante esta noticia que se ha conocido ahora, un portavoz de la Consejería de Medio Ambiente indicó a este digital que no se ha anulado el PRUG y que la Comunidad ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Supremo. Según el departamento dirigido por Ana Isabel Mariño, hasta que no haya sentencia firme el plan sigue en vigor.
"El PRUG ha prohibido la caza en algunas zonas del parque sobre las que no se decía nada en la ley que lo regula", explica Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. Por este motivo, los propietarios exigen que se les indemnice. A su vez, según esta asociación, el plan rector permite esta actividad en zonas donde la ley del parque no lo permite, motivo por el que las asociaciones ecologistas también recurrieron el texto aprobado en 2009 ante los tribunales.
Las asociaciones ecologistas consideran que la "sentencia pone de manifiesto la chapuza normativa dictada desde el Gobierno regional". En su opinión, el PRUG vulnera la ley del parque por varios motivos y lo han recurrido por "la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras". Actualmente las demandas interpuestas por las asociaciones conservacionistas están siendo tramitadas en el TSJM.
* Madridiario - 4.05.11
Foto: Madrid, parque regional del Sureste- madridiario
.................................... Leer más...
SUR/Málaga* : La situación de varias viviendas irregulares de Mijas está en los juzgados. Así, el abogado de la asociación que existe en el municipio, Ricardo Santandreu, informó ayer que el Juzgado nº4 de Fuengirola ha abierto diligencias a raíz de una denuncia colectiva interpuesta por diez vecinos, ante lo que consideran «la omisión de funciones y discrecionalidad que lleva realizando el Ayuntamiento en la última década». De esta manera, desde el colectivo quieren denunciar que el Consistorio ha cometido delito en cuanto a la situación urbanística de la localidad «por omisión de funciones».
El procedimiento actual es concretamente un recurso de apelación que se presenta ante la Audiencia Provincial de Málaga, tras la desestimación de un recurso de reforma presentado en noviembre del año pasado en el que se acordaba el archivo de la causa «por no aparecer debidamente justificada la perpetración del delito» que inició el procedimiento judicial, según recoge el documento de diligencias previas al que ha tenido acceso este periódico.
Así, el abogado de la asociación justifica este recurso «en la discriminación» que, a juicio de los denunciantes, se ha producido «a la hora de abrir o tramitar los expedientes sancionadores». La actuación judicial, que está en estos momentos en fase de diligencias previas y más concretamente en el proceso de documentación, contempla la obtención de información a través de todas las personas que han formado parte en este proceso, entre ellos, los alcaldes que han gobernado Mijas desde abril de 2000 hasta la fecha, es decir, Agustín Moreno y Antonio Sánchez. Desde el Ayuntamiento se confía en que finalmente el juez desestime la causa, como recuerdan que «ocurrió en el procedimiento inicial, porque no encontraron justificación alguna que sirviese de base a lo que estaban denunciando». Por otro lado, aseguran que «se ha actuado conforme a lo recogido por la ley».
Documentación inicial
El auto emitido por el juzgado, con fecha 10 de abril de 2011, recoge que pueden ser citados los agentes de la Policía Local que han sido miembros de la Policía Urbanística desde marzo de 2007 hasta la actualidad así como al jefe de la patrulla del Seprona. También tendrá que acudir al proceso el propio jefe de la Policía Local con objeto de facilitar copia de las denuncias efectuadas por la patrulla correspondiente en relación a las construcciones ilegales. Del procedimiento también forma parte la Diputación Provincial de Málaga, que deberá facilitar fotografías de reconocimientos aéreos del municipio elaboradas entre los años 2003 y 2006. En este sentido, desde el Ayuntamiento se va a facilitar toda la documentación que el organismo judicial demande. También se va a atender cualquier requerimiento que solicite el juzgado.
* Sur - 5.05.11
Foto: Mijas (Málaga), zona fuera ordenación - sur
.................................... Leer más...
PÚBLICO/Valencia* : Un contrato público asignado sin concurso y pagos millonarios por obras que nunca se realizaron. Estas son algunas de las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga en relación a uno de los contratos adjudicados por la Generalitat valenciana al arquitecto Santiago Calatrava. Se trata de las llamadas Torres de Calatrava, un complejo con varios rascacielos que se proyectó como anexo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Calatrava cobró 2,5 millones de euros, aunque la obra nunca se hizo. La encargada de llevar adelante la investigación será la sección Anticorrupción de la Fiscalía Provincial, según fuentes oficiales de este organismo.
IU (EUPV, Esquerra Unida del País Valencià), promovió la investigación a raíz de las primeras investigaciones sobre el caso reveladas por Público. El pasado 25 de marzo, la formación presentó un denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EUPV se refirió a tres proyectos auspiciados por la Generalitat y asignados al arquitecto: el Centre de Convencions de Castellón, la ampliación de la dársena del puerto de Torrevieja y las Torres de Calatrava.
La Fiscalía del TSJCV dividió la denuncia en tres casos diferentes y envió cada uno de ellos a las respectivas divisiones provinciales, que son las que deben decidir si se abre investigación o se archiva la denuncia. Hoy, la de Valencia comunicó a IU que "se han incoado las diligencias de investigación penal". Los delitos investigados, según la denuncia de EUPV a la que hace referencia el escrito de la Fiscalía, son "prevaricación, malversación y defraudación tributaria" presuntamente cometidos por los "intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3", en referencia al solar destinado a la construcción de las torres. Respecto a los otros dos proyectos, es cuestión de tiempo que las respectivas fiscalías se pronuncien al respecto.
En el proyecto de las Torres de Calatrava se aprecian varias irregularidades que, analizadas junto al resto de casos investigados en el País Valencià, desvelan la rutina seguida por el arquitecto y la Generalitat presidida por Francisco Camps cuando se trataba de firmar un contrato público para una obra millonaria. Este modus operandi se repitió, además, en el caso de la Ópera de Palma, por el que tanto el expresident balear Jaume Matas, también del PP, como Calatrava están imputados.
