LAVERDAD* : Después de cinco años como Fiscal Superior de Murcia, en los que ha hecho de la lucha contra la corrupción su estandarte y orgullo, acaba de ver renovada la confianza de la Fiscalía General. Lo cual quiere decir que hay López Bernal para otros cinco años. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. Pero serán sólo cinco años. Más que suficientes para jubilarse y disfrutar, si el Diablo así lo quiere, de un tiempo dedicado a la familia y a su pasión más secreta: escribir con la sola compañía del silencio, las estrellas y un gin-tonic. Respondiendo a un impulso, del que quizás más tarde se arrepienta, extrae de un bolsillo una cuartilla y lee un texto que hace corroerse de envidia al periodista por la magistral perfección con que enlaza las palabras. Luego no le permitirá publicar el relato, pero para entonces el plumilla ya le habría robado cuatro frases: «Mi madre siempre me dijo que creyera en algo». «Sólo el olvido asesina los sueños». «Hace ya sesenta años que empezó la función y todavía no domino el personaje». «El viejo lobo de raído pelaje seguirá aullando a la luna nueva». Quizá con ellas, piensa el ladrón de letras, esté queriendo contar algo de sí mismo. Quizás sólo sean cuatro frases sin sentido.
-Imagino que, si ha vuelto a optar al cargo de Fiscal Superior, ello sólo puede ser por una de estas dos razones, o por ambas: porque está satisfecho de lo que ha hecho en estos últimos cinco años, o porque aún está insatisfecho.
-Estoy satisfecho con algunas cosas, e insatisfecho con otras. Lo he pedido para acabar con el compromiso que asumí hace cinco años y para dejar una Fiscalía más avanzada en especialización, medios y personal de lo que estaba cuando la cogí.
-¿Cuál era ese compromiso?
-Intentar hacer una justicia lo más transparente e igualitaria posible, y que el fiscal llegue por igual a todos los extremos de la sociedad.
-¿Sigue teniendo la sensación de que la Justicia parece pensada sólo para perseguir a los más débiles, a los más desfavorecidos?
-Sí, lo sigo pensando. La Justicia no está suficientemente preparada, ni tiene los medios ni las estructuras necesarias, para perseguir a la delincuencia más importante, que es la que tiene todo tipo de recursos a su disposición. Eso no ocurre con otras personas...
-...que no tienen la misma capacidad de defenderse.
-Claro. La gran delincuencia cuenta con grandes medios, magníficos abogados y asesores de todo tipo... Y nosotros, en cambio, necesitamos más medios, más asesores, más policías, más unidades especializadas en la lucha contra la delincuencia organizada...
-Algo se ha avanzado, ¿no?
-Indiscutiblemente. Desde la Fiscalía General del Estado se ha hecho una apuesta muy decidida por la especialización, que es inexcusable. Eso es un auténtico hito. Pero, para que sea todo lo eficaz que debe ser, tiene que llevar aparejada una especialización de la Judicatura.
-Hace cinco años, al tomar posesión del cargo, aseguró que nada le frenaría ante un político si estuviera convencido de que había hecho algo ilegal. ¿Se ha tenido que frenar al final por algo?
-No. Ni yo ni mis compañeros. La Fiscalía no es sólo su jefe; es un grupo de gente trabajando en la misma dirección. Y le puedo asegurar que nada nos ha hecho variar de rumbo. Y que nada nos lo hará cambiar.
-¿Recuerda cuántas denuncias por presunta corrupción, hablo de denuncias, no de causas judiciales ya abiertas, habían llegado a Fiscalía cuando se hizo cargo de la jefatura?.
-Pues no. Como no me lo diga usted...
-Me permito recordárselo. Había cuatro: La Zerrichera, otra sobre la adjudicación del aparcamiento de San Esteban, una de IU contra el entonces alcalde, Manuel Sanes, de La Unión, y otra contra el ya ex alcalde socialista de Los Alcázares, Juan Escudero, que es la que acabó dando origen a la 'Operación Ninette'. ¿Cuántas denuncias tenemos ahora?
-Bastantes más (se ríe).
-Eso ya lo sé. Pregunto el número.
-No puedo saberlo exactamente. Hay una veintena de causas de ese tipo abiertas en los juzgados.
-Hablo de denuncias de ciudadanos o instituciones que llegan a Fiscalía por supuesta corrupción.
-Pues..., ahora mismo..., podría haber..., en total..., cuatrocientas..., cuatrocientas y pico.
-Seguimos avanzando. Eso demostraría que hay muchas personas que se están animando a denunciar asuntos sospechosos que antes permanecían ocultos. Al menos ahora existe la oportunidad de analizar si hay materia delictiva.
-Vienen muchas personas a denunciar. Por eso vamos a tener que aumentar el número de fiscales, porque estamos muy por encima de lo que podemos asumir.
-¿Algún ayuntamiento se libra de haber sido denunciado?
-(Vuelve a reír). Imagino que alguno se libra. Debe de haber muchos que se han librado hasta ahora.
-¿Muchos? Eso sí que no lo creo.
-¿Cuántos ayuntamientos hay? ¿Cuarenta y cinco? No creo que haya más de veintitantos denunciados.
(Le llama en ese momento el Fiscal Superior de Madrid, de nombre, también, Manuel. El Manuel de Murcia le agradece la felicitación y responde: «Yo estoy contento, pero mi familia está muy cabreada. En fin, no me voy a quejar ahora...»).
-Le iba a preguntar si considera que estos años han servido para lanzar un aviso a navegantes, en especial a aquellos funcionarios o cargos públicos que hayan podido tener la tentación de incurrir en comportamientos desviados.
-Creo que haber presentado denuncias o querellas por esas causas siempre tiene un efecto preventivo. Si en algún momento hubo una sensación de impunidad, pues es bueno que algunos teman que todo pueda llegar a saberse si es que han hecho algo mal. Yo tengo muy presente una anécdota de un amigo, una anécdota triste, que vio cómo una serie de personas, quizás ejecutivos, apostaban a que en la Región nadie actuaría jamás contra la corrupción. Me pareció lamentable. Eso es tener una visión muy negativa de los murcianos, que no es la que yo tengo.
-Lo que parece evidente es que esas personas perdieron su apuesta.
-Sí la han perdido, sí.
-¿Queda mucho por limpiar?
-Quedan procesos, unos cuantos procesos. Pero esto no se soluciona sólo con procesos penales; hay que hacer modificaciones legislativas para evitar que esas cosas ocurran. Lo que no quiero es que se establezca la imagen de que ser funcionario es igual a ser corrupto. Sería muy injusto. Hay funcionarios corruptos en cualquier administración u organismo.
-¿También en la Fiscalía?
-(A juzgar por su cambio de expresión, la pregunta no le hace la menor gracia). Espero que no. Yo no los conozco. Pero si alguien los conoce, agradecería que me diera nombres.
-¿Ha logrado usted quitarse de encima el estigma de que su actuación está guiada por motivaciones políticas?
-Para la gente bienintencionada, sí. Hay un sector de gente malintencionada para los que no. Pero ellos saben que lo que dicen es mentira y sólo buscan intoxicar a base de repetir las mismas idioteces. Recientemente se ha vuelto a publicar que mi mujer es letrada del PSOE, aunque les consta documentalmente que no ha llevado asuntos del PSOE desde quince o veinte días antes de que yo tomara posesión como fiscal jefe, en enero de 2006. Para entonces ya había presentado la renuncia.
-Usted sabe que hay un dossier que apunta a que vive en una casa construida ilegalmente.
-Sí, claro que lo sé. Es absolutamente cómico. Este ayuntamiento me ha certificado que no se ha violado norma urbanística alguna en mi casa y que jamás se ha abierto un expediente sancionador. Quien dice eso, lo hace sabiendo que es mentira y con la única intención de desprestigiarme como fiscal jefe de una institución que persigue la corrupción. Lo que me apena e indigna es que los delincuentes a quienes investigan los fiscales estén investigando a los fiscales que los investigan. Que se estén metiendo en nuestro ámbito más íntimo. Pero, a la vez, me da alegría que después de lo que me han investigado, hasta meterse en mis narices, lo único que me achacan es que entré en mi casa sin cédula de habitabilidad. Si eso es todo lo que han encontrado, pues es un orgullo. Igual podrían haberme acusado de ser bajito y calvo.
-De lo que sí se le puede acusar con razón es de no tener un solo pelo negro en la cabeza. ¿Es la edad o las preocupaciones?
-La edad. Bueno, y las preocupaciones. Hace un tiempo todavía me quedaba alguno...
-Pero el hecho de que le estén investigando no puede haberle cogido por sorpresa...
-No. Por supuesto que era previsible. Y además les invito a que sigan haciéndolo. La gente decente seguirá estando con esta fiscalía, y los indecentes no me importa dónde estén.
-La sensación generalizada en la sociedad es que los asuntos de corrupción responden fielmente a la expresión: arrancada de caballo, parada de burro. Que entran los UCO en los ayuntamientos, se llevan la documentación, detienen a los concejales o alcaldes, se les toma declaración y encantados de habernos conocido y hasta nunca.
-Soy consciente de que esa sensación existe, y en muchos casos se alienta esa idea, que tiene una parte de verdad. Pero los tiempos mediáticos no son los de la justicia. Analizar la documentación intervenida en un registro lleva muchísimo tiempo y nos faltan unidades especializadas. Y es verdad que por eso hay varios asuntos paralizados.
-Hay causas que llevan años durmiendo el sueño de los justos.
-Hay causas muy paradas, es verdad.
-A la Zerrichera, o al 'caso Ninette', por ejemplo, no se les ve la punta por lado alguno, pese a los años que llevan abiertos.
-Nos faltan medios. Medios humanos, técnicos... Eso es así. No tenemos un grupo especializado de policías y expertos adscrito a la Fiscalía.
-Pero, ¿de qué estamos hablando? ¿De diez o doce agentes e inspectores bien formados en materia fiscal y en derecho administrativo y urbanístico?
-Estamos hablando de eso, sí. De un grupo que pudiera llevar cuatro o cinco grandes investigaciones a la vez. En eso radica el problema. Los fiscales estamos teniendo que asumir investigaciones que son propias de esos especialistas.
-Este año van a empezar a salir sentencias de casos relevantes de corrupción, como 'Tótem' o 'Limusa'. ¿Va a servir para que los ciudadanos se convenzan de que estos asuntos no eran sólo humo?
-Eso esperamos. Y vendrán unos cuantos juicios más de esa índole este año, y también el siguiente. Van a ver que esto era mucho más que el arreón inicial.
-¿Hay base para condenar?
-Nosotros nos ceñimos a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad. Si acusamos es porque estamos convencidos de ello. Pero los jueces pueden llegar a otra conclusión y hay que respetarlo, aunque eso no quiere decir que no puedan equivocarse. Unas veces se equivocan ellos, y otras, nosotros.
