Protesta masiva de webs de descargas contra la ´Ley Sinde´

EP/Madrid - Más de una veintena de páginas webs han cerrado como protesta ante la posible aprobación el próximo martes de la disposición conocida como ’Ley Sinde’, una medida que convertirá a Internet "en una tele más, al servicio del poder". ’Cinetube’, ’Series Yonkis’, ’El Rincón de Jesús’, ’Cine Gratis’ o ’Por descarga directa’ han sido algunos de los participantes de esta iniciativa, que en la mayor parte de los casos redirigen a un texto explicativo del motivo del cierre a todos los usuarios que quieren acceder a sus contenidos. "Si se aprueba la ’Ley Sinde’, esta página desaparecerá. Internet será una tele más, al servicio del poder. Por la libertad de expresión en la Red. No a la censura. No a la Ley Sinde. No al cierre de webs", han explicado en ese breve texto. Todos ellos redirigen a los usuarios al portal ’No al cierre de webs’ un espacio donde se encuentra un manifiesto del movimiento. ’No al cierre de webs’ aloja también ’links’ a algunos de los principales sitios que se han opuesta a la ’Ley Sinde’ como Red Sostenible’. En su última entrada, pide a los internautas "seguir tejiendo" ayuda para evitar la disposición ya que, en caso de aprobarse, supondría "un cambio para siempre para todo el Internet español".

"Te invitamos a ver los vídeos, a escuchar, a leer y a reflexionar. Cuando te hayas informado acerca del peligro para las libertades que representa la Ley Sinde, no te quedes sentado. Sal a la calle y explícalo a todas aquellas personas que conozcas, muy especialmente a aquellas que viven desconectadas de Internet", ha explicado a los ciudadanos.

Este documento responsabiliza a Estados Unidos como "incitador" de la aprobación de la medida, puesto que "ha presionado y pisoteado la soberanía nacional española" para sacar adelante el cierre de webs. "Es una imposición extranjera para lograr una Internet sumisa y aceptable", ha señalado.

Pese a que varios de los internautas que han intentado acceder a alguna de esta web se ha visto perjudicado —incluso alguno de ellos estaban utilizándolas cuando se ha producido el ’apagón, tal y como relatan en diversos foros—, la mayoría se ha mostrado partidario de la propuesta para defender la "libertad" en Internet.

El PNV podría "tumbarlos"

Según recoge el proyecto de ley de Economía Sostenible, una comisión del Ministerio de Cultura podrá bloquear una página web si entiende que vulnera la propiedad intelectual o es susceptible de causar daño patrimonial a los autores. Eso sí, la ejecución de dicho acto requerirá de autorización judicial.

El Gobierno prevé aprobar la disposición cuando se vote la ley en la Comisión de Economía del Congreso del próximo martes, si bien podría no contar con el apoyo de su socio presupuestario. Así, el PNV estaría dispuesto a ’tumbar’ la medida pidiendo una votación separada de la disposición, con lo que la oposición podría unir fuerzas para rechazarlas.

* Diario Información



* Tortuga - EP. - 19.12.10

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Sanxenxo gasta 900.000 euros en pleitos desde 2006

ELPAÍS/Pontevedra* : El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado pie en los últimos años a que al Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés haya tenido que destinar una buena parte de sus fondos a afrontar gastos judiciales. Entre 2006 y 2009 las facturas municipales por pleitos y asesorías jurídicas alcanzaron los 900.000 euros, de los cuales más de la tercera parte corresponden a los gastos generados por la Xerencia de Urbanismo. Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una constante fuente de ingresos para los despachos con los que habitualmente colabora el Gobierno local, según datos de la intervención municipal. Entre ellos, destaca el bufete de José Luis Narbón, ex director general de Urbanismo entre 1990 y 1997 a las órdenes de José Cuiña, a la sazón conselleiro de Ordenación do Territorio. Narbón, que ha vuelto a tener un papel destacado en el diseño de los planes urbanísticos del Gobierno autónomo tras la vuelta del PP al poder en 2009, cobró unos 345.000 euros entre los pagos que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete, Urbagalex.

Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la hinchazón en las facturas es consecuencia directa de los pleitos suscitados a raíz de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la villa en 2003. Entonces aún era alcalde el constructor Telmo Martín, que se prepara ahora para su segundo asalto electoral al Gobierno de la capital provincial.

En los años a que se refieren los informes, los gastos municipales aumentaron progresivamente. En 2006 fueron 131.000 euros que subieron ligeramente al año siguiente hasta los 176.000, para dispararse en 2008 a los 327.000. El año pasado la factura se redujo un tanto, pero se mantuvo, con 267.000, por encima de los dos primeros.

Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por defender promociones inmobiliarias en A Guarda y Oia, siempre contra el criterio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tras la llegada de Agustín Hernández a la Consellería de Territorio, el departamento le encargó, en cambio, un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que recibirá 67.000 euros que la Xunta enmarca en los "trabajos previos" a la redacción de una nueva ley gallega del suelo.

Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a través de su empresa, arrojan una media de 86.500 euros al año entre 2006 y 2009. Se trata de una cantidad muy similar a la que recibirá este año -84.600- a raíz de un convenio firmado el pasado marzo por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el abogado se compromete a ejercer las labores de asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general.

Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón fue contratado en 2007 por un periodo de tres años como asesor, un compromiso que se ratificó de nuevo este año. Este acuerdo, se limita a un sueldo mensual de 700 euros en su primera redacción y de 1.000 tras su renovación. Todos los demás abonos, insisten, son resultado de los pleitos que Narbón le llevó al Ayuntamiento.




* El País - 20.12.10
Foto: Sanxenxo (Pontevedra), zona nueva urbanización - farodevigo.es

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Recetas para habitar el mundo

LAVERDAD/Murcia* : ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para hacer frente a la situación crítica actual y contribuir a que se fortalezca el movimiento que propone que otro mundo es posible sin hacer una revolución? Intelectuales y activistas sociales que acaban de pasar por el Foro de la Mundialización, que patrocina la Fundación Cajamurcia y coordina el profesor Francisco Jarauta, plantean una serie de propuestas que responden a esta pregunta. Las ideas de François Houtart, prestigioso sociólogo y economista y uno de los fundadores del Foro Mundial Social de Porto Alegre; el filósofo y catedrático de la Universidad de Murcia, Francisco Jarauta; el ex director de Greenpeace España y promotor de la plataforma política Equo, Juan López de Uralde; y los participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid, Ana Sánchez y Daniel Jiménez, sirven para elaborar este recetario para habitar el mundo del siglo XXI. Un mundo que vive azotado por multitud de crisis (económica y financiera, social, alimentaria, energética, ecológica, de valores), que han puesto en jaque el Estado de Bienestar, así como los beneficios sociales de los ciudadanos en Occidente (fruto de las medidas tomadas por los gobiernos para atajar la crisis económica y empujadas por el poder financiero) y que atacan los modelos diferentes que subsisten en el resto del planeta.