Todos los casos, los tres del País Valencià y el de la Ópera de Palma, se caracterizan por un hecho fundamental: Calatrava cobró sin que las obras llegaran, siquiera, a iniciarse. En total, el arquitecto se embolsó 6,7 millones de euros. En el caso de las Torres de Valencia, desde antes de firmarse el contrato en septiembre de 2005 se conocían las dificultades para que el proyecto llegara a ser una realidad: el solar que albergaría los rascacielos está situado en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises y sujeto a un intrincado litigio judicial, por el que la Administración debe pagar una elevada suma de dinero a los antiguos propietarios de los terrenos para confirmar su titularidad sobre ellos. En el caso de la Ópera de Palma, el proyecto, firmado un mes antes de que se produjera el cambio de Gobierno, en abril de 2007, era también inviable según la Fiscalía Anti-Corrupción y el juez instructor.
Los pasos a seguir para la contratación del arquitecto por parte de sendos gobiernos del PP fueron los mismos. En primer lugar, se produce sin que medie concurso público. En el caso de las Torres de Calatrava, Gerardo Camps, conseller d'Economia del País Valencià, justificó la decisión de contratar a dedo a Calatrava en función del "objeto artístico". Ese fue el mismo argumento que Matas utilizó para hacer lo propio, y en su caso el juez instructor del caso Ópera de Palma concluyó en uno de sus autos que este argumento no es suficiente para acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Además, las negociaciones e incluso el anuncio del proyecto se hace, en los dos casos, meses antes de que se firmen los acuerdos. En ambos casos, además, la formalización del contrato se hizo a través de una empresa pública: Ibisec, en Balears, y CACSA, en el País Valencià.
Existe también similitud en la rapidez en los pagos: Calatrava cobró por el proyecto balear en un mes. En el caso valenciano, el contrato se firmó en septiembre de 2005, y en él se acordaron unos honorarios de 15
millones de euros. El arquitecto cobró 2,5 millones antes de que terminara el año. El informe del Síndic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) afeó a la Generalitat, en el informe correspondiente a ese ejercicio, que se hubiera efectuado el pago sin "un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar". Por último, en todos los casos, el dinero público ha llegado a una cuenta en Suiza, el país donde el arquitecto tiene establecido su domicilio fiscal.
Calatrava siempre gana
No se conocen más detalles del contrato referente a las Torres de Calatrava porque la Generalitat se niega a mostrarlo a la prensa o a la oposición con el argumento de que son confidenciales, porque así lo solicitó el arquitecto. Esta es una "práctica jurídica" habitual, según afirmó Gerardo Camps en marzo. El secreto deja libre, afirmó el conseller, "lo más importante, cuánto se va a pagar, cómo y dónde".
Lo que no se conoce, en efecto, es el detalle de las disposiciones del contrato. Aunque es posible hacerse una idea aproximada a partir del contrato del Centre de Convencions de Castelló, al que EUPV consiguió acceder después de meses de peticiones. En este documento, se establecen cláusulas que favorecen al arquitecto frente a la Administración. La Generalitat aceptó pagar al arquitecto en función del precio final de la obra, lo que en la práctica supone premiar los millonarios sobrecostes en los que suele incurrir Calatrava. Además, se comprometió a pagar un millón de euros después del contrato.
Marga Sanz, candidata de EUPV a la Generalitat, pidió ayer "que sea la Justicia la que decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos".
* Público - 4.05.11
Foto: Valencia, las 3 torres de Calatrava descartadas - levante
.................................... Leer más...
AGUSTÍN BENEDICTO* : Ese era el título de un artículo escrito por un célebre urbanista barcelonés para comentar el entonces recién aprobado Plan General (PG) de Madrid, allá por mediados de los ochenta del pasado siglo. De aquellos planes heroicos de los primeros ayuntamientos democráticos a los actuales hay un largo trecho, gracias a Dios. Sin embargo, se mantiene vivo el espíritu omnicomprensivo y totalizador del plan. Se pretende presuponer la imagen que tendrá la ciudad, prácticamente como si de un proyecto de arquitectura se tratara.
Hoy por hoy, nada más ingenuo. La moda de las «modificaciones de elementos» así lo verifica (aunque hay algunos elementos en este campo del urbanismo que no hay manera de modificar ). Un maestro del urbanismo me dijo hace ya mucho tiempo que un Plan General son fundamentalmente tres cosas; unas protecciones («casco histórico» y paisaje), unas reglas del juego (completar ciudad consolidada y nuevos crecimientos) y un direccionamiento de infraestructuras. Probablemente fuera así.
En Barcelona se redactó un PG allá por los setenta. Se aprobó e inmediatamente, se guardó en una vitrina, como la que tiene la abuela en casa protegiendo las figuritas de Lladró. Se terminó llamando «el plan en el armario». Todos estaban tranquilos porque había Plan, pero ya se cuidaban mucho de no pedir la llave de la vitrina en cuestión. Ya entonces se veía la casi completa inutilidad de semejante mamotreto jurídico-urbanístico para el real desarrollo de la ciudad.
Fue por entonces cuando surgió la polémica de Proyecto contra Plan. Mientras unos seguían haciendo interminables trámites burocráticos (en esa administración urbanística que ríete de «El Castillo» de Kafka), otros reurbanizaban o creaban nuevas plazas, que por supuesto no contemplaba el PG. Hacían ciudad. Si consideramos el desarrollo de cualquier proyecto de área urbana (del tamaño que hoy exigen los operadores inmobiliarios) en su auténtica complejidad, coincidiremos en que son éstos proyectos urbanos, imprevisibles por su naturaleza en cualquier PG, los que dan finalmente los trazos reales del crecimiento y desarrollo de la ciudad.