-Quizás ellos, los jueces, sean especialmente garantistas, ¿no?
-No. Tanto como nosotros, que archivamos el 80% de las denuncias que nos llegan. Hay muchos casos en que, habiendo sospechas muy serias, tenemos que archivarlos porque no disponemos de pruebas.
* La Verdad - RICARDO FERNÁNDEZ - 13.02.11
Murcia.- «Tenemos más de 400 denuncias por corrupción. El 80% acabarán archivadas porque, aunque haya muchas sospechas, no habrá pruebas»
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14.2.11
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , NOTICIAS Murcia
Zamudio.- El vecino que tumbó a la alcaldesa
ELPAÍS/Vizcaya* : "Estoy satisfecho porque la justicia ha hecho honor a la verdad, pero también triste porque con esto pierde el pueblo. Estas cosas no pueden suceder". José María Zarate, un vecino de Zamudio de 50 años, ha podido con su alcaldesa, la peneuvista Sorkunde Aiarza, quien el pasado lunes ha tenido que abandonar su cargo condenada en firme por la justicia. Aiarza se queda sin poder optar durante los próximos nueve años a la reelección que pretendía ni a ningún otro cargo público -figuraba también en las listas peneuvistas a las Juntas de Vizcaya en los comicios de mayo-. La Audiencia vizcaína le ha condenado por prevaricación (dictar a sabiendas una resolución injusta) por derribar una obra. La lucha de un vecino contra el poder ha caído del lado menos habitual. "Que se gane contra un Ayuntamiento es un milagro", apunta Zarate, en la puerta de su caserío en Zamudio.
Este vecino ya irritó a la Diputación de Vizcaya en la década de los noventa al revelar la existencia de unos restos históricos en el trazado previsto para el corredor del Txorierri, la carretera de circunvalación en torno a Bilbao abierta en 2003. Esos restos formaban parte de la ruta juradera del Camino de Santiago. El trayecto tuvo que variarse con un sobrecoste de seis millones de euros. "Cuando ahora he tenido este problema, te pasan la factura", opina, tras recordar que entonces el alcalde era el padre de Sorkunde Aiarza.
El litigio que ha supuesto la inhabilitación de la alcaldesa tiene su origen en el uso del camino rural del barrio donde reside Zarate, debido al paso de camiones de gran tonelaje. "Tuve seis entrevistas entre 2004 y 2006 con el aparejador Javier Argatxa y el concejal de Urbanismo, Juan Mari Lekerika, siempre con buenas palabras pero sin nada concreto. En 2006, les pedí una solución y el aparejador me dijo que podía delimitar el terreno con estacas".
El vecino solicitó la licencia de obras para ello el 3 de octubre de 2006. Ante la falta de respuesta, y amparándose en el silencio administrativo positivo, instaló 43 estacas en mayo de 2007. "La alcaldesa, que era la primera vez que daba la cara, apareció el primer día en la obra diciendo que no podía hacer nada. Después de dos horas, me dijo: 'Pues vale", rememora.
Cuando estaba a punto de finalizar la obra, la actual parlamentaria del PNV Arantza Aurrekoetxea, "que es la que que corta el bacalao en Zamudio", le dijo que "parara inmediatamente". "Vino a acojonarme, pero se fue como vino", añade Zarate.
Luego llegó el decreto de alcaldía y la orden de tirar las estacas, que llevaron a Zarate a presentar la denuncia en los juzgados. La junta municipal del PNV buzoneó dos veces por todo el pueblo octavillas defendiendo a la alcaldesa frente al vecino. "Ha sido muy duro, y todo porque el Ayuntamiento no actuó de oficio y ha querido favorecer a otro vecino", asegura Zarate, señalando a un hombre que labra la tierra en el terreno colindante, Ángel Aurre, "que tiene mucho peso aquí".
Zarate, quien además de lograr que se le repongan las estacas ha recibido una indemnización de 2.000 euros y 3.000 más por las costas procesales, cree que estos conflictos "pasan en muchos pueblos, pero no se denuncian". "Espero que con esto que me ha pasado se animen más", concluye.
En su sentencia firme que inhabilita a la alcaldesa hasta el 4 de febrero de 2020, la Audiencia desestima que haya sido un tema menor, porque se "tiene derecho a demandar que la actuación [pública] se ajuste a la legalidad".
Un largo litigio
- El conflicto se inicia en 2001 por el tráfico pesado que discurre por el camino vecinal junto al caserío de Zarate y que invade sus terrenos por la estrechez de la calzada. Entre 2004 y 2006 se reúne hasta seis veces con el Ayuntamiento para buscar una solución. El aparejador municipla le asegura que puede delimitar sus tierras con unas estacas.
- El 3 de octubre de 2006 pide licencia de obras, pero no obtiene respuesta en ocho meses. Acogiéndose al silencio administrativo positivo, realiza las obras entre el 21 y el 23 de mayo.
- La alcaldesa ordena por decreto el derribo de 43 estacas sin ningún informe y sin esperar a que el juzgado al que había recurrido Zarate se pronunciase.
- El 31 de mayo de 2010, un juzgado condena por prevaricación a Sorkunde Aiarza, fallo confirmado por la Audiencia de Vizcaya el 29 de noviembre que supone inhabilitarle nueve años. Aiarza dejó su cargo el lunes.
* El País - 13.02.11
Foto: Zamudio (Vizcaya) - uribetur
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13.2.11
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Tema: NOTICIAS País Vasco
Palma.- La Fiscalía tilda de ´montaje´ el contrato de la Ópera
DIARIODEMALLORCA* : El contrato para construir una Ópera en la bahía de Palma no fue, según denuncia la Fiscalía, más que "un montaje" urdido y ordenado por el expresidente balear Jaume Matas y ejecutado por su conseller de Educación, el diputado Francesc Fiol, para beneficiar al arquitecto Santiago Calatrava y sacar rédito político. Tal como recalca el Ministerio Fiscal en su escrito de acusación relativa a la pieza nº3 del caso Palma Arena, ninguno de los diferentes informes emitidos por los servicios jurídicos de la comunidad autónoma avala que la contratación tuviera o pudiera hacerse "por adjudicación directa". A lo largo de 27 páginas, la Fiscalía aporta fechas y datos que apuntan a que las bases del contrato se pactaron mucho antes de lo que pretendió hacerse ver. Por ello, califica de "montaje" todo el expediente de contratación de la Ópera.
El Ministerio Fiscal subraya asimismo que no existe estudio económico del proyecto ni sobre su ubicación ni tampoco hay un "mínimo" análisis sobre la viabilidad física del mismo, en una zona que "ni siquiera es titularidad de la Comunidad Autónoma".
Por ello, considera que fue el expresidente del Govern el que, a principios de 2007, decidió "de forma unilateral" que durante la campaña electoral de ese año presentaría un gran proyecto para Palma "con la única y exclusiva finalidad de favorecer sus intereses propios como candidato a la Presidencia" balear.
El objetivo de Matas era dar "un golpe de efecto" que le beneficiase en las urnas pero el coste del mismo decidió "repercutirlos a la Comunidad Autónoma" siendo, a juicio de la Fiscalía, "plenamente consciente de la práctica imposibilidad material e inmaterial económica del proyecto".
Matas habría contactado para ello, en febrero de 2007, con el arquitecto valenciano Santiago Calatrava, con el que, en un encuentro en Roma, habría fijado un acuerdo "verbal" para que fuera él el que pusiera firma al proyecto del palacio de la ópera.
En este acuerdo ya se habría hablado del coste (1,2 millones de euros) por el anteproyecto, un trabajo que no se presentó nunca ante el Govern y que el pasado 9 de febrero Calatrava entregó en los juzgados.
A continuación, según la Fiscalía, el expresidente balear habría iniciado una serie de actuaciones para "dar apariencia" de legalidad a su decisión y al acuerdo con Calatrava, para "ocultar" su participación en los hechos y para "simular" la existencia de interés público en la contratación del arquitecto.
La vía elegida por Matas para hacerlo fue el entonces conseller de Educación, Francesc Fiol, según señala la Fiscalía en su escrito, y es efectivamente el segundo el que presenta al Consell de Govern el 30 de marzo de 2007 la propuesta de contratar un anteproyecto para una potencial ordenación de la bahía de Palma.
Los acuerdos aprobados ese día en el Consell "ofrecen ya los perfiles de un arquitecto determinado" y garantiza los 1,2 millones de euros prometidos. Todo ello muestra que el proyecto y el contrato "no es más que una pura simulación por orden de Jaume Matas", escribe el Ministerio Fiscal.
Para la Fiscalía, tanto Matas como Fiol y el gerente del Ibisec (empresa pública a través de la cual se gestionó la contratación), Andreu Obrador, eran entonces conscientes de que se iba a beneficiar con fondos públicos y "de manera arbitraria" a Calatrava y para taparlo encargaron varios informes, ninguno de los cuales justifica la adjudicación directa que se realizó.
Cuando Calatrava recibió la invitación para participar en una negociación para encargarse del proyecto (propuesta a la que nunca respondió el arquitecto), la Fiscalía señala que ya se le envió un borrador del contrato dejando entrever que "no se produce negociación alguna" pues todo estaba acordado de antemano.
* Diario de Mallorca - 12.02.11
Foto: Palma - maqueta Ópera Calatrava - diariodemallorca
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Tema: NOTICIAS Baleares
A Coruña.- El Concello se enfrenta a otros quince recursos judiciales por las expropiaciones de Someso
LAOPINIÓN* : Abiertos quince nuevos procesos judiciales contra la expropiación de parcelas en Someso para construir un campo de fútbol y una carretera. La sentencia del Tribunal Superior de Xustiza, que obliga al Ayuntamiento coruñés a desembolsar 8,2 millones de euros a propietarios expropiados, no desanima al Gobierno local a luchar, de nuevo en los tribunales, contra las nuevas peticiones de devolución de terrenos realizadas por otros particulares afectados. La Junta de Gobierno Local acordó ayer personarse en los nuevos recursos: siete por el campo del Relámpago y ocho por el vial que va a Pocomaco. El Ejecutivo municipal decidió personarse en los recursos promovidos contra el Concello por varios particulares, a quienes se les denegó la reversión de fincas expropiadas en Someso.
Todos los afectados recurrieron por la vía administrativa, al igual que hicieron en 2004 los vecinos que ahora tienen que recibir del Ayuntamiento una indemnización de 8,2 millones. En aquel entonces, también urbanismo se negó a devolver las parcelas, por lo que los propietarios tuvieron que recurrir al contencioso.
