Ante la "implosión" de los Ayuntamientos españoles

GUILLERMO LAGO NÚÑEZ* : El nuevo orden internacional está basado en ciudades. En ellas reside la mayor parte de la población mundial. Frente a los vacíos poderes estatales o regionales, se alzan en el plano global las ciudades-estado (Londres, París, Singapur, Tel Aviv o Abu Dabi). No es un fenómeno nuevo, aunque sí la tendencia, aún sin confirmar, hacia ciudades con una población de entre 100.000 a 2,2 millones de habitantes (E. Glaeser, J. Kotkin) como espacio eficiente y sustentable. En este contexto, ¿tiene algún sentido la actual división territorial de la Administración Local en España? Las provincias, que se crearon por una simple circular, de noviembre de 1833, del entonces secretario de Estado de Fomento Javier de Burgos, han permanecido prácticamente inalteradas hasta hoy. Sin embargo, los municipios, desde la Constitución de Cádiz que ponía Ayuntamientos en los pueblos "que lleguen a mil almas" (artículo 310), han ido reduciendo su número. Partiendo de los 11.500 Ayuntamientos del llamado Censo de la Matrícula Catastral (1842) la reducción más drástica se produjo hasta 1857 con la extinción de 2.274 suprimiéndose entidades hasta los años ochenta del siglo XX. El advenimiento de las comunidades autónomas ha supuesto paradójicamente que se hayan creado nuevos municipios.

¿Tiene sentido que, de los 8.114 municipios españoles, 7.363 tengan menos de 10.000 habitantes? ¿Acaso son sostenibles, por ejemplo, 3.801 municipios con menos de 500 habitantes que cuentan prácticamente con las mismas competencias que uno de 100.000? A la espera de que el Tribunal de Cuentas haga público su último Informe de Fiscalización de los Sectores Públicos Autonómico y Local (2004 y 2005), sobre la base del informe de fiscalización del ejercicio 2003, lo cierto es que durante el quinquenio anterior no presentaron las cuentas 788 Ayuntamientos. Ni que decir que los que incumplen los plazos o presentan las cuentas defectuosas ascienden aproximadamente a ese número multiplicado por 10.

Un dato alarmante reflejado en el referido informe era la situación de las sociedades mercantiles del sector público local cuyo número, imitando el modelo autonómico, alcanza en esa fecha la cifra de 1.122. Las empresas locales, descontando el apoyo recibido por vía de subvenciones públicas, contaban con una rentabilidad operativa de -6,89% y una rentabilidad financiera de -17,35% . Esto es la "burbuja del servicio público" (F. Longo).

Existe un número considerable de Ayuntamientos (y de otros tipos de entidades locales) que carecen de fundamento, sin apenas capacidad siquiera para organizar sus propias fiestas locales. Su anexión con otros municipios, a través de los sistemas de integración o fusión no supone un menoscabo de la democracia, ¿acaso no pueden constituirse en entes desconcertados de la propia administración? ¿no existen mecanismos participativos a través de barrios, juntas de distritos o cualquier otro tipo de ente donde puedan debatirse los asuntos sobre la base de una democracia participativa en lugar de meramente representativa?

Para poder prestar los servicios públicos y competencias con recursos suficientes y mejorar su calidad (también de sus representantes) se pueden y deben integrar en otros unos 7.363 municipios, con poblaciones inferiores a los 10.000 habitantes (también lo deberían hacer otros de mayor población), o, en su caso, fusionar. Esta anexión debería partir de los propios Ayuntamientos que deben negociar las fórmulas que más conviene a los vecinos en la integración, o esperar que venga impuesta desde fuera. No se trata de concentrar el poder, acaso diluir equilibradamente la representación en un número razonable de electores, de individuos emancipados.

Se quiera ver o no estamos ante lo que podemos describir como una auténtica "implosión" de los Ayuntamientos españoles ya que la destructiva onda expansiva se dirige hacia su interior. Quedarán las fachadas de las casas consistoriales, los bastones de mando, los ordinales tenientes de alcalde, las variopintas delegaciones de todo tipo, los sellos, escudos e himnos. Dentro, en el interior de los Ayuntamientos, silencio, ninguna posibilidad de gestión. La cuestión se limita a saber si los partidos políticos están dispuestos a renunciar a más de dos tercios de los 66.099 concejales que nos van a representar los próximos cuatro años.

* Guillermo Lago Núñez es secretario de Administración Local con habilitación estatal


* El País - Tribuna - 21.02.11


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El Tribunal Superior declara ilegal el edificio del Ayuntamiento de Boadilla

ELPAÍS/Madrid : Las continuas sentencias contrarias a los intereses del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (42.000 habitantes) hechas públicas en los últimos años han convertido a los sucesivos equipos de gobierno de este municipio, todos ellos encabezados por el PP, en los gestores municipales de España a los cuales se ha detectado un mayor número de irregularidades. Una prueba de ello es la última decisión judicial, esta vez de la Sección Segunda de Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que el pasado 2 de diciembre sentenció que el edificio principal del Ayuntamiento de Boadilla del Monte fue construido de forma ilegal, ya que, en la parcela en la que se había edificado, el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) entonces vigente solo se permitía que se edificara un equipamiento escolar. Esta sentencia, sin precedentes en la Comunidad de Madrid en los últimos años, asimismo considera ilegales 20 viviendas y 11 oficinas que también se levantaron en el sector de forma irregular. Los magistrados anulan la licencia concedida en 1998 por el Ayuntamiento, gobernado por el PP, a la empresa Aerorentiber, encargada de las obras.

La juez que ejerció de ponente del fallo, Elvira Adoración Rodríguez Martí, y que declara nulos los acuerdos del pleno de 1999 bajo la alcaldía de la popular Nieves Fernández Crespo, aclara en el texto que, si bien la consecuencia jurídica tendría que ser la demolición física del edificio, en este caso, teniendo en cuenta la destrucción de riqueza que supondría, resultaría conveniente que los edificios indebidamente construidos pudieran continuar existiendo, siempre que se adaptara su uso al equipamiento escolar legalmente previsto en el PGOU.

La decisión de los magistrados, contra la que no cabe recurso, tiene como base dos informes periciales: el primero, de técnicos de la Dirección General de Urbanismo y Planificación de la Comunidad y, el segundo, del Colegio de Arquitectos de Madrid. Ambos concluyen que la construcción en esa finca del edificio que alberga el Consistorio "contradice frontalmente" el plan del que forma parte y aseguran, además, que "contiene unas claves de ordenanza no contempladas en dicho Plan General de Ordenación Urbana".La magistrada incluye en la sentencia un párrafo del informe del colegio, en el que explica: "Resulta incomprensible que la ficha que contradice el plano haya podido superar todos los filtros necesarios para la aprobación del PGOU de Boadilla del Monte, dado que las irregularidades de la misma alcanzan tal calibre que no se trata de meros errores materiales, sino que la misma contradice el plan y carece de los mínimos elementos estructurales que debe reunir todo instrumento normativo".

A raíz de las conclusiones de los peritos, los magistrados de la Sala aseguran tener la convicción de que las diferencias entre el plan inicial y las modificaciones realizadas por el Ayuntamiento para permitir la construcción del Consistorio no son una mera contradicción fácilmente salvable, "sino una auténtica contravención del plan por un documento incorporado incomprensiblemente al mismo".

Esta es la segunda sentencia reciente de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM sobre un asunto del municipio, ya que los magistrados decidieron anular en noviembre la adjudicación del palacio del infante don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. González Panero, el primero de los cuatro alcaldes que ha tenido Boadilla en los últimos cuatro años, está imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Fue expulsado del PP. Su sucesor, Juan Siguero, también está imputado como presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan a Panero.

La decisión del TSJM de convertir el edificio principal del Ayuntamiento en un colegio se conoce después de que el Supremo declarara nulo el plan de Boadilla del 2002 por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. De esta forma, el PGOU del municipio, ahora paralizado, tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa. Un particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo del Supremo.

Pero estas tres decisiones judiciales no son las únicas que han puesto en entredicho al equipo de gobierno del PP, del que han dimitido dos alcaldes, Panero y Siguero, ambos por estar imputados en el caso Gürtel.

Hace menos de dos semanas, el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 18 de Madrid ordenó la ejecución de una sentencia que establecía la nulidad de la creación del Grupo Municipal del PP de Boadilla, tal y como había exigido el concejal de Alternativa por Boadilla (APB) Ángel Galindo. Con esta decisión judicial, los 15 concejales del PP pasarán a ser considerados no adscritos, a semejanza del exalcalde Arturo González Panero, que fue expulsado del Grupo Popular tras ser imputado en el caso Gürtel y de Siguero, que dimitió la pasada semana y fue relevado por la edil Mercedes Nofuentes, que también participó en una de las adjudicaciones investigadas en el caso. En el pleno en el que fue nombrada Nofuentes, la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, aludió al Grupo Municipal del PP antes de la votación, por lo que la investidura podría también ser impugnada, explican desde la oposición.

Asimismo, el año pasado el Tribunal de Cuentas condenó a los exalcaldes Panero y Nieves Fernández Crespo a abonar 488.357 euros al Ayuntamiento madrileño por considerarles responsables del perjuicio causado a las arcas municipales al aprobar unos complementos ilegales a la paga extra de los funcionarios entre 1998 y 2000. No obstante, el concejal de Alternativa por Boadilla Ángel Galindo sostiene que dichos pagos se han venido manteniendo de manera irregular. Quizá por eso, en enero de 2010 Siguero acordó consolidar el pago que recibían los empleados del Consistorio de 50 euros mensuales por llegar a la hora, y de otros 50 por permanecer en su puesto de trabajo durante las siete horas obligadas. Este complemento, de un máximo de 1.400 euros anuales, ha favorecido desde 2005 a los funcionarios de Boadilla.



