Las estaciones fantasma del AVE

PÚBLICO/Reportaje* : El AVE, considerado por muchos la joya de los transportes en España, también tiene sus máculas. En concreto, seis, que se corresponden con cada una de las estaciones de la red de alta velocidad que durante 2010 recibieron una media de viajeros y visitantes inferior a las 700 personas al día para todas las líneas que pasan por ellas, pese a que su puesta en servicio supuso en su momento inversiones millonarias. Así se recoge en las estadísticas facilitadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), responsable de estas instalaciones. Según estos datos, Tardienta (Huesca), Guadalajara-Yebes, Puente Genil-Herrera(Córdoba), Antequera-SantaAna (Málaga), Huesca y Calatayud (Zaragoza) son, por este orden, las estaciones menos utilizadas, casi fantasmas, de las 20 que componían la red hasta el pasado mes de diciembre, cuando se inauguraron las cuatro de la línea Madrid-Valencia. Entre las seis, el año pasado sumaron sólo 750.000 usuarios, del total de 63.715.000 personas que recibieron las estaciones de alta velocidad. Son cifras muy alejadas de las que arrojan, por ejemplo, la de Madrid-Puerta de Atocha, que superó los 15 millones de usuarios en 2010 sin contar Cercanías, o Barcelona-Sants, con 13 millones.

El caso más llamativo es, sin duda, el de Tardienta, una pequeña localidad a menos de 25 kilómetros de Huesca que hasta hace unos años era un importante nudo ferroviario y que el año pasado sólo aportó 20.000 usuarios a las estadísticas de ADIF. Renfe dice desconocer cuántos de ellos, exactamente, utilizaron los dos AVE que a diario paran en este pueblo amparándose en que no tienen cifras de viajeros detalladas por estaciones. Sus habitantes aseguran que son "muy pocos".
Inversión millonaria

La de Tardienta está en un ramal de la línea que une Madrid con Barcelona y que, a la altura de Zaragoza, se desvía para alcanzar Huesca. Sólo la construcción de ese tramo, de 80 kilómetros, donde además el AVE queda lejos de poder alcanzar su máxima velocidad por motivos técnicos y de seguridad, costó en 2003 más de 221 millones de euros. Además, las cifras de explotación que arroja este tramo son sensiblemente peores a los del resto de la red. En 2009, el director general de Alta Velocidad de Renfe, Abelardo Carrillo, reconoció que de las 231 plazas que se ofertaban en cada tren que cubría el trayecto entre Zaragoza y Huesca, sólo se ocupaban 15, un 6%.

En este ránking de estaciones fantasma, a Tardientale siguen Guadalajara-Yebes (con 80.000 usuarios en 2010), Puente Genil-Herrera (120.000), Antequera-SantaAna (130.000), Huesca(150.000 viajeros) y Calatayud (250.000).

Germà Bel, catedrático de economía en la Universitat de Barcelona y autor del libro España, capital París, donde se critica duramente el AVE, considera que estas cifras son la consecuencia de la "equivocada" política que dibujó el mapa de la alta velocidad española: "José María Aznar lo fijó el año 2000 en el Congreso, cuando anunció que todas las capitales de provincia, sin importar su población, estarían conectadas con Madrid gracias al AVE en menos de cuatro horas. El PSOE la ha continuado sin cuestionarla".

Según Bel, esta política ha provocado que España sea paradójicamente el segundo país del mundo, sólo por detrás China, con más kilómetros de alta velocidad, aunque con unas cifras de viajeros muy alejadas de las de otros países avanzados con una red más reducida: "En 2008, Francia tuvo 113 millones de pasajeros. Japón, cerca de 300 millones. España no llegó a los 20 millones".

El economista esgrime una de las siete estaciones fantasma, la de Guadalajara-Yebes, como ejemplo de "sinsentido". "Cuando se inauguró, sólo subían al AVE 15 personas al día. Tras completarse el trazado de la línea y llegar a Barcelona, la cifra sólo subió a 19 personas. Así no hayquien haga rentables estas instalaciones", concluye.

Tardienta
Alta velocidad para mil habitantes

En Tardienta (Huesca), a primera hora de la tarde los niños corretean sin miedo a los coches, los ancianos acuden ritualmente al centro social a echar la partida y los hombres se toman un café para hablar de las pocas novedades del día. "¿Que por qué pusieron aquí una estación del AVE?". Alfredo se encoge de hombros y mira al dueño del bar, Gregorio, a ver si él sabe la respuesta. Tampoco. "La verdad es que aquí no viene nadie y los del pueblo lo utilizamos muy poco. Bueno, alguna vez para hacer una escapada a Madrid. En dos horas te plantas en la capital", termina sonriendo.

Con poco más de mil habitantes, Tardienta tiene varios récords entre las localidades que cuentan con estación de alta velocidad. El primero, el de ser el pueblo más pequeño
que acoge una. El segundo, ser la localidad a menor distancia de otra parada, ya que está a 21,2 kilómetros de Huesca. El tercero, estar en el tramo por donde más lento va el AVE, sólo a 160 kilómetros por hora. Y el cuarto, ser la estación con menos usuarios.

Según los datos de ADIF, en 2010 sólo 20.000 personas usaron esta estación. Es decir, 54 cada día. Y ello a pesar de que allí paran cada día 22 trenes. Sólo dos son AVE y, como destacan los lugareños, son los que menos se utilizan. "Entre semana, pueden subir o bajar un pasajero, dos o ninguno. En fin de semana, algo más", confirma un empleado de la estación mientras anota en el libro de registro el paso de un mercancías rumbo a Huesca.

Y así llevan desde que se inauguró este tramo de alta velocidad el 23 de diciembre de 2003. "La vía, ¿eh?, que la estación es la misma que había antes", destaca César, uno de los jóvenes de la localidad, antes de recalcar que si no se utiliza más el AVE es por su precio: "Ir a Zaragoza en AVE [a 60 kilómetros], cuesta casi el doble que ir en cualquiera de los otros trenes que pasan y sólo ganas ocho minutos".

De aquel día de 2003, en el pueblo aún recuerdan cómo el entonces ministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, celebró el acto oficial en una localidad cercana gobernada por el PP. A Tardienta, feudo socialista, sólo fue a descubrir la placa de la estación que da fe de que por allí pasa la línea del AVE. Mari Luz Abadía, la alcaldesa, tampoco sabe por qué Tardienta fue elegida, pero dice que luchará para que el tren siga parando allí. "¿Que si ha aumentado la población? El año pasado hubo cinco bautizos y 21 funerales", resume gráficamente. Si se le pregunta por otra de las consecuencias del efecto AVE, la especulación inmobiliaria, se ríe. "Aquí no ha habido nada de eso".

Su compañero en el Ayuntamiento, José Barba, de la Chunta Aragonesista, cree intuir en motivos técnicos el porqué de la parada: "En este tramo, el tren reduce la velocidad a 40 kilómetros por hora por motivos de seguridad. Ya les daba lo mismo que parase".

Guadalajara-Yebes
La larga sombra de la especulación

Hace poco más de 20 minutos que el AVE ha iniciado su viaje en Madrid cuando efectúa su primera parada. Luis, que va a Barcelona, mira sorprendido por la ventanilla:
"Esto es un erial. ¿A quién se le puede haber ocurrido poner una estación aquí?" Guadalajara-Yebes fue casi desde el principio la estación más polémica de la línea de alta velocidad.

Alejada una decena de kilómetros de la capital de la provincia a la que supuestamente daba servicio fue construida en terrenos del término municipal de Yebes, un pueblo de poco más de 300 habitantes que de la noche a la mañana vio cómo comenzaban a levantarse decenas de promociones urbanísticas que iban a obrar el milagro de multiplicar su población por cien. Un pelotazo urbanístico en el que el principal favorecido resultó ser Fernando Ramírez de Haro, esposo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, del mismo partido, el PP, que entonces estaba en el Gobierno que tomó la decisión de su ubicación.

Sin embargo, aquella ciudad surgida de la nada, bautizada como Valdeluz, ha quedado finalmente en un puñado de edificios repletos de carteles de "se alquila" y "se vende", y promotoras que en plena crisis del ladrillo ofrecen pisos low cost en su publicidad. Así, de las 34.000 personas que allí iban a vivir, en la actualidad sólo lo hacen 2.000. Si se les pregunta a ellos por el futuro del lugar, todos se esfuerzan en mostrarse optimistas, pese a que sólo cuentan con un taxi, un bar, un restaurante, un supermercado, un bazar... todo en singular.

El pinchazo de Valdeluz tiene su reflejo en la estación, pese a que cada día paran allí 11 trenes AVE. En el frío edificio de hormigón, tres máquinas de refrescos y aperitivos hacen la función de la inexistente cafetería. La grietas recorren de arriba abajo la pequeña sala de espera, casi siempre en penumbra. Y casi todos los carros para trasladar el equipaje permanecen a la puerta inamovibles durante todo el día. No es extraño si se tiene en cuenta que es la segunda estación AVE menos utilizada, según los datos de ADIF: 80.000 personas acudieron a ella en un año: 219 al día.

"Con los 25 euros que te cuesta ir y volver a Madrid, pocos aquí lo cogen. Prefieren ir en coche", destaca Laura, la joven propietaria de la única peluquería de Valdeluz. De la misma opinión es el alcalde de Yebes, José Antonio Hernández (PP): "Está claro que a Renfe no le interesa que la gente de Guadalajara lo tome. Les sale más rentable ocupar las plazas con viajeros que hagan el trayecto hasta Zaragoza o Barcelona". Poco antes de las nueve de la noche para el último AVE con destino Madrid: cuando llega, en el andén esperan sólo cinco personas para subirse. No se baja ninguna.

Puente Genil-Herrera
Un islote solitario en Andalucía

ÁNGEL MUNÁRRIZ

La estación emerge con su aparatoso despliegue de formas puntiagudas en medio del llano. Diseño moderno junto a los olivos. En el aparcamiento, para 250 plazas, hay 19 coches. Alrededor de la estación sólo hay campo delimitado a la espera de que las empresas se decidan a instalarse. Puede oírse los pájaros trinar. El restaurante Los Cortijos, junto a la estación, lleva "ocho meses cerrado", cuenta su dueño, Vicente Quesada: "Durante las obras venían los obreros. Ahora, nadie. A la estación vienen pocos y con el tiempo justo".

Y eso que Vicente no tiene competencia. En la estación no hay cafetería. El único local comercial ocupado, el Rent a Car Genil, está cerrado. El suelo de la estación luce tan brillante que parece por estrenar. Huele a limpio. Las papeleras están vacías. Son las 10.00 y, aparte de los empleados, sólo hay un señor que pregunta precios en la zona de taquilla. Lo atiende directamente el jefe de estación.

