ELMUNDO/Málaga* : Muammar Gadafi sigue empeñado en construir 1.915 casas, campo de golf y palacio de congresos en la finca La Resinera, en Benahavís, el término municipal por encima de Marbella en el que se concentra buena parte de las mansiones de la Costa del Sol. Intentó tramitar hace un par de años el plan parcial en el Ayuntamiento, gobernado por el PP, que informó desfavorablemente, y ahora se aferra a la posibilidad de que sea la Junta quien lo autorice mediante la figura de «campo de golf de interés turístico especial», única excepción que permite llevar casas adosadas. Las 1.915 viviendas propuestas superan en mucho lo que la Junta de Andalucía está dispuesta a autorizar en todo el municipio, que aún no ha aprobado su PGOU. De hecho, la urbanización tendría la densidad más alta de la localidad.
El proyecto llegó hace unos días al Consistorio de Benahavís, informó el martes el diario 'Málaga Hoy', y según el decreto del BOJA, ahora Obras Públicas y Medio Ambiente tendrán dos meses para pronunciarse. Luego, tendrá que estar un mes en exposición pública.
Esta figura excepcional, que se aprobó después de arduas negociaciones entre los promotores y la administración autonómica, es el último cartucho que pueden quemar Gadafi y sus representantes en España, que, según las fuentes consultadas, siguen siendo el abogado Ignacio Pérez de Vargas, con despacho en Estepona, y el arquitecto y urbanista José Seguí, que firma el proyecto que ha llegado desde la consejería de Turismo al Ayuntamiento en un CD; los mismos que ya intentaron que el Consistorio aprobara un plan con 1.900 viviendas en junio de 2008, como ya publicó EL MUNDO, y los mismos que, poco tiempo antes de la operación 'Astapa' de Estepona, presentaron con el ex alcalde Antonio Barrientos el proyecto de hacer el mayor centro comercial del país.
Por sorpresa
Según fuentes municipales, este nuevo proyecto les ha pillado por sorpresa ya que, precisamente el Ayuntamiento, que presentó el nuevo PGOU a la Junta en noviembre, está en negociaciones con la administración para que les autorice un crecimiento de 937 viviendas. Esto es algo que, a priori, Sevilla no quiere porque, según la interpretación que hace Obras Públicas, vulnera el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía (POTA).
La nueva estrategia de los hombres de Gadafi pasa por sortear este plan y se resume en el artículo 6 del decreto: «El Plan de Ordenación del Territorio de ámbito subregional que prevea la implantación de campos de interés turístico o, en ausencia de dicha previsión, el acuerdo de Consejo de Gobierno que apruebe la declaración de interés turístico de un campo de golf, podrán modular los criterios de crecimiento establecidos en la norma 45.4 del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, en función de las circunstancias de índole territorial que concurran».
De hecho, fueron precisamente estas limitaciones las que obligaron a informar desfavorablemente en su momento al plan que ahora vuelve a presentarse: «De aprobarlo, no es que nos dejara sin viviendas nuevas en el resto de suelo, es que nos obligaría a desclasificar suelo de otros propietarios, con las consiguientes indemnizaciones millonarias», afirman fuentes del Ayuntamiento.
Además del número de viviendas, según las fuentes, iría un desarrollo hotelero, un palacio de congresos y las viviendas de protección oficial a las que obliga la Junta en cualquier plan parcial nuevo. «Hay casas de mucha tipología, unifamiliares pero también en pueblo mediterráneo, algo que no se contempla en el resto del término municipal, con una densidad muy baja ya que van unifamiliares aislados», muy acorde con un municipio donde existen urbanizaciones de superlujo como La Zagaleta y El Madroñal.
Lybian Foreign Bank
En principio, la finca de La Resinera está a nombre del Lybian Foreign Bank pero, según las fuentes consultadas, es exactamente lo mismo que si fuera del hoy cuestionado líder libio, lo que quiere decir que, en el caso de un cambio de gobierno, el mayor latifundio de la Costa del Sol, de unas 7.000 hectáreas, seguiría en manos de Gadafi.
La Resinera se recalificó en los años 80 ante la posibilidad de que fuera la sede de Eurodisney, que finalmente se quedó en París. Durante muchos años no se supo de los planes de los nuevos dueños de la finca. De hecho, según publicó ya este periódico, cuando Seguí redactaba el Plan de Ordenación de la Costa del Sol Occidental, los técnicos de la Junta le aconsejaron que desclasificara suelos como La Resinera, con zonas incluidas como de Lugar de Interés Comunitario, que llevaban años sin desarrollarse. El urbanista no hizo caso pero en el plan se introdujo esa recomendación que, a la vista de lo acontecido, él mismo se saltó.
Las fuentes consultadas creen que sería un agravio comparativo que se apruebe el plan especial al líder libio y que la Junta esté poniendo tantas pegas a las previsiones de crecimiento del Ayuntamiento. En concreto, hablan de los sectores de Montemayor y La Quinta, con planes parciales presentados antes que La Resinera, y donde se han abierto ya viales. La mayor discusión entre el Consistorio y la Junta sigue estando en la limitación de crecimiento de un 30% en la población del municipio que establece el POTA para los nuevos PGOU. El Ayuntamiento lleva años intentando convencer a la Junta de que acepte como real la población que paga IBI y no la censada, mucho menor.
* El Mundo - http://www.elmundo.es/elmundo/2011/02/24/andalucia_malaga/1298577590.html">* El Mundo - 25.02.11
Foto: Benahavís (Málaga) - portalmalaga.com
.................................... Leer más...
QUÉ/Madrid* : IU critica que un operador privado y sin un centímetro de suelo en el ámbito consiga plusvalías por valor de 3.000 millones de euros. El Pleno de la Casa de la Villa ha aprobado este viernes --con los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU-- el Plan Parcial de la Prolongación de la Castellana, que supondrá la generación de 88.000 empleos y 7.200 millones de euros de valor añadido en 2022, como ha detallado la delegada de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, Pilar Martínez. De este modo se desbloqueaba la conocida en su origen como 'Operación Chamartín' tras 20 años desde su inicio y todo gracias a lo que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, ha definido como el "acuerdo más importante" al suponer "la modificación del futuro de los madrileños en el sentido de hacer la gran capital soñada".
Martínez ha aprovechado su intervención para explicar por qué una operación de estas dimensiones ha estado parada durante dos décadas. En su opinión, todo se debe a un "error inicial de diseño" del que ha acusado indirectamente al equipo del entonces ministro de Fomento, el socialista Josep Borrel.
Y es que el plan se diseñó "como una operación ferroviaria, no como una operación de ciudad". A eso se sumó que se trasladó a las administraciones "el grueso de los costes de las infraestructuras y no, como es justo, a los propietarios del suelo", al tiempo que se introdujo un operador privado (DUCH, integrado por el BBVA y la constructora San José) "como actor relevante en la negociación".
"Y finalmente se llevó a cabo la negociación sin hacer públicas unas cuentas que pusieran negro sobre blanco quién ganaba qué y quién perdía con la operación Chamartín", ha subrayado la edil después de indicar que las soluciones han llegado en esta legislatura por medio de "una visión más amplia de las oportunidades que encierra el ámbito".
LA NUEVA CITY DE MADRID
El objetivo es crear "la nueva City de Madrid", según Martínez, un nuevo distrito económico y de actividades terciarias que incrementarán la capacidad económica y competitiva de la ciudad, además de un cambio en la especialización productiva.
La delegada ha revelado que el impacto a corto y medio plazo en la economía supondrá una inversión de 11.100 millones de euros, 690 millones de euros en el PIB de la capital y 1.584 en el nacional así como 20.000 puestos de trabajo sólo durante el proceso de urbanización y edificación. A largo plazo los impactos serán mayores ya que, cuando esté concluido, se incorporarán 88.000 trabajadores al ámbito y se generará un valor añadido bruto de 7.236 millones en 2022.
Por otro lado, el nuevo convenio "reasigna" las cargas infraestructurales a los propietarios del suelo "ahorrando más de 450 millones a las administraciones", ha detallado la concejala, que ha apuntado que también se cubrirá la M-30 (sin referirse al by-pass norte), concretamente entre el Hospital de Paz hasta la carretera de Burgos.
Para hacer frente a las críticas de IU, Pilar Martínez ha asegurado que el patrimonio municipal no sólo no se reduce sino que se "refuerza", de modo que la valoración de la posición patrimonial del Ayuntamiento es de 1.018 millones de euros. Asimismo se mejora la ubicación de los equipamientos públicos y zonas verdes, se integra mejor el transporte público y se incorpora una red de carriles bici, entre otras cuestiones.
Por su parte, el portavoz socialista, David Lucas, ha señalado que con este Plan se eliminarán las barreras de la zona generando una mayor competitividad para la ciudad, sin olvidar el trabajo conjunto hecho con la Administración central. Sí que ha planteado dudas sobre qué pasará con el by-pass norte, un túnel que ha tenido un gran rechazo por los vecinos de Monforte de Lemos, al tiempo que ha planteado que la Colonia de la EMT debería haber sido integrada en el ámbito para su mayor protección.
