PÚBLICO/Valencia* : Un contrato público asignado sin concurso y pagos millonarios por obras que nunca se realizaron. Estas son algunas de las presuntas irregularidades que la Fiscalía Provincial de Valencia investiga en relación a uno de los contratos adjudicados por la Generalitat valenciana al arquitecto Santiago Calatrava. Se trata de las llamadas Torres de Calatrava, un complejo con varios rascacielos que se proyectó como anexo a la Ciudad de las Artes y las Ciencias. Calatrava cobró 2,5 millones de euros, aunque la obra nunca se hizo. La encargada de llevar adelante la investigación será la sección Anticorrupción de la Fiscalía Provincial, según fuentes oficiales de este organismo.
IU (EUPV, Esquerra Unida del País Valencià), promovió la investigación a raíz de las primeras investigaciones sobre el caso reveladas por Público. El pasado 25 de marzo, la formación presentó un denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). EUPV se refirió a tres proyectos auspiciados por la Generalitat y asignados al arquitecto: el Centre de Convencions de Castellón, la ampliación de la dársena del puerto de Torrevieja y las Torres de Calatrava.
La Fiscalía del TSJCV dividió la denuncia en tres casos diferentes y envió cada uno de ellos a las respectivas divisiones provinciales, que son las que deben decidir si se abre investigación o se archiva la denuncia. Hoy, la de Valencia comunicó a IU que "se han incoado las diligencias de investigación penal". Los delitos investigados, según la denuncia de EUPV a la que hace referencia el escrito de la Fiscalía, son "prevaricación, malversación y defraudación tributaria" presuntamente cometidos por los "intervinientes en la contratación y edificación de la parcela M3", en referencia al solar destinado a la construcción de las torres. Respecto a los otros dos proyectos, es cuestión de tiempo que las respectivas fiscalías se pronuncien al respecto.
En el proyecto de las Torres de Calatrava se aprecian varias irregularidades que, analizadas junto al resto de casos investigados en el País Valencià, desvelan la rutina seguida por el arquitecto y la Generalitat presidida por Francisco Camps cuando se trataba de firmar un contrato público para una obra millonaria. Este modus operandi se repitió, además, en el caso de la Ópera de Palma, por el que tanto el expresident balear Jaume Matas, también del PP, como Calatrava están imputados.
Todos los casos, los tres del País Valencià y el de la Ópera de Palma, se caracterizan por un hecho fundamental: Calatrava cobró sin que las obras llegaran, siquiera, a iniciarse. En total, el arquitecto se embolsó 6,7 millones de euros. En el caso de las Torres de Valencia, desde antes de firmarse el contrato en septiembre de 2005 se conocían las dificultades para que el proyecto llegara a ser una realidad: el solar que albergaría los rascacielos está situado en la senda de aproximación al aeropuerto de Manises y sujeto a un intrincado litigio judicial, por el que la Administración debe pagar una elevada suma de dinero a los antiguos propietarios de los terrenos para confirmar su titularidad sobre ellos. En el caso de la Ópera de Palma, el proyecto, firmado un mes antes de que se produjera el cambio de Gobierno, en abril de 2007, era también inviable según la Fiscalía Anti-Corrupción y el juez instructor.
Los pasos a seguir para la contratación del arquitecto por parte de sendos gobiernos del PP fueron los mismos. En primer lugar, se produce sin que medie concurso público. En el caso de las Torres de Calatrava, Gerardo Camps, conseller d'Economia del País Valencià, justificó la decisión de contratar a dedo a Calatrava en función del "objeto artístico". Ese fue el mismo argumento que Matas utilizó para hacer lo propio, y en su caso el juez instructor del caso Ópera de Palma concluyó en uno de sus autos que este argumento no es suficiente para acudir al procedimiento negociado sin publicidad. Además, las negociaciones e incluso el anuncio del proyecto se hace, en los dos casos, meses antes de que se firmen los acuerdos. En ambos casos, además, la formalización del contrato se hizo a través de una empresa pública: Ibisec, en Balears, y CACSA, en el País Valencià.
Existe también similitud en la rapidez en los pagos: Calatrava cobró por el proyecto balear en un mes. En el caso valenciano, el contrato se firmó en septiembre de 2005, y en él se acordaron unos honorarios de 15
millones de euros. El arquitecto cobró 2,5 millones antes de que terminara el año. El informe del Síndic de Comptes (Tribunal de Cuentas valenciano) afeó a la Generalitat, en el informe correspondiente a ese ejercicio, que se hubiera efectuado el pago sin "un estudio de necesidades justificativo de la contratación a efectuar". Por último, en todos los casos, el dinero público ha llegado a una cuenta en Suiza, el país donde el arquitecto tiene establecido su domicilio fiscal.
Calatrava siempre gana
No se conocen más detalles del contrato referente a las Torres de Calatrava porque la Generalitat se niega a mostrarlo a la prensa o a la oposición con el argumento de que son confidenciales, porque así lo solicitó el arquitecto. Esta es una "práctica jurídica" habitual, según afirmó Gerardo Camps en marzo. El secreto deja libre, afirmó el conseller, "lo más importante, cuánto se va a pagar, cómo y dónde".
Lo que no se conoce, en efecto, es el detalle de las disposiciones del contrato. Aunque es posible hacerse una idea aproximada a partir del contrato del Centre de Convencions de Castelló, al que EUPV consiguió acceder después de meses de peticiones. En este documento, se establecen cláusulas que favorecen al arquitecto frente a la Administración. La Generalitat aceptó pagar al arquitecto en función del precio final de la obra, lo que en la práctica supone premiar los millonarios sobrecostes en los que suele incurrir Calatrava. Además, se comprometió a pagar un millón de euros después del contrato.
Marga Sanz, candidata de EUPV a la Generalitat, pidió ayer "que sea la Justicia la que decida si el dinero pagado por nada ha de devolverse a los ciudadanos".
* Público - 4.05.11
Foto: Valencia, las 3 torres de Calatrava descartadas - levante
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AGUSTÍN BENEDICTO* : Ese era el título de un artículo escrito por un célebre urbanista barcelonés para comentar el entonces recién aprobado Plan General (PG) de Madrid, allá por mediados de los ochenta del pasado siglo. De aquellos planes heroicos de los primeros ayuntamientos democráticos a los actuales hay un largo trecho, gracias a Dios. Sin embargo, se mantiene vivo el espíritu omnicomprensivo y totalizador del plan. Se pretende presuponer la imagen que tendrá la ciudad, prácticamente como si de un proyecto de arquitectura se tratara.
Hoy por hoy, nada más ingenuo. La moda de las «modificaciones de elementos» así lo verifica (aunque hay algunos elementos en este campo del urbanismo que no hay manera de modificar ). Un maestro del urbanismo me dijo hace ya mucho tiempo que un Plan General son fundamentalmente tres cosas; unas protecciones («casco histórico» y paisaje), unas reglas del juego (completar ciudad consolidada y nuevos crecimientos) y un direccionamiento de infraestructuras. Probablemente fuera así.
En Barcelona se redactó un PG allá por los setenta. Se aprobó e inmediatamente, se guardó en una vitrina, como la que tiene la abuela en casa protegiendo las figuritas de Lladró. Se terminó llamando «el plan en el armario». Todos estaban tranquilos porque había Plan, pero ya se cuidaban mucho de no pedir la llave de la vitrina en cuestión. Ya entonces se veía la casi completa inutilidad de semejante mamotreto jurídico-urbanístico para el real desarrollo de la ciudad.
Fue por entonces cuando surgió la polémica de Proyecto contra Plan. Mientras unos seguían haciendo interminables trámites burocráticos (en esa administración urbanística que ríete de «El Castillo» de Kafka), otros reurbanizaban o creaban nuevas plazas, que por supuesto no contemplaba el PG. Hacían ciudad. Si consideramos el desarrollo de cualquier proyecto de área urbana (del tamaño que hoy exigen los operadores inmobiliarios) en su auténtica complejidad, coincidiremos en que son éstos proyectos urbanos, imprevisibles por su naturaleza en cualquier PG, los que dan finalmente los trazos reales del crecimiento y desarrollo de la ciudad.
La legislación francesa hace mucho tiempo que denominó estas áreas de una manera particular.
Y, lamentablemente, van mucho más allá en su concepción de los tan multiformes «planes especiales».
Por otra parte, si consideramos que es mayor el plazo de redacción de un PG que su vigencia real y que ya muy poco tienen que ver los aprovechamientos que fija con el valor real del suelo (son los bancos los que de verdad nos tasan un solar, ese es el aprovechamiento real, que pasa olímpicamente de «las previsiones» del plan), y finalmente no está nada clara la tan cacareada «seguridad jurídica» para los propietarios e inversores, creo que sería el momento de cuestionar la validez, la utilidad, de los marmóreos Planes Generales.
Y este brevísimo artículo no da espacio para entrar en la subjetividad que guía las decisiones morfológicas del planeamiento general en la ciudad consolidada (¿por qué doce plantas y no trece? ¿por qué se divide la ciudad con líneas que delimitan distintas zonas obviando la necesaria transición de unos tejidos urbanos a otros? ...etc. ) Necesitamos planificar con criterios objetivos y mensurables (luces en la calle, decibelios en el espacio público, control de generación de CO2 en los desplazamientos…).