120.000 usuarios -no necesariamente viajeros- pasaron en 2010 por la estación, donde paran cinco AVE Madrid-Málaga, otros cinco Málaga-Madrid, siete Avant Sevilla-
Córdoba-Málaga y seis en sentido inverso. 328 usuarios de media para 23 trenes diarios. La estación, licitada a finales de 2004, fue adjudicada a la constructora malagueña Sando por 7,2 millones de euros. Funciona desde diciembre de 2006.

Tras su discreta hora punta al filo de las 7.00, cuando sale el primer AVE, la estación pasa varias horas vacía. "Vendrá más gente cuando haya AVE Sevilla-Málaga, que pasará por aquí", cree Antonio, gerente de un plan turístico de la Junta, que suele viajar a Madrid. La futura unión Sevilla - Málaga con una vía que se prolongue hacia la Andalucía oriental dará previsiblemente más vida a la estación.

Antonio espera para recoger a una viajera que llega en el Avant a las 13.48. Desde las 13.30 está llegando gente con cuentagotas. Uno de ellos es un padre con su hija, de 18 años, estudiante en Málaga. La estación es cómoda para los universitarios de la zona que estudian en Madrid, Córdoba o Málaga. "El problema es que no hay alternativas. Quitaron los Talgo a Madrid desde la estación antigua", dice Antonio, el gerente turístico.

Ocho personas toman el Avant. Casi una hora después, a las 14.42, seis cogen el AVE a Madrid. Fernando, ingeniero agrónomo de Estepa, es un habitual. Pero lo de María del Mar, de Puente Genil, es un viaje personal excepcional. "Sólo cojo el AVE en verano, por la playa", sonríe. Mónica, que la ha llevado en su coche, lamenta que no haya servicio de autobús y que el aparcamiento sea de pago. "¡Si estamos rodeados de campo!", lamenta. Sale el AVE a Málaga y cinco minutos después llega otro desde Madrid. Se bajan cuatro personas.


* Público - 27.02.11
Foto: Un reducido número de pasajeros se dispone a subir al AVE en Puente Genil el pasado miércoles.- público

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Las daciones en pago se imponen como alternativa a los desahucios

LAVERDAD/Murcia* : Unas cinco mil familias fueron desahuciadas por no poder pagar la hipoteca el año pasado en la Región. Y muchas de ellas continuaron endeudadas pese al drama de perder la casa dado que las subastas de inmuebles se resuelven, cuando no hay otras ofertas, lo que no es infrecuente, con la adquisición de la vivienda por parte de la entidad financiera acreedora por la mitad del valor de tasación, generalmente escriturado por debajo del precio de mercado. El resultado es la sensación de doble injusticia que sienten los cada vez más numerosos afectados. En Murcia, la segunda comunidad con una mayor ratio de desahucios con habitante, la presión e incipiente organización de los hipotecados está extendiendo la aceptación por parte de bancos y cajas de ahorros de fórmulas alternativas al desahucio. La más reclamada, cuando no hay posibilidad de pagar las letras ni a largo plazo, es la dación en pago, por la que se entrega la vivienda a cambio de la extinción total o parcial de la deuda.

En España, las entidades financieras no están obligadas a aceptar la propiedad de los inmuebles a cambio de cancelar el préstamo, como sí ocurre en otros países como EE UU. Mañana el Congreso debatirá una moción en este sentido de ERC, después de que la semana pasada PSOE y PP sumaran sus votos contra la propuesta de IU-ICV de cambiar la ley hipotecaria, argumentando que invadía competencias autonómicas. La Federación Española de Municipios y Provincias apoya impulsar la dación en pago.
Una alternativa que exigen las plataformas de 'afectados por la hipoteca' que reúnen a decenas de potenciales desahuciados. Su portavoz regional, Pepe Coy, asegura que el Congreso va por detrás de la sociedad: «Están habiendo muchísimas daciones en pago, cuando se pilla a tiempo el problema de insolvencia». Coy tiene fechada para junio la subasta de su hogar y ha solicitado un aplazamiento, pero advierte de que «de mi casa sólo me sacarán en camilla».
«Sin cambio legal, lo importante es negociar», tal y como resume Juana Pérez, presidenta de Thader Consumo, una organización de consumidores que ha ayudado a media docena de familias a conseguir desprenderse de la hipoteca. Familias como las de Abdelmalek Dahhioui, un marroquí afincado en Cartagena que, tras mucho pelear consiguió gracias a los asesores y abogados de Thader que su caja aceptara la dación en pago.
«En principio sólo quería rebajar la cuota, pero me amenazaron con desahuciarme», relata Abdelmalek, quien tras cinco años pagando una vivienda en el barrio de San Antón aún debía 82.000 euros y pagaba en torno a 500 euros de letra. Tras entregar la casa vive de alquiler por 300 euros, que «de momento» sí puede pagar pese a estar en paro, con su mujer y sus dos hijo pequeños.
Muchos de los hipotecados que han conseguido las daciones en pago son inmigrantes. Entre las razones, que fueron los primeros en perder el trabajo con la llegada de la crisis y apenas cuentan con redes familiares en las que apoyarse, pero también su menor pudor a la hora de buscar ayuda para sus problemas de solvencia y el que los bancos saben que si vuelven a sus países de origen los procedimientos para reclamar las deudas pendientes serían mucho más costosos. Sin embargo, muchos de ellos solicitan quedarse como inquilinos con opción a compra en el inmueble entregado, muestra de su voluntad de mantener en España sus proyectos de vida.
Con todo, desde Thader recuerdan que la dación en pago no es la única alternativa, dado que el incremento de patrimonio no es precisamente el objetivo de las entidades financieras. Si se confía en recuperar la solvencia, Juana Pérez sugiere revisar las condiciones del préstamo mientras que desaconseja presentar la quiebra familiar, dado que genera costas y «sólo libera durante un año de la hipoteca».
La federación de consumidores recomienda escriturar ante notario en caso de entregar la vivienda y asegurarse de salir del registro de morosos y de no asumir ni intereses ni costas, así como recuerda que la dación en pago se formaliza como compra-venta y por tanto genera una plusvalía para quien hace el 'negocio' de perder la casa. Una última trampa de la legislación, que grava con un 18% la diferencia entre la deuda cancelada y la tasación del inmueble, y por la que se han llegado a pagar 4.000 euros, según relata escandalizado Coy.

CONSEJOS ÚTILES

-Plazos para no entrar en mora. Generalmente, con tres cuotas de hipoteca sin pagar se genera mora. Hay que ponerse en contacto con el banco para activar los periodos de carencia que algunas escrituras contemplan o aplazar los pagos al final de anualidad si se espera poder recuperar la solvencia.
-Cómo rescatar la hipoteca. Aunque el banco ejecute la hipoteca ante el juzgado por impago, se puede enervar la acción pagando las cuotas pendientes.
-Revisar las condiciones. Cabe la posibilidad, negociando, de refinanciar la deuda o realizar una novación de las condiciones para hacer más llevadera la letra. Por ejemplo, deshaciéndose de otros servicios financieros asociados a la hipoteca.
-Dación en pago. Puede ser completa o parcial (si se mantiene una parte de la deuda). No implica automáticamente salir del registro de morosos y liberarse de costas e intereses. Al formalizarse como compraventa genera una plusvalía para el hipotecado que entrega su vivienda. Puede recurrirse ante Hacienda.


* La Verdad - 28.02.11
Foto: Hipotecas - elmundo.es

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El 'patinazo' estatal de la ayuda al alquiler

ELMUNDO* : 18 de septiembre de 2007. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y la entonces ministra de Vivienda, Carme Chacón, convocaban apresuradamente a los medios en el Palacio de la Moncloa para anunciar a bombo y platillo el nacimiento de la Renta Básica de Emancipación, ayuda al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes. Casi tres años después, esta iniciativa camina muy lejos de los objetivos marcados y su gestión ha sido, y sigue siendo, todo un camino de espinas tanto para los adjudicatarios de la subvención como para el Ministerio de Vivienda, ahora dirigido por Beatriz Corredor. Los números y las noticias que ha arrojado la RBE desde prácticamente su lanzamiento público el 2 de enero de 2008 hablan por sí solos. Ese mismo día, el Ministerio de Vivienda de Chacón, que asistió 'in situ' al pistoletazo de salida de la iniciativa, informó a través de una nota de prensa que este departamento estimaba que 360.000 jóvenes se beneficiarían de la ayuda sólo durante 2008.

A día 30 de junio de 2010, y según datos oficiales acumulados, sólo 213.257 han disfrutado de la RBE durante sus dos años y medio de vida. Esta cifra, además, refleja el número total de expedientes (hay jóvenes que han cobrado la renta en más de una ocasión por cambio de vivienda u otras circunstancias).

Evidentemente, tras esta estimación del Gobierno también había presupuestado un gasto. En septiembre de 2007, Zapatero y Chacón hablaron de un desembolso de 436,5 millones de euros al año para la ayuda de 210 euros al alquiler. Esta previsión, en la misma línea que el número de beneficiarios, también fue demasiado optimista: ni en dos años se alcanzó dicha cifra. Así, el 31 de diciembre de 2009 ascendía a 390,3 millones.

Ha sido en 2010 cuando parece que el ritmo de la RBE ha aumentado ya que el gasto en esta partida ha engordado hasta los 490,9 millones (480,4 destinados al abono de las mensualidades). Calculadora en mano, y basándonos en un incremento de costes de 30 millones al mes para las arcas de Vivienda, actualmente, alrededor de 150.000 jóvenes estarían recibiendo los 210 euros.

Pero más allá de los números, que dejan en evidencia al Ejecutivo, quizá lo más preocupante han sido los innumerables contratiempos a los que se ha tenido que enfrentar la RBE durante su corta vida. Estos ponen de manifiesto la falta de previsión y constatan que la iniciativa se fraguó atropelladamente.

Primero fue la batalla entre el Ministerio de Vivienda y la Comunidad de Madrid por los problemas informáticos -también con otras CCAA-, luego vino la necesidad 'olvidada' de presentar el certificado de haberes, más tarde la falta de control de las deudas de los jóvenes, después la traba de los ex inquilinos RBE, la utilización privada de una ayuda pública, la obligación de los mileuristas que la percibían a hacer la Declaración de la Renta por los 210 euros -que dejaban de serlo-, un error de la web del Ministerio dio acceso a los datos personales de los beneficiarios, jóvenes que cobraban la ayuda sin tener derecho a ella y que tendrán que reintegrar con intereses de demora, etc.