CRÍTICAS DE IU
Los únicos reproches han venido de la mano del portavoz de IU, Ángel Pérez, que le ha dado una "lectura política" crítica al hecho de que unos 3.000 millones de euros en plusvalías irán a manos privadas. "El BBVA gana 3.000 millones sin tener un centímetro de suelo en el ámbito. Cuando pedimos que ayuden a las gentes que duermen en los bancos no nos referimos a esos bancos", ha ironizado el concejal.
Ya a finales de 2009, cuando las tres administraciones reactivaron la operación el 23 de diciembre de ese año, el portavoz municipal de IU y candidato a la Alcaldía, Ángel Pérez, tildaba de "escándalo" esta "forma de esquilmar el patrimonio público", una opinión que ha mantenido al salir de la comisión de Urbanismo.
La coalición de izquierdas recuerda que la venta de suelo superaría los 10.000 millones de euros y que de ese total habría que restar algo más de 3.000 destinados a las infraestructuras. De los 7.000 restantes la proporción, en función de la cantidad de suelo aportado, sería la siguiente: 4.429 millones de euros para el Ministerio de Fomento por su 62,9 por ciento, 1.383 millones para los propietarios privados, 829 millones para el Ayuntamiento y 397 millones para la Comunidad de Madrid por los terrenos ocupados por el Canal de Isabel II.
"Según el acuerdo, de los más de 4.000 millones de Fomento habría que descontar 1.200 en concepto de canon que Duch pagaría a la Administración Central y los 3.000 restantes serían el resultante final de semejante pelotazo. Esto es, siendo benévolo, una primada o, siéndolo menos, todo un desfalco al patrimonio público", han criticado.
Desde la coalición de izquierdas han defendido que el proyecto debe ser para mejora la zona norte de la ciudad "y la cuenta de resultados de las empresas" para, a renglón seguido, preguntarse "si alguien ha valorado si en la actual coyuntura del sector inmobiliario son necesarias 10.000 viviendas más cuando hay casi 200.000 vacías y están pendientes los nuevos desarrollos que no se desarrollan y la operación de la fábrica de Mahou y del entorno del Calderón".
La 'operación Chamartín' supondrá la construcción de más de 16.000 viviendas en el norte de la capital, de las que 4.000 serán protegidas, y la modernización del norte de Madrid capital. Tras quince años de negociaciones infructuosas, la operación conseguía desbloquearse a través de un proceso en el que se invertirán un total de 10.953 millones de euros procedentes de los beneficios de la propia operación.
En concreto, 1.800 millones irán a urbanización e infraestructuras, mientras que 5.650 millones serán para edificios lucrativos, otros 1.100 irán destinados a dotaciones públicas y los 2.400 millones restantes se destinarán al by-pass norte, a la remodelación de Chamartín y a otras actuaciones ferroviarias del Ministerio y el Ayuntamiento.
Así, el proyecto generará 20.000 puestos de trabajo durante los doce años que se prevé dure su ejecución. Una vez finalizada la operación, se crearán 68.000 empleos estables en las oficinas y otros equipamientos terciarios que se abran en el nuevo ámbito, como hoteles, superficies comerciales y equipamientos privados.
Además, contará con una nueva línea de Metro que discurrirá subterránea a lo largo de la prolongación del actual Paseo de la Castellana. Esta línea partirá desde la estación de Chamartín en dirección norte y contará al menos con cuatro paradas a lo largo de este eje.
Con este proyecto, el Paseo de la Castellana llegará a cruzarse con las carreteras de circunvalación M-30 y la M-40, para lo cual se ha previsto la construcción de enlaces adecuados que faciliten la circulación. Así, se crearán el Nudo Norte con la M-30 y el Nudo Fuencarral con la M-40.
Para garantizar la fluidez del tráfico y una correcta comunicación entre los barrios situados a ambos lados de la futura prolongación del Paseo de la Castellana, el proyecto ha incluido la creación de cinco grandes avenidas transversales, una de ellas subterránea, que se repartirán regularmente a lo largo de toda la vía.
* Qué - EP. - 25.02.11
Foto: Madrid. operación Chamartín - que
.................................... Leer más...
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El Tribunal Supremo (TS) ha vuelto a pronunciarse a favor de las tesis de Arca y en contra de los procedimientos seguidos por el Gobierno de Cantabria y por los ayuntamientos de la región. Esta vez le echa para atrás a Polanco los documentos de planeamiento urbanístico. Una sentencia del Alto Tribunal declara nulas las normas subsidiarias de este municipio, que fueron aprobadas en 2002 y retrotrae la legalidad urbanística a la década de los ochenta. La resolución, de la que ayer informó la agencia Efe, considera que al revisarse las normas urbanísticas se introdujeron cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos al trámite de exposición pública y, por tanto, sin permitir que los ciudadanos pudieran presentar alegaciones. El Supremo ratifica así, en todos sus términos, la sentencia dictada en el año 2005 por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), cuyo contenido recurrieron tanto el Ayuntamiento de Polanco como el Gobierno de Cantabria.
Sobre el fondo del asunto no se pronunciaron ayer ni el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio, Vivienda y Urbanismo, José María Mazón, ni el alcalde de Polanco, Julio Cabrero (PP), a la espera de una valoración más profunda del documento. José María Mazón advirtió que mañana, lunes, mantendrá una reunión con los técnicos de su departamento para analizar las consecuencias de la resolución judicial, en tanto que Julio Cabrero anunció la convocatoria de los miembros de la Junta de Portavoces para esta misma semana, con idéntica finalidad. Las normas subsidiarias ahora anuladas no fueron aprobadas bajo su mandato -en el año 2002 no era el alcalde-, pero cuando se produjo el primer fallo judicial desfavorable, en 2005, todos los grupos políticos municipales decidieron de común acuerdo presentar el recurso de apelación que ahora ha sido desestimado por el Tribunal Supremo.
En todo caso, la sentencia supone un nuevo varapalo hacia los procedimientos seguidos hasta ahora para la aprobación de los documentos de planeamiento urbanístico, cuya supervisión gestiona la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). Desde que en el año 2001 entró en vigor la Ley del Suelo de Cantabria, sólo cuatro ayuntamientos de la región han sido capaces de completar todos los trámites que conducen a la aprobación de un PGOU: Argoños, Potes, Santillana del Mar y Comillas. Pero, más allá de este hecho, sorprende también que muchas de esas normativas terminan normalmente en los tribunales y a menudo estos resuelven en contra de ellas, lo que ha creado una situación de inseguridad e incertidumbre jurídica que a nadie se le pasa por alto, ni en los ámbitos profesionales ni tampoco en los políticos.
Cambios sustanciales
Según el Tribunal Supremo, el hecho de que, una vez aprobado inicialmente, se introdujeran cambios sustanciales en el planeamiento sin someterlos de nuevo al trámite de información pública justifica la anulación de las normas subsidiarias de Polanco y la vuelta a la legalidad urbanística vigente en la década de los ochenta, es decir, antes de la revisión aprobada en el año 2002. «Lejos de tratarse de variaciones nimias o de mero cambio de nomenclatura -como aducían las administraciones- los cambios introducidos durante la tramitación afectan a clasificaciones de suelo, sus categorías y usos, afectan a la ordenación de núcleos urbanos y comportan, en fin, la reclasificación de importantes ámbitos de suelo municipal», sostiene el Tribunal Supremo en la sentencia.
El Gobierno de Cantabria y el Ayuntamiento de Polanco habían alegado en su recurso que la prueba pericial practicada no acreditaba que las modificaciones fueran sustanciales y que, por ello, las conclusiones a las que llegaron los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC eran el resultado de una valoración «irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada».
Queda «enteramente justificada» la conclusión del TSJC de que esas modificaciones tienen una «fuerte incidencia» en el modelo territorial global elegido y que, al no reiterar el trámite de exposición pública, tras esos cambios, se está «hurtando a los ciudadanos la posibilidad de contemplar el nuevo modelo urbanístico dibujado en el planeamiento», sostiene ahora el Supremo.
Además, advierte de que nada permite afirmar que esas conclusiones sean el resultado «de una valoración irracional, arbitraria o ilógica de la prueba practicada» ya que, «muy por el contrario», esas apreciaciones «encuentran sólido respaldo en la prueba pericial, de la que se ofrece una cumplida reseña».
Igualmente, el Alto Tribunal rechaza otro de los argumentos esgrimidos por los recurrentes, quienes consideraron que, en el proceso de instancia, Arca se refería de forma «específica y exclusiva» a las modificaciones introducidas ante la aprobación inicial. «La mera lectura de la demanda permite constatar que se hace allí referencia a cambios de clasificación u otras alteraciones introducidas con posterioridad al trámite de información pública. En modo alguno cabe afirmar que el debate quedara circunscrito a los cambios introducidos en el momento de la aprobación provisional», falla el Supremo.
Nuevo Plan General
La sentencia que anula las normas subsidiarias de Polanco obliga al Ayuntamiento y a la Crotu a acelerar la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), del que se han completado trámites esenciales como la presentación del avance, la aprobación inicial y dos exposiciones públicas.
