Santa Cruz.- La Plataforma contra el PGO denuncia al secretario del Ayuntamiento por prevaricación

CANARIASAHORA/Tenerife* : El secretario general del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Prieto, será denunciado antes de 48 horas ante la Fiscalía de la Audiencia Provincial por un presunto delito de prevaricación urbanística, al no haber informado como era preceptivo sobre la revisión del Plan de Ordenación de la ciudad, aprobado el pasado viernes por el Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo y que el próximo lunes irá a Pleno municipal para su aprobación definitiva. Además, la Plataforma en contra del PGO de la capital tinerfeña hará llegar antes del lunes a todos los concejales de la corporación municipal las ilegalidades que contempla la nueva redacción del Plan Urbanístico, que según el abogado de la Plataforma, Felipe Campos, sigue dejando fuera de ordenación las viviendas de cerca de 100.000 personas, sin que tampoco se hayan subsanado las ilegalidades que la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, COTMAC, señaló en julio pasado al anterior texto y por las que fue devuelto al Ayuntamiento para su subsanación.

“Si los concejales aprueban el Plan, la Plataforma contra el PGO presentará una querella por la vía penal contra todos ellos por delitos contra la Ordenación del Territorio, que se castiga con penas de entre 1 y 4 años de cárcel, ya que el informe al detalle del Secretario es preceptivo, según el artículo 320 del Código Penal”, informó Campos a este periódico.

Es un capítulo más en el folletín en que se ha convertido el Plan General de Ordenación Urbanística de Santa Cruz de Tenerife, que CC, PP y CCN pretender aprobar el lunes para su remisión posterior a la COTMAC, la misma que el pasado verano tumbó la anterior redacción del Plan por encontrarle 173 errores y 187 reparos de legalidad, lo que obligó a rehacerlo de nuevo.

Una ilegalidad sobre otra

La clave es si la Gerencia de Urbanismo, que dirige la concejal de CC, Luz Reverón, ha subsanado esas ilegalidades. De entrada, los vecinos han planteado al nuevo texto nada menos que 16.669 alegaciones frente a las 285 que recibió el anterior, que se aprobó deprisa en un pleno extraordinario en diciembre de 2009, y que los técnicos de la Dirección General de Urbanismo rechazaron por incumplir el PIOT, por permitir alturas de más en zonas colmatadas, como el caso de la Clínica Parque o del edificio La Moderna, y por pretender urbanizar laderas de barrancos, entre otros puntos.

Según Felipe Campos esas ilegalidades, “que ocupan más de 300 folios y que haremos llegar a todos los concejales para que no puedan alegar que no estaban informados”, se mantienen, así como los privilegios que contempla el PGO a determinados empresarios afines a Coalición Canaria.

El secretario general Luis Prieto afirma en su “informe” a la Gerencia que no sabe si esas ilegalidades han sido corregidas, ya que le han metido tanta prisa que no ha tenido tiempo ni para leerse el nuevo Plan ni para examinar las cerca de 17.000 alegaciones al mismo. “Es necesario poner de manifiesto la perentoriedad del plazo concedido a esta Secretaría General del Pleno para elaborar un dictamen sobre un documento extraordinariamente complejo y cuya importancia no parece preciso destacar”, afirma el abogado municipal. El expediente administrativo le llegó el pasado 11 de marzo.

“Ello nos obliga, obviamente, a limitar dicho informe a determinados aspectos procedimentales muy concretos, sin posibilidad de examinar en detalle ni el documento, ni las alegaciones, ni el informe-propuesta del equipo redactor sobre las mismas, por lo que no puedo pronunciarme sobre dichos extremos”, prosigue. “Si el presente documento contuviera determinaciones contrarias al planeamiento superior o a la legislación urbanística, esas determinaciones serían nulas de pleno derecho”, advierte.

Con estas imprecisiones el Consejo Rector dio el visto bueno a la aprobación del PGO y su remisión al Ayuntamiento, con los votos de los representantes de CC, PP y CCN.

Martín corrige a Tavío

Pese a que el Consejo Rector aprobó el revisado PGO con la ayuda del Partido Popular, la aspirante a alcaldesa y presidenta del PP en Tenerife, Cristina Tavío, manifestó el lunes en rueda de prensa que se debería esperar a aprobar el PGO “hasta que se despejen todas las posibles dudas sobre la legalidad de su tramitación y convocatoria”, y se incluya el informe completo del secretario.

A este respecto, el portavoz del grupo municipal socialista, José Ángel Martín, afirmó a CANARIAS AHORA, que “Tavío miente, porque el PP sí dio el visto bueno al PGO el viernes en el Consejo Rector y en todo caso, lo que pide es sencillamente que se cumpla".


* Canarias Ahora - 16.03.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Valladolid.- Un técnico de Urbanismo dice que firmó algunos informes sin leerlos

NORTECASTILLA* : El segundo de los seis técnicos del Ayuntamiento de Valladolid llamados a declarar por el juez de Instrucción nº1, en relación con la manipulación de artículos del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), que fue reformado en 2003, aseguró ayer que no tuvo ninguna participación en la elaboración de planos y artículos que fueron publicados de forma diferente a los aprobados por los concejales del Pleno de la capital, y que en muchas de las ocasiones estampaba su firma con el visto bueno sin leer en su totalidad los informes que le presentaban los técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento. Modesto M. G. declaró ayer por espacio de dos horas en una sala de vistas en la que su testimonio se grabó en vídeo, al igual que el primero de los funcionarios citados, que declaró este miércoles. El director del Área de Planificación e Infraestructuras del Ayuntamiento dijo que él llegó al área de Urbanismo en noviembre de 2003, cuando ya estaba redactado el texto refundido que se remitió a la Consejería de Fomento para su revisión.

En febrero de 2004, el Boletín Oficial de la Provincia publicó el nuevo texto del Plan General, donde ya se incluían aumentos de edificabilidad y cambios de uso que con anterioridad los concejales, tanto del PP, PSOE como de IU, no habían autorizado.
A la copistería
En noviembre de 2003, la Consejería de Fomento, que dirigía Antonio Silván, dio un plazo al Consistorio de Javier León de la Riva para que adaptase el Plan General reformado a la normativa urbanística regional. Y del Ayuntamiento habría partido hasta la copistería para su publicación en papel en el Boletín Oficial de la Provincia el 27 de febrero de 2004.
¿Por qué manos u ordenadores pasaron los planos y artículos en esos meses? Esa es la pregunta que tanto la fiscal asignada al caso como el juez José María Crespo tratan de concretar desde que en 2008 el Grupo Socialista presentó la denuncia ante la Fiscalía por la que se abrió esta investigación por las manipulaciones.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León ha sostenido en una sentencia del pasado mes de febrero que las alteraciones «no pueden calificarse como errores materiales», ya que en algunos casos los «llamados errores permiten que algunos proyectos obtengan licencia cuando no podrían con lo aprobado provisionalmente y nunca enmendando en la aprobación definitiva».
La fiscal preguntó al técnico imputado uno por uno por los artículos manipulados, negando Modesto M. en todo momento que tuviese vinculación con estos «cambios». De no haberse aprobado estas modificaciones, algunas de las edificaciones consumadas por promotores y propietarios de los solares y edificios catalogados no se habrían podido levantar.
Modesto M. indicó al magistrado que tuvo conocimiento con posterioridad de los cambios que implicaban aumentos de edificabilidad en sectores urbanísticos de la capital cuando comenzaron a presentarse los recursos administrativos por empresas y particulares.
En este sentido reconoció su firma en parte de la documentación que obra en las diligencias judiciales, y que fue remitida al juez por el Ayuntamiento hace meses.
«¿Y usted se fiaba de lo que le pasaban los técnicos?», le preguntó la fiscal, a lo que Modesto M. contestó con un «sí, por su puesto».
Respecto a las vinculaciones con constructoras, o su participación mediante la elaboración de trabajos de asesoramiento a promotoras que tienen intereses en el municipio, el técnico municipal negó tal extremo. En 2008, Modesto M. formó parte como directivo municipal del Grupo Capitol de Baloncesto. Las dos primeras declaraciones de funcionarios imputados no han aclarado de dónde podría haber partido la autoría de estas alteraciones.


* El Norte de Castilla - 18.03.11
Foto: Valladolid, ayuntamiento plaza mayor - wikipedia.org

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La cartera de suelo de bancos y cajas quintuplica a las ventas de todo 2010

ELPAÍS* : Las entidades tienen terrenos por 20.000 millones netos y todas las transacciones del sector en 2010 no alcanzaron los 4.000 millones. Los bancos y las cajas tienen suelo para rato. De mantenerse el actual ritmo del mercado, y aunque se les concediera el monopolio de la venta de terrenos, necesitarían cinco años para deshcerse de todos los solares que se han ido quedando en sus balances ante el impago de los créditos por parte de las promotoras inmobiliarias. Las entidades financieras han confesado que tienen suelo en sus balances por un importe original de 30.000 millones de euros. De esa cifra, han provisionado unos 10.000 millones, de modo que las entidades podrían vender sus terrenos sin asumir pérdidas adicionales por unos 20.000 millones. No obstante, esta cifra neta equivale a cinco veces el importe de todas las transacciones de suelo realizadas por bancos, promotoras, otras empresas y particulares a lo largo de 2010 en toda España, ejercicio en el que se vendieron 3.970,9 millones, según los datos difundidos hoy por el Ministerio de Fomento.

Como, obviamente, los bancos no son los únicos que venden suelo, al ritmo de ventas actual el mercado tardaría mucho más que esos cinco años en digerir el suelo que las entidades financieras poseen. La esperanza de los bancos y las cajas es que el sector inmobiliario se reanime, de modo que pueda ir absorbiendo más velozmente sus existencias de suelo. El problema es que el elevado stock de viviendas vacías sin vender (buena parte de ellas también en manos de la banca) no permite ser muy optimista al respecto.

Además, la enorme cantidad de créditos a promotoras aún vivos que tienen el suelo como garantía (unos 62.000 millones) ni siquiera anima a pensar que los bancos vayan a ser capaces de ir dando salida al suelo que ya tienen a un ritmo más rápido que el de entrada de nuevos terrenos por créditos impagados.

En todo caso, la cifra de transacciones de suelo del año 2010 es la más baja de la serie del Ministerio de Fomento. El máximo se alcanzó en 2004, año en que las transacciones sumaron más de 23.000 millones de euros. Solo en el último trimestre de ese año, se compró y vendió suelo por más de 7.000 millones, una cifra muy superior a la de todo 2010. En 2008 empezó a notarse la crisis, que se acentuó en 2009 y aún más el pasado año, en el que el importe de las transacciones ha caído más del 53%.

En cuanto a los precios, la estadística oficial muestra una caída de solo el 1,8% en el suelo urbano (no se publican datos del precio del suelo rústico), una cifra que sorprende en el sector. Las estadísticas oficiales señalan que el precio por metro cuadrado de suelo urbano se situó en 227,7 euros en el cuarto trimestre del año. La caída acumulada desde el máximo de 285 euros que alcanzó en el tercer trimestre de 2007 es del 20%.