Lo primero es tomar conciencia de que estamos en un modelo que no se puede reproducir de esta manera por mucho tiempo y que debemos estar preocupados por ver cómo construir otro. Eso es un problema político, de dar el voto cuando hay elecciones, de tener una conciencia social, política, información..., que evidentemente no es fácil.
Es la primera receta para habitar el mundo. Aprenderás más, reflexionarás más, tendrás más fuerza para actuar. Somos animales sociales y necesitamos lo social para desarrollarnos. A través de la cooperación y el apoyo mutuo mediante organizaciones de consumidores, ampas, sindicatos, redes vecinales o cualquier organización con una función clara y no adoctrinadora, se combate el aislamiento, porque aislados somos más débiles y juntos resistimos mejor. En sociedades tan individualizadas como las actuales, los pequeños grupos pueden hacer mucho. La gente es más poderosa de lo que cree y puede utilizar ese poder de manera creativa. También es necesario organizarse a nivel político.
Hay varios lugares donde se puede llevar a cabo la promoción de acciones. Se puede actuar sobre el clima recuperando la agricultura orgánica como he visto en China o Cuba, donde se desarrolla una agricultura urbana, apunta Houtart. El respeto de la naturaleza, si tenemos esta conciencia, nos puede llevar a muchas prácticas cotidianas y concretas: ahorrar la energía y exigir un consumo más respetuoso con la naturaleza. También participar en movimientos de defensa de la naturaleza, contra la privatización de los recursos naturales como el agua, contra las multinacionales que monopolizan las semillas... Hay un montón de cosas en relación con la naturaleza que son de un alcance posible para la gente, pero a condición de ser consciente. Defender la agricultura campesina, más eficaz que el monocultivo del modelo occidental que destruye los suelos, las aguas y provoca desiertos. Usar la bicicleta como medio de transporte por las ciudades, una alternativa que se está mostrando como muy importante en Europa y está generando una gran movilización.
Utilizar, si uno tiene ahorros, un banco ético, que cuida sus inversiones apoyando propuestas encaminadas a la sostenibilidad, el apoyo a los derechos humanos, la lucha contar la pobreza... «Ésta es una alternativa muy relevante porque en este momento vemos que el dinero decide hacia dónde van las prioridades y si van hacia una situación de impulso a proyectos sostenibles, estamos mejorando la situación», puntualiza López de Uralde. Participar en iniciativas de economía social como el comercio justo. Integrarse en cooperativas de consumo, que acercan a productor y consumidor y que pueden dar mucho impulso a la agricultura ecológica, además están generando un mercado más justo y de productos ecológicos. «Con tu compra puedes hacer mucho daño», advierten Ana Sánchez y Daniel Jiménez, participantes en el Centro Social Autogestionado de La Tabacalera de Madrid. Otro de los consejos en materia económica es no hipotecarse. Hay que pensar a largo plazo porque hipotecarte te sitúa en una situación de debilidad futura muy fuerte. Esto ha sido una trampa que ha conseguido tener a la gente más tranquila, porque es más difícil soportar un conflicto laboral si no se tiene capacidad de acción.
El consumo está destrozando el planeta, y más este consumo de todo a cien, con productos muy baratos y de muy mala calidad, que duran muy poco y tienen un impacto brutal. Para ello es necesario el incremento del reciclaje y dar el mayor uso posible a los productos mediante la organización de una red de mercadillos de trueque o fomentando los bancos de tiempo. Vivimos en una sociedad que socializa a través del consumo y sería fundamental, aunque muy difícil, un cambio psicológico que lleve a la gente a sentirse bien con lo que tiene y con cómo es para que no responda a los impulsos publicitarios. Es muy difícil, porque hasta el urbanismo de las ciudades está pensado para consumir; las calles no son más que zonas de tránsito entre negocios y comercios. No comprar productos que hayan hecho miles de kilómetros para llegar al consumidor y con muchos daños a la naturaleza.
Impulsar un nuevo acuerdo verde que potencie los sectores de las energías renovables, de la agricultura ecológica, de la rehabilitación de edificios para que sean más eficientes energéticamente y las políticas de reciclaje y compostaje que van a generar más empleo y nos van a ayudar de la crisis ecológica en la que también estamos. Hay que recuperar aquello de trabajar menos para trabajar todos, porque el actual modelo económico no tiene capacidad para hacer frente a toda la demanda de empleo que hay. Eliminar los paraísos fiscales, recuperar las tasas a los intercambios financieros internacionales e incrementar los controles al mundo financiero para que los gobiernos recuperen el control de la situación y dejen de estar en manos de los bancos e instituciones financieras. Promover un modelo energético basado al 100% en las energías renovables (agua, viento y sol). «La Tierra recibe 15.000 veces más energía del Sol de la que consume la Humanidad y tenemos que aprender a aprovechar ese potencial de manera más eficiente», matiza López de Uralde. Impulsar las formas multilaterales de gestión de problemas a través de una reforma de la ONU de la gobernanza mundial y promover medidas de lucha contra la pobreza y el hambre.



* La Verdad - 20.12.10

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Castellón.- El 'caso Fabra' cumple siete años sin haber podido cerrar la investigación

ELPAÍS* : El 18 de diciembre de 2003, el empresario Vicente Vilar presentó una denuncia contra el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, al que acusó de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos. La "trama" consistía en mediar ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para tratar de agilizar la obtención de autorizaciones para fabricar productos fitosanitarios (pesticidas y herbicidas). Luego, Fabra cobraba por estas gestiones, según dijo Vilar entonces y ahora aseguran tanto la fiscalía como la acusación popular, representada por la UCE. Fue el inicio del llamado caso Fabra. Desde entonces han pasado siete años, pero el procedimiento aún no está resuelto y, de hecho, aún se mantiene viva una parte de la investigación. Fabra está imputado desde entonces y sobre él persiste tanto la presunción de inocencia como la sospecha de que podría ser autor de varios delitos, por los que la Fiscalía Anticorrupción le pide hasta 15 años de cárcel. Tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales son las acusaciones de las que debería responder, según el fiscal.

La investigación y posterior acusación por los delitos fiscales se amplió ante la sospecha de que Fabra podría haber ocultado al fisco las ganancias obtenidas de forma ilícita.

De momento, la fase inicial del procedimiento, la de la instrucción, se demorará, al menos, dos meses más, que es el tiempo que el juez ha otorgado a los peritos para que cotejen, por si hubiera que rectificar alguna cosa, el informe que tardaron cinco años en elaborar con la documentación aportada por el propio Fabra este mes. Según los peritos, Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, ingresaron en sus cuentas, de forma muy fragmentada e incluso con varias operaciones en un mismo día, un total de 3,6 millones de euros de los que no está justificado el origen y que derivó en una defraudación a las arcas públicas de 1,7 millones de euros. El presidente de la Diputación alega que el dinero procede de movimientos entre cuentas.

La denuncia inicial de Vicente Vilar ha derivado en una voluminosa y compleja instrucción, que ha tenido como escenario principal el juzgado número 1 de Nules, por el que, en este tiempo, han pasado siete jueces que, en una medida u otra, han participado en las diligencias.En 2008, el presidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial, Carlos Fabra, desveló que no se presentaría a ninguna elección más, cuando ya llevaba 13 años al frente de la institución provincial. En octubre de 2009 corroboró esta decisión y aseguró que no se presentaría al próximo proceso electoral, que se celebrará en mayo de 2010, cuando culminará cuatro legislaturas al frente de la misma institución. Todo hace prever que, para entonces, el procedimiento en el que se le acusa de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal, aún no esté resuelto, con lo que Fabra abandonará la vida pública (aunque no el partido) sin tener una decisión firme y judicial sobre sus imputaciones. En cualquier caso, él ya se ha mostrado "absuelto por las urnas", tal como dijo tras la abultada ventaja obtenida respecto al resto de partidos en las últimas elecciones municipales.

"No se puede pretender que en la fase de instrucción se practiquen diligencias de prueba indefinidas al objeto de acreditar plenamente, aunque sea de forma provisional, los hechos objeto de imputación (...), solamente deben practicarse las necesarias". El actual titular del juzgado número 1 de Nules, Jacobo Pin, trató de cerrar la fase de la investigación en mayo pero se topó con la decisión de la Audiencia de Castellón de seguir dando plazos y autorizaciones para la práctica de pruebas.

Al margen del estudio de la documentación que acaba de aportar Fabra al juzgado para tratar de rebatir las conclusiones de los peritos, que destaparon la comisión de cinco presuntos delitos fiscales, el proceso se encuentra actualmente pendiente de la resolución de un recurso en el que el presidente de la Diputación reclama el archivo de la imputación por cuatro de los cinco delitos fiscales al considerarlos prescritos.

En su argumentación, la defensa de Fabra mantiene que la imputación por estos delitos no fue formal hasta el pasado mes de mayo, después de que los peritos presentaran el informe que destapaba los presuntos fraudes a la Hacienda Pública. La defensa también alega que hasta hace siete meses no hubo denuncia alguna, al margen de la presentada por la Agencia Tributaria, por el ejercicio de 1999. De aceptar alguna de estas tesis, los delitos estarían prescritos porque habrían pasado los cinco años de plazo desde el momento en el que se cometieron los hechos.

Sin embargo, la investigación de las cuentas y patrimonio de Fabra, desplegada para los años comprendidos entre 1999 y 2004, fue ordenada por la misma Audiencia que ahora debate la prescripción y, según algunas tesis, el inicio del procedimiento en su contra, paraliza el plazo de prescripción. En esta misma línea se podría estimar que la denuncia de la Agencia Tributaria por el ejercicio de 1999 dio lugar a la apertura de este nuevo procedimiento que, además, no se fijó en años anteriores, precisamente, porque estarían prescritos incluso en aquel momento, en 2005, cuando comenzó la investigación fiscal.

Aún en el caso de que la Audiencia declarara estos delitos como prescritos, quedaría por resolver el fraude de 1999 y las acusaciones de tráfico de influencias y cohecho.

El hecho de que, definitivamente, sea un tribunal técnico y no un jurado popular quien juzgue a Fabra, en el caso de que llegue a sentarse en el banquillo, retrasa más las resoluciones puesto que, una vez acabada la fase de instrucción, el juez debería decretar un auto de procedimiento abreviado, tras el que podría venir el de apertura de juicio oral, que son recurribles. Además, los casos que son vistos por tribunales técnicos siempre se señalan con un plazo de tiempo mucho mayor que los que han de resolverse con un jurado popular.
Las fechas del proceso

- Diciembre de 2003. Vicente Vilar se querella contra Carlos Fabra y le acusa de cobrarle cantidades millonarias a cambio de favores políticos.

- Junio de 2005. La Agencia Tributaria presenta una denuncia contra Fabra por un presunto delito fiscal cometido en 1999. En junio, la justicia decide investigar las cuentas y el patrimonio de toda la familia Fabra.