Pero, aunque solo sea porque la aprobación de un PG supone el fin de un frente de disputa política entre partidos, ya hay que celebrar que el Plan General de Málaga se haya aprobado definitivamente. Porque si pensamos que el desarrollo futuro de la ciudad va a gestionarse con las 75.000 nuevas viviendas que se prevén vamos listos.
*AGUSTÍN BENEDICTO. ARQUITECTO
* La Opinión Málaga - opinión - 2.05.11
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ELPAÍS* : El nuevo barrio de Domeny, la última gran zona urbanizable que queda en Girona, ya tiene ramblas, aceras, semáforos y parques infantiles. Pero faltan las viviendas para los usuarios de estos servicios. Ningún promotor ha solicitado una licencia para los 1.200 pisos que proyectaba el plan parcial del Ayuntamiento. De momento, en los solares crecen amapolas y margaritas. Los únicos ocupantes son los obreros, que se afanan en acabar el pavimentado, y los jardineros, que han llenado de árboles y plantas el barrio. Los trabajadores se sorprenden de que no haya ningún proyecto en marcha en las 25 hectáreas que ocupa el terreno, situado entre una fábrica de Nestlé y el antiguo barrio de Domeny. "No me lo puedo creer. ¡Tú no sabes el curro que lleva esto!", exclama uno de ellos. Llevan seis meses plantando árboles y plantas.
El pleno del Ayuntamiento aprobó en 2006 la reparcelación de las fincas, calificadas como suelo rústico, para crear 35 parcelas con 113.000 metros cuadrados de suelo edificable.
Roser Mutgé, vecina de 79 años de una imponente masía situada tras la urbanización, vendió los terrenos en aquel momento. Recuerda que allí siempre hubo campos de cultivo. "Plantábamos maíz, trigo, de todo", explica. Las obras de urbanización, que comenzaron en 2008, están prácticamente acabadas, y el Ayuntamiento ya ha hecho llegar la luz y el alcantarillado.
Algunos aprovechan las instalaciones como una moderna pista de skate, situada en uno de los márgenes de la urbanización en la que relucen las pintadas. "Está muy chula", dice André, un brasileño de 20 años. Es la única pista que hay en la ciudad, por lo que los skaters han corrido a usarla, aunque según el Ayuntamiento aun no está terminada. El cartel de "peligro, tensión" que cuelga de una valla no les da miedo. Mejor aquí que esquivando a la policía por la ciudad. "Ya se han hecho algunas pequeñas exhibiciones", dice Leni, un joven hondureño que da saltos con su patinete.
Las obras de urbanización han costado unos 10 millones de euros, de los cuales el Ayuntamiento ha desembolsado uno. El resto corre a cargo de los propietarios de los terrenos. Además, el Consistorio deberá hacerse cargo a partir de ahora del mantenimiento de las instalaciones y los parques infantiles. De las 1.200 viviendas proyectadas, el 30% serán de protección oficial. Pero tampoco estas van a empezar a construirse de momento. "Ya tenemos pisos públicos a nuestra disposición en otras zonas. No vamos a poner a gente a vivir aquí en un gueto", razona la concejal de urbanismo, Isabel Salamaña (PSC).
La historia del incipiente barrio está llena de sobresaltos. En 2009, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña invalidó el Plan Especial que el Consistorio había aprobado en 2005 y obligó a reiniciar su tramitación. El pasado febrero, el pleno tuvo que modificar varios aspectos del proyecto que unas propietarias habían llevado a los tribunales.
La urbanización tiene dos carriles bici, dos campos de petanca, todo tipo de juegos para los niños e incluso una zona que parece una futura pista de patinaje. "Todo es de la ciudad", dice Salamaña, que añade que el Consistorio lo mantendrá como hace con el resto de parques. "Los domingos está lleno de niños y gente de la zona paseando", dice.
"Aquí pondrán seguridad, ¿no?", pregunta un trabajador de una empresa encargada de las obras, sorprendido al conocer que por ahora no habrá pisos. "La verdad, me sabe mal. Cuando se acaba una obra siempre va gente a hacer pintadas", concluye.
* El País - 4.05.11
Foto: Girona, vista general - tripadvisor
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LEVANTE/Alicante* : El mundo al revés. En los pueblos de la Marina Alta hay numerosas urbanizaciones cuyos propietarios no tienen cédulas de habitabilidad o licencias de primera ocupación porque los servicios urbanísticos son de obra. Pero en el edificio Costa-Calpe, en la partida calpina del Saladar, ocurre todo lo contrario. Los escasos dueños de viviendas (en los balcones hay muchos carteles de «se vende» y «disponible») tienen todos los permisos que se les puede exigir. Todos. Pero la compañía Iberdrola les dice que no puede darles de alta la luz en la comunidad y en las viviendas. De hecho, la empresa eléctrica todavía no ha terminado la red eléctrica del Saladar. Así pues, un año después de obtener del ayuntamiento la licencia de primera ocupación, los propietarios siguen con luz de obra. «Estamos a merced de un auxiliar de obra y cada mes tenemos que abonar la abusiva factura que nos cobra Iberdrola. Y no podemos dejar de pagar, ya que la devolución de un recibo supondría el corte del suministro», denuncia el presidente de la comunidad de propietarios, Andrés Castelló.
Estos vecinos iniciaron hace meses las gestiones para lograr el contrato de luz. Pero la compañía se lo negaba sin dar explicaciones. En llamadas de teléfono, critican, se dejaron un dineral. La vía del correo electrónico tampoco surtió efecto. Por fin, el presidente de la comunidad recibió una llamada de la empresa eléctrica que le aseguró que tanto el ayuntamiento como la promotora del edificio sabían de sobra que no había suministro eléctrico en la partida del Saladar. Sin embargo, el consistorio otorgó licencia de primera ocupación y la conselleria de Industria emitió el certificado de instalación eléctrica de baja tensión.
En el departamento de urbanismo del ayuntamiento, estos propietarios no tuvieron más suerte. Les indicaron que Iberdrola debía acabar la red eléctrica durante este año y que, como tenían luz de obra, no pasaba nada.
Estos vecinos se sienten engañados. Tanto es así que han presentado una queja en el ayuntamiento y una denuncia ante la OMIC. Preguntan por qué el ayuntamiento les ha dado todos los permisos sin que exista red de suministro eléctrico y advierten de que se puede haber incurrido en un delito. También critican que están viviendo en condiciones precarias por los fallos en la luz de obra.
* Levante - 3.05.11
Foto: Calpe (Alicante), urbanizaciones - L. HEVESI (El Mundo)
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EXPANSIÓN* : Con la salida a la luz del documento que desarrolla el Reglamento de la Ley del Suelo se busca solventar el problema de la especulación para llenar de transparencia el mercado del suelo.
Gerardo Roger Fernández, arquitecto y profesor de Urbanismo del Instituto Pascual Madoz de la Universidad Juan Carlos III, ya adelanta que "el reglamento atiende específicamente a la Valoración del Suelo aplicada a los expedientes expropiatorios que la Administración acomete por razones de interés general". Por lo tanto, asegura, "no afecta directamente a la gestión del suelo en general y, en todo caso, sólo tendría consecuencias positivas en la gestión del suelo público obtenido tras el procedimiento de expropiación". El Ministerio de Fomento ha rectificado del anteproyecto la parte dedicada al Registro de la propiedad alegando que se podían colar infracciones urbanísticas, por lo que en este momento el eje principal del Reglamento es el sistema de valoraciones, que permite aplicar métodos y normas de valoración más precisos de forma más técnicas.
En definitiva, se pretende promover una transformación real del modelo de crecimiento urbano, y así definitivamente superar la etapa de desregulación en la que la tensión que existía por al especulación sobre el suelo llevó al precio medio de la vivienda por metro cuadrado a duplicarse en nuestro país, haciendo imposible al acceso a una vivienda a la mayoría de los ciudadanos.
Unidad Editorial Conferencias y Formación, consciente de la importancia que tiene saber cómo van a influir estos nuevos criterios de valoración de los suelos organiza, el próximo 1 de junio, la conferencia 'Desarrollo del Reglamento de la Ley del Suelo', donde se darán cita los máximos representantes del sector para analizar y estudiar los cambios e innovaciones que se proponen en la nueva norma.
Sobre los convenios urbanísticos, Roger indica que "sólo afectaría indirectamente a aquellos Convenios Urbanísticos que comportasen obtención del suelo por expropiación, garantizando para esos casos una mayor transparencia y equilibrio económico en el proceso de valoración". En definitiva, esta nueva regulación servirá para despejar algunas de las dudas que se plantean sobre la validez de los convenios, pero otras subsisten e incluso se incrementan.
Lo que sí regula claramente el nuevo reglamento es, según explica Roger es "la valoración expropiatoria de los suelos urbanizables y urbanos, tasándolos desde su realidad fáctica pero sin consideración de expectativas especulativas que no se deriven del esfuerzo inversor del propietario, tal como establece el artículo 47 de la Constitución, que mandata a los poderes públicos a impedir la especulación del suelo".