Según informa el Ministerio de Fomento, en los municipios de más de 50.000 habitantes el precio medio ha descendido en tasa interanual un 3,3%, y se sitúa en 528,4 euros por metro cuadrado. Los precios más elevados se registran en los municipios de más de 50.000 habitantes. Los más caros se encuentran en Barcelona, con una media de 1.074,5 euros el metro cuadrado, Madrid, con 1.002,5 euros y Cantabria, con 645,2 euros. Los precios medios más bajos dentro de los municipios de más de 50.000 habitantes se anotaron en las provincias de Badajoz con 80,6 euros el metro cuadrado, Ourense, con 86,3 euros, y Zamora, con 134,2 euros.


* El País - 16.03.11
Foto: Oficinas de bancos y cajas de ahorros en una calle de Madrid.- elpaís

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El Tribunal Supremo anula el plan de urbanismo de Ourense

LAVOZDEGALICIA* : El fin del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de Ourense ya está escrito. A falta de notificación oficial, el Tribunal Supremo ha confirmado la primera de las nueve sentencias del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desde abril del año 2008 habían declarado la nulidad del PXOM. Los recursos de casación contra las sentencias, presentados por el Concello de Ourense, por la empresa promotora de un centro comercial Eroski y por la Asociación de Constructores, han permitido mantener vigente el planeamiento, al no ser firmes las resoluciones, pero con la confirmación del Supremo del primer fallo que declaraba su nulidad, el plan queda efectivamente eliminado.

Aunque la notificación de la sentencia no se ha producido, en medios municipales se estimaba ayer que la comunicación será inminente. En el entorno del bipartito ourensano (PSOE y BNG) se manejan informaciones de las que se desprende que la primera de las sentencias del Supremo sobre este contencioso confirma la nulidad del plan, aprobado por el PP durante el mandato de Manuel Cabezas como alcalde.

El fin de la incertidumbre sobre el ordenamiento urbanístico de Ourense y la resistencia en precario del PXOM se empezaron a vislumbrar a mediados de febrero. Lo hizo una providencia de la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Advertía a las partes personadas en el procedimiento del recurso 3037/08, formulado en contra de una de las sentencias del TSXG, que en el 2008 había declarado la nulidad del plan por ausencia de un preceptivo y exigible informe de telecomunicaciones, que el 2 de marzo se reunía el tribunal para votación y fallo.

Todavía vigente

El inminente desenlace animó a algunas empresas y particulares a agilizar trámites. Al no haber sido comunicada formalmente la sentencia del Supremo, como ayer mismo confirmó a La Voz de Galicia un portavoz del Concello ourensano -que dijo desconocer su existencia- el PXOM se mantiene vigente, por lo que seguramente se seguirán gestionando proyectos y concediendo licencias de obra.

Nuevo PXOM desde el 2009

La probabilidad de que el Supremo acabase confirmando la nulidad de PXOM de Ourense, sumado al hecho de que el PSOE hubiese rechazado en el 2003 la aprobación del plan, llevó al actual bipartito a agilizar la redacción de un nuevo documento. Los trabajos, de hecho, le fueron adjudicados a finales del 2008 a la empresa Oficina de Planeamiento S.?A., que trabaja en el nuevo plan desde el 2009.

Los trabajos del nuevo PXOM, del que únicamente se ha conocido un avance que nada desvela sobre las intenciones de los redactores del nuevo planeamiento urbanístico, han superado el primer trámite formal. La Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental ha aprobado el llamado documento de referencia para la evaluación ambiental estratégica del plan general de urbanismo.

La primera sentencia que declaró nulo el PXOM fue notificada al Concello el 24 de abril del 2008. Luego llegaron otras ocho. Los motivos son dos. Uno, diferencias entre los planos expuestos al público y el documento final; dos, la ausencia de un informe técnico.



* La Voz de Galicia - 17.03.11
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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La naturaleza en la ciudad

JOSÉ FARIÑAS* : En el primer número de la nueva etapa de la revista URBAN (una de las publicaciones que actualmente edita el departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la UPM en el que desarrollo mi actividad docente regular) puede leerse un artículo de Erik Swyngedouw que se titula “¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada”. El artículo no tiene desperdicio y recomiendo que lo leáis. Prometo además que escribiré otro día acerca de nuestras publicaciones, porque pienso que tienen bastante interés para los lectores de este blog (aunque tengo que esperar a salga el primer número de Urban-e, que se resiste). Pero hoy, sencillamente me refiero a este artículo concreto para decir que, a pesar del sugerente título del mismo me he atrevido a titular el mío como lo he titulado. Y no es para crear controversia, sino porque ya hace años que en los programas de algunas de las asignaturas que imparto figura así. Y, además, me gusta. Pero no voy a entrar en si existe la naturaleza o no. En si se trata en realidad de una metáfora. O si es el “opio del pueblo” o una construcción mental útil para entender la realidad. Simplemente voy a dar por hecho que en la ciudad, además de cemento, baldosas hidráulicas, edificios de ladrillo, asfalto, contaminación y personas, existen árboles, zonas verdes, ratas, cucarachas, mirlos, gorriones y algún geranio (de los que han conseguido resistir la última plaga) plantado en una maceta. Bueno, también algo de césped, suelo sin cementar, y ahora mismo un montón de obras porque se acercan las elecciones municipales.

Casi desde el mismo momento en que se inventó la ciudad surgió la necesidad de introducir en ella árboles, vegetación, flores, animales. Pero no cualquier elemento natural, sino una naturaleza (esa cosa que no existe, simple metáfora de la realidad) controlada y antropizada. No me canso de repetir que la ciudad es entendida en casi todas las definiciones tradicionales como algo distinto “al campo”. La importancia que a lo largo de los años la Humanidad ha concedido a esta identificación se concreta en el cuidado que ha tenido a la hora de fijar físicamente esta separación. En los ritos fundacionales de la ciudad, el surcus primigenius, la línea que señalaba el recinto urbano, era tan importante que los muros construidos siguiéndola eran sagrados. Esta fundación inicial nacía con vocación de mantenimiento, de permanencia a lo largo de muchos años. Muros, murallas, cercas o fosos, establecían un límite que iba a permitir conocer de forma inequívoca que partes del territorio estaban ordenadas de forma antrópica. Los ciudadanos manipulaban el espacio para dar lugar a una organización distinta y mucho más controlada de las pequeñas porciones de territorio que abarcaba el recinto de la ciudad. Es decir, a estructuras urbanas. Esta manipulación no era, inicialmente, gratuita, sino que respondía a motivaciones más o menos conscientes. Para la sociedad urbana se trataba de convertir un espacio “natural” (¿tendré que empezar a poner comillas a partir de ahora?, me reconcome la duda) cuyo comportamiento le resultaba difícil de predecir, en un medio mucho más aprensible y que generara un espacio de mínima incertidumbre.

Pero esta radical diferenciación respecto a la naturaleza (lo siento pero voy a obviar el artículo de Swyngedouw y continuaré como si no lo hubiera leído) implicaba, paradójicamente, una necesidad bastante acuciante de la misma. Y esta necesidad ha ido aumentando al aumentar el tamaño de la ciudad y distanciarse de lo que, genéricamente, podíamos llamar “el campo”. La naturaleza está presente en las ciudades a lo largo de toda su historia, principalmente a través de jardines, huertos, o como fondo escénico. Pero también en otras formas menos paisajísticas: terremotos, riadas, frío, calor. En la Edad Media, los espacios agrícolas circundantes eran imprescindibles para el abastecimiento de la población urbana e incluso una parte del recinto intramuros eran parcelas cultivadas. En el barroco alcanzan su máximo esplendor los paseos arbolados, con claros fines escenográficos, y las grandes áreas ajardinadas. Pero es a lo largo del siglo XIX cuando nace el concepto de parque público, y Joseph Paxton, en 1843, proyecta un "parque público de la comunidad" que tenía una extensión de unas 50 hectáreas. En la actualidad las reservas de zonas verdes urbanas están reguladas y son cesiones obligatorias en cualquier nuevo desarrollo residencial estando consideradas, más o menos, como lo que en urbanismo se llama equipamiento. De tal forma que la historia de la urbanización está salpicada de intentos de introducir la naturaleza en las ciudades. Desde los jardines de Babilonia a las formas de disposición de los espacios que favorezcan un mayor contacto con elementos menos antrópicos como la Ciudad Lineal.

El espacio urbano está sometido a una gran cantidad de ruidos y contaminación que reducen la presencia de la flora y la fauna en él. Normalmente la contaminación hace disminuir la vitalidad, acelera la vejez, aminora la biomasa y altera la capacidad reproductora de las especies vegetales y animales. La evolución de la ciudad como paisaje cultural densamente edificado, conlleva la destrucción de los ecosistemas naturales (¿existen los ecosistemas urbanos?) y la desaparición total de la vegetación autóctona. Incluso en los espacios libres y zonas verdes las especies autóctonas son sustituidas por otra vegetación planificada, por plantas ornamentales no propias del lugar y por aquellas otras que son capaces de resistir el ambiente agresivo de la ciudad. No se trata aquí de justificar la necesidad de algo “que no existe” (me estoy refiriendo al artículo que no me puedo quitar de la cabeza), sin embargo, como hemos visto en otros lugares del blog hay muchos trabajos e investigaciones, como los de Kaplan, que así lo atestiguan y lo incluyen como uno de los indicadores de calidad de vida más importantes. Algunas de las justificaciones más razonables que se refieren a esta necesidad de introducir la naturaleza en la ciudad se encuentran en el libro de Sukop y Werner llamado precisamente Naturaleza en las ciudades, publicado en español en el año 1989 por el antiguo Ministerio de Obras Públicas. Entre ellas podemos destacar:

* Ornamentar la ciudad
* Proporcionar espacios recreativos, para la expansión de la población y favorecer el contacto de ésta con la naturaleza
* Mejorar las condiciones climáticas de la ciudad: aumento de la humedad y control de la temperatura
* Reducir la contaminación ambiental, ya que las hojas sirven para el depósito de las partículas contaminantes en suspensión.
* Servir como filtros y freno a la velocidad del viento.
* Amortiguar el ruido de baja frecuencia
* Proporcionar espacios adecuados para el desarrollo de la vida animal
* Reflejar los cambios estacionales a lo largo del año.

Como puede observarse algunos son de índole práctica y otros psicológicos, pero en general se refieren a un aumento de la comodidad del ciudadano o a mejoras higiénicas. En un estudio sobre los Parques Naturales en España realizado por Corraliza y García Navarro en el año 2002 se demuestra esta especie de ley general de preferencia por la naturaleza, domesticada eso sí, como se desprende de la mayoritaria respuesta positiva, mas del 90%, a la pregunta de si, por cualquier razón, a los entrevistados les gustaba el área del parque. Esta casi unanimidad, y otras del mismo tipo, es lo que hace decir a sus autores que: “... la respuesta de preferencia general y admiración por los escenarios naturales puede ser considerada (y en este estudio lo es), como una respuesta psicológica, en gran medida involuntaria. Constituye algo así como un mecanismo de respuesta reflejo, intensamente relacionado con una experiencia estética, cuya caracterización compartimos en gran medida con el resto de individuos de nuestra especie”.