- Mayo de 2010. Los peritos judiciales detectan 3,6 millones de euros sin justificar y un fraude fiscal de 1,7 millones de euros.

- Junio de 2010. El juez imputa a Fabra los presuntos delitos de "tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales" y trata de dar por terminadas las diligencias pero la Audiencia da plazo para nuevas diligencias




* El País - 18.12.10
Foto: Castellón, presidente Diputación C.Fabra - elpais.com

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Vuelve la expectación mediática con la reanudación del juicio del 'caso Malaya'

ELMUNDO/Marbella* : El juicio por el 'caso Malaya', la operación contra la mayor trama de corrupción conocida en un ayuntamiento en la historia de España, se reanuda hoy con la declaración del ex comisario de Policía Florencio San Agapito. El procesado está acusado de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública por los que se enfrenta a nueve años de cárcel y será interrogado por la 'Operación Cruceros Banús', dentro del bloque de blanqueo de capitales. Florencio San Agapito estuvo destinado a finales de la década de los ochenta en el Ministerio del Interior como director del gabinete de Administración, Documentación e Informática de la Secretaría de Estado para la Seguridad, y a finales de los años noventa fue director de Seguridad de Tabacalera.

Pendientes de Roca

Tras finalizar su declaración se continuará con la comparecencia del ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca, que se enfrenta a una petición fiscal de treinta años de cárcel, 44 años de inhabilitación y 810,78 millones de euros de multa.

Esta semana vuelve una gran expectación mediática debido a la declaración de Roca, por si acusa a alguien con nombre y apellidos, y si desvela los entresijos de la moción de censura que desbancó a Julián Muñoz de la alcaldía de Marbella el 13 de agosto de 2003, entre otras cuestiones.

El ex asesor puede sorprender con su declaración, pues él mismo ya advirtió en 2008 ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que diría la verdad "con todo lo que ello comporta" en las causas judiciales que tenía pendientes en los siguientes años, entre ellas Malaya.

Su cambio de estrategia personal de defensa puede deberse, según fuentes cercanas a su entorno, a un intento de favorecer a familiares que también están sentados en el banquillo de los acusados.

Dichos cambios no siempre han sido apoyados por sus abogados, los que en ocasiones se han llegado a oponer a ellos, como en el "caso Urquía", contra la actuación del juez de Marbella Francisco Javier de Urquía.
El único procesado que sigue encarcelado

El ex asesor de Urbanismo será conducido hasta la Ciudad de la Justicia por las fuerzas de seguridad, y es el único de los procesados que continúa encarcelado, aunque no por el 'caso Malaya', por el que ya cumplió cuatro años en prisión preventiva, sino por el 'caso Saqueo', en relación con el desvío de cerca de 24 millones de euros del Ayuntamiento de Marbella entre 1991 y 1995.

El fiscal destaca la posición de "dominio" que Roca ejerció sobre la Corporación de Marbella, con la que comenzó a estar vinculado en 1992 mediante una relación laboral con ciertas sociedades municipales, y que acrecentó hasta que fue nombrado asesor personal de la entonces alcaldesa, Marisol Yagüe, en agosto de 2003.

Al presunto cerebro de la trama se le acusa de blanqueo de capitales en el ámbito de una organización, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos, ambos como inductor, así como de fraude y cohecho pasivo como acto injusto.

Entre los 95 imputados en este proceso hay ex alcaldes y concejales, abogados y empresarios que han estado vinculados a los sectores de la construcción, los toros o el fútbol.

El 'caso Malaya', cuya investigación judicial arrancó a finales de 2005, tuvo como consecuencia una medida inédita en la historia democrática: la disolución del Ayuntamiento de Marbella en abril de 2006 y la constitución de una comisión gestora hasta las elecciones de 2007.




* El Mundo - EFE - 20.12.10
Foto: Marbella, puerto Banús - diariosur.es

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Santa Cruz.- Los críticos con el PGO convocan a la ciudadanía a manifestarse

ELDÍA/Tenerife* : El portavoz de la Plataforma No a este PGO, el abogado Felipe Campos, presentó ayer en rueda de prensa la convocatoria para la manifestación que tendrá lugar el próximo martes día 21 a las diez de la mañana, hora de comienzo del pleno en el que previsiblemente el equipo de gobierno que forman CC, PP y CCN aprobará el nuevo documento del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz. Campos reconoció que, gracias a las denuncias de la Plataforma, el nuevo documento no contendrá muchas de las ilegalidades que sí tenía el anterior texto. Sin embargo, sí hizo un llamamiento "de emergencia" para que la ciudadanía muestre su descontento por "el nuevo intento del ayuntamiento de aprobar un PGO que sigue dejando fuera de ordenación a más de 100.000 personas con una actitud intolerable".

El letrado subrayó que los ciudadanos "deben reaccionar de forma contundente porque no vamos a tolerar que sigan actuando al margen de la ley y expoliando a los ciudadanos". Asimismo, también criticó la actitud del secretario de la corporación, Luis Prieto, quien el año pasado informó favorablemente un documento que "ahora se ha visto que estaba plagado de ilegalidades", expuso Campos al hacer referencia a los 187 reparos planteados por la Dirección General de Urbanismo de la Consejería de Medio Ambiente.

El grupo de gobierno municipal, según explicó Campos, se ha esforzado por aprobar el PGO por el trámite de urgencia, "cuando en un asunto de este tipo no existe urgencia posible". "No habría problema si el PGO se hubiese tratado dentro de tres meses, con lo que la urgencia no se explica", asegura Campos. La Plataforma atisba la posibilidad de que "detrás de estas prisas en aprobar el PGO pudiera estar la financiación oscura de la próxima campaña electoral", según apuntó José Antonio Ramos, miembro de la citada Plataforma.

El abogado dijo que, desde su punto de vista, el Consejo Rector celebrado el pasado miércoles es nulo de pleno derecho, ya que no concurre la urgencia esgrimida para su convocatoria, que fue realizada con menos de 24 horas de antelación y para el cual no se presentó la documentación del PGO, por lo que la oposición no pudo debatir los aspectos del documento.

Consejo Rector impugnado.- El portavoz de Ciudadanos de Santa Cruz, Guillermo Guigou, también anunció ayer que su grupo sigue adelante con la impugnación del acuerdo del Consejo Rector de Urbanismo celebrado este miércoles. Así, ya se ha redactado el pertinente recurso, quedando pendiente tan sólo de recibir el acta de dicho Consejo para anexarla al mismo. Por otro lado, reconoció el "profundo disgusto" existente en el seno de su formación política por las "actitudes antidemocráticas" del grupo de gobierno.

Los grupos ya tienen el PGO.- En torno a las 14:00 horas de la tarde de ayer se remitió a los grupos políticos del ayuntamiento la copia digital del documento ya revisado. La oposición tendrá poco más de tres días para analizarlo.

Soriano no calla.- El concejal del PP, Alfonso Soriano, considera "indigna" la orden interna enviada a los ediles populares para que no intervengan en el debate sobre el PGO. "No soy un mequetrefe para que se pueda jugar conmigo".




* El Día - 18.12.10
Foto: Santa Cruz de Tenerife, ayuntamiento - skyscrapercity.com

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Cerdanyola levantará 4.000 pisos junto a un vertedero de residuos peligrosos

ELPAÍS/Barcelona* : Un gran descampado con arbustos y matojos. Este es el aspecto que ofrece hoy el antiguo vertedero de Can Planes, que ocupa el equivalente a 18 campos de fútbol y tiene basura enterrada hasta una profundidad similar a un bloque de cuatro pisos. El municipio al que pertenece, Cerdanyola del Vallès, tenía planes brillantes para estas tierras: acogerían un potente complejo tecnológico y empresarial, Sincotrón incluido, todo ello financiado con las plusvalías de la construcción de miles de viviendas. Pero la realidad, en forma de herencia de décadas de desarrollo industrial sin control ni cuidado por el medioambiente, choca con varias parcelas incluidas en el proyecto. El suelo de Can Planes es venenoso e incluso tiene "riesgo de explosividad" en algunos puntos por las emanaciones de gases como el metano procedentes del medio millón de toneladas de residuos químicos peligrosos enterrados, según un estudio que la Generalitat encargó a la consultora medioambiental IDOM.

El Gobierno catalán y el Ayuntamiento de Cerdanyola (gobernado por PSC y CiU) pretenden construir en él 4.000 viviendas. En un principio querían levantarlas sobre el mismo vertedero, pero el demoledor informe medioambiental les ha obligado a hacerlo en su perímetro, dejando en la zona central -la zona cero de la contaminación- un gran parque con una chimenea que evacue los gases peligrosos; y medidas de contención para evitar daños a vecinos y trabajadores de la zona, que deberá someterse a controles exhaustivos durante 30 años.

Pero estas medidas son insuficientes para muchos vecinos, que agrupados en asociaciones como Plataforma por una Cerdanyola sin Vertederos y Via Verda. El PP y ERC también se oponen a construir nada hasta que no se limpie el vertedero.

