Vivir entre malos humos: Claves de la contaminación urbana

20MINUTOS/Reportaje* : Los niveles de contaminación que padecen nuestras principales ciudades están empezando a resultar difícilmente soportables. Y la situación se agrava cuando, como ocurrió la semana pasada, se suceden varios días anticiclónicos, con escasas lluvias y poco viento. Aparecen entonces las famosas "boinas", las grandes urbes como Madrid o Barcelona se vuelven irrespirables, las alertas se disparan y resurge la polémica... Hasta que un poco de agua (como la anunciada a partir de este domingo para la capital de España, por ejemplo) apacigua la situación y el tema queda aparcado de nuevo. La contaminación atmosférica provoca actualmente unas 370.000 muertes prematuras en la UE, 16.000 en España, según datos de la Comisión Europea. Sin embargo, hincarle el diente a una de las principales causas del problema, el imparable incremento del tráfico rodado en las ciudades, no parece fácil. En una sociedad en la que el coche se ha vuelto intocable, las poco electoralistas apuestas por otros medios de transporte más ecológicos (bicicleta, vehículos eléctricos), o por restringir o encarecer la circulación, siguen lejos de la agenda real de los grandes ayuntamientos.

Y la crisis, con el consiguiente miedo a aumentar cualquier tipo de impuesto o a dañar al comercio, no alienta precisamente las iniciativas más osadas.

Los ciudadanos, por su parte, tampoco están por la labor: Según señala el estudio Ciudadanía y conciencia medioambiental en España, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas en 2010, sólo el 10% de los españoles se muestra dispuesto a usar menos el automóvil por cuestiones ambientales, frente al 17% de media de la UE.

¿En qué consiste exactamente la polución que envenena nuestros cielos? ¿Cuáles son sus efectos para la salud? ¿Qué dice la Ley? ¿Cómo ha sido la controversia, política y medioambiental, creada por la situación crítica de estos días? ¿Qué soluciones se proponen, y qué medidas han adoptado ya otras ciudades europeas? Estas son las claves de un fenómeno propio de las sociedades urbanas e industrializadas al que, sin embargo, no habría por qué resignarse.

¿Qué es la contaminación del aire?

El aire que compone la atmósfera, la capa que envuelve la Tierra, está formado por una veintena de gases en proporciones constantes. Cuando, debido fundamentalmente a la actividad del hombre, se alteran las proporciones naturales de esos gases o se detectan sustancias ajenas a las de la propia composición atmosférica, se contamina y degrada la calidad del aire, en ocasiones, en niveles superiores a lo tolerable para la salud.

La Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera, en vigor desde el 16 de noviembre de 2007, define la contaminación del aire como "la presencia en la atmósfera de materias, sustancias o formas de energía que impliquen molestia grave, riesgo o daño para la seguridad o la salud de las personas, el medio ambiente y demás bienes de cualquier naturaleza".

¿Qué la provoca?

Los principales mecanismos de contaminación atmosférica son los procesos industriales que implican combustión, tanto en industrias como en automóviles y calefacciones residenciales, y que generan dióxido y monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y azufre, entre otros contaminantes.

¿Qué efecto tiene sobre la salud?

En España, la contaminación del aire causa 16.000 muertes anuales prematuras (370.000 en toda la Unión Europea), según datos de la Comisión Europea sobre Medio Ambiente. Otro informe, el del II Observatorio DKV Salud y Medio Ambiente 2010, realizado por la Fundación Ecológica y Desarrollo (ECODES) y DKV Seguros, señala que unas 300.000 personas podrían fallecer en Europa cada año a causa de la contaminación atmosférica.

Los médicos indican que para las personas sanas, sin ningún síntoma respiratorio, las concentraciones excesivas de elementos contaminantes en el aire no representan un riesgo inmediato, aunque sí pueden tener efectos a largo plazo. Sin embargo, las personas que sufren alergias, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) u otras enfermedades respiratorias, así como niños y ancianos, son grupos especialmente sensibles.

Según la directiva de la UE al respecto, las partículas contaminantes emitidas por la industria, el tráfico y la calefacción doméstica contribuyen a desarrollar problemas de asma, deficiencias cardiovasculares, cáncer de pulmón y muertes prematuras. La misma UE señala que el ciudadano europeo pierde de media ocho meses de esperanza de vida como consecuencia de la presencia en el aire de partículas tóxicas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de dos millones de personas mueren al año por la contaminación del aire (datos de 2006). Para la ONG Ecologistas en Acción, los episodios graves de contaminación que se mantienen durante varios días pueden aumentar la mortalidad hasta en un 5%.

¿A cuántos afecta?

Teniendo como referencia las limitaciones establecidas por la UE, 16 millones de españoles respiran aire contaminado. Esta cifra se elevaría a 37 millones si se aplican los parámetros de la OMS.

El último informe del Observatorio de la Sostenibilidad (OSE), publicado en febrero de 2008 con datos de 2005, señala que las ciudades con más de 500.000 habitantes rebasaron sistemáticamente ese año los límites de contaminantes.

Trece ciudades españolas, encabezadas por Alcorcón, Madrid, Getafe, Barcelona y Valencia, presentaron concentraciones medias anuales de NO2 superiores a las fijadas para 2010, y el 75,7% incumplía el límite diario en partículas en suspensión.

España, donde tres de cada cuatro ciudadanos respiran aire contaminado, dedica 16.839 millones de euros a afrontar los costes sanitarios derivados de la contaminación atmosférica, según el citado informe del OSE.

¿Qué leyes hay al respecto?

En general, la Constitución establece en su artículo 45 que "todos tienen derecho a disfrutar de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona, así como el deber de conservarlo".

Más concretamente, la mencionada Ley de Calidad del Aire y Protección de la Atmósfera regula desde 2007 las actividades potencialmente contaminadoras y establece máximos para la emisión de gases.

A finales del mes pasado, el Gobierno aprobó dos decretos relativos a la normativa sobre contaminación. El primero revisa los límites legales de contaminantes en el aire y las medidas a adoptar para cumplirlos, y el segundo actualiza –con más de dos años de retraso sobre las previsiones de la Ley– la relación de actividades emisoras de contaminantes a la atmósfera y las medidas de control sobre las mismas.

¿Cuáles son las sustancias contaminantes y cómo están reguladas?

La relación de materias contaminantes es muy amplia, pero, por su relevancia y toxicidad, destacan, las siguientes:

* Partículas en suspensión (PM). Son sustancias sólidas y líquidas, orgánicas e inorgánicas, compuestas por nitratos, sulfatos, amoniaco, carbón, agua, cloruro sódico y polvo de minerales que, o bien se emiten a la atmósfera tras el uso de combustibles en hogares, actividades industriales o motores de combustión, o bien se transforman en el aire debido a reacciones químicas. Según su diámetro, se clasifican en PM10 (diámetro menor de 10µg (microgramos) y PM2,5 (menor de 2,5µg). Las PM2,5 son las más peligrosas, ya que una vez inhaladas, pueden entrar en el flujo sanguíneo y derivar en enfermedades que pueden ser mortales, informa la agencia Efe.

El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 1999, establece que el valor límite diario de las PM10 será de 50 µg/m3, y que éste no podrá superarse en más de 35 ocasiones al año, mientras que el valor límite anual será de 40µg/m3. Las PM2,5 se incluyen, por primera vez, en la Directiva aprobada por el Consejo de Europa en abril de 2008, que obliga a reducir un 20% para 2020 la exposición a esas partículas en las zonas urbanas con respecto a los niveles de 2010.
* Monóxido de Carbono (CO). Es un gas incoloro e inodoro, resultado de la combustión incompleta del carbón, la gasolina, la madera, etc. Es altamente tóxico, ya que dificulta la distribución del oxígeno en la sangre. El Decreto de 2002, adaptado a la Directiva de 2000, establece un valor límite de 10µg/m3 como media de ocho horas máximas en un día.
* Ozono (O3). De color azulado y olor fuerte, es altamente tóxico y se encuentra como contaminante de la troposfera. El Real Decreto de 2003 fija el nivel en 120µg/m3, una marca que no deberá superarse más de 25 días por año de promedio, en un periodo de 3 años.
* Dióxido de Nitrógeno (NO2). Es de color rojizo, venenoso y corrosivo. Su principal fuente de emisión procede de la quema de combustibles a altas temperaturas. Es el principal responsable de la "boina" en las ciudades y provoca inflamación en las vías respiratorias. El Real Decreto de 2002 establece el límite en 40µg/m3 de media anual y 200 µg/m3 de media en una hora, que no podrá superarse en más de 18 ocasiones por año.
* Dióxido de Azufre (SO2). Gas incoloro, se produce por la combustión de carbón y petróleo. Provoca irritación de las vías respiratorias y puede alterar la función pulmonar. El Decreto de 2002 establece un límite de 359µg/m3; se fija el valor límite diario en 125µg/m3, que no podrá superarse en más de 3 ocasiones por año, y el umbral de alerta en 500µg/m3 durante tres horas consecutivas.

¿Qué suponen los nuevos decretos aprobados por el Gobierno?

Según el Gobierno, estos decretos endurecen la legislación, ya que obligan al Ejecutivo a elaborar un plan nacional de lucha contra la contaminación, con medidas, calendarios y objetivos concretos, que servirá de pauta para los que aprueben las comunidades autónomas y las entidades locales que miden la calidad de su aire.

El Gobierno destaca asimismo que se va a prestar especial atención a las partículas en suspensión PM2,5, relacionadas con el aumento de la mortalidad y los ingresos hospitalarios, y que España se va a adelantar al resto de países de la UE al incluir el control de otro contaminante, el amoniaco (NH3).

Para Ecologistas en Acción, sin embargo, los nuevos decretos aumentan los límites de partículas permitidos y posibilitan niveles de contaminación atmosférica nocivos para la salud pública, en algunos casos muy por encima de los estándares recomendados por la OMS. En este sentido, destacan que el valor límite diario de dióxido de azufre es seis veces superior a la recomendación de la OMS, los valores límite anuales de partículas PM10 y PM2,5 duplican los recomendados por la OMS, y el valor objetivo de ozono es un 20% superior al de la Guía de la OMS.

Añaden que, en el caso de las partículas PM10, se va a derogar el valor límite anual establecido para 2010 de 20 μg/m3 (microgramos por metro cúbico), manteniendo el mucho más permisivo establecido para 2005 (40 μg/m3). Respecto al valor límite diario para este contaminante (50 μg/m3), la normativa en vigor permitía que se superara un máximo de 7 días en el año 2010, que ahora se elevará a 35 días al año, cuando la recomendación de la OMS es que no se rebase más de 3 días al año.

¿Qué dice la normativa europea?

La directiva europea de Calidad del Aire establece que desde 2005 deben respetarse unos niveles máximos de exposición a las partículas PM10 de 40 microgramos por metro cúbico anuales, con un máximo diario de 50 microgramos, que no puede superarse más de 35 veces en el conjunto del año.

¿La estamos cumpliendo?

No. El Tribunal de Justicia de la UE ha comenzado a tramitar una denuncia contra España, formulada por la Comisión Europea el pasado 24 de noviembre, por no respetar los límites máximos de micropartículas gruesas en suspensión en el aire (las PM10) en diferentes zonas del país, ni adoptar medidas efectivas para reducir esos niveles de contaminación.

Madrid, Barcelona y otras zonas industriales españolas solicitaron una moratoria para cumplir esas exigencias, pero la Comisión Europea rechazó ambas solicitudes por estimar que los planes para mejorar la calidad del aire propuestos no eran suficientes para garantizar el objetivo previsto. El Ejecutivo comunitario sólo concedió la moratoria a la zona de Puertollano, en Castilla-La Mancha.

La Comisión Europea envió su último aviso por escrito a España a comienzos de 2010, y le advirtió de que, de continuar con el incumplimiento, el siguiente paso sería la denuncia ante el Tribunal de Justicia comunitario.

Por lo pronto, la Fiscalía española de Medio Ambiente ha abierto una investigación para determinar si las grandes ciudades de nuestro país están cumpliendo o no la directiva europea de Calidad del Aire, para lo cual ha pedido información detallada de sus niveles de contaminación atmosférica y de las medidas que están tomando para combatirlos.

¿Vamos a mejor o a peor?

Los niveles de contaminación en las grandes ciudades españolas se van reduciendo año tras año, pero demasiado lentamente, dada la magnitud del problema.

Según el Informe sobre la calidad del aire en el Estado español durante 2009, realizado por Ecologistas en Acción, al igual que en 2008, durante 2009 se apreció una reducción de la contaminación con respecto a años precedentes. No obstante, el informe, elaborado con los datos que facilitan las Administraciones autonómicas a partir de sus redes de medición de la contaminación, indica que esta reducción se debe más a razones coyunturales que por la aplicación de medidas orientadas a reducir esta polución.

Así, entre las causas de esta bajada destacan, según la ONG, la reducción de la movilidad originada por la crisis (el consumo de combustibles de automoción bajó un 5,1% en 2009); la disminución del consumo eléctrico también por la crisis, lo que conllevó un menor funcionamiento de las centrales térmicas (13% menos); una meteorología más inestable que en años precedentes (lo que favorece la dispersión de contaminantes); y por último, ciertos cambios en el parque automovilístico hacia vehículos más pequeños y eficientes y, por tanto, menos contaminadores (en 2009 se incrementó la venta de estos vehículos un 42%, mientras que descendieron todos los demás tipos y también el número total de coches, en un 18% con respecto a 2008).

