Canarias retoma el 'socavón' de Eduardo Chillida

PÚBLICO/Fuerteventura* : Dieciocho días después de que el Museo Chillida-Leku echara el cierre en San Sebastián, con unas "cifras deficitarias a niveles insostenibles", el Gobierno canario ha resucitado el polémico proyecto del escultor vasco de horadar la montaña protegida de Tindaya, en Fuerteventura. El agujero, planteado en 1993, sería como un edificio de 15 pisos. El presidente canario, Paulino Rivero, y el presidente del Cabildo de Fuerteventura, Mario Cabrera, viajaron a San Sebastián para firmar con la familia de Eduardo Chillida, fallecido en 2002, un acuerdo "por el cual será posible desarrollar el proyecto", peleado en los tribunales por las organizaciones ecologistas. La obra de arte se situaría en el corazón del Parque Natural de las Dunas de Corralejo. El pacto crea una fundación para perforar la montaña y establece una comisión mixta, formada por tres familiares del escultor y tres miembros del Gobierno canario, para "agilizar" la ejecución de las decisiones de la fundación.

Rivero, de Coalición Canaria, aseguró que "la obra no costará ni un euro a las arcas públicas, porque se hará a cambio de una concesión para la explotación turística del monumento". Luis Chillida, hijo del artista vasco y miembro de la comisión mixta, explica a Público que la empresa que pague la construcción se llevará el dinero de las visitas "durante unos 40 años". Los trabajos costarían unos 75 millones de euros. En diez años, el Chillida-Leku recibió la visita de 810.000 turistas.

Sin embargo, Ben Magec-Ecologistas en Acción, que ha anunciado que intentará parar el proyecto en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, denuncia que ya se han invertido 25 millones de euros en "una obra plagada de los mayores escándalos de corrupción de la historia de Canarias". Y "sin tocar una piedra de la montaña", según recalca José de León, portavoz de la ONG y arqueólogo en Patrimonio del Cabildo de Gran Canaria.

En Tindaya, señala, hay unos 300 grabados realizados hace un milenio por los pueblos aborígenes de Fuerteventura y algunas plantas endémicas, como el diente de perro, similar a un cactus. "Quieren empezar las obras sin decir dónde está el dinero desaparecido", critica De León, que achaca el apoyo del PSOE al proyecto a que su director actual es el arquitecto Lorenzo Fernández-Ordóñez, sobrino del fallecido ministro socialista Francisco Fernández-Ordóñez y del actual gobernador del Banco de España, Miguel Ángel.

Luis Chillida defiende el proyecto de su padre y recuerda que el Gobierno canario aprobó en mayo de 2009 la declaración de impacto ambiental. En su opinión, las obras "podrían comenzar este año", una vez salgan a concurso público en un par de meses. El hijo del escultor pide "claridad absoluta" y que se sepa "qué pasó con los 2.000 millones de pesetas" desaparecidos.



* Público - 18.01.11
Foto: Tindaya (Fuerteventura) - laprovincia.es

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Piden dos años para el exalcalde de Olocau por prevaricación urbanística

LASPROVINCIAS/Valencia* : El urbanismo esconde buena parte de la corrupción. La Fiscalía ha detectado un nuevo caso, en esta ocasión en la localidad de Olocau, que afecta a José Agustín Agustí, exalcalde del municipio. El Ministerio Público solicita dos años de prisión y diez de inhabilitación para cargo público por el delito de prevaricación urbanística. A esto hay que sumar una sanción económica de más de 21.000 euros por el delito de negociación prohibida a funcionario. Los hechos sucedieron en diciembre de 2005 cuando Agustí ocupaba la alcaldía. Por aquellas fechas, el primer edil concedió a su esposa una licencia de segregación de varias parcelas que pertenecían a una sociedad de gananciales del matrimonio. Este requisito se tiene que solicitar cuando se pretende dividir una finca en varios lotes. Cada una de las particiones tiene que cumplir con una mínima superficie, establecida por ley. Según el escrito de acusación del fiscal, al conceder esta licencia el acusado estaba infringiendo su deber «de abstenerse en los procedimientos en los que tenga algún interés».

Para intentar camuflar su acción, ese mismo día dictó un nuevo decreto en el que le concedía la licencia a otra persona que, en realidad, nunca la había solicitado.
No terminaron ahí las irregularidades que el alcalde presuntamente cometió aquel 15 de diciembre. A continuación, autorizó una licencia de obras a una empresa para que construyera viviendas unifamiliares en esas parcelas. El escrito del fiscal recoge que lo hizo «a sabiendas de que dichas parcelas no disponían de la condición de solar». De igual forma, conocía que tampoco podía conceder la licencia de segregación al no existir ningún «instrumento de planeamiento sobre las mismas». Incluso el arquitecto municipal le advirtió de que debía garantizarse la urbanización simultánea del terreno.
Apenas 20 días más tarde de estos hechos, el acusado y su esposa vendieron las parcelas por 283.000 euros cuando ellos las habían comprado unos meses antes por 103.260 euros. El beneficio fue de 179.000 euros. La Fiscalía no tiene dudas de que este incremento en el valor «fue consecuencia inmediata de las licencias ilícitas de obras y segregación otorgadas por el acusado».



* Las Provincias - 19.01.11
Foto: Olocau (Valencia) - olocau.es

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Mallorca.-El juez imputa a la ex consellera Julve por el pago de las facturas infladas

DIARIODEMALLORCA* : El juez Enrique Morell, que instruye el denominado caso Cloaca, ha imputado a la ex consellera del Consell de Mallorca Catalina Julve, de Unió Mallorquina, por su presunta implicación en este nuevo escándalo de corrupción. Esta citación como imputada responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, que considera, basándose en las declaraciones de los implicados en el caso, que la máxima responsabilidad de estas irregularidades aterriza en la figura de la actual portavoz de UM. Los fiscales mantienen que Julve estaba informada de que el Consell estaba pagando miles de euros, a través de facturas infladas, por trabajos que no se hacían, y que ella autorizó y firmó la contratación del empresario Simón Galmés por un trabajo que apenas hizo, pero por el que cobraba 9.000 euros al mes. El juez llamará a declarar a Julve proximamente para que pueda explicar todo el rosario de presuntas irregularidades que se han descubierto en el departamento que dirigía.

Esta decisión se produce el mismo día que el juez tomó declaración a los dos funcionarios implicados en la operación Cloaca, que afecta al sistema de recogida selectiva de residuos de Mallorca. Ambos funcionarios volvieron a implicar al ex director insular, Guillem Riera, quien fue detenido por este caso.
La funcionaria Maria Morey mantuvo ayer ante el juez que en el departamento de residuos siempre se siguieron las indicaciones políticas. Negó que el sistema de cobro de facturas infladas, en las que se abonaban a las UTE toneladas de residuos que no se ha-bían recogido, fuese a iniciativa de los funcionarios, sino que se trató de una decisión política. Y esta orden vino del ex director insular, quien impuso –según la imputada– a los funcionarios que abonaran las facturas a pesar de que se sabía que se pagaban trabajos que no se habían realizado.
A pesar de ello, la funcionaria interina, que es economista pero que no actúa como tal, nunca tuvo la certeza de que se estaba cometiendo una irregularidad. La mujer, defendida por el abogado Josep de Lluís, explicó que el Consell no podía pagar las facturas que presentaban las otras empresas, contratadas por los ayuntamientos, que se encargaban de la recogida de basura puerta a puerta por distintos municipios de Mallorca. Y no podían pagar este dinero porque la institución insular no tenía suscrito ningún contrato con estas empresas, por lo que no consideró ilegal que se abonara las facturas a las UTE que tenían encomendada la labor de esta recogida. La funcionaria explicó que hasta hace poco no conocía al empresario de Portocristo, Simón Galmés, que había sido contratado para que se encargara de controlar a las UTE. Tampoco conocía su sueldo.
Argumentos parecidos sostuvo ante el juez el otro funcionario, Gabriel Perelló. Al igual que su compañera, y tal como ya había hecho en su declaración policial, insistió ante el magistrado que se limitó a cumplir órdenes superiores. Perelló, que fue defendido por el abogado Bartomeu Oliver, sostuvo que el sistema de facturación de las UTE fue una imposición política, y afirmó que fue el ex director Guillem Riera quien le ordenó de qué forma debía tratar a las empresas concesionarias.
Al funcionario, que fue detenido en las oficinas del Consell de Mallorca, se le mostraron una serie de facturas infladas que recogen las cantidades de residuos que se han pagado pero que no se han recogido, y en las que figura su firma. El ingeniero del Consell reconoció su rúbrica, pero insistió una vez más que los datos que reflejaban estos documentos públicos le fueron indicados por su superior jerárquico, en este caso el ex director insular, quien también fue detenido el pasado jueves y al día siguiente puesto en libertad.
El funcionario también desmintió al ex alto cargo de UM, quien mantuvo ante la Policía que apenas conocía de vista al empresario de Portocristo que se llevaba una mensualidad de 9.000 euros por controlar el trabajo de las UTE contratadas para recoger los residuos. Afirma Perelló que fue Riera quien le presentó personalmente al empresario Simón Galmés y le dio órdenes para que trabajara con él, y qué tipo de relación laboral debía mantener con el dueño de esta empresa.
Por otra parte, Unió Mallorquina negó ayer, a través de un comunicado, "de forma rotunda y taxativa" su relación con este caso, y rechaza que el partido hubiera recibido financiación ilegal a través de la recogida de residuos. UM sostiene que se trata de irregularidades administrativas.