El concurso para recuperar la zona salió a concurso el pasado mes de octubre. El PP afirma que el cambio de Gobierno en la Generalitat ha congelado el proyecto. Miquel Bonilla, director general de Incasol, lo niega. La zona, dice, acoge un proyecto estratégico de unas 340 hectáreas, buena parte de él ya se ha llevado a cabo y se están realizando los ajustes necesarios.Laura Martínez, edil de Urbanismo, dice que el plan está en procedimiento ejecutivo. "Se están haciendo unos cambios y, en principio, los llevaremos al pleno del 23 de diciembre para aprobarlos", defiende. El proyecto elegido, señala el Incasol, es el mejor.

La existencia de todo tipo de residuos en Can Planes era conocida desde hace mucho tiempo por las administraciones públicas. Lo que ha sorprendido ha sido la gran extensión del vertedero -18 hectáreas y hasta 40 metros de profundidad- y la peligrosidad de los materiales -metales pesados, hidrocarburos, emanaciones de gases, sales de aluminio...-. Todo ello ha sido conocido por un estudio encargado a la consultora IDOM, que además de describir la situación de la zona ha propuesto cinco formas de hacerle frente, que van desde dejar las cosas como están y no hacer nada a retirar más de 2,5 millones de metros cúbicos de tierra contaminada para su tratamiento en plantas especializadas.

La solución elegida implica la construcción de barreras subterráneas que rodeen los residuos y trasladar las zonas urbanizables al perímetro del vertedero. En el centro, bajo un parque, los residuos seguirán macerando y una chimenea servirá de vía de escape para los gases tóxicos.

IDOM alertó que si se hubiera construido sobre el vertedero "se darían situaciones de riesgo no admisibles por inhalación de gases" y hasta "riesgos por explosividad" por la acumulación de gases.

Pese a quedar fuera del vertedero, las edificaciones que envuelvan Can Planes deberán seguir estrictas premisas para no resultar peligrosas, según el anteproyecto. Por ejemplo, las zonas deportivas que se planean para la zona sur (un área en la que no está previsto construir la barrera subterránea protectora), no pueden tener "ninguna estructura subterránea ni edificaciones", para evitar que los gases queden confinados.

En cuanto a los niveles de riesgo previsto para las zonas residenciales y de comercio, serán "admisibles" tras construir el muro subterráneo, siempre que no se construyan en ellos garajes o sótanos.



* El País - 19.12.10
Foto: Cerdanyola del Vallès (Barcelona), ayuntamiento - todopueblos

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F1.- Valencia se estrella

ELPERIÓDICO* : La Comunidad Valenciana busca desesperadamente un comprador para su Gran Premio de Europa de F-1. Ni siquiera el cambio de fechas --de agosto a junio-- ha servido para mejorar el hipotético rendimiento. La crisis en la construcción ha minado la idea de hacer rentable la carrera urbanizando el entorno del puerto. La Comunidad se gasta en cada GP alrededor de 30 millones de euros y el grifo no da para más tras ir al rescate de los 25 millones de deuda generados por Valmor, la empresa que, en teoría, iba a gestionar el evento de una forma privada. Durante la celebración de la última carrera en Valencia, el pasado 27 de junio, Francisco Camps rogó a Bernie Ecclestone que le liberara del contrato que ha firmado y que contempla aún dos años más. El propietario de los derechos se negó en redondo y recordó a Camps que ya había accedido a cambiar de fechas la carrera para intentar mejorar su rentabilidad. Ecclestone le vino a decir a Camps que buscase a alguien que organizase la segunda carrera española que, además, se hiciera cargo de su canon.

Ese canon (los derechos por organizar la carrera) es de 18 millones de euros por temporada, a lo que hay que sumar todo el gasto de montaje del circuito y su organización. Todo lo paga el anfitrión, que no tiene derecho ni a la publicidad estática ni a los derechos de televisión. Nada que no sea el ingreso por taquilla y, por supuesto, no a todas las localidades, pues Ecclestone se reserva para él la venta del lujoso paddock club, cada una de cuyas entradas cuesta 4.000 euros.

Los ingresos por taquilla no llegan a los 10 millones de euros, y el gasto entre canon y organización pasa ampliamente de los 30 millones, algo insostenible. Durante la semana de El Pilar, Camps intentó traspasar la organización de la carrera a Alcañiz, que rechazó categóricamente esa posibilidad. Ahora negocia con Portimao (Portugal), pero Ecclestone ya ha advertido que no renunciará a un solo euro de los 18 millones anuales firmados. De momento, en el Mundial-2011 publicado por la FIA se mantiene el GP de Europa, pero aún se desconoce la sede.

EL INICIO / Todo el embrollo comenzó en los meses previos a las elecciones autonómicas del 2007, cuando Camps ideó otro de sus megaproyectos, inventándose un circuito urbano a lo Montecarlo. El presidente valenciano aseguró entonces que el GP «no le costará ni un euro a las arcas públicas» porque, según él, todo quedaba en manos privadas. Camps también dijo que reportaría millones de beneficio. Un dato sintomático del valor añadido que anunció Camps: el hotel Hilton, abierto por aquellas fechas, lleva ya cinco meses cerrado. Y es que, tal y como reconoció en su momento Maisa Lloret, diputada socialista en las Cortes Valencianas, «los gastos de la F-1 se han trasladado a la Generalitat bien a través del Circuito de Cheste, la Agencia Valenciana de Turismo o la Sociedad Proyectos Temáticos». El negocio, según ella, es muy curioso: «Los gastos los paga la Generalitat y los ingresos me los quedo yo».

CUENTAS OPACAS / Nadie sabe en Valencia cuánto cuesta la F-1 , que, en tres temporadas ha perdido casi la mitad de espectadores, pasando de los 112.000 del 2008 a los 75.000 del 2010. Se llevan invertidos en el trazado urbano 90 millones de euros y la perspectiva de recuperar ese dinero con la urbanización de la zona es remota. «Las cuentas de la Generalitat en materia deportiva y cultural -aseguraba recientemente Enric Morera, portavoz de Compromís- son una auténtica vergüenza y un insulto a los valencianos, ya que el canon de 18 millones que se paga a Ecclestone se ingresa, íntegro, en cuentas de paraísos fiscales británicos».




* El Periódico - 19.12.10
Foto: Valencia, obras circuito F1 (archivo) - levante-emv.com

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Madrid.- Aguirre no remite al juez de Gürtel facturas de empresas de la trama

ELPAÍS* : La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.

Además, el magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.

En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.

El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.

Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.

Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.

El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".

Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.




* El País - 18.12.10
Foto: Madrid, sede de la Comunidad - google

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Soria.- Un juez frena la Ciudad del Medio Ambiente

DIAGONAL* : Un acuífero estaba siendo desecado para la urbanización del espacio protegido Soto de Garray. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha prohibido que se siga drenando agua del acuífero situado en el Soto de Garray, Soria, donde se pretende construir una urbanización de lujo que la Junta de Castilla y León denomina Ciudad del Medio Ambiente. El tribunal da la razón a la organización ecologista Centaurea, que presentó un contencioso contra las obras que se están realizando en este paraje natural protegido, cuyos terrenos son inundables. Con el proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, la Junta de Castilla y León pretende transformar un espacio de gran valor natural en 800 viviendas, la mayoría de lujo, un parque empresarial, hoteles, dos torres de oficinas y un centro deportivo. Un macroproyecto urbanístico de más de 500 hectáreas en suelo rústico de especial protección.

Urbanizaciones blindadas
Para ello, la Junta modificó, el 18 de diciembre de 2006, la Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y León que permite tramitar por ley aquellos proyectos regionales considerados de “relevancia para el desarrollo social o económico”. Con este ardid se aprobó la Ciudad del Medio Ambiente en 2007 y sólo se podría revocar en el Tribunal Constitucional.

Grupos ecologistas se han opuesto a esta urbanización, aunque apenas había posibilidades de detener el proyecto. Ahora han recurrido la ejecución de las obras por el drenaje de un acuífero, cuyas aguas se estaban vertiendo a un meandro del río Duero. El juez ha decretado la protección de los acuíferos y la prohibición de desecarlos en el sector 1 de las obras de la Ciudad del Medio Ambiente, que ya se están ejecutando, además de prohibir la tala de árboles singulares, y áreas boscosas. Según Roque Ortega, de la Asociación Soriana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (ASDEN), “el auto es importante. No podemos ir contra la ley, eso le corresponde al Constitucional, pero sí podemos actuar contra las obras. Si la respuesta al contencioso hubiera llegado antes habríamos salvado bastantes árboles”, lamenta Ortega.

María Jesús Ruiz, consejera de Medio Ambiente y vicepresidenta primera de la Junta, natural de Soria, ha puesto especial empeño en que saliera adelante el proyecto urbanístico. El fiscal de Ávila propuso que Ruiz fuera imputada por la tala de un pinar para construir una urbanización en las Navas del Marqués, en la provincia de Ávila.