En cualquier caso, la organización ecologista subraya que las superaciones de los límites legales se vienen repitiendo de forma sistemática en los últimos años, que la información al ciudadano no es adecuada, y que los planes de Mejora de la Calidad del Aire, obligatorios según la legislación vigente, en muchos casos no existen, y en otros apenas tienen efectividad.

¿Por qué ha habido niveles tan altos de contaminación estos días?

A lo largo de la semana pasada se instaló en nuestro país un anticiclón que se prolongó hasta el fin de semana. Los anticiclones, al no llevar viento, provocan una tapadera que impide que el aire de las capas bajas de la atmósfera vaya hacia arriba y haya ventilación. El resultado es la llamada "boina", una gran nube de polución y humos formada por dióxidos de nitrógeno, de azúfre y partículas en suspensión, que cubre las ciudades más castigadas por la polución, como Madrid y Barcelona.

¿Qué niveles llegaron a alcanzarse?

Madrid padeció el martes y el miércoles concentraciones de dióxido de nitrógeno (NO2) superiores a los 60 microgramos por metro cúbico, y en zonas concretas del sur de la Comunidad se rebasaron los 100 ug/m3.

En menos de dos meses, dos estaciones de medición del centro de Madrid, la de la plaza Fernández Ladreda, en Carabanchel, y la de Ramón y Cajal, en Chamartín, ya han superado el valor límite legal para todo el año de NO2. La directiva europea permite un máximo de 18 superaciones (en una hora) de los 200 microgramos por metro cúbico en un año. El pasado día 8 Fernández Ladreda sumaba ya 21 y Ramón y Cajal, 19.

Barcelona, por su parte, registró el pasado jueves picos máximos de polución que duplican y hasta triplican las medias anuales de dióxido de nitrógeno. Los registros más elevados se daban en las zonas de Gràcia- Sant Gervasi y Montcada i Reixac, donde se midieron más de 120 microgramos por m3 de NO2. Pese a todo, no se rebasó el nivel de alerta (200 en una hora).

¿Qué reacciones ha habido en Madrid?

El Ayuntamiento de Madrid hizo, con poco éxito, un llamamiento a los ciudadanos para que dejasen el coche en casa y utilizasen el transporte público. No obstante, el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, sostiene que la contaminación que ha registrado estos días la capital se consideraba "normal" hace cinco años y está "muy lejos de los niveles de alerta", ya que actualmente los ayuntamientos han puesto el nivel de exigencia "extraordinariamente alto".

Ruiz-Gallardón (PP) pidió al Gobierno socialista que no siga bonificando los coches diesel, los más contaminantes, y le acusó de "cargar" contra el Ayuntamiento madrileño por la cercanía de las elecciones municipales de mayo, haciéndolo ahora a cuenta de la contaminación, a pesar de que el Ejecutivo "no adopta en esta materia las medidas que debería".

Mientras, el Consistorio ha sido acusado de maquillar los resultados de los medidores de contaminación, al situar algunas estaciones en zonas verdes, como la Casa de Campo.

En noviembre del año pasado el alcalde de la capital anunció que se cortaría el tráfico en el centro, pero no antes de los próximos comicios. Para Ruiz-Gallardón, en tiempos de crisis, limitar el acceso a Madrid del millón de personas que se desplazan diariamente con sus vehículos a la capital dañaría la ciudad y a sus comerciantes.

La mayor polémica, no obstante, la provocó la delegada de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, al afirmar que "nunca es un tema sanitario, sino una cuestión medioambiental. Estamos lejísimos de una alerta, que nunca se va a producir. Estamos un momento en el que la gente está deprimida por el paro. Eso asfixia más".

¿Y en Barcelona?

La directora general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Assumpta Farran, señaló también que la contaminación de Cataluña es ahora menor que hace cinco años, y pidió que no se haga "alarmismo".

Pese a que los niveles de polución en Barcelona no son tan altos como en Madrid, la situación creada por el anticiclón de estos días llevó a las autoridades a mantener la controvertida limitación de la velocidad a 80 Km/h en los accesos a la capital catalana.

En cualquier caso, el Ayuntamiento barcelonés, que preside el socialista Jordi Hereu, ha indicado que no piensa limitar el tráfico en la ciudad, y la concejala de Medio Ambiente (Imma Mayor, de ICV), ha descartado restringir el acceso de vehículos.

El Ayuntamiento de Barcelona está negociando con los partidos de la oposición el llamado Plan de Energía, que contempla 70 medidas para reducir la contaminación en la ciudad.

Algunas declaraciones sobre el problema

* Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente: "El Gobierno no quiere cobrar más impuestos por la mala calidad del aire. La respuesta y la solución a la contaminación no está sólo en la fiscalidad".
* Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, en RNE: "Hay que apostar por el transporte público en detrimento del transporte privado y por una descentralización de la vida en la ciudad. Hay que sacar las Administraciones a la periferia. No pueden llegar 4 millones de madrileños todos los días a Madrid a hacer gestiones, trabajar o comprar. No se pueden hacer carreteras más anchas sino usarlas menos".
* Pere Navarro, director general de Tráfico: "En todos los debates que se están produciendo a nivel europeo sobre tráfico hay dos palabras claves: limpio y seguro. El camino lo estamos haciendo, pero los indicadores nos dicen que no es suficiente, que hay que ir más allá".
* Antonio Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio y numero dos del Ministerio de Medio Ambiente con Cristina Narbona, en El País: "Hablamos con 40.000 alcaldes a los que les pedíamos que limitaran el tráfico. La mayoría decía que sabían que había que hacerlo, pero que mejor después de las elecciones".
* Juan Ruiz Manzano, presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR): "Está demostrado que con los picos altos de contaminación hay una mayor cantidad de recaídas, ingresos (tanto a urgencias como admisiones en los hospitales) y una mayor mortalidad en pacientes crónicos, ya que los pulmones están expuestos al aire que respiramos".

¿Qué posibles soluciones hay?

Las soluciones más eficaces al problema de la contaminación en las grandes ciudades pasan por reducir los efectos del tráfico de automóviles. Antonio Cerrillo concreta en La Vanguardia algunas de las opciones básicas:

* Cambiar el parque de vehículos. La sustitución de los vehículos de motor de gasolina por vehículos diesel ha llenado las ciudades de coches sucios, que emiten menos CO2, pero más más partículas y más NO2.
* Reducir el tráfico. Más del 80% de los contaminantes proviene de los coches. Según el Centro de Investigación de Epidemiología Ambiental, la reducción debería ser de al menos un 30%.
* Cambiar los valores. Más y mejor transporte público, más caminar en trayectos cortos, más bicicletas, más zonas peatonales, más espacios verdes. Los avances tecnológicos en los coches no bastan. Barcelona, según indica el mencionado artículo, tiene 6.000 vehículos por Km2; Londres, 1.400.
* Limitar las congestiones. Reducir los atascos en las vías de entrada a las grandes ciudades, combinando la mejora de las vías con los límites de velocidad, y estableciendo los llamados carriles de alta ocupación (restringidos a coches que estén ocupados por un mínimo de tres pasajeros).

¿Cómo combaten la contaminación otras ciudades europeas?

Cerrar al tráfico el centro urbano cuando suben los niveles de contaminación, impulsar el uso de la bicicleta y del vehículo eléctrico compartido o penalizar la utilización del vehículo privado son algunas de las opciones por las que diferentes ciudades europeas han optado para mejorar su calidad del aire.

Reino Unido

En Londres, el Ayuntamiento decidió declarar sus áreas de mayor tráfico como Zonas Penalizadas de Congestión (CCZ en sus siglas en inglés) en el año 2003. Todos aquellos conductores que quieran acceder a estas áreas penalizadas, excepto los que circulen en un coche eléctrico, tendrán que pagar una cuota diaria de 10 libras (11,8 euros) entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, de lunes a viernes, bajo multas de incumplimiento de entre 60 y 180 libras. Los fondos recaudados se destinan a mejorar el sistema público de transporte de la ciudad.

Ocho años después de la implantación del CCZ, las autoridades aseguran que las emisiones contaminantes se han reducido entre un 17 y un 20%, al tiempo que el tráfico ha bajado un 20%.

Además, se ha implantado la llamada Zona de Bajas Emisiones (LEZ en sus siglas en inglés), que, desde 2008, obliga al pago de una tasa a los vehículos comerciales con motores diesel de más de 1,2 toneladas que circulen por la capital y su zona metropolitana.

Italia

Una norma obliga a cerrar al tráfico los centros urbanos como mínimo una jornada en cuanto se registren valores de contaminación por encima de los niveles fijados por la UE. Esta medida se ha aplicado ya en varias ocasiones en ciudades italianas como Milán, Turín, Roma o Nápoles.

Por otra parte, el acceso de los coches a los centros de las ciudades italianas con mayores índices de contaminación sólo está permitido para aquellos vehículos que cumplan la normativa Euro4 sobre emisiones contaminantes.

Francia

París ha apostado por una intensa promoción del transporte público, con la prolongación de la red de tranvías, la ampliación de carriles para autobuses y bicicletas o el proyecto Autolib, que pondrá a disposición de los ciudadanos 3.000 coches eléctricos para uso individual o colectivo a partir del otoño de 2011.

Tambien se ha promocionado el uso de la bicicleta, con un eficiente servicio de bicicletas públicas, que cuenta con más de 160.000 abonados.

El Ayuntamiento de París asegura que ha conseguido reducir la intensidad del tráfico en un 24% y duplicar el uso de la bicicleta en los desplazamientos.

Alemania

En 2007 en Alemania se abrió la posibilidad legal a las ciudades de decretar de terminados sectores urbanos como Zonas Ecológicas, en las que sólo pueden entrar vehículos con matrículas especiales que tienen que ser adquiridas y que acreditan que el auto en cuestión no sobrepasa determinado límite de emisiones de gases contaminantes. Las primeras ciudades en hacer uso de esa posibilidad han sido Berlín, Colonia, Hannover y Stuttgart.

Desde 2008, las normas sobre emisión de partículas se han hecho más estrictas. Entrar en estas áreas sin placa está penalizado con una multa de 40 euros.

¿Qué se ha hecho en las ciudades españolas?

* Madrid. En 2006 Gallardón anunció que los coches más contaminantes no podrían pasar al centro. Nunca se aplicó. En 2009 presentó las Zonas de Bajas Emisiones, que no establece qué medidas aplicar ni cuándo.
* Barcelona. Está pendiente de aprobar el mencionado plan de más de 70 medidas para combatir la contaminación. Además, han estrenado un pavimento que absorbe la contaminación del aire. Su sistema de alquiler de bicicletas, bicing, ha sido un éxito. Este plan también fue anunciado por Gallardón, pero ha sido aplazado de forma indefinida.
* Sevilla. Es la ciudad española que menos ha sufrido la polución debido, sobre todo, a su apuesta decidida por la bicicleta (ha creado 130 kilómetros de carril-bici) y la ampliación de Metrocentro.
* Valencia. También ha ampliado el carril-bici y ha puesto en marcha un sistema de alquiler de bicicletas.

(informa O. Fraile)

¿Qué se aconseja a las personas que más sufren la contaminación durante los días de niveles muy altos?

* Evitar las zonas más contaminadas de la ciudad y frecuentar las zonas verdes.
* Intentar evitar la práctica de ejercicio físico al aire libre.
* Extremar la disciplina en el seguimiento de los tratamientos médicos si se sufre una enfermedad respiratoria.


* 20 Minutos - 13.02.11
Foto: Contaminación industria - google


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Palma.- La juez desestima el recurso de Munar y sostiene que participó en la venta del solar

DIARIODEMALLORCA* : La jueza instructora del "caso Can Domenge" ha desestimado el recurso presentado por la expresidenta del Consell Maria Antònia Munar contra su auto de final de instrucción de esta causa al entender que ella "por fuerza debía conocer, permitir y participar en la fraudulenta enajenación" del solar. El auto recurrido por el abogado de Munar, Gabriel Garcías, fue dictado en noviembre por la titular del juzgado de instrucción 12 de Palma, María del Carmen González, y en él pasaba la causa a procedimiento abreviado, lo que da por terminada su instrucción. En este caso se investiga un presunto cobro de comisiones en el pasado mandato por parte de miembros de UM gracias a la venta por el Consell del terreno palmesano de Can Domenge, que se adjudicó por la mitad de lo ofertado por el Grupo Núñez y Navarro (30 frente a 60 millones), impulsor de la querella.

Según el auto de la jueza desestimando el recurso, al que ha tenido acceso Efe, sí existen indicios de delito por parte de Munar, ya que, como presidenta del Consell, "conocía y admitía la forma en que se enajenó Can Domenge (y aún hoy la avala)", un procedimiento que, argumenta, "no fue correcto".

"Existen indicios plurales -indica el auto- de que la finalidad auténtica del concurso era vender el bien a un precio muy inferior al de mercado a una empresa con la que se habían confabulado bajo la apariencia de un concurso, logrando dinero para el Consell pero en cuantía muy inferior a la que se hubiese podido obtener en un procedimiento justo".

Esta finalidad ilícita, añade la jueza, es "la que guió todo el concurso" y "siendo esto así", continúa, "no sería creíble que la presidenta se mantuviese al margen".