* Diario de Mallorca - 19.01.11
Foto: Operación Cloaca - diariomallorca

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Ex arquitecto jefe de Urbanismo dice que Roca era quien tenía la representación del alcalde

20MINUTOS/Marbella* : El arquitecto y ex jefe del servicio técnico de Obras y Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, ha asegurado este martes que el supuesto cerebro de la trama de corrupción marbellí, Juan Antonio Roca, "era la persona que para nosotros tenía la representación del alcalde", aunque no tuviera "ningún cargo orgánico en el Ayuntamiento de Marbella". Merino, que ha declarado como testigo en el juicio por el caso 'Malaya', en concreto en el bloque de Crucero Banús, ha insistido en que esa representación del también ex asesor de urbanismo "era por delegación del alcalde", por lo que "cualquier requerimiento que él nos hacía por información, asesoramiento o una asistencia a una reunión, efectivamente, se cumplía". Según el fiscal, Roca, el ex edil Pedro Román, el letrado Juan Hoffman y el ex comisario Florencio San Agapito se concertaron para comprar una parcela sobre la que conseguir, con un convenio, el aumento de edificabilidad y la reducción de los aprovechamientos para el Consistorio. La operación se hace a través de una sociedad suiza que compra las participaciones de la titular del suelo, tras lo que se vende a empresas del promotor José Ávila Rojas.

A preguntas de la abogada de Roca, quien ha señalado que el Consistorio cobró 40 millones de pesetas por el convenio, aunque la licencia fue anulada y no se ha devuelto ese dinero, Merino ha indicado que "tal y como se plantea, no hay perjuicio para el Ayuntamiento", pero ha precisado que "hay un contrato incumplido y tendrá que resolverse jurídicamente en la manera que proceda".

Sobre este punto ha sido cuestionado también por la defensa del que fuera alcalde de Marbella Julián Muñoz y ha insistido en que "es un hecho cierto que el convenio se firmó, el Ayuntamiento ha ingresado una cantidad de dinero y, sin embargo, lo que el convenio proponía no se ha cumplido". "Desde el punto de vista que estamos hablando, claro que no ha habido un perjuicio para el Ayuntamiento", ha dicho.

Después de ser interrogado por la defensa de Roca, la Sala ha pedido Merino que comparara los dos convenios que existen para el desarrollo de ese suelo, uno de 1996 con el anterior propietario y otro del 2001, con los cuatro acusados; y, además, que explicara si existía alguna irregularidad entre ambos.

Al respecto, ha indicado que no ve "más diferencia", además de la altura del edificio que se proyecta o la edificabilidad completa, que "la parte de cesión que le corresponde al Ayuntamiento", ya que "en el segundo incluye un 22 por ciento y en el primero es menor", por lo que ha afirmado que hay en este último hay "más aprovechamientos para el Ayuntamiento".

Ha considerado que el segundo convenio es "más beneficioso" para el Consistorio por esa cesión. No obstante, a preguntas del fiscal, al que la Sala le ha vuelto a dar la palabra para preguntarle sobre ambos convenios al igual que a las otras acusaciones, ha añadido que en el segundo convenio es "muy baja" la valoración del metro construido.

Funcionamiento del urbanismo

Por otro lado, Merino ha señalado que se inició la obra antes de disponer del proyecto de ejecución y ha dicho que no es la única vez que se realizó así, ya que "hay más casos", aunque "no era práctica habitual". Ha aclarado que era "frecuente" que los informes para la concesión de licencias que hacía el servicio técnico de obras y urbanismo "se retrasaran" porque "había una cantidad enorme", aunque ha dicho que no es justificación para que la obra empezara antes.

Sobre la práctica de otorgar licencias, ha apuntado que era "de dominio público" y "muy conocido" en Marbella que se hicieran según el planeamiento en revisión. Además, ha indicado que "seguro" la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que se otorgaban en Marbella licencias acorde a ese planeamiento en revisión, ya que este organismo "impugnó muchas" de ellas.

Ha reconocido que hubo reuniones y también "enfrentamientos" del Ayuntamiento con el Gobierno andaluz en relación con el plan, y que, en algunos casos, la relación entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía, "a la vista de la práctica que se seguía en el Ayuntamiento, llegó a ser compleja".

En la sesión de este martes también han sido interrogados los peritos que han analizado el análisis económico de la operación inmobiliaria denominada Crucero Banús, aunque no han terminado de contestar las preguntas de las defensas, por lo que, previsiblemente, continuaran el interrogatorio este miércoles, tras lo que tendrán que declarar agentes que investigaron la operación urbanística.



* 20 Minutos - 18.01.11
Foto: Marbella, gerencia urbanismo - elmundo.es

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La mitad de los concellos pierden vecinos desde 1842

LAVOZDEGALICIA* : Galicia tenía en 1842 ocho ayuntamientos más que hoy y, aunque solo sumaba 1,3 millones de habitantes, ninguno de sus municipios contaba con menos de mil vecinos. En el panorama demográfico de hace 169 años, Corcubión era la localidad con menor número de residentes, pero por debajo de los 1.146 que poblaban entonces el concello coruñés Galicia tiene hoy 22 municipios, algunos tan despoblados como Negueira de Muñiz, que no deja de perder vecinos desde que se creó en 1925. Esa despoblación, a pesar de su crecimiento global, define la dinámica de los movimientos demográficos de Galicia, que pasó de un modelo de múltiples polos residenciales a concentrarse en las ciudades y ahora a formar un cinturón de villas medias a su alrededor.

En ese esquema de desplazamiento poblacional y desertización interior, algo más de la mitad de los concellos, 159 en total, tienen hoy menos habitantes que cuando se confeccionó en 1842 el primer censo completo de España. Municipios que entonces se aproximaban a los 10.000 integrantes ahora apenas superan los mil, como Ourol, que ha menguado en ese tiempo un 86,5%.

Menos gente que hace 100 años

Los concellos más afectados por ese retroceso poblacional se concentran en Lugo y Ourense, provincias que presentan hoy prácticamente el mismo número de residentes que en 1842. En el año 2020, ambas demarcaciones estarán por debajo de los niveles de mediados del siglo XIX, según las últimas proyecciones oficiales de población. Unos 215 ayuntamientos gallegos tienen ahora menos residentes que hace cien años.

Ourense es donde más se nota el abandono de sus concellos en el último siglo, al tener menos población que entonces 81 municipios. En Lugo, ocurre en 56. Hace cien años tampoco había municipios con menos de mil vecinos, siendo Ponte Sampaio (después se unió a Pontevedra) el de menor población, con 1.453. Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.

Aunque Galicia no experimentó en conjunto hasta 1970 un descenso en su censo, dibujando desde entonces dientes de sierra en su evolución, el fenómeno del despoblamiento empezó en 1950 con una caída que Lugo y Ourense aún no han frenado. En 1940, Lugo tenía 191.624 habitantes más que hoy; Ourense, 159.747. Mientras la provincia de Pontevedra no ha dejado de crecer, la de A Coruña fluctúa desde 1970, aunque con un balance positivo en estos momentos.

Los casos de Santiago y Vigo

El primer censo completo realizado en España contaba en 1842 a Santiago como la urbe más poblada (22.749 vecinos), seguida de A Coruña (19.415), Ferrol (16.641), A Estrada, Lugo, A Fonsagrada, Ponteareas, Viveiro y Monforte. En 1910, dicho ránking se había modificado notablemente por el efecto de concentración de la población, haciendo que A Coruña liderase la tabla con los 49.290 residentes que tenía entonces. La consolidación de su incipiente foco industrial hizo que Vigo, que setenta años antes era la trigésimo primera localidad más poblada de Galicia, irrumpiese en ese ránking con unos 41.500 vecinos, para estar seguida por Lugo, A Estrada, Ferrol, Pontevedra, Santiago y Ortigueira.

El crecimiento poblacional que registró Vigo en los últimos 169 años fue de un 4.307%, de 1.879% en Pontevedra y Ourense y de 1.167% en A Coruña. En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.

En los últimos 169 años la fusión y segregación de ayuntamientos ha ido cambiando también el mapa de Galicia, haciendo desaparecer 25 concellos. Bouzas, Berducido, Saiar, Conxo, Oza o Serantes resultaron absorbidos, mientras Freás y Vilameá o Villaodrid y Pontenova se unieron y, por otro lado, surgieron otros como Cariño, San Cibrao, Ramirás o Burela.



* La Voz de Galicia - 16.01.11
Foto: Ourol (Lugo) - concellosdelugo

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¿Dónde quedaron las Administraciones que protegen el Medio Ambiente?

ECOLOGISTASENACCIÓN/Murcia* : Ecologistas en Acción considera un grave error la reciente noticia de la reducción en un 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso y aboga por una mayor participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales en la toma de decisiones que comprometan de manera grave el futuro de los recursos naturales de la Región de Murcia, así como que se apueste por la cogestión de los espacios marinos. Ecologistas en Acción recibe con tristeza la noticia de la reducción del 98% del área propuesta como Reserva Marina de Cabo Tiñoso e insta a la Consejería de Agricultura y Agua, presidida por el consejero Cerdá, a que base sus decisiones en criterios de protección y conservación de los recursos naturales presentes en la costa, contando en todo momento con la participación de los agentes sociales y asociaciones ambientales que tienen mucho que decir, tanto a nivel científico como técnico, y que son las que realmente apuestan por la protección del medio ambiente y la creación de Reservas Marinas.