* El País - 21.02.11
Foto: Sede del Ayuntamiento de Boadilla del Monte - elpais

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La corrupción desborda a la Policía

DIARIODEMALLORCA* : El alud de casos de corrupción contra políticos que se está investigando en los juzgados de Palma tiene colapsado al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, que en muchos casos no da abasto para analizar la creciente cantidad de documentación incautada en las distintas operaciones, lo que está retrasando la instrucción de las causas y la apertura de nuevas. Según ha podido saber este diario, esta circunstancia motiva que la Policía esté dando una lista de espera para hacer nuevos registros y lo mismo con la apertura de cajas con papeles incautados. Peor todavía, la demora está obligando a retrasar comparecencias de nuevos imputados y en algún caso se corre el peligro de rozar la prescripción, según han puesto de manifiesto fuentes judiciales. La saturación de estos agentes, dedicados casi exclusivamente en estos momentos a la lucha contra la corrupción en Balears, bajo la coordinación de la Fiscalía, ha forzado a prorrogar durante meses el secreto de sumario de una parte de las actuaciones de la llamada operación Pasarela, que investiga un presunto entramado para desviar fondos públicos de la conselleria de Turismo; en concreto, las relacionadas con el patrocinio del Govern del PP del torneo de golf Mallorca Classic, que se celebraba en complejo hotelero de Pula, en Son Servera.

Las sedes de las dos empresas organizadoras del evento, Pula Golf y Match Golf Consulting (sita en Madrid) fueron registradas el 29 de junio del año pasado, incautándose gran cantidad de documentación sobre todo en soporte de papel.

Meses de demora

El precinto fue retirado el 15 de septiembre y empezó su análisis. Tres meses más tarde, el 17 de diciembre de 2010, el Grupo de Delincuencia Económica tuvo que remitir un oficio al juez que instruye el caso para comunicarle que "se procederá tan pronto como sea posible al estudio de la documentación intervenida" en la empresa situada en Madrid, y se advertía de lo siguiente: "No obstante, debido a la ingente cantidad de documentación existente y que consta de cientos de miles de folios, quedando pendiente incluso la apertura de muchas de las cajas que contienen documentación intervenida, unido al hecho de la existencia de otras investigaciones relacionadas con la corrupción que en la actualidad se están llevando a cabo por este Grupo, hace que el análisis de la misma puede demorarse en el tiempo durante varios meses".
Finalmente, el 24 de enero de este año, el fiscal Anticorrupción Juan Carrau solicitó al magistrado el levantamiento del secreto de las diligencias en este caso, lo que el juez autorizó cuatro días más tarde, sin que se hayan podido analizar todavía "cientos de miles de folios, lo que sin duda conllevará un largo periodo de tiempo", reza en el correspondiente auto judicial.
Fuentes judiciales señalan que las instrucciones de las causas por corrupción son muy complejas y largas, y sin duda, la larga espera para disponer de los pertinentes informes policiales constituye un obstáculo para su avance. En el caso Maquillaje, por ejemplo, en el que está imputada la antigua cúpula de Unió Mallorquina, se está pendiente de analizar documentación para poder hacer nuevas declaraciones.
En la actualidad, los casos más avanzados en cuanto a instrucción son el de Can Domenge y el de Andratx (que consta de decenas de piezas separadas).
También se encuentra muy adelantada la causa contra los ex responsables de la conselleria de Comercio e Industria del PP (recordado por la ya célebre lata de Cola Cao) o las primeras piezas del caso Palma Arena, que afectan al ex presidente Jaume Matas; en concreto, la que investiga si el ex autor de sus discursos, el periodista Antonio Alemany, se lucró con dinero público, y las contrataciones a la esposa de Matas, Maite Areal.
De todos modos, los esfuerzos de los investigadores se centran también en estos momentos en evitar la posible prescripción de la operación Mar Blau, sobre supuesta corrupción entre los funcionarios de puertos de Balears, y en la que están imputados, entre otros, el presidente de la Autoritat Portuària de Balears, Francesc Triay (PSOE), y su antecesor, Juan Verger, del PP.


* Diario de Mallorca - 20.02.11
Foto: Tres agentes de Delincuencia Económica, en el registro en diciembre de 2010 realizado en la sede de la Autoritat Portuària - diariode mallorca

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El plan del litoral impide a 12 concellos edificar en la franja de 500 metros

LAVOZDEGALICIA* : El veto que el plan del litoral impone al desarrollo del 93% del suelo que los concellos clasificaron como urbanizable en primera línea de costa volverá a poner a prueba la voluntad política real de cumplir reglas urbanísticas modélicas en su planteamiento que después no se aplican o que quedan desvirtuadas en su vocación proteccionista por medio de sucesivas reformas. La experiencia de la Lei do Solo, que la Xunta reemplazará por un nuevo marco normativo después de modificarla siete veces en ocho años de vigencia, no representa la mejor credencial para el Gobierno. El documento, que entrará en vigor con una publicación en el Diario Oficial de Galicia que está prevista para la semana entrante, mantiene unas restricciones elevadas en relación a la ley cautelar que ha paralizado la construcción durante casi cuatro años a menos de 500 metros del mar. El plan clausura de forma definitiva 6.825 de las 7.374 hectáreas de suelo urbanizable que había bloqueado en esa área la norma que promovió el bipartito y que el Ejecutivo de Feijoo prorrogó en dos ocasiones.

En consecuencia, queda vetada la posibilidad de edificar viviendas en el 92,55% de la superficie que estaba tipificada como apta para su urbanización en la primera línea de costa.

Ponteceso, municipio vedado

El plan anula el 100% del suelo urbanizable de 12 concellos en la franja de los 500 metros. Ares, Cabanas, Carballo, Cee, Muxía, Rianxo, Cervo, Foz, Catoira, Oia, Redondela y Vilanova de Arousa no podrán construir en primera línea de costa. Entre estos municipios, en los que la paralización que impuso la ley cautelar tendrá por tanto carácter permanente, la incidencia es mayor en Cervo (donde se anulan las 528 hectáreas de suelo urbanizable en esa área), Foz (503) y Carballo (204).

Pero el plan del litoral tiene más efecto en otros concellos en los que, si bien abre al ladrillo una mínima parte del suelo urbanizable, bloquea una superficie mayor. El que pierde más terreno para edificar es Ponteceso, donde la ordenación paraliza 1.503 de las 1.509 hectáreas que tiene en el área de los 500 metros. Lo mismo sucede en Sanxenxo, que pierde para la construcción 469 de las 508 hectáreas en esa franja; Vilagarcía, que cede 461 de 469; Cabana de Bergantiños, que solo podrá edificar en una hectárea de 280; Ribadeo, donde se paralizan 277 de sus 281 hectáreas urbanizables; Narón, que podrá desarrollar 13 hectáreas sobre 267; y Fene, que conserva 23 de 226.

El documento, que pese a llegar seis años más tarde de lo previsto en la Lei do Solo permite a Galicia dejar de ser la única comunidad del arco atlántico sin ordenar su costa, habilita la construcción en 549 hectáreas dentro de los 500 metros y en 777 más allá. En esa zona en la que la ley del bipartito no estableció protección cautelar, el plan paraliza 2.600 de las 3.378 hectáreas de suelo urbanizable.

Si no se tiene en cuenta la referencia de los 500 metros, la ordenación permite construir en 1.326 de las 10.752 hectáreas de suelo urbanizable de los 77 municipios en los que se aplicará, ya que quedan eximidos los 5 con planes adaptados a la Lei do Solo: Vigo, Oleiros, A Pobra do Caramiñal, Laxe y Outes. A esa superficie edificable hay que sumar 386 hectáreas más que el plan clasifica como de grado 2 y cuyo desarrollo queda sujeto a la tutela de la Xunta.



* La Voz de Galicia - 20.02.11
Foto: Ponteceso (A Coruña) - mma

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El Síndic de Greuges alerta de la vulneración de derechos en vivienda en Catalunya

LAVANGUARDIA* : El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado de la vulneración de los derechos de los catalanes en materia de educación, vivienda y ley de dependencia por los recortes presupuestarios y la descoordinación entre las administraciones, tras presentar su informe de 2010 a la presidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert. En rueda de prensa, Ribó ha expresado su alarma por la lentitud "desgarradora" en la tramitación de ayudas públicas para situaciones de urgencia -tanto para acceder a una vivienda como para no perderla-, y ha anunciado que está ultimando una actuación de oficio sobre los desahucios por impago, dirigida a las secretarías de Vivienda y de Relaciones con la Administración de Justicia, los colegios profesionales y los notarios.

"No se puede permitir que este trámite dure seis meses" porque algunas personas sufren un desahucio antes de recibir la ayuda, ha lamentado el Síndic, que ha vuelto a cargar contra la descoordinación entre la Generalitat y el Gobierno central por la renta básica de emancipación de los jóvenes, criticando la "ligereza" con la que se cancelan los trámites ante la falta de algún documento, y el cese de la ayuda sin ninguna explicación.

"Es inadmisible que las administraciones, que no han sabido hacer frente a las políticas públicas y que hacen recortes, mengüen ahora los derechos de las personas, que no son culpables de ello", ha lamentado, y ha señalado que numerosas solicitudes tardan entre uno y dos años en resolverse, frente a los 6 meses fijados por la ley -una solicitud de mayo de 2009 no se resolvió hasta diciembre de 2010-, ha ilustrado.

El Síndic inició 21.504 actuaciones en 2010, relativas a consultas (71%), actuaciones de oficio (0,5%) y quejas (28%, 2,6 puntos más que en 2009). La mayoría de quejas son relativas a la administración pública (19%); ordenación del territorio, que incluye vivienda (14,4%), y servicios sociales, que incluye dependencia (14,3%), seguidas por seguridad ciudadana y justicia (10,19%) y educación e investigación (9,98%).



* Ya Encontré - La Vanguardia - EP. - 18.02.11
Foto: Barcelona, Generalitat - wikiwak.com

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Roca recibió un chivatazo sobre el comienzo de la Operación Malaya

ELCONFIDENCIAL/Málaga* : El ex asesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca, supo con antelación a la Operación Malaya, lo que se fraguaba en las cocinas de Interior sobre su detención. Un miembro del Cuerpo Nacional de Policía le alertó para que pudiera maniobrar a su antojo, según consta en el sumario. Roca habría utilizado esta información para destruir algunas pruebas definitivas que hubieran acabado inculpándole en el juicio que se sigue ahora contra él en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Gracias a esta información recibida, y que a su vez fue “gratificada económicamente”, el antiguo responsable del urbanismo marbellí, hizo desaparecer a tiempo al menos quince cajas de documentos sobre sus sociedades, de las que se desconoce el paradero. Fuentes judiciales han indicado a El Confidencial que esta documentación “hubiera sido de gran valía para el juicio. El supuesto soplo a Roca esta limitando el proceso”.