En su auto, fechado el 7 de febrero, la jueza afirma que el proceso de venta de Can Domenge "es del todo irregular en su conjunto", por lo que Munar no podía desconocerlo por mucho que otros imputados, como Miquel Nadal y Miquel Àngel Flaquer, afirmaran que ella "no bajaba al detalle".

"El concurso de enajenación podría ser fraudulento y prevaricador, no solo en alguno de sus detalles, sino en su propia concepción global. No se trataría de meras irregularidades causadas por ignorancia o por una aplicación flexible de la Ley (...), sino que nos hallaríamos ante una aplicación totalmente torcida de la Ley", insiste la jueza.

Además, apunta que teniendo en cuenta que el de Can Domenge era el "proyecto estrella" del Consell "sin duda la señora Munar debía conocer cuando menos las líneas maestras del plan de enajenación".

La jueza plantea dos hipótesis sobre el papel de la que también fue presidenta del Parlament en este proceso: que participaba o incluso dirigía el proceso conociendo su finalidad real, aunque no conociera los detalles, o que fue engañada por sus personas de confianza y solo sabía que se vendía el solar.

En el primero de los casos, quedaría claro que participó en el delito, y en cuanto al segundo supuesto la jueza indica que en ninguna de sus declaraciones judiciales Munar dijo que Nadal, Flaquer o el exconseller Bartomeu Vicens le hubiesen mentido, por lo que "no existe el menor atisbo en la causa de que hubiese sido engañada".

La jueza también desestima el recurso presentado al auto de pase a procedimiento abreviado por parte de la defensa de otro imputado, el abogado Santiago Fiol. En cambio, acuerda el sobreseimiento de la acusación contra Mario Sanz.

En el caso de Munar, el recurso desestimado por la jueza pasará ahora a la Audiencia de Palma en apelación, por lo que el alto tribunal autonómico deberá pronunciarse al respecto antes de que se abra juicio oral.



* Diario de Mallorca - 14.02.11
Foto: Palma, expresidenta del Consell, Munar, en el juzgado (archivo) - diariodemallorca

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La Justicia avala la paralización del urbanismo de Barreiros en el 2007

LAVOZ/Lugo* : La intervención que el anterior Gobierno de la Xunta de Galicia (PSOE-BNG) hizo en el urbanismo de Barreiros se ajustó a la legalidad y fue por «causas justificadas». Así lo entiende el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ha desestimado los recursos que presentaron varios constructores y el propio Ayuntamiento contra el decreto autonómico del 1 de febrero del 2007 por el cual se suspendieron las normas subsidiarias de Barreiros y se dictó una normativa provisional tan restrictiva que, en la práctica, impide que se pueda construir algún edificio más. Las consecuencias de aquella intervención están hoy muy presentes en Barreiros. La anterior Xunta presentó contenciosos solicitando la anulación de medio centenar de licencias de obra otorgadas por la junta de gobierno local. En los juzgados se ordenó la paralización cautelar de las obras. El temor se extendió entre los clientes y las compras se ralentizaron y entraron en una atonía que se mantiene.

Hoy en día apenas se mueve un ladrillo en Barreiros; un municipio de unos 3.500 habitantes donde en el año 2006 el Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia visó proyectos para construir más de 6.000 pisos.

En este asunto muchos promotores han manifestado ser víctimas de un enfrentamiento político, de una persecución de la ex conselleira del PSOE, María José Caride; del ex director xeral de Urbanismo, Ramón Lueje; y del ex director de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), Hipólito Pérez, contra un ayuntamiento gobernado por el PP. Son víctimas, dicen, porque la anterior Xunta logró que tuviesen que parar obras e inversiones millonarias a pesar de que contaban con la licencia de obra municipal.

Pero uno tras otro, el TSXG rechaza los argumentos de los recurrentes contra la suspensión de normas, que sostienen, por ejemplo, que la ordenación provisional es arbitraria porque lejos de garantizar un desarrollo sostenible lo único que ha garantizado es que no haya desarrollo urbanístico alguno.

Las normas provisionales que regulan el urbanismo en Barreiros se mantendrán durante algunos años más, hasta que el Concello apruebe el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal que ahora se está redactando. Pero es muy probable que la construcción se reactive en cuestión de meses, quizás semanas, con la aprobación de nuevos planes sectoriales. Esa es la voluntad de la actual Xunta (PP), de la Diputación (PSOE-BNG) y del propio Concello (PP), que han firmado un convenio para invertir 14 millones de euros en Barreiros. Con estas obras -que en gran medida sufragarán los constructores- se dotarán de servicios (agua, alcantarillado, suministro eléctrico, aceras y viales) a los solares en donde se concedieron las licencias de obra que recurrió la anterior Xunta. Y es que en caso contrario los constructores podrían reclamar indemnizaciones millonarias, con el argumento de que tienen la licencia de obra en su poder. Por eso solicitan que se retiren los contenciosos que pesan sobre las licencias.



* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Un grupo de edificios en construcción cerca de la costa en San Miguel de Reinante (Barreiros) - lavozdegalicia

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Carballo.- Un recurso de un ex asesor urbanístico del Concello originó el proceso judicial

LAVOZ/A Coruña* : Un recurso presentado por Carlos Rodríguez Horta, que fue asesor urbanístico de Manuel Varela Rey, desencadenó el proceso judicial que culminó con la sentencia de demolición del colegio. El fallo llegó recién estrenado el 2005. En concreto, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia anuló una resolución de la Dirección Xeral de Urbanismo del 31 de julio del 2000 por la que se otorgó la autorización para construir el centro. Según la Sala de lo Contencioso Administrativo, el trámite de excepción aplicable al suelo rústico no se ajustaba a derecho por el tipo de uso y por la existencia de suelo urbano o apto para urbanizar suficiente para ubicar el Artai en otro lugar. También anuló dos autorizaciones aprobadas por la comisión de gobierno de Carballo los días 31 de julio del 2000 y 3 de abril del 2001, en el primer caso porque estaba vigente la suspensión de licencias derivada de la aprobación del PGOM y en el segundo porque se concedió licencia de obras sin que previamente se otorgase la de apertura.

Ratificación

El Concello de Carballo presentó recurso de casación ante el Tribunal Supremo, cuya sentencia se demoró hasta mediados del 2009, pero los magistrados ratificaron los argumentos de los jueces gallegos y, por tanto, la orden de derribo.

No obstante, la sentencia de demolición no se ha materializado ni se prevé que vaya a llevarse a cabo, entre otros motivos porque el autor de la demanda falleció en el año 2007 y no parece que nadie esté interesado en seguir adelante con el proceso.



* La Voz de Galicia - 15.02.11
Foto: Carballo (A Coruña) - Luis M. Bugallo Sánchez, wikipedia.org

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Llanes.- Los expertos ven «dramática» la situación y piden aprobar un nuevo plan «sin atajos»

LNE/Asturias* : La situación urbanística de Llanes es «dramática», sin parangón con ninguna otra en España. Llanes se ha quedado sin plan urbanístico, pues todos los anteriores están anulados por los jueces o derogados. El Ayuntamiento conserva las competencias urbanísticas, pero carece de normativa municipal que aplicar. Así que su margen de maniobra es muy estrecho, prácticamente inexistente. Los seis expertos consultados ayer -tres prefirieron permanecer en el anonimato- coincidieron en señalar que el Ayuntamiento no podrá conceder licencias de obra mayor (construcción de nuevas viviendas, por ejemplo) hasta que cuente con un nuevo plan general. Sólo podrá otorgar licencias centradas en «la conservación y mantenimiento de lo que hay». Los urbanistas sólo ven una salida posible: suspender de inmediato la concesión de licencias, «para evitar más problemas», y redactar lo más rápido posible, «pero con todas las garantías legales» y «sin atajos», un nuevo plan de urbanismo. Cualquier otro camino «sería un suicidio».

En esos términos se expresó Gerardo de la Iglesia, abogado experto en Derecho Público y Urbanismo. Fue claro y contundente: la sentencia del Supremo es «muy buena y muy fundada en derecho», a la vez que «durísima». El Supremo ha confirmado todas las graves irregularidades observadas por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) y ha acusado al Ayuntamiento de «ocultación de documentos» y de «hurtar a la ciudadanía la posibilidad de alegar» sobre varias actuaciones urbanísticas, lo que supuso «quebrantar el control democrático de los ciudadanos». Algo «gravísimo», según De la Iglesia, quien incidió asimismo en las deficiencias observadas en la memoria del plan y en el estudio económico y financiero. «Pocas veces he visto una sentencia tan fuerte», añadió el jurista. El futuro es «negro», según De la Iglesia, quien asegura que la sentencia del Supremo ha dejado fuera de ordenación la mayor parte de las actuaciones urbanísticas ejecutadas en el concejo en las últimas décadas. «Será posible legalizar muchas de ellas, pero quizá no todas». Por eso a De la Iglesia no le extrañaría ver «algún derribo» en el concejo de Llanes en los próximos años.

Javier Junceda, abogado y catedrático de la Universidad Internacional de Barcelona, alabó el pronunciamiento del Supremo, que ha certificado la «solidez» de los criterios que llevaron al TSJA a anular el plan general en 2007. «La sentencia confirma punto por punto que se ha infringido el régimen de información pública en la aprobación del PGOU, que se ha vulnerado el régimen de la memoria y estudio económico financiero y que se ha intentado sortear el control jurisdiccional al llevar a un PGOU planes de desarrollo anulados con ocasión de la declaración judicial contraria a las normas subsidiarias municipales» de 1992.

Junceda defiende que el urbanismo actual está basado en el planeamiento, por lo que «no cabe urbanismo sin plan». Así que aboga por la suspensión de los procedimientos urbanísticos hasta la aprobación de un nuevo plan, que debería tramitarse «con la mayor celeridad y garantías». Junceda sostiene que el Ayuntamiento no podrá otorgar licencias de obra nueva. Lo mismo que De la Iglesia, Junceda subrayó que el Ayuntamiento puede incurrir en responsabilidad patrimonial si como consecuencia de la sentencia del Supremo se produce algún derribo u otros perjuicios a promotores o propietarios.

El abogado Javier Calzadilla, que representa a la Agrupación de Vecinos de Llanes (Avall) en el «caso La Talá», coincidió con sus colegas al señalar que el Ayuntamiento de Llanes se ha quedado sin instrumentos de ordenación urbanística. «Hoy Llanes no tiene plan de ordenación», por lo que han quedado automáticamente anulados, también, los planes parciales, entre ellos el de La Talá, al quedarse sin cobertura jurídica. Lo mismo ocurre, a su juicio, con las licencias de obra nueva. En cuanto a las obras ejecutadas al amparo de los planes anulados, habrá que examinar «caso por caso». En el caso de las actuaciones que carezcan de cobertura jurídica, habrá que estudiar, a su vez, «si son o no legalizables».



* LNE - 15.02.11
Foto: Llanes (Asturias), vista general - elcomercio

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Chiclana.- La Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización advierte de nuevas movilizaciones

ANDALUCÍAINFORMACIÓN* : “El estudio de cargas de la Rana Verde es la chispa que puede encender la mecha de nuevas movilizaciones”, advierte la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización en un comunicado. La plataforma indica que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento “tiene que entender que querer llevar a cabo este proceso sin el acuerdo de los vecinos es un fracaso anticipado, igual que el proceso iniciado en el año 1998, con millones de las antiguas pesetas entregadas a fondo perdido y que seguimos preguntándonos en que dotación del balance de pasivo del patrimonio de la Gerencia Municipal de Urbanismo se encuentran”. El colectivo insiste en que “la expectación es máxima entre los afectados sobre la próxima publicación del estudio de cargas del área de gestión básica (AGB) de Pinares de Chiclana (Rana Verde)” y señala que “la valoración de las unidades de aprovechamiento es un hecho fundamental para corroborar todo lo denunciado por esta plataforma”.

Los vecinos integrados en la plataforma admiten que “los costes de urbanización serán los que digan los estudios técnicos sin lugar a dudas”, pero consideran primordial que las cargas urbanísticas “se encuentren establecidas en base a unas valoraciones legales y justas; se realicen las interpretaciones sobre el 10 por ciento de cesión previa de viarios y vías pecuarias ya existentes; que el cien por cien de las cantidades abonadas por los afectados repercuta sobre los proyectos de ejecución urbanísticos de cada área, y la solicitud de ayudas mediante los fondos de cohesión europeos para los sistemas generales y extensibles al resto de AGB”.
Otro punto innegociable para la Plataforma de Vecinos Afectados por la Regularización es el establecimiento de un canon para el pago de los trabajos de infraestructuras necesarios para la regularización de las viviendas. En este sentido apuntan que “es indispensable un canon de los sistemas generales que facilite el pago a las familias, y por supuesto asumir la realidad urbanística del extrarradio en el nuevo planeamiento, disminuyendo las unidades mínimas de las parcelas para regularizarse en todas las AGB”. La plataforma exige “soluciones legales para abaratar las cargas” y asegura que “las hay”.