En cuanto a las indemnizaciones por pérdidas de facultades urbanísticas, Roger apunta que "el propietario de suelo sujeto a actuaciones urbanizadoras dispone de la facultad de participar en la ejecución de las mismas, abonando los costes y recibiendo los beneficios que la misma comporte a sus derechos". Obviamente, añade, si por razones de interés general debe ser expropiado, "el propietario deberá ser indemnizado por la pérdida de la facultad de participar. Una indemnización que la Ley del Suelo establece de manera análoga al valor económico del aprovechamiento que para actuaciones de iniciativa privada le corresponde a la Administración en función del principio de participación pública en la plusvalías".
La tasación de edificios, en cambio, se realiza por el valor de reposición de los mismos. O lo que es lo mismo, explica Roger, "por el valor de mercado de lo realmente construido aplicando el método de comparación". De nuevo, "se trata de valorar generosamente lo existente, pero no las expectativas exógenas al esfuerzo inversor del propietario", añade.
Las viviendas libres no se ven afectadas por el reglamento al no ser objeto de expropiación. Pero, el nuevo reglamento si afectará a las viviendas protegidas, "cuyo destino sea tanto la venta como el alquiler, de promoción y titularidad pública", indica.
Por último, ¿cómo afecta el nuevo reglamento a los bancos y cajas? Las entidades financieras pretenden gestionar el activo que poseen, el suelo, de una forma eficiente en estos momentos de crisis. Pero, asegura Roger, las entidades sólo podrán tener el cuenta el nuevo reglamento "en aquellos suelos para los que los Planes Generales de Ordenación prevean su ejecución por expropiación, tal como aclara la Disposición Adicional Séptima que se incorporó a la Orden ECO 805/2003, que es la norma que regula las Valoraciones Inmobiliarias por las Entidades Financieras".
* Expansión - 3.05.11
Foto: Vivienda digna, cartel novasatenerunacasaenlaputavida
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UNIVERSIA* : Los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, urgen mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante. Ciudades como Bogotá han avanzado en reducir el déficit de espacio público y equipamientos. Sin embargo, el incremento poblacional para los próximos 10 años en la capital que se calcula en 1.800.000 nuevos habitantes, impone un gran reto en la planeación, generación y construcción de grandes obras de infraestructura y la adecuación del espacio público, de modo que se logren brindar las condiciones de calidad de vida para todos los habitantes de la ciudad. Así lo indicó William H. Alfonso, profesor del programa Gestión y Desarrollo Urbanos de la Universidad del Rosario, al revelar que actualmente la disponibilidad de espacio público construido es inferior a cuatro metros cuadrados por persona, lo que ubica al país lejos de los estándares internacionales: según la Organización Mundial de la Salud el espacio público por persona es de mínimo 15 metros cuadrados.
<“En Bogotá los más afortunados, por así decirlo, son los habitantes de las zonas de Usaquén y Suba, quienes gracias al diseño de los planes parciales nuevos cuentan hasta con 9 metros cuadrados de espacio público cada uno. Los más afectados son los habitantes del centro de la ciudad, pues en sectores como La Candelaria sólo se cuenta con 1.3 metros cuadrados de espacio público por persona”, reveló el investigador.
En Colombia más del 60% de las ciudades son construidas de modo informal, sin ninguna planeación ni ordenamiento, lo que genera un gran déficit de parques, zonas verdes, espacio público y equipamientos. En Bogotá se acude a obras “remediales” que implican un gran impacto social y económico en sus ciudadanos, como lo refleja el estado actual de la ciudad, dijo. “A esto se suman los nuevos esquemas de vivienda de interés social, con unidades de 37 metros cuadrados por familia, lo que hace urgente mejorar la cantidad de espacio público disponible por habitante”, afirmó el académico.
Es importante tener en cuenta que en los próximos 20 años cerca del 80% de la población nacional vivirá en las ciudades. La magnitud y elevado costo social y económico de la construcción y administración del espacio público en las urbes del país, hacen de éste uno de los temas prioritarios en la agenda del desarrollo nacional. De ahí la importancia de crear condiciones urbanas que contribuyan en la planeación y la ejecución de proyectos para intervenir el espacio público urbano, explicó el profesor de la Universidad del Rosario.
Territorio, urbanismo y espacio público
El paradigma en el desarrollo de planes urbanos en Bogotá se concreta específicamente en el espacio público: la estructura urbana y su funcionalidad dependen de la infraestructura de soporte, en especial las redes de servicios públicos, el sistema vial, la red de equipamientos y el sistema que las articula, que es el sistema de espacio público. “La idea es avanzar en la forma de proyectar la ciudad de una manera más integral y sistémica, más aún si se tiene previsto que la capital recibirá un millón ochocientos mil nuevos habitantes en menos de 10 años, lo que hace necesario acudir a estrategias para generar nuevo suelo urbano, especialmente por renovación urbana y completar los demás sistemas de redes de servicios e infraestructura”, agregó.
Bogotá contaba con 7'881.156 habitantes en 2005 según el Dane, cifra que aumenta progresivamente debido al crecimiento poblacional, a la migración por el fenómeno del desplazamiento que presenta el país y porque la capital nacional se ha convertido en el destino predilecto de vivienda, estudios y oportunidades de trabajo de cientos de personas provenientes de diferentes lugares del territorio. Para contribuir a la toma de decisiones en ordenamiento del territorio y disminuir el déficit que tiene la ciudad en espacios públicos y equipamientos, el programa de Gestión y Desarrollo Urbano de la Universidad del Rosario ofrecerá un Diplomado en Territorio, Urbanismo y Espacio Público, con el objetivo llevar a cabo un proceso de formación y cualificación de las personas que tienen injerencia en los procesos de planeamiento, gestión y desarrollo urbanos, fortaleciéndolos conceptualmente en aspectos del planeamiento, ordenamiento físico y formas de gestión urbana.
Además se socializarán las estrategias de intervención sobre el territorio y las herramientas adecuadas para mejorar la coordinación y la acción entre los sectores públicos y privados, en beneficio de la ciudad y sus habitantes.
Inscripciones hasta el 12 de mayo en Bogotá en el teléfono 4225321, fuera de Bogotá 018000 511888 o en el correo carolina.ulloa@urosario.edu.co.
Fuente: Universidad del Rosario
* UNIVERSIA - 3.05.11
Foto: Bogotá (Colombia), espacios públicos - universia
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ELPAÍS/Pontevedra* : El alcalde popular de A Cañiza, César Mera, que agota sus últimas semanas en el cargo después de desempeñarlo 36 años -también fue presidente de la Diputación de Pontevedra-, afronta, con otra media docena de personas -promotores, un constructor y tres arquitectos-, una demanda por los posibles delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos, estafa y prevaricación, en relación con la construcción y venta de un edificio de viviendas del municipio con múltiples irregularidades. Mera, según la demanda, ha ido dilatando la reposición de la legalidad y propiciado que esta sea costeada por los compradores de las viviendas en lugar del promotor. El asunto viene de lejos. Ya en 2005 una concejal socialista denunció que las obras que se ejecutaban en el nº72 de la calle Carmen, un edificio para nueve viviendas, incumplían la normativa urbanística local y el proyecto para el que había obtenido licencia. El alcalde quedó emplazado a la apertura del correspondiente expediente de reposición de la legalidad y a realizar una anotación preventiva en el Registro de la Propiedad de Ponteareas que sirviera de aviso a los potenciales compradores de las viviendas.
Agustín Pacheco Hernández y Paulina Gregorio Vidal, los socios de la promotora que realizaba las obras, Fincas Cañiza, SL, son el yerno y la hija de Manuel Gregorio, a la sazón teniente de alcalde de A Cañiza, circunstancia que, según la demanda presentada en los juzgados de Ponteareas, bien podría haber influido en la actitud municipal. Mera atribuye el detonante del proceso a motivaciones políticas del dirigente socialista Luis Piña, "mala gente", le dice a la compradora de una de las viviendas en una conversación que ella grabó y que aporta a la demanda.
El Ayuntamiento abrió expediente de reposición de la legalidad urbanística y requirió a Fincas Cañiza para ajustar las obras a la licencia otorgada. Pero la promotora fue formulando sucesivos recursos contra la paralización de las obras, hasta acabarlas, sin llegar a operar en ellas la reposición de la legalidad, y a su vez fue vendiendo las viviendas sin que nadie previniera a los compradores del litigio que pesaba sobre ellas.
En septiembre de 2009 el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en sentencia firme, evitó la demolición del edificio al atribuir a "un error" su infracción capital (la invasión por los pilares de la obra del ancho normativo de la calle en 20 centímetros), e instó a Fincas Cañiza a subsanar media docena de aspectos ilegales. Pero la promotora aduce que está en la ruina.
Mera, según la demanda y las conversaciones grabadas que la acompañan, comprometió entonces la colaboración municipal -y la de su potencial sucesor en la alcaldía, el candidato del PP, Miguel Domínguez- para que se "maquillen" las obras ordenadas -añadiendo una pared a la fachada que disimule la anchura del vuelo o simulando ventanas falsas, por ejemplo-, que realizará otro constructor supuestamente concertado con él al efecto, José María Fernández Amado, el cual es también propietario de un bajo y de dos de las viviendas del edificio. Fernández Amado ha accedido a esta propiedad en un marco de relaciones y deudas con Fincas Cañiza, que esta, según afirma en otra conversación grabada, no ha acabado de saldar con él, y propone a los demás propietarios que sufraguen las obras de reforma al precio de "unos 15 o 20 millones de pesetas".