El otro Faisán

En los pasillos de la Audiencia, algunos letrados ya denominan esta estrategia como la de “el otro Faisán”. Roca fue alertado en 2005 de que la Policía había comenzado a investigarle. En noviembre de 2005, coincidiendo con las primeras gestiones policiales sobre la trama, Roca empezó a ordenar a sus secretarias que despareciera toda la documentación que había referente a él y a las sociedades.

En el documento del tomo XX del sumario, su secretaria Ainhoa C. G. cuenta al juez Torres que "a partir de noviembre cambió de actitud. Nos hizo quitar documentación sobre Maras Asesores, Marqués de Velilla, Condeor, Marbella Airways, Masdevalía y One Properties. Creo que dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas y porque quería abandonar Marbella".

Gracias a la información que Roca recibió de su particular garganta profunda, “hizo desaparecer información de documentos primordiales sobre sus sociedades”. Cuando en noviembre de 2005 la Policía y el juez dieron los primeros pasos en la Operación Malaya, el ex gerente de Urbanismo ya era consciente de los problemas que le llevarían a la cárcel de Alhaurín de la Torre cinco meses después.

"Nos ordenó que guardáramos todo lo que nos dijo. Luego no sé a dónde se las llevó", explicó Ainhoa a los agentes. Según la UDYCO el ex asesor de Urbanismo de Marbella, el hombre sin cuya aquiescencia, nada se movía en Marbella, presumía en círculos íntimos de tener confidentes en las fuerzas de seguridad, y en los juzgados. “Creo que el señor Roca dio esas instrucciones porque no quería que la gente supiera que esas sociedades son suyas”, según el relato de Ainhoa C.G. a la Policía.

Intervenciones telefónicas ordenadas por Carlos Germán

Se da el caso que la Unidad de Asuntos Internos del Cuerpo Nacional de Policía, dirigida por Carlos Germán, el mismo inspector encargado de detener a la red de extorsión terrorista y el responsable de investigar “el soplo de Faisán”, propuso al Juzgado de Instrucción número 11 de Málaga, abrir diligencias contra quien dirigía las pesquisas del caso Malaya, por entonces el comisario Valentín Bahut.

Gracias a estas intervenciones telefónicas, Asuntos Internos estuvo al tanto de todo lo que hablaba el investigador de Malaya, tanto sobre la operación, como sobre otros asuntos.

Sobre las coincidencias de las dos operaciones policiales ya se ha pronunciado el popular Gil Lázaro, que ha instado a Rubalcaba a que realice "una investigación real" sobre este asunto. En su opinión, "el chivatazo del Faisán y a Roca es la vergüenza y miseria de una camarilla policial que el mismo ministro del Interior ha montado”.



* El Confidencial - 20.02.11
Foto: Marbella, policía gerencia urbanismo - sur

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Madrid, ¿'ciudad del pecado'?

ELPAÍS* : Una pequeña versión de la ciudad del pecado en algún lugar de la Comunidad de Madrid o en Barcelona. Esa es la intención que anunció ayer la empresa estadounidense Las Vegas Sands Corporation. España es el nuevo objetivo de la inversión de la compañía. Madrid o Barcelona podrían tener en un futuro no muy lejano un complejo de megahoteles de lujo -20.000 habitaciones-, con casinos, centros comerciales, centros de convenciones y la posibilidad de ofrecer decenas de miles de puestos de trabajo. Una especie de delegación europea, a pequeña escala, de la ciudad de Las Vegas (Nevada, Estados Unidos), similar al proyecto ya desarrollado en Macao, donde cuenta con tres casinos y planeaba levantar un cuarto antes de enfrentarse con restricciones del Gobierno chino.

Sheldon Adelson, director general de Las Vegas Sands Corp., realizó el anuncio en Singapur, en la sede del hotel-casino Marina Bay Sands, la nueva joya de la corona de la compañía que desde su apertura, hace casi un año, ha tenido más de 11 millones de visitantes. Sands deseaba su expansión en Asia, pero en India y Vietnam los Gobiernos tienen regulaciones muy severas en cuanto a ceder el suelo a largo plazo. Ahora apunta a Europa.

"Quiero crear una mini-Las Vegas en Europa", declaró Adelson, cuya empresa es propietaria de los hoteles Venetian y Palazzo en la ciudad de Nevada. "Espero que podamos usar el nombre Europa Vegas o EuroVegas". Con ese objetivo, Sands planea reunirse con tres grandes constructoras en España en las dos próximas semanas para discutir las posibilidades. El coste del proyecto se situaría en los 20.300 millones de dólares (14.800 millones de euros) según Sands.

Sin duda, Sands necesitará contar con el beneplácito del Gobierno español para las concesiones y la adquisición de terrenos, así como tener "garantías de que los planes de construcción serán aprobados con rapidez". "Necesitamos el apoyo del Gobierno", ha insistido Adelson. "No podemos elaborar un plan, entregarlo al departamento de urbanismo y esperar seis meses a una respuesta".

La Comunidad de Madrid ha confirmado a Efe que conoce gran parte del proyecto que el operador estadounidense de casinos planea para España y "está valorando" dos o tres ubicaciones idóneas para albergar en la región el complejo. No han detallado cuáles son, pero sí han precisado que necesitan "un espacio grande". Fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda han explicado que la compañía que dirige Sheldon Aldelson contactó "hace un mes" con el Gobierno que preside Esperanza Aguirre a través de Promomadrid. El encuentro tuvo lugar en Madrid y sirvió para que responsables de la empresa pública accedieran a los pormenores del proyecto.


* El País - 19.02.11
Foto: Las Vegas (USA) - trivago

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El patrimonio como solución rentable a la crisis

ANTONIO MARÍN SEGOVIA/Valencia* : Una de las claves fundamentales de una sociedad civilizada y realmente responsable, es la que sabe unir modernidad con tradición. Mantener nuestros edificios histórico-artísticos, así como proteger e impulsar las actividades artesanales que tanto prestigio han dado a Valencia ciudad, es una labor esencial que todos los ciudadanos debemos asumir. Recuperar las antiguas fábricas de La Ceramo, Bombas Gens y luchar por la total rehabilitación del Colegio del Arte Mayor de la Seda es urgente y vital. Las instituciones valencianas invierten mucho dinero en edificios, eventos e infraestructuras innecesarias y nada útiles para los ciudadanos. Sin embargo no saben ni quieren potenciar el turismo de calidad y la cultura participativa entre sus propios conciudadanos. Es lamentable la ceguera y estupidez del ayuntamiento de Rita Barberá y de la Generalitat Valenciana a la hora de proteger y rehabilitar eficazmente nuestro maravilloso y singular legado patrimonial y ambiental. Activar un plan urgente de rehabilitación integral de todos aquellos bienes culturales y locales valencianos en peligro, es fundamental y debe constituir una prioridad de las autoridades locales, autonómicas, provinciales... Pero hay que redactar y ejecutar ese plan desde la más estricta legalidad, sin alterar ni modificar los bienes y sus entornos.

Cercle Obert de Benicalap piensa que, para obtener un éxito duradero y contagiar entusiasmo a todos los sectores de la población valenciana, conviene implicar a todas las instituciones públicas, al mundo universitario, al tejido empresarial, a las organizaciones sindicales, al movimiento vecinal y a los medios de comunicación. Es básico, si realmente queremos lograr una sensibilización general y dar a conocer nuestras raíces culturales y ambientales contar con el apoyo entusiasta y directo de toda la sociedad.

Rehabilitar, conservar y difundir el patrimonio cultural valenciano es una fuente segura y estable de creación de empleo, dado que también recupera antiguas actividades económicas muy atractivas y rentables. Por eso, el Colegio del Arte Mayor de la Seda debe recibir un trato preferente por parte del ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, después de tantos años de abandono y olvido.

En un momento de crisis económica tan grave, conviene usar la imaginación y mirar frente a nosotros, observando que tenemos las respuestas y las soluciones para salir airosos de una situación de crecimiento urbanístico absurdo y aberrante, propiciado por unos empresarios e instituciones irresponsables y sin ningún respeto por nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en entornos amables, limpios y equilibrados.

Los valencianos tenemos oportunidades de rescatar y recuperar toda nuestra maravillosa y singular historia. Estados Unidos no puede presumir de tener tantos monumentos, tantos conjuntos históricos y jardines singulares. Valencia debe huir de la locura improductiva de los eventos y saber combinar modernidad con respeto y recuperación integral y totalmente legal de nuestras señas de identidad, procediendo a impulsar un gran plan de rehabilitación, destinado a permitir la total regeneración y reutilización responsable de todos nuestros bienes, de todos nuestros entornos y conjuntos histórico-artísticos y ambientales.

* ANTONIO MARÍN SEGOVIA, EX PRESIDENTE DE CERCLE OBERT

* L'Informatiu - Tribuna - 26.02.10 (2011)

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Bétera.- El Consell renuncia a una vía pecuaria y permite a un promotor ganar 5 millones

LEVANTE/Valencia* : La Generalitat Valenciana no está ejerciendo sus competencias en defensa del patrimonio público que constituyen las vías pecuarias, al menos no en todos los casos, lo que ha permitido a un número indeterminado de promotores y urbanizadores embolsarse cifras astronómicas de dinero a costa de un bien de todos como son los antiguos caminos ganaderos. Así se desprende del caso denunciado en Bétera por Ecologistas en Acción, que ha presentado una denuncia bajo la dirección del letrado José Luis Ramos exigiendo que se depuren "cuantas responsabilidades administrativas, penales o civiles en las que se haya podido incurrir". Ecologistas en Acción sostiene que las vías pecuarias son terreno de dominio público, propiedad de la Generalitat, que no pueden ser incluidas en unidades de ejecución ni se les puede adjudicar edificabilidad. Justo lo contrario de lo que se ha hecho en Bétera.