Ecologistas en Acción recuerda que en la presentación del documento de síntesis en la Consejería de Agricultura y Agua en 2009, elaborado por TRAGSATEC, se expuso la creación de mesas sectoriales de participación de manera que todos los sectores implicados estuvieran presentes y formaran parte de la decisión, llegando así a un consenso en el que nadie saliera perjudicado. En ese acto, Ecologistas en Acción, junto con otras asociaciones ecologistas presentes, solicitó participar en las mesas sectoriales, propuesta que no tubo muy buena acogida por parte del Director General de Ganadería y Pesca, Adolfo Falagán. De hecho Ecologistas en Acción no ha tenido conocimiento de si finalmente las mesas de trabajo se han llegado a constituir y trabajar, ya que esta asociación no ha sido informada de ello, ni invitada a participar, tal y como solicitó en su momento.

El reciente borrador de decreto, sólo permite las alegaciones como forma de participación, obviando los criterios y peticiones de las asociaciones ecologistas, y teniendo en cuenta los impedimentos puestos por organismos como la Autoridad Portuaria de Cartagena, la Capitanía Marítima de Cartagena, la Armada Española y algunos sectores empresariales.

Ecologistas en Acción recuerda a la Consejería de Agricultura y Agua, así como a las instituciones que han alegado a este proyecto, que dentro de las prioridades de la nueva estrategia marina europea y dentro de las propias prioridades del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), se encuentra la declaración y explotación en sintonía con el ecosistema de Áreas Marinas Protegidas. Así mismo, el colectivo cree importante considerar las zonas de reserva de interés pesquero dentro de estas áreas protegidas.

Así, esta asociación ambientalista reivindica la cogestión de los espacios marinos entre el sector pesquero de artes menores, colectivos interesados y la administración como la principal herramienta para solventar el problema de sobrexplotación al que se enfrentan los caladeros europeos y, solucionar del mismo modo la caída socioeconómica del sector pesquero artesanal en Europa. Esta zona tiene graves problemas derivados de la pesca de arrastre y otros artes de pesca industriales, que cuentan con la permisividad de las Administraciones desde hace años aún a sabiendas del grave daño que causan estas artes en los fondos marinos de alta riqueza.

Por tanto, Ecologistas en Acción insta a la Consejería de Agricultura y Agua a que mantenga la protección inicial y se base en las necesidades de protección de estos ecosistemas naturales tan ricos e importantes en la Región de Murcia. Reclaman que la participación pública sea un hecho y no algo que se obvia continuamente. Además, consideran estrictamente necesario la cogestión de estas reservas marinas, entre todos los sectores implicados, los mayores conocedores de las necesidades y recursos que ofrece el terreno, y los máximos perjudicados en estas decisiones que quedan muy lejos de una verdadera prioridad en la protección medio ambiental por parte de las Administraciones públicas.


* Ecologistas en Acción Región Murciana - 17.01.11

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Valencia.- El fiscal pide ocho años de inhabilitación para el edil de Urbanismo por prevaricación

LEVANTE* : El fiscal solicita sendas penas de ocho años de inhabilitación para el concejal de Urbanismo de Valencia, Jorge Bellver, y otros cuatro procesados por un delito de prevaricación por las obras del aparcamiento del Jardín de Monforte, según confirmaron a Levante-EMV fuentes próximas al caso. La Fiscalía ha elevado el escrito de acusación una semana después de que el magistrado José Luis Albiñana procesara a Bellver y al secretario del Ayuntamiento de Valencia Pedro García Rabasa, una arquitecta y dos jefes de servicio municipales. Fuentes cercanas a Bellver aseguraron que la decisión de la Fiscalía "es papel mojado si la Audiencia lo archiva" y mostraron su extrañeza por "la rapidez con la que ha actuado el fiscal". Bellver mantiene la teoría de que la acusación responde a intereses políticos y electorales. El fiscal considera que el concejal y el resto de imputados podrían haber cometido un delito de prevaricación por autorizar las obras para construir el aparcamiento subterráneo existente bajo la calle Severo Ochoa sin el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio de la Conselleria de Cultura.

El informe era necesario porque el Jardín de Monforte está declarado como Bien de Interés Cultural -BIC- desde la década de los noventa.
La Fiscalía ha asumido prácticamente por completo los argumentos del magistrado Albiñana en su auto de procesamiento. José Luis Albiñana, que fue presidente del Consell preautonómico con el PSPV antes de la victoria de Lerma, apuntó en el auto que los imputados eran conscientes de que obraban de forma irregular -hecho que castiga el delito de prevaricación- porque en otros expedientes de actuaciones similares sí que se pidió la autorización a la Conselleria de Cultura. El ejemplo más claro, según la Fiscalía y el juez instructor, son las obras de la Clínica Quirón, que están en el mismo entorno BIC. El expediente de las obras de la Quirón fue aprobado por Jorge Bellver un año antes que el del aparcamiento subterráneo y sí incluía el informe preceptivo de la Dirección General de Patrimonio. Enrique Ortiz logró la adjudicación de la construcción del aparcamiento y la licencia es de 2004.
La Fiscalía inició la investigación contra Bellver tras recibir una denuncia de la asociación cultural Cercle Obert de Benicalap. El colectivo vecinal reaccionó después de que el Ayuntamiento de Valencia decidiera derribar parte del muro que protege el Jardín de Monforte para sustituirlo por una verja de hierro alegando necesidad de aireación de las especies arbóreas. El nivel freático obligó a las empresas constructoras del aparcamiento de la calle Severo Ochoa a envolver el garaje en un cajón de hormigón que provoca la acumulación de humedad en el jardín y ocasiona serios daños en las plantas. Cercle Obert descubrió en ese momento que para la construcción del aparcamiento no se había pedido el preceptivo informe de la Dirección General de Patrimonio e interpuso la denuncia contra el concejal de Urbanismo, que en su día firmó el proyecto como teniente de alcalde del área y no como edil de Circulación.
Jorge Bellver reconoció ante el juez que no se pidió el informe de Patrimonio. El concejal aseguró que se limitó a firmar un expediente que contaba con todos los avales técnicos necesarios.
El magistrado ya advirtió en su auto de que la conducta de los imputados "es merecedora de reproche penal" porque la decisión de autorizar las obras sin el informe no puede justificarse en el desconocimiento. Albiñana incidió en el auto en que las respuestas de los imputados estaban orquestadas y consideró "insólito" que Bellver se diera por enterado de la necesidad del informe de Patrimonio el día que compareció en el juzgado para declarar. El magistrado, al igual que el fiscal, entiende que los cinco procesados prevaricaron porque obviaron la intervención de la conselleria "a sabiendas de la protección especial que tenía el entorno en donde se iban a realizar las obras".
El magistrado puede decretar la apertura de juicio oral sin esperar a que la Audiencia de Valencia resuelva el recurso que presentó Bellver contra el procesamiento.

El concejal está convencido del archivo

El caso está ahora pendiente del recurso que presentó Bellver contra la decisión del juez de procesarlo. Fuentes judiciales confirmaron que la Sección Segunda todavía no ha recibido el escrito con los argumentos del concejal de Urbanismo, que insiste en que es objeto de una persecución por parte de la Fiscalía y del magistrado instructor. Bellver ya denunció que "el ex presidente socialista de la Generalitat" y titular del juzgado de Instrucción número Uno actuaba al dictado del Ministerio Fiscal. Fuentes cercanas al concejal insistieron ayer en que está convencido de que la Audiencia acabará por archivar la causa.



* Levante - 19.01.11
Foto: Valencia, aparcamiento junto Jardines Monforte - anna

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El juez Acayro cita a los promotores de La Loma y a varios funcionarios de Castro Urdiales

DIARIOMONTAÑÉS* : El magistrado Luis Acayro Sánchez ha retomado la investigación judicial en el Ayuntamiento de Castro Urdiales tras el parón navideño. Hoy tendrán que declarar como imputados, dentro del caso La Loma, (el de las presuntas irregularidades urbanísticas por falta de licencias y construcción de viviendas en suelo público) los administradores de Quinorsa; el administrador de Teconsa, José Luis Martínez; Javier Sainz, en representación de Norsur; los administradores de Sacyr Vallehermoso y el exconcejal de Obras, Pedro Olano. También tendrán que comparecer ante el instructor de este caso, aunque en su caso en calidad de testigos, la exgerente de Urbanismo, Alicia García; la tesorera municipal, el interventor y la secretaria municipal. El jueves testificarán los representantes de la Fundación Barquín; el director general de Urbanismo del Gobierno regional, Pedro Ángel Gómez Portilla; el exdirector general de Medio Ambiente, Alfredo Izaguirre y la registradora de la propiedad.

En un providencia a la que ha tenido acceso este periódico, el juez Acayro dice que el Ayuntamiento de Castro ha presentado diversa documentación «que no tiene nada que ver con los hechos investigados al estar fuera del Suelo Urbanizable No Programado» y que por tanto se ha devuelto a dependencias municipales.
Además, señala que la secretaria municipal ha presentado un certificado en el que indica que no consta en el Ayuntamiento expediente de adjudicación de las obras de urbanización de una promoción de chalés de La Loma.

Recurso
Las empresas que construyen en La Loma recurrieron hace unas semanas el auto en el que el juez, además de inhabilitar al alcalde Muguruza y el edil Rodríguez López, ordena la paralización de la edificación e incluso la retirada de toda la publicidad referente a la venta de chalés de 'Residencial San Pelayo', en Santullán. Las constructoras alegan que cuentan con la pertinente licencia de obra por parte del Ayuntamiento y que no han cometido ilegalidad alguna en la ejecución de sus promociones. Por ello, y ante el perjuicio económico que esta paralización les está ocasionando, solicitaron la revocación del auto.