La legislación francesa hace mucho tiempo que denominó estas áreas de una manera particular.
Y, lamentablemente, van mucho más allá en su concepción de los tan multiformes «planes especiales».
Por otra parte, si consideramos que es mayor el plazo de redacción de un PG que su vigencia real y que ya muy poco tienen que ver los aprovechamientos que fija con el valor real del suelo (son los bancos los que de verdad nos tasan un solar, ese es el aprovechamiento real, que pasa olímpicamente de «las previsiones» del plan), y finalmente no está nada clara la tan cacareada «seguridad jurídica» para los propietarios e inversores, creo que sería el momento de cuestionar la validez, la utilidad, de los marmóreos Planes Generales.
Y este brevísimo artículo no da espacio para entrar en la subjetividad que guía las decisiones morfológicas del planeamiento general en la ciudad consolidada (¿por qué doce plantas y no trece? ¿por qué se divide la ciudad con líneas que delimitan distintas zonas obviando la necesaria transición de unos tejidos urbanos a otros? ...etc. ) Necesitamos planificar con criterios objetivos y mensurables (luces en la calle, decibelios en el espacio público, control de generación de CO2 en los desplazamientos…).
Pero, aunque solo sea porque la aprobación de un PG supone el fin de un frente de disputa política entre partidos, ya hay que celebrar que el Plan General de Málaga se haya aprobado definitivamente. Porque si pensamos que el desarrollo futuro de la ciudad va a gestionarse con las 75.000 nuevas viviendas que se prevén vamos listos.
*AGUSTÍN BENEDICTO. ARQUITECTO
* La Opinión Málaga - opinión - 2.05.11
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El nuevo barrio de Domeny, la última gran zona urbanizable que queda en Girona, ya tiene ramblas, aceras, semáforos y parques infantiles. Pero faltan las viviendas para los usuarios de estos servicios. Ningún promotor ha solicitado una licencia para los 1.200 pisos que proyectaba el plan parcial del Ayuntamiento. De momento, en los solares crecen amapolas y margaritas. Los únicos ocupantes son los obreros, que se afanan en acabar el pavimentado, y los jardineros, que han llenado de árboles y plantas el barrio. Los trabajadores se sorprenden de que no haya ningún proyecto en marcha en las 25 hectáreas que ocupa el terreno, situado entre una fábrica de Nestlé y el antiguo barrio de Domeny. "No me lo puedo creer. ¡Tú no sabes el curro que lleva esto!", exclama uno de ellos. Llevan seis meses plantando árboles y plantas.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2006 la reparcelación de las fincas, calificadas como suelo rústico, para crear 35 parcelas con 113.000 metros cuadrados de suelo edificable.
Roser Mutgé, vecina de 79 años de una imponente masía situada tras la urbanización, vendió los terrenos en aquel momento. Recuerda que allí siempre hubo campos de cultivo. "Plantábamos maíz, trigo, de todo", explica. Las obras de urbanización, que comenzaron en 2008, están prácticamente acabadas, y el Ayuntamiento ya ha hecho llegar la luz y el alcantarillado.
Algunos aprovechan las instalaciones como una moderna pista de skate, situada en uno de los márgenes de la urbanización en la que relucen las pintadas. "Está muy chula", dice André, un brasileño de 20 años. Es la única pista que hay en la ciudad, por lo que los skaters han corrido a usarla, aunque según el Ayuntamiento aun no está terminada. El cartel de "peligro, tensión" que cuelga de una valla no les da miedo. Mejor aquí que esquivando a la policía por la ciudad. "Ya se han hecho algunas pequeñas exhibiciones", dice Leni, un joven hondureño que da saltos con su patinete.
Las obras de urbanización han costado unos 10 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento ha desembolsado uno. El resto corre a cargo de los propietarios de los terrenos. Además, el Consistorio deberá hacerse cargo a partir de ahora del mantenimiento de las instalaciones y los parques infantiles. De las 1.200 viviendas proyectadas, el 30% serán de protección oficial. Pero tampoco estas van a empezar a construirse de momento. "Ya tenemos pisos públicos a nuestra disposición en otras zonas. No vamos a poner a gente a vivir aquí en un gueto", razona la concejal de urbanismo, Isabel Salamaña (PSC).
La historia del incipiente barrio está llena de sobresaltos. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña invalidó el Plan Especial que el Consistorio había aprobado en 2005 y obligó a reiniciar su tramitación. El pasado febrero, el pleno tuvo que modificar varios aspectos del proyecto que unas propietarias habían llevado a los tribunales.
La urbanización tiene dos carriles bici, dos campos de petanca, todo tipo de juegos para los niños e incluso una zona que parece una futura pista de patinaje. "Todo es de la ciudad", dice Salamaña, que añade que el Consistorio lo mantendrá como hace con el resto de parques. "Los domingos está lleno de niños y gente de la zona paseando", dice.
"Aquí pondrán seguridad, ¿no?", pregunta un trabajador de una empresa encargada de las obras, sorprendido al conocer que por ahora no habrá pisos. "La verdad, me sabe mal. Cuando se acaba una obra siempre va gente a hacer pintadas", concluye.
* El País - 4.05.11
Foto: Girona, vista general - tripadvisor
.................................... Leer más...