* Andalucía Información - 15.02.11
Foto: Chiclana (Cádiz), plaza mayor - diariodecadiz.es

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La contaminación causa siete veces más muertos que los accidentes de tráfico

KAOSENLARED* : Al menos 16.000 personas mueren de forma prematura por culpa de la contaminación en España, según estima el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM). Esta cifra multiplica por siete a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. Los niños, ancianos, enfermos crónicos o con patologías cardíacas son los colectivos más vulnerables a este problema ambiental. “La comunidad científica no tiene dudas respecto a los efectos perjudiciales de la contaminación sobre la salud respiratoria y coincide en la necesidad de reducir la contaminación urbana”, explica Cristina Martínez, coordinadora del área de medio ambiente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Según datos del MARM, la contaminación que se registra en España produce 16.000 muertes prematuras, una cifra siete veces mayor a la de fallecidos en accidentes de tráfico en 2010. El año pasado 1.710 personas perdieron la vida en las carreteras. En el conjunto de la Unión Europea (UE), la cifra se eleva a 370.000 muertes debido a la mala calidad del aire.

“Respirar aire limpio es un derecho de todas las personas”, señala Juan Ruiz Manzano, presidente de la SEPAR. Los gases emitidos por los tubos de escape de tráfico rodado y las superficies industriales o productoras de energía son los mayores causantes de este problema de salud ambiental.

Las partículas en suspensión, originadas por la combustión de los motores de los vehículos, “producen un efecto agudo que acelera la muerte de personas con un estado frágil de salud”, advierte Martínez. En su opinión, los niños, personas mayores, enfermos crónicos, o pacientes con patologías cardíacas son las personas “más vulnerables” a esta contaminación urbana.

Las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), procedentes de las grandes instalaciones de combustión, causan problemas en el tracto respiratorio y producen irritación e inflamación. “Los niños y los asmáticos son los más afectados”, subraya la experta.

Muertes que se podrían evitar

Otro estudio europeo, que incluye a Barcelona, Bilbao, Madrid, Sevilla y Valencia, revela que si los niveles de estas partículas contaminantes suspendidas en el aire (inferiores a 2,5 micras) se redujeran a 20 partículas/microgramo por metro cúbico, en cada ciudad se evitarían 11.375 muertes prematuras, es decir, 8.053 muertes por patologías cardiopulmonares y 1.296 por cáncer de pulmón.

Desde la SEPAR alertan de que los niveles -de entre 100 y 150 microgramos por mililitro de NOx- alcanzados en algunas ciudades españolas durante los últimos días exceden los 40 microgramos necesarios para proteger la salud.



* Kaos en la Red - 14.02.11
Foto: Contaminación - kaosenlared

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Abren juicio oral contra el ex alcalde de Barbate por un presunto delito de prevaricación

ELMUNDO/Cádiz* : El ex alcalde de la localidad gaditana de Barbate por el PP, Juan Manuel de Jesús, deberá sentarse de nuevo en el banquillo después de que un juzgado barbateño haya ordenado la apertura de juicio oral por la vía penal. Al ex primer edil se le acusa de presuntas irregularidades urbanísticas cometidas durante sus años de mandato, que se suma a otra causa por las que ya fue condenado y una aún en período de instrucción. El escrito de la acusación particular, imputa a De Jesús los delitos de falsedad, fraude y prevaricación con respecto a una parcela inicialmente propiedad del Ayuntamiento barbateño y que, según el mismo escrito, habría sido vendida por debajo de su precio de mercado y con una tramitación irregular, no ajustada a Derecho. Los hechos que se juzgan se remontan al año 2000, cuando el entonces alcalde decide "ceder en pago" a la empresa Estructuras Auxiliares una superficie de 2.906 metros cuadrados de una finca de propiedad municipal.

Optaba así por la dación en pago, procedimiento utilizado en el derecho privado para saldar deudas mediante entrega de bienes, pero que "no existe en la normativa reguladora de la enajenación de bienes inmuebles de las entidades locales", según la acusación particular. En su escrito, precisa que esta enajenación debería de haberse realizado mediante "subasta pública o la permuta de otros bienes inmuebles", pero no de forma discrecional.

En el mismo informe, apunta que el Ayuntamiento barbateño no tenía entonces deuda alguna que saldar con la empresa Estructuras Auxiliares SA, representada por Juan Carlos Salido Gómez, aunque sí la junta de compensación de la unidad de ejecución urbanística de Carretera de Atlanterra, que presidía Juan Manuel de Jesús, pero en la que el consistorio perdería su mayoría participativa, estando en manos privadas.

Junto a la cesión, presuntamente irregular de esta parcela, la acusación particular, ejercida por el entonces delegado de Urbanismo Jesús López, aclara que el alcalde la "cede en pago" por algo más de 150.000 euros (25.840.374 pesetas entonces), mientras que fue adquirida dos meses después por la empresa Depurasur SL por más de 200.000 euros (33 millones de pesetas en el año 2000), un 30 por ciento más.

Según la acusación particular, "es evidente que el alcalde se concertó con el señor Salido Gómez, al objeto de transmitirle la parcela del patrimonio municipal, sin subasta pública, sin deberle nada directamente y a un precio muy inferior al de mercado".

El Registro de la Propiedad rechazó la inscripción de la finca como dación de pago, por lo que Juan Manuel de Jesús "trata de legalizarla, modificando el contenido de la escritura, mediante un nuevo proyecto, que transmitía los terrenos a la junta de compensación de la Carretera de Atlanterra y que fue aprobado por el Pleno municipal dos meses después de haber cedido la parcela" a Estructuras Auxiliares, que a su vez la había vendido a un tercero.

La acusación considera probado los delitos de prevaricación y de falsedad por parte del ex alcalde popular, a expensas de la decisión judicial una vez se celebre la vista oral. Por estos hechos, solicita para Juan Manuel de Jesús siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por el delito de prevaricación, además de un año de prisión y seis de inhabilitación por el de fraude y hasta seis meses de multa, con seis años de suspensión de empleo o cargo público por el delito de falsedad.

Junto al ex alcalde, se sentarán en el banquillo dos altos funcionarios municipales, un letrado de la asesoría jurídica y el arquitecto, a los que el ex delegado de urbanismo denuncia por incompatibilidad en cargo público, al prestar servicio en la citada junta de compensación con el beneplácito del ex alcalde.

La causa que se verá ahora en vista oral fue rechazada por el Juzgado de Instrucción número 1 de Barbate, que ahora se ve obligado a dar trámite a la apertura de juicio al Juzgado de lo Penal de Cádiz, después de que la Audiencia Provincial respaldara los recursos presentados por la acusación particular. Junto a las penas solicitadas, el escrito recoge la petición de que el ex alcalde sea juzgado por un tribunal popular, según la tipificación de algunos de los delitos.
Nueva inhabilitación

El ex alcalde ya fue condenado a seis meses de inhabilitación para cargo público porque no abonó una deuda acumulada de diez años a una empresa contratada por el Ayuntamiento en 1992. Además, Juan Manuel de Jesús, que fue primer edil entre 1999 y 2007, tiene pendiente otra causa por la reventa de unos terrenos por la que la Fiscalía de Cádiz abrió en su día diligencias y que está aún en período de instrucción.



* El Mundo - 14.02.11
Foto: Barbate (Cádiz) - García Cordero (El País)

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Madrid.- Gallardón quiere seguir incumpliendo la ley 5 años más

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN* muestra su estupor ante las declaraciones de ayer del alcalde de Madrid, cuando se plantea 2016 como plazo para cumplir la legislación de calidad del aire. A pesar de que ha tenido dos legislaturas completas para garantizar que los madrileños respiramos aire limpio, ahora quiere seguir retrasando ese derecho. De sus declaraciones se deduce otro corolario: la economía antes que la salud, algo que, por cierto, contradice a numerosos estudios, que demuestran que luchar contra la contaminación es más rentable que tolerarla. Según recogen varios medios de comunicación, Alberto Ruiz-Gallardón afirmó ayer que “No hay ninguna duda, estoy convencido que antes de esos cinco años, que es el plazo que nos marca Bruselas a las autoridades, lo vamos a cumplir -la legislación de calidad del aire en cuanto al dióxido de nitrógeno-”.

A este respecto, Ecologistas en Acción quiere aclararle:
- No es cierto que Bruselas le dé esa prórroga al Ayuntamiento. De hecho, lo más probable –y lo más deseable para los pulmones de los madrileños– es que no sea así, puesto que la Comisión Europea sólo concede estas prórrogas a aquellas regiones que han hecho todo lo posible por reducir la contaminación, algo que a todas luces no ha ocurrido en Madrid.
- Del mismo modo, a lo largo las dos legislaturas de Ruiz-Gallardón al frente del Ayuntamiento de Madrid, el Gobierno municipal ha venido haciendo una interpretación de la ley muy forzada, y que no comparten muchos juristas ni técnicos en la materia: que dado que se nos dio un margen de tolerancia para cumplir de forma progresiva con los límites de protección a la salud para el dióxido de nitrógeno, estos límites sólo eran obligatorios en 2010, aunque la ley dice claramente que también lo eran los años previos (cuando se debía cumplir el valor de 40 microgramos por metro cúbico más el margen de tolerancia de cada año). En todo caso, la situación en 2010 era la crónica de una superación de los límites legales anunciada, puesto que todos los años anteriores se habían superado. En estas condiciones, pedir una prórroga o decir que en los próximos años se van a tomar medidas efectivas, no es sino una burla a la salud de los madrileños.

La economía (mal entendida), antes que la salud

Es lo que se deduce cuando Gallardón afirma que no puede reducir el flujo de automóviles que llegan de fuera de Madrid porque causaría un perjuicio económico “muy grande”, “un empobrecimiento y una pérdida de competitividad y, por tanto, de empleo”. Esta afirmación da por buenos varios errores.

El primero es que si no hay tantos coches no hay movilidad ni actividad económica. La mayor parte de los desplazamientos en la ciudad de Madrid se hacen en transporte público y andando. Sólo un tercio de los desplazamientos son en automóvil. Muchas ciudades funcionan, y mucho mejor que Madrid, con menos tráfico. Es más, resultan más atractivas para sus habitantes y para los visitantes.

La segunda es suponer que luchar contra la contaminación es caro. Todo lo contrario: lo ruinoso es mantener esta situación, que tiene, por ejemplo, numerosas implicaciones económicas en cuanto a la mayor morbilidad, bajas laborales, etc. de los madrileños. A esta conclusión llegó la Comisión Europea en un “análisis de impacto” que realizó, con el que pretendía calcular el coste de la aplicación de políticas de mejora de la calidad del aire. Incluso en el peor de los escenarios posibles, los beneficios superaban entre 1,4 y 4,5 veces a los costes [1].

En definitiva, para Ecologistas en Acción las políticas posponer y posponer la lucha contra la contaminación no sólo son nefastas para la salud de los madrileños, sino también para nuestra economía.



* Ecologistas en Acción - 15.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario

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Palma.- Matas compró un informe para avalar la contratación a dedo de Calatrava, según el fiscal

DIARIODEMALLORCA* : Los informes tenían que salir como fuera. Con esa contundencia se lo dijo el conseller de Educación de Jaume Matas, Francesc Fiol, a los arquitectos y responsables técnicos del Govern que debían avalar la contratación de Santiago Calatrava. Se trataba de elegir a Calatrava y solo a Calatrava. Para ello el ex president y su conseller pagaron 11.600 euros públicos a una asesoría privada, a la que se encargó que elaborasen un informe jurídico en el que se respaldase la elección sin concurso público del reputado arquitecto. Según se detalla en los 27 folios del escrito de petición de fianza redactado por la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular del Govern por una de las piezas en las que se ha dividido el sumario del caso Palma Arena, Matas se había reunido con el famoso arquitecto ya en 2006, pero el proyecto pagado con dinero público que el expresident pretendía convertir en el golpe de efecto que le llevase a la reelección no tomó forma hasta principios de 2007. Fue entonces cuando, según los fiscales, el expresident "decide de forma unilateral que durante la siguiente campaña electoral va a presentar un gran proyecto (...) con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato".

Tomada la decisión y designado a dedo su prestigioso ejecutor, Matas negocia los pormenores con Calatrava: le pagará 1,2 millones de euros públicos por presentarle un anteproyecto, un vídeo y dos maquetas de un edificio destinado a albergar una ópera junto al Moll Vell de Palma. Con la adjudicación a dedo ideada, solo falta ejecutarla. Matas encarga de ello al exconseller y actual diputado autonómico del PP Francesc Fiol. La misión es compleja: se trata, según la Fiscalía, de "otorgar apariencia de legalidad a la decisión [de Matas], revistiéndola de las formalidades jurídicas necesarias". Y hay que hilar fino: según la Fiscalía, Matas pretendía además "ocultar su participación en la decisión y consecución del proyecto". ¿Cómo hacerlo? Siempre según el relato de los fiscales, Fiol y Matas ponen los ojos en el Ibisec, una empresa pública fundada para la construcción de colegios. ¿Por qué? "Al tratarse de una empresa pública los controles de legalidad no son exhaustivos", opinan los fiscales en su escrito.