Todos estos imprevistos se han traducido en un 'vía crucis' de retrasos en los pagos -por los que incluso la actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha pedido disculpas- que han superado en ocasiones los dos años. La falta de información ha sido, como ha indicado el Defensor del Pueblo -que ha recibido una cascada de quejas al respecto-, el gran lastre de la RBE durante este periodo. Una falta de información que se ha plasmado recientemente en el desconocimiento por parte de los jóvenes de solicitar junto a sus pagos retrasados el desembolso de intereses, al que está obligado por ley el Gobierno.

Corredor, que tomó el relevo de Chacón en abril de 2008 -apenas cuatro meses después del nacimiento de la RBE-, ha tenido que cargar con esta herencia de despropósitos en la que se ha convertido, por momentos, la RBE. Consciente de todos los problemas que conllevaba, Corredor trató de reconducir la ayuda estatal al alquiler e impulsó un nuevo Real Decreto, que modificaba el de 2007, para agilizar su gestión en abril de 2009. Una acertada decisión que sirvió para aminorar de polémicas a la RBE, pero no la despojó por completo, sobre todo, de las futuras.

En una entrevista reciente concedida por la ministra a SU VIVIENDA, la ministra reconoció que se trata de "una operación compleja y que sobre la marcha se han ido viendo cosas que se podían mejorar". "Desde su entrada en vigor, hemos tomado muchas medidas para reforzarla, agilizando los pagos y mejorando el sistema de información de los jóvenes (portal para beneficiarios PIBE). Todos estamos haciendo el esfuerzo para que sea lo más ágil posible. Además, si hay problemas, el beneficiario siempre cobra con carácter retroactivo", apuntaba la ministra. Ésta, al ser preguntada por si creía que quizá se gestó de forma precipitada, se limitó a responder: "Yo no estaba ahí".

Respecto al futuro de la RBE, éste parece más que incierto una vez que cumpla cuatro años. Según el Real Decreto de 2007 que la regula, "esta medida tiene carácter coyuntural y su mantenimiento o configuración están supeditados a la valoración periódica de su eficacia para lograr los objetivos para los que ha sido concebida". En el mismo texto, se apunta que "transcurridos cuatro años desde la entrada en vigor, se evaluará por el Gobierno y por las CCAA en Conferencia Sectorial, la continuidad de las ayuda".

Todo apunta, en este marco de crisis y recortes, a su desaparición a finales de 2011, aunque el presidente del Gobierno, amante del alquiler, la tiene muy presente y siempre que puede aprovecha para ensalzarla. Además, en contra de lo ocurrido con el 'cheque-bebé', la RBE ha salido, como casi el 100% de la partida de Vivienda, indemne del Plan de Austeridad anunciado por Zapatero.



* El Mundo - 20.07.10
Foto: Se alquila - elmundo.es

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'Baleares SA': la corrupción afecta a decenas de exdirigentes de UM, PP y PSOE

ELPAÍS* : Los casos por supuesta corrupción que se investigan en los juzgados de Baleares afectan a decenas de ex cargos públicos y empresarios. Figuran, junto a los exmandatarios Jaume Matas y María Antònia Munar, personas como el decorador de él y la esteticista de ella. También el gerente de la Funeraria de Palma, empresarios de recogidas de basuras, y hasta una cantante de ópera.
- PP. Con el 43% de los votos en las islas, más de dos décadas en el poder y unos 20.000 militantes, al PP le atañen una decena de causas abiertas, desde el caso Andratx (70 piezas penales distintas) hasta el caso Palma Arena (con 25 causas separadas). Medio centenar de excargos y exmilitantes del PP están imputados, entre ellos dos expresidentes autonómicos (Jaume Matas y su mentor, el histórico Gabriel Cañellas, que cayó en 1995 por un escándalo de cobro de comisiones), así como cuatro exconsejeros: Juan Flaquer, José Juan Cardona, Francisco Fiol y Luis Ramis de Ayreflor. En la cárcel cumplen condena el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, y el ex número dos de Palma, Rodrigo de Santos.

- PSOE. Los socialistas arrastran la imputación del presidente de Ibiza Xico Tarrés y del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Agustinet por una causa abierta en 2007.

- Unió Mallorquina. Alrededor de UM, partido bisagra que ha decidido Gobiernos en Baleares durante dos décadas, flotan más de seis causas por supuesta corrupción que afectan a sus tres exlíderes: la expresidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, el exconsejero balear Miquel Nadal y el exconsejero de Mallorca Miquel Àngel Flaquer. Condenado en prisión está Tomeu Vicens, ex secretario general de UM. Además están imputados los exconsejeros autonómicos Xisco Buils, Miquel Àngel Grimalt y Mateu Cañellas. También se investiga a cuatro exalcaldes, dos exconsejeros insulares y el excontable del partido.



* El País - 26.02.11
Foto: Baleares, fotos de Matas y Munar - elplural.com

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El asunto del ladrillo viene de viejo

XOSÉ A.PEROZO/Galicia* : Aunque Cicerón era un convencido partidario de la república como mejor forma de gobierno, no tuvo inconveniente en recriminarle a César las prácticas de los senadores. Según él, la especulación urbanística que utilizaban los padres de la patria para enriquecerse acrecentaba el descontento del pueblo, acabaría con la economía y daría al traste con el poder de Roma, ya fuera república o dictadura. Como se ve, el asunto del ladrillo viene de viejo. En España, además, especialmente desde el poderío administrativo del duque de Lerma, valido de Felipe III, las tramas urbanísticas y el ansia por levantar mansiones son un mal endémico que no cesa. A ello hay que sumar la tradición inamovible que todo vecino, víctima propiciatoria, tiene por poseer un suelo con techo propio. No es de extrañar, por tanto, que la principal fuente de ingresos para la administración municipal sean, desde Roma, las licencias para construir y que a su sombra crezcan los hongos de la especulación y de la corrupción.

Tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, los más incautos pensamos que había llegado el final del turbio negocio milenario. Pero no. Quienes saben del asunto están ahí, al acecho, esperando que el péndulo vuelva a donde solía. No hay más que ver el afán de algunos promotores inmobiliarios por alcanzar alcaldías, escaños en los municipios o puestos en la administración autonómica. Hace unas semanas la Xunta avalaba el nombramiento como jefe de urbanismo en la provincia de Pontevedra de un señor que trabajó para catorce empresas constructoras. En el Val Miñor, donde las tramas corruptas aún no se han aclarado del todo, el PPdeG no tiene inconveniente, junto a Tui, Pontevedra capital o Santiago, en presentar a promotores en activo o a quienes perdieron su fortuna y negocio en plena gloria especulativa. Los ejemplos en las filas conservadoras van desde las grandes ciudades a las aldeas más remotas.

Hay que suponer inocencia a todo el mundo, pero del mismo modo que criminalizamos a los tránsfugas por presuntos intereses ocultos, ante quienes han trabajado o trabajan en la especulación del ladrillo deberíamos tener una cautela similar para que, cuando salgamos de la crisis, no entremos de nuevo en mismo corral, donde el zorro simulaba guardar a las gallinas, digo yo.


* Xornal - Opinión - 27.02.11

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Una firma vinculada al alcalde de Tui destroza un núcleo rural de Tomiño

ELPAÍS/Pontevedra* : Una promotora vinculada al alcalde de Tui, Antonio Feliciano Fernández Rocha (PP), destrozó de un plumazo casi 3.000 metros cuadrados de zonas verdes, otro tanto de dotaciones, 4.000 metros cuadrados de viario, zonas de aparcamiento, la construcción de las redes de abastecimiento y saneamiento, una depuradora y el 10% de aprovechamiento urbanístico que figuraban en un plan especial y el convenio que ella misma elaboró para un núcleo rural de Currás-Tomiño. Operó el cambiazo con el beneplácito municipal y la indiferencia de la Consellería de Política Territorial, que entonces (2004) dirigía Alberto Núñez Feijóo y que archivó las denuncias. La web del Grupo Provitui oferta ahora viviendas de esa urbanización, Pazo Devesa, con un simulador de hipotecas para los posibles compradores: "Pazo Devesa es una obra financiada por Banco de España y Caixa Galicia, con total flexibilidad en las condiciones de su hipoteca", dice, pese a que el supervisor financiero jamás entra en ese tipo de operaciones.

La flexibilidad edificando ilusiones -eslogan del grupo inmobiliario Provitui- ha devenido en marca de la casa Rocha.

Una resolución de José Luis Fernández Lorenzo, alcalde histórico del PP en Tomiño después de 24 años en el cargo, aprobó definitivamente en septiembre de 2003 el plan especial de Pazo Devesa y el convenio urbanístico llamado a aplicarlo. Myriam Buján Garrido, jurídica del Ayuntamiento de Tui para temas urbanísticos, actuó en el convenio como "abogada urbanista" de Promociones Pazo Devesa (Gesprovi de Tui desde 2005), una de las sociedades del grupo que administra José Luis Fernández Estévez, hijo del alcalde de Tui.

El plan especial y el convenio reconocían la "importancia paisajística y ambiental" de la finca matriz (21.458 metros cuadrados) y del entorno donde se aplicarían. La consolidación del núcleo rural era el objetivo del plan desde su propio enunciado, así como "la optimización de equipamientos y puesta en valor del entorno de San Martiño", iglesia parroquial de Currás. Era, por lo demás, lo que mandaban el plan general de Tomiño (2001) y la Lei do Solo. Pero todo quedó en agua de borrajas.

Unos meses después de su aprobación, el 30 de abril de 2004, Fernández Estévez, el hijo del alcalde de Tui, solicitó en Tomiño el desistimiento y archivo de todo lo actuado en relación con el plan especial y, al mismo tiempo, pidió la segregación de la mitad (10.700 metros) de la parcela matriz y de otras 17 en esa mitad para construir en ellas otras tantas viviendas unifamiliares. Fue su voluntad y nadie pidió más explicaciones. El cambiazo se ofició una semana después con los informes, ambos de fecha 6 de mayo, del arquitecto Pablo Rivas Caride, contratado por el Ayuntamiento de Tomiño, y otro de la administrativa Mónica Limeres, que el mismo 30 de abril había sido promovida a técnica de Xestión Urbanística y el 5 de mayo había tomado posesión de su plaza.