En el caso de la Ciudad del Medio Ambiente, Ruiz siempre afirmó que éste sería un proyecto para que los sorianos se quedaran en la provincia. Sin embargo, las viviendas de la Ciudad del Medio Ambiente sólo estarán disponibles para una élite. Tampoco se justifica la necesidad de residencias en una de las provincias con menos densidad de población del Estado español. La Ciudad del Medio Ambiente alojará un núcleo urbano de 3.000 habitantes.

El Soto de Garray es un espacio natural inundable con lagunas permanentes y otras estacionales. Cuenta también con un patrimonio cultural valioso, como una necrópolis medieval y restos de construcciones de la Guerra Civil que ya han sido derribadas. Esos restos bien conservados correspondían a edificios militares, trincheras y un aeródromo desde el que salieron los aviones italianos que bombardearon Guernica. Además, la Ciudad del Medio Ambiente tendría un gran impacto visual en el paisaje, ya que se encuentra a tres kilómetros (900 metros de su punto más cercano) de las ruinas celtíberas de Numancia, declaradas Monumento Nacional.

Las obras empezaron en 2009. ASDEN denunció, en abril de ese año, la tala de 3.000 pinos negral, una masa forestal de 3,75 hectáreas de una edad aproximada de 30 años. Se ha arrasado ya con el sotobosque, se han realizado zanjas, catas y han metido tubos.

El empeño es desecar zonas inundadas. Ahora lo prohíbe la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León aunque no se ha permitido la entrada de un notario para comprobar que efectivamente se cumplen las medidas cautelares dictadas por el juez.

Carlos Bravo, de Centaurea, explica que “entre las medidas cautelares dictadas, se paralizaron también las obras de un pozo, presuntamente ilegal, de al menos 3,5 metros de profundidad y un diámetro de ocho metros que finalmente se terminará de construir por el peligro de corrimiento de tierras que podría producirse si se deja la obra a medias. De ahí se extraía agua con dos motobombas de gran capacidad durante las 24 horas del día. Se pretende bajar el nivel freático y desecar el Arroyo de la Vega y las zonas húmedas del Soto de Garray para poder construir”, asegura Bravo.

ESPECIES PROTEGIDAS
En el Soto de Garray de Soria tenía su hábitat la segunda mayor colonia de cigüeña blanca de la provincia, que ahora han desaparecido porque sus nidos han sido trasladados de lugar. También tenían su hábitat en este paraje especies protegidas como el alimoche, el águila calzada, el milano real o la nutria. Además de 180 especies de aves. La masa forestal estaba formada por una dehesa de fresnos centenarios, extensos abedulares y un bosque de rivera catalogado como Lugar de Interés Comunitario (LIC).



* Diagonal - 16.12.10
Foto: Soria, ciudad medio ambiente - ecologistas en acción

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Los Realejos.- El Supremo anula 200 camas turísticas en la costa

LAOPINIÓN/Tenerife* : El Tribunal Supremo (TS) ha anulado el Plan Parcial SAPUT-1 de Los Realejos en el que se contemplaba la construcción de 200 camas turísticas en cerca de 20.000 metros cuadrados situados en los alrededores del Hotel Maritim y cuyos propietarios son también los promotores de este planeamiento. La anulación había sido solicitada por el Gobierno de Canarias apelando a la aprobación de la Ley de Medidas Urgentes también conocida como moratoria turística. El Ejecutivo procedió en el año 2002 a recurrir el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Los Realejos que dio vía libre de forma definitiva al Plan Parcial. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) falló a favor del Gobierno canario en 2006 y ante esta sentencia los promotores procedieron a presentar otro recurso ante el Supremo.

Escasas fechas
A finales de noviembre se pronunció el alto tribunal rechazando el recurso interpuesto por el Ayuntamiento y los empresarios. El Supremo da por válida la ley que suspende la tramitación del nuevo planeamiento de desarrollo en aquellos ámbitos o sectores cuando el Plan General permita el uso alojativo turístico. En este fallo se exceptúan algunos casos que no considera el TS que sean de aplicación para el plan parcial mencionado. El Gobierno canario intentó demostrar que el Supremo no podía entrar en este asunto ya que la ley de moratoria es de aplicación exclusiva en el territorio de las islas. El concejal del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Los Realejos, Manuel Domínguez, indicó ayer que a falta de conocer en profundidad el texto de este fallo judicial lo considera "una mala noticia para el desarrollo turístico del municipio".

Para Domínguez la resolución judicial implica un "retroceso" en la actividad económica de Los Realejos, "y aunque no conocemos exactamente lo ocurrido y el contenido exacto de la resolución creemos que de nuevo el municipio pierde una oportunidad para generar economía y avanzar en el desarrollo turístico".

Domínguez indica que este plan parcial era de los pocos que habían previsto con fines turísticos en Los Realejos, un municipio que tiene pocas posibilidades de avanzar en este sector, dado que la mayor parte de su territorio está en el campo. Las batallas judiciales del plan parcial se remontan al año 2002 cuando se llevó a cabo el primer impulso. "Es una pena que se haya echado para atrás porque este documento era uno de los pocos balones de oxígeno que nos quedaban". El exconcejal de Urbanismo, Sebastián Ledesma se posicionó en el mismo sentido y recordó que han existido varios intentos para introducir este planeamiento en el Plan General, por ello mostró su sorpresa por este fallo judicial en cuanto consideró que el caso ya estaba resuelto Ledesma indica que siendo concejal de Urbanismo ya había apostado por reducir el número de camas turísticas con el fin de evitar los enfrentamientos con el Gobierno canario por la aplicación de la moratoria turística. No ocurrió así ya que el recurso presentado por los promotores y por el Ayuntamiento se inicia en el año 2006, justo cuando el primer fallo del TSJC anuló el planeamiento.



* La Opinión Tenerife - 17.12.10
Foto: Hotel Maritim en cuyos alrededores se iba a desarrollar el Plan. la opinión

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Valencia.- Cerca de 400 personas piden más trenes regionales

LEVANTE* : Cerca de 400 personas, según la organización, se han concentrado este sábado frente a la estación provisional del AVE Joaquín Sorolla en Valencia bajo el lema 'Menos AVEs y más regionales' para pedir una inversión "coherente" en el ferrocarril que preste especial atención a los servicios más utilizados por la población, según ha indicado a Europa Press el portavoz de CGT, Ramón Ferrandis. En la concentración, se ha leído un manifiesto redactado por la Plataforma por un Ferrocarril Público, Social y Sostenible y apoyado por diversas organizaciones sindicales y ecologistas, en el que se exige un ferrocarril "asequible económicamente, de calidad, cómodo, seguro, moderno y polivalente". Ferrandis ha criticado que la línea de alta velocidad, "utilizada por el dos por ciento de la población", obtenga el "87 por ciento de la inversión", mientras que el ferrocarril "convencional sólo reciba el 13 por ciento" del presupuesto, "pese a ser el utilizado por el 98 por ciento de los usuarios".

Al respecto, ha tildado de "paradójico" que al mismo tiempo que se inaugura el AVE "con una inversión faraónica de 12.000 millones de euros", el Consejo de Ministros del próximo viernes "se esté planteando cerrar líneas como la de Xátiva-Alcoi, Castellón-Vinarós, Valencia-Teruel o Valencia-Cuenca".

Por último, el documento recalca la existencia de una doble red ferroviaria en España: el AVE, "de primera, exclusiva para los trenes de alta velocidad, utilizados por una minoría de usuarios con un alto poder adquisitivo", y otra "de segunda" para los trenes de cercanías, regionales y de mercancías, "que usa la gran mayoría de usuarios y con un gran déficit de inversiones".

En esa misma línea, el candidato de EU a la alcaldía de Valencia, Amadeu Sanchis, ha apoyado las reivindicaciones de los sindicatos porque, a su juicio, "se han perdido 12.100 millones que podían haber servido para mejorar la red ferroviaria de la Comunitat y de acceso a Madrid".

Diversos colectivos protestan aprovechando la llegada del AVE

Otro colectivo que se ha manifestado frente a la nueva estación del AVE ha sido la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra, que ya estuvo protestando en la inauguración del AVE a Albacete y en varios Consejos de Ministros para exigir que el ATC no se instale en la localidad valenciana.

El portavoz de este colectivo, José Cerdá, ha expresado su confianza en que las alegaciones que el Gobierno está estudiando al proyecto del ATC impidan que el cementerio nuclear se instale en Zarra, que es el lugar que cuenta con "un mayor rechazo institucional" de entre todas las localidades candidatas.




