Valencia.- Proveedores de Emarsa rebajaron a la mitad sus precios cuando los auditores entraron en la firma

LEVANTE* : Algo olía mal en la depuradora de Pinedo. Años de sobrecostes, gastos escandalosos y hasta facturas hinchadas habían ocasionado un déficit en las cuentas de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa) de más de 15 millones de euros. La situación era insostenible y se acercaba la Asamblea que debía aprobar las Cuentas Generales del 2009 y que descubrirían el pastel. A 20 días de este encuentro en que todo iba a salir a la luz, el gerente negoció a la baja un nuevo contrato con la firma que llevaba el mantenimiento de las estaciones del bombeo del colector Oeste, Gea Manuel. Esta empresa, que es propiedad de los cuñados del alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación por el PP, Juan José Medina, aceptó misteriosamente rebajarse sus emolumentos a casi la mitad de lo que había percibido desde 2005. En concreto, las horas de trabajo pasó de cobrarlas a 22 euros a hacerlo a 12, y por realizar las mismas tareas.

Gea Manuel entró en 1996 de la mano del concejal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Vicente Jurado, según reconoció la propia empresa a este periódico. En 2005 firmaron un contrato, rubricado por el ahora imputado por estafa Esteban Cuesta, por "la realización de todos los trabajos de mantenimiento del alumbrado de las estaciones de bombeo del colector Oeste". Cada hora trabajada la cobraban a 22 euros, una cantidad más que generosa. Cinco años después y a días de que todo saltara por los aires decidieron pactar con el gerente 10 euros menos por hora trabajada, lo que reduciría con creces los 1,6 millones que facturaron durante sus años de vinculación con la empresa pública ahora liquidada.
Tras estallar el escándalo y hacerse públicas todo tipo de irregularidades en la gestión de la depuradora se decidió liquidar Emarsa y ceder su gestión en el mes de agosto a una UTE liderada por Aguas de Valencia. La nueva concesionaria eliminó a todas las subcontratas, entre las que se encontraba la de los cuñados del alcalde de Moncada. Llama la atención que estos trabajos de mantenimiento los están realizando en estos momentos los propios trabajadores de la depuradora, con lo que están ahorrando a la planta hasta 600.000 euros al año, si nos atenemos a la facturación de Gea Manuel en 2009, el ejercicio donde se le fue la mano a los gestores de Emarsa.
Esta renegociación del contrato denota la preocupación por cerrar una herida que ya había afectado a la arteria principal la empresa pública. Y es que la crisis económica fue quien hizo estallar la burbuja de Emarsa. Mientras hubo agua que depurar y una Generalitat que pagaba puntual y generosamente, el derroche perpetrado por la dirección de Emarsa no se notó. Las cuentas cuadraban. Nadie preguntaba. Con las penurias económicas agudizadas en 2009 y 2010, los valencianos consumen menos agua y los polígonos vierten menos al Colector Oeste. Los ingresos de Emarsa caen dramáticamente, tanto como los metros cúbicos de agua sin depurar, mientras los gastos sin justificar están en pleno apogeo. Aparece el déficit de 15 millones de euros y llegan los nervios que entre otras cosas motivan la renegociación de contratos como el de Gea Manuel que debían haber salido a contrato público. A partir de ahí todo es conocido. Sueldos millonarios, facturas inverosímiles y cobros por trabajos no realizados. El fin de una empresa que podía haber sido rentable.



* Levante - 20.01.11
Foto: Valencia, Diputación - newslacostera.com

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Barcelona.- El juez investigará a CDC por el 'caso Palau', pero evita más imputaciones

ELPAÍS* : El juez Juli Solaz, cuestionado por su parsimonia en la investigación del saqueo del Palau de la Música, ha tomado una última resolución sobre el caso antes de marcharse a la Audiencia de Barcelona: ha abierto una investigación separada para aclarar si hubo financiación irregular de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución. Aunque ve "indicios de delito" por el presunto cobro de comisiones ilegales, Solaz ha decidido no imputar al ex tesorero del partido Daniel Osácar ni al actual secretario de Inmigración, Àngel Colom, como solicitaba la fiscalía. El juez ha acabado haciendo lo que, tras un cambio de criterio que ha irritado a la oposición, planteó el Consorcio del Palau de la Música: que, en caso de abrirse una pieza separada, el juez no imputara a ningún cargo de CDC. El consorcio está integrado por el Ministerio de Cultura, el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat, que tiene mayoría y esta semana envió al juez, de forma unilateral, dos escritos.

En el primero pedía que se diera carpetazo a la investigación. En el segundo solicitaba que, al menos, no hubiera nuevas imputaciones.

En su auto, el juez critica los vaivenes del consorcio, que bajo el tripartito siguió la estela de la fiscalía y ahora, con el Gobierno de CiU, se ha desmarcado de ella. Su posición "cambiante y particularmente confusa" sitúa al órgano rector del Palau en una "completa desorientación" que, a su juicio, "en nada facilita la investigación". El juez recuerda que la fundación y el Orfeó se opusieron a la investigación de algunos hechos -pese a ser perjudicados por el expolio-, lo que "obedece a motivos ajenos al ámbito judicial".

La nueva investigación se centrará en aclarar si CDC recibía pagos de la empresa Ferrovial en una trama en la que el Palau de Fèlix Millet y Jordi Montull, sus saqueadores confesos, actuó como intermediario. El juez cree que existen indicios de delito basándose en un informe de la Agencia Tributaria, que cifra en 5,9 millones de euros el dinero que fue a parar a las arcas del partido nacionalista en concepto de comisiones ilegales. Estos pagos se derivan de la adjudicación de obras públicas de envergadura, como la línea 9 del metro y la Ciudad de la Justicia. Según la fiscalía, Ferrovial aparentaba destinarlos a fines culturales.

En la trama de financiación irregular supuestamente participó "únicamente un núcleo reducido" de los imputados hasta ahora por el desfalco, por lo que el juez pide a la fiscalía que especifique quiénes son. Solaz añade que podría haber "terceras personas", pero no concreta nombres y no se pronuncia sobre las imputaciones que pide la fiscalía.

El juez acepta la petición fiscal "de forma parcial", ya que la pretensión de investigar todas las salidas de dinero en efectivo supondría "vaciar de contenido la causa principal", en la que se analiza el desvío de fondos de Millet y Montull. Antes de abandonar el Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Solaz subraya que las pesquisas sobre el saqueo están "prácticamente concluidas" y confía en que la pieza separada "agilizará" la investigación.El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, compareció a mediodía y celebró la decisión del juez Solaz de abrir una pieza separada para investigar la presunta financiación irregular de Convergència. La Generalitat quiere que "se llegue al fondo de la cuestión", dijo, y "conocer con toda profundidad y amplitud los hechos cuestionados por la fiscalía". "Somos los primeros interesados, por razones obvias, por filosofía y por transparencia", añadió. Homs, en cualquier caso, pidió que "se dejen de lado" los prejuicios de "algunos responsables políticos" y "se priorice la presunción de inocencia y el Estado de derecho". Homs también defendió los servicios jurídicos de la Generalitat y dijo que "no han variado su postura" desde el pasado mes de octubre, aunque obvió las modificaciones que se han producido en los escritos que el consorcio envió al juez.

Desde la oposición, el diputado del Partit dels Socialistes (PSC) Joan Ferran instó al presidente, Artur Mas, a que "no dé excusas" y aclare la presunta financiación irregular de Convergència. Ferran corresponsabilizó al consejero de Cultura y ex militante del PSC Ferran Mascarell de las decisiones de la Generalitat en el consorcio del Palau. En un tono más conciliador, el jefe de las filas socialistas en el Parlament, Joaquim Nadal, celebró la decisión del juez y llamó a todos los partidos a "dejar que la justicia trabaje tranquila", una petición velada de que los grupos no pidan comparecencias en el Parlament de miembros del Gobierno.

Iniciativa per Catalunya sí pidió la comparecencia en la Cámara del consejero de Cultura, Ferran Mascarell, para que dé explicaciones sobre las decisiones del consorcio. El PP señaló que la decisión de Solaz "deja en evidencia" al Gobierno de CiU, y ERC la consideró "una bofetada y un correctivo" al Gobierno.



* El País - 22.01.11
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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¡Se alcanzan las 100.000 firmas contra el Macroproyecto Hotelero en El Palmar!

SALVAR EL PALMAR/Cádiz* : La casualidad ha querido que se hayan superado esas 100.000 firmas justo al mismo tiempo que en Fitur, el Promotor del macrohotel, en compañía del Alcalde de Vejer, confiesen que siguen buscando a un socio hotelero que les acompañe en la “aventura”, y aprovechen para descalificar el movimiento de oposición al macrohotel en las redes sociales, como un “ruido” sin importancia. ¡Que falta de respeto, señores! Así desprecian a más de 100.000 personas de carne y hueso. Cien mil hombres y mujeres, con sus nombres y sus apellidos y su DNI, que no se esconden, que dan sus datos, y que están respaldando con sus firmas su total oposición al macrocomplejo hotelero en la Playa de El Palmar. Es muy posible que el Alcalde y el Promotor muestren esa insultante insensibilidad ante el compromiso solidario de miles de ciudadanos, porque en el estado actual de las cosas, ellos ya nada pierden. Ellos ya han dado el pelotazo con la recalificación de los terrenos y la vía libre para construir “133 habitaciones y 144 villas”.

Se las trae al pairo las redes sociales, o las plataformas ciudadanas. Ellos ya han hecho su negocio, ya van a tener sus bolsillos llenos... sólo les falta el paso final: que aparezca un inversor hotelero para explotar el supuesto hotel.