En este municipio, la superficie ocupada por la vía pecuaria "Cordel de Lliria" ha sido incluida en la unidad de ejecución del Plan Parcial del Sector I-3 de L' Horta Vella. Se trata de 27.682 metros cuadrados, a los que se ha adjudicado una edificabilidad de 0,60, lo que arroja una disponibilidad de 16.560 metros cuadrados de techo que pueden ser transformados por el promotor en viviendas.
Según los datos que figuran en la denuncia, en la unidad de ejecución del citado Plan Parcial, ayuntamiento y particulares han vendido a 300 euros el metro cuadrado de techo, lo que significa que la vereda o cordel de Lliria ha generado un beneficio de 4.968.000 euros.
No se trata sin embargo de una opinión en la que los ecologistas estén solos. La "Revista de derecho urbanístico y medio ambiente" publicaba en su número 239, en 2008, un artículo de Fernando Renau, Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castelló en el que éste establecía que las vías pecuarias no integran la superficie del sector, "no computan como superficie y no pueden incluirse en las unidades de reparto". De aplicarse esta lógica, avalada, por otra parte, por la doctrina jurídica, "la administración competente no puede informar favorablemente un Plan Parcial que incluya en el sector terrenos de dominio público
En consecuencia, Ecologistas en Acción se pregunta ahora la razón por la que en algunos casos la Generalitat sí ha ejercido sus competencias y ha impedido con carácter previo la inclusión de una vía pecuaria en un Plan Parcial o en su defecto, una vez consolidadas este tipo de situaciones, ha intentado recuperar la edificabilidad que le correspondía al estar apoyada en un camino de dominio público y de la que se ha beneficiado exclusivamente el promotor del plan.
Fuentes de Ecologistas en Acción aseguran que no encuentran respuesta a esta pregunta aunque creen que puede estar relacionada con el nivel de los "contactos" de cada promotor.

Cadena de renuncias
En el caso de Bétera, la arquitecta municipal llegó a certificar que el "Cordel de Lliria" había sido incluido en el Área de Reparto y se le había llegado a asignar Aprovechamiento Urbanístico. Posteriormente, la conselleria de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo y la Comisión Territorial de Urbanismo aprobaron el Plan Parcial sin tener en cuenta la irregularidad que suponía la inclusión del cordel.
Además, subraya la denuncia, "ni un solo euro correspondiente al aprovechamiento urbanístico perteneciente a la vía pecuaria ha ido a parar a las arcas de la Generalitat Valenciana, que es su titular. Y lo que resulta más curioso: nada ha hecho la Generalitat Valenciana ni para anular la inclusión de dominio público en un área reparcelable con asignación de edificabilidad ni para reclamar un aprovechamiento asignado a terrenos de su propiedad".
Independientemente de la calificación que reciban estos hechos por los tribunales , el abogado José Luis Ramos no descarta que exista un presunto delito de apropiación de fondos públicos.
Ecologistas en Acción ya intentó frenar este "abuso" y para ello inició acciones judiciales reclamando como "acto nulo" la aprobación del Plan Parcial del sector I-3 de l' Horta Vella. Este tipo de recursos no está sujeto a plazo y resultaba adecuado, según Ecologistas en Acción, puesto que la decisión que lo que el dominio público sobre las vías pecuarias es imprescriptible, inalienable e inembargable.
El juez desestimó el recurso como si fuera un recurso de revisión, que tiene un plazo límite de cuatro años desde que se aprobó el acto recurrido.
Sin embargo, los ecologistas creen haber encontrado otra vía: denunciar los hechos ante la conselleria de Hacienda, que ejerce la tutela sobre las propiedades- vías pecuarias- de la Generalitat y es la responsable de aplicar un derecho que no prescribe. De no actuar ahora para recuperar el "quebranto" sobre la propiedad y las arcas públicas generado por esta actuación, sus funcionarios y/o responsables políticos podrían tener que responder ante un tribunal.



* Levante - 20.02.11
Foto: Bétera (Valencia), vista aérea - levante-emv.com

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El TSXG anula dos licencias más en edificios de Fisterra

LAVOZ/A Coruña* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la anulación de dos licencias en sendos edificios de viviendas situados en la recta de Anchoa, en el lugar de Escaselas (San Martiño de Duio), en Fisterra. En realidad, desestima el recurso de apelación interpuesto por el Concello fisterrán contra las sentencias de los juzgados de lo Contencioso-Administrativo nº2 y 4 de A Coruña. Ambos daban la razón a la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas y Urbanismo, que había acudido a los tribunales ante la desestimación del Concello a los requerimientos realizados para la revisión de los permisos concedidos en el año 2005 a estas dos promociones. El juzgado nº2 se ha ocupado de analizar el recurso planteado por la anulación de una promoción de la empresa Proalsa (la licencia fue concedida el 12 de mayo del 2005), y el juzgado nº4 ha sustanciado la otorgada el 29 de septiembre del mismo año a Campoalsa.

Ambas anulaciones vienen a sumarse a otras tres conocidas en los últimos meses (desde septiembre), frente a una que ha ganado el Concello. En general, y pese a las diferencias de matiz, los argumentos que emplea el TSXG para no dar la razón al Concello de Fisterra son que, a la hora de conceder los permisos correspondientes, aún no había red de saneamiento en la zona de la Anchoa.

En la de Proalsa, por ejemplo, los jueces indican: «La apelante no rebate la sentencia cuando dice que de los informes técnicos se colige que en la fecha de concesión de la licencia la parcela carecía del grado de urbanización como para que mereciera la consideración de solar, lo que compartió el técnico municipal, que informó el requerimiento de revisión cuando en esa fecha reconoció que se estaban ejecutando unas obras de saneamiento a ambos márgenes del vial por la Diputación [...], y no lo impugnan. Antes bien, se refieren a la obra de saneamiento que estaba pendiente de ejecución o a previsión en suspensión».

No es accesorio

Y, una vez más (se remiten a fallos anteriores), los magistrados consideran que «la instalación de saneamiento suficiente no puede considerarse, por su importancia, como una obra accesoria de escasa entidad, como sería preciso para que pudiera merecer [el suelo en que se construye] el carácter de consolidado». Además, la existencia de un proyecto de estación de aguas residuales «es irrelevante a efectos de enjuiciar las conformidad a derecho de la licencia litigiosa, pues su aprobación no tuvo lugar, según reconoce la parte apelante, hasta el año 2006». En el caso de Campoalsa (ambos edificios ya están terminados) se mantienen los argumentos.

El alcalde, José Manuel Traba, señaló ayer que el procedimiento en estos dos casos, además de en los tres ya conocidos, será el mismo: se elabora un expediente de legalización, ya con la conexión a la red de saneamiento, y así se solventa la falta de licencia temporal. No obstante, para ese enganche aún habrá que esperar a la recepción de la obra por parte de la Diputación: «Tiña que estar entregada xa o 20 de decembro, según nos dixeron, pero aínda estamos esperando». En realidad, la entrega originalmente prevista era «para o ano 2006, pero por diversos motivos, a empresa foi retrasando as obras. Hai quen fai oito kilómetros de saneamento en tres meses [en referencia a Sardiñeiro] e hai quen fai tres en catro anos e medio». Mientras tanto, los edificios han tenido que funcionar son fosas sépticas y pequeñas depuradoras, explica.

Hasta el momento, el Concello ha ganado una sentencia en una promoción de L-Tres (junto a la empresa) y ha pedido otra con la misma compañía, además de perder otras dos de Plaza Garden y Poalsa.



* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: El TSXG ha emitido cinco sentencias que afectan a otros tantos inmuebles de la recta de Anchoa.- lavozdegalicia

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Isla Canela, al amparo de una ley franquista

HUELVAINFORMACIÓN* : Huelva fue la última provincia que se sumó a la fiebre del ladrillo en los años 90. Pero el ímpetu fue de tal calibre que los planeamientos urbanísticos de los ayuntamientos costeros, desde Almonte hasta Ayamonte, intentaron promover hasta 160.000 nuevas plazas residenciales y hoteleras. Las prisas obligaron a actuar rápido y con esa premisa el respeto escrupuloso de las normas suponía un obstáculo. El melón sin calar que acaba de abrir el Juzgado Nº3 de Ayamonte al ordenar a la Guardia Civil requisar decenas de cajas, documentos e informes evidencia que por la Puerta de España no sólo entraron hormigoneras sino una 'nueva' metodología municipal basada en los estudios de detalle y los convenios urbanísticos firmados por alcaldes y promotores en vez de optar por Planes de Ordenación Urbana e informes de impacto ambiental. El desarrollo del proyecto de Isla Canela pisa la arena policial veinte años después de iniciarse. Un urbanismo para el siglo XXI que curiosamente se ancló en una vieja ley franquista.

El trabajo firmado por Luis Galiana y Diego Barrado, del Instituto Universitario de Geografía de la Universidad de Alicante, bajo el título 'Los Centros de Interés Turísticos Nacional y el despegue del turismo de masas' explica perfectamente la figura dictatorial de los años 50 elegida para poder poner ladrillos y bloques de hormigón en un paraje natural completamente virgen en 1989: las marismas fronterizas isleñas. El ordenamiento fue amparado por la Junta de Andalucía en los tiempos del consejero Jaime Montaner y ejecutado con distinta intensidad y destreza por los alcaldes ayamontinos Isaías Pérez Saldaña, Rafael González, y, en menor medida, Antonio Rodríguez Castillo, que se enfrenta ahora a la digestión de las investigaciones judiciales y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Benemérita.

El modelo Isla Canela bebió de la fuente franquista a través de la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, que conectaba las previsiones ligadas a la política económica y al desarrollo turístico con la ordenación del territorio. De hecho, las empresas promotoras Iscasa y Pryconsa han comercializado siempre sus ofertas amparadas en la ostentosa declaración de Centro de Interés Turístico Nacional, que también utilizó Matalascañas en los 70.

Desde la finalización de la zona de Playa Alta hasta ahora se han construido más de 4.000 apartamentos, campo de golf y varios hoteles, a los que se les ha despojado con el paso del tiempo de la exclusividad de vender un territorio naturalmente virgen.

En Ayamonte se han traspasado varias de las líneas rojas que la prudencia aconseja. Tan solo con los proyectos de Canela y Costa Esuri, en la misma orilla del Guadiana, sobre terrenos inundables, riberas y áreas de costa protegida, se preveían hasta 62.000 alojamientos. La cifra supera con creces los parámetros establecidos por el Plan de Ordenación del Territorio de la Costa Occidental (Potloh), que limita al 15% el aumento de la edificabilidad.

Isla Canela partió de una inversión de 400 millones de pesetas (2,4 millones de euros). Ni que decir tiene que la cantidad resulta irrisoria al compararla con los cientos de millones de euros que ha reportado.

Muchas de las advertencias y alegaciones que se hicieron al proyecto de Isla Canela no fueron ni leídas por las autoridades a tenor de los informes que manejan ahora el Juzgado y la Guardia Civil. En las alegaciones al carente Plan de Ordenación Urbana de Ayamonte, Ecologistas en Acción subrayó hace ya un lustro que los convenios y los planeamientos "contravenían la normativa propuesta en el Plan de Ordenación Territorial del Litoral Occidental de Huelva, en algunos casos de forma escandalosa, dándose la circunstancia además de que la referencia al Potloh que se realiza en los documentos del PGOU y en el Estudio de Impacto Ambiental es interesadamente incorrecta, ya que el texto en ningún caso plantea el apoyo a urbanizaciones interiores como la de Costa Esuri".