"Informado favorablemente por el técnico municipal por cumplimiento de las disposiciones urbanísticas vigentes, por la presente se informa de la conformidad de lo solicitado con la legalidad urbanística", certificó Limeres. Lo tuvo claro, aunque no era la doctrina del plan general para la zona -"la consolidación del núcleo rural", como admitía la propia promotora en su plan especial y convenio- ni la genérica de la normativa gallega.

Al arquitecto Rivas Caride le bastó, sin embargo, con lo que ya anunciaba Fernández Estévez en su petición de segregación: que "tanto la parcela matriz como las resultantes están en suelo de núcleo rural", por lo que era de aplicación -no se habían percatado antes- la ordenanza del plan general que establece que la superficie mínima para edificar en núcleo rural es de 600 metros cuadrados, "superficie que cumplen las parcelas resultantes tras la segregación". Efectivamente, hay ocho de 601 metros cuadrados y el total consume 10.509 metros. En los informes no hay ninguna otra argumentación ni fundamento legal del cambiazo.

El Ayuntamiento, con la firma de Mónica Limeres, empezó enseguida a expedir las licencias de construcción que solicitaba José Melero Currás, hijo del aparejador municipal de Tui, avaladas por otro arquitecto, Alberto Gómez Pérez, "en calidad de arquitecto asesor del Ayuntamiento de Tomiño" -también lo ha sido de Tui hasta hace unas semanas-. Y Pazo Devesa construyó las 17 viviendas "sin licencia ni cartel que identifique a los autores", según denunció en su momento Centristas de Tomiño (CdT).

Pazo Devesa/Gesprovi, cuyo capital social es de 6.000 euros, ha invertido unos tres millones en la urbanización, según estiman las fuentes consultadas por este periódico. Limeres autorizó las obras por "su conformidad con la legalidad urbanística, según los informes técnicos" de Alberto Gómez, que a su vez se ampara en los informes previos de Rivas Caride y Limeres que autorizaron la segregación. Añade Gómez en cada una de las licencias de obras que fue informando de que, "según se desprende de la documentación obrante en el expediente", la parcela dispone de abastecimiento de agua ("mediante conexión a un pozo con caudal suficiente para las condiciones sanitarias de la vivienda" en unos documentos y "mediante conexión a la red vecinal" en otros), resuelve el saneamiento mediante depuradora ("con la garantía de no contaminar el medio natural") y facilita el acceso rodado público (con un ancho incierto de 9,60 metros o de seis, según sea el documento de consulta).

Ninguno de esos extremos ha podido ser confirmado, por cuanto la promotora no ha solicitado licencia de primera ocupación -tampoco para las viviendas ya habitadas-, lo que permitiría comprobar la adecuación de la obra al proyecto. A las 17 viviendas iniciales se le sumaron luego cinco más gracias a la certificación municipal -de Mónica Limeres- de un camino público que, según los vecinos, siempre fue una servidumbre a una parcela privada. La impronta del núcleo rural a conservar está reventada, eso salta a la vista, y en lo que no se ve, todos los indicios apuntan a un suelo minado de fosas sépticas que, cuando menos, han contaminado la confianza vecinal en el agua de manantial que bebían.

La Xunta, con el conselleiro Feijóo como máxima autoridad urbanística y que por las mismas fechas negó aprobación al plan general de Tui por los desfases que trataba de colar el documento, fue más indulgente con esa actuación de Tomiño. José Luis Rodríguez Fernández, jefe de Urbanismo e Inspección Territorial, comprobó que las obras disponían de licencia y que se realizaban en suelo clasificado como núcleo rural, "por lo que el órgano competente para la adopción de las medidas para protección de la legalidad urbanística es la alcaldía". Así que en diciembre de 2004 archivó las denuncias y remitió a Medio Ambiente la "posible infracción ambiental", de la que nunca más se supo.
Arquitectos y funcionarias pasan ante el juez

Todos los proyectos técnicos de Pazo Devesa en Tomiño, del plan especial a los de obras, fueron realizados por la empresa OPV con la firma de los arquitectos José H. Melero Currás y Jorge González Herrero, socios de la empresa junto con sus padres, José María Melero -aparejador municipal de Tui y, hasta el año pasado, empadronado con su hijo en el Museo Diocesano de la villa- y Alfonso González, quien compartió con José Luis Fernández Estévez, el hijo del alcalde de Tui, la administración de otra sociedad -creada en 2006 y ya extinguida- domiciliada en la misma dirección de Vigo que OPV.

Desde el convenio urbanístico que elaboró como abogada de Pazo Devesa la jurídica municipal de Tui, Myriam Buján Garrido, el cambiazo del plan especial a la segregación y las licencias de obras lo ejecutó la administrativa Mónica Limeres -promovida a técnica de Xestión Urbanística de Tomiño el mismo día que Fernández Estévez solicitó la segregación y ahora funcionaria de clase A, con las mismas atribuciones pero mejor sueldo-, amparándose en los informes anodinos de los arquitectos Pablo Rivas Caride (la segregación) y Alberto Gómez López (las obras), en una suerte de círculo vicioso que obvia las referencias a importantes aspectos de la normativa urbanística a aplicar. Ambos arquitectos han estado contratados por el Ayuntamiento de Tui en épocas diversas, Gómez hasta hace unas semanas.

Catalina Echevarría, secretaria municipal de Tomiño, que también lo fue simultáneamente de Tui durante una temporada, tramitó los expedientes con su firma sin formular ninguna objeción: "Me retiraron las competencias en urbanismo", aduce.

La maquinación de Pazo Devesa, sin embargo, no pasó inadvertida. Ni sus efectos, que chocan con la ley gallega en aspectos como la tipología de las viviendas -en serie, cuando en núcleo rural no se permiten más de tres iguales-, el ancho de viales o el saneamiento. El Ayuntamiento y la Xunta archivaron las denuncias. Pero el pleitista Eulogio Abeleiras las llevó al fiscal y los responsables de la tramitación responden ahora en un juzgado de Tui como testigos o imputados.



* El País - 28.02.11
Foto: Tui(Pontevedra), vista Tomiño - mirinconenelmundogalicia

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El TSJA ordena que no se devuelva la ayuda del plan de grandes ciudades

ELDÍA/Córdoba* : La sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha estimado un recurso municipal y ha decido la anulación de la orden de la Consejería de Turismo de la Junta, dictada en 2009, por la que se reclamaba al Ayuntamiento el reingreso de la ayuda del plan de grandes ciudades, una iniciativa firmada en 1998 que se dedicó a la mejora de proyectos turísticos, como la Pérgola del Duque de Rivas, mejoras en el Paseo bajo del Alcázar, la restauración del Triunfo de San Rafael así como uno de los varios planes de señalización que el Consistorio ha puesto en marcha desde aquella fecha. El dinero no era moco de pavo, 200 millones de pesetas del año 98 de los que la Junta ponía el 50% y el Consistorio la otra mitad, liberados por el Partido Andalucista durante su paso por la Consejería de Turismo y Deportes.

Las obras de aquel plan turístico se convirtieron en un auténtico problema para la Gerencia de Urbanismo, en manos del PSOE, quien quiso hacer una serie de actuaciones caras con un dinero que, en realidad, se quedaba corto. La Junta asegura que el Consistorio acreditó dentro del plazo previsto poco más de 400.000 euros, por lo que le tocaría pagar 200.000 y los 600.000 que tuvo que entregar a lo largo de la vigencia del convenio. El letrado municipal ha intentado desmontar dicha teoría asegurando que la Gerencia de Urbanismo acreditó en tiempo y forma todas las obras así como que éstas costaron más de lo previsto, unos 60.000 euros más de lo que establecía el convenio.

No es esa la razón por la que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha decidido paralizar la reclamación de la cantidad. El argumento municipal que ha tenido éxito en la demanda es que la Junta le reclama al Consistorio que le devuelva el dinero cuando ya ha cumplido el plazo para ejercer el derecho de reembolso que se acompaña a toda concesión de subvenciones. La Junta intentó cobrar esa cantidad hace ya varios años, aunque terminó declarando la caducidad del expediente. Posteriormente, volvió a la carga para reclamar ese dinero. El retraso en la emisión de la orden de la Consejería, en 2009, se habría efectuado ya fuera de plazo, según la tesis de la sentencia.

El Consistorio tuvo que terminar el plan de grandes ciudades deprisa y corriendo, a principios e este siglo, porque la Junta ya daba muestras de incomodidad. Llegó a amenazar con no firmar el Plan de Excelencia Turística si no se aclaraban las inversiones realizadas en el primer proyecto.



* El Día de Córdoba - 26.02.11
Foto: Pérgola del Duque de Rivas, rehabilitada gracias al plan de grandes ciudades.- eldiadecordoba

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Derriban el balneario de Nazaret tras cinco años de rehabilitación

LASPROVINCIAS/Valencia* : Los vecinos de Nazaret no dan crédito a lo que ha pasado con el antiguo balneario, un edificio con fuerte simbolismo para el barrio, recuerdo de la playa desaparecida y que ha acogido una escuela taller en los últimos cinco años para su rehabilitación. El Ayuntamiento ha decidido derribarlo por completo, al aprobar un informe sobre el diseño inadecuado de pilares y cimentación del inmueble. Antes de la escuela taller, comentó ayer la secretaria de la coordinadora de entidades de Nazaret, Maite Biosca, una empresa ya estuvo trabajando en las tareas de «más calado porque la escuela no podía hacerlas». Una sucesión de errores, decisiones equivocadas o, por el contrario, un cambio radical en las condiciones requeridas al inmueble, sirvieron para «gastar un montón de dinero europeo para nada, al derribarse todo ahora».

