Málaga.- Trabajadores de Urbanismo critican la imagen que Díaz da del organismo

LAOPINIÓN : Trabajadores de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Málaga han mostrado su preocupación por la imagen que se está dando a la ciudadanía de este organismo después de los últimos casos denunciados en relación con el concejal responsable, Manuel Díaz. Precisamente, han tachado de "bochornoso el espectáculo que está dando". La presidenta del comité de empresa, Zaida Meabe, ha señalado a Europa Press que, "en absoluto, la actuación que se está trasladando corresponde al proceder habitual de los trabajadores públicos, que exigen a los ciudadanos unas condiciones bastante estrictas y serias". "No hay excepciones, las condiciones son para todos", ha manifestado Meabe, al tiempo que se ha mostrado segura de que, en los casos denunciados, "ningún funcionario se ha saltado los procedimientos", sino que, "será una cosa del propio concejal y, posiblemente, de algún jefe de departamento".

Meabe ha trasladado la "preocupación" de los trabajadores de la Gerencia, especialmente de los encargados de la atención al público, ya que "son ellos quienes tienen que explicar a los ciudadanos las condiciones de los distintos procedimientos".

CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO

La representante de CCOO ha denunciado "una campaña de desprestigio de la función pública y el trabajador público" por parte del actual concejal de Urbanismo porque "es una persona que no cree en el servicio público".

Ha responsabilizado directamente a Díaz de la situación por la que atraviesa la Gerencia de Urbanismo: "quizá se deba a su juventud o a que no ha pasado por una administración pública", haciendo referencia a que los concejales anteriores "normalmente eran personas formadas en la creencia de la objetividad del funcionario".

"El concejal de Urbanismo nos viene demostrando que no cree en la independencia del trabajador público, sino solamente en la externalización y en la obediencia debida al superior jerárquico", ha criticado.

El comité de empresa de la GMU ha acordado este jueves enviar un escrito al alcalde, Francisco de la Torre, mostrándole su malestar por "el desprestigio que está sufriendo la Gerencia de Urbanismo con la actitud de Díaz" y solicitándole que intervenga "en defensa de la profesionalidad de los trabajadores". "Nos sentimos ofendidos por el uso de la administración que está haciendo el concejal", ha aseverado Meabe.

MANUEL DÍAZ Y SU HERMANO

Aparte del caso que investiga un juzgado de Málaga sobre la presunta comisión de un delito de cohecho en la adjudicación de la piscina de Puerto de la Torre, se ha conocido que Díaz pagó menos de lo estipulado por la licencia para una obra en su vivienda, así como que su hermano, Alberto Díaz, director del distrito de Cruz de Humilladero, obtuvo un permiso de obra para la reforma de la cubierta de su casa sin presentar el proyecto preceptivo.

El propio Manuel Díaz ha responsabilizado de lo ocurrido al constructor al que encargó los trabajos, ya que "en el contrato acordamos que ellos se encargarían de pedir los permisos". "Soy coherente con lo que exijo a otros y quiero predicar con el ejemplo", ha manifestado, añadiendo que seguirá con la misma ilusión en el desarrollo del trabajo que le ha sido encargado.

Por su parte, Alberto Díaz ha aclarado este jueves, en cuanto a las obras de mejora en su casa, referentes a la eliminación de parte del faldón de cubierta para su conversión en terraza transitable y la reforma de un cuarto de baño, que "la actuación prevista consistía en la sustitución de parte de cubierta inclinada por cubierta plana, lo que no afecta a elementos estructurales, ya que se trata de eliminar parte de tabiques avisperos y dejar cubierta visitable".

Más aún, ha asegurado que "en consulta al Departamento de Disciplina Urbanística se me indicó claramente que, al no afectar a elementos estructurales, no requería de la aportación de proyecto ni dirección técnica".

Ha precisado, igualmente, que, aunque la solicitud de licencia se presentó el 22 de abril, "con más de un mes de antelación, inicié los trámites para presentar toda la documentación de forma correcta, me informé de toda la documentación que hacía falta para la consecución de la licencia, aportando la documentación a medida que los técnicos de Urbanismo me la iban solicitando", de forma que "no dejara ningún cabo suelto".

Por tanto, ha subrayado el hermano del concejal de Urbanismo, "toda la documentación ya estaba supervisada y de ahí la agilización de la consecución de la licencia".



* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, nueva Gerencia Urbanismo - sur

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Blanca.- Citan como imputado al alcalde por un vertedero

LAVERDAD/Murcia* : El alcalde de Blanca, Rafael Laorden, prestará mañana declaración en el juzgado nº2 de Cieza en calidad de imputado en relación a la actividad de un vertedero de propiedad municipal en zona protegida, según anunció ayer en un comunicado Ecologistas en Acción. Su presencia en el juzgado está relacionada con las diligencias previas abiertas por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente derivado de la actividad que desde hace ocho años ha mantenido un vertedero ilegal situado en el monte La Navela y El Solán, también propiedad del ayuntamiento de Blanca y dentro de una zona protegida por su alto valor ecológico como es la zona de especial protección para las aves Sierra de Ricote-La Navela.

Según Ecologistas en Acción, «el consistorio blanqueño conocía sobradamente la situación de ilegalidad del vertedero y ha permitido su funcionamiento durante todos estos años e incluso lo ha impulsado llegando acordar la gestión a través de una mercantil privada que ha explotado las instalaciones, ocasionando un grave deterioro del entorno y provocando la destrucción de especies de flora protegida».
Ecologistas en Acción y el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil han denunciado en varias ocasiones el vertido de todo tipo de residuos, denuncias que han derivado en sanciones económicas y resoluciones de cierre del vertedero que el ayuntamiento de Blanca ha desoído, según Ecologistas quien en julio de 2009 decidió dar traslado de los hechos a la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo y que ahora son investigados por la justicia.
Por su parte, el alcalde de Blanca, Rafael Laorden, se limitó a declarar ayer que «el vertedero ha estado funcionando durante muchos años, pero lleva clausurado más de un año».


* La Verdad - 3.03.11
Foto: Imagen del vertedero tomada en septiembre de 2009. :: LV

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El ex alcalde de Encinarejo es condenado a cuatro años de prisión

DIARIOCÓRDOBA* : La Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado al ex alcalde de la Entidad Local Autónoma (ELA) de Encinarejo Miguel Martínez Múrez a penas que suman cuatro años de prisión, como autor de un delito de prevaricación urbanística, entre otros. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, se detallan como probados que el acusado, que ejerció la alcaldía como militante del Partido Analucista (PA), del que fue expulsado en 2010, es auto de los delitos de prevaricación urbanística, malversación de caudales públicos y delito de infidelidad en la custodia de documentos mientras ejercía como alcalde de la ELA. El fallo remite a hechos que se remontan a septiembre de 2006, cuando una constructora presentó el proyecto de edificación de dos viviendas en la calle Félix Rodríguez de la Fuente de la localidad por el que el imputado redactó un documento de recibo con un importe de 4.413,47 euros y autorizó para la consecución del mismo.

El presidente del Tribunal considera que el acusado obró de manera "consciente y pasando por alto" la tramitación que la Ley recoge para la concesión de licencias urbanísticas.

Así, matiza que, como cargo público, el imputado resolviera un asunto como si fuera de "su exclusivo interés y sin más norma que su particular criterio, pasando por alto las exigencias que la actuación pública ha de guardar".

La sentencia califica de "anómalo" el hecho de que el ex alcalde recibiera esa suma de dinero en metálico y como "curioso" que la cuantía fuera a parar al cajón del despacho donde ejercía como máximo edil.

En este sentido, se llega al convencimiento de que, tras las pruebas recabadas en el procedimiento, el acusado, tras recibir el dinero y "hacerlo propio" lo "integró en su patrimonio hasta que se vio obligado a reintegrarlo cuando trascendió el asunto.

El fallo detalla penas de doce meses de multa a razón de seis euros diarios, con responsabilidad penal subsidiaria de 180 días, e inhabilitación especial para empleo o cargo público durante siete años por un delito de prevaricación urbanística.

En relación al delito de malversación de caudales públicos, se condena al acusado a tres años de prisión e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año.

La sentencia fija una condena de un año de prisión, siete meses de multa a razón de seis euros diarios e inhabilitación especial para el empleo o cargo público por un año por otro delito de infidelidad en la custodia de documentos.