Según el alcalde, es la Crotu quien debe mover ficha ahora y remitir la memoria ambiental, lo que permitiría al Ayuntamiento de Polanco proceder a su aprobación provisional y remitirlo de nuevo a la Crotu para que esta acuerde la definitiva. No obstante, la tramitación puede prolongarse aún durante meses o, incluso, años.
* El Diario Montañés - 27.02.11
Foto: Vista de una parte del casco urbano de Polanco.- diariomontañés
.................................... Leer más...
DIARIODECÁDIZ* : La alcaldesa de Grazalema, la socialista María José Lara Mateos, se halla imputada por cinco delitos en el caso judicial que provocó el desvío del río Guadalete en pleno casco urbano de la localidad serrana. Se trata del supuesto cobro de comisiones en el municipio grazalemeño que puso al descubierto la Operación Pinsapar, que desarrolló en la primavera de 2006 la Guardia Civil. Lo increíble del asunto es que la operación policial vino motivada por una denuncia que la propia regidora socialista realizó ante la Fiscalía de Cádiz. Lara Mateos acudió a la Fiscalía para denunciar que promotores y constructores del edificio de viviendas que empezó a levantarse en la plaza de la Asamblea de la localidad, sobre el cauce primitivo del Guadalete tras desviarlo, le habían dicho que el entonces arquitecto municipal, Juan Prieto, "pedía comisiones".
La investigación de los guardias civiles llevó a la cárcel al arquitecto (que fue despedido del ayuntamiento de forma fulminante) y al contratista de la obra, Cristóbal David Barrera, al decir éste que pagó a Prieto una comisión de 36.000 euros. Así consta en un acta que levantó el secretario del Consistorio serrano de la reunión que dicho contratista, junto a otros arquitectos y un promotor de la actuación, llevada a cabo por la empresa Inmocentral, mantuvo con la alcaldesa y otros ediles del gobierno.
Una comisión que, según la confesión el contratista (que negó luego haber dicho tal cosa), habría cobrado Prieto en especie, en obras que le realizaron en su casa, a cambio de que la empresa de Barrera ejecutara las obras de la primera promoción de viviendas de Inmocentral en la plaza de la Asamblea. La del desvío era la segunda promoción.
Junto a Prieto y el contratista, que lograrían después eludir la prisión tras pagar cada uno una fianza de 50.000 euros, fueron detenidos por la Guardia Civil dos representantes de Inmocentral, Raúl Gascón Aparicio y Rafael Torres Sánchez, hermano del presidente del club de fútbol de Getafe; así como también Antonio del Canto, arquitecto de Ubrique, y José Antonio Martínez, ingeniero industrial de esa localidad.
El Juzgado de Ubrique inició entonces unas diligencias en las que, tiempo después, a estos seis imputados se les sumó el ex alcalde de Grazalema y tío de la actual regidora, Antonio Mateos, al que el juez entonces titular imputó un supuesto delito de prevaricación al comprobarse que, tal como declaró Prieto, incriminando al ex regidor, la primera promoción de Inmocentral de Asamblea tiene mayor edificabilidad de la autorizada en licencia municipal.
La alcaldesa, en los compases iniciales de la investigación judicial, declaró como testigo. Después, durante más de dos años el asunto estuvo parado hasta que, con la llegada de una nueva juez, a principios de 2010 el caso se reactivó. La magistrada citó para declarar como imputada a la alcaldesa. Tras dos iniciales comparecencias fijadas, en febrero y marzo del pasado año, y pospuestas, la alcaldesa declaró finalmente en mayo pasado. Este diario ha conseguido ahora dicha declaración, en la que consta de modo textual que la juez le atribuye un total de cinco delitos: "cohecho, prevaricación, falsedad, contra la ordenación del territorio y denuncia falsa".
Lara Mateos, durante su comparecencia ante la juez, se negó a contestar a las preguntas de los letrados de Prieto, de los representantes de Inmocentral y de Ecologistas en Acción, personado como acusación popular.
Según las fuentes consultadas por este diario, a día de hoy, esta imputación de la socialista sigue vigente. Las mismas fuentes explican que en el Juzgado se dispondría de abultada documentación con pruebas testificales (fundamentalmente, por las declaraciones realizadas por el despedido arquitecto) y documentales que supuestamente incriminarían a la alcaldesa en los delitos que le atribuye la juez. Entre otras, un informe negativo del ex arquitecto sobre la obra, que se inició en julio de 2005, sin licencia, y que pese a que hubo hasta tres denuncias vecinales durante todo ese verano, alertando del posible desvío del río, registradas en el Ayuntamiento, y tras otorgarse entre medias autorización municipal, la regidora no mandó parar hasta octubre de 2005, cuando Ecologistas en Acción denunció a este diario y a la Junta el estropicio realizado en el río. También constan numerosas denuncias de Ecologistas de obras realizadas contrarias al ordenamiento municipal de 2001 y 2003, sin que el Ayuntamiento abriera expediente alguno.
Además de Lara, también han sido imputadas por la juez otras dos ex ediles socialistas,. Francisca Calle Chacón y Ana María Ramírez.
* Diario de Cádiz - 26.02.11
Foto: Grazalema (cádiz), cauce desviado del río, con construcciones - diariodecadiz.es
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Vizcaya* : Que dos constructoras se oponga a ejecutar una promoción urbanística que ellas mismas han impulsado es poco habitual. Más excepcional es que presenten una denuncia en los tribunales contra el Ayuntamiento. Es lo que ocurre en el municipio vizcaíno de Lezama, envuelto en la polémica desde hace año y medio por la recalificación de unos terrenos de la familia de la alcaldesa, la peneuvista Alaitz Etxeandia. El cambio -que suponía el paso de urbanos con calificación de inundable, lo que no permite edificar viviendas, a urbanizables- se realizó en 2007 con la aprobación de las nuevas normas subsidiarias de Lezama. Pero este planeamiento fue declarado nulo en 2009 por el Tribunal Superior vasco, un fallo ya firme desde el 20 de enero, cuando fue ratificado por el Supremo.
Sin embargo, en el último año el consistorio ha puesto en marcha todos los trámites urbanísticos de una sola de las actuaciones previstas, el llamado plan de Txupetxa que se pretende desarrollar en el solar de los Etxeandia: 52 pisos.
Una operación muy cuestionada ya que, como consta en un auto judicial, los Etxeandia alcanzaron un acuerdo de compraventa con dos constructoras en febrero de 2007, ocho meses antes de la aprobación del paneamiento municipal. La clave es que dicho pacto fija el próximo abril como la fecha tope para que el Ayuntamiento ponga el suelo a disposición de los constructores. En caso contrario, los Etxeandia deben reintegrar los 2,2 millones ya cobrados (de los 5,5 acordados para toda la operación) más los daños y perjuicios.
Los constructores, tras encontrarse con el primer fallo negativo del Superior, no vieron clara su operación y en octubre ya anunciaron que se oponían a ejecutarla. Pero el Ayuntamiento hizo caso omiso y ha continuado con los trámites. Ayer, las empresas presentaron una denuncia en el Tribunal Superior en la que piden suspender la orden de la Diputación de Vizcaya que aprobó en diciembre el plan de Txupetxa. "Estamos ante un supuesto de ilegalidad palmaria y evidente", dice una de las demandas al afirmar que la anulación de todo el plan de Lezama conlleva "los instrumentos de ordenación inferiores". La denuncia apunta que el Ayuntamiento de Lezama no da "ninguna señal de actamiento" de los fallos judiciales sino que "al contrario" está inmerso es una "frenética tramitación" urbanística para ejecutar "una sola de las áreas dieseñadas en las normas susididarias anuladas: Txupetxa".
Esta actuación municipal "con toda celeridad" supone, según la constructora, una "política de hechos consumados que convierta a éstos en irreparables". Agrega que el conocimiento del fallo firme del Supremo debería ser "motivo automático para que la Administración mostrara su voluntad de acatamiento".
Esta no es la única denuncia contra el plan urbanístico de los Etxeandia. La plataforma vecinal Lezama Bizirik, que fue la que denunció las normas subsifidarias, ha anunciado la presentación de otra deamdna para suspender el plan de Txupetxa. El Ayuntamiento de Lezama guarda silencio desde el viernes pasado, cuando se conoció el auto del Supremo. En estos dos meses casi ha concluido todos los trámites para que se pueda urbanizar la parcela.
El plan especial
- El plan especial para acometer el proyecto de 52 pisos en los terrenos de familiares de la alcaldesa de Lezama fue aprobado el 20 de diciembre por la Diputación de Vizcaya. Deriva de todo el plan urbanístico de Lezama, en vigor desde 2007.
- El plan fue anulado en 2009 por el Tribunal Superior de Justicia vasco por no incluir previamente el informe de impacto ambiental. El Ayuntamiento recurrió y el 20 de enero, en un fallo firme, fue ratificado por el Tribunal Supremo, por lo que carece de amparo legal.
* El País - 26.02.11
Foto: Lezama (Vizcaya) - todopueblos.com
.................................... Leer más...