Por eso andan por Fitur un poco desesperados, a la “caza y captura”. No paran de buscar a ese socio hotelero que les permita forrarse. Y como no hay forma de que aparezca, se amparan en la crisis para justificar el parón del proyecto. Y de paso, siguen despreciando nuestro movimiento ciudadano.



Pero en ese desprecio se desvela EL GRAN TEMOR QUE NOS TIENEN. Ellos saben que al hipotético inversor hotelero que pueda surgir, y que en definitiva es el que va a explotar el apartohotel como negocio turístico, sí que le puede preocupar ¡y mucho! que el proyecto hotelero que le venden el Sr. Promotor y el Sr. Alcalde, tenga la frontal oposición de un poderoso movimiento ciudadano, que ya ha recogido más de 100.000 firmas REALES en contra de la construcción de ese hotel.



La Plataforma Salvar el Palmar, desde luego, no se va a quedar parada. Y si aparece ese inversor hotelero, nos encargaremos de que éste sepa desde el primer día, que enfrente tiene a miles y miles de personas movilizadas. ¿Que grupo hotelero con dos dedos de frente va a querer hacerse cargo de un complejo turístico que es rechazado frontalmente por los turistas, visitantes y admiradores que ya tiene la zona?



¡Ah! Y sobre el nombre de la criatura: “El Palmar Beach Eco-Resort”, así quieren llamarlo. Vamos a pasar por alto esa tendencia hortera a colocar el inglés a todo, con intención de sofisticarlo. Para gustos, colores. Lo que clama al cielo es lo de “Eco”. Pero Señor Alcalde, señor Promotor, ¿No lo vendieron hace un año como el más grande complejo hotelero de la costa de la Luz? ¡Ah! ¿Qué aparecieron de repente esos ecologistas tan molestos oponiéndose al proyecto? Bueno, pues no hay problema, le añadimos “Eco” al nombre, y resuelto! ¡A verdes y a sostenibles no les gana nadie!

POR FAVOR, HAY QUE SEGUIR FIRMANDO.
SI TODAVÍA NO LO HABEIS HECHO, ENTRAD EN LA PAGINA DE PELP! (WWW.SALVARELPALMAR.ES) Y DEJAD VUESTRA FIRMA. NO OLVIDÉIS MOVERLO ENTRE VUESTRAS REDES DE CONTACTOS Y AMIGOS.


* Salvar el Palmar - 21.01.11
Foto: Vejer (Cádiz), protesta Salvar el Palmar (archivo) - salvarelparmal

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La suspensión de licencias de Xàbia caduca tras 4 años sin estar aún listo el nuevo PGOU

LEVANTE/Alicante* : Xàbia fue el primer municipio de la C. Valenciana que consiguió que el Consell aplicara la medida extraordinaria de suspender parcialmente su obsoleto PGOU de 1990. Esa suspensión está vigente desde el 26 de enero de 2007. El decreto del Gobierno valenciano deja claro que estará en vigor hasta que se apruebe un nuevo Plan General y "como máximo por el periodo de cuatro años". Así pues, la suspensión de planeamiento agota sus días. El próximo miércoles cumplirá cuatro años y el actual gobierno local (Bloc-Centristes, PP y CpJ) no tiene a punto el nuevo Plan General. El pasado mes de julio aprobó y envió a la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda el documento consultivo, que no es más que un primer avance de PGOU.

Al caducar la suspensión del planeamiento, Xàbia volverá al urbanismo de hace 20 años. Sectores que está previsto desclasificar como el del Saladar recuperarán la desfasada calificación de suelo urbanizable no programado.
Pero es evidente que el gobierno local acudirá a la conselleria para que prorrogue la medida excepcional de la suspensión de licencias.
Nueva Jávea, que está en la oposición junto al PSPV, denunció ayer que "la inoperancia e incompetencia" del Bloc-Centristes y el PP no pueden tener como consecuencia que una situación extraordinaria se prolongue sine die. El portavoz de Nueva Jávea Paco Catalá ya avanzó ayer que su partido se opondrá a que se amplíe la paralización de permisos de obra. Catalá dijo que no se puede ahogar todavía más al sector de la construcción. Durante estos últimos años, sostuvo el edil, los constructores no han podido ni siquiera ejecutar pequeñas obras o reformas. Aseguró que hay amplia jurisprudencia contraria a que se prorrogue una situación "lesiva" para la economía local.



* Levante - 21.01.11
Foto: Xàbia (Alicante), vista - informacion

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La Oliva.- El pelotazo del centro de ocio BAKU

FUERTEVENTURALIMPIA* : El centro de ocio BAKU lo construyó la empresa JOCA S.A. en una parcela de uso dotacional de 159.000 m2 en la urbanización Corralejo Playa, en cuyo proyecto figuraba un presupuesto para su ejecución de unos 18 millones de euros. Dicha empresa, suscribió un contrato con el entonces alcalde de La Oliva Domingo González, para su explotación durante 50 años, con la condición de que una vez transcurrido ese tiempo dichas obras pasarían a ser propiedad municipal, teniendo que pagar además un cánon al Ayuntamiento de 3.000€ mensuales, a partir de su apertura. Cualquiera con un mínimo conocimiento de obras podrá observar que para llevar a cabo las mismas no necesitaba de un presupuesto tan elevado, ya que todo consistía en movimiento de tierras (la mayoría provenientes de la piconera de Domingo González) además de fontanería y obras menores como piscinas y algunos locales comerciales sin ninguna complejidad técnica, y que el verdadero interés estaba centrado en la hipoteca a suscribir por el importe figurado de la totalidad de las mismas para utilizar ese capital en otras inversiones urbanísticas.

Una vez finalizada la obra fue inaugurada en marzo de 2.007, con licencia de apertura concedida por Claudina Morales con el apoyo del resto de formaciones políticas (PP y PSOE). La apertura se efectuó bajo concesión administrativa a la empresa Ocio Park Corralejo S.A., perteneciente al grupo constructor Tindaya que suscribió una hipoteca con una entidad bancaria poniendo como aval las obras ejecutadas por el importe que figuraba en el proyecto, 18 millones de euros, que en nada coincidía con lo que en realidad costó.

La operación especulativa tramada por los promotores de este proyecto ha trasladado el problema hacia el Ayuntamiento de La Oliva, puesto que la empresa concesionaria ha dejado de pagar la hipoteca que suscribió con la entidad bancaria y, a su vez, ha dejado de abonar los 3.000 € que debería hacerle efectivo al Ayuntamiento de La Oliva, con lo cual la actual corporación se encuentra en una encrucijada al no poder actuar contra los concesionarios para recuperar su propiedad ya que la misma se encuentra hipotecada.


* FuerteVentura Limpia - 10.01.11
Foto: La Oliva (Fuerteventura), centro Baku - fuerteventuralimpia

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El triunfo del sentido común

PÁGINA 12* : Fue la más feroz, eficiente e influyente crítica del planeamiento urbano en Estados Unidos, la creadora de un nuevo paradigma. Y era una mujer diminuta, amable, bastante idealista, estupenda escritora y universitaria con curso incompleto. Jane Jacobs introdujo en la crítica a las ciudades algo que faltaba hacía rato: el sentido común de los que viven en esas ciudades y son sus dueños. Y le bastó apenas un libro, La muerte y la vida de las grandes ciudades, para dejar como pajarones a los que siguen diciendo que los que no son arquitectos tienen que aceptar y callarse las modas de los profesionales. De un plumazo, de un librazo, Jacobs demostró qué presumido y vacío es ese slogan. Este año se cumplen cincuenta de la publicación de su primera y más famosa obra, algo que será festejado en todas las latitudes donde se piensan las ciudades.

Jacobs nació en 1916 en la ciudad minera de Scranton, en Pennsylvania, hija de un médico con una buena y próspera práctica en ese lugar de accidentes y huelgas duras. Pero la joven Butzner se aburría y apenas terminó la secundaria se tomó el tren a la gran ciudad: Nueva York se ganaba una vecina que daría que hablar.
Era la Gran Depresión y la joven Jane no tenía más que trabajos ocasionales, boyando entre el periodismo free-lance y la taquigrafía por horas. En esos años de monedero flaco se acostumbró a caminar y caminar, pasando los días libres usando y observando la ciudad, tratando de entender por qué algunas zonas funcionaban y otras no. A la vez hacía cursos sueltos de sociología y de física, su otro gran amor, en la Universidad de Columbia.

Durante la guerra pasan dos cosas que formarían su carrera. Una es que comenzó a trabajar regularmente en la prestigiosa revista Architectural Forum, donde gradualmente se especializó en urbanismo. La otra es que conoció al arquitecto Robert Jacobs, se casó y se mudó a Greenwich Village, que todavía no era un barrio bohemio y mantenía la mezcla de clases sociales, de fábricas pequeñas, talleres y residencias, que caracterizaba a la mitad inferior de la isla de Manhattan.

La segunda cosa que pasó fue que el gobierno de Nueva York descubrió el planeamiento urbano moderno en la persona de Robert Moses, el asesor del mítico intendente Fiorello La Guardia. Moses se las arregló para destruir buena parte de la escala del viejo Nueva York, construyendo torres, autopistas y túneles con fondos federales. Para los ’50, con sus hijos pequeños y ya afirmada como crítica de temas urbanos, Jacobs peleaba con Moses a cara cerrada y en términos cada vez más amplios. Es en ese momento en que comienza a trabajar en su libro, publicado en 1961.

La definición de la obra es tajante y está en el primer párrafo del primer capítulo: “Este libro es un ataque al actual planeamiento y reconstrucción urbanos. Es también, y principalmente, un intento de presentar nuevos principios de planeamiento y renovación, diferentes y hasta opuestos a los que se enseñan hoy en todas partes, de las escuelas de arquitectura a los suplementos dominicales y las revistas femeninas. Mi ataque no se basa en detalles sobre métodos de renovación o en bizantinismos sobre modas en diseño. Es, en realidad, un ataque a los principios y objetivos que han formado el planeamiento y la renovación ortodoxos de la modernidad”.