La historia se repite de nuevo con estos quince propietarios de parcelas, adquiridas por el Ayuntamiento entre 1989 y 1990. Ocho de ellos poseían fincas en San Vicente de Elviña, que fueron adquiridas para levantar el campo de fútbol del club Relámpago, que nunca se llegó a realizar y se convirtieron suelo para el último gran desarrollo urbanístico de la ciudad en Someso. En los siete casos restantes, los terrenos se expropiaron para la construcción de la carretera a Pocomaco (la que divide la urbanización de Someso), aunque los demandantes sostienen que sólo se usó para ello una parte de las fincas y el resto fue destinado a edificaciones.
Pese a que el argumento municipal ya fue rechazado por el Superior, el Concello coruñés, tal y como había anunciado, decide pleitear e insiste en que no cabe derecho a reversión "puesto que las fincas no se expropiaron, sino que fueron adquiridas mediante compraventa. "Al igual que en todos los procedimientos jurídicos en los que decide tomar parte, se persona para defender los intereses de todos los coruñeses", señala el Gobierno local en una nota de prensa enviada tras la junta. El acuerdo de la Junta de Gobierno Local se toma con los votos a favor de los socialistas y los nacionalistas que, aunque se levantaron en las votaciones que negaron la devolución de los terrenos por vía administrativa, sí defienden que se pleitee ante el juez en defensa de los intereses ciudadanos.
En cuanto a la condena firme del Superior, los propietarios que deben ser indemnizados transmitieron su rechazo oficial a la oferta de suelo municipal como forma de pago de las compensaciones de 8,2 millones. Así lo constató el representante de los expropiados en un escrito entregado en el registro municipal el pasado 7 de diciembre. El PP criticó entonces que el Gobierno municipal hubiese aprobado los presupuestos sin incluir el dinero que ha de abonar a los dueños de las parcelas afectadas. El Ejecutivo pretendía canjear la indemnización con patrimonio público de suelo.
La junta de gobierno acordó ayer personarse en el recurso de una agrupación de afectados (entre los que se incluyen afiliados de Aproinco) que, bajo el nombre de la Asociación Parque Ofimático, ha impugnado el pliego de contratación del Concello para urbanizar el polígono. La intención de los demandantes es que el Contencioso paralice de forma cautelar el concurso de adjudicación. La existencia del recurso de los particulares fue hecha pública por la Asociación de Promotores Inmobiliarios de A Coruña (Aproinco), en una rueda de prensa celebrada en enero, en la que acusaron al Concello de precipitarse en sacar a concurso la urbanización ante la inminencia de las elecciones y en la que exigieron la paralización del proceso hasta que se resuelvan todas las incógnitas que existen en torno al proyecto. La denuncia incluye las irregularidades que, a su entender, existen en el pliego de contratación. Aproinco criticó que el Concello tenga potestad para no indemnizar al futuro adjudicatario si se paraliza el proyecto, una situación que, en su opinión, tras la denuncia presentada, se puede producir al día siguiente de resolverse el concurso.
* La Opinión Coruña - 12.02.11
Foto: La urbanización de Someso - laopinion
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Tema: NOTICIAS Galicia
El TSJ da 5 días al consistorio de Orpesa para demoler el edificio Bernat
LEVANTE/Castelló* : El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana le da 5 días al Ayuntamiento de Orpesa para iniciar la demolición del edificio Bernat y un plazo de un mes para finalizarlo. Contra el auto no cabe recurso alguno. La decisión les fue notificada ayer a las partes y tiene fecha de 4 de febrero. Tras la recepción por el consistorio empieza a correr el tiempo para cumplir la sentencia. La actual corporación orpesina es la heredera de la irregular construcción del edificio en 1986. El TSJ resolvió así poner fin, apunta el auto, a todos los recursos de nulidad interpuestos desde enero de 2010 por los propietarios de los apartamentos. Considera el alto tribunal valenciano que "no ha lugar a la suspensión cautelar" de la ejecución de la orden de derribo y, además, "interfieren en una resolución judicial", en referencia a la dictada en diciembre de 2009, que fue refrendada por el Tribunal Supremo, y que ordena derribar el edificio, en primera línea de la playa de Morro de Gos.
El tribunal valenciano acuerda "requerir al Ayuntamiento de Orpesa, para que en un plazo de 5 días inicie la obra de demolición" del edificio, con "un plazo máximo de un mes" para haber concluido el derribo.
El auto del tribunal es tan directo como el emitido en diciembre de 2009 que daba un plazo al alcalde, Rafael Albert, para cumplir la sentencia y poner en marcha el proyecto de demolición. En caso contrario le impondría a Albert 1.000 euros de multa por cada semana que pasase sin ejecutarse el derribo. Desde enero de 2010 hasta ahora el pleno ha aprobado el proyecto de demolición y se lo adjudicó a la empresa Piaf. Asimismo, periódicamente informó al tribunal de las gestiones realizadas para cumplir su auto.
Contrato de la demolición
La orden de demolición efectiva e irrecurrible, afirman los juristas, del Bernat llega a poco más de dos meses de la Semana Santa, fecha en la que los propietarios de los apartamentos se pueden encontrar sin edificio.
El consistorio de Orpesa aprobó en marzo de 2010 adjudicar a Construcciones Piaf SL la demolición del Bernat con un coste para el consistorio de 137.996 euros. La oferta de la empresa para demoler el bloque, estaba muy por debajo de los 199.250 euros previstos. El posterior acuerdo plenario para derribar el inmueble fue el que recurrieron varios vecinos.
El edificio fue construido con licencia de obras de 1986 por Moliner Bernat, uno de los afectados, dado que posee una planta particular y varias que alquila como apartahoteles. Ahora los damnificados podrán pedir al ayuntamiento, que autorizó el edificio, la indemnización pertinente.
El asesor jurídico de los vecinos de la Urbanización Los Rosales, afectados por el edificio Bernat y autores del recurso que ha llevado a la sanción del TSJ, recuerda que entre las irregularidades urbanísticas del Bernat está el exceso de altura y volumetría o la amplitud de la separación del inmueble y Los Rosales, dado que la calle que los separa se quedó en 3,5 metros, en vez de los 6 de ancho previstos en el planeamiento urbanístico.
Las irregularidades no afectan a todo el edificio, sino a una parte, aunque ejecutar la sentencia parcialmente sería costoso y complicado tecnológicamente. El derribo afectaría a 19 viviendas, 6 habitaciones y 2 apartamentos del hotel y probablemente a otras 6 viviendas y otras tantas habitaciones del apartahotel.
El grupo de gobierno del PP en el consistorio sostuvo en pleno que cumplirá la sentencia, pese a considerar ilógico que tras derribar el inmueble vuelva a erigirse uno similar y en el mismo sitio.
* Levante - 12.02.11
Foto: El TSJ ordena la inapelable demolición del Bernat - levante
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
Murcia.- Urbanismo mantiene a su director, pese a estar imputado en Umbra
LAOPINIÓN* : «No estamos preocupados en absoluto». Así de contundente se muestra el concejal de Urbanismo, Fernando Berberena, al valorar la imputación del actual director de la Gerencia de Urbanismo, Ángel Lajarín, en el caso Umbra, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística en Murcia en torno a los convenios de la zona norte. Precisamente, Lajarín sustituyó de forma provisional hace tres meses a Alberto Guerra, que dimitió de este cargo (de libre designación por parte del Gobierno local) tras su detención el 5 de octubre en la operación desarrollada por la Guardia Civil en el marco de las investigaciones del caso Umbra.
Según explicó Berberena a esta redacción, la imputación de Lajarín se produce para que pueda ir acompañado de un abogado en su declaración ante el juzgado de instrucción número 8, que lleva este caso. El funcionario municipal deberá responder acerca de las presuntas facturas que supuestamente falsificó Renato de Noce en las obras de remodelación del Casino, de la que el empleado público era codirector (la rehabilitación del Casino fue una de las contraprestaciones que recibió el Ayuntamiento por uno de los convenios que suscribió con entidades privadas en la zona norte). También deberá responder sobre las valoraciones que se hicieron de esos terrenos, cuya responsabilidad era del ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver, también imputado. Se da la circunstancia de que Lajarín es el tercer gerente de Urbanismo imputado en este caso (Guerra y Pedro Morillas, que era director cuando el convenio del Murcia, son los otros). También está acusado en el Umbra el concejal Berberena, el dueño del Real Murcia, Jesús Samper, y dos funcionarias más, entre otros.
De momento, la concejalía de Urbanismo mantiene a Ángel Lajarín en su puesto de director, aunque de manera provisional. Sobre la posibilidad de nombrarlo director de la Gerencia de forma definitiva (confirmarlo en el cargo), Berberena precisó que «todo se verá a su debido tiempo».
* La Opinión de Murcoa - 12.02.11
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial
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Tema: NOTICIAS Murcia
El caos de los planes
RAÚL RUBIO RUBIO* : La rama más oscura del derecho no es ni la civil, ni la penal, ni siquiera la procesal. Es la urbanística. Si en cualquier disciplina del derecho un buen abogado te puede sacar de un apuro por el que a otro han condenado, en el urbanismo es imprescindible un buen experto, el sentirse avalado por la razón y el 'rezar lo que se sepa' para que te la den». Me lo decía un profesor de derecho mientras opositaba a secretario de ayuntamiento. Nunca entendí muy bien como podía ser tan difícil aplicar unas normas que, a priori, no me parecían más complicadas que las del derecho administrativo, comercial o internacional. Pero el tiempo me ha terminado convenciendo. Sobre todo desde que en los pequeños pueblos extremeños se han creado los planes de urbanismo. Pueblos en los que se quieren poner en práctica normas o planes propios de ciudades mayores y termina siendo todo un inconveniente para la construcción y el desarrollo. En Jaraíz de la Vera esperan «una modificación de las normas urbanísticas», según informa HOY, tras ser anuladas al ser recurridas por un particular. En otros pueblos de la provincia se están preparando candidaturas a las elecciones municipales teniendo como parte esencial del programa el cambio en los planes de urbanismo.
Hace quince días solicité información sobre las obras de la Diputación de Cáceres en Villanueva de la Sierra. No me han contestado. En dichas obras han tenido que realizar varias modificaciones sobre la marcha. Si la obra la hubiese realizado un particular seguro que la habrían parado.
Estas obras se hacen en terrenos particulares, sin conocimiento de los propietarios y sin ser expropiados. Las medidas determinadas en el proyecto se han modificado arbitrariamente. Todo ello seguro que no tiene ninguna repercusión en los honorarios de los ingenieros. Las contradicciones no se limitan al proyecto de obra y su ejecución. La Junta hace unos planes de urbanismo en los que se imponen las unidades de actuación (UA). Estas consisten en la agrupación de varias pequeñas parcelas, varios propietarios y planificar la urbanización de las mismas de forma conjunta. Dado que en los pueblos pequeños no existe gran demanda de viviendas, estas UA son irrealizables. Pero si alguno de los propietarios quiere urbanizar su parcela de forma individual es imposible, según informa la oficina comarcal de urbanismo.