De igual manera, también se le condena a sufragar un tercio de las costas del procedimiento por cada uno de los delitos a los que se condena.



* Diario Córdoba - 3.03.11
Foto: Encinarejo (Córdoba) - micordobarural

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Madrid ve 'imposible' urbanizar la Cañada Real

MADRIDIARIO* : "Es prácticamente imposible ordenar urbanísticamente la zona para viviendas en la Cañada Real". Esta es la conclusión a la que ha llegado el Ayuntamiento de Madrid tras realizar un estudio de viabilidad sobre la ley que pretende aprobar la Comunidad de Madrid. Una norma que, según los municipios afectados, deja en segundo plano las necesidades sociales. En el estudio, al que ha tenido acceso Madridiario, el Consistorio contempla todos los condicionantes que, a su juicio, impiden legalizar las viviendas de los entre 15.000 y 40.000 habitantes de esta vía pecuaria de 14 kilómetros de extensión y unos 30 metros de ancho que discurre entre Madrid capital, Rivas y Coslada. El primero de ellos, reza el documento, son las infraestructuras. La Cañada discurre paralela (y cruzándose a la altura de Vicálvaro y Rivas) a la M-50 y las vías del AVE, además de lindar con la M-203, la M-45 y la Radial 3. El Ayuntamiento cita también como condicionante el aeropuerto de Barajas (limitación de altitud), las arterias de abastecimiento de agua del Canal de Isabel II en Rivas, el colector de saneamiento de Vicálvaro, el gasoducto Rivas-Loeches-Alcalá y el oleoducto Loeches-Villaverde, además de los pasillos eléctricos que imponen varias líneas de alta tensión presentes en su recorrido.

Según el Consistorio, la concentración de estos elementos ya hace imposible la recalificación de terrenos, ya que la legislación de infraestructuras exige zonas de protección de 8 a 200 metros según el caso para cada elemento.

El segundo argumento que enarbola el Ayuntamiento para oponerse a la ley autonómica es el de las leyes ambientales. En primer lugar, apunta como limitación de cualquier plan urbanístico la ley que regula el Parque Regional del Sureste y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de Cortados y Cantiles del Jarama, que lindan con la Cañada en su vertiente este. Suma a estas las vías pecuarias de Coladas de la Torrecilla, Congosto, Valdeculebra, Santísimo y Cordel de Pavones, incluyendo los arroyos de Los Prados, Los Migueles y Los Ahijones. Por último, advierte de la existencia de una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de la incineradora de Valdemingómez (Ley 34/2007 de calidad del aire) y de la necesidad de atender las leyes 37/2003 y RD1367/2007, que impiden niveles de ruido superiores a 65 y 55 decibelios en zonas residenciales próximas a líneas de ferrocarril y carreteras. Aquí, el uso industrial del suelo sería posible; las viviendas, no.

Con estas limitaciones sobre la mesa (vea aquí el documento de conclusiones), el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón advierte que es imposible urbanizar o legalizar construcciones y cumplir a un tiempo la Ley del Suelo vigente, que establece que, por cada 100 metros cuadrados edificables debe haber 30 metros cuadrados de redes locales, 70 de redes generales y un número a definir por cada plan urbanístico de redes supramunicipales. Los servicios públicos (redes de abastecimiento y equipamientos) necesarios sencillamente "no caben", según fuentes municipales.

El tamaño del problema
El Ayuntamiento de Madrid es el que más problemas tiene con la Cañada Real. En su término municipal se ubican en chabolas, infraviviendas, edificios de varios pisos e incluso auténticos chalets en los que viven unas 15.000 personas, de las cuales, según sus cálculos, 3.000 tendrían derecho a realojo. Parte de ellos están incluso empadronados y pagan el IBI.

En el caso de Rivas, el Ayuntamiento reconoce 320 viviendas y 900 personas a las que ha empadronado según obliga la ley. Estos utilizan los servicios sanitarios, educativos y sociales que existen en el municipio. Su propuesta es muy clara, según explicaron sus portavoces a Madridiario: "Derribar las edificaciones ilegales, realojar a las personas con especial necesidad social y devolver a los terrenos su calificación de zona verde". Coslada, sin tener los problemas de exclusión social, marginalidad o seguridad que sí padecen sus vecinos (las viviendas ya están integradas en la ordenación municipal y forman parte de la ciudad), apuesta por una solución integral que incluya sus entre 300 y 400 metros de vía pecuaria. "Es necesario abordar este problema desde la perspectiva de la solidaridad interterritorial, y no como hace la Comunidad de Madrid que no cuenta para nada con la opinión de los municipios afectados", afirmó su alcalde, Ángel Viveros, a este digital.

Además de las cuestiones urbanísticas están las sociales. Madrid, Rivas y Coslada se están planteando llevar la ley de Aguirre al Tribunal Constitucional porque su Gobierno "no se compromete a solucionar los problemas sociales antes de cumplirse el máximo de dos años" establecido en la normativa. Después de ese plazo, la Comunidad podría vender o ceder los terrenos sin haberse resuelto estas situaciones, algo a los que los consistorios se niegan en rotundo. Los tres esperan que el Ejecutivo regional les convoque para modificar la ley en lugar de aprobarla en la Asamblea el próximo 10 de marzo, como está previsto.

No obstante, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, afirmó este jueves que el consistorio madrileño no tiene intención de acudir al Constitucional. Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, Cobo aseguró que las negociaciones con la Comunidad siguen en marcha y que la voluntad del ayuntamiento es "llegar a un acuerdo con todas las partes implicadas para buscar una solución a un problema que ya tiene muchos años". "Seguiremos buscando el acuerdo y no estamos en una línea de confrontación jurídica ni política con la Comunidad de Madrid", concluyó Cobo.



* Madridiario - 2.03.11
Foto: Madrid, plano Cañada Real - madridiario

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Málaga.- El edil de Urbanismo pagó siete veces menos por una licencia de obra

LAOPINIÓN* : Las obras que el concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz, realiza en su vivienda particular están amparadas en una licencia de obra menor abreviada donde figura que el valor de la obra es de 1.700 euros, cuando el propio concejal reconoció ayer que dichas reformas tenían un presupuesto de unos 10.000 euros. Al solicitar una licencia de obra por valor de 1.700 euros, Manuel Díaz sólo tuvo que abonar por tasas 50,78 euros, lo que supone que pagó siete veces menos de lo que debería si hubiese consignado el presupuesto real de la obra, unos 10.000 euros. La licencia emitida por la Gerencia de Urbanismo, de la que Díaz es responsable, está firmada por un ciudadano polaco que forma parte de la cuadrilla de trabajadores que realizan las obras de su vivienda y fue tramitada en un tiempo récord. Fuentes de la Gerencia señalaron ayer a este periódico que este tipo de licencia menor abreviada se está concediendo en un plazo de cuatro o cinco días. En el caso de la licencia del concejal de Urbanismo fue aprobada en la misma mañana que se presentó.

La licencia de obra se expidió el 10 de marzo de 2010, pero la esposa del concejal de Urbanismo presentó el pasado 18 de febrero una solicitud para ampliar el presupuesto de obras que declararon hace casi un año. Esta solicitud para declarar el valor real de la obra en su vivienda se produce unos días después de que saltara a los medios de comunicación el «caso piscinas», que afecta también al edil de Urbanismo por supuestas irregularidades en la concesión de la obra de una piscina municipal en Puerto de la Torre.

Díaz niega irregularidades
Manuel Díaz rechazó ayer cualquier tipo de irregularidades en la licencia de obra para su vivienda y aseguró que «en este caso yo soy un damnificado, pues la licencia no la pido yo ni nadie de mi familia, sino uno de los trabajadores y lo hace contraviniendo mis exigencias, ya que yo les obligo por contrato a que toda la documentación la tramiten con arreglo a las ordenanzas e incluso otras exigencias como que los trabajadores estén dados de alta y otras medidas».

La prueba de cualquier falta de irregularidad la expone el concejal en que él mismo, a través de su mujer, «sin que que nadie intervenga, solicito la revisión del expediente para que se tramite con arreglo a la veracidad de los datos, algo que jamás ha hecho nadie que yo sepa".