ELMUNDO/Mallorca* : La Sección 2ª de la Audiencia Provincial ha confirmado mediante un auto que ocho imputados podrán ser juzgados, junto al ex jefe de Urbanismo del Consistorio y ex director general de Ordenación del Territorio del Govern, Jaume Massot, en el marco de la pieza 9 del caso Andratx, después de que los encausados recurriesen este trámite ante esta instancia judicial, que ha desestimado así la petición de archivo solicitado por cada uno de ellos. El tribunal ha rechazado de este modo los recursos de apelación interpuestos por las defensas de estos inculpados, que de acuerdo a las investigaciones participaron junto a Massot -que no había recurrido-, en la emisión de informes favorables y la concesión de una licencia, todo ello de forma presuntamente irregular, para la construcción de una vivienda en un Área Rural de Interés Paisajístico (Arip) a pesar de que en el terreno, de 7.103 metros cuadrados, no se podía edificar.
La resolución de la Audiencia avala de este modo el auto dictado por el anterior juez instructor del caso Andratx, Francisco José Pérez, que ponía fin a la instrucción de esta pieza y decretaba su pase a procedimiento abreviado para que las acusaciones pudieran presentar sus escritos. De hecho, la acusación particular, ejercida por la abogada Isabel Fluxà, ya se ha pronunciado y sus peticiones más elevadas de cárcel (seis años) las dirige contra Massot, defendido por Fernando Mateas, y la administrativa Ángela Hernández, asistida por Alberto García, a raíz del grado de implicación que tuvieron en los hechos.
La acusación, en nombre del Ayuntamiento, postula que tras adquirir la parcela por la "burlesca cantidad" de 31.252 euros, los acusados María Jesús González, su marido Emilio Martínez y su hijo Pedro Martínez comenzaron entre 2002 y 2004 a efectuar obras sin ningún tipo de licencia y sin que constase la existencia de construcción alguna sino tan sólo unas ruinas de una casa de aperos. Para ello, solicitaron un certificado de superficie y antigüedad a la acusada Ángela Hernández, quien escribió de su puño y letra la inscripción de 50 metros cuadrados -en referencia a los restos existentes- "a sabiendas de la falsedad de dichos datos".
"Lo redacta ella misma por órdenes del señor Massot", prosigue la acusación particular al incidir en el papel que jugó la inculpada en los hechos, calificando incluso de "estrecha" e "indudable" la relación de amistad que le unía a Massot.
El escrito señala que la concesión de la licencia fue respaldada por el también inculpado Luis Ros, que "faltando claramente a la verdad" indicó que el suelo era urbano, para posteriormente entrar en escena Rodríguez Miranda y Gabriel Vicens, quienes emitieron sendos informes favorables "de forma arbitraria para favorecer el otorgamiendo de una licencia nula de pleno derecho". Precisamente, sobre Rodríguez Miranda ya advertía el juez de instrucción que como asesor jurídico debía tener conocimientos en materia urbanística y "velar por el cumplimiento de la legalidad". "Si de lo contrario se limitara a comprobar que se han elaborado todos los informes, sería irrelevante su formación: da igual que fuera administrativo, licenciado en enfermería o en psicología", abundaba al respecto el auto recurrido. En cualquier caso, la licencia fue finalmente aprobada por junta de gobierno el 22 de julio de 2005.
Unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de falsedad e documento oficial, contra la ordenación del territorio y de prevaricación urbanística, y por los que, además de la petición de seis años de prisión para Massot y Hernández, el Ayuntamiento reclama otros cuatro para María Jesús González, Emilio Martínez, Pedro Martínez y Luis Ros, y un año de privación de libertad para Gabriel Vicens y Rodríguez Miranda.
* El Mundo - EP. - 24.02.11
Foto: andratx - guides
.................................... Leer más...
LAVANGUARDIA* : Cuando todavía sigue marcando la actualidad inmobiliaria el debate sobre la inclusión de la dación en pago en la Ley Hipotecaria española, un juez de Sabadell ha llevado la normativa sobre deshaucios y ejecución de hipotecas ante el Tribunal Constitucional por considerar que perjudica al ciudadano y vulnera el derecho a la vivienda. Esta semana una nueva noticia en el ámbito judicial ha irrumpido en la actualidad inmobiliaria. El titular del juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell ha elevado al Tribunal Constitucional (TC) la normativa sobre deshaucios y ejecución de las hipotecas al considerar que los préstamos hipotecarios contienen "un intenso desequilibrio contractual" entre la entidad financiera y el cliente y que, en un proceso de ejecución hipotecaria, se perjudica a los ciudadanos embargados y se vulnera su derecho a la vivienda.
El juez, que afirma en el auto que las cláusulas hipotecarias contienen "abusos" porque "no son efectivamente negociados entre las partes sino mayoritariamente predispuestos por la entidad financiera, pide además al TC que contemple elevar el valor de la vivienda que se quedan las entidades tras la subhasta -en la mayoría de casos está un 50% por debajo de su valor inicial- así como que estudie, si es necesaria, una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. Ante la sentencia que dicte el Tribunal Constitucional no cabe recurso alguno, con lo cual el fallo puede marcar un antes y un después.
Y todo esto ocurría el mismo día en que diputados del PSOE y del PP hicieron frente común en el Congreso de los Diputados para tumbar una propuesta de ley para pedir la inclusión de la dación en pago en el marco legislativo hipotecario y que viene avalada también por el apoyo de numerosas asociaciones de consumidores y de entidades de representación como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que anunciaba también esta semana la intención de pedir formalmente al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que contemplen las modificaciones normativas oportunas para que las hipotecas puedan quedar saldadas con la entrega de la vivienda a la entidad financiera.
La FEMP, que ha querido mostrar con este gesto su apoyo a las familias que como consecuencia de la dura crisis económica por la actual situación de crisis se enfrentan a la pérdida de su vivienda tras un proceso de ejecución hipotecaria, se suma así al polémico debate de la dación en pago que, pese a las reticencias de algunos sectores, parece no querer dar la batalla por perdida. Por su parte el ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ya ha declarado que el Gobierno "no está por la labor" de modificar la legislación hipotecaria.
* La Vanguardia - Ya encontré - 23.02.11
Foto: Hipotecas, montaje fotos - 20minutos.es
.................................... Leer más...
LAVOZDEGALICIA* : La Xunta reclamó ayer el gobierno local que asuma «por unha vez» sus competencias en materia urbanística para evitar poner en peligro la catalogación de la torre de Hércules como patrimonio de la humanidad. La amenaza de los propietarios de los aprovechamientos urbanísticos de la parcela del Agra de San Amaro dejaron entrever su intención de reclamar judicialmente la compensación económica de sus proyectos fallidos y previamente recogidos y aprobados dentro del plan general de 1998 y el estudio de detalle del año 2002, por un importe que, según sus propias estimaciones, podría alcanzar los sesenta millones de euros». A juicio del Gobierno autonómico recordó al Ayuntamiento que el veto a la urbanización del Agra de San Amaro responde a las recomendaciones fijadas por la Unesco y que desde María Pita, «no exercicio das súas competencias en materia de planeamento urbanístico, debe solucionar este problema atopando unha ubicación alternativa para estas construcións e así non incumprir as recomendacións que antes se comprometeron a cumprir».
La concejala de Urbanismo, Obdulia Taboadela, admitió ayer la existencia de conversaciones con los propietarios, pero quiso dejar claro que «non se plantexa o pago de indemnizacións, pero en todo caso non non somos os responsables da decisión. Nós consideramos que a responsable é a Xunta». Taboadela indicó que en ningún caso supondrá merma económica para las arcas municipales, «más allá de no ingresar las cuantías económicas previstas previstas en el apartado de concesión de licencias de obra».
El delegado del Ejecutivo autonómico en A Coruña, Diego Calvo, rechazó la imputación de Taboadela y pidió «que o Concello asuma de unha vez as súas responsabilidades, xa que a competencia exclusiva de outorgar licenzas en só urbano é una competencia exclusivamente municipal».
* La Voz de Galicia - 24.02.11
Foto: A Coruña, entorno Torre Hércules - laopinioncoruna.es
.................................... Leer más...
DIARIODEMALLORCA* : Tres personas han sido detenidas en las últimas horas en relación con la operación anticorrupción que ha posibilitado el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, informaron a Efe fuentes de la investigación. A las detenciones de Catalina Payeras, ex gerente del IMFOF (Instituto Municipal de Formación y Ocupación), y de Paula Cortés, "número dos" de Cristina Cerdó (UM) en la concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma, se ha sumado el arresto de un tercer implicado en el caso, alvador Maimó, asesor de medio ambiente del Ayuntamiento. Todos ellos han sido acusados como presuntos autores de un delito de malversación de caudales públicos, según las fuentes. El juez, la fiscalía anticorrupción y la Policía prolongan durante más de seis horas el registro a la sede central de Unió Mallorquina (UM), en Palma, en una operación que deriva de diversos casos de corrupción ya abiertos en los últimos meses relacionados con este partido político.
El titular del juzgado de instrucción número 8 de Palma, Antonio Rotger, ha ordenado el registro de UM, que comenzó a las 8:30 horas, y se encuentra en el interior de la sede política.
Tan solo un dirigente de UM ha podido acceder a su sede. Se trata del secretario general del partido Joan Monjo.