Vistiendo el contrato
Pero aunque no haya controles exhaustivos, sigue habiendo leyes que cumplir. Se lo advierten al propio Fiol el entonces director general de Presupuestos de la Conselleria de Economía y los abogados del Govern. Así que el exconseller y aún diputado del PP busca avales a la adjudicación a dedo de Matas fuera del Govern y de los funcionarios contratados para evaluar este tipo de cuestiones, como recalca la propia Fiscalía Anticorrupción: "¿Para qué si no se contratan numerosos profesionales para integrar las asesorías jurídicas de los organismos públicos?", reflexionan los fiscales, que exponen la razón del comportamiento de Matas y Fiol:"Se pretendía contar con el respaldo de una consultora externa de prestigio para la apariencia de legalidad con la que se pretendía cubrir la contratación de Santiago Calatrava".
¿Y a quién se contrata? Pues a Landwel-Pricewaterhousecoopers, firma también conocida por haber puesto en nómina a Matas cuando perdió el poder en las urnas. Pero, pese a pagar 11.600 euros por ello, el aval pretendido para la adjudicación a dedo no es total: la consultora explica que al Govern que, para que la adjudicación tenga lo que lo fiscales llaman "apariencia de legalidad" , "el contrato deberá perfilar las características empresariales, personales, materiales y operativas del contrato a licitar, justificando su concurrencia exclusivamente en el adjudicatario".
Dicho y hecho: Fiol persevera en el encargo de Matas y "ante las evidentes carencias del expediente de contratación dada la falta de justificación de la adjudicación directa pretendida" (dicen los fiscales), reclama al jefe de Arquitectura de Vicepresidencia, que "textualmente manifieste que en su opinión el arquitecto Calatrava es el único que puede ejecutar el objeto del contrato". Pero el arquitecto se niega, salvo que antes firmen los arquitectos del Ibisec.
A ellos acuden Fiol y su hombre en el Ibisec, Andreu Obrador. Este es el que les pide a cuatro arquitectos que firmen lo que exige Fiol, pero les tranquiliza: si no lo hacen "no tomará represalias". Menos tibio se muestra Fiol, que cuando se incorpora a la reunión "exige a los presentes que los informes de los arquitectos tienen que salir como sea". La presión funciona. Los arquitectos firman un escrito que dice textualmente:"Calatrava es el que presenta el perfil más idóneo a las características del encargo". Fiol ya lo tiene: el Ibisec ordena la contratación de Calatrava, articulada, según la fiscalía, "con desprecio total de las normas administrativas y legales de actuación pública". ¿Lo sabían Fiol y Matas? Según la fiscalía, sí. De hecho, pese al visto bueno de los arquitectos, la abogada del propio Ibisec advierten de que no cuela, como constata Anticorrupción: "No avala la adjudicación directa que se pretende". Pese a ello, días después, Matas adjudica a Calatrava sin concurso sus 1,2 millones de euros.



* Diario de Mallorca - 24.02.11
Foto: Palma, Matas con Calatrava - diariodemallorca

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Llanes.- El Supremo tumba el Plan General y deja el concejo sin normativa urbanística

LNE/Asturias* : Los presagios más negros se han cumplido: el Tribunal Supremo ha tumbado el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Llanes vigente en el concejo desde 2003. El municipio se queda sin normativa urbanística municipal, un hecho sin precedentes en España, dado que los dos planeamientos anteriores (aprobados en 1992 y 1986) también fueron anulados por los jueces y el inmediatamente anterior (aprobado en 1976) fue derogado por el Gobierno del Principado. El Ayuntamiento, a partir de ahora, deberá otorgar licencias urbanísticas basándose en las severas normativas regionales y estatales, lo que apenas dejará margen de maniobra para conceder permisos de obra nueva, según señalaron varios expertos. A la vista de la singularidad del caso, el futuro urbanístico del municipio es una incógnita, pues sobre el nuevo Plan General que se redacta desde hace más de un año -y que los dirigentes socialistas locales pretendían aprobar antes de que llegara este fallo- pende otra sentencia judicial que anuló la adjudicación al equipo redactor.

El Supremo ha desestimado los cinco recursos de casación presentados por tres juntas de compensación, el Ayuntamiento de Llanes y el Gobierno del Principado, y ha ratificado, punto por punto, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que, en 2007, anuló el plan de Llanes. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario, por lo que sólo quedaría la posibilidad de solicitar amparo al Tribunal Constitucional; claro que este organismo sólo es competente en asuntos que afecten a derechos constitucionales, lo que hace muy difícil que pueda aceptar un recurso sobre este asunto.

El Supremo ha sido muy claro: la sentencia del TSJA que anuló el plan de Llanes está «debidamente motivada» y es «plenamente congruente», pues se hurtó a los ciudadanos la posibilidad de alegar sobre actuaciones urbanísticas tan importantes como las propuestas (algunas ya ejecutadas o en ejecución) para La Talá, La Huertona, La Llavandera, El Sablón o el polígono industrial de Posada. Actuaciones todas ellas que ya habían sido anuladas por los jueces anteriormente (se incluyeron en el plan de 1992, también anulado) y que el Ayuntamiento de Llanes incorporó al planeamiento después de finalizada la fase de exposición al público. La conclusión del Supremo es contundente: «No hubo información pública respecto de documentación fundamental». Otra irregularidad: el Ayuntamiento clasificó suelo como urbano sin consulta previa a los interesados y al resto de la ciudadanía. Además, el Supremo ha dado la razón al TSJA, al señalar que la memoria del Plan General y el estudio económico financiero son «insuficientes y contradictorios».

El Supremo condena a los recurrentes a pagar los honorarios del abogado de la parte denunciante, Andecha Astur, lo que obligará al Ayuntamiento, al Principado y a la junta de compensación de La Talá a pagar 2.500 euros, cada uno. Las juntas de compensación de La Portilla-Pancar y La Huertona tendrán que abonar 1.000 euros. Los cinco recurrentes, además, deberán sufragar a partes iguales los gastos de procurador de Andecha Astur.

Ni los dirigentes del Ayuntamiento de Llanes ni los mandatarios del Gobierno del Principado quisieron emitir ayer valoración alguna sobre la sentencia del Tribunal Supremo.



* LNE - 15.02.11
Foto: Actuación urbanística en Posada de Llanes, paralizada desde hace años por la quiebra de la constructora.- lne

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Marbella.- La Fiscalía sostiene que Roca blanqueó fondos

LAOPINIÓN/Málaga* : El fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero ha mantenido este lunes en el juicio del caso 'Malaya' que la imputación por blanqueo de capitales en la operación inmobiliaria Crucero Banús es por los fondos "de procedencia delictiva" utilizados por el presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella (Málaga), Juan Antonio Roca, "tanto lo que invierte como lo que obtiene" del negocio, mientras que la defensa de éste ha alegado "indefensión", ya que ha existido "una inconcreción absoluta" en las acusaciones. Abogados y acusaciones han expuesto ante el Tribunal su resumen o informe de prueba sobre dicha operación, con lo que concluye este primer bloque del juicio, tras dos meses y 21 sesiones. El siguiente bloque, en el que hay una treintena de acusados por delitos de blanqueo de capitales, entre los que están Roca y supuestos testaferros de éste como letrados del despacho Sánchez Zubizarreta, Montserrat Corulla u Óscar Benavente, comenzará finalmente el día 1 de marzo.

La acusación pública ha especificado que esta operación "no es más que una de las manifestaciones de blanqueo que se imputa a Roca". Ha señalado que éste, el exedil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el excomisario Florencio San Agapito fueron los cuatro participantes y que estaban "al tanto" de todos los aspectos del negocio, con el que, ha dicho, obtuvieron "una importante plusvalía en poco tiempo", cifrada en unos seis millones de euros.

Ha precisado que se utilizaron mecanismos de ocultación y ha indicado documentos y testimonios en los que apoya su acusación. En su escrito provisional, el ministerio fiscal señalaba que éstos se concertaron para adquirir una parcela en Marbella sobre la que se lograría, con un convenio, un incremento de edificabilidad, para revenderla "garantizándose un beneficio económico muy superior al que resultaría de la reventa en el mercado". El perjuicio para el Ayuntamiento se cifra en casi cinco millones de euros.

Por contra, para la letrada de Roca, Rocío Amigo, las conclusiones del fiscal no definen el delito de blanqueo, reseñando que no fue hasta este mes "cuando rectificó su escrito y viene a decir de forma sorpresiva, ya concluida su prueba, que la imputación es el origen de los fondos, lo cual no se ha investigado". Considera que hay "una absoluta indefensión" por esa "inconcreción" en todas las acusaciones en cuanto al blanqueo "porque no sabemos el delito antecedente, que tenía que ser grave, y no sabemos en cuanto se cuantifica".

En este punto, el fiscal ha intervenido ante "las insinuaciones" de la abogada, asegurando que parece "que la señora letrada no entiende el escrito de acusación". Tras la intervención del presidente de la Sala, José Godino, ésta ha pedido disculpas al ministerio público en el caso de que "le moleste mi informe".

La defensa se ha referido también a las aportaciones de Roca y a un supuesto cuarto cheque que éste dijo en su declaración que aportó. "A mi cliente se le está acusando de muchas cosas, pero no se le puede acusar de mentir al Tribunal", ha apostillado, al tiempo que ha señalado que la sociedad Lispag, con la que se desarrolló el negocio, "como Teruel, existe, está ahí, y si alguien tuvo que tributar era esta entidad y en Suiza".

OTROS DELITOS

Por su parte, el abogado del Ayuntamiento, que acusa además por malversación, o alternativamente fraude, y por prevaricación, ha hecho referencia a un primer convenio con un empresario, rechazando los argumentos de que al interesarse Román por el negocio se pusieron condiciones "más gravosas". Ha aludido a una posible "extorsión" a ese empresario, que "no pudo mover su propiedad porque el alcalde --Jesús Gil--, sus colaboradores y Roca impidieron que ese convenio llegara a comisión de Gobierno".

El letrado Alberto Peláez ha indicado que el cuarto cheque supuestamente entregado por Roca "no aparece por ningún sitio" y que en los otros tres, que sí constan, está la "aportación ilícita" de éste. El letrado ha realizado cálculos con el dinero aportado para la operación y con los gastos abonados y ha apuntado a "una nueva dádiva que ahora hemos podido descubrir".

El abogado de la Junta de Andalucía, que también acusa por otros delitos, ha señalado que el control de Roca sobre el urbanismo, y en concreto en materia de convenios, ha quedado acreditado en estos dos meses fundamentalmente por las testificales. El abogado José Manuel Delgado Utrera ha manifestado que hubo un fraude al Consistorio, ya que el precio no se fija de forma objetiva, sino según el entonces alcalde, y con una valoración que "no se ajusta a la realidad".

Por su parte, la letrada del principal acusado ha pedido la absolución por todos los delitos y ha considerado que la mayoría de las sesiones se han dedicado a rebatir "unos delitos que no existen en ningún caso". Ha señalado que se ha acreditado que no hubo perjuicio al Consistorio, apoyándose en las declaraciones de testigos de cargo del propio Ayuntamiento; así como que no se utilizó información privilegiada sobre el plan en revisión, porque "no existía".

"Las motivaciones que mueven a la Junta y al Ayuntamiento hay que encontrarlas bien lejos de los tribunales de justicia y mucho más cerca de ciertos despachos oficiales", ha dicho la letrada, quien ha instado a estas acusaciones a que "purgaran" sus escritos, al señalar que la Administración andaluza "no puede pedir que mucha gente vaya a prisión cuando la propia Junta dice que el convenio no es impugnable". El caso del Ayuntamiento, ha dicho, es "más llamativo", ya que "podía haber iniciado un expediente de revisión" si había un perjuicio.

Amigo ha señalado que ni Roca ni los demás acusados "tenían a su disposición caudales públicos" y sobre todo ha precisado que el dinero que los promotores ingresaban en concepto de convenios "era privado y no se puede malversar dinero privado".

OTRAS DEFENSAS

Las defensas de los demás acusados han rechazado las acusaciones. En el caso del abogado de Hoffman, José Manuel Vázquez, ha indicado que los informes acusatorios son "conjeturas" y que las acusaciones "no tienen pruebas" y no se ha acreditado el conocimiento del origen ilícito de los fondos. Su afirmación de que el fiscal "quiere que este bloque se una al resto porque quiere confundir a la Sala", ha provocado la respuesta del representante de la acusación pública. Asimismo, ha manifestado que en las 21 sesiones se ha hablado "de pelotazo urbanístico sin que eso tenga consecuencia penal".

Los letrados del resto de acusados, como son San Agapito, Román, la hija de éste, el exalcalde Julián Muñoz, el tasador José Mora y el empresario José Ávila Rojas --los tres últimos acusados en esta parte sólo por el Ayuntamiento y la Junta-- han considerado que no existen pruebas de cargo contra sus clientes. En el caso del exregidor, su defensa ha precisado que no intervino en el convenio y que en la comisión de gobierno participaron otros cargos públicos que no están acusados en este bloque.



* La Opinión Málaga - 14.02.11
Foto: MARBELLA - JOSELELANZA - SUR

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Águilas.- El TSJ da carpetazo a La Zerrichera y las inmobiliarias estudian reclamar

LAVERDAD/Murcia* : Después de 4 años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado carpetazo al caso de la finca de La Zerrichera de Águilas declarando el archivo. El alto tribunal se basa en el decreto del Gobierno regional del pasado mes de diciembre que hace imposible la urbanización de este paraje protegido como LIC y ZEPA, a la vista del plan de gestión de la Sierra de La Almenara que ya tiene plena vigencia. La Comunidad Autónoma y posiblemente el Ayuntamiento de Águilas se preparan para hacer frente a una posible reclamación millonaria por supuestos daños y perjuicios. La consecuencia lógica era que la Sala de lo Contencioso Administrativo archivara el caso, máxime a raíz de la petición del letrado de la Comunidad Autónoma -como parte demandada- de que así se hiciera porque el decreto dejó sin efecto la orden de la Consejería de Obras Públicas de febrero de 2006 que declaró urbanizable esta finca pese a sus valores medioambientales. La Consejería abrió la puerta para construir una urbanización de lujo de 3.000 viviendas con campos de golf y zona hotelera sobre una superficie de 240 hectárea a diez kilómetros de Águilas, autorizando la reclasificación de los terrenos.
Esta orden se basó a su vez en un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que corrigió otro anterior que había considerado incompatible la urbanización.