El edificio está parcialmente habitado y funciona aún, en abastecimiento de agua y electricidad, con las conexiones de obra. El alcalde garantiza la conexión futura a las redes municipales sin coste mayor para los propietarios, siempre y cuando estos apañen las reformas ordenadas por el TSXG y no presenten denuncias.
Es lo que ha hecho una de las compradoras. Contra el alcalde, Fernández Amado, Fincas Cañiza y los arquitectos Jesús Alonso Taboada (tasador de Tecnicasa), Francisco M. Iglesias Rodríguez, director técnico de la obra, y Pablo Ortiz Uribarri, que certificó su final, porque supuestamente ninguno constató sus ilegalidades y todos certificaron su realización de acuerdo al proyecto y a la normativa. El Ayuntamiento aún no se ha planteado qué hacer si los propietarios no asumen las obras.
"Con denunciar no vas a ganar nada"
"Yo te doy mi consejo: Tino [Agustín Pacheco Hernández] no tiene un duro, solo deudas. Si el juez le condena y os tiene que indemnizar, tiene otras deudas preferentes. Con denunciar no vas a ganar nada, solo gastar dinero. Lo que debes intentar es que se vaya solucionando poco a poco", propone el alcalde de A Cañiza, César Mera, a la compradora de vivienda que le ha denunciado. La grabación de la conversación es una de las que acompañan la demanda en los juzgados de Ponteareas, junto con otras en las que interviene José María Fernández Amado, el constructor dispuesto, según la demanda, a ejecutar las obras de "maquillaje" que simulen el cumplimiento de la sentencia del TSXG.
Las conversaciones grabadas abundan en el criterio de que las infracciones urbanísticas denunciadas solo tienen una motivación política -"El Piña [Luis Piña, líder local del PSOE] es mala gente, se dedica a decir para tener un voto", afirma Mera- que consideran desactivada porque Manuel Gregorio -teniente de alcalde, padre y yerno de los propietarios de Fincas Cañiza- ya no está en la corporación. Mera califica como "infracciones normales" las denunciadas y dice que "Tino es un ingenuo perdido, él no es mal tío pero está desbordado". Para desanimar las intenciones de denunciar de la compradora le dice: "Vas a conseguir una sentencia a tu favor, pero el otro [Tino] no te va a pagar, está hipotecado por todas las esquinas".
El alcalde, que conoció por este periódico la presentación de la demanda, asegura ahora haberse guiado por la prudencia ("Si hubiéramos mandado derribar, sería peor") y concluye sobre su papel: "Yo solo intento arreglar el problema colaborando con los propietarios".
* El País - 2.05.11
Foto: A Cañiza (Pontevedra) - xornal
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ELPAÍS* : El Ayuntamiento de Castellón ha recalificado una manzana de suelo, de industrial a uso docente, con el fin de que la universidad privada Cardenal Herrera-CEU pueda impartir los estudios de Medicina y Enfermería que aún no han sido autorizados para la universidad pública Jaume I. La solicitud surgió del grupo Lubasa, propietario del inmueble en el que se imparten las clases, ubicado en la Ciudad del Transporte. La petición se realizó en julio de 2010, cuando aún no se habían iniciado las clases. Sin embargo, el cambio de la calificación del suelo no se realizó hasta marzo de este año, cuando la titulación ya estaba en marcha.
Además, el Ayuntamiento se ha negado a conceder la misma categoría de suelo docente a una manzana colindante después de que el propietario de la misma lo solicitara, ante la decisión adoptada respecto a sus vecinos.
La solicitud del uso docente para el suelo de Lubasa se realizó para "todas las categorías" de enseñanza. Los técnicos municipales la rechazaron al considerar que su inclusión en una zona de uso industrial "produce interferencias negativas" ya que, entre otras cosas "nos podemos encontrar en una misma manzana usos tan diferentes e incompatibles entre sí como un uso de educación infantil junto a un taller de reparación". El grupo Lubasa modificó su petición y la limitó a uso de enseñanza superior y otras enseñanzas, con lo que la autorización fue aprobada por el Ayuntamiento.
No para todos
Al mes siguiente de que el Consistorio castellonense aprobara la modificación, el propietario de varias parcelas de una manzana colindante solicitó que el cambio de uso del suelo "se haga extensible" a las de su propiedad. Pero en este caso se rechazó pese a que la razón dada por el grupo Lubasa para albergar las aulas de la Cardenal Herrera-CEU fue la "evolución del mercado inmobiliario y la crisis económica actual, que aconsejan introducir cambios en la oferta de usos permitidos".
El Ayuntamiento entendió que los criterios seguidos en el caso anterior no eran "aplicables" ya que, según un informe técnico "deben darse cuando coexistan las circunstancias apropiadas para ello". Además, alegaba que su ubicación no era adecuada.
* El País - 3.05.11
Foto: Castellón, ayuntamiento - panoramio.com
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INFORMACIÓN* : La Conselleria de Urbanismo ha modificado la Ley del Suelo No Urbanizable -el nuevo texto ya está en vigor- para agilizar la puesta en marcha de actividades económicas que relancen la economía en zonas castigadas por la crisis agrícola, y frenar así el despoblamiento rural. La iniciativa, que sirve como base para desarrollar lo que la estrategia territorial define como parques agrícolas, posibilita la instalación en suelo no urbanizable de negocios como casas de alojamiento rural, tiendas de productos agrícolas asociadas a una pequeña explotación agropecuaria, campamentos y centros deportivos. Para ello la nueva legislación, que nació del desarrollo del decreto-ley de medidas urgentes aprobado en julio del año pasado, fija una serie de condiciones que agilizan la tramitación administrativa y, a la vez, eliminan aspectos que en ocasiones hacían inviable cualquier iniciativa. En principio, los técnicos estiman como zonas susceptibles de acoger estas iniciativas todo el interior. Existe, incluso, un primer bosquejo cromático en el que aparecen municipios de l'Alacantí, Elche, Orihuela, Bigastro, Vall de la Gallinera, Guadalest, Altea, Dénia y la Montaña.
Entre las novedades incorporadas a la legislación, el Consell reduce a la mitad el plazo máximo para la obtención de la Declaración de Interés Comunitario de los proyectos, que pasa de seis a tres meses, una reducción que afecta a la creación de casas rurales, tiendas de productos agrícolas o plantas ornamentales, estacionamiento de vehículos y maquinaria, campamentos de turismo, centros deportivos y centros educativos y sanitarios.
La modificación puntual de la normativa urbanística permite, además, legalizar multitud de restaurantes construidos en suelo no urbanizable en el interior de la provincia desde hace años y que, en la mayoría de los casos, funcionan gracias a un limbo legal.
Para la implantación de casas rurales de alojamiento se ha eliminado, además, la obligación de que se sitúen como mínimo a 5 kilómetros del núcleo urbano, y que la parcela tenga al menos media hectárea, en aquellos casos en que la Conselleria de Turismo informe de que se trata de un establecimiento de interés para el turismo rural. Asimismo se permite implantar instalaciones de venta de productos agrícolas con licencia municipal sin necesidad de poseer la Declaración de Interés Comunitario.
Por otro lado, se ha suprimido la obligatoriedad de que los campamentos de turismo y centros deportivos o recreativos reserven un mínimo del 50% de la parcela a uso agrario o forestal. También se permite que en los centros educativos y sanitarios se tenga en cuenta sus espacios abiertos y libres de edificación a la hora de valorar si se cumple el requisito legal de dejar el 50% de la parcela libre.
Los ayuntamientos pueden determinar, en función de los cambios introducidos, la cuantía del canon económico para edificar en suelo no urbanizable, otorgar prórrogas, y fraccionar o reducir el canon, hasta un 50%, especialmente para actividades que generen empleo, según figura en el texto consultado por el periódico.
COYUNTURA NEGATIVA
El lastre de los precios y la falta de agua
La falta de agua calidad, los precios irrisorios que cobra el agricultor por sus productos y la atomización del sector agrícola de la provincia han provocado que prácticamente no haya relevo generacional en el campo alicantino, lo que agudiza el drama de la despoblamiento rural. Uno de los objetivos de esta flexibilización legislativa es, precisamente, ayudar invertir la tendencia y que las zonas rurales, por muy diseminadas que estén, vuelvan a atraer las inversiones. De ahí que la ley del suelo no urbanizable haya eliminado muchas de la que hasta ahora se consideraban trabas insalvables. Se pretende que el campo pueda combinar su carácter bucólico con el comercial. De ahí la potenciación, por ejemplo, de casas rurales con tiendas anexas.