El hermano, con problemas
Al concejal de Urbanismo, sin embargo, se le acumulan los problemas, ya que la Gerencia de Urbanismo ha concedido también una licencia de obra a su hermano Alberto Díaz, que es el director del distrito de Cruz de Humilladero, para la reforma de la cubierta de su vivienda, sin que éste haya presentado el proyecto de obra que es preceptivo para reformas de este tipo.

El director del distrito de Cruz de Humilladero pidió licencia de obra menor para la sustitución de la cubierta y el arreglo de interiores de su vivienda el pasado 22 de abril de 2010. En la misma justificó un presupuesto de obras de 3.542 euros, por lo que pagó una tasa de 93,71 euros.

Sin embargo, las ordenanzas de la Gerencia de Urbanismo señalan que las licencias de obra para cubiertas de los edificios deberán contar con proyecto técnico, estudio básico de seguridad y certificado de intervención técnica en la dirección de las obras, «todos ellos visados por el colegio profesional correspondiente», que en este caso sería el de arquitectos técnicos.

La Gerencia concedió el permiso de obras sin la presentación del proyecto, que según las tarifas que manejan estos colegios profesionales hubiese tenido un coste para el solicitante de unos 3.000 euros, por lo que se habría ahorrado la mitad del coste total del proyecto. Además, Urbanismo tarda unos 60 días en la concesión de licencias menores, pero en este caso, según la documentación obrante, se le concedió un día después.

En este caso, el concejal de Urbanismo aseguró desconocer este asunto. Manuel Díaz señaló que no tiene ningún dato relativo a una licencia de obras pedida por un hermano suyo y su tramitación.



* La Opinión Málaga - 3.03.11
Foto: Málaga, ayuntamiento - malaga.eu

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Cinco detenidos en El Puerto en otra operación policial contra la especulación urbanística del anterior Ejecutivo local

BAHÍADECÁDIZ* : La Policía ha detenido el miércoles, en el marco de una operación contra el urbanismo ilegal en El Puerto que se investiga desde hace años, al ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento, Juan Carlos Rodríguez, entonces de IP, y a otras cuatro personas. El juzgado de instrucción nº3 de El Puerto ha ordenado las detenciones, entre los que habría, además del ex edil, arquitectos y aparejadores. Se ha decretado el secreto del sumario, por lo que existen pocos datos. En la operación han participado la Policía Nacional y la Policía Autonómica. Además de los arrestos, se han efectuado registros en las oficinas municipales de Urbanismo. El actual alcalde de PP, Enrique Moresco, ha querido dejar claro que esta operación policial “no se refiere al actual equipo de Gobierno”, si no a Corporaciones anteriores, con Independientes Portuenses en el Ejecutivo, en el que, curiosamente, el mismo Moresco, entonces en dicho partido, formaba parte.

“ESPERAMOS QUE PRONTO SE ACLARE ESTE GRAVE ASUNTO”

Ante estas detenciones y los registros efectuados en las dependencias municipales, desde Izquierda Unida en la localidad han manifestado su más profundo respecto a las actuaciones que se están desarrollando.

“Esperamos que pronto se aclare este grave asunto y se llegue hasta el final con todos las consecuencias que se pudieran derivar de las actuaciones policiales y judiciales puestas en marcha”, indican desde este partido de la oposición en un comunicado remitido a DIARIO Bahía de Cádiz.

IU considera que El Puerto de Santa María “no merece estar constantemente en los medios de comunicación de toda España por cuestiones derivadas de la presunta corrupción y de escándalos urbanísticos, ya que en modo alguno beneficia a los intereses de nuestra ciudad”.

Esta formación asegura haber denunciado siempre “estas prácticas deleznables” y cree que “es fundamental e imprescindible que desaparezcan para que los ciudadanos y ciudadanas puedan recuperar la confianza hacia la política y las instituciones públicas como instrumento para solucionar los problemas que nos afectan”.

“Además, es legítimo que la sociedad y los partidos exijamos un plus de comportamiento ético, transparente y honrado, a quienes asumen o han asumido el privilegio y la responsabilidad de gobernar nuestra ciudad”.

LA ÚLTIMA OPERACIÓN

Hace poco más de un año, salía a la luz también en El Puerto la desarticulación de otra trama dedicada a la especulación urbanística. La Guardia Civil, dentro del marco de la operación ‘Tequila’, lograba poner a disposición de la Autoridad Judicial a 11 personas –entre ellas responsables políticos como el ex alcalde Hernán Díaz y, de nuevo, el ex edil de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez- por los delitos de prevaricación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios, falsedad documental y contra la ordenación del territorio. Entonces, el ahora alcalde, Enrique Moresco, subrayaba que esta operación investigaba a personas concretas, “dejando a salvo la imagen del Ayuntamiento”.

Aquella investigación determinó que ciertos responsables políticos del Consistorio, entre los años 2004 al 2007, concedieron licencias de obras y legalizaron viviendas en zonas donde ninguna de las dos actuaciones serían legales al tratarse de suelos que, o no tienen el carácter de urbano o aún teniéndolo, no han adquirido el derecho a edificar por no haber culminado la tramitación urbanística.



* Diario Bahía de Cádiz - 3.03.11
Foto: El Puerto de Santa María (Cádiz), ayuntamiento - wikipedia.org

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Madrid.- La justicia anula el plan para construir un 'mini-Vaticano' en Las Vistillas

ELPAÍS* : Segundo revés, en menos de un año, para el proyecto del arzobispado de Madrid de construir un mini-Vaticano en los terrenos próximos a la iglesia de San Francisco el Grande, junto a Las Vistillas. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), con fecha 3 de febrero, anula los acuerdos del Ayuntamiento de Madrid y de la Comunidad de Madrid por "el que se aprueba la modificación puntual del plan urbanístico de Madrid" que afecta al proyecto de la Cornisa de San Francisco-Seminario". El tribunal considera que esta decisión no es conforme al ordenamiento jurídico, pero permite al Ayuntamiento interponer recurso ante el Tribunal Supremo. De esta forma, la idea del arzobispado de construir un mini-Vaticano en la cornisa del Manzanares queda en suspenso. El plan episcopal incluye levantar un edificio con una fachada de 140 metros de longitud, uno de los más grandes de la región, que enturbiaría las vistas de la cornisa.

El principal argumento del tribunal consiste en que el proyecto urbanístico que pretende acometer el arzobispado "constituye una verdadera remodelación urbana y eso solo puede tener cobertura con un plan protector y el que ha sido aprobado no tiene esa naturaleza. Por lo que conduce a su anulación". La cuestión es que la zona está incluida en el recinto de la villa de Madrid y sus elementos, el seminario conciliar, el templo de san Francisco el Grande, la basílica de San Francisco y la zona histórica, están catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), figura que cuenta con la máxima protección patrimonial. Por eso, no se pueden tener, exclusivamente, criterios urbanísticos. El tribunal echa en falta un plan de protección. Considera que el plan aprobado por el Ayuntamiento de Madrid "puede comportar la modificación de la estructura urbana". Además, la sentencia explica cómo el proyecto del arzobispado de construir un mini-Vaticano alteraría la alineación histórica y la silueta paisajistica (skyline).

El año pasado el TSJM ya dictó sentencia, a raíz de una denuncia vecinal, contra el plan del arzobispado para construir la Casa de la Iglesia, un edificio de cuatro plantas, una residencia para sacerdotes de tres plantes y una biblioteca diocesana con una superficie de 6.000 metros cuadrados en la zona donde Goya inmortalizó en La pradera de San Isidro, en la zona conocida como Las Vistillas. "Hay que recordar que ya ha habido una primera sentencia favorable a los vecinos que protestaron contra el proyecto del arzobispado. Ahora esta sentencia confirma la anulación", sostiene el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, quien precisa: "Lo que hace el tribunal es invalidar el plan parcial que desarrolla el proyecto. Es una victoria de todo el movimiento vecinal que han estado junto a nosotros", apunta Lucas. Las razones del tribunal para dar la razón a los vecinos en la anterior son similares a las que ha esgrimido ahora. El Ayuntamiento no respetó las normas de patrimonio.