Pero existen otras muchas razones, como por ejemplo, las de favorecer la sostenibilidad del territorio. Así, en un artículo titulado “Ciudad y entorno natural” incluido en el Primer catálogo español de Buenas Prácticas y escrito por Fernando Parra en el año 1996, puede leerse lo siguiente: “En principio, la creación de un área verde, además de incrementar la habitabilidad urbana tiene un efecto disuasorio de presión sobre los entornos rurales, silvestres y naturales más frágiles y a los que las masas urbanas suelen acudir no tanto como muestra de aprecio por lo natural como de huida de la dureza urbana; en este sentido, se trata de una práctica sostenible que “aligera de presión” otros ámbitos. No obstante, el “cómo” el diseño y mantenimiento real del área verde puede no ser sostenible bajo el aspecto del consumo de agua o de otros recursos”. Parece, por tanto, que se acumulan las evidencias acerca de la necesidad de introducir árboles, mirlos, gorriones, praderas, etc., en nuestras ciudades, no sólo por añoranza del Paraíso Terrenal sino para regular nuestro equilibrio psíquico e, incluso, nuestras relaciones sociales. En otro lugar del blog hablaba de la ciudad higiénica como contraposición a la ciudad surgida de la Revolución Industrial. La ciudad higiénica culminó con las propuestas de Le Corbusier y el Movimiento Moderno: “Soleil, espace, verdure”. Y poco después esta necesidad de que en nuestras antropizados ciudades exista algo de verde se reflejó en las legislaciones de la mayor parte de los países del mundo.

Pero como seguramente conocen todos los seguidores de este blog y mis alumnos (en caso contrario, probablemente suspenderán), la ciudad del siglo XXI ya no debe responder sólo a los requisitos de una ciudad higiénica, bella y adecuada a los fines para los que ha sido creada, sino que también debe ser sostenible (ya he mentado a la bicha, además de hablar de naturaleza ese constructo metafórico, ahora voy y escribo sostenibilidad ese otro concepto inexistente, inabarcable, indefinible y que sólo sirve como coartada política). Entendiendo por sostenible aquello que tiene que ver con la justicia intergeneracional, interterritorial y social. Ahora no tengo tiempo de meterme en esta cuestión, aunque no sé si debería, pero resumiéndola mucho diría que el problema de los límites del crecimiento que Malthus relacionaba con la demografía y los alimentos y que el informe Meadows ampliaba a otros temas como los energéticos, lo tenemos ya encima. El planteamiento es obvio y no por muchas veces repetido es menos obvio: en un mundo finito no se puede propugnar un crecimiento infinito. Y el paradigma económico dominante está basado en el crecimiento sin fin. Mientras inventamos algo de forma urgente, hay que recurrir a cuidados paliativos para que el ajuste que ya se ha empezado a producir se haga de la forma menos traumática posible. Desde una perspectiva urbana tenemos que aumentar radicalmente la eficiencia de su funcionamiento. Y esto en todos los ámbitos. También en la forma de introducir la naturaleza en la ciudad que, ya veremos más adelante, puede ayudar a mejorar la situación actual.

Cuando que refería a la ciudad higiénica ya insinuaba la función de las áreas de naturaleza en su interior. Se podría decir que tienen una evidente función de equipamiento. Igual que un gimnasio, unas instalaciones deportivas o un Club de la Tercera Edad. Estas áreas son necesarias, casi imprescindibles para la salud física y psíquica de los ciudadanos. De hecho, en muchos planes se consideran como un equipamiento más e, incluso, se permite la compatibilidad con otros como los deportivos. Y esto hay que seguir manteniéndolo. Porque seguimos necesitando ciudades en las que los ciudadanos puedan vivir de la forma más confortable y sana posible. Sin embargo, los requisitos que necesita la ciudad actual superan los requisitos de la ciudad que propugnaba el Movimiento Moderno. La pregunta es: ¿cómo cambian estos nuevos requisitos la consideración de las áreas de naturaleza en la ciudad? Sería largo de explicar pero, una vez más, me voy a atrever a hablar en blanco y negro. Soy consciente de lo que esto implica, pero como todavía tengo muchos megas hasta sobrepasar la capacidad que me ofrece gratuitamente Google para mantener el blog, espero tener el tiempo suficiente para, en sucesivos artículos poder explicarlo detalladamente y sacarle los grises (e incluso los colores). En resumen: las áreas de naturaleza en las ciudades ya no se pueden considerar exclusivamente como un equipamiento sino que también han de serlo como una auténtica infraestructura. Hasta el momento actual, incluso considerando su función relacionada con la higiene, no dejan de tener el aspecto de un equipamiento. De forma similar a como están concebidos, por ejemplo, los aparatos de gimnasia para mayores que nuestros ayuntamientos empiezan a distribuir por cualquier rincón de nuestras agobiadas ciudades tan llenas de artefactos mecánicos.

De las dos acepciones que el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua nos da de la palabra infraestructura la primera, “parte de una construcción que está bajo el nivel del suelo”, no parece que sea aplicable a lo que quiero decir. Pero la segunda, “conjunto de elementos o servicios que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización cualquiera”, pienso que sí. Aunque no es el momento de meterme en consideraciones terminológicas sí que me gustaría acotar un poco el tema porque es importante para explicar lo que quiero decir. Para aquellos que estén leyendo esto y que no tengan mucho contacto con el urbanismo, en esta materia el término “equipamiento” está más relacionado con el conjunto de construcciones, espacios y servicios, complementarios de la habitación y del trabajo, necesarios para que el ciudadano pueda llevar a cabo una vida urbana digna, relacionarse con los demás, acceder a la educación, cultura, sanidad, etc. Mientras que el término “infraestructura” se refiere más bien a aquellos elementos de soporte de la ciudad necesarios para el funcionamiento de las actividades urbanas. Y de los equipamientos, claro. Es decir, simplificando, se entiende que una iglesia o una piscina son un equipamiento, y la red de colectores de pluviales o las calles y carreteras son una infraestructura. Hasta ahora podíamos considerar que la justificación para introducir elementos naturales era la de suministrar al ciudadano las condiciones para que pudiera relacionarse con determinados elementos de la naturaleza sin necesidad de subir a “la cumbre de las más altas montañas” (como nos decía cierto documental de la TVE2) y que, además, ayudaran a la construcción de una ciudad sana que permitiera el adecuado equilibrio social y personal del urbanita.

Sin embargo resulta que en el momento actual se hace imprescindible que la propia ciudad contribuya en la medida de lo posible (la célebre eficiencia a la que me refería en párrafos anteriores) a reducir su huella ecológica. Una de las formas más claras de hacerlo es, precisamente, introduciendo naturaleza en la ciudad. Es decir, introduciendo algo de ese “orden” diferente de “fuera de la ciudad” en su interior. Hay que ser consciente de que ello significa aumentar el desorden, visto desde la perspectiva urbana. Y mayor desorden cuanta más naturaleza se introduzca. Esta es una cuestión sobre la que tendría que escribir varios folios debido a su complejidad pero en los materiales complementarios que se recogen al terminar el artículo pueden leerse datos adicionales que ayuden a comprenderla. Otras cuestiones son más evidentes. La ciudad no puede dejar ya que determinados ciclos se cierren sólo fuera de ella. Si la ciudad contamina por ejemplo, es necesario plantar árboles en su interior que funcionen como sumideros sin necesidad de que lo hagan masas boscosas situadas a centenares de kilómetros.

Este ejemplo de la contaminación me va a permitir explicar algunas diferencias. Los árboles de alineación plantados adecuadamente en una acera de la calle-corredor permiten el paseo por dicha acera ofreciendo sombra en los meses sobrecalentados y sol en los infracalentados en el supuesto de que los árboles sean de hoja caduca. Excepto los barrenderos, los demás ciudadanos no tendrán nada que objetar al respecto. En verano tenemos hojas y los árboles dan sombra a la acera (suponiendo, claro está que la sección de la calles esté bien diseñada). Luego, en el otoño se caen, ya digo con gran disgusto de los servicios municipales de limpieza, y en el invierno el ciudadano pasea por la misma acera recibiendo los benéficos rayos del sol. Hasta aquí todo bien, los árboles de alineación funcionan fantásticamente convirtiendo la calle en un auténtico equipamiento. Lo mismo podría decir de un parque o de cualquier otro elemento de naturaleza bien situado en un entorno urbano y acertadamente diseñado.

Sin embargo, y hablaba antes de la contaminación, resulta que en el invierno las calefacciones funcionan a pleno rendimiento y los coches expulsan por sus tubos de escape ni se sabe cuantos elementos contaminantes porque la ciudad “rueda a tope”. Además, también es mala suerte, se empieza a producir lo que se llama el fenómeno de la “inversión térmica” porque una maldita capa de aire más caliente encima de la ciudad impide que toda esta contaminación se disipe hacia arriba al invertir el gradiente de temperaturas. Ahora las hojas de los miles de árboles que hemos plantado por toda la ciudad deberían ayudarnos a fijar esta contaminación. Pero mira por donde resulta que se les han caído las hojas y no pueden fijar nada. Los barrenderos encantados: si ya lo decíamos, hay que plantar árboles de hoja perenne. Pero resulta que si plantamos árboles de hoja perenne, ya no cumplen su función como equipamiento porque el paseo por las calles ya no será un agradable paseo al sol de invierno. En ambos casos, y detectado el funcionamiento, los árboles nos pueden ayudan a resolver un problema de confort o incluso sanitario, siempre que consideremos todos los aspectos de la cuestión y plantemos de hoja caduca o no dependiendo del sitio y del objetivo a conseguir. Sin embargo esos mismos árboles también nos sirven para reducir la huella ecológica porque están reduciendo la huella de carbono. Esto ya tiene que ver con la justicia intergeneracional, interterritorial y social. Es decir, con eso que podríamos llamar sostenibilidad. He recurrido a este caso para que se vea la diferencia entre considerar, por ejemplo, una zona verde como una infraestructura o como un equipamiento. En algunas situaciones, como la mencionada, podrán hacerse coincidir las finalidades de una y otro. Pero, sin embargo, otras veces esto no podrá ser así. Lo nuevo es que la función de la vegetación o de la naturaleza (en general) en la ciudad ya no es sólo la de aumentar el confort del ciudadano sino también contribuir al funcionamiento global de la misma igual que lo hacen la red de alcantarillado o las calles. Y, además, por supuesto, hacerlo no sólo de forma eficaz y bella, sino también eficientemente reduciendo el consumo de energía y la contaminación.