La misma organización criticó el hecho de que en vez de un PGOU se optara "por la vía de las normas subsidiarias, modificadas sin recato para destruir zonas protegidas por la normativa europea", lo que santificaba "un pelotazo urbanístico".

En las alegaciones se advirtió que el "Ayuntamiento apostaba por el desarrollismo franquista de los 60 que da origen a la generación de estructuras económicas delictivas, como se está comprobando en la Costa del Sol".

Veinte años después de comenzar la ocupación de la marisma, edificar en primera línea de playa, urbanizar en parajes como el de la Isla de San Bruno, edificar en supuestas zonas verdes y de servidumbre pública, marítimo-terrestre y de Costas la Guardia Civil y el Juzgado tratan de aclarar un sinfín de operaciones inmobiliarias, recalificaciones, aprobaciones plenarias, firmas de convenios urbanísticos, compras y ventas que han convertido a Isla Canela en una marisma sitiada por el cemento y asaeteada por miles de pilares de hormigón. Hasta para llegar a San Bruno se ha tenido que colocar una pasarela de madera, lo que le concede un bucólico pero falso aspecto veneciano entre niebla y 'aqua alta'.


* Huelva Información - 20.02.11
Foto: Ayamonte (Huelva), ribera guadiana - huelvainformacion

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Maó.- Una sentencia declara nulo el acuerdo sobre el solar de CATISA

MENORCAINFO* : El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Palma ha declarado “nulo de pleno derecho” el convenio urbanístico que el anterior alcalde de Maó y actual senador por Menorca, Arturo Bagur, firmó en 2006 con Vertix Procam, la promotora de los terrenos que ocupaba la empresa CATISA, una parcela de 5.000 metros cuadrados. El convenio fue ratificado en el último pleno municipal antes de las elecciones de 2007 con los votos a favor del equipo de gobierno (PSOE, PSM y EM) y en contra del PP. Los populares recurrieron ante los tribunales dicho acuerdo al considerar que era un atropello contra el interés general y ayer dieron a conocer públicamente la sentencia que ya es firme. El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Juan Manuel Lafuente, afirmó que su grupo advirtió en su día que la operación de Bagur era “un pelotazo urbanístico”. Ahora, aseguró, la justicia ha terminado por dar la razón al PP, cuyos dirigentes fueron tachados de mentirosos por el actual alcalde Vicenç Tur, cuando en su calidad de concejal de Urbanismo defendió en 2007 la operación de su mentor político. El convenio permitía a la promotora, a través de una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), aumentar la edificabilidad; construir 96 viviendas con vistas al mar en la calle Madrid, a cambio de levantar un centro de ocio y una escoleta junto a la calle Bellavista.

No existe interés general
En la sentencia el juez Francisco Úbeda Tarajano argumenta que el convenio era “muy beneficioso para la sociedad promotora” que vio incrementada la edificabilidad y altura y que no era conforme al interés general. “La motivación brilla por su ausencia”, asevera e insiste en que “supone un claro beneficio patrimonial para la promotora”. Afirma que se trata de un acuerdo “huérfano de un estudio técnico” (el que se presentó fue realizado por el director del área de servicio de Urbanismo, un cargo de confianza) y además “no se justifica cuál es el interés público ya que no puede concluirse ninguna mejora para el equipamiento público mientras que para la propiedad privada todo son beneficios”. La sentencia aclara que el PGOU preveía en esta zona un máximo de 21 viviendas, mientras que con el convenio se elevaban a 96.

“Un chanchullo grande”
Al respecto, Juan Manuel Lafuente explicó que según un perito judicial, gracias a este convenio la promotora elevaba el techo de edificabilidad de la parcela en 1.846 metros cuadrados más, que sumaba a los 20.000 que ya disponía. El portavoz popular señaló que en el mercado inmobiliario la sociedad habría facturado 5,3 millones de euros con un beneficio neto de 1,4 millones. “Esto es un chanchullo grande”, “el timo de la estampita” espetó, al tiempo que aclaró que al declararse nulo el convenio, la promotora no tendrá derecho a reclamar daños y perjuicios al Ayuntamiento.

Los populares critican que el equipo de gobierno argumentó en su día la urgencia de la modificación puntual del PGOU para permitir la operación con la excusa de la necesidad de construir en la zona una escoleta. Sin embargo, meses más tarde, durante la revisión del mismo planeamiento urbano, el gobierno local decidió ubicar dicho centro educativo en la calle Santa Eulàlia y además aún no ha sido construido. “Esta táctica es habitual, disfrazar como un supuesto beneficio para la comunidad lo que en realidad es un beneficio para un particular y un apoyo político al PSOE, algo tendrán a cambio de esta actitud”, insinuó Lafuente, quien añadió que “creo que PSM y EM fueron engañados, pero desde que tienen dedicación exclusiva son más fáciles de engañar”. La conclusión para los populares es que ni Tur, ni la teniente de alcalde, Gari Petrus, son de fiar.


* Menorca Info - 17.02.11
Foto: Solar. Terrenos donde la promotora Vertix Procam tenía previsto construir las viviendas.- menorcainfo

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«Es el momento de que los municipios pierdan poderes en urbanismo»

LAOPINIÓN/Malaga/Entrevista* : Su despacho mira a uno de los patios interiores de la Facultad de Derecho, pero bien podría hacerlo a un montículo imposible, rodeado de verde y de manuales jurídicos. Diego Vera, profesor titular de la Universidad de Málaga, dirige la junta rectora de los Montes de Málaga, que recientemente ha propuesto la ampliación del parque. Un proyecto que le entusiasma, pero que no nace de una querencia puntual, sino de una visión que tiene muy en cuenta la protección del medio ambiente. Asegura que a Málaga le urge definir su modelo de crecimiento.
-Siempre se ha dicho que Málaga vive de espaldas al mar. ¿También se desentiende del monte?
-Sin duda y es bastante paradójico porque sin la montaña y, en concreto, sin los Montes de Málaga no se entendería el pasado ni el futuro de la ciudad, su historia, su música, sus costumbres. Muchos malagueños ignoran la riqueza del paraje, sus restos de arquitectura mozárabe, sus perspectivas. Está claro que a nivel de biodiversidad no es Doñana, pero reúne unas características que lo hacen único en Andalucía. Es un privilegio tener un espacio de este tipo a apenas unos kilómetros de una ciudad de 600.000 habitantes, con una conurbación en la que viven 1,5 millones de personas. Su historia es diferente.

-¿Es por eso que quieren ampliarlo? El proyecto multiplica la extensión del parque...
-La propuesta que hemos presentado, y que tiene que ser estudiada por la Junta, plantea pasar de las 5.000 hectáreas actuales a 33.000. Dicho así puede parecer exagerado, pero tiene su justificación. La extensión en la que se prolongaría el parque no incluye ni un solo metro que no esté ya protegido por los planes territoriales. Sería cuestión de añadir espacios en los que no se puede construir, terrenos que comprenden los viejos partidos de verdiales. La razón es que el agrupamiento en parque implica algo que va más allá de la mera protección. Supondrían contar con la gestión y la puesta en valor del paraje en su totalidad, de una manera coordinada.

-¿Qué beneficios comportaría para la ciudad? ¿Se puede hablar, incluso, de rendimiento económico?
-Por supuesto. Una buena gestión convertiría al parque en un lugar de ocio fundamental y en un reclamo turístico acorde con la renovación del sector, que cada vez se interesa más por lo segmentos complementarios al sol y la playa. Además, influiría en la ordenación urbanística positivamente.

-Después de las inundaciones de 1989 se pensó en los Montes de Málaga y en la reforestación como estrategia fundamental para contener las inundaciones. ¿Qué ha pasado con el proyecto?
-La verdad es que desconozco por qué no se llevó a cabo, aunque, en cualquier caso, creo que estas cuestiones merecen un cambio de perspectiva y una respuesta más global y estructural. Me consta que la Junta tiene sensibilidad al respecto, pero no se debe tratar de acciones y expropiaciones puntuales, sino de una política y un modelo que entienda el parque natural en su acepción de ordenación territorial, conservación de la historia e impulso económico.

-¿Cree que existen armas legislativas suficientes para perseguir los delitos urbanísticos o habría que endurecer la ley?
-Seguramente habría que ajustar más, pero no creo que ese sea el problema. A nivel legislativo, contamos con recursos de sobra para impedir que ocurra lo que ha ocurrido. Los déficits está en otros ámbitos, en los usos habituales de los ciudadanos y en la disciplina de la administración. De nada sirve, por ejemplo, tener una gran norma de inspección y no disponer de inspectores suficientes. Es un asunto, en gran medida, de voluntad política. Aunque creo que todo ha cambiado después de la gran catarsis de Marbella.

-¿A qué se refiere con lo de los usos ciudadanos? ¿Las leyes no protegen a los espacios de los excesos particulares?
-Insisto que hay un nivel aceptable de protección legislativa, tanto por la vía urbanística como ambiental. La asignatura pendiente está en la gestión y en la educación en la materia. Es difícil regular el comportamiento ciudadano. Hay pérdidas ya irrecuperables, pero otras se pueden subsanar con cambios que implican a todos. No se pueden mantener los niveles actuales de consumo ni persistir en el problema de movilidad que sufre la ciudad. Veremos qué pasa y qué resuelve la ley de economía sostenible, pero está claro que esto ya no es la demanda de una minoría, sino la visón que informa a medio y largo plazo la política de instituciones como la Unión Europa.

-No sé si le dejo fuera de juego si le pregunto por el Guadalmedina...
-Me temo que es un tema más técnico que jurídico, pero creo que, aún así, habría que empezar por observar la definición de un río, que es un concepto más complejo de lo que se presume y que no se limita al agua que fluye. Junto a mis compañeros de Geografía me inclino a pensar que va más allá de eso, que se está hablando, en términos jurídicos, del dominio público hidráulico. Me parece que antes de embovedar, habría que tener en cuenta otras opciones enfocadas a la integración del río en la ciudad, de la manera menos artificial posible. El río sigue ahí.