El archivo da paso a otra fase en esta polémica historia, ya que la promotora Inverlur, que pertenece a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (La Kutxa) y el Grupo Inversor Hispania, que son a la postre los perdedores, se plantean exigir el pago de indemnizaciones al Gobierno regional y probablemente al Ayuntamiento de Águilas, tal y como se desprende del auto del TSJ al que ha tenido acceso 'La Verdad'.
De acuerdo con el auto, los magistrados Abel Ángel Saez, Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret apuntan que el archivo obedece al hecho de que ha sido derogada la orden de la Consejería de Obras Públicas que recurrió la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). Fueron los ecologistas quienes consiguieron paralizar este proyecto por la vía del contencioso en septiembre de 2007, y son los mismos que ahora han ganado el caso en su totalidad. Existe otro recurso que presentó el PSRM-PSOE contra este desarrollo urbanístico, aunque se cree que decaerá porque no llegó a formalizarse la demanda.
Los magistrados entran a considerar de forma tangencial los perjuicios económicos que hayan podido sufrir los promotores, pero sólo para decir que si la disposición ha podido producir efectos mientras ha estado vigente «es una cuestión ajena a lo aquí planteado y no impide el archivo del presente procedimiento, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de interponer las acciones que estimen pertinentes como consecuencia de la derogación de la orden recurrida».
Las empresas codemandadas, Inverlur Águilas S.L.U. y el Grupo Inversor Hispania S. A., que creó Trinitario Casanova, han dejado constancia en el proceso de que se reservan las acciones para reclamar la pérdida de derechos patrimoniales y los daños y perjuicios que creen que se han causado. La inmobiliaria de la caja de ahorros del País Vasco se ha mostrado conforme con el archivo de la causa debido a la pérdida del objeto (la imposibilidad real y definitiva de urbanizar la zona), si bien apunta que se plantea reclamar. El Grupo Inversor Hispania, por su parte, sí se ha opuesto al archivo argumentando lo contrario y haciendo saber que desde el año 2006 -cuando la Consejería dio luz verde a la urbanización- se han visto afectados sus intereses.

El Ayuntamiento se desmarca
Otro aspecto llamativo del caso es que el Ayuntamiento de Águilas, que es también parte codemandada, se ha opuesto al archivo, invocando causas de nulidad. Argumenta su letrado que si se archiva el procedimiento por haber sido derogada la orden de la Consejería significa que ésta era válida y eficaz desde el principio y surtió efectos hasta la derogación. El Ayuntamiento aguileño, que hizo un trámite paralelo al del Gobierno regional (de hecho, revitalizó el proyecto urbanístico que previamente había archivado) cree que debe mediar una declaración de nulidad. Fuentes consultadas opinan que el Consistorio trata, a la postre, de cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que tenga que hacer frente a una reclamación.
La Zerrichera tiene abierto otro frente con la querella que presentó la Fiscalía contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos de la Comunidad por presuntos delitos en la tramitación del expediente.



* La Verdad - 12.02.11
Foto: Águilas (Murcia), terreno La Zerrichera - reporterodigital

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Querella del fiscal contra la exalcaldesa de Sant Climent por prevaricación

ELPAÍS/Barcelona* : La fiscalía de Barcelona se ha querellado contra la exalcaldesa de Sant Climent de Llobregat (Baix Llobregat) Tomasa Jiménez, contra el ex teniente de alcalde de Urbanismo Joan Martí Aparicio y contra el exsecretario municipal Manuel Benito Gironés. Les acusa de un delito continuado de prevaricación por una operación urbanística en la que el Ayuntamiento pagó 1,3 millones de euros a los propietarios de unas fincas para construir una escuela de educación infantil y primaria. El fiscal sostiene que es un gasto innecesario porque las fincas estaban catalogadas como equipamientos comunitarios y se podían haber ocupado directamente. Tomasa Jiménez, que entonces era alcaldesa del PSC, continúa en el Consistorio como primera teniente de alcalde de Urbanismo, al igual que Martí Aparicio, responsable de Hacienda y Presupuestos. La actuación supuestamente delictiva que investiga un juzgado de Sant Boi fue revocada por el nuevo Consistorio, tras la entrada de otro secretario municipal que descubrió la operación y denunció el caso.

El fiscal Antoni Pelegrín relata en la querella que el 25 de abril de 2006, el Ayuntamiento abonó a los cuatro propietarios de las fincas 1.357.825 euros, IVA incluido. El dinero salió la empresa Adendia SL, que pactó con el Ayuntamiento que actuaba así a cambio de que se le adjudicaran de forma directa 2.000 metros edificables de propiedad municipal en régimen de vivienda libre y que todo se recogiera en un convenio.

El fiscal asegura que los querellados conocían la ilegalidad del pacto y que el secretario informó a favor con el argumento de que tenía que pagar ese dinero para cancelar el derecho de reversión a favor de los antiguos cuatro propietarios. Sin embargo, el fiscal recuerda que la Generalitat nunca exigió esa cancelación como requisito para poder consumar la cesión gratuita de la finca en la se construirían las escuelas.

Pese a que la operación urbanística se ha deshecho, el fiscal relata que el Ayuntamiento de Sant Climent está obligado a devolver a la inmobiliaria el dinero que recibió más los intereses.



* El País - 14.02.11
Foto: Sant Climent de Llobregat (Barcelona) - webnode

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«El urbanismo es la gran corrupción, según la presidenta de la Audiencia»

LAVOZ/Lugo/Entrevista* : Jose Luis Fiuza Diego (Lugo, 1954) es un abogado de larga y reconocida trayectoria en Lugo que hace poco más de un año impulsó la creación de la Asociación por la legalidad del plan urbanístico de Lugo, Alpul, en la que no tiene cargos, pero es su asesor legal y uno de sus miembros más activos. Las denuncias iniciales en la prensa han pasado ahora al juzgado, que ya imputó a algunos empresarios y responsables políticos. Además, en esta última semana tuvieron que declarar el alcalde y la delegada de urbanismo por una denuncia por injurias.

-¿No le importa que pueda ganarse la fama de «malo de la película» por llevar a varios políticos y constructores de la ciudad al banquillo por vía penal en vez de recurrir el proyecto por la vía del contencioso?.
-Yo no llevo a nadie al banquillo, eso es misión de la fiscalía y de los jueces. Alpul, simplemente, denuncia hechos y comportamientos que entiende que pueden ser constitutivos de delitos. La Presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo, ya en el 2006, declaró a un diario nacional que «la mayor corrupción es el urbanismo», añadiendo que «la situación es preocupante y ningún ciudadano puede permanecer impasible al fenómeno de la corrupción en el urbanismo». Ahora, los políticos nos atacan por seguir las directrices de la magistrada.

-¿Por qué no acudió a tomar declaración al alcalde y a la delegada y envió a otro abogado?

-Días antes de las declaraciones, los imputados, a través de sus representantes legales, presentaron un escrito en el Juzgado en el que se hacía referencia a mi persona. Entendí, por ello, que, para que tuviesen plena libertad para hablar de mí, era preferible que yo no fuese ese día.

-¿Cómo valora la comparecencia del alcalde y la delegada ante el juzgado?

-Durante meses, ambos repitieron hasta la saciedad que estarían encantados de acudir al Juzgado a decir por qué habían dicho lo que dijeron. Pues bien, responden a la jueza que sí dijeron lo publicado y que no tenían ninguna intención de injuriar. Ni una palabra más. A la acusación, se negaron a responder. ¿Dónde explicaron sus injurias?. Por cierto, nada más terminar las declaraciones, vuelven a injuriar.

-¿Por qué, al fin, se decide a hablar y concede entrevistas?

-Porque estoy harto de mentiras y manipulaciones tanto de estos políticos como de ciertos periodistas y medios que sistemáticamente desprecian la verdad, publicando solamente aquello que favorece a determinados intereses. Pero tengan la seguridad que muchos tendrán, en su día, que dar explicación de sus actos. Por ahora, recopilamos pruebas que serán publicadas y denunciadas en su momento. Por mi parte, desde el nacimiento de Alpul, no he querido salir en los medios, ni lo hubiese hecho ahora, si no fuese porque se publican mentiras con mi nombre y apellidos. Afirman que tengo intereses en una finca, lo que en cualquier caso no sería ningún delito. Pero tienen la mala fe, de ocultar que, obligados por la Xunta, tuvieron que recalificar mi propiedad el pasado diciembre, exactamente como yo lo había solicitado en mis alegaciones, por lo que me dieron todo lo que pedí. Por tanto, si pensase solo en mis intereses, debería apoyar el plan. Pero claro, si reconocen esto, se quedan sin argumentos para atacarme; por ello, siguen y seguirán mintiendo.

-Los abogados del alcalde y de la delegada de urbanismo dijeron que Alpul era un sindicato de intereses y que ustedes recurrían al juzgado porque no habían conseguido lo que pedían del plan general de urbanismo.

Si Alpul es un «sindicato de intereses», no teniendo a ninguno de sus miembros imputado, ¿como creen sus abogados que deberíamos denominar al «sindicato de cargos públicos imputados por la justicia»? Afirman una cosa, y a las tres líneas, la contraria. Están desorientados. En un mismo escrito son capaces de decir que Alpul se constituyó para la defensa de intereses particulares; que la asociación encubre un sindicato de oportunistas; que han perdido el norte, que se han metido en política por intereses particulares y vestidos de asociación benéfica, y acto seguido, en la misma página, ensalzar a sus miembros a los que consideran pudorosos, vergonzosos, cautos y cultos, y que no se les ha llamado sinvergüenzas, que es cosa muy distinta y en la que, ni de lejos, se ha pensado. ¿En que quedamos?. O somos una cosa o la otra. Pero que nadie lo olvide: ellos son los que están imputados por la Justicia, no Alpul.

-Acusan a Alpul de tratar de erosionar el prestigio del alcalde y otros cargos públicos del Ayuntamiento de cara a las elecciones municipales

-Le voy a recordar unos hechos recientes: Un juzgado de lo contencioso considera que hubo desviación de poder en la calle Armórica. Un juzgado de instrucción dicta un auto donde refiere indicios de graves responsabilidades en el alcalde, cargos públicos y funcionarios. Otro juzgado de instrucción que investiga las multas se encuentra con una orden del alcalde de no multar donde esa tarde tenía un mitin. La inmensa mayoría de esas multas desaparecieron o prescribieron. El tercer juzgado de instrucción imputa por injurias al alcalde y a la delegada de urbanismo. El mismo juzgado investiga unas diez presuntas actuaciones delictivas en el PXOM, imputando a particulares y a la delegada de Urbanismo. Un juzgado de instrucción acompañado de la policía entra en el Ayuntamiento para requisar la documentación de unas oposiciones. ¿De verdad cree que necesitan que les ayudemos a erosionar su prestigio? Yo creo que ellos lo hacen mejor que nadie.

-Según dijo el letrado de María Novo, la querella que les iba a presentar, la retiene por ahora.

-La señora Novo, cada vez que se encuentra en una situación complicada, anuncia la inmediata presentación de esa ya vieja querella. Recordemos que el pasado miércoles, día que es imputada por el PXOM, dice que al día siguiente sus abogados anunciarían su presentación. Pasado el día, dicen que por ahora van a esperar, que tienen cuatro años para interponerla. Desde luego sería un impresionante ridículo que presente una querella contra Alpul por denunciar los mismos hechos por los que un juzgado la está imputando a ella. Sabe que con ello tendría asegurada la presentación de una querella por denuncia falsa. De todas formas, la delegada es hábil, pues trata de concentrar la atención en Fixós cuando la realidad es que deberá responder a las preguntas sobre muchas más recalificaciones del PXOM. No en vano, en la aprobación del 2009, era la máxima responsable del urbanismo.

-¿Y por si era poco, nuevo conflicto con las oposiciones a agentes de movilidad?

-Ahí los políticos se han metido en un callejón sin salida. Las oposiciones se paralizaron porque no aprobaron los que quería el mandamás, se ocultaron documentos al juzgado...



* josé luis fiuza diego abogado y asesor legal de alpul


* La Voz de Galicia - 13.02.11

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Palma.- El juez citará de nuevo a Matas para que justifique el proyecto de la ópera

DIARIODEMALLORCA* : El juez Castro volverá a llamar a declarar al expresident Jaume Matas, de nuevo como imputado. Y lo hará para que esta vez explique la intervención personal que tuvo en la contratación del arquitecto Santiago Calatrava, cuyos trabajos de diseño para transformar la principal entrada marítima de Mallorca costaron 1,2 millones de euros que se abonaron con fondos públicos. Matas ya tuvo la oportunidad de referirse a este tema en su primera comparecencia ante el juez, de la que salió con una fianza de tres millones de euros para evitar que ingresara en prisión. El expresident, al ser preguntado sobre este asunto, solo mencionó una frase: "Lo volvería a hacer". Sin embargo, cuando se le interrogó sobre el anteproyecto que elaboró Calatrava, el juez aún no había reunido toda la documentación sobre el expediente de contratación que realizaron los técnicos del Govern. No se conocían, por ejemplo, las reuniones previas que había tenido Matas con el arquitecto, ni los métodos que empleó para vestir administrativamente su contratación.