La verdadera polémica y lo que hizo de La muerte y la vida de las grandes ciudades un clásico y un texto básico es su profundo ataque a la teorización rampante. Jacobs observa la ciudad real, viendo qué funciona y qué no, y por qué. Su punto de vista es el de la vereda, el del usuario, el que vive y trabaja en el tejido urbano, el que cría niños y usa los parques, el que va trabajar y considera esa criatura original llamada ciudad su hogar y ecología naturales. Esta ciudad tiene un nivel de realismo material y es una ciudad que debe ser respetado. Jacobs no tiene demasiado uso para el esteticismo de la City Beautiful, pero lo considera parte de la ciudad por su énfasis en los parques, en el ornamento público y la calidad de los edificios. La pelea empieza con los racionalismos diversos y en particular con las teorías que consideran superior el suburbio, el barrio parque y la baja densidad. Y la pelea se agrava con el adorado Le Corbusier, a quien Jacobs considera frescamente un desubicado, y con el planeamiento moderno de autopistas y torres aisladas de su entorno.

En contraposición a renders y ciudades radiantes, Jacobs arranca desde la vereda, literalmente. El primer capítulo de su libro se titula “La particular naturaleza de las ciudades” y tiene tres secciones dedicadas a los usos de las veredas: seguridad, contacto y la asimilación de los chicos. Lo que plantea la autora es que un barrio funcionando debidamente, con la debida mezcla de usos y personas, es capaz de contener y proteger a quienes pasan por allí, sean vecinos o ajenos. Esto se explica con ejemplos muy concretos de accidentes y problemas atendidos por vecinos, de esquinas que dan miedo y esquinas donde se espera el colectivo en paz. También se habla en los mismos términos de chicos jugando en la vereda y siendo “educados” por la comunidad, y de la vereda como espacio de contacto social entre desconocidos y personas muy diferentes, que agudamente es definida como la función más importante de las ciudades.

Lo mismo se aplica a los parques, a los monoblocks, a las avenidas comerciales: razones concretas para éxitos o fracasos concretos. Jacobs hasta explica, con tanta caminata, por qué las cuadras cortas son mejores que las largas, cómo es suicida destruir el patrimonio edificado y cuánto daño hacen los autos a los barrios. El centro exacto de su utopía urbana es la diversidad, de usos y de gentes, y asumir que la función principal de una ciudad es crear contactos. Uno de sus capítulos más brillantes e influyentes es el que estudia los monobloques construidos por Moses como solución para los problemas sociales. Moses masacró barrios enteros de Nueva York, cuadras y cuadras de edificios pequeños y en mal estado donde se vivía mal y se exhibían las patologías de la vida urbana. El reemplazo fueron hectáreas de césped con bloques de departamentos aislados en sus plazas, con centros urbanos en los grandes patios internos formados por cuatro o más bloques. El resultado fue una patología urbana aún mayor, por la pérdida de todo sentido de comunidad. Los habitantes de estos edificios se vieron físicamente separados de sus vecinos, en un diseño que hacía que los transeúntes literalmente cruzaran la calle y caminaran por el otro borde, el que mantenía la normalidad de edificios variados, comercios y la línea municipal continua. Harlem quedó marcada por décadas por estos experimentos en ingeniería social.

Leída en la Argentina medio siglo después, la obra de Jacobs es un arsenal de ideas y de explicaciones contra la presunción de los teóricos y de los vagonetas en función. La pena es que su obra sea casi inaccesible entre nosotros: su libro mayor se editó en España en 1967 y se reeditó en 1973, y su segunda obra sobre urbanismo, La economía de las ciudades, se editó en 1971 por única vez. Las copias son casi inhallables y la que existe en la biblioteca de la Sociedad Central de Arquitectos no se consulta desde los ‘90. Jacobs vive en castellano en Internet y en los apuntes de ciertos profesores que les dan a sus estudiantes una salida a la ortodoxia. Lo curioso del asunto es que cada vez que se hace una audiencia pública y los vecinos explican su oposición a la última genialidad municipal, los argumentos parecen salidos de las páginas de Jacobs...

Jane Jacobs murió en Canadá en 2006, diminuta y con noventa años. Hay un premio que lleva su nombre y no es para arquitectos ni urbanistas: se lo dan sus seguidores a algún civil que haga algo por su comunidad y su barrio. Entre los ganadores figuró un almacenero que se dedicó a limpiar su esquina de vendedores de droga para que los chicos pudieran jugar ahí otra vez.




* Página 12 - Sergio Kiernan - 15.01.11
Foto:

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Análisis: Urbanismo suicida

SERGIO AGUAYO/México* : Urge ser integral en la guerra contra el crimen organizado. El Gobierno federal podría, por ejemplo, controlar por medio del Infonavit y el Fovisste el urbanismo salvaje, uno de los nutrientes del crimen organizado. En las guerras modernas el poder de fuego es sólo una de las variables. En el ya famoso diálogo entre Julio Scherer García e Ismael "El Mayo" Zambada publicado en Proceso, éste último lanza la pregunta: "El problema del narco envuelve a millones. ¿Cómo dominarlos?". Responde con un fatalismo interesado pero realista: "el narco está en la sociedad, arraigado como la corrupción" que, añado, interactúa con una cultura de la violencia que se desborda horrorizándonos. ¿De dónde sale tanto odio, tanto impulso destructivo? Para responder estas preguntas sirven los académicos y una importante dependencia federal, cuya identidad se revela al final del texto, comisionó en 2009 estudios en varias ciudades para tener un "primer acercamiento a los posibles factores" que detonan la "violencia social y de género", porque si las "violencias son construcciones sociales, económicas y culturales", en la medida en la que se les conozca será "posible realizar intervenciones para prevenirlas".

De esos estudios rescato las principales conclusiones de los trabajos sobre Aguascalientes, Guadalajara y Ciudad Juárez coordinados por Greta Papadimitrou, Guadalupe Rodríguez Gómez y Laurencio Barraza respectivamente,para consultar los trabajos ir a www.sergioaguayo.org.

El urbanismo mexicano reproduce las reglas del capitalismo de compadres: el sector privado impone la distribución geográfica y la modalidad de los nuevos asentamientos porque hay una privatización formal e informal de la tierra, de la vivienda y de la política urbanística. El Estado, o lo que queda de él, es un alcahuete al que sólo interesan el dinero que recibe por cambiar el uso de suelo o recibir obras incompletas o maltrechas.

El desorden se facilita por la rotación permanente de gobiernos locales (no hay reelección), por la degradación ética de todos los partidos y por la miopía de la autoridad federal.

Ejemplo: en la última década, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit, ha entregado más de tres millones de créditos y en sus documentos presume de "sustentabilidad", de "construcción de tejido social" y de "respeto al medioambiente". Es una retórica vacía de contenido porque las investigaciones aquí citadas muestran un panorama diferente.

En nuestras ciudades hay dispersión urbana que reproduce la segregación económica y social, ciudades-dormitorio donde no se convive y espacios públicos despersonalizados, descuidados o abandonados. Tierra de nadie en la cual es notoria la escasa presencia de las instituciones del Estado. La alternancia no ha construido el capital social que hace funcionar la democracia; ha hecho jirones el que existía.

El desarrollo económico, cuando lo hay, tampoco ha resuelto las diferencias; las ha acentuado. En suma, salvo contadas excepciones, las ciudades mexicanas no se disfrutan, se sufren.

Los vacíos se han llenado con nuevos actores sociales, entre ellos el crimen organizado. Su presencia es mayor donde tenían presencia, Guadalajara y Juárez, y donde hay dinamismo económico y nudos de comunicación. Ciudad Juárez es un caso paradigmático. Ahí llegaron las maquiladoras en los sesenta, pero el auge de empleos sólo deterioró el tejido social.

El PAN ganó la gubernatura en 1992 pero la alternancia sirvió de poco. Una de las investigadoras, Delia Brenda Acosta Beltrán incluso sostiene que la "desigualdad urbana" ha sido un mayor detonante de la delincuencia que la pobreza.

Hugo Almada escribe, por su parte, sobre las viviendas abandonadas en Ciudad Juárez, una realidad generada por la "facilidad para la obtención de créditos y la sobre-producción de vivienda de interés social" con materiales de ínfima calidad y sin infraestructura. El resultado es que "unidades enteras de estas viviendas parecen hoy pueblos fantasmas".

Las investigaciones realizadas por INCIDE Social fueron auspiciadas por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de la Secretaría de Gobernación cuyo titular, Francisco Blake Mora, es el secretario ejecutivo del Gabinete de seguridad que debería ordenar ya al Infonavit y al Fovissste que impongan condiciones más estrictas a los "desarrolladores". Ignorarlo es perpetuar el urbanismo suicida.

La miscelánea

Murió el multifacético Ario Garza Mercado de El Colegio de México. Como maestro nos enseñó la metodología de la investigación, como bibliotecario sentó cátedra y como ser humano fue excepcional. Tomo prestados algunos adjetivos de un texto de Heshmatallah Khorramzadeh: Ario fue riguroso y disciplinado, tierno y apasionado, pícaro y alburero. Difícil olvidarlo.