* El Diario Montañés - 19.01.11
Foto: Castro Urdiales (Cantabria), ayuntamiento - eldiariomontanes.es

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El fiscal pide 8 años de inhabilitación para el alcalde de Gerena por delito urbanístico

ELMUNDO/Sevilla* : La Fiscalía de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico de Sevilla ha solicitado ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE), para el secretario-interventor y para cuatro tenientes de alcalde de la corporación municipal por autorizar una licencia de obra para la reforma y ampliación de una vivienda pese al informe en contra del arquitecto municipal. Según relata el Ministerio Público en su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, fue el 10 de junio de 2008 cuando un particular presentó en el Ayuntamiento una solicitud de licencia de obra para la reforma y ampliación de su vivienda localizada en una parcela de la urbanización 'Los Zarzalejos'. El 17 de junio del mismo año el arquitecto municipal "informó que procedía denegar" el otorgamiento de la licencia.

En este sentido, el arquitecto argumentó entonces que las normas urbanísticas vigentes clasificaban el terreno como suelo urbanizable sectorizado con la calificación de residencial ciudad jardín, y que al no haber sido aprobado ni el documento de planeamiento de ordenación del ámbito del Plan Parcial 5 (PP5) ni el proyecto de urbanización "no era posible comprobar que se cumplían los parámetros urbanísticos de la calificación aplicable".

Pues bien, la Fiscalía prosigue señalando que el secretario-interventor, Juan Alfonso Rubio, emitió un informe el 17 de junio de 2008 en el que contemplaba como "viable" la licencia, todo ello "siempre que se sometiera a la condición de la firma de una declaración por el propietario de aceptación y reconocimiento de que su parcela va a ser incluida en suelo urbano no consolidado en el PGOU, lo que le supondrá la obligación de contribuir a las cargas que el Ayuntamiento establezca a la hora de regularizar definitivamente dicha zona".
Previsiones futuras

Estas afirmaciones, agrega el Ministerio Público, "las realizaba" el acusado "basándose en previsiones futuras" y "siendo consciente" de que el documento de planeamiento (Plan Parcial 5) "no existía, argumentando a favor de otorgar la licencia razones fácticas y jurídicas ajenas a la legalidad vigente, y en la propia consolidación urbanística del enclave".

Pues bien, pone de manifiesto que, también el 17 de junio de 2008, el alcalde y los cuatro tenientes de alcalde acusados se reunieron en Junta de Gobierno Local y, "a pesar del informe desfavorable" del arquitecto, votaron "unánimemente" autorizar la licencia de obra, una autorización que "resultó claramente contraria" a la legislación y planeamiento urbanístico vigentes, por cuanto la existencia de un planeamiento de desarrollo y un proyecto de urbanización "eran en todo punto ineludibles para su concesión, circunstancias éstas perfectamente conocidas por cada uno de los acusados en el momento de la votación, quienes de forma consciente fueron favorables a su concesión".

La Fiscalía entiende que todo ello supone un delito contra la ordenación del territorio y solicita ocho años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros para el alcalde de Gerena; el secretario-interventor y para los actuales primer, segundo, tercero y cuarto tenientes de alcalde en el Ayuntamiento de Gerena, como son Margarita Gutiérrez Nogales, Álvaro Arias Nogales, Esther Pereira Benítez y Juan Márquez Barrero, respectivamente.



* El Mundo - ep. - 18.01.11
Foto: Gerena (Sevilla) - andaluciarustica.com

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Salamanca.-Los paisajes y túneles del olvido

NORTEDECASTILLA* : «Este territorio de frontera sueña con salir de la brecha de su aislamiento y traspasar el umbral de la modernidad». Eran las orgullosas palabras de la prensa salmantina en diciembre de 1887 cuando, tras innumerables esfuerzos, se daba por inaugurada la línea férrea entre Boadilla-La Fuente de San Esteban y la localidad portuguesa de Barca D'Alva. Un espectacular trazado que apenas un siglo después fue cerrado por falta de viabilidad económica y que, desde entonces, permanece en el olvido y el deterioro progresivo a la espera de que sustancie alguno de los muchos planes y proyectos para su recuperación con fines turísticos. Lo cierto es que estos días la línea férrea acaba de cumplir su primer cuarto de siglo como vía muerta. El Real Decreto aprobado en septiembre de 1984 condenaba al trazado desde los primeros días del año siguiente a entrar en un abandono, en apariencia irreversible, del que ni siquiera lo ha podido salvar por el momento la declaración en 2000 por parte del entonces Ministerio de Educación y Cultura como Bien de Interés Cultural con categoría de monumento. Desde entonces, distintos proyectos han tratado de incluir la conocida como línea férrea de La Fregenda, ya que esta era la última estación antes de la frontera en el muelle de Vega Terrón, en algún plan de recuperación y dinamización turística de la zona

Primero, la Diputación de Salamanca contempló la posibilidad de una Vía Verde de senderismo, aprovechando las posibilidades del parque natural Arribes del Duero.
El desacuerdo social en la zona llevó a descartar esta solución y desde hace años el debate ya no se centra sobre el posible modelo de aprovechamiento de la infraestructura -solo se piensa ya en un tren turístico que use un convoy que se asemeje a los de principios del siglo XX-, sino en cómo financiarlo.
El problema, según destaca la asociación Caminos de Hierro, es que «la falta de mantenimiento de los puentes ha originado la corrosión de algunos elementos y la pérdida de barandillas y traviesas».
Es decir, para recuperar la transitabilidad de máquinas de tren sería necesaria una cuantiosa inversión. La Diputación salmantina cuenta con un proyecto que eleva a 20 millones la restauración solo del último tramo, 17 kilómetros en los que se encuentran los elementos arquitectónicos más singulares y la más espectacular secuencia de túneles y puentes en pleno Arribes.
Sin embargo, la Junta calcula que serían necesarios no menos de 80 millones para garantizar la recuperación de toda la vía hasta Portugal. Una ingente inversión para la que se piensa en «programas europeos de cooperación» sin concretar.
Permanece a la espera de este modo una auténtica catedral de piedra y hierro realizada en el siglo XIX y que todavía hoy asombra al permitir contemplar el prodigioso atrevimiento y el alarde de ingeniería que permitió superar siglos de recelos mutuos y comunicar España y Portugal con una empresa de dimensiones titánicas que fue abriendo balcones sobre los ríos Duero y Águeda y horadando el alma de las montañas.
Aunque todo ese esfuerzo permanece hoy aparentemente en el olvido, algunos de los valores distintivos de la vía -cuyo recorrido está prohibido expresamente por las autoridades ferroviarias ante el mal estado y el enorme peligro para el paseante-, continúan subrayando su condición de elemento arquitectónico de primer orden.
A lo largo de la vía, el paisaje muta de la dehesa charra a los escarpados Arribes, en un itinerario salpicado de pintorescas estaciones en su mayoría muy deterioradas. Sin embargo, es a partir de la estación de La Fregeneda donde comienza un descenso único con un trazado de 17 kilómetros jalonado de puentes y túneles, que da idea de las dificultades que debieron acometerse para finalizar las obras iniciadas en agosto de 1883 por la Sociedad Financiera de París en uno de los rincones más pobres de la Europa del momento.
Los trabajos contaron con un presupuesto desorbitado de 30,2 millones de pesetas y con una subvención oficial de 15.000 pesetas por kilómetro, y requirieron una cantidad ingente de mano de obra. Más de 3.000 personas se dejaron la piel en una obra que dejó un inédito testimonio de la revolución industrial y ferroviaria y que sigue esperando que su nombre sea por fin subrayado en las agendas oficiales que manejan los hilos del futuro.



* El Norte de Castilla - 17.01.11
Foto: Imagen de uno de los túneles de la línea férrea entre Boadilla y la localidad portuguesa Barca D'Alva - nortecastilla

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Ronda.- Los Merinos, urbanismo maleable

ELPAÍS/Málaga* : La preferencia de los poderes públicos por el desarrollo económico a ultranza les hace en ocasiones satisfacer intereses privados por encima de los objetivos de sostenibilidad socioeconómica y medioambiental, orillando incluso los condicionantes que imponen las leyes administrativas. Así cree el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (IAIC) que ha ocurrido en el polémico proyecto urbanístico de Los Merinos Norte en Ronda (Málaga), una urbanización con 783 viviendas de lujo, complejo hotelero, dos campos de golf y clubes hípico y de tenis, en un paraje de ocho millones de metros dentro del área de transición de la Reserva de la Biosfera de la Sierra de las Nieves. Una investigación sobre el macroproyecto de Los Merinos realizada por este instituto concluye que "hay numerosos indicios de que los grupos empresariales cuentan con la capacidad de influencia suficiente para sacar adelante el proyecto frente a gran número de contratiempos y de que éste se diseña, se proyecta en una determinada ubicación y se desarrolla de acuerdo con las autoridades, contando con que el planeamiento urbanístico se acomodará a sus necesidades de ejecución".

El estudio coordinado por el director del centro, el catedrático de Derecho Penal José Luis Díez Ripollés ha desvelado numerosas anomalías tanto en la tramitación administrativa del proyecto como en el entramado societario de sus promotores. Y pone en entredicho el funcionamiento de los controles de legalidad, tanto de la administración como de los tribunales. Critica, por ejemplo, que la juez de lo contencioso-administrativo Asunción Vallecillo primó el interés particular al negar la paralización cautelar de las obras de urbanización, en el recurso que puso la Junta contra el permiso concedido por el alcalde de Ronda, el socialista Antonio Marín Lara, que autorizó un movimiento del terreno superior al permitido en el Impacto Ambiental y cuando el proyecto tiene denegado el suministro de agua.

Por esta licencia hay abierto también un procedimiento penal tras una denuncia de Izquierda Unida. Las obras están paralizadas desde abril de 2008 pero por decisión voluntaria de la promotora ante la crisis económica.