El origen del problema está en el convenio que el Ayuntamiento, gobernado por Alberto Ruiz-Gallardón, firmó con el Arzobispado de Madrid. Según este acuerdo, la iglesia cedería terrenos al Ayuntamiento donde podría construir un polideportivo y una escuela infantil, así como otros dos centros sociales: un centro para mayores y otro para personas sin hogar. A cambio el Gobierno municipal permitiría al arzobispado levantar varios inmuebles junto a la basílica de San Francisco el Grande. Con el convenio la ciudad perderá 15.000 metros cuadrados de zonas verdes. Una zona de la cornisa del Manzanares donde crecen más de 500 chopos, abetos y una verde pradera. "El PP no puede seguir haciendo caso omiso a las reiteradas sentencias judiciales en contra del proyecto", proclama David Lucas. Y añade: "Alberto Ruiz-Gallardón no puede hacer oídos sordos a la sentencia", reclamó el portavoz socialista. El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid reclama al regidor del PP: "Que haga caso a lo que dicen los tribunales y reclaman los vecinos. Que paralice cualquier actuación en el mini-Vaticano y rectifique toda la actuación".

Los vecinos del entorno han batallado duramente para paralizar el proyecto. "Allí están los restos más antiguos más importantes de la cerca de Madrid, y restos del jardín del palacio de Osuna, que pertenecía anteriormente al duque del Infantado. Hay una gran riqueza arqueológica", sostiene Vicente Patón, presidente de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio. "Los vecinos estamos muy contentos. Entendemos que la Iglesia tiene unos derechos. No queremos perjudicar a nadie. El Ayuntamiento tiene instrumentos para compensar el arzobispado. Solo queremos que se salve el entorno", sostiene Vicente Patón.

Cronología

- Noviembre de 1997. El Ayuntamiento de Madrid y el arzobispado firman un convenio para intercambiar solares en la ciudad. El Consistorio cedía 42 solares en zonas de la periferia, por otros 11 que la iglesia entrega por otras zonas de la ciudad. Entre ellas, terrenos en la cornisa del Manzanares.

- Marzo de 1999. El arzobispado y el alcalde Álvarez del Manzano firman el convenio para construir la sede de la curia junto a San Francisco el Grande.

- Octubre de 2007. La Comunidad de Madrid aprueba el Plan de Ordenación Urbana que permite la edificación en los terrenos del Arzobispado en La Cornisa.

- Mayo de 2009. La Comisión Europea abre un expediente al plan de reforma. Los vecinos habían presentado más de 22.000 firmas en contra.

- Junio 2010. Una primera sentencia del TSJM anula el proyecto de construir un mini-Vaticano en Las Vistillas


* El País - 2.03.11
Foto: Manifestación de vecinos contra el plan del arzobispado de construir un mini-Vaticano en Las Vistillas.- elpais

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El perito de Hacienda ratifica que empresas sin actividad facturaron a Terra Mítica

LEVANTE/Alicante* : El perito de Hacienda que ha investigado durante más de dos años las cuentas de Terra Mítica explicó ayer al juez que instruye el caso que algunas empresas "sin actividad ni trabajadores ni maquinaria" facturaron a la sociedad trabajos que evidentemente no realizaron. El inspector, que declaró durante cinco horas y media, ratificó todos los puntos del informe que entregó hace un mes en el juzgado de Instrucción número tres de Valencia. El perito admitió que Terra Mítica no obtuvo beneficios fiscales irregulares, pero incidió en que como las facturas son fraudulentas se dedujo un IVA que no debía haber pagado. Fuentes próximas al caso recordaron que el asunto está prácticamente instruido.

El inspector de Hacienda comenzó a declarar a las 9.30 horas en la sala de vistas número 25 de la Ciudad de la Justicia y terminó a las 15.00 horas. El informe que ratificó el técnico confirma que más de una veintena de empresas que trabajaron para Terra Mítica defraudaron en dos años un total de 4,4 millones de euros con facturas falsas. El documento, de 423 páginas, incide en la existencia de "una trama de facturación falsa y simulación de operaciones, tanto de gastos como de ingresos inexistentes que han dado lugar a defraudaciones tributarias durante los años 2000 y 2001".
El juez del caso solicitó el informe al inspector que declaró ayer después de que algunos abogados denunciaran que la primera investigación de la Agencia Tributaria podía ser parcial.
El experto justificó su tardanza en la entrega del informe -hecho que le ha costado varias advertencias del juez- en el elevado número de personas implicadas, la gran cantidad de documentos a analizar y la cifra de empresas bajo sospecha. El perito, según fuentes cercanas al caso, demostró que conoce la causa "a fondo".

Actuación coordinada
El técnico de Hacienda ha llegado a la conclusión de que varios empresarios se coordinaron para endosarse facturas por servicios no realizados en la construcción del parque temático. El inspector fiscal también considera probado que se confeccionaron facturas hinchadas.
El magistrado que instruye el caso cerró las testificales con la toma de declaración hace tres semanas de una veintena de imputados por la comisión del mismo fraude de Terra Mítica en otras obras en Valencia y Castelló. Todos los imputados son contratistas.



* LEVANTE - 1.03.11
Foto: Benidorm (Alicante), TerraMitica - Me (wikipedia.org)

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Roca amasó un patrimonio de 210 millones en sus 15 años en Marbella

ELPAÍS/Málaga* : Juan Antonio Roca Nicolás, el hombre que durante 15 años manejó el urbanismo de Marbella -primero a la sombra del fallecido alcalde Jesús Gil, y luego por su cuenta-, sometió ayer al fiscal a una extenuante persecución intelectual en el inicio del segundo bloque del juicio del caso Malaya, dedicado a la supuesta red de blanqueo de capitales urdida por el exasesor urbanístico para ocultar su fortuna, que cifró en 210 millones de euros. Roca, que en algunos momentos pareció dirigir el interrogatorio, reconoció como suyas "total o parcialmente" la inmensa mayoría de las 71 empresas que componían su entramado societario en España, y afirmó que sus administradores, sentados junto a él en el banquillo como supuestos testaferros, le rendían cuentas. "Ellos despachaban conmigo y yo daba las órdenes", aseguró al tribunal.

El supuesto cerebro de la gran trama de corrupción marbellí no tuvo empacho tampoco en admitir al fiscal, Juan Carlos López Caballero, que parte de los bienes adquiridos por las sociedades -inmuebles, vehículos, yates, obras de arte- se sufragaron "con fondos no declarados" a Hacienda. Pese a todas las concesiones que hizo, Roca negó el blanqueo: "Eso es lo que usted dice", le espetó al ministerio público.El primer bloque del juicio del caso Malaya, 21 sesiones dedicadas al pelotazo inmobiliario de Crucero Banús -en el que Roca fue un participante más-, apenas fue un calentamiento antes de entrar en uno de los núcleos principales de la trama corrupta. Ayer, con el estudio de los delitos de blanqueo de capitales, el exasesor urbanístico, se convirtió en protagonista absoluto.

Con un punto de jactancia, pero siempre correcto en sus respuestas al fiscal López Caballero, Roca contó que cuando Gil lo nombró "a dedo" en 1992 para dirigir la sociedad municipal Planeamiento 2000, dedicada a la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, él ya poseía una fortuna apreciable. "Llevo en la actividad inmobiliaria desde los 25 años [tiene 57] y he hecho promociones en Murcia y en Marbella antes de incorporarme al Ayuntamiento", afirmó. Roca aseguró que entre 1991 y 1997 obtuvo "500 millones de pesetas" [tres millones de euros] por la liquidación del patrimonio de la sociedad Marbella Inversiones, con la que inició sus negocios en la ciudad. El dinero fue, según Roca, invertido en nuevas aventuras inmobiliarias "Esos fondos evidentemente no los declaraba", admitió.

Roca cifró en 210 millones de euros el valor del patrimonio oculto bajo el entramado inmobiliario antes de que en marzo de 2006 se desatara la operación Malaya. De esa cantidad 120 millones son pasivo, sujeto a cargas y deudas, y 90 es patrimonio neto, señaló.

Roca reconoció la gran mayoría de las sociedades bajo las que se ocultaba el patrimonio y que estaban administradas por supuestos testaferros de su confianza. "Las sociedades dependen de mí, el control es mío, pero la contabilidad y el proceso societario se llevan unas desde la sociedad Maras Asesores [administrada por el economista Salvador Gardoqui] y otras desde el despacho de abogados [Sánchez Zubizarreta] de Madrid", aseguró.