* Información - 3.05.11
Foto: Orihuela (Alicante), la vega y la sierra - wikipedia.org
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ELPAÍS/A Coruña* : Al igual que en Cee y Fisterra, la documentación intervenida por la policía en el Ayuntamiento de Mazaricos prueba no solo la vulneración reiterada "de forma dolosa y no negligente" de la ley para amañar contrataciones públicas en 2008, 2009 y 2010, sino también el cobro de al menos un soborno de 5.000 euros. En el sumario de la Operación Orquesta, la trama de corrupción en la Costa da Morte que investiga el juzgado número dos de Corcubión, son múltiples las pruebas recabadas, tanto documentales como en las escuchas practicadas por la policía con orden judicial, que implican como principal responsable al alcalde, José Manuel Santos Maneiro, del PP y en libertad provisional acusado de tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Quedan también, para la policía, "apuntaladas" las imputaciones por cohecho y tráfico de influencias del teniente de alcalde y concejal de Obras, Manuel Rodríguez Caamaño, que declara hoy en el juzgado por este caso de corrupción generalizada en la adjudicación de obras en la Costa da Morte.
Para la unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía, "es evidente que de todos los hechos tiene conocimiento el alcalde". Maneiro, según destacan los investigadores en sus conclusiones finales, tras cotejar escuchas policiales y documentos, participó directamente en el amaño de adjudicaciones de obras para concederlas a los Ogando, los constructores de Muxía principales imputados en esta trama en la Costa da Morte, y en "revestir" los procedimientos "de aparente legalidad".
Incluso el alcalde de Mazaricos, que al igual que su primer teniente de alcalde, es candidato a su reelección en los comicios del 22 de mayo, llegó a falsear el importe de una de las obras investigadas, incrementándolo en 1.400 euros, para obtener la máxima subvención concedida por la Xunta. En el expediente para mejorar la pavimentación y equipamiento del campo de la feria en A Picota, -repleto de irregularidades administrativas, reseña la policía, que incluso hacen que esta adjudicación pueda ser "nula de pleno derecho"- no solo "se saltó las normas dolosamente".
La obra fue adjudicada en 2010 a Ogando por tener el mejor precio de las tres ofertas presentadas y "amañadas previamente". Ese constructor propuso un presupuesto de 91.926,68 euros. Pero en el escrito del alcalde para solicitar una subvención a la Consellería de Economía "se han ajustado, en unión con los empresarios", sus ofertas "hasta el 100% del presupuesto de adjudicación", 93.326,59 euros, para así "recibir el máximo de la subvención", limitada a 70.000 euros. "Las obras, de haberse ceñido a los primeros presupuestos" de las empresas, "habrían sido 1.400 euros más baratas". Al inflarlos, el regidor de Mazaricos logró su propósito: Economía le concedió la subvención máxima, 69.995 euros en dos anualidades correspondientes a los ejercicios de 2010 y 2011.
El delito de cohecho del que se acusa al regidor y a su teniente de alcalde, así como al conserje municipal, Benito Carreira, también queda probado, según reseñan los agentes en sus conclusiones finales. Daniel Ogando hijo reconoció en su declaración ante el juez el pago de dinero a Carreira, al que denomina "el carterista", así como al teniente de alcalde, "ya que los que reciben obras del Ayuntamiento son los que sufragan los gastos de las fiestas de A Fervenza", explicó el constructor. Según su versión, por ese motivo entregó 5.000 euros en metálico en agosto de 2010, como reconoce en una conversación con el teniente de alcalde. En esa llamada intervenida por la policía, Ogando explica a Caamaño que es dinero "para pagarle el anuncio de la revista" de esas fiestas. Pero entre la documentación incautada por los agentes que participan en la investigación, que incluye las cuentas de las fiestas de A Fervenza de 2009 y 2010, aparece consignado que Ogando solo pagó 300 euros por el anuncio de media página publicado en la revista. Es uno de los cuatro empresarios que más pagan por aparecer en esa publicación con la que se financian los festejos estivales de Mazaricos.
* El País - 2.05.11
Foto: Mazaricos (A Coruña) - escapadarural
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LEVANTE/Valencia* : Tres conselleries tienen pendientes la adjudicación de obras "prioritarias" que suman un total de 584 millones de euros. Se trata de inversiones que iban destinadas a nuevas sedes judiciales, colegios y depuradoras que, en algunos casos, pese a contar con la financiación necesaria no se acaban de impulsar. El tapón que obstruye algunas operaciones se encuentra en la Conselleria de Economía. La información ha sido recopilada por la Cámara de Contratistas de la Comunitat Valenciana, que la semana pasada acordó con la Conselleria de Infraestructuras crear una mesa técnica de obras públicas en colaboración con la banca para agilizar las concesiones.
La Conselleria de Medio Ambiente y su empresa pública Epsar (Entidad Pública de Saneamiento y Aguas Residuales) es la que retiene el mayor volumen de inversión.
Se trata de la licitación por el sistema concesional de 17 nuevas depuradoras y 20 mejoras de otras tantas (la instalación del tratamiento terciario de las aguas y obras anexas) que se distribuyeron en siete lotes que sumaban una inversión total de 303 millones de euros (113 para construcción y 190 para la explotación y financiación). La previsión, según lo pactado entre el vicepresidente Juan Cotino y el gerente de la Epsar con los contratistas, era licitar a lo largo de 2010 los siete lotes. "Pero estos plazos no sólo no se han cumplido" sino que un total de siete concursos licitados entre 2008 y 2009 (algunos adjudicados provisionalmente) se han anulado mediante anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) "para incorporarlos a los siete lotes de concesiones. Pero la verdad es que ha pasado 2010 y no se ha licitado ningún lote de los anunciados". Con las incorporaciones de los contratos anulados, el coste de los 7 lotes de depuradoras por concesión asciende a 450 millones de euros.
Esta dilación resulta incomprensible, "habida cuenta que la Epsar cuenta con un crédito de unos 300 millones procedentes del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y que el pago a futuros de las inversiones, el Plan de Concesiones de la Epsar, están garantizadas vía canon o tarifa a satisfacer por los usuarios". Por ello, los contratistas se preguntan: "¿por qué la Conselleria de Economía no pone a disposición de la Epsar el aval necesario para obtener el crédito del BEI?". Su "perplejidad" aumenta tras la concesión de avales por parte de la Generalitat a seis empresas públicas por valor de 287,6 millones, entre los que no se incluía a la Epsar "con lo cual quedan unos 450 millones de obra y explotación sin poder concesionarse y lanzar trabajo y actividad al mercado de la construcción".
Otro plan congelado tras ser anunciado a bombo y platillo es el Justi-Seu o Plan de Innovación de Sedes Judiciales, presentado por el entonces conseller de Justicia, Fernando de Rosa, y Francisco Camps, en la Ciudad de la Justicia, para construir 16 nuevas sedes judiciales que se licitarían entre 2008 y 2010. En este tiempo sólo se han licitado y están en ejecución tres sedes judiciales (Elx, Paterna y Vila-real) y quedan pendientes 188,4 millones de euros (el 77,32%) de las actuaciones anunciadas en 2008.
La empresa pública Ciegsa tiene pendientes de adjudicar 15 colegios licitados durante 2010 (en Llíria, Torrent, Dénia, Castelló, Gandia, Piles, Chiva, Villanueva de Castellón, Nàquera, Benifaió, Almàssera, Benicarló, Alicante, Torrevieja y Rojales) por 94 millones de euros. Al parecer, las constructoras tienen problemas para encontrar financiación. Ciegsa abona con pagarés a varios años y suele retrasarse en estos pagos, por lo que los bancos se muestran reticentes a aceptarlos como aval.
* Levante - 3.05.11
Foto: Protesta por el retraso del IES Bulevar Sur en Valencia - levante
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ELPAÍS/Málaga* : El macroproceso del caso Malaya, la gran causa contra la corrupción en Marbella, va camino de batir un récord indeseado por todos: el del juicio más largo de la historia de España. La vista oral, que arrancó el 27 de septiembre de 2010, estaba previsto inicialmente que terminara a finales de este año. Sin embargo, tanto la Sección Primera de la Audiencia de Málaga como la Fiscalía Anticorrupción coinciden en calcular que el proceso contra el exasesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca y sus 94 -otra plusmarca- compañeros de banquillo durará entre dos años y dos años y medio, con lo que difícilmente acabará antes de finales de 2012. A este plazo habría que añadirle un periodo "no inferior a seis meses" para que el tribunal, presidido por el magistrado José Godino, redacte la sentencia.
De confirmarse este plazo, el enjuiciamiento del caso Malaya superaría con amplitud otros juicios célebres como el de la intoxicación masiva por el aceite de colza (1987), que duró 15 meses, o el juicio por la matanza del 11-M en Madrid (2007), que duró cuatro meses y medio. También dejará atrás a otro macroproceso histórico de la Costa del Sol: el del caso Intelhorce, sobre irregularidades en la gestión de esta fábrica textil malagueña tras su privatización, que se prolongó durante 16 meses. En este caso, que se inició en 1998 con 39 acusados, el juicio debió repetirse desde el principio ya que tras las vacaciones de verano de 1999 uno de los magistrados del tribunal se había jubilado.