Al Instituto de Criminología le llama la atención la "sintomática diligencia con la que la Administración municipal se ha ocupado de allanar los obstáculos", y pone de ejemplo que cuando se denegó por segunda vez el permiso para obtener agua del acuífero subterráneo del paraje, el Ayuntamiento se comprometió mediante convenio con la promotora a construir una conducción de agua desde el casco urbano a la urbanización, que dista 12 kilómetros.

El IAIC considera que ha habido una "maleabilidad" del procedimiento administrativo, con "trámites esenciales incumplidos" y decisiones "incoherentes" cuando no "contradictorias". Por ejemplo: el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en 1994 declaró Los Merinos suelo urbanizable y, por tanto, obligaba a modificar el Plan Especial de Protección del Medio Físico de Málaga aprobado en 1987 en el que era complejo serrano, y pese a que este se publicó 20 años después, en 2007, no se incluyó el cambio. O que se aprobara al Plan de Actuación Urbanística del paraje en 1992, dos años antes del PGOU, que es el documento general que le sirve de base (es como aprobar el reglamento de una ley antes que la ley).

La investigación no encuentra argumentos suficientemente justificados para que un paraje con las condiciones ambientales de Los Merinos, catalogado como complejo serrano y aislado, a 12 kilómetros del casco urbano, fuera considerado suelo urbanizable no programado en el PGOU de 1994. Algo así es imposible desde la entrada en vigor de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía en 2003.

Curiosamente, el documento de avance del PGOU fue presentado en 1990 por el entonces consejero de Obras Públicas e Infraestructuras, Jaime Montaner, cuando ya Golf and Country Club Ronda había comprado el suelo de Los Merinos con el propósito de levantar una urbanización. Montaner, arquitecto de profesión, fue 15 años después coautor del plan de urbanización que tiene impugnado la Junta.



* El País - 16.01.11
Foto: El urbanismo bajo la lupa de Criminología - elpais

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Los eólicos impiden declarar al románico patrimonio de la humanidad

DIARIOMONTAÑÉS* : La implantación de molinos-generadores de energía eólica en los valles del sur de Cantabria tendrá notables consecuencias en el territorio, según los arquitectos que ayer intervinieron en una mesa redonda celebrada en el Ateneo de Santander. Entre ellas, la imposibilidad de que la Unesco reconozca al Románico de Cantabria con la declaración de 'patrimonio de la humanidad'. Este dato lo aportó Miguel Ángel Pérez 'Peridis', presidente de la Fundación Santa María La Real y promotor de la serie de documentales sobre el románico en España, erigido en figura estelar del coloquio. Según Peridis, los molinos sólo pueden admitirse «donde caben, donde no estorban y donde no hay otra cosa», pero no en los valles del sur de Cantabria como Valdeolea, Valdeprado del Río y Valderredible, porque «son únicos, vertebran la cordillera a ambos lados, son valles del románico, son merecedores de ser declarados patrimonio de la humanidad». «Una vez que estén los molinos, será imposible la declaración», añadió, advirtiendo de que aquella quedará reducida, en el mejor de los casos, a las comarcas situadas en el norte de Burgos y Palencia.

«En La Mancha hay páramos en los que los molinos no tienen por qué generar tanto impacto, porque siempre los ha habido. ¿Por qué hacerlos en nuestras zonas? Ancha es Castilla y territorios tiene España. ¿Por qué cada región tiene que aportar el sacrificio de su primogénito en el altar del desarrollo?», se preguntó.
Otros arquitectos
Las opiniones de Peridis en el Ateneo de Santander, en el marco de la mesa redonda organizada por el colectivo Cántabros por la Ordenación Regional del Desarrollo Eólico (Core), fueron muy aplaudidas por un público que llenaba el salón de actos. Entre los asistentes se encontraban Miguel Ángel García Guinea, José Luis Casado Soto, José Manuel Iglesias, Joaquín González Echegaray, Aurelio González de Riancho...
Peridis no habló sólo, por supuesto. Otro arquitecto, Clemente Lomba, recordó que «sabemos todo de los molinos con una precisión de centímetros, pero nada de su impacto sobre la base, sobre el territorio», en referencia a la falta de estudios sobre el impacto en la zona.
Fernando Porras opinó que «es muy poco inteligente establecer un campo eólico sobre un perfil ondulante, igual que sobre un desierto llano ¿Cómo es posible que el planteamiento de colonización eólica sea igual en Polientes que en Atacama?».
Domingo de la Lastra cuestionó el supuesto negocio para las poblaciones de la zona, porque «les va a llover del viento un recurso, pero eso va a perjudicar todos los otros recursos». «Cuando se hayan acabado las subvenciones a los molinos, solamente quedarán las consecuencias», añadió.
Previamente, y tras la presentación de Javier Ceruti, Miguel Martínez Postigo, de la Plataforma en Defensa de Campoo, había ofrecido algunos datos introductorios, como que, entre los tres valles analizados, se van a instalar 322 molinos -tantos como en todo el País Vasco-, con un impacto de 81 kilómetros lineales de aerogeneradores, 86 kilómetros de tendidos eléctricos, quince centros de transformación y una ocupación de 1,25 millones de metros cuadrados. «No son molinos, son gigantes, aseguró.



* El Diario Montañés - 18.01.11
Foto: Molinos eólicos - tecnosfera.org

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La otra cultura del ladrillazo

ANDRÉS PRECEDO LEDO* : Cuando utilizamos el ladrillo como sinónimo de exceso constructivo lo referimos a los promotores privados y nos olvidamos que existe también un ladrillazo del sector público. Durante muchos años las instituciones llenaron el territorio de edificios; unas veces porque la demanda de entonces lo requería y otras porque el ladrillo es muy agradecido electoralmente. Nos encontramos con la situación actual de edificios en desuso. No es más que una reproducción de la cultura de lo nuevo frente a la cultura rehabilitadora. Lo vemos en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestros hospitales: centros de investigación de nuevo cuño vacíos porque no hay investigadores, hospitales vacíos porque nunca se pensó si era necesario construir otro nuevo o reutilizar y ampliar el existente. Es un mal generalizado en todo lo que se hace con dinero público. Y esto tiene que cambiar. Tal vez sea uno de los ámbitos donde las crisis nos devuelva el sentido común. Es necesario para ello romper los esquemas al uso, asumir una nueva cultura del desarrollo, y aprender a gestionar un dinero que por ser de todos parece que no es de nadie.

Se precisa también una buena dosis de imaginación y un pensamiento abierto al futuro, que necesita ser reinventado. Pero tal vez para hacerlo fuera necesario un recambio político, porque la propia cultura de partido, que termina por encerrar a la clase política en una burbuja, ha terminado por llevar esa política a un cementerio de ideas. El paradigma de nuevas construcciones, de más y mayores equipamientos, de nuevas viviendas debería dar paso a un pensamiento más racional que en lugar de seguir instalado en el más, pensara como reutilizar lo ya construido.


* La Voz de Galicia - Opinión - 17.01.11

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¿Por dónde dice que tengo que ir?

ELPAÍS/Madrid* : Rotas, confusas, escondidas, obsoletas... La ciudad de Madrid, con sus casi 3.300.000 habitantes, tiene más de 150.000 señales de tráfico verticales. Es decir, una por cada 22 madrileños. Pero estos carteles metálicos -realizados en chapa o en aluminio- no siempre cumplen todos los requisitos para que conductores y transeúntes las comprendan. Por su situación, sus características o simplemente por abandono, no hay quien se aclare con ellas: se acumulan en los postes, se dejan en las aceras al acabar las obras que señalizaban o están llenas de pintadas que las dejan irreconocibles. El Ayuntamiento es el encargado de gestionar los 3.000 kilómetros de vías públicas que tiene la ciudad de Madrid. Como explican desde la Concejalía de Seguridad y Movilidad del Consistorio, "la señalización existente en la vía pública está sometida a permanentes cambios". Los achacan a modificaciones de las normas, de las propias vías o a "sugerencias de los usuarios".

En un estudio realizado por el RACE en primavera de 2010 y publicado en septiembre en el que se analizaban 57 obras en 12 ciudades europeas, Madrid obtuvo un resultado de "aceptable". El club de automovilismo observó que la ciudad debería mejorar en "las señalizaciones verticales y las marcaciones viales". Asimismo estableció que se debe reforzar la información en las zonas de obras, también para dar alternativas al tráfico.

En el caso de Madrid, el RACE analizó las obras de las calles de Mejía Lequerica y Serrano (calificadas como "aceptables"), las del paseo de La Habana ("satisfactoria") y las de las calles de Juan Bravo y los Hermanos Bécquer, ambas definidas como "insatisfactorias". En todas ellas destacó que faltaba algún cartel que indicara "la duración de las obras ni la longitud del tramo".

Para David Calavia, de la Asociación para el Estudio de las Tecnologías de Equipamiento de Carreteras, en general Madrid no tiene una mala señalización, "si acaso excesiva". Asegura que Madrid tiene un buen inventario de sus señales (tanto de las verticales como de las llamadas "marcas viales", las situadas en el suelo), aunque el control sobre el estado de las mismas es "relativo", asegura.

En diciembre de 2007, la ley estatal que modifica el Código Penal en materia de seguridad vial pedía en su disposición adicional "una revisión de la señalización vial y de la normativa reguladora de los límites de velocidad, para adecuar los mismos a las exigencias derivadas de una mayor seguridad vial".