La escuela cerró en junio del pasado año, dejando todo el material, utillaje e inmueble a merced del expolio. La Policía Local tuvo que desalojar incluso a unos okupas el verano pasado, recordó José Antonio Barba, de la asociación Nazaret Unido. El Consistorio adjudicó a la empresa Grupo Bertolín, con un presupuesto de 1.168.218 euros, la rehabilitación final del inmueble, para destinarlo a servicio público.
Esta inversión no se verá incrementada a pesar de que se construirá de nueva planta, precisaron fuentes de la concejalía de Urbanismo. Las obras ya han comenzado con el encofrado y cimientos de la planta baja, según se puede observar desde la calle Algemesí.
El balneario acogerá un museo de la huerta, una de las sedes de la Universidad Popular y un centro de juventud. En el entorno se sitúa el parque de Manuel Carboneres, comentó Barba, también en muy mal estado de conservación.
Se trata de la frontera de Nazaret con el puerto desde 1986, cuando se perdió la playa debido a la ampliación de los muelles. El antiguo balneario no tenía protección patrimonial, indicaron desde Urbanismo, por lo que no se ha recurrido a ningún permiso previo de la Generalitat por el derribo.
La Federación de Vecinos pedirá «responsabilidades, daños y perjuicios o lo que proceda por este derribo, incomprensible y que debe aclararse», aseguró Barba, miembro de la junta directiva. Este portavoz opinó que un problema añadido es que el edificio demolido «se encontraba por debajo de la cota de la calle, en un hoyo, por lo que pensamos que estaba en zona inundable». Ahora, el nuevo inmueble se construye a la misma altura que el jardín situado justo detrás.
El balneario sufrió muchos daños por la riada de 1957, pasando después una época de esplendor en las décadas de los años 60 y 70. La Autoridad Portuaria, comentó Barba, compró el edificio para utilizarlo como almacén, hasta que fue cedida al Ayuntamiento para un servicio público.
«Al lado había una nave, la de Covalma, que fue demolida. Como salió aluminosis, utilizaron parte de estos materiales para reformar el balneario», rememoró Barba sobre los primeros años de la rehabilitación, para insistir en que es necesario que el Ayuntamiento «aclare la razón de que haya pasado esto».
El entorno del balneario también fue objeto de un anteproyecto del puerto para construir una serie de edificios de oficinas, apertura de nuevas calles y equipamientos, con el traslado incluido de una fábrica de aceite de soja.
Reclamaciones
Los vecinos del barrio han reclamado desde hace décadas el desmontaje de esta factoría, debido a los problemas derivados del polvo del grano. Junto con la reivindicación del uso público del balneario Marazul, es otro de los símbolos de Nazaret, un barrio rodeado por las instalaciones portuarias y las bases de contenedores, hasta que estas últimas empezaron su traslado en el mandato anterior.
El polideportivo situado al norte del antiguo balneario es propiedad del Arzobispado. El Benimar es una de las instalaciones deportivas del barrio, aunque Barba también lamentó el mal estado de conservación de algunas zonas.
El barrio de Nazaret protagonizó varias manifestaciones vecinales hasta lograr la salida de la mayoría de las bases de contenedores. Algunas acabaron junto a la V-30 y la pista de Silla, otras fuera del término municipal de Valencia.
Una de las últimas actuaciones municipales en Nazaret ha sido el nuevo acceso al puente de Astilleros, para facilitar así el giro a los autobuses de la EMT y el paso de los viandantes. Las obras ya están acabadas, al igual que la reurbanización de varias calles.



* Las Provincias - 26.02.11
Foto: Estado actual de las obras del futuro centro municipal.- lasprovincias

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Mil personas protestan en Vigo contra los rellenos en la Ría

FARODEVIGO* : Alrededor de un millar de personas -4.000 según los organizadores de la movilización- han recorrido esta mañana las calles de Vigo contra los rellenos en la ría en una manifestación convocada por el colectivo 'A ría non se vende'. En declaraciones a Efe, Duarte Ferrín, miembro del colectivo, ha censurado "todas las cafradas" que ha realizado la Autoridad Portuaria viguesa en los últimos años. Así, se ha referido al relleno que está realizando el Puerto en la zona de Areal, el "espacio más contaminado de Vigo", y ha criticado que esta actuación "está poniendo en suspensión muchos contaminantes que pueden afectar a bancos marisqueros y de pescado". "Los rellenos cambian la dinámica de corrientes y afectan a la ecología de toda la ría", ha argumentado Ferrín, quien ha recordado que hace dos años ya tuvo lugar una marcha similar en la ciudad.

Asimismo ha expuesto que la Autoridad Portuaria planea "ampliar el relleno de Bouzas" en 70.500 metros cuadrados más.

La marcha partía a las 12,30 horas de la rotonda de las Anclas, en Bouzas, y recorrió la avenida de Beiramar, para concluir pasadas las dos de la tarde en la zona portuaria de A Laxe, donde los participantes representaron un juicio popular contra los responsables de la Autoridad Portuaria por delito ecológico y contaminar la ría.

La pancarta 'Paremos la degradación de la ría. No a los rellenos' encabezaba la manifestación, a la que se sumaron otros colectivos vecinales contra rellenos e instalaciones naútico-deportivas como las previstas en la zona de la antigua Etea.



* Faro de Vigo - 27.02.11
Foto: Marcha contra los rellenos en el borde litoral de Vigo, convocada por A Ría Non Se Vende - lavozdegalicia

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Las parejas españolas tardan una media de 18 años en pagar la hipoteca de un piso de 70 metros

LAVANGUARDIA* : Las parejas españolas tardan una media de 18 años en pagar la hipoteca de un piso de 70 metros cuadrados, tres años menos que en 2010, gracias al descenso de los precios y al incremento de los sueldos, según un estudio realizado por el portal facilisimo.com en base a la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por comunidades autónomas, Extremadura es la región en la que menos se tarda en pagar la hipoteca, con un plazo de 11 años. Asimismo, otras comunidades se sitúan por debajo de la media, como es el caso de Castilla-La Mancha (12 años), Asturias (14 años), Galicia (15 años), Castilla y León (15 años), Comunidad Valenciana (16 años), Murcia (16 años), Navarra (17 años) y Andalucía (17 años). La media nacional sólo se mantiene en La Rioja y Aragón, mientras que por encima de ésta aparecen las Islas Canarias (19 años), Madrid (22 años), las Islas Baleares (23 años), Cantabria (23 años) y Cataluña (24 años).

Además, el estudio destaca que las parejas vascas son las que más tardan en pagar su hipoteca, con un periodo estimado de 28 años, a pesar de percibir el sueldo neto más alto al alcanzar los 3.102 euros de media entre los dos miembros.

Ante estos resultados, el análisis concluye que los habitantes de las comunidades autónomas con el metro cuadrado más barato son los que antes pagan su hipoteca y subraya que en los años en que una pareja vasca compra una casa, una castellano-manchega o extremeña podría adquirir hasta dos inmuebles.

La compra individual, prácticamente imposible

Respecto a la posibilidad de que una persona pueda adquirir una vivienda en solitario, el estudio afirma que necesitará de media 50 años para pagar la hipoteca, lo cual es imposible, dado que los bancos y cajas establecen un límite máximo de 40 años.

Sólo los habitantes de cinco comunidades autónomas pueden permitirse afrontar la compra individual. En concreto, se trata de los extremeños, que tardarían en pagar la hipoteca una media de 26 años, los castellano-manchegos (28 años), los asturianos (36 años), los castellano-leoneses (37 años) y los gallegos (39 años).

Por el contrario, los residentes en el resto de las comunidades autónomas superan el plazo excesivo para conseguir un crédito hipotecario, es más, en el País Vasco un individuo tardaría 138 años en poder terminar de pagar su vivienda de 70 metros cuadrados respetando el ratio de endeudamiento del Banco de España.



* La Vanguardia - Ya Encontré - 25.02.11
Foto: Se vende, carteles - laverdad.es

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Los vecinos exigen a Consell y ayuntamiento que aclaren el futuro del viejo Mestalla

LEVANTE/Valencia* : El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha dado un plazo de diez días al Consell y al Ayuntamiento de Valencia para que aclaren el futuro urbanístico del viejo Mestalla, a petición de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia. Así consta en una providencia de la sección segunda de la sala de lo contencioso administrativo del TSJCV, notificada a los procuradores el 24 de febrero. La federación vecinal consiguió en 2005 que el Supremo anulara la modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia que consintió la ampliación de las gradas de Mestalla. El alto tribunal dio la razón a los vecinos porque el estadio creció a costa de suelo y vuelo público, a instancias del Valencia CF y con el consentimiento del Ayuntamiento de Valencia y la entonces Coput (Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes).

Desde que el Supremo dictó sentencia han transcurrido seis años y "aunque inicialmente el Ayuntamiento de Valencia manifestó que acataría la sentencia como única medida de cumplimiento, la Federación de Vecinos de Valencia no tiene constancia alguna de que se haya llevado a efecto el cumplimiento" del fallo del Supremo.
No obstante, los vecinos no pretenden con este último paso judicial exigir la ejecución de la sentencia del Supremo, es decir, reclamar al Valencia CF que derribe las gradas construidas hace una década. "No pretendemos perjudicar al club. Nuestra petición al TSJ no exige que se ejecute la sentencia que consideró ilegal la ampliación y, para cumplirla, habría que retranquear el estadio, lo que supondría tener que echarlo abajo. Para nada, nuestra intención no es perjudicar al club", insistieron ayer fuentes jurídicas de la federación que preside Maria José Broseta.
Pero lo que no quieren los representantes vecinales es "que se repita la situación" (en referencia a la ocupación ilegal de suelo público) en la nueva ordenación urbanística aprobada para reconstruir el solar que ocupa actualmente el viejo Mestalla. Y así se lo ha hecho saber la Federación al TSJCV en el escrito que presentaron el pasado mes de enero. "Se han llevado a cabo diversas actuaciones urbanísticas sobre dicho sector (la parcela que ocupa ahora el Mestalla) que podrían suponer un incumplimiento de las previsiones de la sentencia dictada por esta Sala". No obstante, en el escrito dirigido al TSJ exigen que tanto el Ayuntamiento de Valencia como la Conselleria de Urbanismo "informen sobre las medidas adoptadas en orden al debido cumplimiento de la sentencia dictada".



* Levante - 26.02.11
Foto: Vista aérea del Mestalla con las gradas ganadas tras la ampliación y anuladas por el Supremo.- levante

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La situación urbanística en el concejo de Llanes

CARLOS DÍAZ-VARELA* : La reciente sentencia del Tribunal Supremo, que ratifica la emitida por el TSJA el 11 de abril de 2007, que declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Llanes, sitúa al concejo en un escenario urbanístico que, aunque lamentablemente esperado, resulta insólito y de gravísimas consecuencias, producto de una estrategia empecinadamente errónea del consistorio llanisco. Llamamos la atención de que lo sorprendente y la clave de todo este 'affaire' es la falta de capacidad de reacción del gobierno local, quien -una vez conocidas las fundadas demandas tramitadas por distintos recurrentes del PGOU-, debería de inmediato haber puesto en funcionamiento los trámites conducentes a la aprobación de un nuevo Plan acorde a la legalidad urbanística. Sin embargo, y al igual que en ocasiones anteriores, la estrategia seguida fue emprender una suerte de «huida hacia adelante», oponiéndose a tales demandas a pesar de que éstas resultaban demoledoras con la política urbanística municipal. Prácticamente, la misma equivocada estrategia de «huida hacia delante» fue la aplicada por el Ayuntamiento de Llanes y el Principado con la sentencia del TSJA de 11 de abril de 2007 hecha mención, es decir, recurrir en casación ante el Supremo.