LEVANTE/Alicante* : El mundo al revés. En los pueblos de la Marina Alta hay numerosas urbanizaciones cuyos propietarios no tienen cédulas de habitabilidad o licencias de primera ocupación porque los servicios urbanísticos son de obra. Pero en el edificio Costa-Calpe, en la partida calpina del Saladar, ocurre todo lo contrario. Los escasos dueños de viviendas (en los balcones hay muchos carteles de «se vende» y «disponible») tienen todos los permisos que se les puede exigir. Todos. Pero la compañía Iberdrola les dice que no puede darles de alta la luz en la comunidad y en las viviendas. De hecho, la empresa eléctrica todavía no ha terminado la red eléctrica del Saladar. Así pues, un año después de obtener del ayuntamiento la licencia de primera ocupación, los propietarios siguen con luz de obra. «Estamos a merced de un auxiliar de obra y cada mes tenemos que abonar la abusiva factura que nos cobra Iberdrola. Y no podemos dejar de pagar, ya que la devolución de un recibo supondría el corte del suministro», denuncia el presidente de la comunidad de propietarios, Andrés Castelló.
Estos vecinos iniciaron hace meses las gestiones para lograr el contrato de luz. Pero la compañía se lo negaba sin dar explicaciones. En llamadas de teléfono, critican, se dejaron un dineral. La vía del correo electrónico tampoco surtió efecto. Por fin, el presidente de la comunidad recibió una llamada de la empresa eléctrica que le aseguró que tanto el ayuntamiento como la promotora del edificio sabían de sobra que no había suministro eléctrico en la partida del Saladar. Sin embargo, el consistorio otorgó licencia de primera ocupación y la conselleria de Industria emitió el certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
En el departamento de urbanismo del ayuntamiento, estos propietarios no tuvieron más suerte. Les indicaron que Iberdrola debía acabar la red eléctrica durante este año y que, como tenían luz de obra, no pasaba nada.
Estos vecinos se sienten engañados. Tanto es así que han presentado una queja en el ayuntamiento y una denuncia ante la OMIC. Preguntan por qué el ayuntamiento les ha dado todos los permisos sin que exista red de suministro eléctrico y advierten de que se puede haber incurrido en un delito. También critican que están viviendo en condiciones precarias por los fallos en la luz de obra.
* Levante - 3.05.11
Foto: Calpe (Alicante), urbanizaciones - L. HEVESI (El Mundo)
.................................... Leer más...
EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.
En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.
Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.
Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.
Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".
En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".
La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.
Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.
Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".
* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida
.................................... Leer más...
UNIVERSIA* : Los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, urgen mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante. Ciudades como Bogotá han avanzado en reducir el déficit de espacio público y equipamientos. Sin embargo, el incremento poblacional para los próximos 10 años en la capital que se calcula en 1.800.000 nuevos habitantes, impone un gran reto en la planeación, generación y construcción de grandes obras de infraestructura y la adecuación del espacio público, de modo que se logren brindar las condiciones de calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Así lo indicó William H. Alfonso, profesor del programa Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, al revelar que actualmente la disponibilidad de espacio público construido es inferior a cuatro metros cuadrados por persona, lo que ubica al país lejos de los estándares internacionales: según la Organización Mundial de la Salud el espacio público por persona es de mínimo 15 metros cuadrados.
<“En Bogotá los más afortunados, por así decirlo, son los habitantes de las zonas de Usaquén y Suba, quienes gracias al diseño de los planes parciales nuevos cuentan hasta con 9 metros cuadrados de espacio público cada uno. Los más afectados son los habitantes del centro de la ciudad, pues en sectores como La Candelaria sólo se cuenta con 1.3 metros cuadrados de espacio público por persona”, reveló el investigador.
En Colombia más del 60% de las ciudades son construidas de modo informal, sin ninguna planeación ni ordenamiento, lo que genera un gran déficit de parques, zonas verdes, espacio público y equipamientos. En Bogotá se acude a obras “remediales” que implican un gran impacto social y económico en sus ciudadanos, como lo refleja el estado actual de la ciudad, dijo. “A esto se suman los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, lo que hace urgente mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante”, afirmó el académico.
Es importante tener en cuenta que en los próximos 20 años cerca del 80% de la población nacional vivirá en las ciudades. La magnitud y elevado costo social y económico de la construcción y administración del espacio público en las urbes del país, hacen de éste uno de los temas prioritarios en la agenda del desarrollo nacional. De ahí la importancia de crear condiciones urbanas que contribuyan en la planeación y la ejecución de proyectos para intervenir el espacio público urbano, explicó el profesor de la Universidad del Rosario.
Territorio, urbanismo y espacio público
El paradigma en el desarrollo de planes urbanos en Bogotá se concreta específicamente en el espacio público: la estructura urbana y su funcionalidad dependen de la infraestructura de soporte, en especial las redes de servicios públicos, el sistema vial, la red de equipamientos y el sistema que las articula, que es el sistema de espacio público. “La idea es avanzar en la forma de proyectar la ciudad de una manera más integral y sistémica, más aún si se tiene previsto que la capital recibirá un millón ochocientos mil nuevos habitantes en menos de 10 años, lo que hace necesario acudir a estrategias para generar nuevo suelo urbano, especialmente por renovación urbana y completar los demás sistemas de redes de servicios e infraestructura”, agregó.
Bogotá contaba con 7'881.156 habitantes en 2005 según el Dane, cifra que aumenta progresivamente debido al crecimiento poblacional, a la migración por el fenómeno del desplazamiento que presenta el país y porque la capital nacional se ha convertido en el destino predilecto de vivienda, estudios y oportunidades de trabajo de cientos de personas provenientes de diferentes lugares del territorio. Para contribuir a la toma de decisiones en ordenamiento del territorio y disminuir el déficit que tiene la ciudad en espacios públicos y equipamientos, el programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario ofrecerá un Diplomado en Territorio, Urbanismo y Espacio Público, con el objetivo llevar a cabo un proceso de formación y cualificación de las personas que tienen injerencia en los procesos de planeamiento, gestión y desarrollo urbanos, fortaleciéndolos conceptualmente en aspectos del planeamiento, ordenamiento físico y formas de gestión urbana.