Como explica Calavia, todas las señales -cuando cumplen los estándares de calidad- tienen tres datos escritos en un cajetín que está detrás de las mismas: quién las ha fabricado, cuándo se han situado en su ubicación y cuál es su fecha de caducidad. Asegura que la vida media de una señal es larga, de hasta 10 o 12 años.

Pero en muchas ocasiones los Ayuntamientos alargan su vida útil, y se pasan allí 15 y hasta 20 años. "Eso, unido al vandalismo o a las condiciones del ambiente (como la humedad, que en otras ciudades como Barcelona afecta mucho más), hace que las condiciones de las señales no sean las mejores", afirma.

En diversas ocasiones, el problema está en las competencias. ¿Quién se encarga de quitar y poner señales? El Ayuntamiento explica que si son señales de obras que estén en la vía pública, quien ejecuta las obras es quien debe retirarlas.

Como la propia Concejalía explica, el Ayuntamiento recibe a diario y por diversos medios -como la Policía Municipal, las áreas de Obras, Medio Ambiente, Urbanismo y las Juntas de Distrito- "decenas de estas quejas o sugerencias respecto de la señalización", tanto de ciudadanos como de asociaciones vecinales. Para dejar una queja o una sugerencia se puede usar el teléfono 010 o la web del Ayuntamiento. Después, el Ayuntamiento "procede a estudiar e inspeccionar las propuestas planteadas".

Aunque con una señal por cada 22 madrileños habrá que armarse de paciencia.

La fotografía ha sido realizada en el cruce de la avenida de los Poblados con la A-42, la carretera de Toledo. En ella se aprecian, en un solo poste vertical, tres placas. La señalización es confusa: bajo una señal de prohibido circular en motocicleta, una de vía por la que sí pueden circular... bicis. Las imágenes de la bicicleta y de la moto son bastante similares para quien quiera circular por el carril-bici que hay justo debajo. Con la pintada que hace incomprensible el cartel inferior, todo un lío para el ciclista.



* El País - 18.01.11
Foto: Madrid, señales imprecisas - elpais

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Galicia cuenta con cerca de mil edificios públicos abandonados

LAVOZDEGALICIA* : Cuarteles, lonjas, mataderos, antiguos conventos, edificios en ruinas, construcciones recientes, estaciones de tren, centros culturales, teleclubes y, sobre todo, escuelas abandonadas en zonas rurales. Galicia contabiliza casi un millar de edificios de titularidad pública que carecen de uso, algunos de los cuales presentan un estado de conservación deplorable. Según los datos facilitados por los propios ayuntamientos al Gobierno central -recogidos en la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos Locales- el grueso de las propiedades infrautilizadas se corresponde con centros educativos del medio rural, antiguas escuelas unitarias. Algunas de ellas, sobre todo en zonas próximas a villas y ciudades, han empezado a recuperar un uso como locales vecinales o centros culturales, tal y como recuerda Carlos Fernández, presidente de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Pero no ocurre lo mismo en áreas más deshabitadas del interior de Lugo y de Ourense.

Solo A Fonsagrada contabiliza 26 escuelas sin uso y en Cervantes, también en la montaña lucense, la cifra se sitúa en 22. El abandono o la infrautilización de los edificios públicos no constituye solo un problema rural como consecuencia del declive demográfico.

Las limitaciones económicas de los ayuntamientos, máxime en época de crisis, unido a la lentitud y a la espesura burocrática de las negociaciones entre distintas esferas de poder han condenado al desuso a edificios públicos que ocupan lugares emblemáticos.

En algunos casos los inmuebles infrautilizados son titularidad de la Xunta, que pese a recortar su gasto de alquileres un 6,8% por la crisis, destinará este año 9,3 millones de euros para el arrendamiento de oficinas. En Pontevedra, por ejemplo, la Administración autonómica tiene un edificio sin uso en la calle Benito Corbal.

La infrautilización de inmuebles de titularidad pública tiene en Santiago un ejemplo en el antiguo chalé de Roxos, que fue residencia oficial de Manuel Fraga durante muchos años y que luego se convirtió en centro de menores con el bipartito. Se encuentra en un estado lamentable de conservación y la Xunta prevé acometer el derribo pronto, trabajos que le costarán entre 20.000 y 30.000 euros.

En Ferrol existe otro inmueble propiedad del Ministerio de Hacienda vacío desde el traslado de ese servicio a la zona de As Telleiras, en el 2006. El Concello ya ha solicitado su cesión al Gobierno central. En la misma ciudad se ubica otro inmueble emblemático, el cuartel Sánchez Aguilera, sin uso desde hace una década y donde Defensa y el Concello prevén rehabilitar algunos pabellones y construir nuevas viviendas.

Pocos kilómetros al norte, en A Coruña, hay tres ilustres muestras de edificios públicos en desuso: el Gobierno Militar, la Comandancia de Marina y la antigua fábrica de tabacos. Esta última, propiedad del Ayuntamiento, se encuentra sin uso a la espera de que se concrete un convenio con la Xunta para albergar los servicios de Justicia. La fábrica ha llegado a perder una subvención de 25 millones de euros que concedía el ya desaparecido Ministerio de Vivienda. En Ourense capital hay tres ejemplos paradigmáticos: la antigua cárcel, el balneario y el claustro de San Francisco.

Falta de recursos

La infrautilización de dependencias públicas afecta a inmuebles de construcción reciente. Es el caso de la guardería del campus de Lugo, construida por la Xunta hace años y que no se pudo abrir por ese motivo. Ahora se está a la espera de que entre en vigor el nuevo PXOM, cuya aprobación definitiva depende de la Xunta. Los graves problemas económicos de los ayuntamientos han mermado sus proyectos de rehabilitación.



* La Voz de Galicia - 17.01.11
Foto: A Coruña, tabacalera abandonada - laopinión

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Los propietarios de Empuriabrava pierden sus amarres y embarcaderos

LAVANGUARDIA/Girona* : Expediente concluido. La ley de Costas ha caído finalmente como una losa sobre el puerto interior y la urbanización marítima de Empuriabrava, en Castelló d'Empúries. El director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, Pedro Antonio Ríos Martínez, ha firmado la orden de deslinde del dominio público de los canales de este puerto interior y su zona residencial. Los propietarios perderán el carácter privado del amarre o del embarcadero, pues toda lámina de agua marina será dominio público. Además, las fincas quedan afectadas por una servidumbre de tránsito de seis metros junto al canal, con el fin de facilitar un posible acceso directo al mar. Esto último significa que los propietarios tendrán las manos atadas para actuar en esta franja de seis metros, aunque legalmente no pierden la propiedad de la parcela. La raya de la afectación cruza jardines, piscinas y partes de muchas casas. “Pasa incluso por mitad de las camas en la casa”, había denunciado la Asociación de Propietarios de Empuriabrava. Esta entidad ha venido librando una batalla para frenar el deslinde del litoral al considerarlo como un ataque a la propiedad.

Los miles de afectados por el deslinde de la ley de Costas en Empuriabrava creían que la situación kafkiana que estaban viviendo tendría una solución favorable al finalizar el expediente de deslinde. Pero no ha sido así, pues se ha aprobado con poquísimas modificaciones respeto al expediente que estuvo en información pública.

El Gobierno no ha aceptado el argumento de que las marinas deberían tener un tratamiento diferenciado a la hora de delimitar la línea costera, como había reclamado reiteradamente CiU en el Congreso a través del diputado Pere Macias. Empuriabrava se adentra hasta 1,5 kilómetros del frente litoral propiamente dicho.

El resultado es que la raya que marcará el dominio público discurrirá en paralelo a los canales de Empuriabrava y los serpenteará con una traza en zigzag hasta alcanzar el último confín de este laberinto de amarres y embarcaderos. Muchísimos propietarios habían sacrificado parte del terreno y habían excavado su finca para crear garajes náuticos particulares, y es habitual que estos estén tapados con paredes, techos y persianas metálicas. Ahora, todo eso pasará al Estado. Además, tampoco se podrán comprar y vender los amarres de los minipuertos privados situados al final de canales junto a las casas pareadas, y que se vendían como plazas de parking.

Los afectados habían considerado todas estas fincas y amarres como propiedad particular a todos los efectos, pues las parcelas estaban inscritas en los registros de propiedad sin cargas ni limitaciones y se han venido comprando y vendiendo mediante escrituras notariales durante cuarenta años. Los afectados han argumentado que el Estado español había legitimado de facto esta situación al no haber advertido nunca ninguna anomalía o carga. En estos años, han intervenido tasadores; los bancos han hecho hipotecas, y los propietarios han pagado sus impuestos a todas las administraciones ignorando esta afectación.

Una preocupación añadida para los dueños de parcelas son sus usos en la franja reservada para servidumbre de tránsito en el interior de sus propiedad, pues comportará drásticas restricciones. En ella no se podrán hacer obras de consolidación, aumento de volumen edificable o modernización. Para ellos, es un expolio.

El reglamento de la ley de Costas no obliga a abrir el paso de manera inmediata, sino que permite dejar la situación tal como está si hay una servidumbre de tránsito alternativa, es decir, si está garantizado el paso por detrás de todas la parcelas. No obstante, la zona de servidumbre (en mitad de la propiedad) sí tendría que habilitarse en caso de que sí se hiciera en la zona una nueva marina, según dijeron a este diario los técnicos hace unos meses.

La aprobación llega cuando el nuevo Govern de CiU inicia su singladura y todavía no están nombrados todos los cargos en el Departament de Territori i Sostenibilidad que dirige Lluís Recoder.