Reténgase otro fracaso judicial de la Corporación llanisca, referida a la sentencia del Juzgado de los Contencioso-Administrativo Número 2 de Oviedo, que en septiembre del 2009 anuló los trabajos de revisión del PGOU por su indebida adjudicación. ¿Y cuál es la clave de esta ofuscada política municipal en permanente pugna y litigiosidad en juzgados y tribunales? Pues sencillamente el Ayuntamiento de Llanes se ha servido del privilegio administrativo sobre la presunción legal de validez y eficacia de sus actos para no suspender la eficacia del Plan, ya que para haber detenido la ejecutividad el PGOU los recurrentes hubieran tenido que presentar una garantía por una cantidad ingente para cubrir los posibles daños y perjuicios de paralizar la actividad urbanística municipal, algo que, obviamente, quedaba fuera del alcance de los detractores del PGOU.
En definitiva, la Corporación llanisca ha tenido varias ocasiones, de 2002 a 2011 para rectificar de un modo ortodoxo su política en materia urbanística. ¿Y cuáles son las consecuencias que se derivan de la actual situación urbanística en Llanes? Para comprender la situación urbanística actual delmunicipio hay que partir de la base de que es el PGOU el instrumento que cumple la tarea de clasificar el suelo y que, en su ausencia, como sucede en el concejo de Llanes, sólo podemos hablar de la existencia de dos categorías básicas de suelo: 'urbano' y 'no urbanizable'. Habrá de entenderse por 'suelo urbano' los terrenos ya transformados por contar con acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, además de su integración en la 'malla urbana', es decir, que no estén completamente desligados del entramado urbanístico ya existente, y siempre que no hayan tenido su origen en infracciones urbanísticas (algo que, en el caso de este concejo, es difícilmente discernible). El suelo 'no urbanizable' es, por exclusión, todo el suelo que no es 'urbano'.
En relación a la normativa aplicable, señalar que en ausencia de normativa municipal de ordenación urbanística únicamente serán de aplicación las llamadas «normas de aplicación directa» contenidas en la legislación estatal y autonómica. Dichas normas se han configurado como determinaciones básicas o cuasi-principios que han de regir en la ordenación del territorio y el urbanismo en ausencia de planeamiento, como mecanismos a través de los que producir una cierta ordenación en ausencia del planificador, apelando para ello no sólo a las normas recogidas en las leyes de suelo, sino también a las de carácter sectorial, como las de carreteras, costas, aguas, etcétera. Aunque teóricamente dichas determinaciones básicas contienen la mínima regulación necesaria para la concesión de las licencias urbanísticas por parte de la Administración actuante, permitiéndola salir al paso de situaciones de ausencia de planeamiento, a la vez que impiden los atentados más flagrantes contra determinados valores dignos de protección, la realidad es que estas «normas de aplicación directa», cuando actúan en soledad sin referencia alguna a planeamientos (como es el caso), tienen un grado tan alto de indeterminación e imprecisión, que la concesión o el mantenimiento de las de licencias urbanísticas queda necesariamente sujeto a parámetros arbitrarios o muy discrecionales, conduciendo al establecimiento de una situación caracterizada por la inseguridad jurídica y la indeseable casuística.
Como derivación de la anulación judicial del PGOU y la expulsión del Ordenamiento de los restantes figuras de planeamiento anteriores puestas en marcha por el Ayuntamiento de Llanes, todos los instrumentos de ordenación de desarrollo de las previsiones contenidas en el Plan General quedan también sin efecto, transmitiéndose la invalidez, en forma de cascada, del superior PGOU a los inferiores por el principio de jerarquía (planes parciales, planes especiales, planes de reforma interior, estudios de detalle, etcétera). Los instrumentos de gestión urbanística, tales como los proyectos de compensación o las reparcelaciones sobre suelos en transformación, quedan huérfanos de PGOU, y alcanzados, por tanto, de la invalidez de los instrumentos de ordenación en que se sustentaban. Sin instrumentos de ordenación ni de gestión y con la mera existencia de únicamente dos clases de suelo, se podría llegar a suspender tanto la concesión de licencias como la paralización de las actuaciones que se estén llevando a cabo en los suelos que ahora, en ausencia de Plan, pasasen a ser 'no urbanizables'. Así pues, las decisiones urbanísticas sobre otorgamiento o no de licencias deberán adoptarse de forma casuística y singular, sin otro marco de referencia que la ley (imprecisa e indeterminada) en las normas o determinación de directa aplicación ya referidas. Y finalmente advertir que tales eventuales licencias que de futuro puedan concederse pueden ser objeto de recurso por lo mismos que impugnaron el PGOU anulado, u otros terceros, ya que en el control de la legalidad urbanística la acción es pública.
Sirva todo lo expuesto para concluir que, habiendo pasado nueve años desde la interposición del recurso contencioso-administrativo en 2002 hasta la reciente sentencia del Supremo, ha quedado de manifiesto la incapacidad de formular de modo tempestivo unos instrumentos de planeamiento adecuados a derecho por parte del gobierno local, demorando imprudentemente actuaciones necesarias que permitieran salvaguardar los intereses urbanísticos del concejo, con un desolador resultado final que se resume en el desprestigio de la Corporación local y, por extensión, la pérdida de valor de la marca 'Llanes'. En definitiva, un panorama en el que reina la inseguridad jurídica, que vativina una situación más que probable de paralización de la actividad urbanística del municipio.


*CARLOS DÍAZ-VARELA BETANCOURT - ABOGADO


* El Comercio - Opinión - 27.02.11

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Gadafi intenta que la Junta apruebe 1.915 casas y un campo de golf en Benahavís

ELMUNDO/Málaga* : Muammar Gadafi sigue empeñado en construir 1.915 casas, campo de golf y palacio de congresos en la finca La Resinera, en Benahavís, el término municipal por encima de Marbella en el que se concentra buena parte de las mansiones de la Costa del Sol. Intentó tramitar hace un par de años el plan parcial en el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que informó desfavorablemente, y ahora se aferra a la posibilidad de que sea la Junta quien lo autorice mediante la figura de «campo de golf de interés turístico especial», única excepción que permite llevar casas adosadas. Las 1.915 viviendas propuestas superan en mucho lo que la Junta de Andalucía está dispuesta a autorizar en todo el municipio, que aún no ha aprobado su PGOU. De hecho, la urbanización tendría la densidad más alta de la localidad.

El proyecto llegó hace unos días al Consistorio de Benahavís, informó el martes el diario 'Málaga Hoy', y según el decreto del BOJA, ahora Obras Públicas y Medio Ambiente tendrán dos meses para pronunciarse. Luego, tendrá que estar un mes en exposición pública.

Esta figura excepcional, que se aprobó después de arduas negociaciones entre los promotores y la administración autonómica, es el último cartucho que pueden quemar Gadafi y sus representantes en España, que, según las fuentes consultadas, siguen siendo el abogado Ignacio Pérez de Vargas, con despacho en Estepona, y el arquitecto y urbanista José Seguí, que firma el proyecto que ha llegado desde la consejería de Turismo al Ayuntamiento en un CD; los mismos que ya intentaron que el Consistorio aprobara un plan con 1.900 viviendas en junio de 2008, como ya publicó EL MUNDO, y los mismos que, poco tiempo antes de la operación 'Astapa' de Estepona, presentaron con el ex alcalde Antonio Barrientos el proyecto de hacer el mayor centro comercial del país.
Por sorpresa

Según fuentes municipales, este nuevo proyecto les ha pillado por sorpresa ya que, precisamente el Ayuntamiento, que presentó el nuevo PGOU a la Junta en noviembre, está en negociaciones con la administración para que les autorice un crecimiento de 937 viviendas. Esto es algo que, a priori, Sevilla no quiere porque, según la interpretación que hace Obras Públicas, vulnera el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).

La nueva estrategia de los hombres de Gadafi pasa por sortear este plan y se resume en el artículo 6 del decreto: «El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea la implantación de campos de interés turístico o, en ausencia de dicha previsión, el acuerdo de Consejo de Gobierno que apruebe la declaración de interés turístico de un campo de golf, podrán modular los criterios de crecimiento establecidos en la norma 45.4 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en función de las circunstancias de índole territorial que concurran».

De hecho, fueron precisamente estas limitaciones las que obligaron a informar desfavorablemente en su momento al plan que ahora vuelve a presentarse: «De aprobarlo, no es que nos dejara sin viviendas nuevas en el resto de suelo, es que nos obligaría a desclasificar suelo de otros propietarios, con las consiguientes indemnizaciones millonarias», afirman fuentes del Ayuntamiento.

Además del número de viviendas, según las fuentes, iría un desarrollo hotelero, un palacio de congresos y las viviendas de protección oficial a las que obliga la Junta en cualquier plan parcial nuevo. «Hay casas de mucha tipología, unifamiliares pero también en pueblo mediterráneo, algo que no se contempla en el resto del término municipal, con una densidad muy baja ya que van unifamiliares aislados», muy acorde con un municipio donde existen urbanizaciones de superlujo como La Zagaleta y El Madroñal.
Lybian Foreign Bank

En principio, la finca de La Resinera está a nombre del Lybian Foreign Bank pero, según las fuentes consultadas, es exactamente lo mismo que si fuera del hoy cuestionado líder libio, lo que quiere decir que, en el caso de un cambio de gobierno, el mayor latifundio de la Costa del Sol, de unas 7.000 hectáreas, seguiría en manos de Gadafi.

La Resinera se recalificó en los años 80 ante la posibilidad de que fuera la sede de Eurodisney, que finalmente se quedó en París. Durante muchos años no se supo de los planes de los nuevos dueños de la finca. De hecho, según publicó ya este periódico, cuando Seguí redactaba el Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, los técnicos de la Junta le aconsejaron que desclasificara suelos como La Resinera, con zonas incluidas como de Lugar de Interés Comunitario, que llevaban años sin desarrollarse. El urbanista no hizo caso pero en el plan se introdujo esa recomendación que, a la vista de lo acontecido, él mismo se saltó.

Las fuentes consultadas creen que sería un agravio comparativo que se apruebe el plan especial al líder libio y que la Junta esté poniendo tantas pegas a las previsiones de crecimiento del Ayuntamiento. En concreto, hablan de los sectores de Montemayor y La Quinta, con planes parciales presentados antes que La Resinera, y donde se han abierto ya viales. La mayor discusión entre el Consistorio y la Junta sigue estando en la limitación de crecimiento de un 30% en la población del municipio que establece el POTA para los nuevos PGOU. El Ayuntamiento lleva años intentando convencer a la Junta de que acepte como real la población que paga IBI y no la censada, mucho menor.