* Comentarios: www.sergioaguayo.org; Twitter: @sergioaguayo; Facebook: Sergio Aguayo Quezada


* Periódico Noroeste - Opinión - 20.01.11

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Atentado contra la casa de la alcaldesa de Turís por el urbanismo

ELPAÍS/Valencia* : A las 2.30 de ayer un hombre se acercó a la casa de la alcaldesa socialista de Turís, vertió dos botellas de gasolina en la puerta principal y le prendió fuego. En su interior dormían Pilar Blasco, que gobierna el municipio desde 2003, su marido y sus tres hijos. La mujer se despertó al oír ruido y dio la voz de alarma. El fuego fue sofocado rápidamente y el presunto agresor fue detenido en cuestión de dos minutos, gracias a que el retén de la policía local se encuentra a pocos metros de la casa. Lo de presunto puede parecer, en este caso, un formalismo: un agente le vio salir corriendo del lugar y las cámaras instaladas en el exterior de la comisaría grabaron su acción con todo detalle, según explicó la alcaldesa. La Guardia Civil se hizo cargo de la investigación. La hipótesis más consistente apunta al urbanismo como causa del ataque.

Turís (Ribera Alta) se encuentra a 40 kilómetros de Valencia, tiene 6.500 habitantes y ha experimentado un gran crecimiento en la última década generando numerosos conflictos. La línea se ve reforzada por el hecho de que la secretaria municipal, Victoria Amat, sufrió un ataque similar la víspera de Nochebuena. El fuego afectó en aquel caso al jardín de la casa (carbonizó un ciprés) y fue provocado con pastillas para barbacoa.

El detenido es un hombre en la treintena, alto y corpulento, conocido en Turís por su falta de equilibrio mental, afición por las drogas e historial pendenciero, según relatan fuentes municipales. La alcaldesa asegura, sin embargo, que en los últimos tiempos no había causado problemas en el municipio y que no tenía cuentas pendientes ni con ella ni con el Ayuntamiento. Fuentes de la investigación barajaron la teoría de que el hombre hubiera actuado por encargo.

El miedo era ayer palpable en el Consistorio de la población de la Ribera Alta, y resultaba especialmente intenso en el caso de la secretaria. "Tengo tres hijos y estas cosas asustan. Lo único que quiero es que se aclare y vivir en paz", afirmó. Más entera, la alcaldesa añadía: "Me han preguntado por los daños, pero los daños no me preocupan. Si la policía no llega a tiempo para apagar el fuego, allí morimos". Mientras Pilar Blasco llamaba a la policía su marido apagó, con una alfombra, el fuego que se había colado en el comedor siguiendo el reguero de gasolina."La suerte", siguió Blasco, "es que no llegó a prender las cortinas que hay al lado de la puerta, porque si no, hubiese sido muy difícil de controlar". El fuego tampoco llegó a coger lo suficiente en el exterior, y pudo ser sofocado con un extintor.

El ataque a la secretaria tampoco resultó muy profesional. Y ayudó a que no se propagase, cuenta Amat, el hecho de que tuviera lugar en una noche muy húmeda. Después de encender las pastillas, el o los responsables empotraron el coche contra el montículo de arena de una obra, aunque lograron volver a arrancarlo y escapar. Amat y su familia no descubrieron lo ocurrido hasta la mañana siguiente.

Los conflictos derivados del crecimiento urbanístico se apuntan como causa probable por fuentes de la investigación. Y la tensión que han generado la podía confirmar ayer cualquiera de los vecinos que acudía al mercado al aire libre instalado frente al Ayuntamiento en una fría y soleada mañana de enero.

El Consistorio tiene abiertos 250 expedientes por infracción urbanística, aseguró el abogado municipal Enrique Torres. En muchos casos quizá puedan cerrarse con una multa pero en otros, indicó, pueden implicar la demolición de las casas levantadas, por ejemplo, sobre suelo no urbanizable. Esa ha sido, sin duda, una fuente de malestar. Complicada por el hecho de que la aparejadora municipal está siendo investigada por los supuestos delitos de cohecho y prevaricación, según confirman desde instancias judiciales.

¿El motivo? Las infracciones urbanísticas prescriben al cabo de cuatro años. Según fuentes municipales, la aparejadora supuestamente dio por cumplido ese plazo en el caso de algunos expedientes cuando era falso: fotografías aéreas tomadas solo dos años antes mostraban que los chalés ni siquiera se habían empezado a construir.

No es la única disputa urbanística. Al ex concejal de Urbanismo, Rafael Corell, de un partido independiente que daba mayoría al PSPV en el Ayuntamiento, le fueron retiradas las competencias por la alcaldía después de que le llovieran quejas y denuncias por haber dado el visto bueno a edificios recién construidos cuando en realidad les faltaban requisitos legales básicos, lo que llevó a la compañía eléctrica a denegarles la conexión. Decenas de vecinos llevan años viviendo en esas condiciones precarias en pisos por los que pagaron 140.00 euros. Las reclamaciones se dirigen también hacia el constructor, el promotor e incluso un notario.



* El País - 22.01.11
Foto: Turis (Valencia) - mispueblos

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Piden diez años de cárcel para el ex alcalde de Gójar por delitos urbanísticos

IDEAL/Granada* : La Fiscalía pide 10 años de cárcel y 14 de inhabilitación para el exalcalde de Gójar y diputado provincial Francisco Javier Maldonado (PP) por la presunta concesión ilegal de tres casetas de aperos, la modificación de un informe técnico para darle cabida legal y la alteración del PGOU. El Juzgado de Instrucción 1 de Granada ya ha ordenado la apertura de juicio oral por esta causa, en la que también está imputado el actual alcalde de Gójar, el socialista Pedro Clavero, para quien la Fiscalía ha pedido un año de cárcel y ocho de inhabilitación por la presunta autoría de un delito contra la ordenación del territorio, imputación que ha recurrido, según ha informado en rueda de prensa. El ex alcalde está acusado de un delito contra la ordenación del territorio y dos de falsificación (uno en documento público y otro en documento oficial).

La Fiscalía pide penas que oscilan entre uno y cuatro años y medio de cárcel para el resto de los acusados: la secretaria municipal, un secretario habilitado por el Ayuntamiento en aquella época, el arquitecto municipal, la concejal de Urbanismo, el primer teniente de alcalde y dos ediles de la corporación que asistieron a la comisión informativa en la que se resolvió por unanimidad a favor de la concesión de las licencias (entre ellos el actual alcalde).
Según el Ministerio Público, los acusados acordaron conceder la licencia de las tres casetas de aperos pese a que no tenían la superficie mínima exigida en el PGOU para poder construir.
Lo hicieron además con informes desfavorables del técnico municipal y prescindiendo del informe jurídico preceptivo "a efectos de evitar que éste incidiese negativamente en la ilegalidad manifiesta", según la Fiscalía, que atribuye al ex alcalde un delito de falsificación en documento público porque supuestamente modificó el sentido del informe del técnico municipal que decía que no podían otorgarse las licencias por incumplir los requisitos del PGOU.
Falseamiento del PGOU
El otro delito de falsificación de documento oficial que le atribuye se deriva de la supuesta alteración y falseamiento del PGOU, dado que se publicó un plan de ordenación urbana que no se correspondía con el aprobado por la Comisión Provincial de Urbanismo para dar cobertura legal a las licencias otorgadas, según el fiscal.
El Ministerio Público también pide la nulidad de la norma aprobada y de las licencias autorizadas, así como la demolición de las obras que se hayan llevado a cabo en virtud de dichas licencias.
La petición de la Fiscalía y la apertura de juicio oral han sido dadas hoy a conocer en rueda de prensa por el actual alcalde -también imputado-, Pedro Clavero (PSOE), que ha dicho que el caso se originó tras una denuncia telefónica de la entonces concejal de Urbanismo, también acusada, que finalmente no se ratificó en ella.
La Fiscalía actuó de oficio y denunció a todos los miembros del anterior equipo de gobierno, según Clavero, que dice que él se limitó "a acudir como concejal de la oposición a la comisión informativa" pero "en ningún caso" participó de la decisión.
La secretaria de Política Municipal del PSOE, Elvira Ramón, ha llamado al PP a la práctica de una política "limpia y clara".



* Ideal - EFE - 21.01.11
Foto: Gójar (Granada) - andalucia.org

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Los ingenieros culpan también al 'desarrollismo' de las inundaciones

LAREGIÓN/Galicia* : Una mala planificación urbanística y un excesivo desarrollismo son las causas de las inundaciones que con cierta asiduidad se producen en Galicia, según Concepción Gil, decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad autónoma. García, en declaraciones a los medios de comunicación, tomó como referencias el desbordamiento del Umia a su paso por Caldas, Ribadumia y Cambados, o las inundaciones en el casco urbano de Vilagarcía cuando coinciden la pleamar y las fuertes precipitaciones. Esta experta consideró que en episodios como los provocados por las últimas lluvias torrenciales en Galicia 'influyen varias circunstancias, pero sobre todo una mala planificación urbanística, así como un desarrollo excesivo', de modo que 'no se prevén las grandes avenidas que se producen cada 25 o 30 años'.

PLANIFICACIÓN

Según la opinión de la decana del Colegio de Ingenieros Técnicos y Obras Públicas de la comunidad gallega, al planificar el urbanismo 'hay que tener una visión histórica del paso del agua por determinados sitios', y sin embargo 'hoy se están poniendo demasiadas puertas al campo'.

García hizo hincapié en que las inundaciones 'se pueden evitar' con actuaciones que 'son caras' y recomendó a los ayuntamientos que contraten a ingenieros del mismo modo que cuentan con arquitectos municipales, con el objeto de realizar planeamientos específicos que eviten episodios como los de las riadas de los últimos días en las localidades referidas, que a la postre generan más daños y salen más caros que si se hubieran realzado acondicionamientos de las zonas afectadas.