* La Vanguardia - 14.01.11
Foto: La columna de agua es de dominio público, y la servidumbre toca jardines, piscinas y edificaciones - lavanguardia

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Marbella.- La licencia de Crucero Banús no se ajustaba a ningún plan urbanístico

SUR/Málaga* : La licencia concedida para levantar un edificio de viviendas previsto en el pelotazo inmobiliario de 'Crucero Banús' no se ajustaba a ninguno de los dos planes urbanísticos que entonces se aplicaban en Marbella. Según ha declarado hoy el que fuera jefe de los servicios técnicos de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella, Francisco Merino, la licencia no cumplía la normativa del plan vigente, el de 1986, ni tampoco al texto refundido de la norma que estaba en revisión, de 1998. El técnico ha manifiestado que se incluía una mayor edificabilidad que la permitida en el plan de 1986 e incluso afectaba a una parte de la parcela calificada como zona verde. Merino, a preguntas de fiscal, ha explicado que por "orden expresa de la Alcaldía los técnicos siempre teníamos que informar del proyecto con respecto a las dos normas urbanísticas" y ha contestado que los convenios que se iban pactando entre el Ayuntamiento y los particulares tuvieron "un alta influencia" en la revisión del plan.

Buena parte de la sesión de hoy del juicio por el 'caso Malaya' la ha consumido el interrogatorio por parte de los abogados de las defensas de los peritos de la agencia tributaria. Los letrados han tratado de desmontar los informes de los expertos fiscales que sostienen que los acusados ­-socios en la operación urbanística de Crucero Banús- no tributaron los más de seis millones de beneficio que obtuvieron en el negocios inmobiliario.



* Sur - 17.01.11
Foto: Marbella Banus - malagaweb

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Valencia.- Una promoción de Sociópolis queda parada por falta de compradores

LEVANTE* : La falta de demanda ha dejado estancada una promoción de 95 viviendas que ejecuta la empresa Ecovi en el complejo de Sociópolis. La cooperativa gestionada por dicha compañía tan sólo cuenta con 40 socios, cifra insuficiente para financiar la construcción del proyecto. Ecovi es una de las adjudicatarias de las parcelas que sacó a concurso el Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) para construir un "nuevo modelo de barrio de vivienda asequible" en la pedanía valenciana de La Torre. Sociópolis, ideado por el arquitecto valenciano Vicente Guallart, prevé la edificación de 3.000 VPO en un entorno de 380.000 metros cuadrados. Los afectados por la falta de viabilidad de la promoción de Ecovi se muestran indignados al ver cada vez más lejos la posibilidad de obtener el piso que llevan esperando desde hace años. Éstos afirman "que se les ha arrebatado el derecho a disponer de una vivienda digna". Así lo denunció a Levante-EMV David Ortega, quien asegura también que teme perder el dinero invertido en la sociedad, que representa para él "los ahorros de cinco años".

Sin embargo, desde el departamento comercial de la empresa ofrecen una visión distinta y defienden que "no se ha estafado a nadie". Aseguran que se les ha ofrecido a los socios la posibilidad de seguir adelante con el proyecto o bien abandonarlo, en cuyo caso se les garantizaría la devolución del dinero depositado en la cooperativa ya que las cantidades que se invirtieron están avaladas. "Intentaremos devolverles el máximo dinero posible ahora, y en un tiempo todo el importe", declararon. También añadieron que por ahora ningún socio les ha comunicado ninguna decisión -entre las que se incluiría también la opción de contratar otra empresa gestora- por lo que siguen realizando trámites para ejecutar el plan previsto y no contemplan devolver la parcela. Así, han negociado con el IVVSA la renovación de los plazos de ejecución del proyecto.
Desde Ecovi aseguran que en Sociópolis "hay un problema de comercialización" ya que la oferta supera la demanda y añaden que su situación no es única: "muchos promotores han perdido o devuelto los terrenos que se les habían adjudicado". No es este el caso de la cooperativa de viviendas de la UGT, conocida como HAB-CO. Fuentes de la empresa afirmaron que las obras del edificio que promueven ya están terminadas y que se entregarán los pisos a sus propietarios entre mayo y junio, cumpliendo los plazos que prometieron a sus socios. Respecto a las obras de urbanización de Sociópolis -responsabilidad de la Generalitat- declararon que aunque van a un ritmo más lento del que deberían esperaban que se terminaran en la fecha prevista.

La influencia de la crisis
La crisis económica ha marcado el desarrollo de Sociópolis, un plan ideado bajo el lema de la "ciudad ideal", que prometía ser un ejemplo de sostenibilidad al integrar la huerta valenciana en el entramado urbano. Los problemas de financiación con los que se han encontrado tanto constructores como clientes han frenado el despegue de un proyecto que arrancó en el año 2003. A este respecto, desde el IVVSA defienden que las 10.000 solicitudes que recibían por cada una de las parcelas que sacaron a sorteo prueban que no hay exceso de oferta. Atribuyen el descenso en la demanda a los problemas de liquidez de las familias y a su dificultad de acceso a los préstamos. Alrededor del 80% de las viviendas previstas son protegidas.
Desde el organismo oficial aseguran que han sido mínimos los casos registrados de promotores que han renunciado a sus parcelas, y éstos se han producido por el contexto de crisis. También afirman que la responsabilidad del IVVSA se ciñe a la urbanización del sector y la generación de parcelas, por lo que los ciudadanos que se sientan perjudicados por las empresas adjudicatarias deberían recurrir a la vía legal.



* Levante - 15.01.11
Foto: Valencia, maqueta Sociópolis - gva.es

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Sevilla.- PGOU: la estafa consentida

ABC* : El año 2011 será el quinto de vigencia del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla. El máximo documento de gestión urbanística local se presentó durante los años que duró su tramitación como un instrumento innovador, en su concepción y sus propuestas, y como una garantía de generación de riqueza y empleo en la ciudad. En 2004, a dos años de su aprobación definitiva, el alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, aludía al Plan en ciernes como «la herramienta fundamental para la apropiación de la ciudad por los ciudadanos». Y es que el proceso de participación y elaboración del Plan urbanística se convirtió tambien en una extraordinaria campaña de propaganda con el lema que ha marcado buena parte de los últimos mandatos municipales: El PGOU era «la construcción de un sueño». El Plan no era una promesa.