Y no sólo los árboles pueden contribuir a rebajar la huella ecológica. Arbustos o rastreras ayudan también. Y no sólo en los parques o en las aceras. En taludes de gran pendiente, en tejados, en paramentos verticales, en rotondas. Hay que reconsiderar la función de las áreas de naturaleza (verde o gris) en nuestras ciudades y empezar a conciliar confort, higiene y sostenibilidad. Ejemplos de la complicación que estas consideraciones traen consigo existen muchísimos. Así, un suelo cementado es ideal para caminar cuando llueve (en caso contrario nos embarramos y se hace complicado andar) y sin embargo impide la evapotranspiración cambiando la humedad relativa de las capas de aire cercanas a ese suelo. Además aumenta la escorrentía con el resultado de que bajan los niveles freáticos impidiendo que los árboles funcionen en régimen forestal (más eficiente que estar continuamente regando, abonando o distribuyendo plaguicidas que es a lo que obliga un régimen que se acerque más a la jardinería) y el riesgo de inundaciones es mucho mayor. Lo que importa es considerar que la introducción de la naturaleza en la ciudad ya no se puede hacer como antes. Que ya no es suficiente con pensar en el confort del ciudadano como requisito único, porque la ciudad del siglo XXI impone requisitos diferentes, algunos de primera importancia, tal y como he tratado de justificar a lo largo de este escrito. De lo que no parece haber duda, es de la necesidad de que exista algo de naturaleza en la ciudad, no sólo para asegurar el equilibrio físico y psíquico del ciudadano, sino también para ayudar a su funcionamiento y para contribuir a conseguir una mayor justicia intergeneracional, interterritorial y social. Claro, esto en el supuesto de que exista eso que llamamos naturaleza. Y que, por otra parte, la idea de justicia que implica el concepto de sostenibilidad sea algo más que una muletilla en boca de todos (iba a decir: sobre todo en boca de nuestros queridos políticos profesionales, aunque también en los escritos de algunos destacados miembros de la intelectualidad, pero me abstengo de hacerlo). Por cierto, espero que después de las reiteradas alusiones que he hecho al artículo de Swyngedouw, con el que estoy de acuerdo en buena parte de lo que allí dice, os intereséis en su lectura y, como quien no quiere la cosa, leáis el resto de la revista, que viene con bastantes cosas interesantes.


Materiales que he utilizado en la redacción del texto:
* Corraliza, J.A. y García, J.: Los Parques Naturales en España: conservación y disfrute, Fundación Alfonso Martín Escudero, Madrid, 2002.
* Fariña, J. y Ruíz, J.: “Orden, desorden y entropía en la construcción de la ciudad”, Urban nº 7, verano 2002. (Puede encontrarse un resumen muy escueto en español e inglés en pdf).
* Meadows, D.H.; Meadows D.L.; Randers, J.; Behrens, W.W.: The Limits to Growth, Universe Books, New York, 1972. Se hizo una revisión en el año 1992 titulada Más allá de los límites del crecimiento. Quizás lo más interesante sea leer directamente la última revisión: Los limites del crecimiento: 30 años después, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2006 (el original en inglés es del 2004). Un resumen muy básico del informe original se puede descargar aquí.
* Parra, F.: “Ciudad y entorno natural” en VVAA: Primer Catálogo español de Buenas Prácticas, volumen primero, Centro de publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, Madrid, 1996. (Este artículo puede encontrarse también en la Biblioteca de Ciudades para un Futuro más Sostenible).
* Sukopp, H. y Werner, P.: Naturaleza en las Ciudades, Centro de publicaciones de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, Madrid, 1989 (compendia los números 28 y 36 de la colección “Nature and environment series” publicada por el Comité Europeo para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales: Nature in Cities, Council of Europe, Strasbourg, 1982; Development of Flora and Fauna in Urban Areas, Strasbourg, 1987).
* Swyngedouw, Erik: “¡La naturaleza no existe! La sostenibilidad como síntoma de una planificación despolitizada”, Urban NS01, Marzo 2011.


* José Fariña Tojo, Catedrático de Urbanística y Ordenación del Territorio en la Universidad Politécnica de Madrid

* El Blog de José Fariña - 14.03.11

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El Puerto.- El Supremo ratifica la demolición de Las Beatillas tras ocho años de trámites

LAVOZ/Cádiz* : El complejo de las Beatillas, en El Puerto, correrá la misma suerte que las instalaciones de Montenmedio, en Vejer. El Tribunal Supremo ha dado el visto bueno a la orden de demolición del macrocomplejo turístico-deportivo propiedad del Grupo jale, que fue construido ilegalmente con una simple licencia de ampliación de un antiguo cortijo. El delegado provincial de Obras Públicas, Pablo Lorenzo, destacó ayer tarde que el fallo del Supremo pone fin a ocho años de trámites. Lorenzo indicó que Las Beatillas, al margen de ser construida sin licencia, se ha levantado sobre un terreno calificado como sistema general de espacios libres que es del todo ilegalizable. La sentencia es firme y no cabe recurso ordinario alguno. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo desestima así los recursos de casación interpuestos por Jale Construcciones S.A. y Las Beatillas S.L., contra la sentencia que en septiembre de 2005 dictó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En su fallo, el Supremo confirma la sentencia del TSJA y recuerda que la orden de demolición del macrocomplejo «La Beatillas « decretada en 2003 por la Dirección General de Urbanismo de la Junta de Andalucía y recurrida por las citadas empresas «no se puede tachar de desproporcionada sino antes bien de ejemplar». La sentencia recuerda que los promotores del citado macrocomplejo obtuvieron del Ayuntamiento de El Puerto en 2001 una licencia «para adecuación» de un antiguo cortijo a «usos de hostelería».

Sin embargo, en los terrenos, clasificados como urbanizables no programables y destinados al sistema general de espacios libres, se construyeron un palacio de congresos de planta baja más subterráneo, un restaurante de 284 metros cuadrados, cinco pistas de padel con vestuarios y duchas, una carpa de 700 metros cuadrados, un parque infantil, un aparcamiento y una urbanización de 11.684 metros cuadrados, según recoge la sentencia. «Ha quedado acreditado que el suelo en el que se lleva a cabo la obra es clasificado como urbanizable no programado», un espacio con el que «se pretendía configurar un parque periurbano» y en el que se prohíben «edificaciones de nueva planta».
Desde la Junta se ha puesto de maniviesto que ya existe un proyecto para el derribo del complejo, «si la empersa no ejecuta la sentencia será la Junta la que lleve a cabo la demolición de forma subsidiaria».
La sentencia añade que «resulta de una claridad incontestable que las obras cuya demolición se ha ordenado fueron realizadas sin licencia» y que «desde luego» no está «permitido» que, sin ellas, «un antiguo cortijo se convierta en un complejo turístico deportivo como el que nos ocupa», por lo que la construcciones hechas son «ilegales e ilegalizables».
Sobre lo «drástica y sumamente perjudicial» que, según los recursos de los constructores y propietarios del macrocomplejo, resulta la demolición, el Supremo explica que «son los responsables de las obras los que se han colocado en dicha situación». Añade que, de lo actuado, se desprende que hasta las licencias que solicitaron pretendían «ocultar y servir de cobertura formal» y cubren «una conducta dirigida a conseguir por la vía de los hechos consumados lo que jurídicamente es inviable».



* La Voz Digital - 17.03.11
Foto: El Puerto (Cádiz), complejo Las Beatillas a demoler - lavozdigital

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El TSJM tumba el sistema de concesión y control de licencias privado de Gallardón

ELMUNDO/Madrid* : El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dictado sentencia y ha declarado la ilegalidad de la Ordenanza que rige el sistema de concesión y control de licencias del Ayuntamiento de Madrid. El juez basa su decisión en que la norma, aprobada hace apenas un año, vulnera varios artículos de la Constitución y sobrepasa los límites de las competencias municipales. La sentencia anula la norma, que otorga a empresas privadas la potestad de conceder licencias de actividad y con la que Alberto R.Gallardón prometió agilizar trámites y evitar prácticas fraudulentas, pero no tendrá efectos inmediatos hasta que se resuelva el recurso que interpondrá el Ayuntamiento. El primer argumento en el que repara el Tribunal para anular la ordenanza es en las competencias urbanísticas del Ayuntamiento de Madrid que ha de ser la de "mero gestor" y no de legislador. "Las competencias de una entidad local son limitadas" y la autonomía local es "de naturaleza administrativa y no política" como sí lo son las Comunidades Autonómas y el Estado, argumenta la sentencia.

El Tribunal considera también que la ordenanza, aprobada en el Pleno en junio de 2009, choca con el artículo 33 de la Constitución, que se refiere a la propiedad privada.

Los jueces hacen referencia aquí a la imposición que el Ayuntamiento hace al individuo de contratar (y pagar) a las Entidades de Control de Licencias Urbanísticas (ECLUS) para conseguir y renovar la licencia.

Los magistrados añaden a su argumentación que el ciudadano tiene que pagar, además de los precios acordados con las empresas, las tasas municipales correspondientes. Un extremo que el Ayuntamiento niega, ya que las "tasas fueron suprimidas cuando el sistema entró en funcionamiento"

La sentencia incide en la contraprestación que el ciudadano ha de pagar por los servicios de las ECLUS. Según los jueces la obligatoriedad de pagar por una prestación patrimonial debe recogerse en una norma de rango superior a una ordenanza, según recoge el artículo 31 de la Constitución.

Pero fuentes municipales defienden que el pago a las ECLUS no es a cambio de una prestación patrimonial, como sí ocurre con las tasas, si no que se "considera una relación entre particulares" en la que se acuerda el pago por los servicios prestados.

La sección segunda del Tribunal Superior estudió además la posible confrontación de la ordenanza con el artículo 18 de la Constitución, referente a la inviolabilidad del domicilio. Según la norma municipal, los titulares de las actividades interesados en la consecución de un permiso de actividad están obligados a permitir al personal de las entidades privadas el acceso a sus establecimientos.

Un extremo que, según el juez, podría chocar con la legalidad. El Ayuntamiento, sin embargo, argumenta que el espacio donde se desarrollará una actividad comercial dista mucho de la calificación de domicilio y, por tanto, no merece la protección constitucional a la que el magistrado se refiere.

El derecho a una tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Carta Magna, es otro los fundamentos de la sentencia del Tribunal.

Los jueces manifiestan la posible indefensión del ciudadano ante las decisiones y "certificados de conformidad" que emiten las empresas privadas que son definitivas para la obtención de la licencia para la apertura del negocio del interesado.

El Ayuntamiento tampoco está de acuerdo con este punto y defiende que, ante las actuaciones de las ECLUS, el ciudadano siempre podrá defenderse por la vía administrativa o judicial lo que, según fuentes municipales, garantiza la tutela judicial efectiva del ciudadano.

La Asociación la Viña, una de las que recurrió la ordenanza, mostró satisfacción por el fallo que defiende los intereses de sus afiliados.