* La Región - 18.01.11
Foto: Vilagarcía (Pontevedra), inundaciones - lavozdegalicia

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La asociación ciudadana Otro Castro Es Posible reclama la desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma

MUCHOCASTRO/Cantabria* : La semana pasada hemos conocido una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria por la que se anula el plan parcial del SUNP-7 en Mioño. Esta sentencia se une a un rosario de anulaciones judiciales que sumadas a las diligencias penales abiertas por diferentes asuntos urbanísticos han colocado al Ayuntamiento en una situación de crisis de difícil alcance, con repercusiones políticas obvias habida cuenta de la cantidad de políticos y técnicos afectados, y que, muy probablemente tengan consecuencias económicas de tal envergadura que dejen hipotecado nuestro Ayuntamiento durante muchos años.

El SUNP-7 entre La Loma y Mioño: Urbanismo especulativo
Paradigma de urbanismo estúpido es el SUNP-7. Se trata de un desarrollo urbanístico sobre una zona que se sitúa entre La Loma y Mioño, en lo que era un eucaliptal de considerable pendiente que desciende hasta la antigua vía del ferrocarril, entre el campo de fútbol de Mioño y el mesón el Túnel; son 75.000 m2 de superficie en los que se prevé construir 176 viviendas en gran medida construidas sobre pendientes que superan los 50º.

El plan parcial fue aprobado por el Ayuntamiento por unanimidad de todos los grupos políticos a pesar de las serias reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo, y muy a pesar de que ese plan parcial, tal y como sucede también con las viviendas construidas en La Loma, no tiene garantizado el suministro de agua, que se emplaza a la construcción de un depósito de agua sobre la falda del monte Cueto, en un suelo protegido que en estricta aplicación de la ley no puede albergar ese tipo de edificaciones. Para mayor vergüenza diremos que el Ayuntamiento es quien debe costear el acceso, la urbanización y edificación del depósito, y la conexión con la red general del suministro, en Chinchapapa: estamos hablando de más de un millón de euros a costa de nuestras maltratadas arcas municipales. Urbanismo especulativo que tiene que ser costeado por todos los ciudadanos.

Cuando se aprobó el Plan General en junio del 97, esta zona estaba calificada como Suelo No Urbanizable, es decir, sobre la misma no se podía edificar. Oscuros intereses propiciaron que muy pocos años después se reclasificara, a pesar de las reticencias de la Comisión Regional de Urbanismo que finalmente cedió y se plegó a la insistencia de una sociedad promotora de Santander, Mipla de Inversiones S. L., aprobando la modificación del Plan General y reclasificando esta zona como Suelo Urbanizable No Programado el 30 de marzo de 2004. Esta clasificación de “No Programado” de acuerdo con la ley del Suelo de Cantabria es equiparable al “suelo residual”, es decir, que no tiene prioridad para su desarrollo, y más concretamente y a tenor del la propia ley en este tipo de suelos “pueden desarrollarse aquellos destinados a uso residencial una vez agotado mayoritariamente el suelo urbanizable delimitado”. Resulta sorprendente y sospechoso que, a una velocidad rara en los trámites urbanísticos, el Ayuntamiento aprobara inicialmente el plan parcial el 23 de junio de ese mismo año, estafando las propias previsiones de la ley pues ni la zona resultaba prioritaria para las necesidades de desarrollo de la ciudad, ni se habían agotado las posibilidades del suelo urbanizable que por aquel entonces tenía más de un millón de m2 por desarrollar en el municipio. Una vez más se demuestra que el Ayuntamiento ha estado plegado a intereses meramente especulativos.

Desclasificación de los suelos urbanizables de La Loma.

En la actualidad el Ayuntamiento ha encargado la revisión del Plan General de Ordenación y ya hay una propuesta encima de la mesa. El PSOE se ha limitado a dar a conocer esta propuesta a través de su página web, pero por lo general los partidos políticos, cuando de urbanismo se trata, hacen mutis por el foro. La propuesta del Plan General resulta preocupante, en cuanto que se reincide en los errores más o menos intencionados que ha padecido el crecimiento urbanístico de los últimos años. Es una cuestión que iremos desgranando, y lo tenemos que hacer desde Otro Castro Es Posible con el empeño de que este sea debate para las próximas elecciones municipales. Los ciudadanos queremos saber cual es la propuesta de desarrollo urbanístico que se plantea desde las diferentes opciones políticas. Estamos convencidos de que otro urbanismo es posible; un urbanismo a escala de los ciudadanos y que se apoye en las cualidades del territorio; un urbanismo en el que prevalezca el interés público frente a la especulación; un urbanismo en el que se priorice la protección del medio ambiente.

Concretamente en el caso de La Loma, pedimos que se desclasifiquen los suelos programados que injustificadamente proceden de operaciones de reclasificación y que han metido a este municipio en un problema muy serio. Nos estamos refiriendo al SUNP-7, al SUNP-4, y al SUNP-12, todos ubicados entre la Loma y Santullán. En el caso del SUNP-12 existe además la presunción de sospecha de comisión de delitos de prevaricación urbanística según se desprende de las diligencias penales que instruye el juzgado de Castro Urdiales. Independientemente de los resultados de lo que aún está pendiente de juicio, lo que si sabemos ya es que una ciudad no debe desarrollarse por efecto de la especulación urbanística, o dicho de otra forma, del enriquecimiento de unos pocos a costa de hipotecar el futuro de la ciudad.

La desclasificación es una figura incómoda para los políticos, y a decir verdad, poco habitual en la práctica administrativa cuando de ello se deriva la pérdida de plusvalía, es decir, de suelo urbanizable a suelo no urbanizable. La práctica habitual, ya lo hemos dicho en bastantes ocasiones, ha sido justamente la contraria, de suelo no urbanizable a suelo urbanizable, tal y como ha sucedido en la Loma. Ha sido la jurisprudencia quien ha definido la viabilidad jurídica de la desclasificación. Sobre esta cuestión se litiga si al propietario o promotor le corresponden una indemnización por ver perdida su expectativa de construir. Las fuentes consultadas nos dicen que sólo cabría indemnización en el caso de que el propietario o promotor hubiera cumplido con los deberes urbanísticos, entre ellos costear la urbanización. Esto sólo se ha producido en parte en el SUNP-12, pero sobre este plan parcial pesa como ya hemos dicho diligencias penales que avisan de una tramitación fraudulenta.

Por lo tanto, no habría ningún impedimento para que el Ayuntamiento, vía plan general, actuara por la vía de la desclasificación; sólo es cuestión de voluntad política, seguida de la necesaria claridad para saber cual es el modelo de municipio en el que queremos vivir.

Voluntad política, eso es justamente lo que estamos echando en falta.


* ASOCIACIÓN CIUDADANA OTRO CASTRO ES POSIBLE


* Mucho Castro - 21.01.11



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Venezuela: Los Sin Techo, movimiento popular en acción

KAOSENLARED* : El déficit de vivienda popular en Venezuela es gigantesco. Faltan casi 2 millones de casas entre los sectores sociales más debiles de la nacion. Se trata de un agudo problema que no se ha resuelto en los diez años del gobierno del Presidente Chávez, no obstante repetidos compromisos y anuncios gubernamentales. Para empeorar, la actual emergencia invernal ha complicado las cosas en este ámbito de la vida popular. Son miles de familias colocadas en situación de desprotección e interperie, viviendo en refugios improvisados, carpas, ranchos y tugurios callejeros, carentes de condiciones minimas de urbanismo. En los últimos dos meses el Presidente Chávez ha establecido compromisos públicos para resover este grave asunto. Ha fijado la apropiacion de mas 2000 millones de dolares provenientes de un crédito Chino y otros recursos fiscales para construir aceleradamente millones de unidades habitacionales en condiciones de dignidad y equidad para los más pobres del pais.

En su mensaje reciente del pasado sábado a la Asamblea Nacional se fijo como meta entregar 350 mil viviendas en los próximos 24 meses (2011-2012) y el Ministro Farruco, arquitecto encargado en la Presidencia del tema de Vivienda y el desarrollo urbanistico de Caracas para obtener su reconstrucción, ha dicho que en 5 meses estaran listas casi 30 mil viviendas en Caracas.

Agreguese la acción oficial contra la especulación y el atraco descarado de cientos de empresas constructoras que acumulan millones de bolivares con planes de casas y apartamentos que no entregan, despues de años de espera, porque la ausencia de una severa legislación en la materia propicia el mas descarado fraude en las promesas de compraventa, modificadas caprichosamente por los constructores para reajustar de mánera subita y astronómica los precios inicialmente pactados con las familias que canalizan con enormes sacrificios ahorros para adquirir sus viviendas.

Sin quitarle la importancia debida a esta acción gubernamental, ella se torna irreleventa en la solucion global del problema de vivienda descrito, dada la espesa maraña burocrática que todo lo desvia y la incontenible corrupción de los interventores que terminan apropiandose de las casas y apartamentos para repartirlos entre sus redes familiares y clientelares, omitiendo criterios de equidad, transparencia, justicia y solidaridad, frecuentemente invocados en la retorica dominante. Es francamente deplorable la ausencia de mecanismos de control social efectivos que permitan la correcta ejecución de las estrategias presidenciales para prevenir el cáncer de la depredación y la apropiación privada de los bienes públicos que deben ser focalizados para el servicio de los más necesitados, las familias obreras, campesinas y populares venezolanas.

Como el tiempo pasa y las soluciones anunciadas no llegan con la celeridad requerida, las miles de familias destechadas se estan organizando de manera espontanea en los principales centros urbanos del país para implementar esquemas eficaces de urbanismo y vivienda. Los primeros dias del mes de enero del 2011 estan mostrando una amplia movilización popular de los Sin Techo, invadiendo terrenos ociosos y ocupando viviendas y edificios desocupados porque sus dueños, verdaderos terratenientes urbanos, estan esperando el mejor momento para realizar jugosos negocios de venta en complicidad con la burocracia publica. El caso de la ciudad de Valencia ilustra esta situación, pues su muy socialista y chavista (PSUV) alcalde, E. Parra, ha movilizado la Guardia Nacional y los organismos represivos para perseguir y encarcelar las familias que se han movilizado en lucha por su vivienda.