Además se socializarán las estrategias de intervención sobre el territorio y las herramientas adecuadas para mejorar la coordinación y la acción entre los sectores públicos y privados, en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
Inscripciones hasta el 12 de mayo en Bogotá en el teléfono 4225321, fuera de Bogotá 018000 511888 o en el correo carolina.ulloa@urosario.edu.co.
Fuente: Universidad del Rosario
* UNIVERSIA - 3.05.11
Foto: Bogotá (Colombia), espacios públicos - universia
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Pontevedra* : El alcalde popular de A Cañiza, César Mera, que agota sus últimas semanas en el cargo después de desempeñarlo 36 años -también fue presidente de la Diputación de Pontevedra-, afronta, con otra media docena de personas -promotores, un constructor y tres arquitectos-, una demanda por los posibles delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, estafa y prevaricación, en relación con la construcción y venta de un edificio de viviendas del municipio con múltiples irregularidades. Mera, según la demanda, ha ido dilatando la reposición de la legalidad y propiciado que esta sea costeada por los compradores de las viviendas en lugar del promotor. El asunto viene de lejos. Ya en 2005 una concejal socialista denunció que las obras que se ejecutaban en el nº72 de la calle Carmen, un edificio para nueve viviendas, incumplían la normativa urbanística local y el proyecto para el que había obtenido licencia. El alcalde quedó emplazado a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad y a realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Ponteareas que sirviera de aviso a los potenciales compradores de las viviendas.
Agustín Pacheco Hernández y Paulina Gregorio Vidal, los socios de la promotora que realizaba las obras, Fincas Cañiza, SL, son el yerno y la hija de Manuel Gregorio, a la sazón teniente de alcalde de A Cañiza, circunstancia que, según la demanda presentada en los juzgados de Ponteareas, bien podría haber influido en la actitud municipal. Mera atribuye el detonante del proceso a motivaciones políticas del dirigente socialista Luis Piña, "mala gente", le dice a la compradora de una de las viviendas en una conversación que ella grabó y que aporta a la demanda.
El Ayuntamiento abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística y requirió a Fincas Cañiza para ajustar las obras a la licencia otorgada. Pero la promotora fue formulando sucesivos recursos contra la paralización de las obras, hasta acabarlas, sin llegar a operar en ellas la reposición de la legalidad, y a su vez fue vendiendo las viviendas sin que nadie previniera a los compradores del litigio que pesaba sobre ellas.
En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia firme, evitó la demolición del edificio al atribuir a "un error" su infracción capital (la invasión por los pilares de la obra del ancho normativo de la calle en 20 centímetros), e instó a Fincas Cañiza a subsanar media docena de aspectos ilegales. Pero la promotora aduce que está en la ruina.
Mera, según la demanda y las conversaciones grabadas que la acompañan, comprometió entonces la colaboración municipal -y la de su potencial sucesor en la alcaldía, el candidato del PP, Miguel Domínguez- para que se "maquillen" las obras ordenadas -añadiendo una pared a la fachada que disimule la anchura del vuelo o simulando ventanas falsas, por ejemplo-, que realizará otro constructor supuestamente concertado con él al efecto, José María Fernández Amado, el cual es también propietario de un bajo y de dos de las viviendas del edificio. Fernández Amado ha accedido a esta propiedad en un marco de relaciones y deudas con Fincas Cañiza, que esta, según afirma en otra conversación grabada, no ha acabado de saldar con él, y propone a los demás propietarios que sufraguen las obras de reforma al precio de "unos 15 o 20 millones de pesetas".
El edificio está parcialmente habitado y funciona aún, en abastecimiento de agua y electricidad, con las conexiones de obra. El alcalde garantiza la conexión futura a las redes municipales sin coste mayor para los propietarios, siempre y cuando estos apañen las reformas ordenadas por el TSXG y no presenten denuncias.
Es lo que ha hecho una de las compradoras. Contra el alcalde, Fernández Amado, Fincas Cañiza y los arquitectos Jesús Alonso Taboada (tasador de Tecnicasa), Francisco M. Iglesias Rodríguez, director técnico de la obra, y Pablo Ortiz Uribarri, que certificó su final, porque supuestamente ninguno constató sus ilegalidades y todos certificaron su realización de acuerdo al proyecto y a la normativa. El Ayuntamiento aún no se ha planteado qué hacer si los propietarios no asumen las obras.
"Con denunciar no vas a ganar nada"
"Yo te doy mi consejo: Tino [Agustín Pacheco Hernández] no tiene un duro, solo deudas. Si el juez le condena y os tiene que indemnizar, tiene otras deudas preferentes. Con denunciar no vas a ganar nada, solo gastar dinero. Lo que debes intentar es que se vaya solucionando poco a poco", propone el alcalde de A Cañiza, César Mera, a la compradora de vivienda que le ha denunciado. La grabación de la conversación es una de las que acompañan la demanda en los juzgados de Ponteareas, junto con otras en las que interviene José María Fernández Amado, el constructor dispuesto, según la demanda, a ejecutar las obras de "maquillaje" que simulen el cumplimiento de la sentencia del TSXG.
Las conversaciones grabadas abundan en el criterio de que las infracciones urbanísticas denunciadas solo tienen una motivación política -"El Piña [Luis Piña, líder local del PSOE] es mala gente, se dedica a decir para tener un voto", afirma Mera- que consideran desactivada porque Manuel Gregorio -teniente de alcalde, padre y yerno de los propietarios de Fincas Cañiza- ya no está en la corporación. Mera califica como "infracciones normales" las denunciadas y dice que "Tino es un ingenuo perdido, él no es mal tío pero está desbordado". Para desanimar las intenciones de denunciar de la compradora le dice: "Vas a conseguir una sentencia a tu favor, pero el otro [Tino] no te va a pagar, está hipotecado por todas las esquinas".