* Levante - 18.12.10
Foto: Asistentes a la concentración en la que sindicatos, la Plataforma contra el Cementerio Nuclear en Zarra y la Asociación de Abuelos por la Custodia Compartida (ASACCO) han aprovechado hoy la llegada del AVE a Valencia para trasladar sus reivindicaciones ante la nueva estación Joaquín Sorolla de la ciudad. EFE

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El Ayuntamiento de Lugo recibe con "perplejidad" sentencia que anula licencia

ABC* : El alcalde de Lugo, José López Orozco, aseguró hoy que en el Ayuntamiento recibieron con "perplejidad" una sentencia que anula una licencia concedida por este ente local para la construcción de un edificio en la calle República Argentina de 38 viviendas que llevan años habitadas. La resolución la dictó el juzgado de la Contencioso Administrativo número dos de Lugo, que considera ilegal el estudio de detalle para la zona de ese inmueble y el alcalde ya avanzó que recurrirán ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El mandatario observó que los temas de urbanismo "son complejos", a la vez que expresó la convicción de que el TSXG "como ya ha ocurrido en otras ocasiones nos dé finalmente la razón".

Aúna así, asumió que mientras no se produce "queda esta zozobra", que, dijo, "yo tengo la obligación de despejar en los compañeros de corporación y también en el conjunto de la ciudadanía".

Por eso avanzó la intención de "dar una explicación" a los grupos municipales del Ayuntamiento y a la ciudadanía en general "para que tengan confianza en las licencias que está otorgando el Ayuntamiento, ya que bajo nuestro prisma, todas están conformes a la legalidad", subrayó. EFE




* ABC - 17.12.10
Foto: Lugo, ayuntamiento - formulatv

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El TSJA tumba por tercera vez el planeamiento urbanístico de Prado del Rey

ELPAÍS/Cádiz* : El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha tumbado por tercera vez el planeamiento urbanístico de Prado del Rey. El alto tribunal andaluz declara nula la aprobación del PGOU del municipio gaditano "por su inadecuación al orden jurídico". Según la resolución judicial emitida el 25 de noviembre por la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo en Sevilla, una vez declarada la nulidad, debe procederse a la elaboración, aprobación y tramitación íntegra del plan "como si nunca hubiera existido". La sentencia da respuesta a un recurso presentado por Ecologistas en Acción. La organización conservacionista criticó especialmente que el alcalde de Prado del Rey, el socialista Fernando Pérez, pretendiera recalificar cerca de 600.000 metros cuadrados del Parque Natural de Los Alcornocales para construir un centenar de viviendas, un hotel, un geriátrico y un centro comercial.

El PGOU ahora anulado también vulneraba el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) al contemplar la recalificación de dos millones de metros cuadrados de suelo para levantar 2.151 viviendas a sabiendas de que el crecimiento demográfico del pueblo, de 6.000 habitantes, está prácticamente estabilizado. Mientras que el POTA no permite incrementos de suelo urbanizable superiores al 40%, ni de población superiores al 30% en ocho años, el PGOU de Prado del Rey triplica los suelos urbanizables y prevé duplicar la población.
Advertencia ecologista

El portavoz ecologista, Juan Clavero, exigió ayer una rectificación inmediata y advirtió al alcalde gaditano que acudirá a la vía penal para denunciar un presunto delito de prevaricación si el Consistorio no corrige el planeamiento y presenta un nuevo PGOU que respete la legalidad.

No es la primera vez que Ecologistas en Acción pide la modificación del texto. Clavero recordó que tras las resoluciones judiciales anteriores y a pesar de las alegaciones del colectivo que dirige, el Ayuntamiento presentó para su aprobación en diciembre de 2008 "el mismo planeamiento". Además, la sentencia recoge que el Consistorio trató de aprobar el PGOU "sin someter el texto a información pública".




* El País - 17.12.10
Foto: Prado del Rey (Cádiz) - pueblos-espana.org

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Venezuela.- Cumplir con 12 mil casas de Plan Vargas habría evitado esta crisis

ELUNIVERSAL/LaGuaira* : Si en lugar de haber sido una simple promesa las 12.758 viviendas en 29 urbanismos ofertados en el marco del Plan Vargas 2005 se hubiesen construido, 80% de afectados por la última temporada de lluvias no hubiesen resultado damnificadas, pues zonas de alto riesgo declaradas inhabitables estarían desocupadas. Ello se desprende de un análisis de la Red de Ciudadanos Activos de Vargas "Nelson Mandela", que basándose en el contenido del Instructivo Presidencial para la Operacionalización del Plan Vargas 2005, determinó que los habitantes de las zonas afectadas por la reciente vaguada como Marapa, El Piache, Mare Abajo, Santa Eduvigis, El Rincón, Montezuma, El Cojo, San Julián, El Tigrillo y Anare, serían beneficiarios de esas soluciones.

"El Plan Vargas fue bien concebido, pero quedó en el papel. Entre los 5 ejes en que se dividió el plan, uno era vivienda. Los terrenos estaban avalados por estudios de bajo impacto de riesgo y en zonas con servicios. Sorprende que en la nueva emergencia esos planes sean desechados y se concentren en un nuevo terreno en Playa Grande donde sí hay alto impacto urbano", dice el docente Carlos Texeira, vocero de la red.

De 29 planes previstos se ejecutó uno, el urbanismo Martín Vegas, en terrenos de Minsalud en Catia La Mar. Minhábitat y Corpovargas lo ejecutaron, por 593 millardos (de los viejos). "Si las familias que hoy están en refugios hubiesen recibido casas, no habría crisis. Entre los terrenos inventariados en el Plan Vargas 2005 está uno municipal en Mamo que ocupa la Armada; allí debieron levantar 1.300 casas para gente de Marapa y El Piache. No lo hicieron; ahora hay que mudar a 613 familias y no es posible porque no hay esas viviendas. Ofrecen, a unos pocos, refugios provisionales".

La gran incógnita son las razones por las que esta parte del plan Vargas fue relegada. "Hay dos teorías: que el monto asignado no fue entregado al ejecutante, que conllevaría a un delito y en el Gobierno no están interesados en reconocerlo. Las segunda, que después de haber suscrito el ejecútese a viviendas del Plan Vargas, el presidente decidió que en lugar de 29 urbanismos se hiciera Ciudad Caribia y desviaron recursos a ese proyecto. Todo obedece a una cuestión de recursos. Es mejor anunciar 1.900 nuevas viviendas como la gran solución, cuando desestimaste más de 12 mil", concluye Texeira.

Desde junio de 2006 la Red de Ciudadanos ha ido a Fiscalía, a la AN y la Contraloría solicitando investigar destino de recursos asignados. Ningún organismo contralor ha respondido.



* El Universal - NADESKA NORIEGA ÁVILA - 18.12.10
Foto: La Guaira (Venezuela), puerto - gob.ve

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Barcelona.- Una 'mordida' de 700.000 euros

ELPAÍS* : Setecientos mil euros de mordida. Ese es el dinero que podrían haber cobrado los saqueadores confesos del Palau de la Música Fèlix Millet y Jordi Montull por adjudicar el fallido proyecto de construcción del hotel a la empresa Olivia Hoteles en terrenos de la entidad cultural. El propio Montull, ex director administrativo del Palau, reconoció ayer que estaba previsto cobrar esa cantidad, pero negó que se hiciera efectiva. En su tercera declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que investiga la operación urbanística, se exhibieron a Millet y Montull unos documentos hallados en el Palau en una carpeta denominada Acuerdos Valderrama. En uno de ellos aparece la cifra de 700.000 euros junto a otras dos que suman poco más de 900.000 euros con la anotación "B". Millet dijo que desconocía ese documento, pero Montull no tuvo reparos en admitir que lo redactó él y que no se trataba de una comisión, sino de una "cantidad adicional" que nunca se hizo efectiva.

Por el contrario, la tesis que sostiene el fiscal Antoni Pelegrín es que Millet y Montull sí recibieron ese dinero. Por eso les acusa de un delito de apropiación indebida ya que, en su opinión, la cantidad fue a parar a sus cuentas corrientes y no se ingresó en las arcas del Palau. El supuesto pagador, Manuel Valderrama, presidente de Olivia Hoteles y promotor del proyecto negó en su día ante la juez y en la comisión de investigación del Parlament el pago de esa cantidad.

Según su versión, los 900.000 euros que aparecen en los documentos que redactó Montull corresponden a los honorarios que debía percibir el arquitecto, Carlos Díaz. Pero este, a su vez, declaró ante la juez que solo recibió 185.00 euros, por lo que la cifra pendiente (715.00 euros) se aproxima a la supuesta comisión. Ese dinero coincide, además, con los movimientos bancarios intervenidos a Millet en una caja fuerte.

Esta investigación judicial, distinta de la que tramita el juez Juli Solaz por el saqueo del Palau, está prácticamente finalizada a la espera del informe de la Agencia Tributaria. Ayer declaró también la concejal del distrito de Ciutat Vella en el que debía construirse el hotel, Itziar González (PSC), quien dijo sentirse "presionada y traicionada" cuando se enteró que la promotora del hotel era una entidad privada. Por eso solicitó al teniente de alcalde de Urbanismo, Ramon García Bragado, también imputado, que paralizase el proyecto. Lo mismo que hizo con el alcalde de Barcelona, Jordi Hereu y con el entonces primer teniente de alcalde, Carles Martí. Sus peticiones no encontraron apoyo y dimitió.