El pasado jueves, el presidente de la Audiencia Provincial de Málaga, Francisco Javier Arroyo, alertó de que la duración del juicio era "insostenible desde el punto de vista organizativo", ya que para poder celebrar el juicio del caso Malaya -cuyos magistrados se dedican a este asunto casi en exclusiva- ha habido que reforzar la Sección Primera. Arroyo solicitó a las acusaciones y las defensas que agilicen las sesiones -ya se han celebrado 44, a razón de tres por semana-, acelerando los interrogatorios y, si es posible, renunciando a la práctica de pruebas que no sean estrictamente necesarias.
Para hacer más gobernable un sumario de decenas de miles de folios, el tribunal acordó dividir el juicio en varios bloques en función de los delitos estudiados. Para empezar a rodar se eligió un asunto con pocos procesados y bastante acotado -el pelotazo inmobiliario de la llamada operación Crucero Banús, por la que Roca y sus socios se embolsaron seis millones de euros tras una recalificación urbanística- . Ahora se enjuicia el segundo bloque, sobre el entramado principal de blanqueo del exasesor. La previsión es que este tramo, junto con el tercero, también dedicado al blanqueo a través de inversiones en obras de arte y otros bienes, termine antes de las vacaciones de agosto, de modo que en otoño se pueda iniciar el cuarto bloque, dedicado a los delitos de cohecho.
La duración de este tramo del juicio, con más de 30 procesados, entre empresarios que supuestamente pagaron sobornos a Roca y concejales que cobraron a cambio de resoluciones favorables al que fue mano derecha del fallecido alcalde Jesús Gil, resulta muy complicado de determinar. Tras él, se prevé analizar los negocios en común de Roca con otros empresarios con intereses en Marbella. El resto de bloques del caso Malaya, como el cohecho de la empresa de autobuses Portillo o la tenencia de armas del exjefe de la Policía Local Rafael del Pozo, todavía no está previsto en qué orden se van a enjuiciar, según fuentes del tribunal.
La división en bloques ha permitido que los 95 procesados no tengan que permanecer en la sala durante todo el tiempo que dure el juicio. Sin embargo, ha tenido como efecto perverso que algunos testigos y pruebas practicadas se van a repetir en cada uno de los bloques. Es el caso de las declaraciones de los policías que investigaron el caso, que en el segundo bloque ya indicaron que algunas preguntas ya las habían contestado en el anterior. Y todo parece indicar que tendrán que contestarlas de nuevo en el siguiente.
* El País - 1.05.10
Foto: Imagen de los procesados sentados en la sala del juicio del caso Malaya el 5 de octubre de 2010.- elpais
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ELPAÍS* : El viento del Estrecho trae a Punta Europa, en el extremo sur del Peñón de Gibraltar, un olor a huevo podrido. Procede de barcos fondeados en la bahía de Algeciras y acoplados entre sí por medio de grandes mangueras. Forman parejas asimétricas, se diría que aplicadas a extravagantes apareamientos: gabarras con barcos de 100 metros de eslora, buques tanques cruzados con mercantes, portacontenedores o gaseros de más de 300 metros de largo... "Este olor es el gas que se libera cuando los barcos gasolinera trasvasan el fuel a los buques; resulta desagradable y penetrante pero dicen que no es dañino", dice un vecino de la Roca. La bahía de Algeciras es una bomba medioambiental, con su refinería, su industria química, su central térmica, su base de submarinos británica; el punto de Europa con mayor peligro de vertido de hidrocarburos y el cuarto foco mundial del bunkering (trasvase de fuel entre barcos). Más de 106.000 barcos, 5.000 de ellos petroleros -el 10% del tráfico mundial-, atraviesan anualmente el estrecho de Gibraltar. "Lo que tenemos aquí es una silenciosa marea negra de vertidos continuos y una situación endémica única", constata Patricia Navarro, fiscal de Medio Ambiente de Cádiz.
El Grey Hunter, (100.000 toneladas vertidas de crudo libio), el Petrogen One, Camponavía, Sea Esprit, Hesperus, Segundo Teniente J. P. Bobo, Spabunker Cuatro, Avemar Dos, Atlas, Ocean Globe, Sierra Nava, New Flame, Torm Gertrud, Fedra, Tawe y Ropas 1 han dejado su funesta huella en la bahía durante las dos últimas décadas. Pero aunque el volumen de los hidrocarburos vertidos en estos graves accidentes es enorme, puede que el daño mayor resida en las pérdidas de fuel por el bunkering y la limpieza en el mar de las sentinas. "Muchas veces, ni siquiera nos enteramos de esos vertidos y, además, es muy difícil acreditar responsabilidades porque, en materia de contaminación, Gibraltar actúa con absoluta irresponsabilidad. Aquí, no funciona lo de que el que contamina paga. Da la impresión de que todo vale", acusa Navarro.
Ahora que España está atacando con medios aéreos la impunidad con la que la flota mundial limpiaba sus bodegas en nuestras aguas, la bahía de Algeciras y, particularmente, Gibraltar, aparece como el agujero negro de la contaminación. Es como si el Peñón voceara a los cuatro vientos y mares de Europa: "Vengan y comprueben. Vendemos fuel marino un 20% más barato y lo hacemos de barco a barco, sin atracar en puerto. Ahórrense las enojosas inspecciones portuarias y los gastos de fondeo. Nosotros no miramos si sus buques son o monocascos y si incumplen otras exigencias de la UE. Esto es Gibraltar, la gran gasolinera flotante entre el Atlántico y el Mediterráneo".
El efecto llamada ha sido incontestable. Si hace una década el volumen de fuel trasvasado en la bahía no llegaba al millón de toneladas, a finales de 2009 esa cifra se multiplicaba largamente por cinco. Según Greenpeace, dos terceras partes del crudo se transfieren en aguas de Gibraltar y el resto en aguas españolas por medio de barcazas que se abastecen la refinería de Cepsa, en el municipio de San Roque. Un cálculo de los trasvases da un total de 60.000 descargas anuales, 60.000 maniobras de acoplamiento y desacoplamiento de mangueras con el riesgo de vertido que conllevan. Decenas de embarcaciones gasolineras capaces de albergar hasta 300.000 toneladas de combustible fondean a diario al este del Peñón y entre el Nort Mole y la bocana de Gibraltar. Algunas son gabarras de menos de 2.000 toneladas, pero hay también cuatro grandes buques que cargan hasta 100.000 toneladas.
La concentración de superpetroleros y de otros grandes barcos a poca distancia del litoral -milla y media componen las aguas territoriales que la colonia británica se adjudica- taponan la vista sobre la bahía. Un vistazo a través de localizatodo.com permite comprobar que la bahía de Algeciras se ha convertido en refugio para la interminable bandada de naves que desfilan por el Estrecho.
En la pantalla aparecen habitualmente algunos buques aislados y fuera de formación que se acercan por el este, costeando a muy poca velocidad. Son los que hacen turno ante las gasolineras flotantes y, en la espera, deambulan entre las aguas españolas y las gibraltareñas -tres millas de jurisdicción se adjudica la colonia a ese lado del Peñón-, invocando a lo que en el argot marino se denomina el paso inocente. No siempre admitido por los Estados, este paso establece el derecho a atravesar aguas de otros países si se navega de manera rápida e ininterrumpida y sin perjuicio para el Estado ribereño. Vistos los efectos del bunkering, es dudoso que esos barcos no supongan un perjuicio potencial para las localidades deAlgeciras, La Línea, San Roque, muy castigadas ya por la contaminación industrial y donde, según un estudio del profesor de la Universidad Pompeu Fabra, Joan Benach, la esperanza de vida es inferior en un 20% a la media nacional. Pero, como señala el fiscal jefe de Algeciras, Juan Cisneros, cada vez que una patrullera de la Guardia Civil se aproxima a los barcos que practican el paso inocente, sale una embarcación británica a cerrarle el paso.
Cisneros sostiene que, de acuerdo con el Tratado de Utrecht, Gibraltar carece de aguas territoriales, aunque actúe como si las tuviera y las autoridades españolas lo admitan en la práctica. "El gran problema de la contaminación en la bahía se llama Gibraltar", subraya, "porque en territorio español ejercemos un mayor control. Ellos no ponen restricciones a los barcos que incumplen la normativa europea por lo mismo que no ponen restricciones al blanqueo de dinero: porque es su negocio. Y nosotros ya podemos incoar los procedimientos y enviar las comisiones rogatorias que queramos que su disposición a colaborar con la justicia es nula. Los procedimientos por vertidos acaban archivados por falta de autor conocido y ante la imposibilidad de investigar". Cisneros opina que sería preferible tratar directamente con Reino Unido, ya que "al menos cabría interpelarle en el marco comunitario".
El mensaje que el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, emite sobre este asunto se resume en la idea de que el bunkering conlleva, efectivamente, un riesgo de accidente mayor que las instalaciones en tierra, pero que el Peñón "cumple a rajatabla con las leyes" internacionales y de la UE. "No somos terroristas medioambientales", responde cada vez que los ecologistas denuncian el "riesgo diario de catástrofe". El ministro gibraltareño argumenta que las críticas españolas encubren el propósito de discutir la soberanía del territorio.