El alcalde, que conoció por este periódico la presentación de la demanda, asegura ahora haberse guiado por la prudencia ("Si hubiéramos mandado derribar, sería peor") y concluye sobre su papel: "Yo solo intento arreglar el problema colaborando con los propietarios".
* El País - 2.05.11
Foto: A Cañiza (Pontevedra) - xornal
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Castellón ha recalificado una manzana de suelo, de industrial a uso docente, con el fin de que la universidad privada Cardenal Herrera-CEU pueda impartir los estudios de Medicina y Enfermería que aún no han sido autorizados para la universidad pública Jaume I. La solicitud surgió del grupo Lubasa, propietario del inmueble en el que se imparten las clases, ubicado en la Ciudad del Transporte. La petición se realizó en julio de 2010, cuando aún no se habían iniciado las clases. Sin embargo, el cambio de la calificación del suelo no se realizó hasta marzo de este año, cuando la titulación ya estaba en marcha.
Además, el Ayuntamiento se ha negado a conceder la misma categoría de suelo docente a una manzana colindante después de que el propietario de la misma lo solicitara, ante la decisión adoptada respecto a sus vecinos.
La solicitud del uso docente para el suelo de Lubasa se realizó para "todas las categorías" de enseñanza. Los técnicos municipales la rechazaron al considerar que su inclusión en una zona de uso industrial "produce interferencias negativas" ya que, entre otras cosas "nos podemos encontrar en una misma manzana usos tan diferentes e incompatibles entre sí como un uso de educación infantil junto a un taller de reparación". El grupo Lubasa modificó su petición y la limitó a uso de enseñanza superior y otras enseñanzas, con lo que la autorización fue aprobada por el Ayuntamiento.
No para todos
Al mes siguiente de que el Consistorio castellonense aprobara la modificación, el propietario de varias parcelas de una manzana colindante solicitó que el cambio de uso del suelo "se haga extensible" a las de su propiedad. Pero en este caso se rechazó pese a que la razón dada por el grupo Lubasa para albergar las aulas de la Cardenal Herrera-CEU fue la "evolución del mercado inmobiliario y la crisis económica actual, que aconsejan introducir cambios en la oferta de usos permitidos".
El Ayuntamiento entendió que los criterios seguidos en el caso anterior no eran "aplicables" ya que, según un informe técnico "deben darse cuando coexistan las circunstancias apropiadas para ello". Además, alegaba que su ubicación no era adecuada.
* El País - 3.05.11
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
.................................... Leer más...
INFORMACIÓN* : La Conselleria de Urbanismo ha modificado la Ley del Suelo No Urbanizable -el nuevo texto ya está en vigor- para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas que relancen la economía en zonas castigadas por la crisis agrícola, y frenar así el despoblamiento rural. La iniciativa, que sirve como base para desarrollar lo que la estrategia territorial define como parques agrícolas, posibilita la instalación en suelo no urbanizable de negocios como casas de alojamiento rural, tiendas de productos agrícolas asociadas a una pequeña explotación agropecuaria, campamentos y centros deportivos. Para ello la nueva legislación, que nació del desarrollo del decreto-ley de medidas urgentes aprobado en julio del año pasado, fija una serie de condiciones que agilizan la tramitación administrativa y, a la vez, eliminan aspectos que en ocasiones hacían inviable cualquier iniciativa. En principio, los técnicos estiman como zonas susceptibles de acoger estas iniciativas todo el interior. Existe, incluso, un primer bosquejo cromático en el que aparecen municipios de l'Alacantí, Elche, Orihuela, Bigastro, Vall de la Gallinera, Guadalest, Altea, Dénia y la Montaña.
Entre las novedades incorporadas a la legislación, el Consell reduce a la mitad el plazo máximo para la obtención de la Declaración de Interés Comunitario de los proyectos, que pasa de seis a tres meses, una reducción que afecta a la creación de casas rurales, tiendas de productos agrícolas o plantas ornamentales, estacionamiento de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo, centros deportivos y centros educativos y sanitarios.
La modificación puntual de la normativa urbanística permite, además, legalizar multitud de restaurantes construidos en suelo no urbanizable en el interior de la provincia desde hace años y que, en la mayoría de los casos, funcionan gracias a un limbo legal.
Para la implantación de casas rurales de alojamiento se ha eliminado, además, la obligación de que se sitúen como mínimo a 5 kilómetros del núcleo urbano, y que la parcela tenga al menos media hectárea, en aquellos casos en que la Conselleria de Turismo informe de que se trata de un establecimiento de interés para el turismo rural. Asimismo se permite implantar instalaciones de venta de productos agrícolas con licencia municipal sin necesidad de poseer la Declaración de Interés Comunitario.
Por otro lado, se ha suprimido la obligatoriedad de que los campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos reserven un mínimo del 50% de la parcela a uso agrario o forestal. También se permite que en los centros educativos y sanitarios se tenga en cuenta sus espacios abiertos y libres de edificación a la hora de valorar si se cumple el requisito legal de dejar el 50% de la parcela libre.
Los ayuntamientos pueden determinar, en función de los cambios introducidos, la cuantía del canon económico para edificar en suelo no urbanizable, otorgar prórrogas, y fraccionar o reducir el canon, hasta un 50%, especialmente para actividades que generen empleo, según figura en el texto consultado por el periódico.
COYUNTURA NEGATIVA
El lastre de los precios y la falta de agua
La falta de agua calidad, los precios irrisorios que cobra el agricultor por sus productos y la atomización del sector agrícola de la provincia han provocado que prácticamente no haya relevo generacional en el campo alicantino, lo que agudiza el drama de la despoblamiento rural. Uno de los objetivos de esta flexibilización legislativa es, precisamente, ayudar invertir la tendencia y que las zonas rurales, por muy diseminadas que estén, vuelvan a atraer las inversiones. De ahí que la ley del suelo no urbanizable haya eliminado muchas de la que hasta ahora se consideraban trabas insalvables. Se pretende que el campo pueda combinar su carácter bucólico con el comercial. De ahí la potenciación, por ejemplo, de casas rurales con tiendas anexas.