El arquitecto explicó el viernes ante el juez que conoció a Matas en un hotel de Roma. El editor Pere Serra actuó de enlace, pero el arquitecto asegura que en este encuentro en ningún momento se habló de elaborar un estudio para transformar el aspecto del Moll Vell de Palma. En la conversación solo se habló de realizar futuros proyectos de colaboración entre el arquitecto y el Govern balear, pero no se concretó ninguno de ellos.
No fue hasta el mes de febrero de 2007, aprovechando la visita de Calatrava a Palma para inaugurar una estatua en es Baluart cuando Matas mantuvo una larga entrevista con el reconocido arquitecto. En esta reunión, que duró más de tres horas, Matas le mostró personalmente el terreno del Moll Vell donde había planeado realizar una gran obra, y le habló del edificio de la ópera.
La fiscalía Anticorrupción interpreta que Matas utilizó al arquitecto con un fin únicamente electoral, y que pretendía que el anteproyecto que mostraba la gran transformación de la bahía de Palma iba a servir como un gran reclamo electoral, que le iba a beneficiar como candidato del PP a la presidencia del Govern. La actuación de la Junta Electoral, tras la denuncia del PSOE, impidió que Matas pudiera cumplir su sueño electoral. Calatrava se enteró de que se había prohibido su presentación pública cuando ya había pisado el aeropuerto de Palma. A las pocas horas se volvió a Suiza.
Fuentes próximas a la investigación dan por hecha la imputación de Matas en esta nueva pieza que está investigando el juez Castro, que deriva de la causa matriz del Palma Arena. En esta ocasión, el expresident podría ser acusado de delito electoral, prevaricación, fraude a la administración y cohecho. De momento no se ha fijado una fecha a su nueva declaración, pero se acordará la próxima semana.



* Diario de Mallorca - 13.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca

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La Justicia anula las licencias que el Concello de Ribadumia concedió a dos urbanizaciones

FARODEVIGO* : La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) acaba de anular las cuatro licencias concedidas hace media década por el Concello de Ribadumia a los promotores de dos urbanizaciones de viviendas que empezaron a construirse en el ayuntamiento. Se trata de la conocida como "Residencial Ribadumia", que se encuentra en el lugar de Rabuñade –en la carretera general que une Ribadumia con Barrantes–, y "As Mimosas", que está a las afueras de esta última localidad, en la carretera de Barrantes a Cobas (Meaño). En la época del bipartito, la Xunta de Galicia paralizó ambas obras, al considerar que el Concello de Ribadumia había concedido las licencias de modo irregular. La Consellería de Política Territorial, que entonces dirigía la socialista María José Caride, frenó los trabajos alegando que la Lei do Solo vigente en aquel momento impedía la construcción en los núcleos rurales de más de tres chalés adosados juntos.

En el caso de "Residencial Ribadumia" la urbanización se compone de aproximadamente unas 40 viviendas, distribuidas en tres bloques de adosados. "As Mimosas", por su parte, no llegó a levantarse pero todavía permanece en la entrada a la finca el cartelón de la obra, en el que figura una ilustración de lo que presumiblemente sería el bloque, y que estaría compuesto de dos filas de chalés.
El Concello de Ribadumia defendió en todo momento la legalidad de ambas actuaciones, y arguyó que los técnicos municipales habían realizado informes positivos en este sentido. Sin embargo, los magistrados de lo Contencioso-Administrativo del TSXG dan la razón a la Xunta de Galicia –que siguió con el pleito tras la llegada al poder en Santiago del Partido Popular–, y anulan las licencias.
Las partes conocen la sentencia desde hace apenas 72 horas. En el caso de la ganadora, la Xunta, ha remitido el fallo a sus servicios jurídicos, para que determinen su alcance y cómo ejecutar ahora el mandato judicial. Lo que han querido dejar claro desde la actual responsable de Urbanismo en Galicia, la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, es que la sentencia no obliga a la demolición de las construcciones, ni total ni parcial. "Lo que indica la sentencia es que las licencias del Concello de Ribadumia fueron mal dadas", explicó ayer un portavoz autorizado de la Consellería que dirige Agustín Hernández.
Además, se produce la circunstancia de que las licencias son anuladas porque el TSXG juzgó el pleito basándose en la Lei do Solo que estaba vigente en el momento en que el ayuntamiento otorgó los permisos. No obstante, esta norma ha cambiado y el actual texto que regula la construcción en Galicia establece que la limitación de un máximo de tres chalés adosados solo se aplica a los considerados como núcleos rurales tradicionales. El objetivo de esta medida es que no se "desvirtúe" la tipología de construcciones y paisaje de determinadas aldeas con especial interés etnográfico o arquitectónico. De este modo, si los núcleos de Rabuñade y Barrantes no tienen la consideración de "tradicionales", las licencias supuestamente "mal concedidas" con la anterior Lei do Solo, se ajustarían a la legalidad con la actual.
No obstante, la Xunta declina realizar ninguna valoración, ni avanza qué puede pasar con las viviendas mientras sus asesores jurídicos no emitan el correspondiente informe. En el caso del "Residencial Ribadumia" ya están terminados dos de los tres bloques, así como los espacios comunes, en los que hay amplios jardines y un parque infantil. En la tercera fila, tan solo está construida la estructura de los chalés. En "As Mimosas" lo único que hay por ahora es la cimentación y unos pilares desnudos.



* Faro de Vigo - 13.02.11
Foto: Chalés adosados de "Residencial Ribadumia", en Rabuñade.- farodevigo

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La política tiene precio en Lanzarote

ELPAÍS* : A tenor de los últimos acontecimientos podría pensarse que la política en Lanzarote es un polvorín, pero las apariencias engañan. Es algo más complejo. La ideología es variable como muestra lo sucedido en la última semana: se ha creado un nuevo partido, Opción Por Lanzarote (OPN), compuesto de socialistas descontentos, cuya primera decisión ha sido coaligarse con el Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL). Al mismo tiempo, el comité local del PNL en Yaiza ha decidido pasarse a Coalición Canaria (CC). Para cerrar el círculo, un concejal de Haría, de Coalición Canaria, ha decidido nutrir las filas del PNL. Estas escaramuzas no son nuevas en la isla, donde 30 cargos públicos (el 21% de un total de 138) han abandonado sus puestos en la presente legislatura. Claro está, la mayoría no lo ha hecho voluntariamente. Los dos últimos casos de corrupción suman ya más de 100 imputados. En la nómina no faltan integrantes de todos los partidos políticos; entre ellos, 11 alcaldes y exalcaldes. Para una isla con siete municipios, el dato no es irrelevante.

Quien siga de cerca la política en Lanzarote hace tiempo que habrá agotado su capacidad de asombro. Es habitual que haya varios alcaldes en un mismo municipio a lo largo de una legislatura. Mociones de censura, transfuguismo, compra de votos. Y no es de extrañar que los sumarios judiciales inunden de imputados algunas sagas familiares. Sin ir más lejos, José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, está imputado por varios delitos. Su mujer y tres de sus cuatro hijos lo están por blanqueo de capitales. El cuarto hijo se salva porque tiene menos de 10 años. Marido y mujer, padres e hijos, hermanos, sobrinos, la relación familiar/imputado es inigualable. No hay nada parecido en España. Para aclararse en el confuso mapa político de Lanzarote se hace necesario algo más que un árbol genealógico. Hace falta una brújula: los cambios de afiliación política (caso de lo sucedido esta semana) forman parte del ecosistema local.

La corrupción urbanística es el argumento del deterioro político. Nada que no haya sucedido en otros puntos de España. Sin embargo, ha alcanzado niveles casi insostenibles en una isla que se había caracterizado por su defensa de la naturaleza. Los movimientos ciudadanos, apoyados en algún caso por el artista César Manrique, habían conseguido en los años ochenta que la isla fuera pionera en la normativa de ordenación del territorio. Fueron años en los que Lanzarote irradiaba una imagen de turismo sostenible, hasta el punto de ser declarada reserva de la biosfera por la Unesco. Sin embargo, esas conquistas medioambientales fueron perdiendo fuerza bajo la presión del urbanismo: las 50.000 plazas hoteleras en 2001 se convirtieron en 72.000 en 2006. Como sucedió en otros lugares, la economía se volcó hacia el turismo y la construcción, de forma que, entre 1996 y 2006, la tasa de crecimiento de la población ha sido 10 veces superior a la media española. En 20 años, Lanzarote ha duplicado sus habitantes.

Bajo esa presión, la corrupción ha hecho el resto. La isla paradisíaca es un hervidero en los juzgados, con más de 30 contenciosos que han dado lugar a sentencias que declaran ilegales la mitad de las camas hoteleras, realizadas con fondos europeos que han de devolverse. Y para remate, una responsable de la Unesco afirma en Financial Times que Lanzarote corre el riesgo de perder su título de reserva de la biosfera.

Durante los noventa y los primeros años del nuevo siglo, Lanzarote había asistido a algunos escándalos (Operación Yate, entre ellos) que hacían presagiar cómo la vida política en la isla estaba contaminada por la corrupción, pero la gran eclosión tuvo lugar días antes del 5 de junio de 2008. Carlos Espino, consejero del Cabildo por el PSOE, se había mostrado muy combativo con respecto a la concesión de una única licencia para un proyecto con más de 1.000 viviendas denominado Costa Roja. De hecho, había llevado el caso a los tribunales. Es en ese contexto cuando el promotor del proyecto, Luis Lleó, pretende desbloquear la cuestión enviando a una tercera persona, Fernando Becerra, a convencer a Espino. O, dicho de otro modo, a pedirle precio a Espino. Para situar la cuestión en sus justos términos, hay que significar que Fernando Becerra es miembro de una familia con pedigrí político. Él es afiliado al PP, su hermano Ubaldo es miembro del PIL y su otro hermano, Juan Carlos, es presidente del PNL. Una de tantas sagas como abundan en la isla.

Fernando le propone a Carlos Espino celebrar una reunión y le anticipa cuáles son sus intenciones, pero no cuenta con que Carlos Espino acuda a la Guardia Civil y el caso entre en el Juzgado número 5, donde hace un par de meses acaba de llegar un joven juez con ganas de trabajar, César Romero Pamparacuatro. Se toma entonces la decisión de que Espino acepte la reunión en su despacho para proceder a su grabación con respaldo judicial. La cita se establece para el 5 de junio de 2008. Arranca la Operación Unión.

Fernando acude confiado y desde el primer momento explica a Espino qué es lo que debe hacer para desbloquear el asunto de Costa Roja. "Hombre, podemos amarrar si quieres a Coalición y al PP. A Coalición es muy fácil", le dice para tranquilizarle. La conversación es larga y resulta esclarecedora. Fernando le recomienda a Carlos Espino que acepte un dinero (no detalla la cifra) para asegurarse un futuro tras la política. Le recomienda que, mientras tanto, simule que sigue siendo un hombre modesto.

-Mira, aquí te dan caña cuando estás en política; una vez que ya no estás, ¿quién va a decir nada? (...) Entonces tú estás en política, tú debes ser un tío modesto (...) aunque tengas mil kilos. (...) Eso es un consejo que te doy, tú sigue haciendo lo mismo... y cuando te digan algo, pero si yo tengo el mismo coche cochambroso de siempre y la misma camisa del barato de 10 euros.

Según avanza la conversación, Fernando le propone otros planes, le plantea un futuro espléndido.

-El plan general, si lo agarras tú eso, entonces ya te puedes retirar 10 veces, te retiras 10 veces, en una legislatura, ¿eh?, cuatro años, un tío listo, cantidades que ni te imaginas con el plan general de Arrecife puedes trincar con una operación de esas.

Y le aconseja cómo disfrutar el dinero tras el retiro de la política.

-Tú después tienes que crear tu empresita, claro, hombre, mi hermano la tiene, cada uno crea su empresita, tú tienes la empresa privada cuando termines tu legislatura, (...) lo que sea, cualquier cosa, un pequeño restaurante, una cafetería con un socio. Pides al banco 10 o 12 millones de pesetas, que te los dan, y ya está; pero, claro, ahí tú tienes 400 kilos para blanquear, ahí lo blanqueamos, pum pum, y vas generando beneficios, y eso ya es legal, cuando blanqueas tú declaras a Hacienda, pagas y todo tiene... la empresa ha generado tanto, tal, en hostelería es muy fácil blanquear dinero porque ¿cuánto vale un cortado, eh?

A lo largo de la conversación, Fernando muestra sin reparos sus conocimientos de las alcantarillas del sistema. Está claro que es un intermediario y se ofrece para trabajar para Espino. Da nombres, pone ejemplos, cuenta casos. No se libra ningún partido.

-Es más, te digo una cosa, esta operación, si sale, va a salir de puta madre, ya lo verás. Cuando tú te encuentres con una cosa de esas, si quieres, voy yo y lo arreglo, o sea, tú no tienes ni que aparecer (...). Así es como lo hace todo el mundo. Mira mi hermano, jamás se ha sentado con nadie a negociar nada, jamás, nunca jamás, jamás, jamás con un empresario siendo consejero de Turismo (...). La parte extraoficial la hacía otra persona, que es la que se reunía en privado con la empresa y le decía mire tal, tal, tal, pum, así es como se hacen las cosas.