En relación con este caso, la policía detuvo también anoche e interrogó a la exgerente del IMFOF del Ayuntamiento de Palma Catalina Palleras, han informado fuentes jurídicas.
Tras su declaración ante la policía, que la preguntó sobre la supuesta contratación irregular en empresas municipales controladas por Unió Mallorquina, Palleras quedó en libertad con cargos, indicaron las fuentes.
La Policía ha detenido hoy a Paula Cortés, que fue coordinadora de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y supervisaba funciones de los informadores medioambientales del Ayuntamiento (IMAS), que eran contratados a través del IMFOF.
Un tercer implicado ha sido detenido a lo largo del día de hoy, según fuentes de la investigación.
* Diario de Mallorca - 25.02.11
Foto: Palma, parlamento balear - picasaweb.google.com
.................................... Leer más...
ELDIARIOMONTAÑÉS/Cantabria* : El alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco, que hoy mismo ha sido condenado a año y medio de cárcel y nueve de inhabilitación por prevaricación urbanística, acaba de anunciar su intención de no presentarse a las elecciones del mes de mayo aunque sí agotará la legislatura. Asegura que ha tomado esta decisión "por una cuestión personal" y de la que ya está al corriente el presidente del Partido Popular de Cantabria, Ignacio Diego. Una decisión irrelevante porque desde el mismo momento en que se ha anunciado esta sentencia, Pacheco quedaba excluido por ley para poder presentarse a las elecciones. Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado, son inelegibles "los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo, contra la Administración Pública o contra las Instituciones del Estado cuando la misma haya establecido la pena de inhabilitación para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo o la de inhabilitación absoluta o especial o de suspensión para empleo o cargo público en los términos previstos en la legislación penal".
Pacheco ha lamentado que su despedida de la política sea "tan manifiestamente injusta" como, a su juicio, resulta con la sentencia que le condena a año y medio de cárcel por prevaricación urbanística y le inhabilita por otros nueve. El alcalde subraya que su decisión de abandonar la política no se debe a esta resolución judicial, sino a una decisión "personal". "Quien me ha apuntado con una escopeta, no solo ha fallado sino que se lo podía haber ahorrado".
Terminará su mandato
No obstante, ha dejado claro que terminará su mandato, y ha recalcado que la decisión de no presentarse a las elecciones la tenía "tomada y medida", porque su edad y "alguna" situación personal (fue operado del corazón recientemente) le aconsejaban que era "momento" de "dejar la vida política".
En una rueda de prensa en el Ayuntamiento en la que estuvo acompañado de su abogado, Andrés de Diego, y del resto del equipo de Gobierno, el alcalde ha hecho una "valoración positiva" de la sentencia conocida este viernes, en la medida en que le ha "herido" a él, pero no afecta a las alrededor de 200 familias propietarias de las viviendas.
Pacheco ha reiterado que recurrirá la sentencia y confía en que la Audiencia Provincial "aclare definitivamente su actuación" ya que, según dice, si se aplicara el mismo criterio seguido con él, "todos los alcaldes de España deberían ser condenados".
Lo que ocurre, a su juicio, es que en este país ser alcalde del PP con mayoría es "un riesgo" frente a "aquellas instituciones que dependen del poder político". De hecho, ha cuestionado la "curiosa utilización de los tiempos" en este proceso judicial, porque la sentencia se conoce a tres meses de las elecciones y transcurridos ya nueve meses desde la celebración del juicio.
De todas maneras, tiene la "absoluta certeza" de que el PP volverá a obtener mayoría absoluta en Piélagos en las elecciones del próximo 22 de mayo y los votos del municipio contribuirán también a la victoria de Ignacio Diego a nivel autonómico. "Si algunos pretendían pinchar el globo electoral de Piélagos, se confunden", ha apostillado.
"Completa tranquilidad"
Pacheco ha manifestado su "completa tranquilidad" al respecto, asegurando que recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial, ante la que cabe recurso de apelación. Pacheco ha calificado esta decisión judicial como una "estrategia política de cara a las próximas elecciones, repetida hace cuatro años con el tema del Cuco". De esta forma, el regidor explica que "sólo hay que ver que han tardado nueve meses en emitir esta sentencia, comunicada ahora, a apenas varios meses de los próximos comicios".
Respecto al contenido de la sentencia, ha asegurado que "no deja de ser sorprendente en muchos aspectos", que se argumentarán en el recurso de apelación del que el abogado no ha adelantado detalles porque es "prematuro".
En cualquier caso, lo que sí ha señalado el alcalde es que aplicando el mismo criterio por el que se le condena a él, "la totalidad de los alcaldes de España deberían ser condenados" e incluso algunos magistrados de lo Contencioso-Administrativo.
Así, ha puesto el ejemplo de otras dos licencias en el municipio que denegó el Ayuntamiento por falta de servicios --que es lo que faltaba también en las licencias por las que se le condena--, y en aquellos casos un Juzgado de lo Contencioso concedió las licencias.
Además, ha hecho hincapié en que no se le condena por un "enriquecimiento personal" o por un "perjuicio" al patrimonio municipal, sino por "infracciones del procedimiento"; y ha afirmado que actuó con "todos los informes favorables". Es más, ha opinado que si no hubiera dado las licencias se habría tenido que sentar igualmente ante la justicia porque los propietarios de los terrenos "tenían sus derechos".
La condena
El Juzgado de lo Penal número 3 comunicó esta mañana que ha condenado al alcalde de Piélagos, Jesús Ángel Pacheco (PP), a un año y medio de cárcel y a no poder desempeñar cargos públicos durante nueve años como autor de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en la modalidad de prevaricación urbanística.
La sentencia considera probado que Pacheco concedió entre 2004 y 2005 quince licencias de construcción a sabiendas de que "vulneraban la normativa urbanística vigente, por basarse en interpretaciones declaradas formalmente contrarias al ordenamiento urbanístico, según reiterada jurisprudencia", algo de lo que le advirtieron "expresamente", el arquitecto municipal y los servicios jurídicos.
El Ayuntamiento de Piélagos ha recibido en los últimos años varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria que ponen en cuestión su gestión del urbanismo y que han ordenado la demolición de varias urbanizaciones en Liencres y el Alto del Cuco.
* El Diario Montañés - 25.02.11
Foto: Piélagos (Cantabria), urb. Alto del Cuco - S.Cirilo, elpais.com
.................................... Leer más...
ELPAÍS* : El barrio valenciano de Campanar, una zona de fuerte crecimiento urbanístico, se queda sin otra parcela de uso escolar pese al déficit de plazas educativas que arrastra el distrito. La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia informó favorablemente el lunes del cambio de uso de una parcela de 12.965 metros cuadrados, calificada de escolar, a petición de la sociedad Inversiones Sociosanitarias (Inverso), participada por la Fundación Universidad Católica San Vicente Mártir. Esta universidad quiere construir en esa parcela, donde en principio iba un instituto, un hospital y una facultad privada. Este cambio de uso irá al pleno municipal de mañana, luego se expondrá al público y, salvo complicaciones, se aprobará definitivamente.
No es la primera vez que se pide un cambio de uso de esta parcela situada entre las calles de Rafael Alberti, Sierra Calderona, Jorge Comín y Pío Baroja, pero antes no se ha autorizado. El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, aseguró ayer que el cambio de uso cuenta con el informe favorable de la Consejería de Educación.
Pero el concejal de la oposición Juan Soto enseñó un informe de este mismo departamento y fechado en 2009 que consideraba todo lo contrario. Es decir, esa parcela era imprescindible que conservase su destino escolar por la falta de plazas.
En su último informe, Educación dice que existen otras parcelas en el distrito -aunque algunas están a dos y tres kilómetros de varios sectores nuevos de viviendas, en los que edificar posibles centros escolares. Ninguno de ellos reúne, replicó Soto, las medidas estándar para su construcción -son más pequeñas- y se han "trampeado" los cálculos.
Los socialistas urgirán en este pleno a que se amplíe la remodelación del colegio público Giner de los Ríos, un centro saturado y donde proliferan los barracones.
* El País - 24.02.11
Foto: Valencia, ayuntamiento - wikimedia.org
.................................... Leer más...
DIARIOLASAMÉRICAS/Ecuador* : Quito tiene casi 500 barrios ilegales, construidos en terrenos no urbanizables, cuyos habitantes luchan para que el Ayuntamiento regule su situación y les proporcione servicios básicos como luz, agua o alcantarillado. El fenómeno es fruto de la codicia de traficantes de tierras y afecta a miles de familias desde hace décadas, pero ha cobrado especial interés tras las recientes invasiones de terrenos en Guayaquil. El Gobierno de Rafael Correa respondió con el despliegue de las fuerzas armadas en la zona para frenar las invasiones. Los traficantes de tierras, conocidos como “lotizadores”, se aprovechan de la ignorancia y la necesidad de los más pobres para vender terrenos sin permiso de urbanización y que en ocasiones tan siquiera son de su propiedad.
“El traficante nos engañó y nos vendió unos terrenos sin legalizar, cobrándonos plata para la apertura de vías y el alcantarillado”, dijo Leonor Chela, vicepresidenta del Comité de La Garzota, un barrio ilegal de Quito, quien se negó a dejarse fotografiar “por miedo a represalias”.