En realidad, la UE no ha prohibido el bunkering, aunque exija que se haga cumpliendo escrupulosamente con las normas de seguridad establecidas. Es en ese punto y en la falta de colaboración judicial donde las autoridades gibraltareñas chocan con los fiscales medioambientales españoles, que ven en el caso del chatarrero New Flame el ejemplo sobre el comportamiento del Gobierno de Gibraltar. El 12 de agosto de 2007, el New Flame colisionó con el petrolero Torm Gertrud en Punta Europa y allí permaneció semisumergido hasta que se hundió el 11 de febrero, pese a que las autoridades del Peñón se habían comprometido a adoptar "todas las medidas oportunas para prevenir cualquier accidente". En la práctica, estas consistieron en que el remolcador Elisabeth II sujetara al New Flame. Desde que encalló, el buque fue perdiendo en sucesivos vertidos, hasta siete, las 700 toneladas de fuel y las 50 de diésel que portaba. La polución alcanzó las playas de La Concha, Getares, El Rinconcillo y El Chicharral, la desembocadura del río Pícaro y parte del puerto de Algeciras, pero el Gobierno del Peñón no reconoció otra cosa que "pequeñas manchas de diésel" y se negó a colaborar con la investigación española. "No quedó más remedio que sobreseer el caso", subraya la fiscal Navarro.
Lejos de pensar en reducir el bunkering, las autoridades gibraltareñas proyectan habilitar una nueva área en el este del Peñón para incrementar el comercio de fuel. Que esa zona pertenezca al Parque Natural del Estrecho en el que residen especies protegidas no parece un obstáculo. "Como no tienen espacio para más buques y quieren aumentar su capacidad de suministro hasta llegar a las 400.000 toneladas, ahora pretenden construir un dique nuevo por el sistema holandés de ganarle espacio al mar", explica Antonio Muñoz Secilla, impulsor de la asociación Verdemar. Este ecologista integra las iniciativas de Gibraltar en una partida que la colonia estaría librando para ganar más espacio, más barcos, más negocio y consolidar el dominio sobre las aguas que se atribuye y que España no le reconoce.
Su compañera de Ecologistas en Acción, Raquel Ñeco, destaca la desaparición de la pradera de algas poseidón que cubría la bahía, pero pone el énfasis en el estudio de la investigadora Concepción Cruz Rojo, según el cual el riesgo de padecer determinados cánceres y alergias en esa área es superior hasta en un 40% a la media nacional. Ella misma sangra por esa herida. "Mi padre trabajó en la refinería y murió de cáncer de vejiga por culpa de la bencina", comenta con gesto quedo. A falta de colaboración medioambiental entre las autoridades gibraltareñas y españolas, los ecologistas AGADEN y Ecologistas en Acción-Verdemar han estrechado lazos con sus compañeros del otro lado de la verja. Unos y otros dicen que, a uno y otro lado de la frontera, los intereses económicos y políticos se imponen sobre los problemas de las gentes.
"Tenemos que colaborar: compartimos la bahía"
"Tenemos que colaborar, compartimos la bahía y los mismos problemas, aunque desde España se apunte a Gibraltar sin ver que el problema viene de los dos lados. Nos preocupa mucho el bunkering, pero también las industrias químicas y, ahora mismo, los vertidos de aguas fecales de La Línea", asegura la ecologista gibraltareña Janet Howitts. Su organización, la Environmental Safety Group (ESG), se opone frontalmente al proyecto gubernativo de ampliar el puerto y habilitar un nuevo espacio para el bunkering. "Somos muchos los contrarios a ese proyecto y todavía no es seguro que vaya a realizarse. Desde luego, los que trabajamos en el turismo no queremos que Gibraltar continúe industrializándose", indica.
La gravedad del caso y la nula colaboración gibraltareña llevó hace dos años a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y al Defensor del Pueblo Andaluz a instar a las autoridades implicadas, incluidas las británicas y europeas, a cumplir y hacer cumplir los tratados internacionales en materia medioambiental y a "eliminar cualquier práctica que suponga un riesgo añadido en una zona de especial tránsito marítimo". Con sus 29.000 habitantes y 28.000 empresas, Gibraltar pasa por ser el territorio más próspero de Gran Bretaña y uno de los más ricos del mundo. Puede que el problema esté en los acomodados negociantes gibraltareños que tienen un interés muy relativo en la causa medioambiental porque, entre otras cosas, ya disponen de viviendas residenciales en otras latitudes alejadas de la bahía y de las áreas de la contaminación. Son los que ven en la colonia británica un territorio ideal para hacer dinero sin demasiados escrúpulos y al amparo de la impunidad que les presta la peculiar soberanía del Peñón.
* El País - 1.05.11
Foto: Gibraltar, chatarrero New_Flame partido frente costa - elpais
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LAVOZ/Pontevedra* : La anarquía urbanística se ha implantado en el Concello de Gondomar, donde la Fiscalía acaba de abrir una investigación para depurar posibles responsabilidades penales. El alcalde, Martín Urgal (PP), ha paralizado todas las denuncias que llegan a las oficinas de Urbanismo y, al mismo tiempo, otorga licencias conforme a un Plan Xeral anulado amparándose en informes jurídicos externos pagados, después de que apartara de los asuntos urbanísticos a la secretaria general del Ayuntamiento y a la técnica de administración general. Se basa en las antiguas normas subsidiarias anteriores a la aprobación del Plan Xeral de 1997, un asunto que ha generado debate en el municipio. Las dos interventoras que han trabajado en el Ayuntamiento durante los últimos meses han prestado ya declaración ante el Ministerio Fiscal para manifestar que informaron negativamente de la contratación de una asesoría jurídica externa, dado que la Administración local posee funcionarios competentes para esta labor.
La Fiscalía tiene en su poder copia de todas las licencias que el gobierno está otorgando de espaldas a la secretaria municipal, alrededor de una quincena.
Mientras tanto, decenas de órdenes de demolición y de requerimientos de informes técnicos para iniciar expedientes de reposición de la legalidad urbanística se acumulan en las dependencias municipales, bien porque el regidor no las firma, o bien porque el aparejador municipal no informa sobre ellas. Todos los requerimientos han sido redactados por la secretaria, o bien por la técnico de administración general. Decenas de denunciantes están afectados por esta situación al ver que no prospera la resolución de las irregularidades que han señalado. Urgal, por su parte, afirma que las cuestiones pendientes se refieren a obras menores.
Un caso
Por ejemplo, en un barrio de Borreiros el regidor tiene pendiente de firmar desde el 11 de marzo la demolición de la planta ilegal de una vivienda.
La secretaria municipal le redactó la resolución, pero el regidor afirma que tiene que consultar el caso con su abogado antes de firmar nada. Las obras se llevaron a cabo en suelo rústico donde la Ley de Suelo no contempla los usos de vivienda. Los denunciantes llevan ocho años insistiendo por la reposición de la legalidad y finalmente han recurrido al Defensor del Pueblo en busca de una justicia que no encuentran en el Concello de Gondomar.
* La Voz de Galicia - 30.04.11
Foto: Gondomar (Pontevedra), vista - urbact
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ELPAÍS/Tarragona* : La fiscalía pide 4 años de cárcel y 22 de inhabilitación pública, y una multa de 3,7 millones de euros, para el alcalde de Querol (Alt Camp), Miguel Uroz, por un caso de corrupción urbanística. Uroz, de 77 años, que repetirá como candidato del PSC, está acusado de revelación de información privilegiada, falsedad documental, prevaricación, tráfico de influencias, soborno. El fiscal reclama la misma inhabilitación para el ex alcalde de CiU y actual edil del Grupo Independiente Albert Carreño, además del arquitecto y cuatro empresarios.
Los hechos se remontan al 2003 y se centran en la revalorización de 1.800 hectáreas cuando Carreño era alcalde y Uroz edil. Según el plan, se preveía construir 550 casas en la urbanización L'Arboçar, pero con el tiempo el número de viviendas pasó a 1.400, más pequeñas, para aumentar el valor del suelo.
Un grupo de vecinos denunció los hechos y la Generalitat frenó la urbanización. Y el Consistorio acabó convirtiendo en suelo rústico fincas de algunos denunciantes que antes eran urbanizables. Pese a la firmeza del fiscal, Uroz afirmó ayer: "No encontrará nada. El proyecto está parado y no se puede poner ni un ladrillo. Defiendo a los vecinos que no pueden construir, es como si tienes un piso en Barcelona y lo vendes a quien te lo compre más caro".
* El País - 30.04.11
Foto: Querol (Tarragona), ayuntamiento - altcamp
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MÁLAGAHOY* : Hay una Málaga real, esa que se conforma de sus calles, de sus edificios, de sus espacios hermosos y de sus miserias urbanas, y hay una Málaga soñada, integrada por las ilusiones de los que ansían convertir los barrios en zonas de convivencia, de los que aspiran a humanizar los recovecos de Carretera de Cádiz, de los imaginan parques donde hoy hay maleza o hastío... Ésta es una Málaga frustrada. Porque las intenciones de aquellos que dibujaron los proyectos con los que transformar la Málaga real en la Málaga soñada han quedado aparcadas en el olvido. La fotografía que hoy muestra la ciudad poco tiene que ver con aquella que los responsables de las grandes administraciones públicas se encargaron de anunciar, prometer y avanzar. Ni el Ayuntamiento ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno central han sido capaces de transformar en realidad las ideas con las que concurrieron ante la ciudadanía. No han sido capaces de cumplir su objetivo de plasmar la Málaga que debería ser.