* El Mundo - http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/24/andalucia_malaga/1298577590.html">* El Mundo - 25.02.11
Foto: Benahavís (Málaga) - portalmalaga.com

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Aprobado el Plan Parcial de la Castellana, que generará 88.000 empleos y 7.200 millones de valor en 2022

QUÉ/Madrid* : IU critica que un operador privado y sin un centímetro de suelo en el ámbito consiga plusvalías por valor de 3.000 millones de euros. El Pleno de la Casa de la Villa ha aprobado este viernes --con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU-- el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, que supondrá la generación de 88.000 empleos y 7.200 millones de euros de valor añadido en 2022, como ha detallado la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. De este modo se desbloqueaba la conocida en su origen como 'Operación Chamartín' tras 20 años desde su inicio y todo gracias a lo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como el "acuerdo más importante" al suponer "la modificación del futuro de los madrileños en el sentido de hacer la gran capital soñada".

Martínez ha aprovechado su intervención para explicar por qué una operación de estas dimensiones ha estado parada durante dos décadas. En su opinión, todo se debe a un "error inicial de diseño" del que ha acusado indirectamente al equipo del entonces ministro de Fomento, el socialista Josep Borrel.

Y es que el plan se diseñó "como una operación ferroviaria, no como una operación de ciudad". A eso se sumó que se trasladó a las administraciones "el grueso de los costes de las infraestructuras y no, como es justo, a los propietarios del suelo", al tiempo que se introdujo un operador privado (DUCH, integrado por el BBVA y la constructora San José) "como actor relevante en la negociación".

"Y finalmente se llevó a cabo la negociación sin hacer públicas unas cuentas que pusieran negro sobre blanco quién ganaba qué y quién perdía con la operación Chamartín", ha subrayado la edil después de indicar que las soluciones han llegado en esta legislatura por medio de "una visión más amplia de las oportunidades que encierra el ámbito".

LA NUEVA CITY DE MADRID

El objetivo es crear "la nueva City de Madrid", según Martínez, un nuevo distrito económico y de actividades terciarias que incrementarán la capacidad económica y competitiva de la ciudad, además de un cambio en la especialización productiva.

La delegada ha revelado que el impacto a corto y medio plazo en la economía supondrá una inversión de 11.100 millones de euros, 690 millones de euros en el PIB de la capital y 1.584 en el nacional así como 20.000 puestos de trabajo sólo durante el proceso de urbanización y edificación. A largo plazo los impactos serán mayores ya que, cuando esté concluido, se incorporarán 88.000 trabajadores al ámbito y se generará un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022.

Por otro lado, el nuevo convenio "reasigna" las cargas infraestructurales a los propietarios del suelo "ahorrando más de 450 millones a las administraciones", ha detallado la concejala, que ha apuntado que también se cubrirá la M-30 (sin referirse al by-pass norte), concretamente entre el Hospital de Paz hasta la carretera de Burgos.

Para hacer frente a las críticas de IU, Pilar Martínez ha asegurado que el patrimonio municipal no sólo no se reduce sino que se "refuerza", de modo que la valoración de la posición patrimonial del Ayuntamiento es de 1.018 millones de euros. Asimismo se mejora la ubicación de los equipamientos públicos y zonas verdes, se integra mejor el transporte público y se incorpora una red de carriles bici, entre otras cuestiones.

Por su parte, el portavoz socialista, David Lucas, ha señalado que con este Plan se eliminarán las barreras de la zona generando una mayor competitividad para la ciudad, sin olvidar el trabajo conjunto hecho con la Administración central. Sí que ha planteado dudas sobre qué pasará con el by-pass norte, un túnel que ha tenido un gran rechazo por los vecinos de Monforte de Lemos, al tiempo que ha planteado que la Colonia de la EMT debería haber sido integrada en el ámbito para su mayor protección.

CRÍTICAS DE IU

Los únicos reproches han venido de la mano del portavoz de IU, Ángel Pérez, que le ha dado una "lectura política" crítica al hecho de que unos 3.000 millones de euros en plusvalías irán a manos privadas. "El BBVA gana 3.000 millones sin tener un centímetro de suelo en el ámbito. Cuando pedimos que ayuden a las gentes que duermen en los bancos no nos referimos a esos bancos", ha ironizado el concejal.

Ya a finales de 2009, cuando las tres administraciones reactivaron la operación el 23 de diciembre de ese año, el portavoz municipal de IU y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, tildaba de "escándalo" esta "forma de esquilmar el patrimonio público", una opinión que ha mantenido al salir de la comisión de Urbanismo.

La coalición de izquierdas recuerda que la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros y que de ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras. De los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería la siguiente: 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.

"Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 en concepto de canon que Duch pagaría a la Administración Central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo. Esto es, siendo benévolo, una primada o, siéndolo menos, todo un desfalco al patrimonio público", han criticado.

Desde la coalición de izquierdas han defendido que el proyecto debe ser para mejora la zona norte de la ciudad "y la cuenta de resultados de las empresas" para, a renglón seguido, preguntarse "si alguien ha valorado si en la actual coyuntura del sector inmobiliario son necesarias 10.000 viviendas más cuando hay casi 200.000 vacías y están pendientes los nuevos desarrollos que no se desarrollan y la operación de la fábrica de Mahou y del entorno del Calderón".

La 'operación Chamartín' supondrá la construcción de más de 16.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serán protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Tras quince años de negociaciones infructuosas, la operación conseguía desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros procedentes de los beneficios de la propia operación.

En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros 1.100 irán destinados a dotaciones públicas y los 2.400 millones restantes se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones ferroviarias del Ministerio y el Ayuntamiento.

Así, el proyecto generará 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que se prevé dure su ejecución. Una vez finalizada la operación, se crearán 68.000 empleos estables en las oficinas y otros equipamientos terciarios que se abran en el nuevo ámbito, como hoteles, superficies comerciales y equipamientos privados.

Además, contará con una nueva línea de Metro que discurrirá subterránea a lo largo de la prolongación del actual Paseo de la Castellana. Esta línea partirá desde la estación de Chamartín en dirección norte y contará al menos con cuatro paradas a lo largo de este eje.

Con este proyecto, el Paseo de la Castellana llegará a cruzarse con las carreteras de circunvalación M-30 y la M-40, para lo cual se ha previsto la construcción de enlaces adecuados que faciliten la circulación. Así, se crearán el Nudo Norte con la M-30 y el Nudo Fuencarral con la M-40.

Para garantizar la fluidez del tráfico y una correcta comunicación entre los barrios situados a ambos lados de la futura prolongación del Paseo de la Castellana, el proyecto ha incluido la creación de cinco grandes avenidas transversales, una de ellas subterránea, que se repartirán regularmente a lo largo de toda la vía.


* Qué - EP. - 25.02.11
Foto: Madrid. operación Chamartín - que

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El Tribunal Supremo declara nulas las normas urbanísticas de Polanco

ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a pronunciarse a favor de las tesis de Arca y en contra de los procedimientos seguidos por el Gobierno de Cantabria y por los ayuntamientos de la región. Esta vez le echa para atrás a Polanco los documentos de planeamiento urbanístico. Una sentencia del Alto Tribunal declara nulas las normas subsidiarias de este municipio, que fueron aprobadas en 2002 y retrotrae la legalidad urbanística a la década de los ochenta. La resolución, de la que ayer informó la agencia Efe, considera que al revisarse las normas urbanísticas se introdujeron cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos al trámite de exposición pública y, por tanto, sin permitir que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones. El Supremo ratifica así, en todos sus términos, la sentencia dictada en el año 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cuyo contenido recurrieron tanto el Ayuntamiento de Polanco como el Gobierno de Cantabria.

Sobre el fondo del asunto no se pronunciaron ayer ni el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ni el alcalde de Polanco, Julio Cabrero (PP), a la espera de una valoración más profunda del documento. José María Mazón advirtió que mañana, lunes, mantendrá una reunión con los técnicos de su departamento para analizar las consecuencias de la resolución judicial, en tanto que Julio Cabrero anunció la convocatoria de los miembros de la Junta de Portavoces para esta misma semana, con idéntica finalidad. Las normas subsidiarias ahora anuladas no fueron aprobadas bajo su mandato -en el año 2002 no era el alcalde-, pero cuando se produjo el primer fallo judicial desfavorable, en 2005, todos los grupos políticos municipales decidieron de común acuerdo presentar el recurso de apelación que ahora ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
En todo caso, la sentencia supone un nuevo varapalo hacia los procedimientos seguidos hasta ahora para la aprobación de los documentos de planeamiento urbanístico, cuya supervisión gestiona la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Desde que en el año 2001 entró en vigor la Ley del Suelo de Cantabria, sólo cuatro ayuntamientos de la región han sido capaces de completar todos los trámites que conducen a la aprobación de un PGOU: Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas. Pero, más allá de este hecho, sorprende también que muchas de esas normativas terminan normalmente en los tribunales y a menudo estos resuelven en contra de ellas, lo que ha creado una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica que a nadie se le pasa por alto, ni en los ámbitos profesionales ni tampoco en los políticos.
Cambios sustanciales
Según el Tribunal Supremo, el hecho de que, una vez aprobado inicialmente, se introdujeran cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos de nuevo al trámite de información pública justifica la anulación de las normas subsidiarias de Polanco y la vuelta a la legalidad urbanística vigente en la década de los ochenta, es decir, antes de la revisión aprobada en el año 2002. «Lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio de nomenclatura -como aducían las administraciones- los cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo, sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos urbanos y comportan, en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal», sostiene el Tribunal Supremo en la sentencia.
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco habían alegado en su recurso que la prueba pericial practicada no acreditaba que las modificaciones fueran sustanciales y que, por ello, las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC eran el resultado de una valoración «irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada».
Queda «enteramente justificada» la conclusión del TSJC de que esas modificaciones tienen una «fuerte incidencia» en el modelo territorial global elegido y que, al no reiterar el trámite de exposición pública, tras esos cambios, se está «hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento», sostiene ahora el Supremo.
Además, advierte de que nada permite afirmar que esas conclusiones sean el resultado «de una valoración irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada» ya que, «muy por el contrario», esas apreciaciones «encuentran sólido respaldo en la prueba pericial, de la que se ofrece una cumplida reseña».
Igualmente, el Alto Tribunal rechaza otro de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, quienes consideraron que, en el proceso de instancia, Arca se refería de forma «específica y exclusiva» a las modificaciones introducidas ante la aprobación inicial. «La mera lectura de la demanda permite constatar que se hace allí referencia a cambios de clasificación u otras alteraciones introducidas con posterioridad al trámite de información pública. En modo alguno cabe afirmar que el debate quedara circunscrito a los cambios introducidos en el momento de la aprobación provisional», falla el Supremo.
Nuevo Plan General
La sentencia que anula las normas subsidiarias de Polanco obliga al Ayuntamiento y a la Crotu a acelerar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se han completado trámites esenciales como la presentación del avance, la aprobación inicial y dos exposiciones públicas.
Según el alcalde, es la Crotu quien debe mover ficha ahora y remitir la memoria ambiental, lo que permitiría al Ayuntamiento de Polanco proceder a su aprobación provisional y remitirlo de nuevo a la Crotu para que esta acuerde la definitiva. No obstante, la tramitación puede prolongarse aún durante meses o, incluso, años.