* El Mundo - 17.03.11
Foto: Madrid, gerencia urbanismo - EFE

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El Consell pagó 2,7 millones a Calatrava por el centro de Castelló pese a incumplir el contrato

LEVANTE* : El documento preveía que los 7,5 millones de honorarios previstos del arquitecto, el 12,5% del coste del Centro de Convenciones, subieran si había sobrecostes. La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), empresa pública de la Generalitat, abonó hasta 2,7 millones al arquitecto valenciano Santiago Calatrava por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico del Centro de Convenciones de Castelló, a pesar de que, como consta en un burofax remitido a la mercantil Santiago Calatrava GMBH en noviembre de 2009, consideraba que el proyecto remitido «no se ajusta» a «las condiciones pactadas en el contrato». En concreto, añadía la SPTCV, el diseño del macroproyecto para Castelló que no ha llegado a construirse llegaba a «triplicar la superficie construible y precio pactados», en referencia al presupuesto «orientativo» de 60 millones. Por ello, le devolvía el proyecto básico. No obstante, la firma que preside el vicepresidente económico, Gerardo Camps, justificó en el mismo burofax el abono de 1.350.000 euros —la parte que faltaba de los 2,7 millones citados— en tres cheques con vencimiento el 25 de noviembre de 2009 y el 25 de febrero y 25 de abril de 2010 por la «voluntad de entendimiento» de la empresa de la Generalitat con Calatrava.

Así lo acreditan los documentos facilitados ayer en rueda de prensa por la diputada de Esquerra Unida en las Corts Marina Albiol y el portavoz de la ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco, quienes avanzaron que los adjuntarán a la denuncia que presentarán la próxima semana ante la Fiscalía por los pagos «millonarios» de la Generalitat a Calatrava en «proyectos fantasma» que no se han ejecutado. A los 2,7 abonados por el centro castellonense se añaden otros 2,5 por las Torres de la Ciudad de las Artes y 600.000 euros por la dársena del puerto de Torrevieja.

En total, 5,8 millones por proyectos no ejecutados. Albiol burló la negativa del Consell a dar copia de los papeles a los diputados al fotografiarlos durante su visita a la SPTCV de la semana pasada, en la que se le permitió examinarlos.

La SPTCV firmó con Calatrava el 17 de diciembre de 2007 un contrato por el que le adjudicaba el proyecto sin concurso público, acogiéndose a una de las excepciones de la ley de Contratos por «razones técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos». EU lo ve irregular y cree que debió realizarse un concurso de ideas.

El documento lo justifica porque «el prestigio nacional e internacional reconocidos» del arquitecto «dotará al edificio de unas características singulares propias». El contrato especifica los honorarios del profesional: Por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, 2,7 millones, que son los que ha cobrado, equivalentes al 4,5% del presupuesto «orientativo» de 60 millones. Además, debía percibir el 4% del citado presupuesto por el proyecto de ejecución (2,4 millones) y el mismo porcentaje y dinero por la dirección de obra.

En total, 7,5 millones, el 12,5% del presupuesto. No obstante, el mismo contrato ya preveía que habría sobrecostes, de forma que los honorarios del arquitecto, en los tres conceptos, «se actualizarán en función del coste real de la obra». Aunque el burofax da a entender que el proyecto presentado por Calatrava triplicaba la superficie y también el precio (que se elevaba así a 180 millones), EU explicó que en el resto de documentación lo que se multiplica por tres es la superficie y que el nuevo presupuesto de Calatrava era de 100 millones, aunque abierto a subidas.

Pago pese al bloqueo del PAI
EU hizo hincapié en que los terrenos donde iba el centro están bloqueados por la paralización del PAI Mestrets por el TSJCV. Un fallo, pendiente del Supremo, dictado en noviembre de 2008, lo que no impidió al Consell transferir después hasta 1,7 millones (de los 2,7) por un proyecto que se devolvió. El contrato también preveía que el abono de honorarios, sin IVA, se haría en Zurich para «eludir el pago de impuestos», censuró Albiol.

Según el documento, por el Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, Calatrava cobraba un millón de euros a la firma del contrato (cheque del 17 de enero de 2008) ; 350.000 euros (cheque del 3 de enero de 2009) a la entrega del anteproyecto; y 1.350.000 euros a la remisión del proyecto básico. En los dos últimos casos el abono era «tras la revisión y aceptación» de los documentos por la SPTCV. El Consell podía no haberle hecho el último pago acogiéndose a esta cláusula. Pero no lo hizo. Para EU, esto «puede ser un uso indebido de fondos públicos».

El burofax señala que el abono no implica que la SPTCV acepte que Calatrava haya cumplido las condiciones o que se asume el trabajo; es más, asevera que el arquitecto «no ha cumplido hasta la fecha las obligaciones contractualmente establecidas con relación al proyecto básico». E incluso recalca que verbalmente y por escrito se le dijo que el proyecto no respetaba lo pactado. Acto seguido, precisa que el pago «únicamente responde a la voluntad de entendimiento que la SPTCV siempre ha mantenido con el señor Calatrava».

EU cree que puede ser otro «Palma Arena»
EU consideró que el caso del Centro de Convenciones y otros por los que Calatrava cobró pese a que no se han ejecutado «son bastante parecidos al de la Ópera de Palma, donde están imputados Matas y Calatrava», advirtió Blanco. En el caso Palma Arena, el arquitecto cobró 1,2 millones por el anteproyecto (la maqueta) del Palacio de la Ópera que no llegó a ejecutarse y que se le dio sin concurso. Blanco dijo que, de los papeles, se desprenden «presuntas responsabilidades administrativas» y quizá penales porque los responsables del Consell «desoyeron» los criterios técnicos. «Estamos ante el saqueo del presupuesto por Calatrava, con la complicidad de los gobernantes del PP».

Cláusulas leoninas en las que el arquitecto siempre gana

El documento cumple «a la perfección la ley del embudo», denunció EU. Estas son algunas de las ventajas que lograba Calatrava:

Un millón al firmar
Al margen de unos honorarios del 12,5% del coste del proyecto, el cobro era excepcional: Un millón a la firma del contrato; 350.000 euros a la entrega del anteproyecto; y 1.350.000 euros al enviar el proyecto básico.

Cobraba a los 30 días
Los pagos debían concretarse en un plazo de 30 días desde la presentación de la factura. En cuanto al proyecto de ejecución, percibía el 75% a su entrega; el 20%, con el acto formal de recepción; y el 5%, a la contratación de la obra. Respecto a la dirección de la obra, cobraba en un plazo de 30 días desde la presentación de la factura.

No se le pidieron garantías
No se le exigió ninguna garantía cuando, apuntó EU, la ley prevé que se pida el 4%.

Pagos en un paraíso fiscal
El domicilio a efectos de pagos era el de la empresa de Calatrava en Zurich, lo que llevó a EU a censurar que el Consell «pague en paraísos fiscales». Las cantidades son limpias, sin IVA o cualquier otro impuesto.

Silencio positivo para Calatrava
El silencio administrativo siempre favorece al arquitecto en las diferentes fases, como tras la entrega del Master Plan o el anteproyecto y proyecto básico. La falta de respuesta de la SPTCV autorizaba al arquitecto a seguir con los trabajos.

Si hay sobrecostes, más caja
El contrato prevé unos honorarios pero estos «se actualizarán en función del coste real de la obra». El proyecto básico ya había disparado el coste de 60 a 100 millones.

Viajes, dietas, visados
Por cuenta de la SPTCV corrían también los viajes, dietas, desplazamientos necesarios para realizar el contrato, previa aceptación de la firma, así como los visados de los organismos incluyendo tasas, impuestos o IVA posibles «actuales y futuros».

Hasta la maquetas
El arquitecto debía facilitar 7 copias del proyecto pero el Consell pagaba maquetas y planos enmarcados, que puede utilizar 6 años, prorrogables por acuerdo.


* Levante - 16.03.11
Foto: Castelló, arquitecto Calatrava y Camps (archivo) - google

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La Eurocámara muestra su preocupación por la construcción de la 'Ciudad del Medio Ambiente'

ELPAÍS/Soria* : La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha manifestado esta mañana su "preocupación" por el proyecto de construcción de la Ciudad del Medio Ambiente (CDM) en el entorno de Soria y su posible impacto sobre el valor histórico de las ruinas de Numancia. El proyecto, impulsado por la Junta de Castilla León en 2004 prevé construir para 2012 un conjunto de edificaciones destinadas a viviendas, empresas e instituciones de I+D, y a actividades culturales y deportivas, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Soria. El área donde está prevista su ubicación ha sido calificada por la Unión Europea como Lugar de Interés Comunitario y estará rodeado por tres ecosistemas naturales, las riberas del Duero, el Monte de Valonsadero y el soto de Garray. Desde que se aprobó el proyecto, la CMA recibió críticas de los grupos políticos de la oposición y de diversas asocicaciones y movimientos ecologistas.

Algunos de ellos son los que hoy han pedido a la Comisión de Peticiones de la Eurocámara que se paralice el proyecto. El presidente en funciones, el eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer, ha confirmado que mantendrán abierta la petición y que enviarán sendas cartas a la ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, a la consejera de Medio Ambiente de Castilla y León, María Jesús Ruiz, y al ayuntamiento de Garray (Soria), para trasladarles su "preocupación por este proyecto" que "puede poner en peligro el patrimonio cultural" de soria. "Numancia es un símbolo del patrimonio cultural europeo", ha insistido.

Una de las peticionarias, María Jesús Pérex representante del Departamento de Historia de la UNED, Tras insistir en que el proyecto urbanístico de la CDM provocará "la degradación irreversible" del entorno cultural y patrimonial de Soria y Numancia, ha ofrecido ejemplos de algunos efectos negativos que ya pueden observarse en la zona como la tala indiscriminada de árboles. En el mismo sentido se han manifestado Amalio de Marichalar, a cuya familia se le intentó expropiar terrenos para construir el polígono Soria II, y la eurodiputada socialista María Irigoyen. La parlamentaria danesa, Margrete Auken (Verdes/ALE) se ha pronunciado a favor de proteger "los valores comunes" de Europa.

Sin emabargo, la funcionaria de Medio Ambiente de la Comisión Europea, Amalia González de Paz, ha explicado que el Ejecutivo comunitario no continuará ninguna investigación sobre la compatibilidad de los proyectos urbanísticos previstos en la zona hasta que los tribunales españoles emitan su sentencia final.


* El País - 16.03.11
Foto: Soria, vista Numancia - elmundo.es

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Condenados el exalcalde de La Línea y un exedil por prevaricación en el 'caso Roseworld'

ELPAÍS/Cádiz* : El juzgado de Algeciras ha condenado por prevaricación al exalcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez, que fue miembro del GIL y del PP, y a Carlos Ruiz Calama a siete años y medio de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Las penas responden al juicio por el caso Roseworld, abierto por la venta de suelo municipal.Además, el representante de la empresa Roseworld Anil Thakurdas Hathiramani también ha sido inhabilitado durante cuatro años. El fallo también considera a Carlos Ruiz autor "criminalmente responsable" de dos delitos contra la Hacienda Pública, concurriendo en ambos la circunstancia atenuante de reparación del daño, por lo que lo condena a un año de prisión, inhabilitación especial y dos multas de 467.650,93 y 215.369 euros cada una de ellas, que suman un importe de 683.019,93 euros.