Francesc Jufresa, abogado de García Bragado, sostiene que la declaración de González favorece a su cliente y anunció que solicitará el archivo de la causa para él, aunque el fiscal está firmemente decidido a que el todavía teniente de alcalde se siente en el banquillo de los acusados.

Por otra parte, la ex directora administrativa del Palau de la Música e imputada en el saqueo, Gemma Montull, trabaja desde hace meses como contable en el despacho de abogados de Molins y Silva, que lleva su defensa y la de su padre, Jordi Montull. "No tengo ningún inconveniente en reconocerlo", dijo ayer Pau Molins, quien se negó a detallar si la mujer percibía alguna remuneración por ese trabajo.




* El País - 18.12.10
Foto: Barcelona, Palau_de_musica - wikipedia.org

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Santa Cruz.- El PGO obvia el catálogo del "fuera de ordenación" que aprobó el Pleno

ELDÍA/Tenerife* : Los grupos de la oposición continúan sin conocer un documento que, según el informe de Urbanismo, solventa varias de las irregularidades que fueron denunciadas por la Plataforma No a este PGO. Hoy se presenta en rueda de prensa la convocatoria de una manifestación para el martes, día del pleno monográfico. El informe elaborado por los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo en contestación a la petición de la Dirección General de Urbanismo de que se solventaran ciertos aspectos del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz obvia la elaboración de un catálogo de viviendas "fuera de ordenación" que había aprobado el Pleno en la sesión celebrada el 21 de diciembre de 2009. En aquella sesión, el Pleno aprobó una moción, en contestación a una propuesta de Ciudadanos de Santa Cruz, en la que se comprometía a elaborar un censo de los inmuebles que se encuentran "fuera de ordenación". El texto final de la moción especificaba que el catálogo se realizaría mientras se seguía adelante con la tramitación del PGO.

También la Cotmac requirió el catálogo aunque Urbanismo, en su informe, opta por la posibilidad de remitirse a la elaboración de un plan especial. Sin embargo, la disposición transitoria primera de la Ley del Suelo establece que el catálogo tendrá que elaborarse en "el plan general o, en su caso, en el plan especial", es decir, que se remite al tipo de planeamiento en el que esté la ordenación pormenorizada de edificaciones en "fuera de ordenación" que, en el caso del PGO, no se encuentran, en su mayoría, en ningún plan especial.

Sin embargo, Urbanismo alude a un plan especial, a elaborar en un plazo de cuatro años, y subraya que el ayuntamiento ha buscado todas las garantías jurídicas para los inmuebles afectados por el régimen jurídico de "fuera de ordenación" desde 1992, hasta el punto de haber impulsado en el Parlamento de Canarias una modificación de la Ley de manera que no se vean mermados ninguno de sus derechos.

Reparos solventados.- La edificabilidad de torres en áreas colmatadas como la de la Policía Local en la avenida de Tres de Mayo, la urbanización de parcelas con una pendiente superior al 50%, la computación del parque de Las Mesas como parque urbano en lugar de suelo rústico o la recalificación de los barrancos han sido algunos de los errores subsanados en la revisión del PGO. Muchas de estas irregularidades ya fueron denunciadas en su día por la Plataforma No a este PGO, por lo que su portavoz, el abogado Felipe Campos, se pregunta qué hubiera pasado si parte de la ciudadanía no se hubiese enfrentado al planeamiento elaborado en un primer momento por el Ayuntamiento de Santa Cruz.

En cuanto a la urbanización parcial de Costa Cardón y Finca Fumero, la revisión del PGO limita su uso urbanístico. En el primer caso se aceptan los parámetros de protección que establece el PIOT y en el segundo caso se eliminan las urbanizaciones en pendientes superiores al 50%.

Votarán sin conocer el PGO.- Los partidos que forman la oposición en el ayuntamiento (PSC y Ciudadanos de Santa Cruz) continúan sin conocer la revisión del PGO, por lo que, de momento, tendrían que emitir su voto sin haber leído el nuevo texto. Sólo obra en su poder el expediente administrativo con el informe de la Gerencia Municipal de Urbanismo que contesta el escrito de la Dirección General de Urbanismo de Medio Ambiente en el que se pedía solventar varias irregularidades.

Tramitación nula.- Los detractores del planeamiento inciden en que la tramitación del documento es nulo porque ya fue desestimado por la Cotmac. La Ley del Suelo especifica en el artículo 426 que la Cotmac puede, una sola vez, devolver el plan general al ayuntamiento con informe de correcciones y reparos, algo que ya se hizo en 2008. Además, sostienen que se remitió a la Cotmac el pasado 4 de febrero, por lo que se superó el plazo de cuatro meses para que el Ejecutivo regional se pronuncie y, por lo tanto, quedó desestimado teniendo que volver al estado de avance o de aprobación inicial por acuerdo motivado.

El informe del secretario.- El documento del secretario de la corporación remitido ayer a los grupos explicita que no se debe aplicar al documento la Ley 9/2006 sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente y que implicaría la elaboración obligatoria de un informe de sostenibilidad que también debería salir a información pública. Además, también sostiene que el artículo 2 del reglamento de planeamiento no es de aplicación pese a que la norma especifica que los plazos de caducidad son de aplicación a los planes iniciados con anterioridad a su entrada en vigor, en julio de 2006.

Un pleno convocado dos veces.- El ayuntamiento remitió ayer dos convocatorias diferentes para la sesión plenaria monográfica del día 21. En la primera se hacía referencia a que el único punto del día era el relativo a la revisión del PGOU de 1992 pero horas después se hizo llegar una nueva convocatoria en la que había desaparecido el término "revisión".



* El Día - 17.12.10
Foto: Santa Cruz deTenerife, ayuntamiento - pueblos-espana.org

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La Xunta aprueba tras 15 años las normas que acotarán el urbanismo municipal

LAOPINIÓN/Santiago* : La Xunta aprobó ayer de forma provisional sus primeras Directrices de Ordenación do Territorio (DOT), un documento que constituye la guía para el desarrollo urbanístico de la comunidad durante las próximas décadas, fijando reglas a las que se tendrán que someter los ayuntamientos a la hora de diseñar su crecimiento con el objetivo de frenar la dispersión. El documento fue aprobado ayer por el Consello de la Xunta y presentado por el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, y el conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández. El primero indicó que las DOT "pretenden construir una Galicia ciudad única que trabaje en red", y reconoció los defectos hasta ahora en la política urbanística autonómica, pues la actual ordenación ha generado una comunidad "difusa". "Ahora buscamos solventarlo", subrayó.

Insistió también en que las directrices constituyen uno de los proyectos "más importantes" de la legislatura y de las "próximas décadas". "Es una idea clara de cómo queremos que esté configurado nuestro territorio, de cómo queremos vivir y ordenar los espacios", anunció, y añadió que las infraestructuras viales, tecnológicas y de saneamiento completarán el plan.

Feijóo y Hernández destacaron el éxito de la aprobación inicial del texto, aunque no pudieron concretar cuándo se producirá la definitiva y la norma entrará en vigor. El conselleiro explicó que el documento será enviado al Parlamento, "donde puede recibir aportaciones". Tras ser debatido en comisión, será aprobado definitivamente por la Xunta vía decreto.

El responsable de Medio Ambiente defendió el beneficio que aportará a los ayuntamientos en la agilización de la redacción de sus planes urbanísticos. "A partir de hoy, los entes locales no deberán esperar a los abundantes y diferentes informes del resto de administraciones para establecer las reglas de su crecimiento. Tendrán la seguridad de que siguiendo estas directrices y sus determinaciones estarán en el buen camino en la planificación de su territorio, garantizando el éxito de su ordenación", sostuvo.

La norma establece las reglas para la implantación de usos y actividades en el territorio, por lo que servirá de guía para los ayuntamientos, con los que las DOT "explicitan la colaboración" y "respetan sus competencias, según Hernández.

. Ejes urbanos. Las DOT señalan dos regiones urbanas. A Coruña-Ferrol y Vigo-Pontevedra, a las que se unen otras siete áreas urbanas que se corresponden con estas ciudades más Santiago, Lugo y Ourense. En ellas, indicó Hernández, se concentra el 62% de la población gallega. A ellos se unen los sistemas urbanos intermedios, con entre 7.000 y 40.000 habitantes. Noia, Ribeira, Carballo, Cee-Corcubión y As Pontes serán los polos de desarrollo de sus áreas de influencia en A Coruña. También se contemplan otras 14 poblaciones en el resto de provincias gallegas.