* Información - 3.05.11
Foto: Orihuela (Alicante), la vega y la sierra - wikipedia.org
.................................... Leer más...
ELPAÍS/A Coruña* : Al igual que en Cee y Fisterra, la documentación intervenida por la policía en el Ayuntamiento de Mazaricos prueba no solo la vulneración reiterada "de forma dolosa y no negligente" de la ley para amañar contrataciones públicas en 2008, 2009 y 2010, sino también el cobro de al menos un soborno de 5.000 euros. En el sumario de la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juzgado número dos de Corcubión, son múltiples las pruebas recabadas, tanto documentales como en las escuchas practicadas por la policía con orden judicial, que implican como principal responsable al alcalde, José Manuel Santos Maneiro, del PP y en libertad provisional acusado de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Quedan también, para la policía, "apuntaladas" las imputaciones por cohecho y tráfico de influencias del teniente de alcalde y concejal de Obras, Manuel Rodríguez Caamaño, que declara hoy en el juzgado por este caso de corrupción generalizada en la adjudicación de obras en la Costa da Morte.
Para la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, "es evidente que de todos los hechos tiene conocimiento el alcalde". Maneiro, según destacan los investigadores en sus conclusiones finales, tras cotejar escuchas policiales y documentos, participó directamente en el amaño de adjudicaciones de obras para concederlas a los Ogando, los constructores de Muxía principales imputados en esta trama en la Costa da Morte, y en "revestir" los procedimientos "de aparente legalidad".
Incluso el alcalde de Mazaricos, que al igual que su primer teniente de alcalde, es candidato a su reelección en los comicios del 22 de mayo, llegó a falsear el importe de una de las obras investigadas, incrementándolo en 1.400 euros, para obtener la máxima subvención concedida por la Xunta. En el expediente para mejorar la pavimentación y equipamiento del campo de la feria en A Picota, -repleto de irregularidades administrativas, reseña la policía, que incluso hacen que esta adjudicación pueda ser "nula de pleno derecho"- no solo "se saltó las normas dolosamente".
La obra fue adjudicada en 2010 a Ogando por tener el mejor precio de las tres ofertas presentadas y "amañadas previamente". Ese constructor propuso un presupuesto de 91.926,68 euros. Pero en el escrito del alcalde para solicitar una subvención a la Consellería de Economía "se han ajustado, en unión con los empresarios", sus ofertas "hasta el 100% del presupuesto de adjudicación", 93.326,59 euros, para así "recibir el máximo de la subvención", limitada a 70.000 euros. "Las obras, de haberse ceñido a los primeros presupuestos" de las empresas, "habrían sido 1.400 euros más baratas". Al inflarlos, el regidor de Mazaricos logró su propósito: Economía le concedió la subvención máxima, 69.995 euros en dos anualidades correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011.
El delito de cohecho del que se acusa al regidor y a su teniente de alcalde, así como al conserje municipal, Benito Carreira, también queda probado, según reseñan los agentes en sus conclusiones finales. Daniel Ogando hijo reconoció en su declaración ante el juez el pago de dinero a Carreira, al que denomina "el carterista", así como al teniente de alcalde, "ya que los que reciben obras del Ayuntamiento son los que sufragan los gastos de las fiestas de A Fervenza", explicó el constructor. Según su versión, por ese motivo entregó 5.000 euros en metálico en agosto de 2010, como reconoce en una conversación con el teniente de alcalde. En esa llamada intervenida por la policía, Ogando explica a Caamaño que es dinero "para pagarle el anuncio de la revista" de esas fiestas. Pero entre la documentación incautada por los agentes que participan en la investigación, que incluye las cuentas de las fiestas de A Fervenza de 2009 y 2010, aparece consignado que Ogando solo pagó 300 euros por el anuncio de media página publicado en la revista. Es uno de los cuatro empresarios que más pagan por aparecer en esa publicación con la que se financian los festejos estivales de Mazaricos.
* El País - 2.05.11
Foto: Mazaricos (A Coruña) - escapadarural
.................................... Leer más...
LEVANTE/Valencia* : Tres conselleries tienen pendientes la adjudicación de obras "prioritarias" que suman un total de 584 millones de euros. Se trata de inversiones que iban destinadas a nuevas sedes judiciales, colegios y depuradoras que, en algunos casos, pese a contar con la financiación necesaria no se acaban de impulsar. El tapón que obstruye algunas operaciones se encuentra en la Conselleria de Economía. La información ha sido recopilada por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que la semana pasada acordó con la Conselleria de Infraestructuras crear una mesa técnica de obras públicas en colaboración con la banca para agilizar las concesiones.
La Conselleria de Medio Ambiente y su empresa pública Epsar (Entidad Pública de Saneamiento y Aguas Residuales) es la que retiene el mayor volumen de inversión.
Se trata de la licitación por el sistema concesional de 17 nuevas depuradoras y 20 mejoras de otras tantas (la instalación del tratamiento terciario de las aguas y obras anexas) que se distribuyeron en siete lotes que sumaban una inversión total de 303 millones de euros (113 para construcción y 190 para la explotación y financiación). La previsión, según lo pactado entre el vicepresidente Juan Cotino y el gerente de la Epsar con los contratistas, era licitar a lo largo de 2010 los siete lotes. "Pero estos plazos no sólo no se han cumplido" sino que un total de siete concursos licitados entre 2008 y 2009 (algunos adjudicados provisionalmente) se han anulado mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) "para incorporarlos a los siete lotes de concesiones. Pero la verdad es que ha pasado 2010 y no se ha licitado ningún lote de los anunciados". Con las incorporaciones de los contratos anulados, el coste de los 7 lotes de depuradoras por concesión asciende a 450 millones de euros.