Por el caso Roseworld fueron acusados 12 personas, la mayoría de las cuales han quedado absueltas. El juicio responde a la denuncia interpuesta por José Carrión, ex policía local, por la venta de cuatro parcelas municipales a Roseworld en 2005. A esta denuncia se sumó más tarde el concejal del PSOE en La Línea Miguel Tornay.

El Ministerio Fiscal solicitó para el exregidor penas de cuatro años de prisión, ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público y multa de 500.000 euros por prevaricación y cohecho.

Juárez rechazó que hubiera participado en una posible alteración de los precios en la venta e "irregularidades" al desestimar la oferta de la empresa Promaga, que también se presentó al concurso para la adjudicación de las parcelas.


* El País - 16.03.11
Foto: El ex alcalde de La Línea Juan Carlos Juárez declara en la Audiencia de Algeciras - elpais

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“Todavía no son conscientes de la situación que atraviesa España”

COTIZALIA* : “Siguen subidos a la parra. Me da la sensación de que todavía no son conscientes de la situación por la que está atravesando España”. Con estas palabras definía uno de los visitantes sus primeras impresiones sobre la oferta inmobiliaria de la última edición del Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA) Primavera. “Mi mujer y yo llevamos ya un año y medio buscando piso y todavía no hemos encontrado nada que encaje con nuestras necesidades. Tenemos muy clara la zona y el tipo de piso que queremos. Con dos niños, tiene que tener por lo menos tres dormitorios. Sin embargo, los precios siguen sin encajar en nuestro presupuesto”, comentaba a Cotizalia.com otro de los asistentes a la feria. Esta pareja, madrileña se lamenta también de las dificultades a la hora de financiar una posible compra. “Hemos preguntado en diferentes entidades y la principal conclusión a la que hemos llegado es que para comprarnos un piso de segunda mano necesitaríamos tener ahorrado el 20% del precio de venta además de un 10% adicional para pagar los gastos derivados de la operación. Si el piso es nuevo, todavía peor, hasta un 70%.

"Así que con estas cifras y con los precios que hemos visto por ahora, creo que todavía no podemos permitirnos comprar, a pesar de las múltiples ofertas y regalos que ofrecen por aquí".

Tampoco se muestra demasiado optimista un matrimonio que ha acudido a la feria en busca de un piso que encaje en las necesidades de su hija y la pareja de ésta. “Yo tengo los pies en el suelo y me cuesta cree que alguien que haya comprado a tres vaya a vender a uno. Además, está en problema de la financiación. En el pasado se han dado préstamos con demasiada alegría, pero esto ya ha cambiado”.

“Lo bueno de la feria es que en un espacio reducido tienes acceso a gran cantidad de oferta. Ahorras mucho más tiempo que si buscas piso a través de anuncios particulares o si vas a través de una agencia inmobiliaria”, comenta otro de los visitantes.

¿Ha tocado suelo? Los expertos dicen que no

Los precios de la vivienda han caído casi un 20% desde el pinchazo de la burbuja inmobiliaria. Este descenso, según muchos expertos -bancos de inversión, agencias de calificación- no ha tocado todavía suelo.

Morgan Stanley y Fitch, por ejemplo, hablan de caídas adicionales entre el 10% y el 15% durante los próximos doce meses mientras The Economist apuntaba hace quince días que la vivienda en España sigue sobrevalorada en un 40%.

Para la OCU, por su parte, "el precio de la vivienda no ha bajado lo suficiente como para encontrarse con la demanda y no lo hará hasta que las entidades financieras no adapten la valoración de su patrimonio inmobiliario a la realidad actual. Muchos vendedores particulares se guían por la tónica marcada por los bancos y no rebajan los precios. Ello provoca que muchos consumidores se abstengan de comprar, alargando innecesariamente la paralización que sufre el sector de la construcción".

Precisamente, la asociación de consumidores apuntaba recientemente hacia varias razones que desaconsejan comprar piso en la conyuntura actual.



* Cotizalia - 14.03.11
Foto: Viviendas descuento SIMA Mar2011- cotizalia

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Quince años de pelotazos y caos urbanístico en el País Valenciano

ENRIC LLOPIS* : Los quince últimos años han consolidado en el País Valenciano un modelo urbanístico depredador de recursos y fuente de jugosas plusvalías para élites políticas y vinculadas al ladrillo. Antonio Montiel dedica una parte de “El modelo inmobiliario español y su culminación en el caso valenciano” (Icaria 2011) a explicar el fenómeno y desmontar los entramados jurídicos, políticos y empresariales que subyacen a la “cultura del pelotazo” valenciana. Tal vez sea Enrique Bañuelos, fundador de la empresa Astroc en 1992, uno de los mejores ejemplos del agio ligado a la construcción con origen en el País Valenciano. Este hombre “de éxito”, dedicado a la “gestión del suelo” y a la especulación cortoplacista, consiguió que el valor de las acciones de Astroc se multiplicara por 12, sin razón aparente, en apenas un año. A principios de 2007 la revista Forbes sitúo a este advenedizo en el número 95 dentro de los personajes más ricos del mundo. Hasta que en abril de 2007 pinchó la burbuja y se desplomaron las acciones de la empresa. O el grupo Inmobiliario Llanera, que suspendió pagos en 2007 tras embarcarse –con el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) de la Generalitat- en el proyecto Nou Mil.leni: reclasificación de 1,7 millones de metros cuadrados de suelo agrícola a “urbanizable” para la construcción en Catarroja (a 10 kilómetros de Valencia) de 12.000 viviendas y un centro comercial. Pero no sólo esto. Llanera patrocinaba equipos de fútbol de la Premier League, orquestas sinfónicas y “gestionaba” en 2007 hasta 40 millones de metros cuadrados de suelo en todo el estado español.

En el libro publicado junto a José Manuel Naredo, Antonio Montiel insiste en la relevancia del contexto legislativo y, en concreto, de una ley trascendental para la comprensión del caso valenciano: la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada en 1994. La filosofía que justificaba este nuevo texto legal consistía en achacar, de manera falaz, el elevado precio de la vivienda a la escasez de suelo. La aparente solución era, por tanto, generar un mayor volumen de suelo urbanizable.

En la práctica esto se tradujo en la aprobación masiva de proyectos que reclasificaban suelo (de “rustico” a “urbanizable”), sin que los Planes Generales constituyeran ya un criterio superior que pusieran orden y concierto en el modelo territorial. Las previsiones del documento de planeamiento “eran susceptibles de alteración recurriendo al sencillo expediente de aprobación de un Programa, Plan Parcial, Especial o de Reforma Interior”, afirma Montiel.

Grandes bolsas de suelo agrícola pasaron entonces a considerarse susceptibles de urbanización. Entre 2003 y 2006 se reclasificaron 75 millones de m2 de suelo no urbanizable y, en la Conselleria de Territorio, había propuestas para la reclasificación de otros 194,5 millones de m2 (tanto dentro de los planes generales como al margen de los mismos).

Pero no sólo influyó en la vorágine urbanizadora el cambio del marco legal. El descenso de los tipos de interés, la menor rentabilidad de las bolsas y la acumulación de capitales para blanquear ante la llegada del euro convirtieron al negocio inmobiliario en un pingüe reclamo. Particulares o empresas adquirieron con frecuencia derechos de propiedad o simples opciones de compra, a precio de suelo rústico, para después lograr la reclasificación de terrenos y revender sus derechos. Así se fraguaba el “pelotazo” urbanístico sin mover un palmo de suelo.

El modelo valenciano resultaba propicio para el florecimiento de una nueva clase empresarial especializada en el negocio fácil. Un ejemplo, entre otros muchos, Cuartell SL, empresa urbanizadora que, con 3.200 euros de capital social y un solo empleado (según los datos del Registro Mercantil), presentó en el Ayuntamiento de Sagunto una proyecto para construir 30.000 viviendas, un campo de golf y una marina sobre 11,5 millones de m2 de suelo no urbanizable. Finalmente no cuajó la iniciativa.

La acumulación de ingentes patrimonios de suelo en manos de unos pocos no conocía precedentes. Datos del Ministerio de la Vivienda de diciembre de 2007 (en vísperas del estallido de la “burbuja inmobiliaria”) alertaban de que sólo en la provincia de Valencia, diez sociedades acaparaban 609 hectáreas de suelo con expectativas de edificación. El área inmobiliaria de la caja de ahorros Bancaixa gestionaba 56 millones de m2 de suelo. Se sentaban las bases, así, para darle la vuelta al tradicional modelo minifundista del País Valenciano.

Los controles públicos brillaban por su ausencia en medio de la hegemonía neoliberal y el festín desregulatorio. Los ayuntamientos, acuciados por una crónica escasez de recursos, se entregaban a la fiebre del ladrillo. La financiación irregular de los partidos asomaba en el trasfondo de algunos megaproyectos. Tampoco los municipios ejercían de manera contundente las competencias en disciplina urbanística (El País Valenciano contaba en 2006, según informaciones periodísticas, con 92.000 viviendas ilegales). Y el ladrillo figuraba en la trastienda de muchas de las mociones de censura (con o sin tránsfugas) en los consistorios.

Más grave aún, si cabe, que la inhibición municipal fue la dejación de funciones de la Generalitat Valenciana (en manos del PP desde 1995). A los gobiernos de Zaplana, primero, y Camps, después, les correspondía la máxima autoridad en materia de Urbanismo y la Ordenación del Territorio. Antonio Montiel insiste en que “una posición ideológica ultraliberal, contraria a la intervención pública en la ordenación del territorio, ha caracterizado al gobierno valenciano desde 1995”.

Y todo ello, sin que puedan apreciarse las supuestas bondades con las que se vendió el modelo. A pesar de que la LRAU sacó al mercado 30 millones de m2 de suelo (según la asociación de promotores inmobiliarios de la Comunidad Valenciana), el precio por m2 de la vivienda libre, entre 1997 y 2007, superó ampliamente la media nacional. Ni mucho menos se le dio un impulso a la vivienda social: se pasó de las 15.224 viviendas protegidas calificadas en 1997, a 8.040 en 2005. Si acaso, la escasez de VPO sirvió a los lobbies del sector para pedir más reclasificaciones de suelo. Tampoco se fomentó el alquiler.

Puestos a citar víctimas del ladrillo, la vorágine urbanizadora se cebó particularmente con el medio ambiente y, sobre todo, con una franja litoral cada vez más colmatada. El LLibre Verd del Territori Valencià apunta que en 2004 cada km2 del País Valenciano soportó 288 toneladas de cemento, cinco veces por encima de la media europea y tres de la media española. Entre 2000 y 2006, la demanda de energía primaria crecía 9 puntos más que la población. Y la demanda humana de agua por unidad de superficie doblaba el promedio estatal.