* El Diario Montañés - 27.02.11
Foto: Vista de una parte del casco urbano de Polanco.- diariomontañés

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Imputada la alcaldesa de Grazalema por cinco delitos en el caso del río

DIARIODECÁDIZ* : La alcaldesa de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, se halla imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la localidad serrana. Se trata del supuesto cobro de comisiones en el municipio grazalemeño que puso al descubierto la Operación Pinsapar, que desarrolló en la primavera de 2006 la Guardia Civil. Lo increíble del asunto es que la operación policial vino motivada por una denuncia que la propia regidora socialista realizó ante la Fiscalía de Cádiz. Lara Mateos acudió a la Fiscalía para denunciar que promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el cauce primitivo del Guadalete tras desviarlo, le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".

La investigación de los guardias civiles llevó a la cárcel al arquitecto (que fue despedido del ayuntamiento de forma fulminante) y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Así consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la actuación, llevada a cabo por la empresa Inmocentral, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles del gobierno.

Una comisión que, según la confesión el contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en especie, en obras que le realizaron en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción de viviendas de Inmocentral en la plaza de la Asamblea. La del desvío era la segunda promoción.

Junto a Prieto y el contratista, que lograrían después eludir la prisión tras pagar cada uno una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos por la Guardia Civil dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, hermano del presidente del club de fútbol de Getafe; así como también Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad.

El Juzgado de Ubrique inició entonces unas diligencias en las que, tiempo después, a estos seis imputados se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces titular imputó un supuesto delito de prevaricación al comprobarse que, tal como declaró Prieto, incriminando al ex regidor, la primera promoción de Inmocentral de Asamblea tiene mayor edificabilidad de la autorizada en licencia municipal.

La alcaldesa, en los compases iniciales de la investigación judicial, declaró como testigo. Después, durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva juez, a principios de 2010 el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa. Tras dos iniciales comparecencias fijadas, en febrero y marzo del pasado año, y pospuestas, la alcaldesa declaró finalmente en mayo pasado. Este diario ha conseguido ahora dicha declaración, en la que consta de modo textual que la juez le atribuye un total de cinco delitos: "cohecho, prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio y denuncia falsa".

Lara Mateos, durante su comparecencia ante la juez, se negó a contestar a las preguntas de los letrados de Prieto, de los representantes de Inmocentral y de Ecologistas en Acción, personado como acusación popular.

Según las fuentes consultadas por este diario, a día de hoy, esta imputación de la socialista sigue vigente. Las mismas fuentes explican que en el Juzgado se dispondría de abultada documentación con pruebas testificales (fundamentalmente, por las declaraciones realizadas por el despedido arquitecto) y documentales que supuestamente incriminarían a la alcaldesa en los delitos que le atribuye la juez. Entre otras, un informe negativo del ex arquitecto sobre la obra, que se inició en julio de 2005, sin licencia, y que pese a que hubo hasta tres denuncias vecinales durante todo ese verano, alertando del posible desvío del río, registradas en el Ayuntamiento, y tras otorgarse entre medias autorización municipal, la regidora no mandó parar hasta octubre de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció a este diario y a la Junta el estropicio realizado en el río. También constan numerosas denuncias de Ecologistas de obras realizadas contrarias al ordenamiento municipal de 2001 y 2003, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno.

Además de Lara, también han sido imputadas por la juez otras dos ex ediles socialistas,. Francisca Calle Chacón y Ana María Ramírez.


* Diario de Cádiz - 26.02.11
Foto: Grazalema (cádiz), cauce desviado del río, con construcciones - diariodecadiz.es

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Las constructoras del plan urbanístico de Lezama piden al juez su anulación

ELPAÍS/Vizcaya* : Que dos constructoras se oponga a ejecutar una promoción urbanística que ellas mismas han impulsado es poco habitual. Más excepcional es que presenten una denuncia en los tribunales contra el Ayuntamiento. Es lo que ocurre en el municipio vizcaíno de Lezama, envuelto en la polémica desde hace año y medio por la recalificación de unos terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El cambio -que suponía el paso de urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas, a urbanizables- se realizó en 2007 con la aprobación de las nuevas normas subsidiarias de Lezama. Pero este planeamiento fue declarado nulo en 2009 por el Tribunal Superior vasco, un fallo ya firme desde el 20 de enero, cuando fue ratificado por el Supremo.

Sin embargo, en el último año el consistorio ha puesto en marcha todos los trámites urbanísticos de una sola de las actuaciones previstas, el llamado plan de Txupetxa que se pretende desarrollar en el solar de los Etxeandia: 52 pisos.

Una operación muy cuestionada ya que, como consta en un auto judicial, los Etxeandia alcanzaron un acuerdo de compraventa con dos constructoras en febrero de 2007, ocho meses antes de la aprobación del paneamiento municipal. La clave es que dicho pacto fija el próximo abril como la fecha tope para que el Ayuntamiento ponga el suelo a disposición de los constructores. En caso contrario, los Etxeandia deben reintegrar los 2,2 millones ya cobrados (de los 5,5 acordados para toda la operación) más los daños y perjuicios.

Los constructores, tras encontrarse con el primer fallo negativo del Superior, no vieron clara su operación y en octubre ya anunciaron que se oponían a ejecutarla. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso y ha continuado con los trámites. Ayer, las empresas presentaron una denuncia en el Tribunal Superior en la que piden suspender la orden de la Diputación de Vizcaya que aprobó en diciembre el plan de Txupetxa. "Estamos ante un supuesto de ilegalidad palmaria y evidente", dice una de las demandas al afirmar que la anulación de todo el plan de Lezama conlleva "los instrumentos de ordenación inferiores". La denuncia apunta que el Ayuntamiento de Lezama no da "ninguna señal de actamiento" de los fallos judiciales sino que "al contrario" está inmerso es una "frenética tramitación" urbanística para ejecutar "una sola de las áreas dieseñadas en las normas susididarias anuladas: Txupetxa".

Esta actuación municipal "con toda celeridad" supone, según la constructora, una "política de hechos consumados que convierta a éstos en irreparables". Agrega que el conocimiento del fallo firme del Supremo debería ser "motivo automático para que la Administración mostrara su voluntad de acatamiento".

Esta no es la única denuncia contra el plan urbanístico de los Etxeandia. La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que fue la que denunció las normas subsifidarias, ha anunciado la presentación de otra deamdna para suspender el plan de Txupetxa. El Ayuntamiento de Lezama guarda silencio desde el viernes pasado, cuando se conoció el auto del Supremo. En estos dos meses casi ha concluido todos los trámites para que se pueda urbanizar la parcela.

El plan especial

- El plan especial para acometer el proyecto de 52 pisos en los terrenos de familiares de la alcaldesa de Lezama fue aprobado el 20 de diciembre por la Diputación de Vizcaya. Deriva de todo el plan urbanístico de Lezama, en vigor desde 2007.

- El plan fue anulado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia vasco por no incluir previamente el informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento recurrió y el 20 de enero, en un fallo firme, fue ratificado por el Tribunal Supremo, por lo que carece de amparo legal.


* El País - 26.02.11
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com

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Massot y otros ocho imputados serán juzgados por otra pieza del caso Andratx

ELMUNDO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto que ocho imputados podrán ser juzgados, junto al ex jefe de Urbanismo del Consistorio y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, en el marco de la pieza 9 del caso Andratx, después de que los encausados recurriesen este trámite ante esta instancia judicial, que ha desestimado así la petición de archivo solicitado por cada uno de ellos. El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.

La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.

La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".

"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.

El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.

Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad e documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.


* El Mundo - EP. - 24.02.11
Foto: andratx - guides

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Las ejecuciones hipotecarias, en tela de jucio ante el Constitucional

LAVANGUARDIA* : Cuando todavía sigue marcando la actualidad inmobiliaria el debate sobre la inclusión de la dación en pago en la Ley Hipotecaria española, un juez de Sabadell ha llevado la normativa sobre deshaucios y ejecución de hipotecas ante el Tribunal Constitucional por considerar que perjudica al ciudadano y vulnera el derecho a la vivienda. Esta semana una nueva noticia en el ámbito judicial ha irrumpido en la actualidad inmobiliaria. El titular del juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa sobre deshaucios y ejecución de las hipotecas al considerar que los préstamos hipotecarios contienen "un intenso desequilibrio contractual" entre la entidad financiera y el cliente y que, en un proceso de ejecución hipotecaria, se perjudica a los ciudadanos embargados y se vulnera su derecho a la vivienda.

El juez, que afirma en el auto que las cláusulas hipotecarias contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera, pide además al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que se quedan las entidades tras la subhasta -en la mayoría de casos está un 50% por debajo de su valor inicial- así como que estudie, si es necesaria, una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. Ante la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, con lo cual el fallo puede marcar un antes y un después.

Y todo esto ocurría el mismo día en que diputados del PSOE y del PP hicieron frente común en el Congreso de los Diputados para tumbar una propuesta de ley para pedir la inclusión de la dación en pago en el marco legislativo hipotecario y que viene avalada también por el apoyo de numerosas asociaciones de consumidores y de entidades de representación como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que anunciaba también esta semana la intención de pedir formalmente al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.

La FEMP, que ha querido mostrar con este gesto su apoyo a las familias que como consecuencia de la dura crisis económica por la actual situación de crisis se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria, se suma así al polémico debate de la dación en pago que, pese a las reticencias de algunos sectores, parece no querer dar la batalla por perdida. Por su parte el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha declarado que el Gobierno "no está por la labor" de modificar la legislación hipotecaria.


* La Vanguardia - Ya encontré - 23.02.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es

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