Esta dilación resulta incomprensible, "habida cuenta que la Epsar cuenta con un crédito de unos 300 millones procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que el pago a futuros de las inversiones, el Plan de Concesiones de la Epsar, están garantizadas vía canon o tarifa a satisfacer por los usuarios". Por ello, los contratistas se preguntan: "¿por qué la Conselleria de Economía no pone a disposición de la Epsar el aval necesario para obtener el crédito del BEI?". Su "perplejidad" aumenta tras la concesión de avales por parte de la Generalitat a seis empresas públicas por valor de 287,6 millones, entre los que no se incluía a la Epsar "con lo cual quedan unos 450 millones de obra y explotación sin poder concesionarse y lanzar trabajo y actividad al mercado de la construcción".
Otro plan congelado tras ser anunciado a bombo y platillo es el Justi-Seu o Plan de Innovación de Sedes Judiciales, presentado por el entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa, y Francisco Camps, en la Ciudad de la Justicia, para construir 16 nuevas sedes judiciales que se licitarían entre 2008 y 2010. En este tiempo sólo se han licitado y están en ejecución tres sedes judiciales (Elx, Paterna y Vila-real) y quedan pendientes 188,4 millones de euros (el 77,32%) de las actuaciones anunciadas en 2008.
La empresa pública Ciegsa tiene pendientes de adjudicar 15 colegios licitados durante 2010 (en Llíria, Torrent, Dénia, Castelló, Gandia, Piles, Chiva, Villanueva de Castellón, Nàquera, Benifaió, Almàssera, Benicarló, Alicante, Torrevieja y Rojales) por 94 millones de euros. Al parecer, las constructoras tienen problemas para encontrar financiación. Ciegsa abona con pagarés a varios años y suele retrasarse en estos pagos, por lo que los bancos se muestran reticentes a aceptarlos como aval.
* Levante - 3.05.11
Foto: Protesta por el retraso del IES Bulevar Sur en Valencia - levante
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Málaga* : El macroproceso del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella, va camino de batir un récord indeseado por todos: el del juicio más largo de la historia de España. La vista oral, que arrancó el 27 de septiembre de 2010, estaba previsto inicialmente que terminara a finales de este año. Sin embargo, tanto la Sección Primera de la Audiencia de Málaga como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en calcular que el proceso contra el exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca y sus 94 -otra plusmarca- compañeros de banquillo durará entre dos años y dos años y medio, con lo que difícilmente acabará antes de finales de 2012. A este plazo habría que añadirle un periodo "no inferior a seis meses" para que el tribunal, presidido por el magistrado José Godino, redacte la sentencia.
De confirmarse este plazo, el enjuiciamiento del caso Malaya superaría con amplitud otros juicios célebres como el de la intoxicación masiva por el aceite de colza (1987), que duró 15 meses, o el juicio por la matanza del 11-M en Madrid (2007), que duró cuatro meses y medio. También dejará atrás a otro macroproceso histórico de la Costa del Sol: el del caso Intelhorce, sobre irregularidades en la gestión de esta fábrica textil malagueña tras su privatización, que se prolongó durante 16 meses. En este caso, que se inició en 1998 con 39 acusados, el juicio debió repetirse desde el principio ya que tras las vacaciones de verano de 1999 uno de los magistrados del tribunal se había jubilado.
El pasado jueves, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, alertó de que la duración del juicio era "insostenible desde el punto de vista organizativo", ya que para poder celebrar el juicio del caso Malaya -cuyos magistrados se dedican a este asunto casi en exclusiva- ha habido que reforzar la Sección Primera. Arroyo solicitó a las acusaciones y las defensas que agilicen las sesiones -ya se han celebrado 44, a razón de tres por semana-, acelerando los interrogatorios y, si es posible, renunciando a la práctica de pruebas que no sean estrictamente necesarias.
Para hacer más gobernable un sumario de decenas de miles de folios, el tribunal acordó dividir el juicio en varios bloques en función de los delitos estudiados. Para empezar a rodar se eligió un asunto con pocos procesados y bastante acotado -el pelotazo inmobiliario de la llamada operación Crucero Banús, por la que Roca y sus socios se embolsaron seis millones de euros tras una recalificación urbanística- . Ahora se enjuicia el segundo bloque, sobre el entramado principal de blanqueo del exasesor. La previsión es que este tramo, junto con el tercero, también dedicado al blanqueo a través de inversiones en obras de arte y otros bienes, termine antes de las vacaciones de agosto, de modo que en otoño se pueda iniciar el cuarto bloque, dedicado a los delitos de cohecho.
La duración de este tramo del juicio, con más de 30 procesados, entre empresarios que supuestamente pagaron sobornos a Roca y concejales que cobraron a cambio de resoluciones favorables al que fue mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil, resulta muy complicado de determinar. Tras él, se prevé analizar los negocios en común de Roca con otros empresarios con intereses en Marbella. El resto de bloques del caso Malaya, como el cohecho de la empresa de autobuses Portillo o la tenencia de armas del exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo, todavía no está previsto en qué orden se van a enjuiciar, según fuentes del tribunal.
La división en bloques ha permitido que los 95 procesados no tengan que permanecer en la sala durante todo el tiempo que dure el juicio. Sin embargo, ha tenido como efecto perverso que algunos testigos y pruebas practicadas se van a repetir en cada uno de los bloques. Es el caso de las declaraciones de los policías que investigaron el caso, que en el segundo bloque ya indicaron que algunas preguntas ya las habían contestado en el anterior. Y todo parece indicar que tendrán que contestarlas de nuevo en el siguiente.
* El País - 1.05.10
Foto: Imagen de los procesados sentados en la sala del juicio del caso Malaya el 5 de octubre de 2010.- elpais
.................................... Leer más...