Los ecos del desmadre llegaron a Europa. Uno de los hitos de la eterna querella ente la UE y el ejecutivo de Camps lo constituye el “Informe Auken”. Aprobado en marzo de 2009, el informe critica duramente y pide un cambio en la política urbanística de los gobiernos valenciano y estatal, sobre todo por la desmedida ocupación de suelo y las afecciones sobre la ordenación del territorio. Las objeciones de Europa se centraban en los efectos perversos de la LRAU y en la norma que la sustituyó en 2005, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

Ahora bien, si el paradigma desarrollista cuajó no sólo fue por la connivencia de las élites del ladrillo y los poderes municipales y autonómicos. El valenciano de a pie, aunque sin el mismo grado de responsabilidad, también se sumó al carro especulativo. Explica Antonio Montiel que este modelo “expansivo y depredador ha calado más rápida y profundamente de lo que podría esperarse entre una buena parte de la sociedad. Deslumbrados, algunos, por esta fantasía floridiana y espoleados, otros, por la inminencia de insospechados beneficios, mucha gente acabó por asumir el modelo”.

Pasado el tiempo, y con la resaca de la crisis, la mejor postal del estos quince años de urbanismo desbocado son los proyectos con sus cifras, muchos de ellos ahora parados por la falta de financiación y la escasa demanda inmobiliaria. El Manhattan de Cullera (33 torres de 25 alturas, dos de 40 y un puerto deportivo), el Plan Rabassa de Alicante (una macrourbanización con 13.500 viviendas) o Marina d’Or Golf (un parque temático con varios campos de golf, siete hoteles y 37.000 viviendas) han marcado una época.

* Rebelión - Opinión - 15.03.11

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Madrid.- El Tribunal Superior 'tumba' nueve tramos de la M-30 soterrada

ELPAÍS* : La Sección 1ª de la Sala de lo Contencioso -Administrativo Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha confirmado la sentencia de junio de 2009 en la que tumba nueve tramos de la M-30 soterrada. El fallo anula y deja sin efecto un acuerdo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital por el que se aprobaron nueve de los 12 proyectos de reforma y mejora para el soterramiento de esta vía de circunvalación convertida en calle por carecer de una evaluación ambiental previa, según ha avanzado la cadena SER. El tribunal establece, tal y como planteó el grupo municipal socialista, que el compromiso de Alberto Ruiz-Gallardón de cumplir los requerimientos de la Comisión Europea, asumiendo la obligación de elaborar esos estudios de impacto ambiental, es insuficiente, ya que no se ha podido convalidar. La sentencia del TSJM es firme y contra ella no cabe recurso alguno, aunque no tendrá consecuencias practicas.

Según la SER, en su fallo, notificado el pasado lunes 14, el tribunal recuerda que "a estas alturas ya nadie se cuestiona la necesidad de haber sometido los proyectos a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental" por la circunstancia de que discurra por una zona urbana. A esta misma conclusión llegó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en 2008, además de ser admitida, dice el fallo, por el propio Ayuntamiento al aceptar las condiciones impuestas por la Comisión Europea.

Medidas inexistentes

El expediente de infracción abierto por Bruselas obligó al equipo de gobierno a dejar sin efecto, en febrero de 2007, tres de los proyectos no iniciados entonces: los túneles norte y sur en los by-pass de la avenida de la Ilustración y conexión del by-pass norte con la A-1. Tras este varapalo, el Consistorio contrató una consultoría para realizar el estudio ambiental tanto de los proyectos ya ejecutados como de los que estaban pendientes.

En su demanda, los denunciantes -el grupo municipal socialista- alegaron, y así lo admite el tribunal, que los trabajos realizados por el Ayuntamiento para evitar la sanción de la Comisión han sido inexistentes ya que no se han aportado los informes necesarios acerca de los impactos que se pueden producir (gases, ruidos, patrimonio histórico, arbolado, etc.) ni se han efectuado medidas correctoras.

Las consecuencias prácticas de la sentencia son muy escasas, según las fuentes jurídicas consultadas por la SER, aunque a partir de ahora el Ayuntamiento tendrá que ser más cuidadoso a la hora de cumplir los requisitos, trámites y leyes a los que está obligado. Ocurre igual que con una reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre otra carretera de Madrid, la M-501. El alto tribunal declaró ilegal el desdoblamiento de la carretera de los pantanos, pero como la obra ya está terminada y en uso desde hace tiempo no hay ninguna posibilidad de deshacer las actuaciones ejecutadas.

El Ayuntamiento, de momento, guarda silencio mientras la oposición se felicita. El candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Jaime Lissavetzky, ha señalado a Europa Press que viene a apoyar lo defendido durante años por su partido, que los criterios de la gestión de Gallardón son "trampas" y "prisas electorales". Lissavetzky ha confesado su "tristeza como madrileño" ya que tiene la sensación de vivir en una ciudad "con un Gobierno municipal que es un gobierno sin ley porque se han saltado todos los aspectos urbanísticos y medioambientales a la hora de llevar a cabo la obra de la M-30".



* El País - 16.03.11
Foto: Madrid, túneles M30 - terra

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Baleares.- La Policía acusa a Verger de alterar un concurso en favor del club Marítimo de Maó

DIARIODEMALLORCA* : El grupo de Delitos Económicos de la Policía Nacional acusa, con base en la grabación de unas conversaciones, al expresidente de la Autoritat Portuària de Balears (APB) de alterar entre 2005 y 2007 un concurso para unos codiciados amarres en Maó en favor del Club Marítimo de dicha localidad. Los investigadores han llegado a esa conclusión tras analizar el contenido de aquellas grabaciones, especialmente un fragamento donde Verger dice a socios del Club Marítimo que ellos no han quedado segundos en el concurso, pero que eso se puede arreglar. Ayer el juez Antoni Rotger levantó parcialmente el secreto de sumario que pesaba sobre una pieza separada del bautizado como caso Mar Blau.

La fiscalía anticorrupción, el Cuerpo Nacional de Policía y la Agencia Tributaria están investigando una presunta trama de corrupción en torno a concesiones en los puertos de Maó e Eivissa, un caso que se abrió hace años. Verger prestó el pasado diciembre declaración como imputado, negó todos los cargos y censuró el que los denunciantes del caso (socios del Club Marítimo de Maó) se prestaran en 2006 a pactar con el Grupo Marsans para recuperar sus amarres.

El caso Mar Blau ha salpicado también a Francesc Triay, actual presidente de la APB, y a su número dos, Ángel Matías, director de la entidad dependiente del Estado central. Otros encausados son Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la patronal CEOE y propietario entre 2006 y 2008 del Grupo Marsans; así como gestores y jefes de empresas del citado holding, como Trapsa Yates, adjudicatarias en la última década de codiciados y lucrativos servicios en los principales puertos de Balears.
La fiscalía anticorrupción sospecha que responsables de la APB se conchabaron con el grupo Marsans para amañar al menos dos importantes concursos: el del Club Marítimo de Maó y unos amarres en Ibiza Nueva (Eivissa). El caso fue denunciado en octubre del 2008 por un miembro del Club Marítimo de Maó, que aportó varias grabaciones de conversaciones donde intervinieron Verger y Matías, entre otros.
La Policía sostiene en su atestado que de una de esas cintas se podría deducir que Verger y Matías habían pactado con Trapsa Yates para que ésta cediera la concesión del Club Marítimo de Maó a dicha entidad, a cambio de otros valiosos amarres y de conseguir nuevas explotaciones en Palma e Eivissa.
Hasta ahora se pensaba que el comité técnico de la APB había puntuado a Marsans con el número 1 y al Club Marítimo con el 2. Sin embargo, Verger, en una charla con Luis Barca, presidente del club Marítimo, y con Ignacio Marra, gerente de esa entidad, comenta lo siguiente: "Después de 45 llamadas y reuniones con la gente de Trapsa, creo que hay una solución y es que ellos renuncien (a los amarres), pero claro si ellos renuncian, vosotros (el club) quedáis segundos (...) que no habéis quedado, pero mirando, mirando, resulta que habíais hecho un buen trabajo (en la oferta) y, mirando y mirando, pues quedaríais vosotros..."
Verger, defendido por Josep Zaforteza, explicó en Comisaría que los propios denunciantes estuvieron de acuerdo en compensar a Marsans por los gastos del concurso y adjudicarse ellos sus antiguos amarres.
Triay, que en 2008, cerró el expediente de adjudicación de Maó iniciado por Verger, defendió el también ante la Policía la pureza de los concursos objeto de investigación.
Los investigadores, con base en las grabaciones y en las declaraciones de varios testigos, sostienen que Verger señaló en 2007 a los gestores del Club Marítimo de Maó que había "dado instrucciones a su sucesor en la APB (Triay)" para que los amarres fueran para esa entidad.
Luis Barca ha manifestado que informó a Triay de todo lo negociado con anterioridad con Verger y Matías. Según la versión del club, en septiembre del 2007 Triay les comentó que quiso arreglar con rapidez el asunto de los amarres, de acuerdo con la información dada por Verger, pero que Trapsa Yates había exigido a cambio la concesión de Ibiza Nueva.


* Diario de Mallorca - 15.03.11
Foto: La Policía acusa a Verger de alterar un concurso en favor del club Marítimo de Maó - diariomallorca

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La crisis paraliza la edificación en la costa y desvirtúa su protección

LAVOZDEGALICIA* : El mal ya está hecho en amplias zonas de la fachada marítima gallega. El fuerte impacto de la crisis sobre el sector inmobiliario secó la demanda y facilitó la aplicación de la ley que paralizó el ladrillo a menos de 500 metros del mar y la tramitación posterior del plan del litoral. Pero esa caída de la actividad constata que la protección legal del suelo costero ha llegado tarde a Galicia. El balance sobre la evolución de visados de viviendas que ayer presentó el Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia representa una nueva evidencia, dos semanas después de la entrada en vigor de la ordenación del litoral. La edificación en la costa encadenó en el 2010 el tercer año de desplome. Un ejemplo: los arquitectos visaron 3.246 viviendas en Foz en el 2007. El año pasado, 11.

Aunque la retirada de las grúas afecta por igual a la costa que al interior, el contraste con los años del bum inmobiliario es más significativo frente al mar. Los concellos costeros han pasado de competir con las siete principales ciudades en visados para nuevas viviendas a una actividad anecdótica. El caso de Foz es elocuente. En este municipio lucense, con apenas 10.000 vecinos censados, los arquitectos tramitaron visados para 6.761 viviendas entre el 2000 y el 2007. La misma tendencia afecta a otros concellos de A Mariña. En Barreiros (3.203 habitantes), donde las Administraciones autonómica, provincial y local se han aliado para legalizar urbanizaciones levantadas sin servicios, se cursaron 4.299 visados del 2000 al 2007. Del total en ese período, 2.234 corresponden al 2007, en víspera del estallido de la burbuja inmobiliaria. En el 2010, solo se tramitaron 8 visados en Barreiros.