-¿Qué me dice de los proyectos previstos para Arraijanal y los terrenos del Campamento Benítez?
-La respuesta a Arraijanal que le da el plan territorial se interesa por proteger una de las escasas franjas libres del litoral, en la que influyen elementos históricos a preservar. Ahora bien, antes de plantear este tipo de proyectos, se necesita responder a una pregunta acuciante, definir el modelo de ciudad. Se debe estudiar si las propuestas encajan con las características de la zona, con su densidad de población y su nivel de tráfico. En definitiva, decidir por una vez cómo se quiere crecer y por dónde. En los últimos tiempos, Málaga ha apostado por un modelo de ciudad grande y eso ha generado una huella ecológica que no sólo afecta al entorno, sino también a la calidad de vida de los ciudadanos. El problema es que los ayuntamientos son a menudo cautivos de la financiación que les reporta el urbanismo. En algún momento habría que retomar la financiación municipal, los gobiernos locales no pueden depender de eso.

-¿Plantea un cambio de competencias? ¿En qué sentido?
-Quizá los ayuntamientos deberían contar con otro tipo de ingresos. Está claro que este país precisa un ajuste de competencias, tanto a nivel local como en su relación con las comunidades autónomas. Los municipios deben perder potestad urbanística y ganarla el Estado. En Europa quedan ya muy pocos sitios en los que los municipios cuenten con tantas competencias urbanísticas, incluido estados de organización territorial tan compleja como Alemania. Es un tema muy importante porque España tiene alrededor de 8.000 municipios y no puede haber 8.000 modelos diferentes. Es el momento de plantearlo.

-¿Qué opinión le merece el conflicto suscitado por la aplicación de la ley de Costas? Me refiero, sobre todo, a la polémica con los chiringuitos...
-Para esto mantengo un punto de vista de jurista clásico. Me parece que el derecho nunca debe ser estridente ni administrar medidas desproporcionadas, que ha de responder a los diferentes intereses que se dan cita en un conflicto. Eso sí, lo que no me parece admisible es crear una ley y justo después buscar las vías para evitar aplicarla. Si no gusta la norma, lo que se debería hacer es cambiarla, pero no aprobarla y luego eludir su sanción porque eso crea inseguridad jurídica.

-¿Está todo perdido en el litoral de Málaga?
-Evidentemente hay elementos de la fachada litoral que son difíciles de recuperar en todo su significado. Siempre se habla de la Costa del Sol occidental, pero habría que atender también a algunas fórmulas de crecimiento de la Axarquía, más difíciles de controlar y muy problemáticas. La Costa del Sol creció como una mancha de aceite, lo que permitió dejar libre algunos extremos, mientras que la zona oriental mantuvo un crecimiento más disperso, con propietarios que vendían pequeños terrenos, aislados. Eso supone un gran coste energético y, en muchos casos, una vulneración de la ley.

-¿Se han cometido más delitos urbanísticos en esa zona que en en la parte occidental?
-Lo primero que hay que distinguir es el concepto. Una cosa son los delitos urbanísticos y otra la corrupción municipal amparada en el urbanismo. Quizá en Marbella hubo más de esto último. A nivel paisajístico se pueden encontrar situaciones que parezcan visualmente aberrantes y que, sin embargo, cumplan la ley y a la inversa.

En corto

«Hasta hace poco preservar la naturaleza era entendido como un freno a la economía»

-La provincia acumula décadas de desarrollo poco sostenible. ¿Por dónde habría que empezar a corregir?
-Málaga presenta aspectos francamente mejorables, pero no creo que a nivel legislativo el problema sea mayor que el de otras ciudades. La provincia cuenta con tres planes territoriales y normativas de protección de los espacios. Eso sí, padece otro tipo de dificultades como la movilidad, que espero que se resuelva con las nuevas infraestructuras. El más acusado, sin embargo, es la preservación del litoral y la erosión del suelo. Son cuestiones que se deben resolver con la previsión de un modelo turístico y de crecimiento adecuado. Por fortuna, parece que se avanza en esa línea, sobre todo, con los nuevos planes.

-La preocupación por el medio ambiente forma parte de la agenda de los políticos. ¿Hasta qué punto hay implicación real?
-En ese aspecto se ha avanzado bastante. Hay una conciencia moderna y una generación que no ha tenido que ponerse al día con esta sensibilidad, sino que le es innata. Se ha perdido afortunadamente la visión, a menudo también de los políticos, de que la protección del medio ambiente suponía un freno al desarrollo económico. Hoy, y así lo indican entre otros la Unión Europea, se entiende todo lo contrario, es decir, que se trata de una fuente de riqueza y de un modelo que tiene que ver con la supervivencia. Los tribunales también lo tienen en cuenta como un bien a proteger.

-Una curiosidad, ¿es cierto que asesora legalmente a la promotora que impulsa la construcción del hotel de Moneo en Málaga?
-No, yo no me dedico al derecho privado. Simplemente elaboré un informe acerca de que administración le correspondía la competencia de decidir al respecto de la altura del edificio. Ya que me lo pregunta, está claro que la arquitectura también es sostenibilidad y que los arquitectos están muy concienciados. Todo proyecto tiene costes y beneficios y este no es una excepción. Lo prioritario, a nivel urbanístico, sería recuperar espacios como la judería, de manera global.



La OPinión Málaga - 20.02.11
Foto: Axarquía (Málaga), diseminados - laopiniondemalaga.es

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Alicante.- Ciudad accesible

JOSÉ RAMÓN NAVARRO VERA* : Hace pocos años, un concejal de tráfico del equipo del alcalde Alperi al ser interpelado públicamente para que expusiese cuál era las ideas que inspiraban la política de transporte y tráfico municipal dio esta rotunda respuesta: que cada ciudadano en uso su libertad pueda ir ,en su coche, por donde quiera y adonde quiera. No es extraño que fuese por entonces cuando, sin duda, para no disminuir la capacidad de la calle Alfonso el Sabio para el tráfico de coches, se tomó la decisión del carísimo soterramiento del tranvía por la misma, a pesar de haber sido proyectado inicialmente en superficie, lo que hubiera supuesto un coste mucho más bajo de haberse hecho así. Es precisamente la reducción de la capacidad para los coches en los centros urbanos lo que se pretende con la inserción del tranvía en superficie en los mejores proyectos de esta clase en centros urbanos como Grenoble, Estrasburgo, Montpellier, etc. Afortunadamente, la cultura del transporte y movilidad en Alicante está cambiando. Se han introducido importantes mejoras e innovaciones tanto en la oferta como en la gestión del transporte público, aunque algunas de las más interesantes han llegado con retraso, desde el tranvía a la instalación de los Sistemas de Ayudas a la Explotación (SAE) en tiempo real instaladas en algunas paradas de autobús desde hace un par de años, si bien hay todavía paradas importantes sin ese servicio. A pesar de todo, la velocidad comercial del transporte público (autobús) apenas ha mejorado.

No se puede afirmar que esta ciudad camine de un modo decidido hacia un modelo de transporte público económicamente eficiente, socialmente igualitario y ambientalmente sostenible. Algunas propuestas dirigidas en este sentido serían:
1. Una ciudad como Alicante, que presume de gestión sostenible, debería de establecer su política de transporte y movilidad urbana fijando y cuantificando indicadores que permitan evaluar los objetivos propuestos, entre los que se deben de encontrar: reducción de emisiones de CO2 generadas por el transporte y tráfico; transferencias de viajes del coche al transporte público y no motorizado; aumento de la velocidad comercial del transporte público; incremento de intercambios entre modos de transporte, reducción en el número de accidentes, etc.
2. Las políticas de transporte y movilidad en la ciudad deben dirigirse hacia un objetivo de accesibilidad igualitaria y equilibrada en todo el espacio urbano. Una red de comunicación desigualmente repartida en su territorio, como ocurre en Alicante, al posibilitar moverse a velocidades muy diferentes, puede entrañar riesgos de exclusión para aquellas zonas que no dispongan de una adecuada accesibilidad a los diferentes modos de esa red.
La red de tranvías va a privilegiar los corredores urbanos por los que discurre en detrimento de las zonas que no tienen ese servicio. Para mitigar ese desequilibrio es urgente coordinar la red de autobuses con la de tranvías buscando una mayor eficiencia global y no andar con soluciones improvisadas como se viene haciendo hasta ahora.
Da la impresión en esta ciudad que el autobús es el hermano pobre del tranvía. El diseño e inserción en el espacio público de muchas paradas de autobuses es, en general, de una calidad y un nivel de confort lamentables.
3. Las redes de transporte público deben de proyectarse como piezas estructurantes en el planeamiento urbano, con el mismo protagonismo, o mayor, del que ahora se le da al viario para coches. A diferencia de los mejores proyectos tranviarios en Europa, el de Alicante se ha establecido de espaldas al urbanismo. La red de tranvías de nuestra ciudad esta concebido para unir puntos, no para vertebrar el territorio urbano y metropolitano.
4. Cualquier proyecto de nueva infraestructura que suponga un aumento de capacidad viaria para los coches debe de llevar obligatoriamente aparejadas medidas que faciliten el transporte público y la movilidad no motorizada (carril-bus o plataformas reservadas, peatones, ciclistas, etc.). La ausencia de estas medidas en la nueva avenida de Denia descalifica a una ciudad que pretende ser una referencia en la gestión urbana ambientalmente sostenible.
5. Se debe dar más transparencia a la gestión y explotación del transporte público requiriendo a las empresas operadoras, públicas y privadas, la publicación de una memoria anual con los resultados de explotación del servicio en ese periodo para que sean accesible a cualquier ciudadano. Con ello se podría saber, entre otras cosas, lo que nos cuesta a los ciudadanos el transporte público en relación con su eficacia, y de ese modo podríamos debatir con más información la incomprensible privatización de la línea 2 de tranvía, que, según sus gestores, va a ser la de mayor demanda de viajes de la red.
Deben revisarse los convenios de concesión de las líneas de autobuses en los que las subvenciones públicas a la empresa se facturan por kilómetro recorrido, lo que, en principio, beneficia a la empresa y menos a los ciudadanos
6. Las campañas de sensibilización hacia el uso del transporte público y modos no motorizados, deben explicar al ciudadano con claridad los efectos y costes de la utilización del coche para la colectividad.
7. Se carece de bases de datos e información fiable sobre las características de la movilidad en Alicante. El último estudio de cierta profundidad es del 2000. Pero no se trata de encargar y almacenar estudios sin más, sino de que estos deben alimentar sistemas de información continúa absolutamente necesarias para planificar y gestionar con eficacia y eficiencia el transporte y el tráfico.