Y es que estos estafadores usan la extorsión para cobrar la deuda.
“Un grupo de gente está siempre cobrando a los habitantes bajo formas de violencia bastante altas. Si no puedes pagar, trabajas para el traficante: ayudándole en el tráfico de tierras, mejorando los servicios del barrio, e incluso vinculándote al sicariato”, explicó Fernando Carrión, profesor de Estudios de la Ciudad de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).
Unas 150 familias compraron a un traficante en los años 90 una parcela en la Garzota, barrio asentado en las laderas del volcán Pichincha, pensando que dispondrían de asfalto, luz y agua en poco tiempo.
Hace nueve años, el lotizador desapareció tras cobrar la deuda a sus moradores, dejando el barrio con graves deficiencias, que incluso causaron la muerte de una familia el pasado diciembre cuando un alud de tierra sepultó su casa.
La Garzota sigue con las calles sin pavimentar y tanto el agua como la luz la toman del barrio colindante y legal de Cristo Rey.
En la Garzota hay desde casitas de adobe donde viven familias numerosas, hasta viviendas de dos plantas y con mejores infraestructuras, todas construidas por sus moradores sin planos ni conocimientos de urbanismo.
El fenómeno de las invasiones no es nuevo en Ecuador. Hubo dos oleadas en los 40 y los 70, marcadas por el éxodo rural, y ... una tercera en el 2000, fruto del encarecimiento del centro de la ciudad, que obligó a los más pobres a desplazarse a la periferia.
Consciente de la problemática, el Ayuntamiento de Quito en 2010 regularizó 86 barrios y reubicó a decenas de familias que vivían en zonas declaradas de peligro ecológico.
“Este año esperamos relocalizar a por lo menos 500 familias de barrios en peligro inminente, por vulnerabilidad física o social”, dijo a Efe la secretaria de Seguridad de Quito, Lourdes Rodríguez.
La alcaldía dispone de un plan para reubicar a las familias, que implica el desalojo de la vivienda actual, un bono de 200 dólares al mes para alquiler y una ayuda económica para comprar una nueva casa.
Para 2011 tiene prevista la regularización de 106 barrios, frente a los 20 barrios por año de la primera década del 2000, según datos del consistorio.
Los vecinos de estos barrios esperan con ansia, aunque algunos achacan a la municipalidad lentitud en las obras y permisividad con los lotizadores.
“El alcalde brilla por su ausencia tras muchas promesas. Estamos desamparados de todo. La luz y el agua potable se nos va a ratos, con el pretexto de que el barrio no está legalizado”, denunció Gonzalo Vargas, albañil y poblador de la Garzota, mientras colocaba bloques de adobe, a 23 centavos la pieza, para ampliar su casa.
La reubicación, sin embargo, no es del agrado de estas familias, las cuales han invertido en la construcción de su vivienda gran parte de su vida y su pequeño salario, que en la mayoría de casos ronda los 300 dólares mensuales.
“No aceptaríamos que nos cambiaran de casa porque somos pobres y tenemos muchos hijos. ¿A dónde vamos a ir? El señor alcalde no nos va a dar lo que hemos gastado en esta casa”, sentenció Blanca Usiña, mientras preparaba a sus seis hijos para ir a la escuela.
* Diario Las Américas - EFE - 23.02.11
Foto: Quito (Ecuador), vista - estoesquitopapito
.................................... Leer más...
REBELIÓN* : Asociaciones de vecinos de diez distritos de la ciudad de Madrid (Arganzuela, Centro, Hortaleza, Fuencarral, Ciudad Lineal, Vicálvaro, Vallecas, Villaverde, Carabanchel y Latina) han hecho público un balance de la gestión llevada a cabo por el PP en la ciudad de Madrid durante 8 años de gobierno del equipo del actual alcalde Alberto Ruiz Gallardón, que accedió “prometiendo descentralización, participación ciudadana en la gestión, democratización de la gestión pública, etc. Transcurrido ese tiempo, Madrid es una ciudad prácticamente en quiebra económica, los distritos de la ciudad han sido olvidados, los impuestos han subido indiscriminadamente y el modelo de ciudad para el ciudadano ha sido sustituido por el modelo autoritario de ciudad para los negocios”. Critica el comunicado la “nefasta gestión presupuestaria”, con derroche en inversiones y gastos innecesarios, y el castigo a los ciudadanos con abusivas e injustas tasas e impuestos. “Los vecinos de Madrid sufrimos las consecuencias de esta gestión que se puede resumir como una situación de quiebra técnica y presupuestaria, un deterioro y recorte de los servicios más importantes, la ruina de pequeños proveedores de bienes y servicios, la destrucción de empleo directo e indirecto, el abandono de las inversiones necesarias en barrios desfavorecidos o la gestión hipotecada para las próximas décadas”.
Las AAVV denuncian también “la política liberal, que subordina el bienestar de los ciudadanos a los intereses de las grandes empresas”. “Esta política –afirman- ha llevado a una eliminación y precarización del empleo generado por el Ayuntamiento y a un deterioro de los servicios, que ahora son de peor calidad por la degradación de las condiciones de trabajo, y más caros porque se trata de garantizar los beneficios a las empresas antes que el servicio a los vecinos”. El urbanismo especulativo y la política de agresión medioambiental ha convertido a la ciudad en un espacio hostil a los ciudadanos.
Denuncia también el comunicado la “centralización y falta absoluta de participación”, vaciando absolutamente a las Juntas Municipales de competencias y presupuesto.
Finalizan las Asociaciones de Vecinos con la apuesta “por una ciudad habitable, fiscalmente más justa, solidaria, descentralizada y participativa”, en la que existan unos “ayuntamientos de distrito” que puedan establecer una verdadera democracia participativa y de manera directa.
Consultar la versión completa del documento
Además estas Asociaciones de Vecinos llaman a los madrileños a participar en la manifestación convocada por los bomberos de la capital de este domingo 27, para apoyar su lucha por unas mejores condiciones laborales y de los medios, lo que redundará en una mejora del servicio y la seguridad de los ciudadanos.
* Rebelión - 25.02.11
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Barcelona* : El miedo de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB) a que se construya más en Montjuïc tiene nombre: 6c/mj. Esta es la nueva calificación con la que el Ayuntamiento busca denominar la mayoría del área de la montaña. Según la FAVB, se trata de un "ejercicio de creatividad urbanística" con la que el Consistorio pretende "colar" más urbanización de áreas verdes. Esta es una de las alegaciones que ayer presentó la federación al proyecto de modificación del Plan General Metropolitano (PGM), con el que se reordenará el parque. Según el escrito, el Ayuntamiento equipara espacio libre a zona verde mediante la nueva denominación. Así, por ejemplo, el mirador del MNAC, la explanada de la fuentes mágica y algunas calzadas de la parte superior de la montaña contarían como tales, según la modificación prevista. Para la FAVB, "plantar árboles no cambia la naturaleza urbanística" de los espacios.
El Consistorio dice que con la modificación se aumenta en 93.691 metros cuadrados el área de parques y jardines. Muchos de esos metros cuadrados se ganan a costa de algunas carreteras de las cotas altas que dejarán de serlo y de algunos edificios de equipamientos que serán deconstruidos. Es el caso del pabellón de Italia de la Fira, que se derribará, las instalaciones del tiro olímpico y la hípica.
Ricard Fayos, de los servicios de Urbanismo, alega que la nueva clave urbanística de la que desconfían los vecinos es, en realidad, la forma de blindar la montaña de recalificaciones urbanísticas, es decir, evitar que haya "cambio de cromos" con otras zonas de la ciudad y que se pueda construir en Montjuïc. Asegura que salvo los equipamientos ya previstos, entre ellos la perrera y el centro de interpretación de los acantilados, no se levantarán más edificaciones allí. De esta afirmación desconfían profundamente los vecinos, que no han visto con buenos ojos que el Consistorio decidiera, sin debate, que la perrera irá a Montjuïc. "Ha sido un seudoproceso participativo, nos ha ocultado información técnica", aseguró Ana Menéndez, presidenta de la asociación de vecinos de La Satalia.
* El País - 24.02.11
Foto: Barcelona, aérea Montjuic - bcnhoy
.................................... Leer más...
PÚBLICO/Salobreña* : La compañía británica Rustfield, de la que Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, es el beneficiario económico, blanqueó 240.000 euros en el residencial Alminares en Salobreña (Granada), según se afirma en un auto del martes pasado del magistrado Antonio Pedreira, instructor de la rama del caso radicada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Rustfield aportó 240.000 euros "de procedencia ilícita previamente sacados al exterior" a la cuenta de Lujeca, una sociedad patromonial administrada por Jesús Calvo Soria, según escribe Pedreira en el auto en el que rechaza levantar el embargo que pesa sobre una cuenta de Lujeca. La Fiscalía asegura que Calvo Soria conocía sin duda alguna la procedencia ilícita de esos fondos.