Ahora bien, si la Diputación o el Ayuntamiento quieren realizar trabajos en la zona, todas las normas anteriores no son tenidas en cuenta. Esto, que puede parecer un abuso, se multiplica por mil cuando se trata de pagar. Terrenos que eran rústicos antes del plan de urbanismo, los convierten, por su gracia, en urbanos. Al propietario ni siquiera le interesa que sean urbanos. Si con anterioridad al plan no pagaban ningún impuesto, pasan a pagar diez euros por metro cuadrado o más. Lo venden como un favor al propietario del terreno, pues siempre podrá venderlo a mejor precio. Ellos valoran unilateralmente los terrenos. El propietario no interviene en todo el proceso, salvo que sea experto en el tema o busque asesores. Esto último se descarta, pues cualquier experto cobra por la consulta lo que no vale el terreno.
Algún secretario de Ayuntamiento llama especulador al dueño de los terrenos, para el que estas tierras continúan siendo pequeñas viñas, de entre 500 u 800 metros cuadrados, donde antes se sembraban patatas o forraje por su cercanía al casco urbano. Hablamos de metros cuadrados valorados en menos de 50 euros, no en los 1.000 o 2.000 de otros sitios. Al final el propietario paga más impuestos y no puede construir. Paga por un terreno del que no dispone y además es especulador, en unos pueblos donde el casco urbano cada vez esta más abandonado, los vecinos son menos y sus propiedades menos valiosas.
Hay normas que merecen la insumisión o al menos la intervención del director general de Urbanismo, como anuncia en HOY, para clarificar las mismas. Cuando varios organismos administrativos tienen competencia en un mismo tema (competencia no implica responsabilidad en la administración) el pagano de sus 'obras' es el ciudadano.
* RAÚL RUBIO RUBIO | PERIODISTA
* HOY - Opinión - 13.02.11
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Caso Gürtel y Egipto - Forges
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Tema: GRÁFICOS/ VIÑETAS
Ecologistas demanda a Gallardón por un delito contra el medio ambiente
ELPAÍS/Madrid* : Ecologistas en Acción ha interpuesto esta mañana su anunciada denuncia penal contra el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y contra la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, a los que considera culpables de "no tomar las medidas necesarias" para garantizar a los madrileños una calidad del aire si no buena, al menos que "cumpla los límites legales de contaminación". Los acusan de un delito contra el medio ambiente, tipificado en el artículo 325 del Código Penal, que castiga a "quien provoque directa o indirectamente emisiones a la atmósfera, contraviniendo disposiciones de carácter general protectoras del medio ambiente, y perjudique gravemente la salud de las personas". En este caso, Ecologistas considera que el alcalde y la delegada han cometido presuntamente este delito "por omisión", ya que a su juicio el Consistorio no ha llevado a cabo planes que controlen o reduzcan la boina negra de Madrid, agravada ahora por 11 días de anticiclón.
El delito del que acusan a Gallardón y Botella está castigado con las penas de prisión de dos a cinco años, multa de ocho a 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a tres años. El portavoz de esta organización, Paco Segura, que ha presentado la denuncia a las 11.00 los juzgados de plaza de Castilla, ha explicado que, tal y como reconoció la propia Botella, Madrid superó en 2010 los límites legales de contaminación para el dióxido de nitrógeno (NO2). La organización argumenta que, de acuerdo con los datos del Consistorio, 18 de las 24 estaciones de medición rebasaron el valor tope anual de este gas irritante de las vías respiratorias que producen principalmente los vehículos de motor, fijado en 40 microgramos por metro cúbico, y registraron un valor medio de la red de 44 microgramos.
Además, seis estaciones rebasaron el valor límite horario de NO2 en 2010 en más de 18 ocasiones. La estación de Fernández Ladreda registró 76 superaciones del valor límite horario de NO2, cuatro veces por encima de las superaciones permitidas; y la estación de Ramón y Cajal, además de registrar 68 superaciones del valor límite horario, registró dos superaciones de los 400 microgramos por metro cúbico. Para la organización ecologista, "nada de esto fue fortuito o imprevisible", ya que desde el año 2001, cuando entró en vigor en la UE la actual legislación sobre calidad del aire, "Madrid viene superando los límites legales para este contaminante sin que se tomen las medidas adecuadas para evitarlo. Por ello, si no se adoptaban actuaciones más drásticas de reducción del tráfico, era esperable que en 2010 volviéramos a superar los límites legales, y así ha ocurrido", indica la organización.
La estrategia que nunca se aplicó
Segura se ha mostrado indignado con Gallardón, al que acusa de mantener una actitud "inmoral" en este "grave problema que afecta a todos los ciudadanos". Ecologistas espera que, con esta denuncia penal, se tomen medidas contra estos responsables políticos "para que se consiga cuanto antes lo que desde hace años es una quimera: respirar aire limpio en Madrid". "Confiamos en que la vía judicial prospere, si no, qué otro recurso nos queda", ha añadido el portavoz.
¿Ha hecho algo por el aire el Ayuntamiento? Hace cinco años, presentó un ambicioso documento de 267 páginas que recogía todas las acciones relacionadas con la contaminación a las que se comprometía hasta 2010. Sin embargo, esta llamada Estrategia local de calidad del aire, que debía haber entrado en vigor en 2008, fue aplazada por Botella a 2010, que pasó sin novedades al respecto. Entre las medidas del documento, la más ambiciosa era la creación de "zonas de emisión baja", es decir, limitaciones de acceso a los vehículos más contaminantes a determinadas áreas del centro, entre ellos los paseos de Recoletos y Prado, las rondas, las calles de Bailén y Ferraz, el paseo de Pintor Rosales, Génova... Además, el alcalde planteó construir una red de aparcamientos disuasorios de los que nunca más se supo.
El año nuevo comenzó con Botella -que niega que la calidad del aire sea mala, en contra de los que opina la ministra del ramo, Rosa Aguilar- admitiendo que se superaron los límites legales de contaminación. El anticiclón que cubre la Península desde hace 11 días, sumado al ambiente preelectoral, ha hecho que la contaminación se sitúe en un primerísimo primer plano, no sólo en Madrid. Barcelona y Valencia están siendo investigadas también por el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El año comenzó también con el cambio de algunas estaciones de medición a lugares menos contaminados y la supresión de otras, medida que el Consistorio justifica en la directiva europea. Sin embargo, Vercher considera que es un ardid para enmascarar la polución. Vercher mandó al Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil a que instalara sus propias estaciones en algunos de los lugares ignorados por el consistorio. El resultado, según Vercher, es que apenas se ha dado "una mejora de la calidad del aire", en contra de lo que aseguran Gallardón y Botella. Hasta la ministra Aguilar también reprendió a Madrid "por hacerse trampas al solitario".
¿Qué hacemos con los coches?
El Ayuntamiento alega que no es cierto que en estos años no hayan tomado medidas. Sus portavoces, con el alcalde a la cabeza, citan en genérico "el impulso de las energías renovables" y "el fomento del transporte público". Hablan también del estacionamiento regulado, de los cargadores en superficie para coches eléctricos -una opción con mucho futuro pero poco presente- de la costosa reforma de la M-30 y de la peatonalización de calles como Fuencarral y la Red de San Luis. Gallardón no quiere ni oír hablar de limitar el tráfico. Alega razones económicas, pero a nadie se le escapa que es una medida que sería acogida con júbilo por los preocupados por el medio ambiente pero que sentaría fatal a gran parte de los ciudadanos en vísperas del 22-M. La asociación reclama el cierre al tráfico de algunas calles, entre otras medidas, ya que a su juicio, pedir a los ciudadanos que cojan menos el coche, como rezan los luminosos de la M-30 desde hace dos días, "no basta".
Un problema regional
Pero a Ecologistas no le preocupa solo del aire de Madrid, porque el problema se extiende al resto de la región. La asociación presentó ayer el informe La Calidad del Aire en la Comunidad de Madrid 2010, que adelantó el día anterior este periódico. El estudio concluye que Leganés y Coslada también superan los límites legales de contaminación establecidos por la UE. Leganés (a 11 kilómetros al suroeste de la capital y con 189.424 habitantes) registró una media anual de 44 microgramos por metro cúbico de dióxido de nitrógeno (NO2, un gas irritante producto del tráfico), igual que la ciudad de Madrid.
Coslada (al este y con 90.280 habitantes) sobrepasa aún más los límites y llega a 46 microgramos. El informe también denuncia que los altos índices de contaminación de Madrid elevan la mortalidad y los ingresos hospitalarios entre los ciudadanos en un 5%.
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, polución atmosférica - madridiario
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Ayamonte.- Las pesquisas se centran en la ocupación de zonas verdes y primera línea de playa
HUELVAINFORMACIÓN* : El alcalde de Ayamonte, Antonio Rodríguez Castillo (PSOE), confirmó ayer que la documentación requisada por los agentes de Medio Ambiente y la Policía Judicial de la Guardia Civil el pasado martes incluye documentos urbanísticos y de planeamiento urbano y costero desde 1993 hasta hoy. Entre los informes que se llevó la Benemérita se encuentran los referentes al planeamiento del proyecto turístico de Isla Canela aunque las palabras del alcalde extienden la investigación hasta Costa Esuri. Ambos desarrollos incluyen la etapa en la Alcaldía ayamontina de Isaías Pérez Saldaña, Rafael González (principalmente) y el equipo de gobierno actual.
El dilatado espacio temporal que abarca la investigación incluiría el proceso de compra-venta de los terrenos y fincas donde se asienta Isla Canela, muchos de los cuales provocaron protestas, expropiaciones a los colonos que ocupaban la isla , cambios de uso del suelo de turístico a residencial y de rústico a urbanizable además de multiplicarse el valor de muchas de las parcelas que se comercializaron durante los años previos al boom inmobiliario que ha culminado, de momento, con la construcción de más de 10.000 viviendas (4.000 de ellas en el entorno del paraje protegido de la Isla) en la Puerta de España.
La investigación que mantiene abierta el Juzgado número 3 de Ayamonte deberá revisar ahora decenas de planos municipales y procedimientos urbanísticos para determinar si existen irregularidades.
La lupa judicial repasará las denuncias que a lo largo de los últimos 17 años se han ido acumulando desde partidos políticos, particulares y grupos ecologistas.
Una de las zonas más problemáticas se refiere a las construcciones en primera línea de playa y ocupación de zonas verdes que fueron denunciadas por Ecologistas en Acción. Alguna de estas causas fueron archivadas al no encontrarse pruebas de las supuestas ilegalidades pero han servido para desenredar el tejido urbanístico que ahora trata de aclarar el Juzgado después de años de cambios de titulares.
Las denuncias de Ecologistas incluían advertencias sobre cambios de calificaciones urbanísticas ideadas supuestamente para conseguir la construcción de viviendas en zonas verdes. Las asociaciones ecologistas locales, Ojo con el Guadiana, también llegaron a criticar la pasividad de la Junta, que no actuó en muchos de los procedimientos urbanísticos municipales. Y eso que Ecologistas denunció el incumplimiento de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA).