Los Sin Techo es una subjetividad revolucionaria que se agrega al movimiento popular venezolano, que debe ser considerada en la lucha de quienes honestamente se han planteado el objetivo de transformar de manera radical la estructura oligarquica dominante en la nacion.

Los planes y compromisos del Presidente Chávez en materia de vivienda van a fracasar si se dejan en manos de la ineficiente y corrupta burocracia de los ministerios correspondientes, a la cual solo le interesa hacer negocios y amasar inmensas fortunas por cuenta de las necesidades de millones de venezolanos.

Las soluciones de vivienda llegaran de la mano con la más amplia participación de los movimientos de viviendistas y de los Sin Techo. Estos movimientos deben intervenir sin controles burocraticos y sin limitaciones politiqueras para garantizar que los recursos y dineros canalizados para este fin se apliquen honesta y correctamente en la compra de tierras, en la adopcion de los urbanismos complementarios (acueducto, alcantarillado, redes electricas, redes telefonicas, recoleccion de basuras, centos comunales, deportivos, educativos de salud, etc), en el pago de los diseños, en la compra de materiales de construcción, en el pago de salarios y jornales y en la cancelacion de los impuestos correspondientes.

Lo cierto es que este problema del déficit habitacional no da espera y se requieren ya las soluciones. No bastan los simples discursos oficiales. Los bien intencionados compromisos del Presidente Chávez requieren de una titánica voluntad política que supere los obstáculos de las burocracias corruptas e ineficientes.



* Kaos en la Red - Horacio Benítez - 17.01.11
Foto: Venezuela, protesta de los 'sin techo' - kaosenlared

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Navarra tampoco se vende

REGINA GALARZA, AURORA SADA Y PILAR MALÓN* : Durante los últimos años se han ido constituyendo a lo largo y ancho del Estado asociaciones de ciudadanos que luchan contra la especulación urbanística y contra la corrupción, asociaciones que han utilizado el nombre no se vende y que se han agrupado en torno a la Coordinadora Estatal en Defensa del Territorio. Los telediarios nos han hecho asociar el problema con el Mediterráneo pero, desgraciadamente, Navarra no es diferente. Por eso queremos gritar que Navarra tampoco se vende. No se vende a los especuladores inmobiliarios que, acostumbrados a beneficios estrambóticos, pasan por encima de lo que haga falta con tal de conservarlos. Y no se vende a los políticos que por intereses difícilmente confesables les tienden puentes de plata para que puedan asaltar el patrimonio de sus ciudadanos y vecinos. Y que para ello desconocen la legislación por ellos mismos aprobada (ver, por ejemplo, la ETN y los POT en cuanto al patrimonio natural y cultural). En Olite, Urdiain, Estella y en tantos pueblos de Navarra estamos asistiendo, todavía hoy, al intento del mantenimiento a toda costa de un modelo de urbanismo desarrollista, absolutamente insostenible, que atropella los derechos fundamentales de los vecinos y piensa sólo en el beneficio a corto plazo de unos pocos.

Y lo hace, a menudo, utilizando un mecanismo legal que ha sido pervertido y elevado a la categoría de norma general cuando la ley lo prevé con carácter subsidiario. Nos referimos al sistema de cooperación. ¡Qué mejor forma de obtener el dinero necesario para pagar las obras de urbanización que obligar a los propietarios a costearlas!

Ahora que ninguna entidad financiera proporciona fondos para acometer proyectos innecesarios y que no hay dinero público que destinar a esos menesteres, se reparte la factura entre quienes tienen la inmensa suerte de que sus tierras se recalifican de rústicas a urbanizables y a quienes se obliga a urbanizar (haya o no demanda de vivienda) ¡Todo, claro, pensando únicamente en el bien común! Pues bien, no. No lo vamos a consentir. También en Navarra sabemos organizarnos y luchar por unos derechos que el propio Parlamento Europeo ha instado a defender. Y lo haremos sea quien sea quien gobierne en las distintas instituciones locales. Y llegando tan lejos como haga falta llegar.

* Regina Galarza Galarza (Urdiáin), Aurora Sada (Olite) y Mª Pilar Malón Azpilicueta (Estella)


* Noticias de Navarra - Opinión - 10.01.11

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De Miguel presionó al alcalde de Zambrana por una recalificación

ELPAÍS/Álava* : El caso Zambrana parece llegar a un punto de ebullición. La comparecencia en la comisión de las Juntas Generales alavesas que investiga esta derivada urbanística del caso De Miguel, del alcalde de ese municipio, el independiente Aitor Abecia, aportó ayer nueva información sobre la operación en la que varias personas vinculadas al PNV intentaron impulsar una gigantesca recalificación de terrenos pese a que varios informes técnicos acreditaban que el suelo no era apto para uso industrial. El caso está siendo investigado por la justicia por si hubo pago de comisiones. Abecia declaró en la comisión que recibió presiones directas del entonces diputado foral de Administración Local y Equilibrio Territorial, Alfredo de Miguel, para sacar adelante el proyecto, pese al malestar generado entre los vecinos. Ese rechazo ciudadano aupó a la Agrupación Independiente de Zambrana, vinculada al ecologismo, al Ayuntamiento en los comicios de 2007, desalojando a la peneuvista Justina Angulo.

Abecia explicó que todos los técnicos con los que consultó, tanto del área de Urbanismo de la Diputación como de la consejería de Medio Ambiente, entonces en manos de EA, le dijeron que el proyecto resultaba inviable. El regidor esperaba en marzo de 2009 que la Comisión de Ordenación del Territorio le daría la razón. Pero, pese a varios informes desfavorables, el PNV hizo valer su mayoría para dar finalmente luz verde a una recalificación de 66 hectáreas. Tras la salida de los peneuvistas del Gobierno, la Diputación apoyó que se redujera el ámbito de recalificación y recurrió a los mismo informes que rechazó antes para tumbar el recurso de la empresa Riera Urbanizer, que se había gastado millones de euros en opciones de compra por el suelo.

Abecia también contradijo lo afirmado por su antecesora, que sostuvo en la comisión que en 2004, tras contratar a una empresa presentada por De Miguel para impulsar el desarrollo urbanístico del municipio, no hubo ningún trato cerrado hasta después de su salida del consistorio en 2007. Abecia aseguró que nada más llegar al consistorio le cayó el expediente completo de la recalificación.

Los junteros del PNV Ramiro González y Pedro Elosegi abandonaron la sesión tras acusar al alcalde de hacer "campaña electoral", en palabras del primero de ellos, según asistentes a la comisión. González declaró a Europa Press que el regidor fue contestando a las preguntas de los distintos grupos y, cuando le tocó el turno al PNV, "no ha contestado a las preguntas que eran importantes para aclarar lo ocurrido".



* El País - 21.01.11
Foto: Zambrana (Álava) - todopueblos

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Arrecife.- ´La sociedad considera que resulta rentable cometer delitos´

LAPROVINCIA/Lanzarote* : "Si lo sé no vengo..." El juez César Romero Pamparacuatro, convertido a su pesar en una suerte de celebridad insular como instructor del caso Unión en Lanzarote, la mayor operación contra la corrupción en Canarias con más de un centenar de imputados, echó a volar esas palabras entre los fogonazos de las cámaras que le enfocaban al inicio de su intervención en las jornadas que se celebran en Arrecife sobre la reforma del Código Penal. En su ponencia mostró su decepción sobre algunos aspectos del nuevo texto y aseguró que habría ir mucho más lejos porque "la sociedad tiene la sensación de que es rentable cometer delitos".
Pamparacuatro fue trasladado a petición propia al juzgado nº2 de La Laguna (Tenerife) en septiembre del pasado año tras dirigir la operación Unión en el juzgado nº5 de Arrecife.

A partir de ahí llevó las riendas de la instrucción en comisión de servicios y ahora se encuentra a la espera de una prórroga que debe aprobar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), una medida que ha sido apoyada expresamente por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Antonio Castro Feliciano.Pamparacuatro remató su ponencia de ayer con una frase que puso de manifiesto cuales siguen siendo sus deseos: "Espero que esto no sea una despedida de Lanzarote".

La disertación del magistrado versó sobre la situación en la que quedan los delitos de cohecho y asociación ilícita, delitos imputados a muchos de los implicados en la operación Unión. Pamparacuatro estima que quedan "ámbito de impunidad" en las actuaciones de los funcionarios públicos y también detecta "omisiones" al respecto, pues considera que se deberían haber introducido nuevas tipificaciones penales en este ámbito. "El bien jurídico protegido es la confianza en la administración", destacó.

"Es lo que más tememos"

"La protección", siguió ahondando el juez, "debe ser desde el punto de vista penal, porque es lo que más tememos". En este sentido, entiende que las penas que se elevan en determinados supuestos del delito de cohecho resultan "nimias". Pamparacuatro observa que los posibles delincuentes tiran de balanza y se hacen preguntas: "¿Qué me cae? ¿Y si tengo suerte? ¿Y si hay una delación indebida?". El juez Pamparacuatro, perseguido por los focos de la actualidad, regresará a La Laguna con un ojo puesto siempre en Lanzarote y sus tribulaciones.