Un repaso general por los compromisos asumidos en este intervalo de tiempo pone de relieve el incumplimiento generalizado de la mayor parte de las propuestas estrella de las tres instituciones, paralización que muchos justifican en los efectos de la crisis económica. La realidad, sin embargo, es que los más de 100.000 vecinos de Carretera de Cádiz no vislumbran si quiera el día en que podrán pasear por las aceras de una avenida reurbanizada, a pesar de que esta obra fue anunciada justo hace un año; más lejana aún es la esperanza de poder desplazarse desde Málaga hasta Estepona a bordo del tren litoral, o el momento en que cruzar del Parque al Palmeral de las Sorpresas sea una acción exenta de riesgo porque el tráfico que atraviesa el Paseo de los Curas esté soterrado...
Son sólo algunas de las píldoras que marcan la labor y la gestión de estos años, que en el caso del ámbito municipal, entran en una cuenta atrás de semanas antes de culminar en los comicios locales del 22 de mayo. Será ese el momento en que los malagueños someterán a examen la tarea del alcalde, Francisco de la Torre. El regidor, ensombrecido por las no pocas anomalías detectadas en la labor de varios de sus concejales (Teresa Porras, Manuel Díaz Guirado, Manuel Marmolejo, Elías Bendodo, José Hazañas y Teresa López), puede sacar pecho por haber hecho realidad el que sin duda era su gran apuesta para este mandato, el Museo Thyssen.
Aunque ni siquiera este logro es completo. Tras invertir unos 30 millones de euros en su construcción, De la Torre admite que no cuenta con un documento que obligue a la baronesa a mantener su obra en la pinacoteca. Pero no es la única apuesta cultural que se asienta sobre pilares de dudosa estabilidad. Similar cuantía ha gastado el Ayuntamiento en recuperar parte de las instalaciones de Tabacalera para dos museos, uno el de automóviles antiguos (ya abierto), y otro, el de las gemas y la naturaleza, para el que no existe calendario, y cuyo socio privado constata desde hace semanas su malestar con la labor del Consistorio, al punto de llegar a amenazar con su marcha y de exigir una indemnización económica por la evidente demora en los plazos.
De la Torre fue elegido alcalde casi cuatro años atrás con un programa en el que relucían no sólo estas dos intervenciones culturales, sino también el soterramiento de la Avenida Cánovas del Castillo, inexistente, o el bulevar sobre el soterramiento del AVE a su acceso a la ciudad, cuya obra, como pronto, no se iniciará hasta los próximos meses de junio o julio. Entre sus objetivos estaba también que Málaga aspirase a la Capitalidad Cultural de 2016, quedándose a las primeras de cambio en el camino; que los vecinos pudiesen conectarse a internet en cualquier punto de la ciudad sin coste alguno, pero ello sigue sin ser posible. Como tampoco lo es ir en bici por un total de 40 kilómetros de plataforma reservada para este vehículo (fue lo que se prometió), a pesar de lo cual ya se han desarrollado casi la mitad.
Una bolsa de compromisos que fue agrandándose conforme el regidor previó la opción de disponer de fondos europeos con los que financiar infraestructuras como el intercambiador de transportes de Renfe o la recuperación del Monte Gibralfaro (30 millones)
Pero la Málaga que debería ser no sólo está incompleta por los incumplimientos municipales. Si bien es cierto que tanto a los responsables autonómicos como centrales le restan aún año para que culmine su legislatura, lo hecho hasta la fecha deja poco lugar a la esperanza en proyectos como la regeneración de los Baños del Carmen, el Campamento Benítez, el ya mencionado tren litoral, el Parque de los Cuentos en la Trinidad, el megahospital...
En la esfera de la Junta de Andalucía tiene protagonismo propio la ansiada regeneración de Carretera de Cádiz tras cerrarse la cicatriz que durante casi cuatro años abrió en la zona la obra de construcción de la línea 2 del Metro. A lo largo de las avenidas Velázquez y Héroe Sostoa, la Administración autonómica anunció, a principios de 2010, un proyecto con el que humanizar el distrito más poblado de la capital y valorado en 42 millones de euros. Un dinero con el que se buscaba reducir el espacio del vehículo privado y, como consecuencia, aumentar el destinado al peatón. Pero la promesa ha quedado en nada ante la falta de fondos con los que acometer la obra.
Estampa semejante es la que se vive con la construcción del Parque de los Cuentos en el convento de la Trinidad, cuyo horizonte sigue sin estar despejado, y el megahospital, del que sólo parece tenerse clara su primera pieza, el Instituto de Investigación Biomédica. Y qué decir tiene del ambicioso plan de recuperación de los arrabales del casco antiguo de la capital, donde se proyectaban unas 300 tecnocasas (viviendas en alquiler destinadas a jóvenes profesionales), de las que casi seis años después de ponerse sobre la mesa no hay una sola en pie, o del ansiado parque metropolitano de Arraijanal, que tras convertirse durante años en frontón de las disputas institucionales se mantiene en standby.
Al Gobierno central, del que cabe destacar una inversión de unos 6.000 millones de euros en los últimos casi ocho años, se le pueden imputar, sin embargo, no pocos olvidos de cierta magnitud. De la mano de la Junta, no ha sido capaz hasta el momento de dar los primeros pasos de uno de los más trascendentes proyectos de la provincia, el corredor ferroviario de la Costa del Sol, cuyo coste se calcula en unos 4.500 millones de euros. Una cuantía sumamente elevada para los tiempos que corren, que obliga a buscar la colaboración privada, sin, por el momento, excesivo éxito.
Las otras dos grandes asignaturas pendientes, en este particular ejercicio de la Málaga que debería ser, se localizan en los Baños del Carmen, sin esperanzas a corto plazo de volver a disfrutar de un emblemático espacio de la ciudad, y el Campamento Benítez. Aparcado sine die el millonario proyecto del Museo del Transporte auspiciado por la ex ministra Magdalena Álvarez, las administraciones no han sido capaces hasta el momento ni de ponerse de acuerdo para hacer de esta parcela, de 28 hectáreas, un parque abierto a los ciudadanos.
Tampoco es hoy una realidad completa la gran solución a los atascos de la capital: la hiperronda. El ministro de Fomento acudió a finales del pasado año a abrir oficialmente los dos primeros tajos de esta autovía, aunque ello tuvo lugar un año después de lo inicialmente comprometido por el Gobierno. Habrá que esperar aún más de medio año para que, según los cálculos del departamento dirigido por José Blanco, se inaugure la otra mitad de la carretera. Algo semejante ocurre con el tercer carril de la ronda este y con el acceso sur al aeropuerto. Sí será realidad a principios de 2012 la segunda pista del aeropuerto. Y no olvidar el deseado auditorio en el puerto. Piezas todas que dibujan la Málaga incompleta.
* Málaga Hoy - 1.05.11
Foto: Málaga, litoral Baños_del_Carmen - malaga.eu
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JOSÉ Mª ASENCIO/Valencia* : La legislatura que ahora acaba ha estado más pendiente de los tribunales, que de las Cortes o el Palau. Los asuntos más conocidos, Gürtel y Brugal, junto a otra miríada de complejas tramas de presunta corrupción, han desplazado la atención política hacia los juzgados cuyo protagonismo involuntario ha tenido su origen en la pasividad, cuando no la complicidad de la clase política con la corrupción. La falta de ética de los partidos, el abuso de conceptos que, como la presunción de inocencia, se ha pervertido y tornado en un insulto a la ciudadanía, la mediocridad de una llamada «casta» sin oficio conocido y que se perpetua en cargos para los que los nombrados son manifiestamente incapaces, está en el origen de la tolerancia con la corrupción, que más allá de ser un fenómeno personal de los implicados, es ya una lacra de los partidos mayoritarios españoles, indefectiblemente vinculada a su insaciable financiación.
Y, en este marco general, el PP valenciano ha alcanzado cotas insoportables. Sus ataques a las instituciones con el objetivo de blindarse y presionar a los tribunales y su displicencia ante las sospechas delictivas reflejada a la hora completar unas listas electorales repletas de imputados, le hacen aparecer como un grave problema de futuro, pues la Justicia es lenta, pero ineludible por ser independiente.
No hay judicialización de la política cuando los delitos son penalmente investigados, ni siquiera cuando a los denunciantes solo les interesa el rédito obtenido con sus denuncias. Porque no es judicializar perseguir el delito y evitar la impunidad de la clase política. La Justicia es la única garantía que queda a la ciudadanía ante la ocupación que los partidos mayoritarios han hecho del Estado, de las instituciones, de la sociedad civil.
Y, ante este fenómeno, se debe necesariamente reivindicar la independencia del Poder Judicial, privar a los partidos de toda influencia, directa o indirecta, en los Tribunales e instar la reforma de una legislación insuficiente para luchar contra el fenómeno de la corrupción, insuficiencia ante la que la pasividad de legislador es el mejor exponente de su complacencia o acaso de su complicidad.
* Levante - Opinión - 1.05.11
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