En uno de los escritos que se presentó en su día ante la Fiscalía se resumía que "lo que hicieron los promotores de la recalificación fue redactar un estudio de detalle, que cambia la situación física de las manzanas y zonificación contempladas en el Plan Parcial vigente y además disgrega y desplaza una zona verde de 148.000 metros cuadrados situada en primera línea de playa, en fragmentos o trozos, en contra del interés general, para permitir en dicha zona la construcción de edificios residenciales, todo ello eludiendo cualquier control por parte de la Administración".
Esta denuncia tipo de Ecologistas no fue tenida en cuenta y el Consistorio atendió la licencia de obras que había pedido la promotora Isla Canela SA.
A raíz de estas denuncias, la Junta de Andalucía comienza a interesarse por el ordenamiento urbanístico ayamontino pero no es hasta el 15 de junio de 2010 cuando cuestiona la legalidad del Estudio de Detalle relativo a las parcelas centrales de Isla Canela, en concreto la zona UE-1A del Plan Urbano del Centro de Interés Turístico. En su resolución, la Dirección General de Urbanismo llega a requerir al Consistorio la revisión de un Pleno municipal celebrado en 2004, en el que se dio luz verde a una de las causas urbanísticas abiertas en la urbanización. La Guardia Civil ya estaba tras la pista del 'caso Isla Canela'.
* Huelva Información - 12.01.11
Foto: Protesta de los colonos de Canela en 1998 contra los desalojos de fincas agrícolas que ocupaban y que luego desarrolló Iscasa.- huelvainformacion
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Tema: NOTICIAS Andalucía
El alcalde de Mondariz certifica una construcción deportiva inexistente
ELPAÍS/Pontevedra* : ¿Para qué gastar en obra nueva si la cosa se apaña con una manita de pintura y poco más? En tiempos de crisis, el alcalde de Mondariz, Julio Alén (PP), pudo tener ese buen juicio como motivación de su actuación, pero ahora tendrá que explicar qué se hizo o dónde han ido a parar los casi 50.000 euros destinados a la construcción de unas pistas deportivas, que trata de identificar con el remozamiento de otras ya existentes desde hace lustros en el mismo ámbito de la playa fluvial del río Tea, en los límites con Mondariz-Balneario. El proyecto de construcción, presupuestado en 49.766 euros y que no firmó ningún técnico municipal, fue remitido a la Secretaría Xeral para o Deporte en mayo del año pasado para acogerse a una convocatoria de subvenciones, "en régimen de concurrencia competitiva", para la realización de obras de construcción, mejora, acondicionamiento y reforma de instalaciones y espacios deportivos. La memoria del proyecto que mereció la subvención incluía la foto de la "parcela vacía e infrautilizada en una localidad deficitaria de infraestructuras de este tipo".
Se trataba de construir dos pistas: una de tenis y la otra, de multideporte, en una área aproximada de 2.050 metros. Había que preparar el terreno (3.016 euros), realizar el firme de las pistas (9.960), montar los cierres (4.133), pintar (2.033), aplicar el microaglomerado en caliente tipo M-10 con betún convencional y, sobre él, la pintura acrílica (14.150), más redes, porterías y otros complementos, hasta llegar a los citados 49.766 euros, de los que Deportes finalmente aportó el 80% y el resto, el Ayuntamiento.
Todo ello se redujo, al cabo, en un remozamiento de las pistas que ya existían en otro enclave próximo. En la fiscalización de la obra, sin embargo, el 12 de noviembre pasado, la interventora municipal se limitó a constatar dos irregularidades: que ningún técnico municipal firmase el proyecto y, por otra parte, que no se había solicitado, con carácter previo a la contratación, la oferta de tres proveedores para la realización de la obra, requisito imprescindible para acceder a la subvención, según la propia convocatoria de la Secretaría Xeral para o Deporte. Ninguna de las dos cosas se corrigió.
La obra fue realizada por Construcciones Vale, de Salvaterra de Miño, que presentó la factura en el Ayuntamiento el 9 de noviembre. Ante los reparos de la interventora, tres días después, el alcalde puso la burocracia municipal a toda máquina.
Un día agitado, ese 12 de noviembre. Con esa fecha, Julio Alén recepcionó la obra, aunque no firmó el acta de recepción (pese a estar encabezada con su nombre y ser él mismo el responsable del deparmento municipal de Obras); sí firmó, en cambio, la orden de pago a Construcciones Vale por el trabajo realizado e incorporó al expediente -para remedar la concurrencia de otras dos empresas a la adjudicación, como señalaba la interventora- las respuestas de Movexvial e Indepo Construcciones Deportivas, remitidas cuando la jornada funcionarial ya había vencido (a las 15.19 horas) desde el mismo número de fax, con el mismo texto y tipografía y que difícilmente podían compensar los reparos señalados por la interventora, ya que ambas empresas indicaban textualmente "no estar en disposición de realizar las obras mencionadas por la brevedad del plazo".
Los concejales del BNG han confirmado in situ "que no se llevó a cabo la construcción de ninguna pista deportiva nueva", sino que meramente se pintaron las existentes, se instaló una red nueva en la pista de tenis y se repararon dos puertas de acceso. Con lo cual instan a la Fiscalía a investigar el paradero de los 49.766 euros que no se utilizaron para la construcción de las dos pistas, objeto único de la subvención concedida por la Secretaría Xeral para o Deporte.
Un gasto de 24.000 euros en champú
Mucho se lava en Mondariz. El Ayuntamiento gastó en el último año más de 36.000 euros, según las facturas remitidas por un conglomerado de empresas que, en números redondos, suman 24.000 euros en champú de vehículos y detergentes; 6.000 euros en jabón y toallitas para secar las manos, y otros 6.000 en ambientadores de vainilla a pilas y bolsas de basura. Todo ello, supuestamente consumido en la nave-almacén del Ayuntamiento para la limpieza de su parque de vehículos.
Ese gasto supera los 35.000 euros del contrato por la limpieza de todos los edificios municipales (ayuntamiento, pabellón de deportes, centro de salud, escuelas infantiles, plaza de abastos, campo de fútbol y centro social), que incluye los gastos de personal y de los productos de limpieza.
El BNG ha comprobado que el precio del champú, toallitas y ambientadores está inflado entre el 250% y el 650% sobre los comunes del mercado. Las facturas, con una cadencia casi quincenal y por importes de unos 1.000 euros, son emitidas por un conjunto de siete empresas domiciliadas no en Mondariz, ni en O Condado, sino en Madrid, Barcelona, Cantabria y Vitoria. En algunas aparece el propio alcalde, Julio Alén, como "ordenante", aunque en la mayoría figura el capataz municipal, José Codeceda González, quien demanda el suministro. Y todas las facturas, con idéntica estructura formal, con independencia de logotipos y de las empresas que las remitan, señalan como "canal de cobro" tres cuentas domiciliadas en la sucursal del Banco Popular en la calle Tuset de Barcelona.
El regidor, Julio Alén, está emplazado por el BNG a explicar todas estas circunstancias para limpiar su gestión antes de mayo.
* El País - 11.02.11
Foto: Mondariz (Pontevedra), balneario - orbisv
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Tema: NOTICIAS Galicia
Málaga.- El caso de la piscina de Puerto de la Torre salpica al edil de Urbanismo
MÁLAGAHOY* : La decisión del juzgado nº14 de Málaga de investigar la presunta comisión de un delito de cohecho en la adjudicación de la piscina municipal de Puerto de la Torre salpicó ayer al concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga, Manuel Díaz. Como informó la cadena Ser, uno de los concesionarios declaró ante la Fiscalía de Málaga que fue el propio edil quien le animó a presentarse al concurso y le presentó a un mediador para buscar a un socio con el que concurrir. Díaz, por su parte, reconoció que este adjudicatario, es un "íntimo amigo de su familia", pero negó que fuera él quien le avisara del concurso. La piscina del Puerto de la Torre se adjudicó a una unión temporal de empresas integrada por Explotación y Desarrollo de Servicios SL e Incomar Blue SL, una constructora y otra experta en gestión de instalaciones deportivas.
Según la cadena Ser, uno de los extremos que aparece en la documentación entregada al juez del caso tiene que ver con la adquisición por parte del concejal de Urbanismo del todoterreno propiedad de uno de los adjudicatarios de la piscina. Díaz admitió que le compró el coche a ese empresario y aseguró que dispone de toda la documentación que acredita que lo pagó, y que en total fueron 26.000 euros.
En la documentación en poder del juez también se recogen unas obras realizadas en una de las viviendas del concejal de Urbanismo. Se trata de una reforma, por valor de unos 10.000 euros, que llevaron a cabo unos trabajadores que días antes eran operarios de Urbacon, Desarrollos Urbano, una empresa vinculada al presunto mediador en la adjudicación de la piscina.
El concejal reconoció que el supuesto mediador fue quien le recomendó los trabajadores que realizaron las obras en su casa. Díaz negó que existiera trato de favor en la concesión de esta piscina y aseguró que difícilmente pudo darse irregularidad alguna cuando sólo una oferta se presentó al concurso público. "Antonio López sobre todo es amigo de mi hermano. Tenía una relación bastante cercana, lógicamente, por extensión. Yo también tenía conocimiento de ello, pero no hay ninguna relación entre el procedimiento de adjudicación y mi posible conocimiento", dijo el edil a la emisora. El concejal, además, negó que le animara a concursar: "El señor López tiene ya constancia de que va a salir el concurso de piscinas en tanto en cuanto que ya tenía algunas adjudicaciones de fundación deportiva, en concreto en la piscina de Malasaña y El Torcal con temas de socorrismo. Por tanto él, que se mueve en este mundo de gestión deportiva, lógicamente tiene conocimiento de que se está terminando una piscina y que va a salir la gestión a concurso como la de Cruz de Humilladero. Entonces él se interesa y viene a la Gerencia, como todo el mundo que está interesado, recoge el pliego, lo estudia y ya valora presentar las ofertas".
* Málaga Hoy - 11.02.11
Foto: Inauguración de la piscina de Puerto de la Torre, en marzo de 2009.- malagahoy
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Argentina.- Ladrillos sin concursos
LAVOZ/Córdoba* : Crece el reclamo para que Córdoba comience a respetar algún mecanismo de transparencia a la hora de las ideas y diseños para sus nuevas construcciones públicas. Hace pocos días, la provincia se inflamaba con las novedades de la demolición de la vieja Casa de las Tejas, el escenario por donde los cordobeses hicieron o vieron desfilar a los gobernadores e interventores del último medio siglo. Que se tiraba abajo un recuerdo de Eva Perón, que los trabajos no contaban con autorización, que a los escombros los arrojaban en las barrancas de La Cañada. En medio de ese torbellino de denuncias y explicaciones, hubo quienes prefirieron poner la mirada en la manera en que se estaba llevando adelante la nueva obra prometida a cambio de la vieja edificación: el Parque Las Tejas.