* La Provincia - 21.01.11
Foto: Arrecife (Lanzarote) - EDDC.NET

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Córdoba.- El TSJA tumba el sistema de valoración de suelo del PGOU

DÍADECÓRDOBA* : Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía puede traerle muchos dolores de cabeza al Ayuntamiento de Córdoba en lo que concierne a la gestión urbanística del Plan General de Ordenación Urbana. Por primera vez, un propietario de terreno ha conseguido tumbar el proceso que permite fijar el valor relativo de unos terrenos dentro de un plan parcial o un plan especial de reforma interior. La sentencia se refiere, en concreto, a una pieza de terreno, el plan parcial Industrial 2 de Córdoba, la ampliación de las Quemadas. Sin embargo, el motivo por el que se anula el llamado coeficiente de ponderación es común a todo el suelo urbano no consolidado y al suelo urbanizable del plan. Se trata de millones de metros cuadrados de suelo que cuestan, a su vez, decenas de de millones de euros.

Para entender el alcance de la sentencia, hay que explicar primero que el urbanismo se fundamenta en la distribución equitativa de los beneficios y las cargas. Cuando se realizó el PGOU se asignaron tres coeficientes a cada plan parcial y cada plan especial, que se ponderan en un coeficiente común. Depende de tres factores: qué uso se le va a dar a un determinado terreno, qué tipo de edificaciones se permiten y, por último, qué lugar ocupan en el territorio. Dentro de un plan parcial, puede haber viviendas carísimas, pisos de VPO y un centro comercial. El valor de cada elemento se pondera según esas circunstancias para que la inversión previa y los beneficios resultantes sean equitativos entre los distintos propietarios. El asunto no tiene importancia cuando el plan parcial tiene un propietario único pero es de mucha relevancia cuando han varios dueños de terrenos que tienen que discutir cuánto ponen y qué reciben a cambio.

La sentencia se fundamenta en una empresa propietaria de fincas dentro de un plan parcial dedicado a la realización de un polígono industrial de Córdoba. Consideraba el recurso que el Ayuntamiento le había establecido un coeficiente de ponderación que le resultaba gravoso para sus intereses. Entendía la empresa que, dentro de ese mismo plan parcial, había fincas que tenían un mejor tratamiento entre el coste a pagar y el beneficio a recibir.

La sentencia ha sido emitida por la sección 20 de la sala de lo contencioso administrativa del Ayuntamiento de Córdoba. Dice el fallo que, de la lectura del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba, "permite observar una falta de motivación, determinante por ello de la indefensión". "La motivación -explica el fallo- es requisito capital de toda resolución administrativa, de suerte que su insuficiencia produce indefensión".

La sentencia explica que el Consistorio dispone de una cierta capacidad de movimiento. Sin embargo, ello no implica que se pueda incurrir en arbitrariedad. El fallo supone, directamente, la anulación de las determinaciones establecidas para las fincas objeto de la demanda. No se establece medida alternativa ninguna. El tribunal ni siquiera escuchó los argumentos de la defensa municipal, que intentó argumentar los coeficientes durante la contestación al recurso de la empresa que ha ganado el pleito. El tribunal le dice que, donde debería haberlo hecho, es en el texto del PGOU.


Consecuencias ¿Una cadena de recursos?

Uno de los riesgos que tiene esta sentencia, explica un urbanista consultado, es que cunda el ejemplo. "Se puede montar un lío impresionante", afirma. El problema es que muchos de los propietarios del Plan General han tenido problemas en sus juntas de compensación cuando se trata de afrontar las inversiones. En este caso, sucede que muchas de las piezas que se regulan por esta vía ya han sido ejecutadas y dar marcha atrás resulta complejo.
Pleno Se tomará conocimiento la próxima semana

El Pleno del Ayuntamiento tomará conocimiento de la sentencia en la próxima sesión plenaria, según se informó ayer en el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo, donde el Partido Popular preguntó por los efectos de esta sentencia de cara a la gestión urbanística de la ciudad. Todas las sentencias se informan por parte de la asesoría jurídica municipal en el sentido de qué consecuencias debe arrojar el desarrollo del fallo.
objetivos Otro cambio en el plan de la ciudad

Lo que sí es evidente es que la Gerencia Municipal de Urbanismo tendrá que impulsar una modificación del Plan General de Ordenación Urbana a raíz de esta sentencia. No se le obliga a cambiar conceptos sino a explicar por qué usa determinados criterios.



* El Día de Córdoba - 18.01.11
Foto: Córdoba, ayuntamiento - panageos.es

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Petronor, maestros en burlar la ley de costas

GREENPEACE/Vizcaya* : Cuando parece que pocas maniobras políticas pueden ya sorprendernos, recibimos atónitos una nueva noticia de bofetada a la Ley de Costas. El PSOE y el PNV han pactado añadir una enmienda a la Ley de Economía Sostenible que reformará le Ley de Hidrocarburos para permitir que las refinerías “tengan derecho” a prorrogar sus concesiones y ocupar dominio público costero, incluso después de que hayan vencido sus permisos. Detrás de este pacto se encuentra el interés privado de Petronor y la refinería que posee en el municipio costero de Muskiz, en la marisma de Muskiz, Zierbena y Abanto-Ciervana. Esta refinería se autorizó en 1968 mediante Decreto, sin tener en cuenta ninguna de las prescripciones ambientales que ya existían entonces. Como resultado, se situó a pocos metros del casco urbano (de hecho, debe ser la única refinería que cuenta dentro de su recinto con una ermita y un cementerio). En 1982 (catorce años después de su construcción) obtuvo una concesión por treinta años que caduca en 2012. Y, mientras otros negocios mucho menos nocivos echan el cierre por no tener la preceptiva licencia de actividad, la refinería no la obtuvo ¡hasta 2008! Es decir, cuarenta años funcionando sin licencia.

Con el final de la concesión a la vuelta de la esquina, a Petronor debe correrle mucha prisa solucionar este “problemilla”, especialmente con los planes de ampliación de la refinería con una planta de coque altamente contaminante, con lo que ha movido sus fichas en pasillos y despachos. Con esta enmienda, aprobada sin conocimiento de los ciudadanos y sin debate en el Parlamento, problema solucionado. Y de nuevo un ejemplo de la “negociabilidad” de la Ley de Costas según quien seas. Manga ancha para grandes hoteles e industrias contaminantes, y mano dura para chiringuitos y pequeñas viviendas. ¿No somos todos iguales ante la Ley?

Pero este no es un asunto únicamente de defensa de la Ley de Costas y del dominio público. Es un grave atentado contra la salud pública. La ubicación de la refinería, a pocos metros de viviendas, ha generado un rechazo constante de los vecinos y de la asociación Meatzladea Bizirik Ekologista Taldea, que han presentado numerosas denuncias, quejas y recursos contra las irregularidades legales, ambientales y las afecciones a su salud. Y está demostrado. Los mapas de mortalidad elaborados por el Departamento de Sanidad indican un exceso de mortalidad por cáncer y enfermedades cerebro vasculares en la periferia de la refinería. Concretamente un 14% para los hombres y un 12% para las mujeres respecto a la mortalidad del conjunto del País Vasco, unas cifras estadísticamente significativas como para que sean fruto del azar.

Y así, las costas, el dominio público y la salud de la población de Muskiz parecen tener menos valor frente a los políticos que los intereses privados de Petronor, su refinería y su nueva planta de coque. ¿Será porque patrocinan al Athletic de Bilbao?

* Elvira Jiménez, campaña de Océanos de Greenpeace


* Greenpeace - 19.01.11
Foto: Muskiz (Vizcaya), refinería Petronor - greenpeace

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Santa Cruz.- La Plataforma contra este PGO denuncia ante la Fiscalía la ‘operación’ de la Clínica Parque

SANBORONDÓN/Tenerife* : La Plataforma contra este PGO ha denunciado ante la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife el ‘caso de la clínica Parque’. El edificio, ubicado en la calle Méndez Núñez nº40, tenía siete plantas antes de las obras acometidas aproximadamente a partir de 2005, estando en situación de fuera de ordenación, por cuanto el planeamiento vigente concede a dicho edificio cinco plantas de altura. Manuel Parejo, concejal de Urbanismo entre 1999 y 2007, adquirió, junto con otras personas, la citada clínica. Según la denuncia presentada, esto ocurrió en 2004 y “al parecer, dicha adquisición se realizó por medio de la compra de acciones de la entidad propietaria, Clínica Parque Sociedad Anónima, de la que Parejo era apoderado. Según el texto de la denuncia, “tras la adquisición realizada por Manuel Parejo Afonso, y siendo éste concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, se acometieron obras completamente ilegales en dicha edificación”.

En concreto, se especifica “las obras ilegales de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo cual supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar una altura máxima de cinco plantas, así como el régimen de obras permitidas para las edificaciones fuera de ordenación”.

“Asimismo, de forma ilegal se ha procedido a convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente, lo cual supone también vulneración del régimen de obras en edificaciones fuera de ordenación”, se añade en la denuncia.

En el apartado tercero de los hechos denunciados, se aclara que la revisión del Plan General de Ordenación Urbana se inició en 2003, “antes de la adquisición efectuada por el concejal Manuel Parejo, y que en la primera versión del documento, a la edificación objeto de denuncia se le asignaban 6 alturas, razón por la cual seguía en situación de fuera de ordenación. No obstante, tras la adquisición efectuada por el entonces Concejal de Urbanismo, D. Manuel Parejo Afonso, ya desde el 2005, y en todas las versiones del documento de planeamiento, a la referida edificación se le han venido a conceder ocho plantas de altura, pasando, en consecuencia, a estar dentro de ordenación”.

Se añade en la denuncia que encontrándose en trámite la Revisión del PGO, la obra de reforma y ampliación ejecutada en la Clínica Parque de Santa Cruz de Tenerife incumple las determinaciones del PGO en vigor por los siguientes motivos:

a)Por ampliar la superficie, y por tanto, la edificabilidad consumida, de las plantas situadas en las cubiertas.