El juez Pedreira detalla en su auto los pasos que se siguieron para el blanqueo. En noviembre de 2002, Calvo Soria constituyó la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios (NPI), que estaba participada por su patrimonial Lujeca, para edificar el residencial Alminares. Posteriormente, NPI acordó en junta general vender parte de las acciones de Lujeca a Rustfield. Los accionistas financian la compra de la finca mediante un préstamo de 900.000 euros. Rustfield aporta para ello 240.000 euros (225.000 suyos más 15.000 en nombre de Lujeca) mediante un ingreso en efectivo en la cuenta de NPI en Caja Madrid.
La Oficina de Investigación contra el Fraude, en un informe, consideró que se había producido una repatriación de fondos. La Fiscalía asegura que el dinero se transfirió desde la cuenta de Rustfield en el Barclays Bank de Londres, "por lo que ninguna duda puede albergar Calvo Soria de que se trataba de un ingreso del extranjero para deslocalizar una inversión de Correa".
Conexión con Bormujos
En el proyecto de Salobreña participó además la sociedad Bratelk SL, cuyo administrador único es Máximo González Jurado, quien aportó 330.000 euros. González Jurado, que no está imputado en el caso, es el presidente del Consejo de Enfermería y, según una grabación incluida en el sumario, fue quien movió los hilos que llevaron a la moción de censura en Bormujos.
Así lo transmitió el propio Correa en un almuerzo en octubre de 2006 cuando le cuentan que Calvo Soria declaraba ante un juez de Sevilla por la moción de Bormujos. Preguntado por Público, González Jurado manifestó sobre Bormujos que nada tuvo que ver, que fue allí porque le invitaron a tomar un café. Sobre Salobreña indicó que invirtió allí porque le pareció "un proyecto interesante". Su intención, agregó, era comprar tres viviendas de la promoción para revenderlas y obtener una plusvalía y que no sabía que Rustfield era de Correa ni que hubiera dinero negro en la operación.
Calvo Soria, además de socio de Correa en Salobreña, fue el muñidor junto a Tomás Martín Morales de la moción de censura que desbancó en enero de 2005 al PSOE de la alcaldía de Bormujos (Sevilla). Tanto Calvo Soria como Martín Morales están imputados en la causa Gürtel. La justicia investigó entonces un presunto soborno, pero archivó el caso por falta de pruebas. Dos ediles independientes habían denunciado que un grupo de Madrid les había ofrecido 840.000 euros si votaban a favor del cambio en la alcaldía, que logró Baldomero Gaviño, un concejal independiente aliado con la edil del PP, Ana Hermoso, actual alcaldesa.
* Público - 24.02.11
Foto: Caso Gürtel, el jefe Correa en coche - EFE
.................................... Leer más...
LAPROVINCIA/Fuerteventura* : El Tribunal Supremo también considera que el Plan Parcial Casas de Majanicho es nulo y avala la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que había fallado en su día la nulidad de esta actuación urbanística en el municipio de La Oliva. El Alto Tribunal ha desestimado el recurso de casación presentado por la entidad Nombredo SL promotor de la citada urbanización que contemplaba la construcción de 4.000 plazas hoteleras y residenciales, de las que ya están finalizadas 748 villas rodeadas de zonas deportivas y de ocio, piscinas y pistas de tenis. El Ayuntamiento de La Oliva, siendo alcalde Domingo González Arroyo, aprobó en sesión plenaria, en diciembre de 2000, con los ocho votos favorables del PP y cinco en contra de los ediles de Coalición Canaria (CC) y PSOE, declarar aprobado el plan parcial Casas de Majanicho, SAU-12, promovido por la empresa Nombredo y redactado por los arquitectos Lluis Serra y Carles Espinos.
La decisión municipal fue recurrida ante el TSJC por los ecologistas de Agonane. El Alto Tribunal canario dictamina, en noviembre de 2006, a favor de las tesis ecologistas al entender que el plan parcial no cumplía con las Normas Subsidiarias de La Oliva, que solo permite el uso turístico y no el desarrollo residencial; que la entonces Cotmac había informado de forma desfavorable el proyecto urbanístico, que no contaba con los informes técnicos pertinentes y que se había vulnerado la participación pública en la tramitación de los instrumentos de ordenación.
Ante esta situación, la entidad Nombredo SL, promotora del citado plan parcial, presentó un recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que cuatro años más tarde falla a favor de las tesis que han venido manteniendo los ecologistas.
Preocupación
La alcaldesa de La Oliva, Rosa Fernández, mostró ayer su preocupación por la nueva sentencia judicial que declara nulo la aprobación de la urbanización de Majanicho "no hay que olvidar que está terminada y con esto se viene todo abajo". La regidora agregó: "Hemos pedido un informe jurídico a Carmelo Padrón porque Nombredo nos ha denunciado por responsabilidad patrimonial. Hay que esperar el informe para poder valorar la actual situación".
El Cabildo majorero y el Consistorio de La Oliva, siendo alcaldesa Claudina Morales, renegociaron el proyecto con los promotores, reduciéndose el numero de camas a 1.500 y obligando a Nombredo a la realización de ciertas inversiones en infraestructuras.
Fuentes cercanas a la promotora señalaron ayer que la sentencia del Supremo "solo anula la aprobación del plan parcial y no hace mención a aspectos urbanísticos, medioambientales o ecológicos".
* La Provincia - 22.02.11
Foto: El Tribunal Supremo considera nulo el Plan Parcial de Majanicho - laprovincia
.................................... Leer más...
DIARIODEMALLORCA* : La juez de instrucción nº4 de Palma, Piedad Marín, ha abierto juicio oral (pase a procedimiento abreviado) contra el ex conseller de Comercio e Industria en el anterior Govern del PP, Josep Juan Cardona, y otros 17 imputados en el caso Scala, la presunta trama de expolio organizado del consorcio público CDEIB. La juez da pie a la fiscalía anticorrupción y al actual Govern a formular sus escritos de acusación, que para los principales imputados podrían suponer peticiones de condena próximas a los 25 años de cárcel. La magistrada Piedad Marín ha estudiado a fondo el voluminoso sumario en las últimas semanas y ha dictado un auto de casi 200 folios, donde refleja con minuciosidad los hechos que ella estima delictivos. Básicamente, la juez desgrana en su relato cómo Cardona y otros dos altos cargos de la conselleria de Comercio –Kurt Viaene, director general de Promoción Industrial, y Antònia Ordinas, directora-gerente del Consorci Per el Desenvolupament Econòmic de les Illes Balears– encabezaron una presunta asociación ilícita dedicada, con denuedo, a desviar fondos públicos a sus bolsillos particulares o a los de sus allegados.
Los otros encausados que serán juzgados en este sumario son: Felip Ferré, exedil del PP de Lloseta y sobrino político del anterior president del Govern Jaume Matas; Arnaldus Van den Hurk, socio de Ferré; Isabel Rosselló, esposa de Ordinas; Jaime Fernández Abad; Joan Rosselló; Francisco García Cerrato; Sergio Pereletegui; Jaume Gil; Manuel Saez Vidal; Pedro Veny; Juan Simonet; Antoni Vicens; Antonio Munar y Francisco Mauri.
La fiscalía, y la acusación particular en nombre del actual Govern, ejercida por la letrada María Ángeles Berrocal, no se reprimen a la hora de calificar a los principales encausados, con el ex conseller de Comercio Josep Juan Cardona, a la cabeza, de "una asociación ilícita dedicada a apoderarse de ingentes cantidades de dinero procedentes de los fondos públicos que tenían a su disposición por razón de su cargo".
Las acusaciones hablan, sin tapujos, de "creación de una estructura jerárquica y perfectamente organizada"; diseño que permitió "el saqueo sistemático de las arcas públicas". El presunto botín ascendió a 3,7 millones de euros; los acusados causaron, presuntamente, otro quebranto de 3,3 millones de euros de los sobrecostes que el Govern tuvo que pagar por sobrasadas, quesos y otros productos con denominación de origen, así como por todo tipo de servicios contratados a las empresas del entramado. En total, 7 millones de euros.
Sensación de impunidad
Cardona "ocupó la posición de líder o jefe director de la presunta trama. El ex presidente del PP de Eivissa "impartió las instrucciones a sus subordinados"; "se ocupó como conseller de Comercio de nutrir económicamente al CDEIB de fondos públicos, mediante el trasvase de dinero de la propia conselleria o desde del Instituto de Innovación Empresarial (IDI)".
Para las acusaciones, la banda de saqueadores escogió el CDEIB para enriquecerse porque su actividad como organizadora de ferias y otros eventos promocionales "era idónea para enmascarar el continuo y sistemático desvío de fondos públicos". Además, no había "controles previos administrativos, ni financieros sobre la gestión de ese consorcio público", que recibió en la pasada legislatura unos 25 millones de euros. Eso les dio una sensación de "total impunidad".
* Diario de Mallorca - 23.02.11
Foto: Palma, conseller Cardona imputado - diariodemallorca
.................................... Leer más...