Como viene ocurriendo en Córdoba hace muchos años, el Parque Las Tejas, al igual que muchas otras grandes obras públicas, fue el producto de una arbitrariedad oficial. Arbitrariedad en el sentido de que nuevamente una repartición gubernamental tomó la decisión de cómo será una obra pública con la que deberán convivir durante décadas o por el resto de sus vidas los habitantes de una ciudad. Esto sin haber abierto el juego para que la versión final sea un producto participado.
Albañilería pública. Córdoba es una provincia donde los proyectos de las grandes obras públicas no son concursados. Es una provincia donde los mejores emprendimientos los realizan, muchas veces, quienes tienen mejor capacidad de lobby o cuentan con llegada directa al poder. Pese a los ejemplos de otras ciudades y países, que convocan a amplios concursos públicos cuando deciden realizar una gran obra, Córdoba parece impermeable.
Lo que suena como un reclamo sectorial, propio de arquitectos que velan por asegurarse trabajos o para que se reparta mejor la torta de los fondos oficiales, en realidad revela una manera de administrar los recursos públicos. Habla sobre qué tan democrática es una sociedad y sobre la calidad de la participación de la que gozan sus habitantes.
Hoy, la capital provincial está envuelta por el entusiasmo de la nueva albañilería sustentada con dineros públicos. Donde estaba la vieja Casa de Gobierno ahora comenzará a brotar el Parque Las Tejas. Junto a la estación ferroviaria Mitre, surgirán la torre de 12 pisos y los dos nuevos puentes del Centro Cívico del Bicentenario. A pocos metros, se inaugurará la nueva Terminal de Ómnibus y, a unas cuadras de allí, nacerá el nuevo Archivo Histórico y Centro de Interpretación, que vendrán al mundo del ladrillo acompañados por un faro luminoso de 90 metros de altura.
Siempre en la misma zona de la ciudad, donde el precio del metro cuadrado hace años que parece no tener techo, la anterior administración, del mismo signo político, inauguró el nuevo Museo de Bellas Artes Emilio Caraffa, el Museo Superior de Bellas Artes Evita, el Museo de Ciencias Naturales y el Paseo del Buen Pastor. Antes de que el actual gobernador se vaya, se espera que alcanzará su cota la pulsión que llevó a adoquinar con pórfido patagónico todo el recorrido histórico de la zona céntrica de la ciudad, más la avenida Yrigoyen. El pórfido también cubrirá la plazoleta Vélez Sársfield, el nudo vial frente al Patio Olmos, la zona del monumento al Dante, en el parque Sarmiento, y el área bohemia del Paseo de las Artes.
Casi todas estas obras, que insumieron o insumirán un presupuesto global de varios cientos de millones de dólares, no fueron concursadas. Casi todas fueron realizadas por estudios o por profesionales que ganaron las obras ya sea por una decisión personal de los funcionarios o por su cercanía con los grupos empresarios que las propusieron y construyeron. Desde el Colegio de Arquitectos de la Provincia, su presidente, Jorge Monti, y su secretaria general, Rosa Santillán, señalan que el concurso es el mejor mecanismo para avanzar sobre las obras de interés público. “El concurso –destacan– es un mecanismo democrático que permite la libre participación, garantiza la transparencia y la ecuanimidad, y otorga grandes oportunidades a los profesionales más jóvenes, junto con aquellos de mayor experiencia”.
Sin leyes. Córdoba no cuenta con un mecanismo legal que asegure esa transparencia y participación a la hora de construir las grandes obras públicas. Diferente es lo que ocurre en Buenos Aires, donde existe una ley de transparencia de la contratación pública de servicios profesionales de arquitectura, paisajismo, urbanismo e ingeniería civil, llamada precisamente “ley de transparencia”. También en la tercera gran urbe argentina, Rosario, las prácticas apuntan a favorecer la realización de concursos.
En la nación, la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (Fadea) cuenta hace cuatro años con un reglamento de concursos, al que podría adherir cualquier gobierno cada vez que resuelve construir una gran obra pública. Ese reglamento hace hincapié en que las obras no deben lesionar el patrimonio arquitectónico ni urbanístico, tema que ha sido una discusión constante en Córdoba en los últimos años, a partir de las polémicas que provocaron algunos emprendimientos.
Un grupo de jóvenes arquitectos trabaja hace tiempo para fortalecer el consenso de que Córdoba debe contar con su propia ley sobre transparencia. Algunos anteproyectos ya están circulando para ser propuestos ante la Legislatura. “En la situación actual, los cordobeses no tienen noción sobre cómo se va a llevar adelante el crecimiento de la ciudad. Uno ve nuevos desarrollos, pero no sabe qué tipo de proyecto tienen en mente quienes lo realizan”, dice el arquitecto Joaquín Alarcia. “Es necesario pensar en una continuidad que vaya más allá de los gobiernos y todos tenemos que tener presencia en este tipo de decisiones, no sólo el Gobierno y los desarrollistas privados”.
El estudio cordobés más activo en los últimos emprendimientos es GGMPU Arquitectos, cuya cara más conocida es el arquitecto Jorge Morini. Este estudio está vinculado a la empresa Electroingeniería y asombra la lista de grandes obras que diseñó en los últimos tiempos: el Centro Cívico del Bicentenario, el Museo de Bellas Artes en el ex Palacio Ferreyra, la nueva Terminal de Ómnibus, el Atelier de la Ciudad de las Artes, Tribunales II, etcétera. Desde el estudio, no quisieron opinar sobre el tema de esta nota.
Ganar “tiempo y dinero”. Adrián Manavella, profesor de Diseño Arquitectónico V, sostiene que “los concursos de arquitectura, si están bien organizados, son el mejor modo de tener la propuesta más conveniente para resolver una necesidad relacionada con algún problema de habitabilidad. Hacen falta especialistas que, en las instancias previas, definan el problema con perfecta claridad, contar con bases bien redactadas y con jurados reconocidos y asegurar que el concurso estará protegido por los mecanismos de control y anonimato que garanticen la equidad de la competencia”.
Para Manavella, el concurso “genera el escenario por excelencia para la compulsa de ideas. Las gestiones gubernamentales que apelan a este sistema con éxito disipan las dudas sobre la transparencia y la calidad de las decisiones”.
Desde el Gobierno provincial, en las últimas semanas repitieron varias veces los dichos del ministro de Obras Públicas, Hugo Testa, quien no sólo pasó por encima la falta de concurso, sino también la ausencia de licitación para obras millonarias como el Parque Las Tejas. “Ganamos tiempo y dinero”, explicó el ministro. Testa elogió que el Gobierno asumiera “rápidamente la ejecución de la obra sin tanto proceso burocrático”, porque “la papelería también tiene su costo”.
La arquitecta Inés Moisset, coordinadora de la Maestría en Diseño de Procesos en la UCC, recalca que “la ciudad es un asunto de todos y las decisiones sobre su funcionamiento deben ser debatidas por sus ciudadanos. ¿Cómo se define dónde es necesario un parque? ¿Hace falta abrir una calle en tal sitio? La definición de problemas, prioridades y recursos se puede canalizar a través de mecanismos de participación ciudadana. En ciudades como Porto Alegre o Rosario se ha avanzado muchísimo en eso. En Colombia, la inversión estatal en arquitectura va a los sectores con más necesidades. En Buenos Aires, está el proyecto para transformar la Villa 31 en un barrio, surgido como investigación dentro de la UBA y se lleva a cabo a través de una ley de la ciudad que instrumenta una mesa de gestión participativa”.
Por ahora, los concursos siguen siendo una rara avis que confirma la regla. El futuro Archivo Histórico y su faro que se levantará en el Parque Sarmiento, el Concejo Deliberante de la ciudad de Córdoba, el Centro Cultural de la UNC frente al Colegio Monserrat, la Plaza de la Capitalidad que debía construirse junto al complejo Capitalinas, son algunas de las escasas iniciativas concursadas, que hasta ahora han sido gotas arrojadas a un mar de ladrillos con formas y tamaños decididos de antemano.
* La Voz - Sergio Carreras - 6.02.11
Foto: Córdoba (Argentina), construcción - lavoz
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Tema: NOTICIAS Latinoamérica
La caída de precios hace la vivienda más accesible, pero no para los jóvenes
LAVANGUARDIA* : La bajada del precio de la vivienda, de cerca de un 18% desde los máximos que alcanzó en el año 2007, no ha beneficiado a los jóvenes que desean emanciparse. Según los datos del Observatorio Joven de la Vivienda en España, aunque ahora la cuota de la hipoteca consume sólo el 36% del sueldo del hogar cuando está formado por dos personas que trabajan (y es un porcentaje muy similar al 34% que ya supone pagar un alquiler), la necesidad de aportar el 30% del importe de la vivienda como entrada impide comprar a los jóvenes. “La entrada impide la adquisición de una vivienda, libre o protegida, incluso demostrando una regularidad de ingresos corrientes con los que asumir el pago mensual de las cuotas”, señala el estudio, que recuerda que ahora la entrada media equivale al salario de 2,5 años de una pareja… y que no hay vías alternativas al ahorro previo para financiarla. La entrada debe cubrir el 20% del precio de la vivienda que no cubre la hipoteca y el 10% de gastos asociados a la compra.
Para una pareja joven (cuyos miembros tengan menos de 34 años), el precio de una vivienda asumible es de unos 153.000 euros y deben aportar de entrada, por tanto, más de 55.000 euros. “Antes, en contextos de bonanza económica, la red de apoyo intergeneracional permitió a menudo que los familiares más cercanos sufragaran total o parcialmente la entrada. Bajo la forma de donación directa o créditos más o menos informales. En periodos de recesión y disparo del ahorro, estos flujos monetarios son más restrictivos”, señala el estudio.
Los bancos, por su parte, que antes estaban más abiertos a financiar más del 80% del valor de tasación de la vivienda, son “cada vez más exigentes, debido a su estrategia de asegurar al máximo la viabilidad de sus operaciones”. Y en esa prudencia tiene un impacto tremendamente negativo la precariedad laboral de los jóvenes: el 37,4% de los menores de 34 años que hoy trabajan tiene un contrato temporal, frente al 16,4% de los que superan esa edad.
El estudio recuerda que la principal barrera para la emancipación de los jóvenes es ahora mismo el empleo, cuando antes de la crisis, por el contrario, era la carestía de la vivienda.Y es que ahora trabaja sólo el 57,4% de los menores de 34 años, cuando hace dos años estaban empleados más del 70% de ellos. No sólo se ha disparado el número de jóvenes en paro (ya son 2,2 millones, el 26,3% del total), sino que otros 40.000 que hace un año trabajaban ahora, tras perder el empleo, han reemprendido los estudios.