La caída de la presión urbanística también se aprecia en la costa coruñesa. Ribeira pasó de 1.684 visados en el 2007 a 50 el año pasado. En un municipio más pequeño, como Malpica, con 6.178 vecinos, los arquitectos autorizaron 9 edificaciones en el 2010, cuando en el 2007 habían visado 648. En el litoral pontevedrés, destaca el parón de las grúas en Sanxenxo, que apenas construye ahora el 13% (125 visados en el 2010) de lo que edificaba tres años antes (998 en el 2007). Cangas solicitó 3.596 visados entre el 2000 y el 2007; el año pasado, 38.

El 10% de los visados del 2006

Más allá de la incidencia de la crisis del sector sobre los municipios costeros, los que soportaron una presión urbanística que llevó al bipartito a alertar del riesgo de marbellización de Galicia, la actividad constructiva quedó prácticamente paralizada en el 2010. Los arquitectos visaron en las cuatro provincias 4.805 edificaciones, lo que representa 3.000 menos que en el 2009 (7.708) y el 10,2% de las 46.881 tramitadas en el 2006. Como Galicia, las siete ciudades registraron los índices más bajos de la década. Solo A Coruña, con 243, mantuvo una demanda anual estable. Lugo (300) y Santiago (245) visaron más, pero con fuertes desplomes en el segundo semestre del año, un desequilibrio que también se apreció en Vigo (225), Ourense (231), Ferrol (88) y Pontevedra (49). En este contexto, el Colexio de Arquitectos destaca que el aumento de las ventas en el último año ha contribuido a reducir el parque de pisos ya construidos que esperan comprador.

Solo el 4% son pisos protegidos

El balance de visados en el 2010 vuelve a ridiculizar el discurso político sobre la vivienda protegida y refleja el peso de la unifamiliar. Solo el 4% fueron para pisos de precio tasado, cuando la media en la década pasada era del 9%, muy lejos de la reserva del 30% del suelo que fijó el bipartito para esas viviendas con una ley que nunca se llegó a cumplir y que tumbó el Gobierno de Feijoo. Al menos 13.000 demandantes esperan en Galicia por un piso de protección.

Parón absoluto en 40 concellos

El bloqueo de la construcción residencial ha sido total en 40 municipios, que no han tramitado un solo visado. La mitad (21) son ourensanos. El parón inmobiliario se extendió en el segundo semestre a 82 concellos.

11
Foz
El bum urbanístico tocó techó en Foz en el 2007, con 3.246 visados. En el 2010, tramitó 11.

50
Ribeira
Superó en actividad a Sanxenxo en el período 2000-2007, con 5.995 visados. El año pasado, 50.

125
Sanxenxo
Bandera del empuje urbanístico de las Rías Baixas, visa el 13% de lo que gestionaba en el 2007.

8
Barreiros
Con 3.200 vecinos, Barreiros visó 2.234 viviendas en el 2007. El año pasado fueron solo 8.

33
Narón
Fijo entre los concellos que antes de la crisis superaban los 1.000 visados al año, no pasa de 33.

29
Poio
A lo largo del período 2000-2007, se visaron 2.928 viviendas en Poio. En el 2010, solo 29.

25
Viveiro
Entre el 2000 y el 2007, se visaron 3.160 edificaciones en este concello. Durante el 2010, 25.

97
Arteixo
Llegó a visar 6.106 edificaciones entre el 2000 y el 2007. El año pasado se quedó en 97.

38
Cangas
De 3.596 visados en los años previos al estallido de la burbuja, Cangas pasó en el 2010 a 38.


* La Voz de Galicia - 15.03.11
Foto: La crisis ha salpicado Galicia de esqueletos de viviendas cuya construcción avanza a duras penas o incluso se ha visto paralizada, como las de la imagen en Miño.- lavoz

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Condena al Valle de Egüés a pagar 7 millones por las licencias concedidas en 2003 para un apartotel

NOTICIASDENAVARRA* : La titular del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº1 de Pamplona ha condenado al Ayuntamiento del Valle de Egüés a indemnizar a la sociedad Apartamentos Gorraiz con 6,96 millones de euros, al tiempo que absuelve a Construcciones Flores, codemandada en la misma causa. La condena tiene su origen en los daños derivados de la anulación de las licencias de actividad y obras concedidas en mayo y junio de 2003 por el citado consistorio para construir un apartotel en un solar destinado para uso escolar. Apartamentos Gorráiz había solicitado a ambos una indemnización de más de 20 millones de euros por daños derivados de la anulación de las licencias de actividad y obras que le habían sido concedidas en mayo y junio de 2003 para construir un apartotel en un solar que le vendió Construcciones Flores y que estaba en realidad destinado a uso escolar.

Unas licencias que carecían de cobertura en las determinaciones pues eran para un uso no previsto en el planeamiento, según advirtió la Cámara de Comptos, por lo que el pleno municipal las anuló en febrero de 2004 atendiendo un requerimiento del departamento de Administración Local que consideró el apartotel previsto "manifiestamente contrario" al plan.

De hecho el fallo precisa que la actuación de la Administración Local demandada fue "arbitraria, totalmente irrazonada e irrazonable", y en la misma hubo "un error evidente y manifiesto" por lo que el demandante "no tiene el deber jurídico de soportar el daño" que se la ha producido.

Este daño se ha cuantificado en 6,96 millones de euros por los gastos que asumió la empresa demandante pero, sin embargo, se rechazan otras indemnizaciones reclamadas en concepto daño moral, pues no se ha constatado una agresión al prestigio comercial, y de lucro cesante o ganancias dejadas de obtener por una actividad no autorizada, pues se trata de previsiones cuya materialización no está contrastada.

Además la sentencia, que es recurrible, desestima la reclamación presentada por Apartamentos Gorraiz frente a Construcciones Juan Bautista Flores como vendedora de la parcela al entender que para reclamarle una responsabilidad patrimonial el daño sufrido por la demandante se tendría que haber derivado de la actuación de la codemandada y la magistrada no lo aprecia así.


* Noticias de Navarra - EP. - 15.03.11
Foto: Egüés (Navarra) - todopueblos

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El Grupo Ecologista pide a la Junta "transparencia" con las viviendas ilegales

ELALMERÍA* : El Grupo Ecologista Mediterráneo ha enviado un escrito a la Junta de Andalucía, concretamente a la consejería de Obras Públicas mediante el que le exige absoluta transparencia y aplciación estricta de la legalidad vigente a la hora de tomar decisiones sobre sobre las viviendas ilegales levantadas en la comarca del Almanzora rechazando que se aplique cualquier tipo de excepcionalidad a los ciudadanos españoles o extranjeros que "simple y llanamente han incumplido la normativa urbanística y la legalidad vigente". Los ecologistas han remarcado que llamar "turismo a una actividad marcadamente irregular es una falacia y la obligación de la administración encargada es la de velar por el cumplimiento de las normas urbanísticas que debe hacer prevalecer las normas por encima de cualquier otra consideración".

Desde el GEM señalan que "sería agravio comparativo y una injusticia que a los ciudadanos británicos que compraron las casas en situación irregular se les aplicaran criterios diferentes a los que deben cumplir los ciudadanos españoles". "Lo que ha pasado en el Almanzora y en otras zonas de la provincia y de Andalucía es un caso de especulación urbanística y de flagrante incumplimiento de las leyes urbanísticas o de la Ley del Suelo". Son casos, continúan señalando desde el Grupo Ecologista en los que "promotores sin escrúpulos han querido aprovechar la tendencia de los ayuntamientos a hacer la vista gorda en las últimas décadas para sacar tajada sustanciosa".

"Ahora que llega el momento de revisar la situación de miles de viviendas en situación irregular exigimos por una parte el cumplimiento de las normas urbanísticas, tal y como se deben hacer cumplir a cualquier almeriense y al mismo tiempo le pedimos a la consejería que ponga en marcha aquellas investigaciones que sean precisas para determinar el grado de responsabilidad de promotores, propietarios, consistorios y cuerpos de seguridad".


* El Almería - 13.03.11
Foto: Albox (Almería), viviendas ilegales - teleprensa.net

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Madrid.- 'Desokupan' dos edificios en corredera Baja de San Pablo y la calle del Barco

ELMUNDO* : Al final el sueño 'okupa' de rehabilitar un edificio abandonado en pleno barrio de Malasaña acabó esfumándose. Agentes de la Policía Nacional han desalojado a primera hora de esta mañana dos inmuebles en la corredera Baja de San Pablo, 20, y la calle del Barco, 39. Ambos bloques, abandonados y comunicados entre sí, habían sido tomados por el colectivo Patio Maravillas el pasado 5 de enero con el fin de convertirlos en un centro social autogestionado. Durante la 'desokupación' no se ha producido ningún incidente y de forma rápida ya que en el momento de la actuación policial no había nadie en el interior del edificio. La Policía ha permitido a las personas que trabajaban en la restauración del inmueble que recogieran algunas herramientas antes de tapiar las entradas y cambiar las cerraduras.

"Nosotros trabajábamos en el edificio sobre todo los fines de semana solucionando humedades, cerrando grietas y agujeros...", explican fuentes del colectivo Patio Maravillas.

Estas últimas sospechan que el desalojo viene derivado de la denuncia interpuesta por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), propietaria del inmueble, tras haber alegado esta la ruina del mismo. "La EMVS ha denunciado que el edificio es peligroso para que, con una resolución judicial, la Policía lo desaloje", afirman.

Asimismo, los 'okupas' critican la "falta de diálogo" de la empresa pública por "no haber querido sentarse a negociar nunca sobre el futuro del inmueble".

Desde Patio Maravillas insisten en que seguirán peleando para que el espacio ahora 'desokupado' quede destinado para uso social del barrio. En un comunicado, el colectivo señala que el próximo 23 de marzo mantendrá una reunión con Pilar Martínez, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Madrid, para presentarle una "propuesta arquitectónica, social y financiera" para el inmueble.
'Okupado' para evitar su venta

El edificio de Corredera Baja de San Pablo 20, que se comunica a su vez con el número 39 de la calle Barco, fue 'okupado' el 5 de enero bajo el pretexto de que "el Ayuntamiento de Madrid quería vender estas dotaciones sociales al mejor postor".

Según indicaron los artífices de estas acciones, en 1991 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) compró estos inmuebles con la promesa de crear un centro social para el barrio, una guardería infantil y 6 viviendas tuteladas, promesa que apareció reflejada en el plan de acción de 2005, "pero incumplida como la posterior promesa de rehabilitar los edificios para albergar 19 viviendas de protección oficial escrita en el plan de acción de 2008".

Los 'okupas' aseguraron que tras 19 años y cinco de ellos "de completo abandono y de haber invertido al menos un millón de euros en la operación", el Ayuntamiento de Madrid puso en venta los edificios a finales del 2010 para paliar su deuda.


* El Mundo - 14.03.11
Foto: Agentes de la Policía Nacional, ante el edificio desalojado en la calle Corredera Baja de San Pablo, 20, en Madrid.- PATIOMARAVILLAS.NET

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