Se observa claramente que en el edificio de la Clínica Parque se han ejecutado obras de ampliación de la planta octava y otras que lindan con los predios colindantes, lo que supone vulnerar las determinaciones del PGO en vigor que dejó a este edificio en situación legal de fuera de ordenación al asignar el PGO vigente una altura máxima de CINCO plantas.

La ampliación de las construcciones situadas en las cubiertas, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.

b)Por convertir los cuerpos volados abiertos (balcones) en cuerpos volados cerrados, expresamente prohibidos en el edificio de referencia, debiendo haberse mantenido los cuerpos volados abiertos y adecuarse a las condiciones de estética del PGO vigente.

La conversión de los cuerpos volados abiertos en cuerpos volados cerrados, además de vulnerar las determinaciones del PGO vigente, también supone la vulneración del régimen general preceptuado en el Art. 44.4 del TRLOTENC por cuanto tal conversión supone, igualmente, un incremento de la edificabilidad y, por tanto, dan lugar a incremento del valor de las expropiaciones.

c)Las obras ejecutadas no consisten en la estricta reparación y conservación para mantener la estricta conservación de la habitabilidad o utilización conforme al destino establecido, vulnerando el Art. 44.4.1 del TRLOTENC.



* Revista San Borondón - 20.01.11
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Casas para vivir, no para presumir

ELPAÍS/Sevilla* : Donde se iban a levantar cuatro manzanas de pisos firmadas por otros tantos arquitectos de prestigio internacional irán varios bloques de factura más modesta pero con el mismo número de viviendas (1.963). Donde iba a elevarse un hotel de lujo, irá uno más asequible. Lo que iba a ser un barrio de diseño llamado a marcar el futuro urbanístico de Sevilla será una barriada sin tantas pretensiones, pero un barrio al fin y al cabo. La aprobación del Plan Especial de Reforma Interior (Peri) de la Cruz del Campo de la que ayer dio cuenta la Gerencia de Urbanismo de Sevilla tiene una lectura para pesimistas y otra para espíritus más entusiastas. La primera es que la crisis se llevó por delante el proyecto promovido por el grupo Urvasco en el que iban a participar los arquitectos Jean Nouvel, Norman Foster, Guillermo Vázquez Consuegra y Arata Isozaki.

Sobre el solar de la antigua fábrica de Cruzcampo, en el límite del barrio de Nervión, cada uno de ellos iba a diseñar una manzana de pisos hasta sumar 1.963 viviendas, de las que 890 serían de Protección Oficial. El proyecto abarcaría 200.000 metros cuadrados y acogería también un hotel de cinco estrellas y un museo de la cerveza. La obra tenía que haber empezado en 2008, pero para entonces Urvasco estaba ya hundida en un mar de deudas y la empresa acabó entregando el solar de Sevilla a los bancos como parte del pago de sus préstamos.

Ahí acabó la historia del barrio de diseño que nunca se empezó a hacer. Pero visto el escenario inmobiliario actual, el plan municipal para transformar la antigua zona industrial en un área residencial con amplios espacios libres no ha salido mal parado. Las ocho cajas de ahorro que ahora son dueñas de los suelos, unidas bajo la firma Compañía para los Desarrollos Inmobiliarios de la Ciudad de Hispalis S. L., están decididas a seguir adelante con la idea, aunque sea sin arquitectos de renombre.

El plan del que dio cuenta ayer Urbanismo es el primer paso para la construcción del proyecto, cuyas obras podrían empezar este año, según estimaciones municipales. Cruzcampo abandonó hace tres años estas instalaciones y se ubicó en unas de nueva construcción en el barrio de Torreblanca. La antigua fábrica de cerveza ya está desmantelada, a excepción de un área del edificio que está protegida y que se mantendrá en pie.

En el resto del solar se repartirán las casi 2.000 viviendas, una biblioteca, un parque con un lago e instalaciones deportivas y un colegio. Habrá también espacio para zonas comerciales y de ocio.

El proyecto presentado por los nuevos dueños y dado a conocer por Urbanismo divide el solar en dos áreas partidas por una vía de nueva creación que unirá las calles Greco y Ada. En torno a esta nueva calle se levantarán cuatro manzanas abiertas de pisos con un máximo de 15 plantas. Al sur de este área irán más bloques de viviendas, en este caso, de nueve plantas, así como un conjunto de servicios terciarios parte de los cuales se ubicarán en algunas de las instalaciones más significativas de la antigua fábrica.

Aunque ya no vaya a haber edificios con firma célebre, el proyecto tendrá junto a la antigua planta cervecera su propio hito, que si no consigue entrar en ninguna guía de arquitectura imprescindible sí que atraerá a buen seguro muchas miradas: un bloque de viviendas de 23 plantas (60 metros de altura), lo que le convertirá en el edificio residencial más alto de la ciudad.



* El País - 20.0.11
Foto: Sevilla, ayuntamiento - sevilla5.com

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La ciudad, espejo de los tiempos

CRISTINA MONGE* : Hace unos días se presentaba en la zaragozana librería Cálamo el libro De formas y normas, de la profesora González Ordovás (Tirant lo Blanch, Valencia, 2010). La obra reúne seis artículos que intentan comprender las razones que se esconden tras las ciudades que habitamos para entender mejor la sociedad en que vivimos, y para ello, nos ofrece una cartografía social a través del análisis de la ciudad como espejo de los tiempos. La noción de la ciudad como metáfora y espejo de la sociedad, cuya observación y estudio nos ayudará a conocernos mejor, recorre toda la obra. Huyendo de la idea de ciudad culpable como generadora de todos los males diagnosticados, la autora nos propone profundizar en el análisis asumiendo que "es la morfología social y no la urbana la que finalmente establece para qué sirve y qué significa un lugar y su entorno". La idea de sociedad del riesgo desarrollada por Ulrich Beck explica buena parte de las contradicciones que nuestras ciudades reflejan. Preocupadas por la demanda de seguridad que origina el miedo, se planifican de una forma cada vez más zonificada y menos propensa al encuentro y la mezcla.

El resultado son ciudades donde cada espacio tiene su función, separado de otros espacios y de otras funciones, comprometiendo así la idea de ciudad como lugar de encuentro con el otro. La ciudad ya no es el sitio de mezcla, encuentro y mestizaje donde nos encontramos con el otro, sino que queda reducida al espacio de los semejantes. La unión entre semejanza y cercanía asimila lo cercano a lo conveniente, y por lo tanto, descarta la diferencia.

Si la ciudad es relación, como se afirma en esta obra, nuestras relaciones, y por lo tanto, la ciudad, ha quedado reducida al espacio delimitado por el encuentro con nuestros semejantes. Llevándolo al extremo, esta idea explica el fenómeno de la ciudad privada, con espacios y accesos gestionados por entidades privadas, cuyos habitantes intentan protegerse de los riesgos que perciben en los otros, desentendiéndose también de ellos, y por ende, del resto de la sociedad. La forma de la delimitación y el vallado, refleja un fondo de miedo, inseguridad, protección y la manifiesta voluntad de exclusiva relación con el semejante y absoluta indiferencia hacia el resto de la sociedad.

Nos recuerda la profesora González Ordovás la función que Weber daba a la ciudad como espacio comercial, siendo el hábitat propio de una sociedad de consumidores protagonizada por una burguesía orientada por unos medios económicos racionales, en una sociedad gobernada por el deseo, donde, recurriendo a Lipovetsky, la autora recuerda las ideas de una sociedad "conjuntiva" donde no es preciso elegir. Todo es posible y está a nuestro alcance, según clama la publicidad que inunda el tiempo y el espacio fundido en la sociedad líquida. El "o" --o esto o aquello-- , ha sido sustituido por el "y" --esto y aquello--. Y es que ese deseo infinito y el espejismo de que la satisfacción del mismo conducirá a la felicidad, está en la base de un sistema global de capitalismo de consumo, al menos en la pequeña parte privilegiada del mundo en la que vivimos, donde la libertad se ha convertido en libertad de compra.

En esa lógica, la ciudad debe responder a esa necesidad de consumo, y para ello, el espacio y el tiempo desaparecen en centros comerciales donde la "estética del contenedor" --sin referencias temporales, ni territoriales, herméticos y ajenos a lo que pasa al otro lado de sus paredes-- refleja esta necesidad creada y re-creada de consumo, que produce individuos permanentemente insatisfechos con la necesidad de ver cumplidos sus deseos para satisfacer esas necesidades.

EL OMNIPRESENTE consumo es cuestionado por la idea de sostenibilidad. La autora se interroga sobre la posibilidad de conciliar ciudad y sostenibilidad, entendida ésta en sus tres vertientes económica, social y ambiental. "El impulso de vivir el presente característico de nuestra sociedad en detrimento de cualquier otra consideración a medio y largo plazo puede poner en grave riesgo la continuidad de algunas de nuestras preferencias". La sostenibilidad, sin embargo, supone en expresión de Daniel Innerarity, "sentar al futuro a la mesa de negociación" y hacerle partícipe de las decisiones del presente. Por eso la sostenibilidad, entendida de este modo, es un compromiso ético con todos los habitantes del planeta, presentes y futuros, que necesita de un nuevo contrato social donde se explicite el compromiso de toda la sociedad.

Esta es una obra de crítica para la esperanza: crítica fundamentada en un riguroso análisis que se interroga por los fondos de las formas, para a partir de allí generar la esperanza en el futuro. Esperanza que la profesora González Ordovás describe en forma de aspiración: "Que la ciudad no sea Estado sin sociedad ni sociedad sin Estado, que la forma urbana no sea consagración legitimante de la desigualdad, que la administración de lo público procure los máximos niveles de justicia sin impedir la espontaneidad que en lo político llamamos libertad".


* Directora de proyección externa de la Fundación Ecología y Desarrollo (Ecodes)


* El Periódico Aragón - Opinión - 15.01.11

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