Su equipo redactor, encabezado por González Fustegueras, aseguraba que incorporaría mecanismos novedosos para asegurar su total cumplimiento y evitar, como venía ocurriendo históricamente con los planeamientos anteriores que todo quedara simplemente en la teoría. Todo estaba planificado: Las previsiones sobre los costes económico estaban fijadas al metro cuadrado, y se incluían nuevos mecanismos de gestión para concertar intereses públicos y privados y entre las distintas administraciones.
Entre las innovaciones del nuevo Plan, destacó la de la concertación con los propietarios de suelo mediante la firma de convenios urbanísticos. El PGOU proyectaba la construción de más de 53.000 viviendas, de las que un 41% serían protegidas, y liberaba 13 millones de metros cuadrados para la implantación de actividades productivas. Para garantizar la viabilidad de los nuevos desarrollos, y durante la tramitación del Plan, la Gerencia de Urbanismo dedicó parte del anterior mandato municipal a suscribir decenas de convenios con los propietarios del suelo recalificado, acuerdos que obligaban a estos a realizar aportaciones económicas para financiar las infraestructuras generales externas (comunicaciones, espacios libres y equipamientos previstos en el Plan) —la urbanización interna y la conexión con el viario y los servicios básicos de abastecimiento y saneamiento de su sector corre a cargo de los promotores—. Con ello, los propietarios se aseguraban contar en el tiempo marcado por el PGOU con las carreteras, los parques y el equipamiento necesario para la mejor proyección de sus suelos recalificados. Por su parte, el Ayuntamiento conseguía liquidez económica para impulsar las grandes obras públicas de su competencia que aseguraran el correcto desarollo del Plan. En virtud de estos convenios, la Gerencia de Urbanismo recaudó algo más de 172 millones de euros en metálico y unos 70 millones en suelo.
Pero en menos de cuatro años el Ayuntamiento gastó todo el dinero procedente de esos convenios en proyectos de la llamada «ciudad consolidada». Así financió la red de carriles bici, en cierta forma un sistema general de nueva creación, pero también las obras, o mejor dicho, los extraordinarios sobrecostes de proyectos considerados emblemáticas por el grupo de gobierno, como la reurbanización de la Alameda o el inconcluso Metropol Parasol de la Encarnación, cuyo presupuesto se ha doblado. Al ser ambos espacios públicos son considerados en el Plan como Sistemas Generales de la ciudad. Tal fue la justificacón municipal a los promotores cuando éstos le reclamaron el dinero que habían adelantado al Ayuntamiento, supuestamente para desarrollar las infraestructuras de los nuevos desarollos previstos. como por ejemplo la SE-35. Se da la circunstancia de que sólo dos de los convenios firmados por propietarios de suelo con el Ayuntamiento, ambos de administraciones públicas, Defensa y Puerto, especificaron que el destino de las aportaciones serían los Sistemas Generales adscritos a los sectores objeto del convenio. El resto no tuvo la misma cautela. Un pequeño detalle que supuestamente daba carta jurídica a Urbanismo a emplear el dinero en Sistemas Generales de cualquier tipo, aunque el espíritu del Plan, según el modelo propuesto por Fustegueras, fuera muy distinto. Pero una cosa es el espíritu y otra gobernar para ganar elecciones. El alcalde lo explico con una frase poco afortunada para la pretendida planificación urbana que prometía el PGOU: «no voy a gastar el dinero que hay en hacer carreteras a ninguna parte».
Esto tiene sus inconvenientes. Cuando es preciso construir una de las pasarelas proyectadas sobre el río —un Sistema General— se depende ahora de un acuerdo con particulares con intereses en el proyecto. Como ocurre con el anunciado proyecto de Cajasol y Barceló para construir un puente a la altura del Hotel Renecimiento.
El Plan se utilizó como herramienta electoral de urgencia con las consecuencias a corto y largo plazo. El Ayuntamiento se había gastado las aportaciones en un mandato de cuatro años, cuando el PGOU tiene un horizonte mínimo de doce, con la circunstancia añadida de una grave crisis económica que ha paralizado el sector de la construcción y por tanto los planes de vivienda en curso, y una ruina de las arcas municipales reflejada en la caída de las inversiones y la constante renegociación de la deuda del Ayuntamiento.
La patronal de promotores y constructores, Gaesco, habló entonces de «estafa» y anunció una querella contra el Ayuntamiento. Los informes jurídicos auguraban un largo proceso de consecuencias imprevisibles. Y el Ayuntamiento se enfrentaba a un escándalo que le estallaba a final del mandato, a pocos meses de la cita electoral de mayo. La polémica se diluyó en un proceso de negociación que culminaba a finales del pasado año con la firma de un acuerdo en el que el Ayuntamiento se comprometía, a sólo cuatro años de la aprobación del PGOU, a aprobar un Plan Especial de Infraestructuras, en trámite de contratación, para «impulsar, programar y agilizar la ejecución de las redes de energía eléctrica, telefonía, abastecimiento y saneamiento de agua, gas, etc. para el desarrollo de los suelos urbanizables del Plan». En el mismo acuerdo, el Ayuntamiento se compromete con los propietarios de suelo urbanizable, que sean promovidos por empresas asociadas a Gaesco y que firmaron en su día los convenios urbanísticos, a sufragar los costes de expropiación o adquisición de los terrenos calificados como Sistemas Generales exteriores a los sectores a desarrollar, a adjudicar y sufragar la ejecución de los Sistemas Generales viarios y de abastecimieno y saneamiento, sin exigir cantidad adicional a la ya aportada por estos en los convenios urbanísticos previstos». Gaesco obtenía sus garantías.
Diálogo competitivo
Además, el convenio se inscribe en una nueva fórmula de relación de Urbanismo con los promotores, definida como «diálogo competitivo» en el que el Ayuntamiento se compromete además a financiar con fondos procedentes del Patrimonio Municipal de Suelo la urbanización interior de los sectores que corresponde a los promotores a cambio de suelo. Hasta el momento ha culminado una convocatoria dotada con 43 millones a la que se han acogido las constructoras Metrovacesa y Rus, y acaba de lanzar una segunda oferta por 56 millones. Se espera que estos acuerdos reactiven los planes de vivienda, aunque la demanda se haya resentido drásticamente por la falta de liquidez de las economías domésticas que ha ralentizado tanto la compra de vivienda de renta libre como protegida.
Y es que el parón del sector de la Construción y el desvío de los fondos para los Sistemas Generales no sólo supone un freno en la programación del Plan sino una ruina para la propia gerencia de Urbanismo que no obtiene los ingresos prvistos debido a la pérdida de actividad, la menor cncesin de licencias, etc.
El acuerdo, por tanto, satisface a Gaesco, que considera asegurada la reposición del dinero entregado a cuenta para el desarrollo del Plan cuando haga falta según la programación del propio PGOU. Y al Ayuntaiento que sale al auxilio de las construtoras para que no paren las grúas. Sin embargo, el acuerdo, redactado en tres folios, no aclara de dónde sacará Urbanismo esos 172 millones de euros cuando sea necesario. Y todo en un proceso de crisis que ha reducido las inversiones reales municipales en un 95%, según el informe del Consejo Económico y Social sobre los Presupustos Municipales para 2011. Esto indica que el dinero gastado tendrá que salir ahora de procesos de despatrimonizalización del Ayuntamiento mediante la venta de suelo, o directamente por la vía impositiva, es decir, pagarán los ciudadanos. Será, no obstante, un problema del próximo gobierno municipal, al que le tocará despertar a la ciudad del «sueño».
Papel mojado
Sea por la crisis, por incapacidad de gestión o por falta de apoyo de otras Administraciones, lo cierto es que en estos cinco años también se han caído muchas expectativas del PGOU. Posiblemente entre las más relevantes están las que se refieren a la movilidad. El PGOU adolecía de mucha teoría sobre el tráfico privado y el transporte público pero no supo responder a las necesidades de la ciudad. En la práctica, sin el desarrllo del Metro y con la indefinición del destino final del tranvía, que se apuntaba como solución al problema del táfico dentro del casco histórico, o hay soluciones para mejorar en este aspecto. Es más, las medidas que del Plan ha puesto en marcha el gobierno municipal, no precisamente las que requerian más inversión pública, han complicado más la situación.
Otros proyectos emblemáticos del Plan ya son imposibles, como el traslado de la Feria al Charco de la Pava, lo que condiciona la liberación del suelo de Los Gordales.
En otros casos, las urgencias del Gobienro municipal han llevado a tomar decisiónes contrarias al Plan como el intento de venta de la antigua comisaría de la Gavidia, concebida como suelo de interés público.
Tampoco el Plan ha permitido conseguir el parque metropolitano de Tablada que prometía, ni ha dirigido la política municipal a volcarse en los equipamientos del casco histórico o ha generado grandes transformaciones urbanas a la ciudad consolidada.
Otras ilusiones interrumpidas del «sueño», como el diseño de la parcela simbólica de Heineken en Nervión por los gurús de la arquitectura mundial, parece que sólo fueron parte del guión promocional del Plan... Y es que en todos estos años de la construcción del «sueño», hemos comprobado que el guión no era infalible y se podía cambiar al antojo y la necesidad, generalmente electoral, del gobernante.
No faltan alas
adriano
Cantaba Silvio Rodríguez, «no hacen falta alas para hacer un sueño, basta con las manos, basta con el pecho, basta con las piernas y con el empeño». Quisieron volar alto los que vieron en el PGOU de Sevilla una oportunidad para la propaganda a su servicio, los que rindieron culto a lo virtual, los que batieron sus alas para situarse por encima del resto de los mortales con los que decían soñar el futuro común que ellos marcaron. Y faltaron manos limpias, y pechos para soplar los humos que ocultan la verdad, y piernas para andar sobre la cruda realidad. Faltó el empeño de gestionar con la cabeza puesta en una ciudad real a la que deberían haber dejado soñar por si misma.



* ABC - 15.01.11
Foto: Sevilla, setas Plaza Encarnación, Metropol Parasol - elcorreoweb.es

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El país donde un centímetro no es lo mismo para todos

JAVER GUITIÁN/Galicia* : Cada vez con más frecuencia llegan a mis oídos casos en que vecinos de pequeños pueblos gallegos, de la costa o el interior, ven limitada la capacidad de hacer reformas en sus viviendas por razones variadas. No se trata, en general, de grandes obras sino de pequeñas modificaciones. En estos casos, organismos varios suelen ser inflexibles con los permisos y basta mover una piedra para que pulcros inspectores se personen en el inmueble y pongan las cosas en su sitio. Nada habría que objetar a tal proceder si esto fuera igual para todos los ciudadanos pero, lamentablemente, no es así. También, cada vez con más frecuencia, conozco casos en que personas ajenas a esos pueblos adquieren viviendas para su teórica rehabilitación y, haciendo de su capa un sayo, modifican alturas y volúmenes o alteran fachadas, sin cortapisa alguna. En estas situaciones, los responsables de Urbanismo, Patrimonio o Costas no suelen tener problemas en facilitar todo tipo de licencias sin que uno sepa, aunque lo intuya, cuál es la diferencia con la población local. Resumiendo, hemos pasado del «ti vai facendo» al «a ti sí, a ti no».

Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Les puedo contar casos como el de María, que no puede construir en la aldea junto a sus padres porque Patrimonio es muy estricto en los alrededores del Camino de Santiago, salvo con los parques eólicos. Puedo hablarles de José, que ha tenido la obra paralizada por Costas por aumentar veinte centímetros la altura de su vivienda; seguro que así debe ser. El problema surge cuando en la rehabilitación de la casa en la costa de doña Eustaquia, pongamos por caso, el volumen de la obra crece como si le hubieran añadido levadura y no pasa nada; faltaría más, tiene todas las licencias en regla.

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Se preguntarán a qué se debe esta incursión en tan espinoso tema; pues trataré de explicarlo. Los que habitualmente defendemos las restricciones en determinados ámbitos del territorio y mantenemos que la defensa del patrimonio de nuestros pueblos es irrenunciable, tenemos muy pocos argumentos ante este tipo de arbitrariedades. Tampoco es previsible que muchos ciudadanos se sumen a esta causa si lo que impera es la ley del embudo: lo que está prohibido para unos, es negociable para otros. Evitaré poner ejemplos concretos para no herir susceptibilidades, pero mientras la autorización para una obra dependa de la afinidad política, las relaciones sociales o lo listo que uno sea, los ciudadanos no se comprometerán con la defensa del patrimonio, porque ya no será común.

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les en

Hace unos años, un alumno trataba de identificar una planta en una clase práctica de botánica y dudaba entre dos especies. Le expliqué que solo podía ser una de ellas, ya que sus hojas medían más centímetros de los que la guía asignaba a la otra. Para mi sorpresa, preguntó: «¿Qué es para ti un centímetro?». Tengo la impresión de que entre quienes controlan el urbanismo, el patrimonio o la costa en nuestro país hay muchos que han estudiado en la misma escuela que mi alumno. Una escuela donde les enseñan que la centésima parte del metro no es igual para todos.


* La Voz de Galicia - Opinión - 16.01.11

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