El exasesor detalló también la labor de la supuesto testaferro Montserrat Corulla: "Llevaba el tema hotelero, es cierto. Administraba las sociedades con componente hotelero y me rendía cuentas a mí. Despachaba con ella temas de gerencia, licencias, inversiones o créditos, pero la contabilidad de esas sociedades se llevaba desde el gabinete de abogados de Madrid", dijo.

Roca defendió la práctica de transferir fondos de unas empresas a otras para financiar inversiones, lo que para el fiscal indica una voluntad de despistar al fisco. "Es una tontería ir a un banco a pedir un crédito cuando hay una empresa del grupo que tiene tesorería suficiente para prestar. [Este método] lo he aplicado yo y todos los empresarios de este país", se defendió el principal procesado del caso Malaya, que seguirá declarando hoy.

"Con 12.000 euros al mes se puede vivir muy bien"

Juan Antonio Roca, supuesto cerebro del caso Malaya, ejerció como gerente de la sociedad municipal marbellí Planeamiento 2000 entre 1992 y 2003, año en que fue contratado por la empresa, también municipal, Gerencia de Obras y Servicios, en calidad de director. Por este trabajo público, Roca percibió un sueldo anual superior a los 200.000 euros. "Todo lo que cobraba figuraba en la nómina", aseguró. Estos eran sus ingresos declarados. Además del buen salario, Roca tenía unas condiciones de trabajo envidiables. Los sucesivos alcaldes de Marbella le permitían acudir a su puesto de trabajo dos días por semana y dedicar el resto del tiempo a atender sus negocios privados en Marbella, Madrid y Murcia.

Roca sostuvo que con sus ingresos legales se podía mantener un alto nivel de vida: "Le puedo garantizar que con 12.000 euros mensuales después de impuestos se puede vivir muy bien, y me refiero a llevar a los niños a un colegio bueno o permitirse algún viaje", le dijo al fiscal anticorrupción, Juan Carlos López Caballero, que escuchaba sin inmutarse.

Pese a disfrutar de un salario 16 veces mayor del salario mínimo interprofesional, Roca debía hacer encaje de bolillos financiero para ocultar su patrimonio. Su vivienda habitual, un apartamento de más de 300 metros cuadrados en una de las zonas más lujosas de Marbella, es de su propiedad, pero consta a nombre de una empresa radicada en Gibraltar. Roca fingía que pagaba a esta empresa un alquiler mensual, afirmó.

El exasesor urbanístico rechazó la imputación que le hizo la policía de que entre 2003 y 2006 sus sociedades gastaron más de 30 millones de euros. "Si Salvador Gardoqui [su contable] dice que estas tablas son así las asumiré como mías, pero en este caso no quiere decir que se hayan gastado 30 millones, sino que se ha movido esa cantidad. Es un error frecuente de la policía, señalan las salidas de dinero de las empresas, pero no las entradas. Además tampoco dicen en qué y cómo se ha gastado el dinero", se quejó Roca.


* El País - 2.03.11
Foto: Marbella, Roca detenido - google

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Se acelera el ajuste: el precio de vivienda usada sufre en febrero la mayor caída de su historia

COTIZALIA* : El ajuste se acelera. El precio de la vivienda usada en España volvió a bajar en España en febrero y lo hizo con una fuerza inusitada. Según el portal inmobiliario idealista.com, que recoge cada mes el promedio de la evolución del metro cuadrado, los precios bajaron un 1,1% en febrero, que supone el peor registro de la historia desde que existe su base de datos en 2000. Esta caída se une al descenso del 0,6% registrado en enero. Con esta caída, el precio ha quedado situado en 2.232 euros el metro cuadrado, su nivel más bajo desde l mes de febrero ha supuesto un acelerón del ritmo de la caída de los precios y ha crecido el número de mercados que vuelven a caer. En concreto, trece comunidades han reducido sus precios, así como 36 provincias y 30 capitales. En enero fueron diez el número de comunidades en las que cayeron los precios, mientras que hubo descensos en 23 provincias y 29 capitales.

Por su parte, el índice Inmo50, elaborado por idealista en colaboración con Cotizalia, sufrió en febrero una caída inferior, del 0,6%, aunque también la mayor en la historia de este termómetro, que cuenta con datos desde 2002. Además, el nivel del índice se sitúa en su nivel más bajo desde marzo de 2005.

El Inmo50 es el primer indicador sintético y ponderado por el PIB de las 50 provincias españolas, de manera que se evolución refleja con más precisión la evolución del conjunto de viviendas usadas a la venta en el país. Es también un índice de expectativa debido a que se mueve en función de los precios que ponen los vendedores, por tanto, describe a la perfección el lado de la oferta en la balanza de precios.

Tarragona lidera las caídas

Durante el mes de febrero, ha crecido además hasta 36 el número de provincias en las que los precios experimentaron decrementos. Los más acusados fueron los de Tarragona (-2,8%), Lleida (-2,5%) y La Rioja (-2,3%) son los más destacados. La situación inversa se produce en las provincias de Zamora (6,5%) y Lugo (5,7%), aunque estas subidas sean probablemente debidas a un crecimiento anormal de muestra en ambas ciudades.

El ranking de las provincias más caras se mantiene sin novedades, encabezado por las provincias vascas de Guipúzcoa y Vizcaya, con 3.737 euros/m2 y 3.555 euros/m2 respectivamente. Tras ellas se sitúan Madrid (3.117 euros/m2) y Barcelona (2.858 euros/m2). Álava se queda en quinto lugar con 2.767 euros/m2. Un mes más Badajoz (1.333 euros/m2) se consolida como la provincia española más económica, seguida por Ourense (1.352 euros/m2) y Ávila (1.356 euros/m2).

En todos los grandes mercados nacionales ha caído el precio durante el último mes. la mayor caída se ha registrado en Barcelona, donde los propietarios piden un 2,1% menos. Le siguen Zaragoza (-1,1%), Sevilla (-0,8%), Valencia (-0,7%), Madrid (-0,6%) y Bilbao (-0,5%). Del resto de capitales las mayores bajadas se han producido en Logroño, donde los propietarios piden un 3,2% menos por sus viviendas. La caída en la ciudad de Lleida ha sido del 2,6%, y en Huesca de un 2,5%. En la parte opuesta de la tabla se encuentra con Lugo, donde los propietarios piden un 5,7% más que al cierre del mes de enero. zamora ha registrado un incremento del 3,2%.


* Cotizalia - 1.03.11
Foto: Se vende o alquila, cartel - elpais


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El juez del 'caso Brugal' cita a tres ediles del PP de Orihuela

ELPAÍS/Alicante* : El juez instructor del caso Brugal (trama corrupta relacionada con el negocio de la basura y el urbanismo en Alicante) sigue adelante con la instrucción de una de las piezas clave del sumario: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela. El magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado nº3 de Orihuela, ha citado a declarar a tres ediles del PP oriolano y a tres empresarios más imputados en la causa. Los seis fueron arrestados con motivo de la operación policial ordenada por el juez el 6 de julio de 2010. Los tres concejales del PP oriolano que tendrán que declarar ante San Martín a lo largo de este mes son Manuel Abadía, Antonio Rodríguez y Ginés Sánchez. Los tres mantienen sus cargos.

El juez les imputa los delitos de cohecho y tráfico de influencias por su supuesta implicación en el amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento, adjudicada en octubre de 2008 a una UTE, integrada por la firma Sufi y las empresas Gobancast y Liasur. La investigación sostiene que estas dos últimas empresas son falsas y son la tapadera que permitieron al industrial Ángel Fenoll acceder a la concesión.

Junto a los ediles del PP, el magistrado también interrogará por estos hechos a los empresarios Luis Bracho (gerente de Sufi), Rafael Gregori, intermediario clave de la trama Brugal, y el asesor fiscal Jorge Sanz por su supuesta colaboración con Fenoll para falsificar las empresas de la UTE. Ángel Fenoll, empresario afín al PP, está considerado por la investigación como el cabecilla de la trama corrupta, cuya investigación se remonta a marzo de 2007.