* Información - Opinión - 13.02.11

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Mallorca.- Hidalgo, Gibert y Massot obtuvieron 600.000 euros de la venta de apartamentos a los que el ex alcalde dio licencia

QUÉ* : El ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), ha reconocido en calidad de imputado ante la jueza Carmen González que cuando era primer edil votó a favor de licencias urbanísticas a dos sociedades en las que tenía participación al 33 por ciento, y que en una de estas operaciones entre él, el ex celador de obras del Consistorio mallorquín, Jaume Gibert, y el ex jefe de Urbanismo Jaume Massot se repartieron 600.000 euros en beneficios por la venta de varias viviendas construidas tras el permiso concedido por el ex primer edil. En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción nº12 y el fiscal Juan Carrau, Hidalgo ha recordado que dio su voto favorable a la concesión de una licencia para la construcción de varias viviendas en el Port d'Andratx a la sociedad Sandborg -de la que formaba parte junto a Massot y Gibert-, mientras que también dio el visto bueno a otro permiso otorgado a la mercantil Soltoft, de la que también era socio al 33 por ciento junto a Gibert y Arenas, que solicitaron permiso para construir en un solar anexo al anterior.

El ex alcalde, quien ha salido del centro penitenciario de Palma -en el que cumple condena por dos piezas del caso- para prestar declaración, ha sido inquirido así acerca de un presunto entramado societario en el que estos encausados figurarían como socios y receptores de dinero y participaciones, y dentro del cual también estarían involucrados los arquitectos Miguel Arenas y Maribel Seguí. Las pesquisas de este fleco apuntan de este modo a que tanto Hidalgo como Gibert se asociaron con estos inculpados a fin de adjudicarse licencias y dar curso a sus propias promociones inmobiliarias.

Todos ellos han sido citados para esta misma jornada como imputados en el marco de la pieza 73 de la causa, relacionada con un delito de negociaciones prohibidas. En el caso de Mir, se ha acogido a su derecho de no declarar, según han señalado fuentes jurídicas a Europa Press.

Pese a defender que no se abstuvo de las votaciones de estas licencias en Junta de Gobierno porque "al ser participante en la sociedad no tenía que ausentarme", el ex primer edil, asistido por Gaspar Oliver, ha reconocido que no comunicó a los demás miembros de la Junta que formaba parte de la sociedad. En cualquier caso, el encausado ha apuntado hacia Arenas como la persona que dirigió estas operaciones y quien se encargaba "de toda la tramitación de las licencias".

PARTICIPÓ EN UNA TERCERA OPERACIÓN INMOBILIARIA

Finalmente, el ex primer edil también ha sido preguntado por una tercera operación por la que el entonces alcalde cerró un pacto verbal con el promotor Miguel Miralles para comprar dos solares de Cala Moragues junto a Gibert, Seguí y Mir, quienes acordaron con Arenas construir cuatro apartamentos en uno de los terrenos y cuatro en el otro. Nuevamente, Hidalgo tampoco se abstuvo al aprobar la licencia, si bien ha precisado que "no se le dio más celeridad por hecho de que fuera para el alcalde".

Respecto a esta operación, ha manifestado que Mir y Seguñi informaron de estas licencias cuando ya habían pactado la compraventa, y ha explicado que los cuatro desembolsaron unos 1.500 euros para pagar el proyecto básico a Arenas.

Se da la circunstancia de que el pasado 13 de enero, día en que fue citado Hidalgo por primera vez dentro de esta pieza, el ex alcalde llegó a salir de la prisión para acudir a los Juzgados de Vía Alemania donde iba a ser interrogado. Una vez allí el encausado, que inicialmente fue defendido por Rafael Perera, comunicó su renuncia a los abogados que hasta entonces le representaban, Manuel Murillo y José Manuel Arroyo, para pasar a ser asistido por Gaspar Oliver.

Cabe recordar que Hidalgo se encuentra de forma paralela acusado en otro caso por haber ordenado el cierre presuntamente irregular del parking de la actual primera edil de Andratx Isabel Alemany (UM), unos hechos por los que la Fiscalía solicita dos años de prisión contra el inculpado mientras que la acusación particular, ejercida en representación de la también vicepresidenta primera del Parlamento balear, pide un total de tres.



* Qué - 18.02.11
Foto: Port Andratx - mallorcaweb

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Llanes.- El «terremoto» urbanístico preocupa

LNE/Asturias* : El Ayuntamiento de Llanes derribó hace unos días un chalé en construcción en la localidad de Niembru. Acataba de esta manera una sentencia que llegó tras cuatro años de litigios con un particular y de continuos intentos de las autoridades locales para eludir su ejecución. Los dueños del chalé ya han presentado una declaración de responsabilidad patrimonial y, dado que ejecutaron las obras con licencia municipal, solicitarán daños y perjuicios. En la imagen de la izquierda, el chalé, antes del derribo. A la derecha, la misma zona, ayer. Honda preocupación. Varias asociaciones del concejo de Llanes coincidieron ayer a la hora de expresar su temor por el incierto futuro urbanístico del concejo, tras el auténtico «terremoto» que ha generado la reciente sentencia del Tribunal Supremo que confirmó la anulación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), lo que deja al municipio sin normativa urbanística en vigor.

Varios colectivos exigieron que se depuren responsabilidades. Además de a los dirigentes municipales, impulsores de los planes anulados, los colectivos señalan también a los dirigentes del Principado como responsables del galimatías urbanístico en el que se está sumido el concejo. Casi todos mostraron también su pesar por las «reiteradas y continuas irregularidades urbanísticas» que padece el municipio desde hace más de dos décadas.

La Asociación de Vecinos de Celoriu «La Hoguera» considera que la anulación supone un «perjuicio muy importante para la economía de muchas familias de Llanes» y un mazazo para el «asentamiento de población». Según el presidente del colectivo, Alberto Álvarez, los responsables son «quienes nos gobiernan». Lamentó que el gobierno municipal afirme que «no pasa nada» y que se defienda esgrimiendo que «otros también cometen ilegalidades». Sobre las normas urbanísticas provisionales que el Principado planea aprobar, expresó: «Parece que serán otra tomadura de pelo para ocultar el caos urbanístico en el que nos han metido».

La Asociación «Ereba», de Nueva, reclamó un nuevo Plan General que «cumpla con los trámites indispensables», como exposición pública y participación ciudadana. El secretario del colectivo, Agustín López Rivas, lamentó que al quedar el concejo «sin instrumento de ordenación y sin planificación urbanística, todo cuanto en existe está en limbo jurídico» y por lo tanto -a pesar del mensaje tranquilizador emitido por la alcaldesa, Dolores Álvarez- «lo construido puede ser demolido, en especial lo ya denunciado, como La Talá». En cuanto a las normas provisionales, «no tienen ninguna cobertura legal». Por otro lado, sugirieron que se pidan «responsabilidades a personas con nombre y apellidos» como las que aprobaron el PGOU en la CUOTA, sin olvidar las responsabilidades municipales. «Lo único que han conseguido es transformar nuestros pueblos en cementerios de ladrillos para segundas residencias casi siempre vacías», concluyó «Ereba».

El secretario de la Asociación de Vecinos de Llames de Pría, César Alonso, comentó que la sentencia «demuestra que el Ayuntamiento ha hecho tramitaciones que no se ajustan a la ley» porque «lo único que le interesa es su propia opinión, sin dar ninguna participación a los vecinos». Con la paralización del urbanismo «se paraliza totalmente la actividad económica del municipio», argumentó Alonso, para quien eso conduce a una «situación de muy difícil la salida. Alguien debe asumir el fracaso y dimitir, evidentemente la Alcaldesa y José Balmori como máximos responsables», añadió Alonso.

En el sector turístico también se palpa la intranquilidad. El presidente de Fomento del Turismo (Fomtur), Fernando Fernández, señaló que «el objetivo número uno» de todo plan es que sea «un ejemplo de tramitación y seguridad jurídica», para lograr que Llanes tenga «la tranquilidad que hoy no tiene». Fernández espera trámites correctos a partir de ahora, porque la confianza «es básica para cualquier desarrollo o consolidación en una zona turística como la nuestra».

El presidente de la Junta Ganadera Local, Juan Antonio Ruenes, llamó a la calma para «esperar a ver cómo se resuelve» el problema, ya que «alguna solución tiene que haber». Añadió que a partir de ahora hay que «coger el camino más correcto» y «poner la confianza en que todo se arregle cuanto antes».

El presidente de la Asociación Llanisca de Restaurantes (Allares), Manuel Vega, rehusó emitir valoración alguna, al no conocer a fondo el plan anulado.



* LNE - 19.02.11
Foto: El «terremoto» urbanístico preocupa - lne

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El TSXG evidencia el cambio de criterio de la Xunta respecto al urbanismo de Barreiros

LAVOZ/LUGO* : El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), en una pieza separada, ha decidido estimar el recurso de apelación presentado por un constructor de Barreiros, revocar un auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Lugo y levantar las medidas que pesaban sobre la obra. Dentro del enrevesado escenario judicial que envuelve al urbanismo de Barreiros, lo notable de este caso es que la decisión del TSXG viene dada porque la parte recurrida, la Xunta de Galicia, decidió no impugnar otra sentencia del Contencioso sobre esta obra. Eso evidencia el cambio de criterio del Gobierno autónomo y su voluntad de pasar página al medio centenar de demandas que la anterior Xunta (PSOE-BNG) presentó solicitando la anulación de licencias de obra en Barreiros. Al menos así lo interpretó ayer el alcalde, Alfonso Fuente (PP).

En el año 2008 el entonces director de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística, Hipólito Pérez, dictó una resolución ordenando la suspensión inmediata de las obras de una promoción en San Cosme de Barreiros, en una parte de los bloques de viviendas que invadían el suelo rústico careciendo para ello de la preceptiva autorización autonómica. Por otro lado, ordenó la retirada de los materiales y la maquinaria en el plazo de 24 horas y la suspensión de los suministros de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones en la obra.

En mayo del 2010 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Lugo dictaba una sentencia estimando el recurso interpuesto contra esta resolución. Ahora el TSXG recoge en los fundamentos del derecho de su fallo que esta sentencia no fue impugnada por la Xunta y por lo tanto devino en firme, por lo cual ahora estima el recurso del promotor.