Así, señala el Observatorio Joven de la Vivienda, por primera vez desde que se elabora el estudio ha caído la tasa de emancipación, es decir el porcentaje de jóvenes que han dejado de vivir en casa de sus padres, y ha pasado de casi el 47% que se alcanzó antes de la crisis al 45,8%. Ahora hay 264.000 jóvenes más que hace un año viviendo en casa de sus padres, un fenómeno que ha afectado sobre todo a los nacidos en los años ochenta: casi un 10% de los jóvenes de entre 22 y 30 años ha vuelto con su familia. El estudio señala que además de las multiplicaciones de “trayectorias residenciales truncadas” por la crisis, en la reducción del número de jóvenes emancipados ha influido también la emigración de algunos fuera del país, generalmente en busca de empleo.
* La Vanguardia - 7.02.11
Foto: Vivienda Digna, pancarta (archivo)- tener una casa es un derecho
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11.2.11
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Tema: NOTICIAS VIVIENDA
Italia limita el uso del coche y en España se minimiza el problema
ELPAÍS* : La concejal de Medio Ambiente de Madrid, Ana Botella, lleva días restando importancia al problema de la contaminación de la capital: "El paro asfixia más", aseguró el miércoles. Ayer se ratificó y añadió que las propuestas para cerrar al tráfico la capital son "innecesarias" y supondrían "un gran impacto económico". El problema no existe. La alarma es exagerada. Su homólogo en Roma, Marco Visconti, sí reconoce que los niveles de contaminación son excesivos. De ahí que ayer, por cuarto día consecutivo, ordenara prohibir el paso a los vehículos más contaminantes. El mismo anticiclón afecta a España y a Italia, pero la respuesta en cada país es muy diferente. Más allá de si en Roma ha servido de algo la prohibición -en el centro nadie controlaba y el volumen de coches era más alto que un día normal, seguramente por la huelga de metro y autobús-, lo cierto es que junto con Milán, Turín y Nápoles, la capital italiana ha tomado medidas urgentes contra la contaminación. El peor problema de Roma estos días son las partículas en suspensión -no tanto el dióxido de nitrógeno que azota Madrid-.
Ayer todas las estaciones de la red romana superaron los niveles máximos de partículas. En dos estaciones se alcanzaron los 98 microgramos por metro cúbico, cuando el límite está en 50. Madrid registró el pasado viernes 57 microgramos de partículas de media en su red, por encima de los 50 microgramos a partir de los cuales Roma considera tomar medidas.
En Italia, la peor situación se vive en Milán, que se encuentra fuera de la normativa europea, con casi 200 microgramos de polvo en suspensión por metro cúbico, y ha agotado ya, desde el 1 de enero, los 35 días de exceso anual que permite la directiva europea.
Milán y su provincia, según comenta el profesor de la Universidad Bocconi Edoardo Croci, ex concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento, "se encuentran en este momento desbordadas" por la contaminación. Tras prohibir durante dos domingos seguidos el tráfico rodado en la ciudad, sin resultados apreciables, la asamblea de alcaldes de la provincia italiana suprimió ayer esa medida. Croci ve paralelismos entre la situación de Madrid y la de Milán. "En Milán el dióxido de nitrógeno lleva varios días en niveles muy elevados. Desde el día 6 al 10 de este mes, cuatro de las ocho estaciones de la ciudad han registrado cifras superiores a los 200 microgramos, que es el nivel que indica que hay que poner en marcha medidas de prevención". Ayer, la cifra más alta fue de 339 microgramos por metro cúbico, no lejos de los 400 que la UE considera de riesgo para la salud. Madrid ha llegado a tener estos días siete estaciones que marcaban más de 200 microgramos a la vez y el pasado domingo a las 22.00, la estación de Ramón y Cajal llegó a medir 395.
El ensayo/error preside la gestión de la emergencia. Los alcaldes improvisan restricciones al tráfico a los vehículos más contaminantes, pero pocos ciudadanos parecen conocer o cumplir las ordenanzas. Los alcaldes milaneses decidieron ayer no introducir las matrículas alternas hasta que la vecina Brescia, que ya prueba el sistema, compruebe si funciona.
Las medidas serán más o menos efectivas, pero existen. En Nápoles, se limitó el tráfico ayer y hoy entre las 7.30 y las 17.30, pero no se publicitó y quizá por eso ayer no se notó. Nápoles ha decidido también vetar a partir de hoy la circulación de los coches y las motos más contaminantes. Los autos diésel podrán circular solamente si a bordo viajan tres personas como mínimo. En paralelo, el Ayuntamiento ha subido un 20% el precio de los transportes públicos urbanos, y para completar la vena surrealista, los instrumentos de medición afirman que el lugar más contaminado de la ciudad es el bosque de Capodimonte, que en teoría es el enclave más verde. Bérgamo cerrará el centro histórico a los coches entre las 10.00 y las 18.00. Y Turín y su periferia industrial restringirán el tráfico rodado el domingo 20 de febrero (iba a ser el 13 pero se ha retrasado una semana).
La comparación con España arroja algunas coincidencias pero quizá más diferencias. El Ayuntamiento de Madrid argumenta que en la capital no se ha superado ningún límite legal . El nivel de aviso a la población para dióxido de nitrógeno se activa cuando dos estaciones de la misma zona superan los 250 microgramos por metro cúbico en dos horas seguidas. Esa situación no se ha producido, pero durante estos días ha habido picos de 300 y hasta casi 400 microgramos en algunos puntos. Tres estaciones de medición ya han superado el máximo que les permite Europa para todo un año. Ni Madrid ni Barcelona cumplieron en 2010 los límites fijados por Europa, pero la Comunidad de Madrid acusa a Ecologistas en Acción de alarmistas por insistir en la mala calidad del aire.
La política vive de gestos y declaraciones. En general, los miembros del Gobierno acusan al Ayuntamiento de Madrid de fomentar el uso del coche -el ministro Miguel Sebastián le acusó de "atraer coches al centro" y de ser "poco serio" con la polución-. Mientras, los políticos de Madrid culpan al Gobierno por primar fiscalmente al diésel y esperan a que el viento disperse la nube negra.
La reunión ayer entre la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar, y el presidente de la Federación de Municipios, Pedro Castro, acabó con pocas medidas concretas para combatir la contaminación de las ciudades. Se comprometieron a colaborar en la elaboración del plan nacional de calidad del aire previsto en un real decreto que el Consejo de Ministros aprobó el 28 de enero. La ministra confirmó que ha retomado la idea de reformar los impuestos relacionados con el automóvil para penalizar a los vehículos más contaminantes. Y aseguró que propondrá a los otros ministerios que tienen competencias, "ya que Economía y Hacienda e Industria tienen mucho que decir", que vayan estudiando una reforma.
El aire sucio envuelve la política
- Ana Botella, edil de Medio Ambiente de Madrid: "Que le pregunten al 20% de parados si le preocupa la contaminación. El paro sí asfixia".
- Ignacio González, vicepresidente de Madrid, definió la contaminación como un "fenómeno natural" propio de esta época del año.
- Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que ayer se reunió en Madrid con la ministra de Medio Ambiente, Rosa Aguilar: "Venía a Madrid con los pulmones oxigenados y tan solo una hora después ya noto la polución en la garganta y tengo problemas para hablar".
- Rosa Aguilar, ministra de Medio Ambiente, sobre un posible cambio fiscal para penalizar a los coches más sucios: "El Gobierno no piensa en recaudar más, sino en contribuir a mejorar la calidad del aire en la parte que le corresponde".
- Cristina Garmendia, ministra de Ciencia: "No podemos vivir con este nivel de contaminación".
- Miguel Sebastián, ministro de Industria: "La responsabilidad de mantener el aire limpio es de los Ayuntamientos, pero algunos se escaquean".
* El País - 11.02.11
Foto: Madrid, contaminacion_ciudad, 4 torres- elpais
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Tema: NOTICIAS Cataluña , NOTICIAS Madrid , NOTICIAS URBANISMO
ONG denuncian que la reforma de la Ley de Costas pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral
EUROPAPRESS* : Ecologistas en Acción, Greenpeace y WWF han denunciado que con las dos Proposiciones de Ley, promovidas por CiU y PP, que se discuten en el Senado para reformar la Ley de Costas, se pretende consolidar el "urbanismo descontrolado" en el litoral. Asimismo, las organizaciones ecologistas consideran que esta maniobra política es "un nuevo ataque al derecho del uso público de la costa". El coordinador de Medio Marino de Ecologistas en Acción, Jorge Sáez, ha señalado que "los distintos grupos políticos están constantemente promoviendo rebajas a la carta en la Ley de Costas, el principal marco jurídico de protección del litoral y la única garantía de uso público de los espacios costeros". Igualmente, ha advertido de que "si estas Proposiciones de Ley salen adelante, cada Comunidad Autónoma podrá decidir los espacios costeros que serán privatizados y se abrirá una nueva vía legal de especulación en la costa".
En concreto, ha explicado que la Proposición de Ley del PP tiene como objetivo "perpetuar indefinidamente las concesiones", lo que permitiría el uso privado del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT).
Por su parte, la responsable de Costas de Greenpeace, Pilar Marcos, ha indicado que estas modificaciones supondrían un "inadmisible retroceso de 20 años en las políticas de protección ambiental". Además, ha subrayado que la Proposición de CiU promueve "redefinir los espacios litorales que pertenecen al DPMT". En ese sentido, ha subrayado que pretenden, bajo el concepto de 'ciudad navegable', que urbanizaciones como la Marina d'Empuriabrava (Castelló d'Empuries), los Canales y Urbanización de Santa Margarida (Roses) y la Playa de S'Abanel escapen a la Ley de Costas.
El director del Programa Marino de WWF, José Luis García, ha destacado que "no se puede permitir la revisión de la Ley de Costas a la carta con el fin de garantizar los diferentes intereses privados". La definición de 'ciudad navegable' se podría extender a multitud de espacios en toda la costa española, lo que "provocaría un claro proceso de privatización de la costa", ha concluido.
Finalmente, las organizaciones ecologistas recuerdan que el objetivo de la Ley de Costas es garantizar la protección de la costa y el interés público y libre acceso a playas y acantilados españoles. Por ello, exigen a los grupos parlamentarios que "rechacen estos nuevos intentos de degradar la Ley de Costa y dejar indefenso el litoral".