ELPAÍS/Tarragona* : Una resolución dictada ayer por el juzgado de lo contencioso administrativo nº2 de Tarragona abre la vía para salvar in extremis Marina Tarraco, complejo de lujo del puerto tarraconense valorado en 50 millones de euros y sobre el que pendía una orden de derribo dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. El nuevo fallo reconoce la legalidad del complejo por primera vez desde que Rafael Pérez, empresario que participó en su construcción, denunció en 2005 que este carecía de permiso de obras como represalia porque los promotores, International Marina Tarragona, se negaron a pagarle unos servicios. La decisión judicial avala ahora la legalidad del centro al estimar las modificaciones urbanísticas y otras actuaciones llevadas a cabo desde 2009 por el Ayuntamiento para tratar de legalizar el complejo. Algunas de estas modificaciones fueron adoptadas tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ordenaba el derribo de Marina Tarraco.
El fallo no es firme pero salvará los 15.000 metros cuadrados que acogen oficinas, restaurantes y establecimientos comerciales si el denunciante no lo recurre, lo que evitaría que la causa acabara otra vez en el TSJC. Para lograrlo, International Marina Tarraco negocia desde diciembre con Pérez para cerrar un pacto extrajudicial que zanje el conflicto y que contemplaría una compensación económica al denunciante, señalan fuentes municipales.
El empresario, que ayer evitó aclarar a este diario si ha pactado algún acuerdo en este sentido, envió un escrito al juzgado el mes pasado notificando que ya "no se opone a la legalización de los edificios". Ello supone que se conforma con una sentencia favorable a sus intereses sin que esta deba comportar la demolición del complejo, derribo que Pérez reclamaba desde que en 2007 la primera sentencia del juzgado consideró probada la ilegalidad del centro.
"Si el denunciante insiste en reclamar el derribo tiene muchos números de que el Tribunal Superior le dé la razón", advirtió José Antonio Sánchez, abogado experto en derecho urbanístico. "El criterio del juzgado contencioso administrativo es correcto, porque derribar todo el complejo puede suponer un perjuicio para terceros", añadió para estimar que la nueva interpretación de la juez responde a que "tendrá cierta seguridad en que el denunciante no pretende recurrir la sentencia".
El alcalde de Tarragona, el socialista Josep Félix Ballesteros, no se refirió a la posible reacción del denunciante pero saludó la sentencia como si fuera definitiva. "La recibimos con mucha satisfacción. Quiero felicitar a nuestros servicios jurídicos", dijo. El presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Josep Andreu la calificó de "una noticia excelente".
Estas celebraciones chocan con las críticas de la juez a un embrollo que ha destapado inexplicables errores burocráticos del gobierno municipal de CiU, en el poder cuando se construyó el complejo inaugurado en 2006, y del PSC, en el Ayuntamiento desde 2007. "Resulta a todas luces reprochable que las Administraciones públicas no hayan actuado de forma diligente y que con su actuación -o, más bien, con la falta de ella- hayan propiciado el presente recurso", subraya la sentencia. El Ayuntamiento de CiU consideró innecesario que el complejo solicitara licencia municipal de obras por entender que este se ceñía al ámbito portuario pese a que un informe municipal ya alertó de que los permisos eran necesarios.
El gobierno socialista tampoco actuó con celeridad hasta que el TSJC reclamó el derribo del complejo: inició los trámites para emitir la licencia de obra a finales de 2009, unos dos años después de la primera sentencia sobre el asunto; aprobó dos modificaciones urbanísticas para legalizar el complejo a lo largo de 2010, y cuando finalmente legalizó los edificios afectados por el posible derribo, no lo notificó al TSJC. "Resulta cuando menos sorprendente que ninguna parte hubiera puesto en conocimiento del Tribunal Superior que se aprobó la legalización de los edificios", concluye la magistrada.
* El País - 23.02.11
Foto: Tarragona, marina Tarraco (archivo) - diaridetarragona
.................................... Leer más...
FARODEVIGO/Arousa* : El Colectivo Ecoloxista do Salnés (CES) remite estos días unas propuestas a los partidos políticos para que las incorporen a sus programas electorales. Una de ellas hace hincapié en la necesidad de conservar los valores ambientales del territorio. "Varios concellos de O Salnés están en vías de aprobar nuevos planes urbanísticos (PXOM), como Meaño y Ribadumia, y todos quieren seguir el modelo de Sanxenxo, basado en la construcción excesiva en lugares inapropiados", dice el CES. Para los ecologistas, los avances en materia ambiental más importantes de los últimos años se produjeron a instancias de administraciones superiores –sobre todo, la europea–, y creen que los concellos toman muchas decisiones sin pensar en realidad en los beneficios de lograr un desarrollo sostenible. Para el colectivo, "en los últimos años asistimos a una urbanización caótica y desmesurada" en O Salnés, pero "aún podemos cambiar las políticas urbanísticas si queremos dejarles algo de patrimonio natural a las generaciones futuras".
Por ello, plantean a los alcaldes que clasifiquen el suelo "con criterios de consumo racional, estableciendo unos topes máximos de suelo urbano y urbanizable, y adaptándolos a las normas ambientales y paisajísticas".
Los ecologistas arousanos opinan que "en el caso de Sanxenxo se debería modificar el PXOM para rebajar el exceso de suelo urbanizable".
El CES plantea a los partidos políticos que "el suelo y el paisaje son recursos limitados y por lo tanto deben ser gestionados con responsabilidad, para no hipotecar el futuro de las próximas generaciones". Los conservacionistas opinan que los ayuntamientos "deben intentar diversificar las actividades económicas y no enfocar toda la creación de empleo y riqueza cara la construcción de segunda residencia".
Las propuestas de los ecologistas sobre urbanismo, gestión del agua y de los residuos o la educación ambiental pueden consultarse en el blog cesalnes.wordpress.com.
* Faro de Vigo - 22.02.11
Foto: Ribadumia (Pontevedra), urbanizaciones anuladas - farodevigo
.................................... Leer más...
La asociación Plataforma por una VIVIENDA DIGNA*, ha presentado esta semana desde su web (
www.viviendadigna.org) y desde su espacio en Facebook (www.facebook.com/viviendadigna), la "Guía de denuncia para una vivienda digna", documento que se puede descargar de forma gratuita y que está editado bajo la licencia creative commons para que se pueda compartir libremente y se asegure así, su máxima difusión. Esta guía nace con una doble finalidad. Por una parte, pretende explicar de manera sencilla cuál es el alcance de nuestro “derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y cómo se formula en la práctica, tratando de arrojar algo de luz sobre el complejo entramado burocrático al que habrá de enfrentarse todo aquel que se proponga hacer llegar a las administraciones públicas sus quejas, sugerencias, peticiones, solicitudes, reclamaciones, recursos o denuncias en relación con ese derecho. Por otra parte, pretende estimular la participación política por medio de la utilización de todos los instrumentos legales y cívicos con los que contamos para reclamar el derecho a una vivienda digna, sin obviar el oscurantismo y la complejidad que supone todo lo que rodea a esta reivindicación pero asumiendo al mismo tiempo que este ejercicio de defensa, siempre será más provechoso que la apatía y el escepticismo.
Siguiendo esa filosofía, la guía -que consta de más de 170 páginas- está dividida en dos bloques. En el primer bloque, se explora el derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, se habla de cómo se formula a través de los distintos textos legales y también de cómo está organizada la distribución competencial del mismo entre estado, comunidades autónomas y entidades locales.
En un segundo bloque, se indica cómo defender el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Dentro de esta parte se enuncian nuestros derechos frente al mercado, frente a la administración, las vías de participación ciudadana de las que disponemos y la normativa básica sobre vivienda y ordenación territorial y urbanística.
Algunas de las preguntas a las que puede responder esta guía son:
- Si sois un grupo de vecinos afectados por una decisión administrativa y queréis defender vuestros derechos, ¿cómo podéis constituiros en asociación? ¿Qué ventajas tiene constituirse como asociación de vecinos?
- Si un inquilino recibe una demanda de desahucio, ¿qué debe hacer y a quién puede acudir en busca de asesoramiento?
- Si eres un inquilino de ‘renta antigua’ y sospechas que el propietario está haciendo todo lo posible para que te vayas de tu vivienda, ¿cómo puedes defenderte y a quién puedes pedir asesoramiento?
- ¿Qué gastos debe asumir obligatoriamente el inquilino de una vivienda? ¿Hasta qué límites puede el propietario elevar la renta y el resto de gastos?
- Si la administración te ha provocado un daño, ¿cómo puedes reclamar una indemnización?
- Si crees que la empresa que te suministra la electricidad o el agua ha aumentado injustificadamente el importe de la última factura o realiza lecturas ‘estimadas’ que consideras desproporcionadas, ¿cómo puedes reclamar una rectificación? ¿Puedes presentar una denuncia?
- Etc.
La guía se acompaña de un anexo que contiene una colección de modelos de diferentes formularios que el ciudadano puede tomar como ejemplo para realizar sus denuncias ante la administración. Entre otros, hay formularios de denuncia administrativa (consumo), de denuncia por coacción (acoso inmobilario), de solicitud de documentación pública, de queja al defensor del pueblo, de recurso de reposición, de recurso de alzada, o de solicitud de planeamiento urbanístico.
* Guía completa en formato PDF Creative Commons
* Anexo: Formularios en Word para rellenar
* Portada de la guía en .jpg
* Rebelión - Vivienda Digna - 24.02.11
.................................... Leer más...