La conversación es un buen hilo del que comenzar a tirar. El juez tiene una lista por donde empezar y solicitar nuevas intervenciones telefónicas. La madeja crece y la operación estalla en mayo de 2009 con las primeras detenciones. Entre ellas está la de Dimas Martín, el gran personaje de Lanzarote, el fundador del PIL, exsenador y expresidente del Cabildo. Durante todo este tiempo, Dimas Marín ha estado en la cárcel por otros procesos judiciales. Casi no hay operación de envergadura en la que no esté imputado. Y desde la cárcel ha sabido mantener su extenso poder.

Pero la Operación Unión es solo el principio. La madeja sigue dando hilo y nace la Operación Jable. Además de asuntos urbanísticos, hay otras cuestiones que facilitan el tránsito del dinero de unos bolsillos a otros. La contrata de basuras, por ejemplo, donde aparece una empresa, Urbaser, cuya sede central está en Madrid y cuyo gerente en Lanzarote, Jacinto Álvarez, facilita una prueba de gran valor al juez: un diario.

No lo hace voluntariamente, claro. Días antes de ser detenido, alguien le avisa de que puede haber registros. El hombre toma sus precauciones y retira documentación de su casa y su oficina. La mete en el coche y la esconde en un edificio en obras, sin caer en la cuenta de que sus pasos están siendo vigilados. Cuando los agentes entran en su casa días después, se muestra muy tranquilo. Incluso se permite hacer un corte de mangas a los fotógrafos que esperan en la calle cuando es introducido en un coche: pensaba que le conducirían a prestar declaración. Su cara de sorpresa es mayúscula cuando se da cuenta de que el vehículo policial se dirige hacia la casa en obras, en donde recopilan 27 cajas con documentación.

Y entre esas cajas está un diario. Por la razón que fuere, quizá por exceso de celo, Jacinto Álvarez había anotado uno por uno los regalos y entregas de dinero que hace a políticos y funcionarios. Y además adornó sus notas con comentarios. Así, califica como "la trincona" a la alcaldesa de Arrecife, Isabel Déniz. Describe cómo le regala a ella un Rolex, un bolso de Louis Vuitton, un viaje para toda la familia a Marraquech, a la que acude su hermana Carolina (de nuevo las sagas familiares), juez y en esos momentos viceconsejera de Justicia del Gobierno canario. La policía se limita a cotejar esa información con los locales donde se adquirieron los regalos. La prensa local facilita la tarea: el Rolex aparece omnipresente en la muñeca de Isabel en muchos actos públicos y así lo muestran las fotografías.

La suma de ambas operaciones, cuyos sumarios todavía conservan gran parte bajo secreto, describe con precisión el mapa de la corrupción en la isla y, sobre todo, cómo no se libra del contagio ningún partido político. En un informe, la Guardia Civil califica al PIL como una organización destinada a extorsionar a los empresarios y el juez imputa a sus dirigentes por asociación ilícita. Que su líder, Dimas Martín, estuviera en la cárcel no fue un obstáculo para el partido político.

Dimas Martín merece capítulo aparte. A pesar de su extensa biografía penal, no ha dejado de ser el hombre más carismático de Lanzarote. Dimas suma cuatro condenas, que juntadas todas ellas agrupan 12 años de cárcel y más de 20 de inhabilitación. Ha sido condenado tres veces por cohecho, una por desobediencia a la autoridad, otras por malversación de fondos públicos, fraude a la Hacienda Pública y un delito contra la Seguridad Social. Está pendiente de juicio por delito contra el patrimonio, y ahora la Operación Unión suma en su expediente nuevas imputaciones. Su llegada a la política en 1983 no pudo ser más significativa: accedió a la alcaldía de Teguise gracias al voto de un tránsfuga del PSOE. Años después (año 2000), la tercera de sus condenas fue ratificada por el Supremo: quedó probado que había comprado el voto de un concejal del PP por 12 millones de pesetas por abstenerse en la votación que convirtió en alcaldesa a una compañera de partido.

A pesar de las condenas, Dimas Martín consiguió hacerse una imagen de político rebelde y evitar que el PIL perdiera vigor. Su partido ha gobernado en coalición con el PSOE o participado en pactos con otros partidos. Su estancia en la cárcel no ha ido acorde a las condenas: el Gobierno del PP llegó a indultarle y los favores le han otorgado el tercer grado. De una u otra manera, decisiones procedentes de Madrid terminan salvándole el pellejo a Dimas Martín.

Y es Madrid la que ha vuelto a decidir sobre el futuro de estas operaciones. El juez que ha llevado estos casos (como sucediera en su momento con el juez Torres en la Operación Malaya) estaba a la espera de un destino definitivo. Ese destino llegó cuando aún no había terminado la instrucción. Obligado a dejar el juzgado, solicitó una prórroga que se le concedió. Tres meses. También había solicitado que se le adjudicara otro juez para descargarle de trabajo, petición que fue denegada. La prórroga acabó en septiembre y solicitó una nueva. El caso ha estado parado desde entonces a la espera de respuesta porque daba la impresión de que el Consejo del Poder Judicial era reticente a concederla a pesar del visto bueno del Tribunal Superior de Justicia. La respuesta llegó esta misma semana: se le conceden tres meses más y no parece que vaya a permitirse una nueva prórroga. Demasiado poco tiempo para que el juez Romero pueda seguir sus pasos hasta el final, según los investigadores. De nuevo, un balón de oxígeno a Lanzarote, mientras el PIL sigue presente en todas las instituciones.



* El País - Reportaje - 13.02.11
Foto: Dos guardias civiles durante la intervención del Cabildo de Lanzarote, el 19 de abril de 2010.- elpais

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Almería.- Costas accede a derribar "cuanto antes" las viejas casas de la playa

ELALMERÍA* : La Dirección General de Costas anticipará los primeros trabajos para la prolongación del paseo marítimo de Almería con el derribo de las viejas casas de la playa que aún quedan en pie. La antelación de la entrada de máquinas a las propias obras responde a la petición que el concejal de Urbanismo, Juan Megino, ha hecho al subdelegado del Gobierno en Almería, Andrés Heras, y a la Dirección Provincial de Costas, apremiándoles a abordar el derribo de las edificaciones de la playa afectadas por la primera fase del proyecto, después de que el Ayuntamiento de Almería consiguiera hacerse con la titularidad del suelo y haya certificado la disposición de las parcelas ante los responsables ministeriales. La petición se debe a que Urbanismo quiere evitar la entrada de okupas en las cinco viviendas pendientes de demolición, mientras que no empiecen las obras de prolongación de la primera fase que ampliarán el paseo marítimo de la capital hasta el Centro Municipal Zoosanitario.

Heras ha mantenido los pertinentes contactos y la Subdelegación ha informado que Costas asumirá la solicitud "lo antes posible", ya que la primera fase del proyecto continúa sus pasos administrativos oportunos y se desconoce aún la fecha de inicio de las obras.

El Consistorio capitalino ha invertido más de cinco millones de euros en la consecución de los terrenos de la primera fase del proyecto, una cantidad que supera el coste total de las obras, valoradas en cuatro millones cuando en 2002 Costas presentó el proyecto, y que será sobrepasada por las expropiaciones pendientes de la segunda fase.

Engloba once parcelas, que se encuentran en manos de un único propietario, con 60 hectáreas y una gasolinera en funcionamiento, que ha reclamado ante los tribunales el pago de 70 millones de euros aproximadamente por la expropiación.



* El Almería - 12.02.11
Foto: Urbanismo ya procedió al derribo de dos viviendas de la playa.- elalmeria

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El candidato del PP en Gondomar promueve obras en el municipio

ELPAÍS/Pontevedra* : Erre que erre. El "desconocido" Fernando Guitián Guitián, al que Rafael Louzán ha promovido como cabeza de lista del PP en Gondomar, es administrador de una promotora inmobiliaria que mantiene empantanada una urbanización de seis chalets en el propio municipio que aspira a gobernar. La licencia para esa obra fue concedida por el exalcalde prevaricador Carlos Silva y su junta de gobierno en octubre de 2006, al amparo de un plan general anulado por el Tribunal Supremo, lo que la convierte, cuando menos, en alegal. Además, los datos de la licencia concedida no coinciden con los que señala la propia promotora en su oferta de ventas. La descomposición del actual Gobierno de tránsfugas de Gondomar difícilmente podrá encontrar ningún paliativo. De ahí que Rafael Louzán, presidente provincial del PP y muñidor primordial de la moción de censura que lo situó en el poder, acallara la propuesta local de elegir al cabeza de lista para las elecciones de mayo entre los dos candidatos que publicitaron sus intenciones: la portavoz municipal, Natalia Salgueiro, y el secretario local del partido, Manuel Dacosta.

Louzán, aun considerando que sus concejales de Gondomar no podrían ser acusados a día de hoy de transfuguismo, tuvo que hacer uso de su autoridad para recordar que en el PP no cabían las primarias y que la elección de los candidatos es competencia exclusiva de la dirección provincial. Así apareció el otro día con Fernando Guitián como tercera vía.

Guitián no es militante formal del PP y aún no sabe -cosa rara- si encabezará la lista como independiente o se afiliará antes al partido. Tampoco era militante formal Martín Urgal, el actual alcalde (vespertino), quien ha evitado participar en los actos de presentación del nuevo candidato. Urgal era una persona popular en el vecindario y a Guitián apenas lo conoce nadie. Pero ambos comparten, además de su relativo distanciamiento de la militancia partidaria, una deriva urbanística análoga que contamina su dedicación a la política en un ayuntamiento definido en los últimos años por las corrupciones de ese signo, a las que tampoco se ve mayor voluntad del PP en poner coto y transparencia.

A Urgal y Alfonso de Lis, alcalde matutino y socio socialista en la operación de transfuguismo, se les destaparon edificaciones manifiestamente ilegales que aún esperan una solución. De Guitián se ha ocultado su condición de empresario inmobiliario y que una de sus promociones, en el propio municipio, permanece estancada. El actual candidato del PP es administrador de Valsiluan Inversiones SL, registrada en febrero de 2007 y con domicilio social en Vigo. Guitián comparte ese cargo con José Luis Candeira, administrador a su vez de otras empresas inmobiliarias de Vigo, Madrid y Cantabria. Valsiluan promovió, en la parroquia de Peitieiros, la construcción de seis chalés que forman la urbanización Solmiñor, la cual, prácticamente acabada, traslada ahora una impronta de abandono, con cerca caída y sin ningún morador.

La licencia para esa obra, según el cartel que aún figura en la entrada, fue otorgada el 3 de octubre de 2006 -tres meses antes de constituirse la empresa- por la junta de gobierno que presidía Carlos Silva y que desoyó la reiterada prohibición de tramitar tales licencias por haber anulado el Tribunal Supremo el plan general de urbanismo que las amparaba. En esta medida, Solmiñor sufre de alegalidad, ya que no ha sido legalizada por ninguna normativa posterior. Pero hay otros detalles que mosquean al vecindario. La licencia fue otorgada para construir en una parcela de 5.155 metros cuadrados seis viviendas unifamiliares "de planta baja y 1ª planta de unos 185 metros cuadrados de superficie total". La oferta de Solmiñor para la venta señala "viviendas completamente independientes de tres plantas con una superficie construida de 200 metros cuadrados sobre parcelas de 500 metros cuadrados". No es lo mismo.

A la urbanización le faltan las calles y los aparcamientos, pero la obra fue abandonada hace algo más de un año, según las fuentes consultadas por este periódico, por no encontrar compradores de las viviendas.
Una carrera en el entorno de Copasa

El currículo de Fernando Guitián facilitado por el PP enfatiza en su condición de ingeniero industrial, con numerosos cursos de actualización y especialización formativa. De 46 años de edad, el grueso de su carrera profesional lo ha desarrollado en la empresa Copasa, donde fue jefe de obra de diversos trechos de varias carreteras y, luego, supervisor de las depuradoras de San Cibrao das Viñas, Ponteareas y Vilalba. También fue jefe de obras de la depuradora de Vigo -una chapuza histórica de ejecución, como han acreditado media docena de auditorías, con consecuencias nefastas y que aún perduran- y del saneamiento integral de Gondomar. Entre 1999 y 2000 fue gerente de Geseco, también perteneciente al grupo Copasa y que es la concesionaria de la recogida de basuras en Gondomar.

Desde 2001 a 2006 fue director de producción de Construcciones Conde S.A. y, desde la última fecha, socio-director de Hacemos Dirección de Proyectos, empresa que el currículo oficial vincula con "diversas actividades relacionadas con la ingeniería y la arquitectura". Ninguna mención en ese currículo, sin embargo, a Valsiluan Inversiones S.L., la promotora inmobiliaria que creó con José Luis Candeira en 2007, con un capital de 20.000 euros que, a los tres meses de la creación, ampliaron a 220.000 euros, según datos registrales.

Guitián se presenta como "candidato de consenso", sin experiencia política, cosa que no le parece importante, y con la aspiración de poder formar un "gobierno fuerte".



* El País - 13.02.11
Foto: Gondomar (Pontevedra) - lavozdegalicia.es

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