El detonante del caso Brugal fue una conversación grabada entre Fenoll y el exconcejal del Centro Liberal de Orihuela Jesús Ferrández. En esa grabación, el edil confesó al empresario que una firma aspirante al concurso ofrecía un millón de euros a los concejales a cambio del contrato. Fenoll difundió la cinta y el entonces alcalde, José Manuel Medina, del PP, aparcó el concurso, que retomó su sucesora, Mónica Lorente, con la adjudicación del contrato en octubre de 2008.La Fiscalía Anticorrupción de Alicante rechaza la petición de las defensas del caso Brugal para que se anulen las actuaciones, y en concreto la piedra angular de las diligencias: las escuchas telefónicas. "Todo lo actuado se ajusta a Derecho", puntualizaron ayer fuentes de este destacamento del ministerio público, que dirige Felipe Briones.

Briones ha presentado ante el instructor, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, su escrito a los 150 recursos planteados los abogados de las 17 partes, hasta ahora, personadas en el sumario. En el sumario hay un total de 17 imputados. Los tres acusados de mayor calado son el líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El juez imputa a los tres, entre otros, el delito de cohecho.

El fiscal ha respondido, uno a uno, a los recursos de las partes. En total, el escrito del ministerio público ocupa 1.000 folios, que se suman a los cerca de 20.000 del sumario general, distribuidos en 40 tomos. En sus escritos, Briones defiende la legalidad de las actuaciones practicadas y rechaza la tesis de las defensas sobre una supuesta vulneración de los derechos de los acusados y falta de seguridad jurídica. Este último aspecto, según las defensas, está relacionado con el auto del instructor, firmado el 12 de abril de 2007, que autorizó las primeras escuchas.

Las defensas sostienen que ese auto y los que autorizaron las sucesivas prórrogas de las escuchas, en diferentes lapsos a lo largo de tres años, vulneran el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. Si el magistrado rechaza los recursos, las defensas podrán apelar a la Audiencia de Alicante.


* El País - 1.03.11
Foto: Orihuela (Alicante), ayuntamiento - levante-emv.com

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La Fiscalía pide nueve años de inhabilitación para el anterior alcalde de Sada por un relleno

LAVOZDEGALICIA/A Coruña* : La Fiscalía ha pedido nueve años de inhabilitación para el ex alcalde de Sada Ramón Rodríguez Ares por unas obras de relleno realizadas en el 2005 en la zona conocida como As Brañas, un área húmeda de protección especial. Rodríguez Ares, alcalde histórico de Sada y que hoy dirige desde la sombra al principal partido de la oposición -fundó el PDSP tras ser expulsado del PP por impulsar una moción de censura con el apoyo de un tránsfuga-, ha asegurado ya su presencia en los próximos comicios municipales con el partido independiente.

Dice sentirse tranquilo por el aviso de la Fiscalía. «Teníamos todas las autorizaciones y permisos de Medio Ambiente, incluso informes que aseguraban que aquello era beneficioso para Sada. Habrá que esperar al juicio», indicó.

El relleno de As Brañas fue una obra polémica en esta localidad del norte de A Coruña. Rodríguez Ares anunció la construcción de un colegio en la zona ganada en As Brañas, terreno que ofrecería posteriormente a la Consellería de Educación. Sin embargo, el BNG, entonces en la oposición, dijo públicamente que aquello era un «atentado ecolóxico». Miembros del Seprona investigaron los rellenos y el caso pasó a la Fiscalía.


* La Voz de Galicia - 1.03.11
Foto: Sada (A Coruña) - udc.es

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Madrid.- El caso de la autovía M-501: derecho, ecología y sociedad

JORGE FELIPE GARCÍA* : Una vez que ha pasado el susto para nuestra lideresa (gracias a la eficacia y la rapidez de los servicios sanitarios públicos madrileños, donde no existen las listas de espera), podemos darle la noticia por tanto tiempo deseada: presidenta, la autovía M-501 es ilegal. A las dos sentencias emitidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (una con fecha 14 de febrero de 2008, a denuncia de Ecologistas en Acción, y otra con fecha 1 de julio del mismo año, a denuncia de la organización conservacionista SEO Birdlife) hay que sumar la sentencia, firme y no recurrible, del Tribunal Supremo: no ha lugar al recurso de la Comunidad de Madrid contra la sentencia del TSJM, que fallaba del siguiente modo: “debemos declarar la nulidad de pleno derecho de dichas resoluciones [se refiere al acuerdo del gobierno madrileño por el que se dio el visto bueno al desdoblamiento], reponiendo el procedimiento administrativo al momento inmediatamente anterior al que fueron dictadas con, en su caso, restitución a su estado anterior de la zona afectada por el proyecto a que se refieren los actos nulos”.

Por si esto fuera poco, se está a la espera de la resolución del Tribunal de Justicia Europeo que, con toda (in)seguridad, declarará ilegal la autovía y sancionará al Estado español (no pasa nada, barra libre: paga la ciudadanía).

Recordemos que esta carretera atraviesa el suroeste de Madrid hacia los abulenses valles del Tiétar y del Alberche. La conservación de la biodiversidad de la zona representa una ofensa para las fuerzas del progreso del regreso al desarrollismo tardofranquista: construcción, turismo (de interior, en este caso), inmigración por emigración y, por supuesto, corrupción. La riqueza botánica y la cantidad de bichos, bichejos, bichas y cosas que vuelan, reptan, rampan, trepan, zumban y caminan por todas partes hacen que estos lugares, dentro de la Red Natura 2000, protegida por leyes europeas, reciban la denominación de Zonas de Especial Protección para las Aves y Lugares de Importancia Comunitaria (“Encinares de los ríos Alberche y Cofio”, “Cerro de Guisando” y “Valle del Tiétar”) y, según terminología más actual, Zonas de Especial Conservación. Se trata, por decirlo brevemente, de la mejor muestra de bosque mediterráneo del centro peninsular.

A pesar de los informes científicos desfavorables, y tras considerar insuficiente un proyecto de mejora de la seguridad vial que no incluía el desdoblamiento, el gobierno de la Comunidad de Madrid, siendo consciente de los obstáculos legales para la conversión de la M-501 en autovía, batiendo récords de cinismo (como correspondía a una región que quiso ser olímpica), decidió acometer la obra violando la legalidad: obvió la preceptiva Declaración de Impacto Ambiental e ignoró la exigencia de consultar a la Comisión Europea antes, y no después, de la toma de decisión. Había que acometer el desdoblamiento; una carretera convencional más segura (ensanche de arcenes, carriles para vehículos lentos en algunos tramos, supresión de cruces a nivel, creación de rotondas…) no es deseable cuando lo que se pretende es garantizar la capacidad de penetración y asentamiento humano con que alimentar los desarrollos urbanísticos previstos, los cuales contaban con el mejor de los reclamos: acceso por autovía.

Pongamos un par de ejemplos: la familia Entrecanales, propietarios de la muy sostenible y eco-respetuosa empresa Acciona, proyectan perpetrar, a pie de 501, con el visto bueno de la Junta de Castilla y León, con la graciosa colaboración de la Confederación Hidrográfica del Tajo (institución archicornuda donde las haya), la construcción de 1.116 viviendas en la localidad de Navahondilla, con apenas 300 habitantes censados y una dispersión urbanística ejemplar. A poca distancia de este proyecto, el empresario Enrique Ventero promueve la construcción en Cebreros de 3.508 viviendas y campo de golf (“Las Dehesillas”). El ayuntamiento de esta localidad ha dado el visto bueno a la aberración, que depende de un río Alberche más que exhausto. Se da la simpática circunstancia de que el Sr. Ventero fue imputado en la Operación Malaya, pagando 300.000 euros de nada para no ir al trullo. Compárese esta cifra con los 497.367 euros que se le exigieron judicialmente a Ecologistas en Acción para que se cumpliera la legalidad (esa cifra era la fianza reclamada para la paralización de las obras de la ilegal M-501).