. Nuevas viviendas. Aunque los ayuntamientos mantienen sus competencias para diseñar sus planes de desarrollo, las DOT incluyen determinaciones de obligado cumplimiento para controlar su crecimiento. Cualquier municipio que planee la construcción de un mayor número de viviendas en su territorio deberá justificar esa necesidad con el ritmo de evolución de su censo. Si este no refleja incremento futuro, la Xunta podrá bloquear los nuevos parques. La norma tiene como objetivo los pequeños y medianos ayuntamientos cuyo parque de viviendas aumentó durante el boom del ladrillo. Mientras tanto, en el último lustro sólo 37 ayuntamientos aumentaron de población.

. Entornos compactos. Para compactar más los núcleos urbanos, las DOT obligan a los concellos a "rellenar" las parcelas sin promociones cerca de estos frente a desarrollos ex novo. En el caso de los polígonos, deberán tener garantizados los accesos y los suministros básicos.

. Industria. La Xunta propone ir liberando las zonas urbanas, especialmente las costeras, de la presencia de complejos industriales. Como ejemplo, señala la necesidad de traslado de la planta de celulosa que la empresa Ence tiene en Pontevedra.



* La Opinión Coruña - 17.12.10
Foto: El conselleiro de Medio Ambiente presenta ayer las Directrices de Ordenación do Territorio.- laopinion

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Francia.- Un urbanismo bello para los más desfavorecidos

ELMUNDO* : El Gobierno francés lava la cara a los barrios periféricos menos lustrosos. Son barrios apartados, la cáscara que envuelve el cotizado corazón de la ciudad. Núcleos infravalorados y, en la mayoría de los casos, desatendidos y abandonados a su suerte. Son la uva negra del racimo, los apestados de las grandes ciudades. Su población, pobre, sin muchos recursos ni acceso a grandes lujos. Su arquitectura, pobre también, y poco atractiva. En Francia los barrios de la periferia, la 'banlieue', nunca han gozado de una gran popularidad. La austeridad, sí, pero también el ladrillo, los ha estigmatizado. ¿Es el urbanismo feo el que los hace feos? Para acabar con este lastre, denominador común en la planificación de la mayoría de las ciudades, varios grupos de arquitectos encargados de construir alojamientos sociales en París han desarrollado un nuevo concepto de urbanismo bello. El objetivo es hacer de estos barrios lugares apetecibles.

Parten de la premisa de que es esta arquitectura difícil la que hace difíciles a muchos de estos barrios. Y qué mejor sitio para poner en práctica esta nueva filosofía que uno de los núcleos menos favorecidos de Île de France, Clichy-Sous-Bois. Tristemente conocido por los disturbios provocados tras la muerte de dos jóvenes musulmanes en un enfrentamiento con la policía en 2005, este barrio de la periferia parisina no tiene muy buena fama.

Tras estos incidentes, hace ahora cinco años, el Gobierno francés se propuso lavarle la cara a los barrios periféricos menos lustrosos con el objetivo de, si no erradicar del todo la violencia, al menos mantenerla a raya. El denominado Plan Nacional de Renovación Urbana, ambicioso y que afectaba a más de 400 suburbios de todo el país, incluía la demolición de miles viviendas, la mayoría en condiciones insalubres e inhabitables, así como la creación de nuevos espacios de pisos protegidos y más dotaciones.
¿Por que los pisos protegidos tienen que ser feos?

El estudio de arquitectos Canale 3 ha sido uno de los encargados de rehabilitar parte de estas viviendas subvencionadas por el estado en la citada barriada. Moles inmensas llenas de habitáculos que asemejan colmenas, bloques de piedra gris que recuerdan a la arquitectura de la época comunista... ¿Por qué pisos protegidos tienen que ser feos? Es la pregunta que se hacía este equipo de arquitectos.

Partiendo de la convicción de que las poblaciones desfavorecidas "también tienen derecho a la belleza" han creado 30 pequeñas villas. Según su filosofía, "el objetivo es que la periferia no parezca periferia, que los pisos sociales no parezcan pisos sociales", explican. ¿Y cómo se hace eso? A través de materiales agradables, como la madera o el ladrillo, y colores tranquilos, no estridentes.

Tampoco se trata de hacer una arquitectura experimental o grotesca que les haga sentirse conejillos de indias, "sino de crear lugares donde apetezca vivir", argumentan en la agencia inmobiliaria 3F.

En España no faltan ejemplos de ese urbanismo que, si no marca, al menos señala con el dedo. El edificio apodado El Ruedo, en el madrileño barrio de Moratalaz, no cosecha muy buenas opiniones. Y el más conocido como El Donut, en Sanchinarro, también generó reacciones más en contra que a favor.
Mezcla de vecinos

Porque el objetivo es integrar y no segregar, muchos arquitectos optan por la mezcla de la población. No crear guetos de pisos sociales, sino alternar los edificios de viviendas sujetas a subvención con viviendas de lujo. En Cliché-Sous-Bois muchas familias se han trasladado a pequeñas villas, sino de lujo desde luego más grandes y mejor dotadas en busca de amplitud, tranquilidad y, por encima de todo, mejores precios.

También en nuestro país encontramos ejemplos de urbanismo positivo. En el madrileño barrio de Hortaleza las manzanas de chalés exclusivos que comparten barrio con pisos de protección oficial construidos hace décadas.

Cinco años después, los resultados de este macroproyecto de lavado de cara a la 'banlieue' francesa quedan a juicio de cada uno. Sí queda el intento de hacer de estos espacios lugares más habitables. Porque, como aseguran estos arquitectos del urbanismo atractivo, ellos también tiene derecho a la belleza.




* El Mundo - 14.12.10
Foto: Edificios originales (izqda.) y viviendas renovadas (dcha.) en la periferia de París. | ELMUNDO

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La Xunta tramita la legalización de una obra aprobada por su delegado en Ourense

ELPAÍS* : Rogelio Martínez decidirá, en su condición de superdelegado de la Xunta en Ourense, si se legaliza el tanatorio de Arnoia que él mismo autorizó, pese a tener en contra todos los informes de la Administración, cuando era alcalde del municipio. Patrimonio le impuso entonces una multa de 5.000 euros por no restituir la legalidad. La Xunta intenta legalizar ahora la obra. El director general de Patrimonio, José Manuel Rey Pichel, detalló ayer en comisión parlamentaria que el lunes entró en el registro de la jefatura territorial de Ourense el expediente para que, en una reunión entre representantes de la delegación provincial, que preside Martínez, y la Iglesia se decida si se legaliza el inmueble funerario ubicado en zona catalogada Bien de Interés Cultural (BIC) e incrustada entre los panteones de tal forma que para acceder a él es necesario pisar sobre algunas sepulturas.

Rey Pichel reconoció que el tanatorio autorizado por el actual superdelegado de la Xunta fue declarado ilegal por Patrimonio en 2006, año en el que el departamento que ahora preside informó desfavorablemente la obra. También explicó que el nuevo alcalde que sustituyó a Martínez en Arnoia intentó legalizarlo cambiando la calificación del suelo e incluyéndolo en el planeamiento urbanístico, pero sin presentar a Patrimonio el nuevo proyecto.

Según Pichel, en diciembre de 2008 la Xunta informó desfavorablemente el planeamiento urbanístico que, sin embargo, fue autorizado en julio de 2009 y aprobado el pasado mes de octubre. Está en vigor desde el 30 de noviembre. El Ejecutivo gallego deja ahora en manos de su superdelegado en Ourense la legalización de la obra que, irregularmente, él mismo autorizó.

El director general de Patrimonio realizó esta exposición a instancias de la pregunta presentada en la comisión por la parlamentaria del PSOE María Quintas. La diputada lleva desde el pasado febrero esperando, sin éxito, que la Xunta le entregue los expedientes del tanatorio.

Quintas advirtió ayer de que el Gobierno de Feijóo está incumpliendo el reglamento de la Cámara relativo a la obligación del Gobierno autónomo de entregar información a los diputados en un plazo de 30 días. Pichel le replicó que, aun conociendo el reglamento, resulta imposible atender todas las peticiones de información que realizan los diputados. En cualquier caso, afirmó que la documentación del tanatorio que reclamaba la socialista estaba ya en poder de la Cámara, aunque Quintas tampoco la recibió ayer.

El PSdeG ya ha anunciado que demandará por prevaricación al superdelegado de Ourense y sostiene que la Xunta es "cómplice" en esta actuación con la que "Feijóo intenta proteger a su hombre de confianza" en Ourense.

El superdelegado no solo ha obviado la normativa de Patrimonio al construir el tanatorio en zona BIC, sino que además, la sanitaria sobre cementerios que obliga a que las edificaciones en los camposantos mantengan una distancia de al menos 50 metros respecto a las tumbas.

Los socialistas están convencidos de que la actuación del delegado es "idéntica" a la del ex alcalde de Melón Alberto Pardellas (también del PP), que autorizó la construcción de un polideportivo a escasos metros del monasterio cirsterciense. A este, el incumplimiento le ha costado la inhabilitación política.




* El País - 17.12.10
Foto: Arnoia (Ourense) - Luis Miguel Bugallo Sánchez, wikipedia.org

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