El convenio firmado por la Xunta, la Diputación y el Concello que se está tramitando para desbloquear el urbanismo de Barreiros incluyó como condición que los constructores renunciasen por escrito a reclamar judicialmente responsabilidades patrimoniales a la Administración, ya que disponen de la licencia de obra del Concello para sus promociones. A cambio, los constructores exigieron a la Xunta que retire todos los contenciosos.



* La Voz de Galicia - 19.02.11
Foto: Barreiros(lugo) - barreiros

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Corrupción sin efecto

ALBERTO HIDALDO TUÑÓN* : Los ciudadanos no confían en la política y tampoco en la justicia. Y quizás esa sea la razón por la que las imputaciones y acusaciones judiciales apenas tienen efecto en el voto de una parte de la población. Este argumento parece certificado por el bajo índice de confianza de los españoles en las instituciones que sigue recogiendo en sus barómetros el Centro de Investigaciones Sociológicas. En estos datos se ve claramente que el Poder Judicial suspende, pero su índice de confianza, aunque es superior al del Gobierno y al del Congreso, queda por debajo del de los parlamentos regionales. También en esta encuesta se refleja la máxima de que la cercanía de la administración a los ciudadanos fideliza el voto. El hecho de que los partidos estén en lo más bajo de los índices de valoración agudiza todavía más el descrédito hacia la justicia, pues muchas personas creen que la solución al problema no vendrá de los partidos. Es la pescadilla que se muerde la cola. Los primeros que no confían en la justicia son los propios partidos, cuyos dirigentes defienden a sus militantes, y en muchas ocasiones no les apartan de sus funciones hasta que no han sido condenados por sentencia firme. Y a veces ni eso.

Pero sí existe una diferencia entre los simpatizantes de izquierda y los de derecha. Los primeros, que son más descreídos, creen más en la Democracia, por eso de creer en algo. Mientras, en la derecha impera, por encima de todo, el principio de lealtad, siempre y cuando no afecte a sus intereses. Por eso se dan unas prácticas políticas diferentes, que reflejan la mentalidad de la militancia. Los votantes de la derecha, que son más cívicos y disciplinados a la hora de votar, siempre se movilizan más que los de la izquierda, que no tolerarían la corrupción de sus dirigentes. También es importante resaltar el bajo crédito que merece la Iglesia Católica en un país tradicionalmente católico.


* El País - Opinión - 19.02.11

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Madrid.- El Supremo declara ilegal la M-501 pero el fallo no tendrá consecuencias

ELPAÍS*: La carretera de los pantanos ha llegado hasta el Tribunal Supremo. Es el último organismo judicial que se ha pronunciado sobre el trazado de la M-501 abierto en mitad de una zona protegida y sin las garantías previas necesarias. La sentencia, contra la que no cabe recurso, establece la "nulidad" de la obra porque no incluyó una declaración de impacto ambiental a priori ni la consulta previa necesaria a la Comisión Europea. El demandante, Ecologistas en Acción, pide que la carretera se elimine. La demandada, la Comunidad de Madrid, tilda la sentencia de "irrelevante" porque considera que durante los últimos años ha subsanado cualquier necesidad del proyecto. El alto tribunal, según fuentes jurídicas, no pedirá que se deshaga la obra, pero sí considera que se ha sentado un precedente para futuros proyectos que se intenten programar sin el visto bueno de Bruselas.

El Supremo ratifica la decisión que tomó en 2008 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Ecologistas en Acción denunció la obra que recorre el parque regional del río Guadarrama y la Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA) de los ríos Cofio y Alberche por saltarse la normativa medioambiental. La presidenta, Esperanza Aguirre, se aferró al "interés general" y a la siniestralidad de la vía para defender un plan que su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, había echado por tierra tras un informe medioambiental negativo y la oposición del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). A la obra, que contó con el beneplácito de los 12 alcaldes de la zona, le falta un tramo por desdoblar. El Gobierno regional no aclaró ayer el futuro del proyecto.De Quijorna a Navas del Rey el asfalto es liso y hay dos carriles para cada sentido. La carretera es así desde el verano de 2008, cuando terminaron las obras de desdoblamiento de uno de los tramos protegidos de la M-501. La Comunidad apeló al interés público para justificar una obra que mejorase el tráfico y la seguridad vial. Seis personas murieron en 2001. Desde ese año, la cifra de fallecidos en accidentes de coche no bajó de tres al año entre el kilómetro 22 y el 40 hasta el desdoblamiento, según datos facilitados por la Consejería de Transportes e Infraestructuras. El Supremo echa por tierra ahora ese argumento, asegurando que el "interés público" al que se aferró el Gobierno de Aguirre no abarca la seguridad vial.

El trazado de la M-501 atraviesa parte del parque regional del curso medio del río Guadarrama, una zona de especial protección medioambiental. De ahí que hiciese falta la declaración de impacto ambiental que valora posibles daños al entorno y que el Alto Tribunal reclama ahora.

La Comunidad se anticipó a la decisión judicial y cumplió con este requisito, que debía tener preparado antes de empezar las obras, justo dos meses antes de que terminaran. Por eso, la Consejería de Transportes ve "irrelevante" el fallo puesto que la sentencia "ya se encuentra ejecutada y se ha subsanado el fallo de procedimiento", según una nota remitida por la consejería.

Ecologistas en Acción ya temía que los efectos de la sentencia fuesen limitados. Ayer recibieron el fallo con "alegría agria", según declararon dos portavoces. Son conscientes de que es difícil que la zona afectada quede como antes de las obras. "Nos faltan 10.000 encinas, el daño ya está hecho", señala Santiago Martín Barajas, de Ecologistas. A la M-501 le queda aún un tramo sin desdoblar de unos 20 kilómetros entre Navas del Rey yan Martín de Valdeiglesias. La consejería no aclara cuál es el futuro de esos kilómetros. Un portavoz explicó ayer que su acometida depende de que se incluya en el programa electoral del PP. En caso de que haya más obras, esta vez sí, prometen cumplir los trámites medioambientales.
Del parque al tribunal

- El primer tramo de la M-501 desdoblada es de 2001. El entonces presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, inauguró 12 kilómetros entre Villaviciosa de Odón y Quijorna. La Comunidad advirtió de que la parte final de la carretera no se podría desdoblar por pasar por una zona protegida con especies en peligro de extinción, como los linces, y bosques mediterráneos.

Lo respaldaba un informe del CSIC.

- En 2004, la presidenta Aguirre pactó con los 12 alcaldes de la zona (de PP, PSOE e independientes) convertir la carretera de los pantanos en autovía. Argumentó "la seguridad de los madrileños". La Guardia Civil señaló que en 2003 se registraron 167 accidentes (cinco mortales); el 60% de ellos ocurrieron en el tramo de autovía.

- La Comunidad declaró en 2005 el "interés general" para quedar exenta de la declaración de impacto ambiental. Ecologistas en Acción lo denunció ante la UE y aseguró que escondía "intereses especulativos".

- Las obras empezaron en 2006. Ecologistas acudió a los tribunales y

el TSJM desestimó la petición de que

la obra se paralizase. A finales de ese mismo año, la Comisión Europea

abrió un expediente por la ampliación y exigió una declaración de impacto ambiental sobre toda la carretera.

- En marzo de 2007, Bruselas dio un ultimátum a la Comunidad para que estudiase el impacto de las obras. En agosto lo denunció ante el Tribunal

de Justicia de la UE.

- El TSJM señaló en 2008 que la obra no tenía interés general y que había que levantarla. La Comunidad recurrió.

- El Gobierno regional presentó el informe medioambiental en febrero de 2009, cinco meses antes de terminar la obra. El Supremo ratificó la decisión del TSJM en febrero de 2011.


* ElPaís - 19.02.11
Foto: El desdoblamiento de la M-501 - elpais

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Santiago.- Gaiás cumple 10 años en obras sin que la Xunta haya precisado su futuro

LAVOZDEGALICIA* : Pronostica MeteoGalicia que el martes próximo va a transcurrir entre lluvias y nubarrones, gris, en lo que se antoja una metáfora de la efeméride de la jornada en Santiago. Cuando ese día amanezca, el complejo del monte Gaiás, ejecutado aproximadamente al 65%, habrá cumplido diez años en obras, a pesar de lo cual sus promotores ni siquiera han despejado de dudas el horizonte del recinto. El Gobierno autónomo no ha detallado cuántos millones de euros a mayores de los 253 ya absorbidos terminará costando, para qué lo levanta, con cuáles contenidos prevé insuflarle atractivo, cuándo piensa darlo por terminado, cómo lo sostendrá, dónde sitúa su umbral de rentabilidad... ni por qué aún hoy todas esas cuestiones continúan siendo incógnitas si el 11 de enero Alberto Núñez Feijoo había garantizado que las resolvería ante el Parlamento «en canto [remate xaneiro e] comece o período de sesións».

Improvisadamente impulsado por Jesús Pérez Varela (PP), tutelado por la nacionalista Ánxela Bugallo del año 2005 a la primavera del 2009 y desde entonces gestionado por Roberto Varela con el objetivo de internacionalizarlo, el proyecto consta de seis edificios, dos de los cuales (biblioteca y archivo) se inauguraron hace un mes. Otros tantos (la sede central y una especie de museo innovador) entrarán en servicio de modo gradual durante el período 2011-2012. Con los restantes, que deberían llevar abiertos un lustro largo e incluso carecen de estructura, el Ejecutivo gallego todavía no sabe qué hacer exactamente.

Concebido en origen como gran palacio operístico y presupuestado en 135 millones, el debate acerca de uno de ambos acaba de posponerlo hasta el 2014 la Consellería de Cultura, al firmar con el contratista un trienio de moratoria. Y sobre el futuro del otro, de momento, se limita a aseverar: «Fora pensado para as novas tecnoloxías e o bipartito quixo destinalo a Centro de Arte Internacional e Museo de Nenos, encarecéndoo en sete millóns [sobre 33]. Nós non imos asumir eses plans porque temos un propio, que explicaremos en breve e que eliminará ese sobrecuste».

De eso, de plazos, de contenidos y de dinero en general hablará «con precisión» en el hemiciclo de O Hórreo el presidente de la Xunta antes del 10 de marzo, avanzó ayer una fuente institucional, quien también atribuyó su demora en comparecer a una «inesperada» iniciativa parlamentaria concerniente a este asunto recién aprobada por unanimidad.



* La Voz de Galicia - 11.02.11
Foto: Santiago, Cidade da Cultura - cidadedacultura.es

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