La actitud de “rebeldía” ante la ley de los representantes locales y regionales tuvo su manifestación más visible en una delirante cruzada por el desdoblamiento, acaudillada por los alcaldes de la zona que, henchidos de orgullo comarcal (como dijo aquél: “por sus perímetros les conoceréis”), llevaron hasta Bruselas sus nobles intenciones. No es necesario insistir demasiado en la brevedad del sentimiento comarcal, que duró hasta que hubo que disputarse los trofeos que la Comunidad de Madrid arrojó por la zona, como un Centro de Urgencias Extra-hospitalarias. En su combate por la seguridad vial cualesquiera armas valían, desde la exageración de las cifras de siniestralidad (aderezadas con buenas dosis de truculencia) y la capitalización emocional del sufrimiento de las víctimas de accidentes, hasta el insulto y la criminalización de los colectivos ecologistas (“asesinos”, “eco-terroristas”…, increíble pero cierto), pasando por la creación (con la ayuda inestimable de los medios locales y regionales de propaganda y sugestión) de un estado de histeria colectiva (como si esta carretera se saciara, antes del desdoblamiento, con una hecatombe humana diaria) y un ambiente de linchamiento anti-ecologista (en unos lugares en que, dicho sea de paso, a menudo, se entiende por “hospitalidad” algo muy distinto a lo recogido por el diccionario).

El gobierno autonómico presidido por Esperanza Aguirre ha obrado de mala fe, ha actuado con soberbia y prepotencia, pisoteando las leyes de protección medioambiental y despreciando el derecho a través de su política de hechos consumados. Por todo ello, y para disuadir de conductas similares a otras autoridades públicas, la sentencia debería (¡ay, el condicional!) tener consecuencias penales: Esperanza Aguirre, Manuel Lamela, Elvira Rodríguez, María Dolores de Cospedal y Francisco Granados deberían ser encausados por prevaricación e inhabilitados por el plazo que fuere para el ejercicio de cargo público. Debe acabarse con una forma chulesca de hacer política que, bajo discursos populistas, oculta intereses inconfesables. De no ser así, la certeza de la impunidad hará que se acometan obras como ésta. Para no ir más lejos, en esta misma vía están previstos nuevos desdoblamientos, hoy en fase de estudio: M-501 hasta el fin de la provincia de Madrid y CL-501 desde Santa María del Tiétar hasta Piedralaves, ya en el corazón del Valle del Tiétar (Ávila).

La construcción de la M-501, con todos los elementos que convergen en este asunto, supone una especie de laboratorio, un caso ideal para estudiar, como habitualmente se dice, de forma “multidisciplinar”, los efectos en los niveles ecológico, económico, social, mediático y psicológico del enloquecido progresismo del modelo de crecimiento español: la metástasis urbanística de la ciudad-difusa.



* Jorge Felipe García, miembro de la asociación ecologista Sierra Oeste desarrollo Sostenible

* Rebelión - Opinión - 1.03.11

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El gran casino europeo

El gran casino europeo from ATTAC.TV on Vimeo.




Vimeo - Attac.tv - 2010/2011

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Almería.- Costas derriba los últimos chalés de la playa para ampliar el paseo marítimo

ELALMERÍA* : La Dirección G. de Costas anticipa este martes los primeros trabajos para la prolongación del paseo marítimo de la capital con el derribo de las viejas casas de la playa que aún quedan en pie. La demolición de los chalés afectados por la 1ª fase del proyecto dejará expedito el litoral de edificaciones, aunque la ejecución del proyecto, aún en fase administrativa y sin fecha concreta para el inicio del grueso de las obras, tardará meses en llegar. El objetivo de este primer paso es evitar que las viviendas sean ocupadas por personas sin techo. A primera hora de la mañana, agentes de la Policía Local se personarán en las últimas cinco viviendas situadas en el primer tramo de terrenos que el Ayuntamiento de Almería ha conseguido adquirir, en sintonía con el acuerdo alcanzado con el Gobierno central para dividir el proyecto de prolongación del paseo marítimo en dos fases. Esta primera se extiende hasta el Centro Municipal Zoosanitario, donde todavía quedan esas cinco casas, después de que Urbanismo procediera hace dos años a la demolición de otros dos chalés.

La operación responde a la petición que el concejal de Urbanismo, Juan Megino, hizo al subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, y a la Dirección Provincial de Costas, apremiándoles a abordar el derribo de las edificaciones de la playa para evitar la entrada de indigentes, mientras que no empiecen las obras de prolongación de la primera fase.

Heras mantuvo los pertinentes contactos e informó hace apenas dos semanas sobre la intención de Costas de proceder al derribo "lo antes posible", una vez que el Ayuntamiento pudo certificar que había conseguido la titularidad del suelo mediante el pago de indemnizaciones a sus antiguos propietarios.

El Consistorio capitalino ha invertido más de cinco millones de euros en la consecución de estos terrenos , una cantidad que supera el coste total de las obras, valoradas e n cuatro millones cuando en 2002 Costas presentó el proyecto.

Si bien la Dirección General ha atendido con inmediatez la solicitud municipal, se desconoce por el momento cuándo el Gobierno central comenzará la ampliación del paseo marítimo. Queda pendiente, además, la obtención del suelo afectado por la segunda fase del proyecto. Le compete al Ayuntamiento, pero el proceso de expropiación se presenta más que complicado.

Engloba once parcelas, que se encuentran en manos de un único propietario, con 60 hectáreas y una gasolinera en funcionamiento, que ha reclamado ante los tribunales el pago de 70 millones de euros aproximadamente por la expropiación. El inicio del expediente está en marcha, pero Urbanismo no oculta la complejidad del mismo, por lo que será la siguiente Corporación la que tenga que continuar los pasos emprendidos para permitir la extensión del paseo marítimo hasta la punta del río. En total, el proyecto contempla una ampliación de 770 metros, más otros 660 correspondientes a la senda del Bobar.



* El Almería - 2.03.11
Foto: El Ayuntamiento ya derribó con anterioridad dos de las viviendas afectadas por el proyecto.- elalmeria

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Los expertos niegan la escasez de agua pero critican su gestión

ELPERIÓDICO/Aragón* : El clima no es el principal enemigo del planeta, sino el urbanismo excesivo, la superpoblación de las costas, la sobreexplotación del nivel freático, la destrucción de los ecosistemas, los cambios de hábitos en la alimentación y la agricultura y, entre otros, el derroche energético. Tanto el presidente del Consejo Mundial del Agua, Loïs Fouchon, como el el presidente del Centro del Tercer Mundo para la Gestión del Agua, Asit K. Biswas, recordaron ayer que el problema no está en la escasez del agua "El mundo no se está quedando sin agua. El problema, en todo caso, sería consecuencia de una gestión deficitaria del agua, porque o no está donde se necesita o su calidad deja mucho que desear".

El IV Encuentro Internacional de Expertos del Agua se inauguró ayer bajo el título Gestión del agua y cambio climático: enfrentándose a las incertidumbres. Un grupo de 60 expertos debatirán y trabajarán juntos hasta el miércoles para encontrar posibles soluciones a un futuro que sigue siendo desconocido. "No es suficiente decir que la temperatura subirá dos o tres grados. Eso es irrelevante para nosotros como expertos del agua porque necesitaríamos pensar en acontecimientos extremos que no somos capaces de predecir", añadió, para concluir: "No hay nada que científicamente concluya que el clima está cambiando. Más bien hay que fijarse en el cambio sobre el agua".


* El Periódico Aragón - 28.02.11
Foto: Águilas (Murcia), bahía del hornillo - greenpeace 2006

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El Consell ha pagado 6,6 millones de euros a Calatrava por proyectos no ejecutados

LEVANTE/Valencia* : El arquitecto valenciano Santiago Calatrava ha sido imputado en el "caso Palma Arena" que instruye el juez José Castro en un juzgado de Palma de Mallorca, por haber realizado, por encargo del ex presidente del Govern, Jaume Matas, un anteproyecto para la construcción de la ópera de Palma, que nunca llegó a construirse. El juez tiene indicios racionales de que el arquitecto de Benimàmet "pudiera haber resultado ilícitamente favorecido al ser administrador de la empresa que desarrolló la redacción y presentación de un anteproyecto para la construcción de un edificio emblemático destinado a las artes escénicas". El anteproyecto de la ópera de Palma costó 1,2 millones de euros al ejecutivo balear pero no se ejecutó debido a una prohibición de la Junta Electoral en 2007, ya que se pretendía presentar poco antes de las elecciones.