* Europa Press - 9.02.11
Foto: Empuriabrava (Girona), deslinde costa - lavanguardia
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11.2.11
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Tema: NOTICIAS URBANISMO
Un juez investigará al alcalde de Manises por prevaricación
LASPROVINCIAS/Valencia* : La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido revocar la inadmisión a trámite de una querella presentada por la Comunidad de Regantes de la Acequia de Manises contra el alcalde de la localidad, Enrique Crespo, y la concejal de Urbanismo, Amparo Valldecabres, por «los delitos de prevaricación administrativa, desobediencia y usurpación, entre otros». Los hechos se remontan a hace un año, cuando el Ayuntamiento puso en marcha unas obras de construcción de una tubería que debía recoger las aguas pluviales cerca de la plaza de la Leña, en una zona que delimita con la huerta del municipio. Los trabajos cruzaron la acequia de Manises sin que «en ningún momento se pidiera permiso a la comunidad de regantes, propietaria de esa conducción».
Según el secretario de la comunidad de regantes, Juan Sanmartín, la Audiencia sí ha visto indicios de delito, ya que el Consistorio realizó «una expropiación ilegal, y además cometió un delito de desobediencia», después de que un juez «ordenara paralizar la obra sin que hubiera una respuesta por parte del Ayuntamiento».
Según el auto de la Audiencia, «existen al menos indicios que podrían dar pie a considerar algunas de las conductas constitutivas de delito. La comunidad de regantes tiene una serie de derechos adquiridos que merecen unas mínimas diligencias de investigación en el marco del proceso penal, para poder clarificar en un principio los indicios racionales de criminalidad».
Conversaciones
Sanmartín explicó que durante el proceso que duró las obras se intentaron mantener conversaciones con el Consistorio «para que realizara de forma correcta unos trabajos que afectaban a una acequia centenaria».
Sin embargo, el secretario de la comunidad de regantes acusó al Consistorio de no tomar en cuenta, ni siquiera una orden de paralización del proyecto por parte de un juez, por lo cual también se acusa al alcalde y a su edil de Urbanismo de un delito de desobediencia civil.
* Las Provincia - 10.02.11
Foto: Manises (Valencia), ayuntamiento - noticiesdevalencia
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Tema: NOTICIAS C.Valenciana
El ladrillazo tras el ´Prestige´
LAOPINIÓN/A Coruña* : El efecto Marbella parece haberse extendido a Galicia. La fiebre del urbanismo desaforado en la comunidad alcanzó también a la zona cero del Prestige. Las ayudas por la mayor catástrofe ecológica que sufrió la costa gallega dieron paso al boom inmobiliario en A Costa da Morte, donde municipios como el de Fisterra experimentaron desde la marea negra de noviembre de 2002 una construcción desenfrenada de urbanizaciones que en su mayoría permanecen desocupadas. El boom urbanístico de los últimos años sitúa a Galicia como una de las comunidades más afectadas por la marbellización de su territorio. Junto con los ayuntamientos de Fisterra, Cee y Mazaricos, ahora en el punto de vista de la Justicia por un presunto delito de prevaricación y cohecho, decenas de municipios gallegos están bajo sospecha. Y con ellos, más de un centenar de alcaldes, concejales y diputados provinciales.
En los últimos años, la Fiscalía Superior de Galicia ha abierto cerca de un centenar de investigaciones contra políticos de la comunidad, la gran mayoría relacionados con delitos urbanísticos. Las últimas a tres regidores, dos ediles y tres empresarios de A Costa da Morte.
Oleiros, Gondomar, Nigrán, Castro de Rei, Cospeito, Barreiros, Foz... Y ahora, Fisterra, Cee y Mazaricos. La corrupción no entiende de colores políticos. En ayuntamientos gobernados por PP, PSdeG, BNG, o independientes, alcaldes y concejales se han visto salpicados por algún escándalo urbanístico. La mayoría de las causas abiertas por la Justicia gallega en los últimos años corresponden a cargos del PP (54%), seguidas de políticos del PSdeG (35%).
Una de las últimas operaciones contra cargos públicos en la comunidad, fue la practicada en el ayuntamiento lucense de Castro de Rei. El despliegue policial en este municipio de apenas 5.800 habitantes fue similar al utilizado en la operación Orquesta el lunes en A Costa da Morte. En octubre de 2009, la Policía arrestó al alcalde de Castro de Rei, el socialista José Díaz Valiño, y a tres concejales -dos del PSdeG y uno de Terra Galega-.
En Oleiros, el alcalde, Ángel García Seoane, también fue citado a declarar como imputado en el procedimiento abierto tras la denuncia que presentó contra él la Fiscalía del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La investigación fue abierta a raíz de informaciones publicadas por este diario sobre sus supuestos negocios inmobiliarios. En Arteixo, la Fiscalía también estudió la situación creada en el Ayuntamiento como consecuencia de las actividades inmobiliarias llevadas a cabo por el anterior alcalde, Manuel Pose, a través de empresas constructoras de las que era propietario y que trabajaban para el municipio.
En Gondomar, dos ediles del ayuntamiento, la novia de uno de ellos y un arquitecto fueron detenidos en 2007 por un delito de cohecho que los relacionaba con unos supuestos sobornos a funcionarios y el cobro de comisiones por la concesión de diversas licencias urbanísticas.
En Nigrán, la Fiscalía también presentó una denuncia penal contra el alcalde Alfredo Rodríguez y cinco ediles por un supuesto delito de recalificación de doce fincas adquiridas por el presidente del Celta.
* La Opinión A Coruña - 2.02.11
Foto: Fisterra - centros.edu.xunta.es
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Tema: NOTICIAS Galicia
El Ministerio de Medio Ambiente debe hacer mucho más
ECOLOGISTASENACCIÓN* : El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM) ha mantenido durante años una actitud de atonía y de condescendencia con las administraciones autonómicas y locales infractoras en materia de calidad del aire. Por ello, Ecologistas en Acción le exige un papel mucho más activo en la tarea de garantizar que los españoles podamos respirar aire limpio. En este sentido, se aportan una serie de medidas que, a juicio de la organización ecologista, se deberían poner en marcha lo antes posible. A pesar de lo que afirman, muchas autoridades locales y autonómicas, una y otra vez –que nuestra calidad del aire es buena y que los ecologistas somos “alarmistas”– lo cierto es que los estudios científicos concluyen justo lo contrario. Pero más diáfano aún resulta el hecho de que la Comisión Europea va a llevar al Estado español ante el Tribunal de Justicia Europeo por incumplimiento de la legislación de calidad del aire. Esta situación se viene dando desde hace años ante la escasa y timorata actividad del MARM para exigir el cumplimiento de la legislación ante las administraciones autonómicas, que son las competentes en la materia. El MARM puede y debe hacer mucho más para que los ciudadanos y ciudadanas españoles respiremos aire saludable.
Entre otras acciones que puede y debe adoptar, Ecologistas en Acción señala al Ministerio de Rosa Aguilar las que considera más relevantes:
- Elaborar y poner en marcha un Plan estatal de reducción de la contaminación, algo a lo que está obligado según el artículo 16.1 de la vigente Ley 34/2007 de calidad del aire. Este plan debe contener exigencias tajantes a las Comunidades Autónomas (CC AA) y Ayuntamientos en cuanto a la adopción de protocolos y medidas eficaces para reducir la polución.
- Elaborar y poner en marcha la Ley de Movilidad Sostenible, algo que se aplaza una y otra vez, a pesar de la evidencia de que reducir el tráfico es sinónimo de reducir la contaminación.
- Facilitar el acceso a los datos de contaminación de todas las ciudades y CC AA españolas a través de una página Web centralizada, que permita conocer la situación en cualquier lugar desde un único punto y con criterios homogéneos (hay páginas Web municipales y autonómicas que ponen como tolerables niveles que en otros lugares se consideran malsanos, etc.)
- Que el Ministerio denuncie a las CC AA o Ayuntamientos más infractores. Es una obligación para con los habitantes de estas zonas, que no tienen porqué sufrir en su salud la inacción de sus administradores.
- Auditar la correcta ubicación de las estaciones de medición. Hay demasiada picaresca para enmascarar la contaminación por el procedimiento de no medirla adecuadamente.
- Auditar los planes de reducción de la contaminación de las distintas CC AA (tanto en su diseño como en su puesta en práctica), claro que para eso es necesario que existan previamente, lo que no es el caso en la mayor parte de las ocasiones. También es necesario que se establezcan mecanismos de participación en el seguimiento de los planes de calidad del aire, en los que podamos participar las organizaciones ecologistas y ciudadanas.
- Servir realmente de contrapeso ambiental a las políticas insostenibles del Ministerio de Fomento, que están en la base de la creciente utilización del coche (crisis aparte) en nuestras áreas metropolitanas por su política desarrollista de autovías. Por ejemplo, a pesar de que la Comunidad de Madrid es récord europeo en kilómetros de autovías en relación a su superficie, a la población y al número de vehículos, récord en contaminación… Fomento está construyendo la nueva Radial-1 mientras sigue guardando en un cajón los proyectos de carriles Bus-VAO en las carreteras radiales.
En definitiva, Ecologistas en Acción exige al MARM que mantenga un perfil más activo y beligerante del mantenido hasta hace poco contra la contaminación atmosférica, para garantizar nuestro derecho a respirar aire limpio.
* Ecologistas en Acción - 10.02.11
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Tema: ARTÍCULOS URBANISMO , COLABORACIONES , NOTICIAS URBANISMO
El juez del "caso Gürtel" imputa al actual alcalde de Boadilla
LAINFORMACIÓN* : El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar en calidad de imputado el próximo día 16 al actual alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, del PP. En una providencia a la que ha tenido acceso EFE, Pedreira considera a Siguero presunto autor de los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación y tráfico de influencias. Además señala que le interrogará "por su posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se le imputan" al exalcalde de esta localidad Arturo González Panero. El magistrado ha tomado la decisión de imputar a Siguero tras estudiar los últimos informes policiales sobre los contratos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte con empresas de la trama de corrupción presuntamente dirigida por Francisco Correa.
En uno de esos informes remitidos a Pedreira el pasado mes de agosto, la Policía pidió la detención de Siguero y otros tres exasesores del Gobierno de la Comunidad de Madrid por intervenir en la adjudicación irregular de contratos a sociedades vinculadas con la red "Gürtel", aunque la Fiscalía Anticorrupción se opuso a esta medida.
La Unidad de Delincuencia y Económica Fiscal (UDEF) remitió al juez Pedreira los documentos intervenidos en los registros practicados en el Ayuntamiento de Boadilla, entre los que figuran facturas y contratos con varias empresas de Correa, como Servimadrid Integral y Easy Concept Comunicación.
En otro de los informes de la UDEF relacionado con la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, que también fue adjudicada al grupo de Correa, se afirma que Siguero, entonces concejal de Hacienda, intervino en el diseño de los pliegos técnicos y administraciones y que incluso la organización le indicó "la cantidad a proveer" en los documentos.
* La Información - EFE - 10.02.11
Foto: Boadilla del Monte (Madrid), ayuntamiento - diariodeboadilla.es
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Tema: NOTICIAS Madrid
