En la Comunitat Valenciana existen tres casos similares a lo sucedido en la ópera de Palma. El arquitecto ha cobrado un mínimo de 6,6 millones de euros durante la última década por tres proyectos que le encargó directamente la Generalitat pero que no han llegado a ejecutarse, según ha constatado el Síndic de Comptes en los informes de los últimos años. La cifra podría ser más elevada ya que por el anteproyecto y el proyecto de construcción de los tres rascacielos previstos junto a la Ciudad de las Artes el Consell pactó con el arquitecto que le abonaría 15 millones de euros. Si los ha llegado a cobrar es una información que la Generalitat escatima a la opinión pública y a los diputados de la oposición.
El PSPV ha solicitado en numerosas ocasiones el acceso a los expedientes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, pero se le ha denegado con excusas de "confidencialidad", el secreto profesional con el arquitecto o la voluminosidad de los expedientes. La coordinadora y diputada de EU en Les Corts, Marga Sanz, aseguró ayer que "la única diferencia con Palma es que un juez investiga los millonarios pagos al arquitecto, mientras que aquí la Generalitat continua encargando proyectos cada vez más delirantes al arquitecto". La diputada de EU censura "el modus operandi" del arquitecto valenciano y del PP, que en Palma de Mallorca está siendo investigada por un juez y en la C. Valenciana se reproduce "con los fantasmagóricos proyectos" del president de la Generalitat,. EU también pidió ayer que se investigue el cobro de 600.000 euros por Calatrava para el proyecto del puerto de Torrevieja que tampoco se construyó.


* Levante - 1.03.11
Foto: Valencia, el Ágora de Calatrava por dentro - levante

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Arca dice que "el tiempo" les ha dado "la razón" cuando decían que "Mazón no tenía intención de aprobar el PROT"

20MINUTOS/Cantabria* : La Asociación Ecologista Arca ha manifestado que "el tiempo" les ha dado "la razón" cuando decían que el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanimo del Gobierno regional, José María Mazón, "no tenía la menor intención de aprobar el Plan Regional de Ordenación del Territorio (PROT) durante esta legislatura". Por ello, Arca reclama que el consejero "asuma responsabilidades por sus reiterados engaños a los cántabros". En un comunicado, la asociación recuerda que Mazón anunció en octubre de 2008, ante el Consejo de Ordenación del Territorio, que iba a iniciar la tramitación del PROT en el primer trimestre de 2009.

Ya en 2009 y ante el mismo foro, el consejero anunció que la aprobación inicial del PROT se haría a comienzos del año siguiente y en marzo de 2010 declaró públicamente que el PROT se daría a conocer antes del verano de ese mismo año.

Frente a cada una de estos anuncios, Arca respondió que eran "falsos" y que "Mazón no tenía la menor intención de aprobar el PROT durante la presente legislatura, tal y como se ha ido demostrando con el paso del tiempo", recalcan.

Esta posición "tan rotunda" de Arca se fundamenta en que el consejero es "contrario a cualquier medida que sirva para frenar el modelo de especulación urbanística que padece Cantabria", y por eso, según manifiesta la asociación, ha orientado su acción política a "recortar las medidas de control establecidas en las Normas Urbanísticas Regionales (NUR) y en el Plan de Ordenación del Litoral (POL), además de impulsar modificaciones de la Ley del Suelo para entorpecer la ejecución de las sentencias judiciales, aumentar las competencias urbanísticas de los alcaldes y convertir las cabañas en segundas residencias". PROT

La Ley del Suelo de 2001 imponía al Gobierno el plazo de un año para aprobar el PROT y definía como su función "identificar las pautas generales del desarrollo de la Comunidad Autónoma, fijar las directrices para la ordenación del territorio y establecer las prioridades de la acción económica gubernamental en el ámbito de las infraestructuras".

El PROT es, por tanto, una "pieza fundamental" para el desarrollo sostenible de Cantabria, según destaca Arca, que recuerda que durante la legislatura 2003-2007 los técnicos de la Consejería, que entonces dirigía Vicente Mediavilla, "hicieron un gran esfuerzo para poder iniciar su tramitación al comienzo de la legislatura 2007-2011".

Sin embargo, lamenta que "la llegada de Mazón al frente de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha supuesto un frenazo radical e injustificado al PROT, y una involución en la prevalencia de los criterios técnicos frente a los políticos que había dispuesto su predecesor Vicente Mediavilla".


* 20 Minutos - 28.02.11
Foto: Cantabria, logo Arca - 20minutos

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El alcalde de Tui votó el plan general cuando debió abstenerse

ELPAÍS/Pontevedra* : El plan general de urbanismo de Tui no fue sometido a exposición pública después de ser modificado, su aprobación contradice los propios actos de la Consellería do Territorio, incumple orientaciones anteriores del mismo departamento en lo relativo a suelo urbano (incrementando edificabilidades que benefician directamente al grupo inmobiliario del alcalde) y fue votado por el regidor, Antonio Feliciano Fernández Rocha, y su yerno de hecho, Moisés Rodríguez Pérez, cuando sus intereses directos en el grupo inmobiliario les obligaban a abstenerse y esto, subsiguientemente, hubiera permitido aprobar enmiendas que, con sus votos, fueron rechazadas.

La asociación social y cultural Arcebispo Lago de Tui desarrolla esas alegaciones en el recurso de reposición que dirigió ayer a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras con el objetivo de anular la orden de aprobación del plan general de esta consellería -hace un mes, con notificación personal en Tui de su titular, Agustín Hernández, incluida- ya que, de llevarse a cabo actuaciones "en base a un planeamiento claramente ilegal, existirían evidentes perjuicios de imposible o difícil reparación".

La Lei de Ordenación Urbanística de Galicia (Louga) establece que ha de abrirse nuevo trámite de información pública cuando el pleno municipal, en la aprobación provisional del plan general, introduzca "modificaciones que signifiquen un cambio sustancial del documento inicialmente aprobado". Eso ocurrió en Tui y no haber sometido el plan a exposición pública tras su aprobación por el pleno convierte su aprobación por la Xunta, según Arcebispo Lago, en "acto nulo de pleno derecho".

Los informes de 2004 y 2007 de la misma consellería señalaron "graves deficiencias e ilegalidades" -reservas de suelo para zonas verdes y dotaciones, reclasificaciones de suelo, estrechez de nuevas calles- que, sin embargo, sin ser corregidas, son convalidadas por la aprobación del mes pasado. Las alturas previstas en varias calles del casco urbano "no son coherentes con las tipologías y alturas de las edificaciones características de esas calles", dice la asociación, y el "injustificado incremento de la edificabilidad" beneficia directamente al grupo inmobiliario del alcalde. Las enmiendas en este apartado presentadas al pleno por la oposición (ocho votos) fueron rechazadas por nueve votos, incluidos los del alcalde y Moisés Rodríguez, "que tenían la obligación de abstenerse".

Las contradicciones son manifiestas también en relación con el conjunto etnográfico de la finca Patazumba, añade Arcebispo Lago, ya que se aprueba para ese ámbito un planeamiento "radicalmente incompatible con la protección acordada por la Dirección Xeral de Patrimonio" y por la propia consellería en la orden de aprobación del plan, lo que resuelve "imposible" su contenido, además de estar pendiente dicho ámbito de un procedimiento penal por obras realizadas en él por empresas del alcalde.



* El País - 1.03.11
Foto: Tui (Pontevedra), desembocadura Miño - pueblos-espana.org

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¿Y que tal vender el Colegio de Arquitectos a un alemán?

MALLORCADIARIO/Palma* : Los arquitectos, colectivamente, se han convertido en una especie de conciencia social de Mallorca. No han arreglado nada; no han conseguido introducir la menor seriedad en nuestro urbanismo; no han logrado que los criterios que se aplican sean más trasparentes, pero nos han dado mil lecciones de cómo debemos hacer las cosas, mientras individualmente firmaban lo que hiciera falta. No hay un solo proyecto, incluso ilegal, que no haya sido visto por ellos, con la correspondiente factura. Pero eso nunca impidió su voz crítica, más allá del bien y del mal.

Ahora están sin dinero. Y ahora es cuando se plantean vender su sede. No está mal, como símbolo de nuestra sociedad. La imagen se cerraría si vendieran a un alemán, para que pongan una tienda de delicatessen.


* Mallorca Diario - 28.02.11
Foto: Palma de Mallorca, texto a Gerencia Urbanismo - diariodemallorca.es

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