Ciudadano 'subprime'

ELPAÍS/Reportaje* : A Julio César Rodríguez le dieron una hipoteca de 283.000 euros. Pagó hasta quedarse en paro. Fue desahuciado de su piso. Sin recursos de ningún tipo, ahora debe al banco 325.000 euros. Julio César Rodríguez, nacido hace 48 años en Quito (Ecuador), está condenado a exclusión social. Su error fue firmar un préstamo hipotecario en los años de la fiebre inmobiliaria en España. El préstamo existe, figura en los balances, pero jamás será cobrado. Es un crédito subprime, de alto riesgo. Nadie sabe cuántos hay. Esta es la historia de uno de ellos. Rodríguez aterrizó en España el 6 de septiembre de 1996. Obtuvo papeles, trajo a su esposa y a sus tres hijos. Vivieron de alquiler en Aluche, al oeste de Madrid, por 375 euros al mes. A principios de 2006, había ahorrado 36.000 euros en diez años de trabajo. Entonces "todo el mundo compraba. Los anuncios decían: '¡No regale el alquiler! ¡Sea propietario!". Hizo el mismo cálculo que cientos de miles de españoles.

En una oficina de la inmobiliaria Tecnocasa expuso su situación. Tenía dinero y quería un piso. Ya no había que decir más. En la financiera de al lado le dijeron que su contrato indefinido de 850 euros al mes como mozo de almacén en H&M no era suficiente, pero podía sumar la nómina de su hermana, de 1.100 euros al mes como teleoperadora. Ella aceptó participar.

"Entonces, el de la oficina me dijo: 'Con estos papeles podéis comprar dos pisos en vez de uno". Y le explicaron cómo era posible que les dieran dos créditos. "Me dijo que la forma era abrir una cuenta, con ella conseguir un crédito y comprar un piso, y antes de un mes mover el dinero a otra cuenta de otro banco y hacer lo mismo con otro piso. Me dijo que si se tardaba más tiempo, los datos llegaban al Banco de España y ya no podía comprar nada".

La Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE) es un registro donde los bancos envían toda la información crediticia de sus clientes. Gracias a él, el supervisor y los propios bancos deberían poder detectar operaciones de crédito de alto riesgo, con grandes probabilidades de impago. Las entidades envían los datos de sus clientes una vez al mes. Es decir, lo que le explicaron fue que operaciones como la de Julio César y su hermana debían cerrarse con una diferencia de pocos días, de forma que el CIRBE no detectara que se estaba concediendo una hipoteca a alguien que ya estaba entrampado con otra. Rafael Mayoral, uno de los abogados que ahora asisten gratuitamente a Rodríguez, define todo el proceso como "una serie de operaciones, todas legales, cuyo objetivo final es cometer una ilegalidad: eludir el control de riesgos del regulador".

Con todo decidido, le anunciaron que hacía falta otra nómina más. Aceptaron la de su cuñado, a pesar de que ya era propietario de un piso y avalista de otro. En este punto de la historia, Rodríguez aún no sabía ni qué piso quería. De los que le ofrecían, le gustó el 1º izquierda del número 9 de la calle Valdecanillas, en San Blas. "No había que subir mucho y tenía mucha luz. Y yo me dije: 'Aquí, aquí estamos hechos".

La siguiente semana, Julio César se ocupó solo de abrir cuentas bancarias por orden de la gestoría. Primero llevó sus 36.000 euros a una caja de ahorros que le indicaron. "El técnico de la financiera levantó el teléfono, dio mis datos y dijo: 'Ya está, ya tienes el crédito aprobado. Ve para allá". Ese sería el crédito del piso de su hermana, en el que figuran como propietarios ella, él y su cuñado al 33%. Se enteraron de este arreglo en la mesa del notario. No era lo acordado, pero firmaron porque ya habían dado 9.000 euros de comisión a la agencia.

Después le indicaron que fuera a una sucursal de Caja Madrid determinada donde también le estaban esperando con un crédito personal listo para firmar. Al tiempo, le dijeron que sacara sus ahorros de la entidad inicial y los llevara a una determinada sucursal del Banco Guipuzcoano. Allí le estaban esperando con el crédito hipotecario concedido. Tres créditos, en tres entidades distintas, en una semana, para comprar dos pisos. Sin preguntas. Intervinieron la inmobiliaria, dos intermediarias (Vallehermoso Financiaciones y Tecnitasa Gestión Hipotecaria), dos cajas y un banco.

El 23 de febrero de 2006, Julio César Rodríguez firmó la escritura de su casa en San Blas. Medía 80 metros cuadrados. No tenía ascensor y tenía más de 40 años de antigüedad. La compró con un crédito de 283.000 euros del Guipuzcoano, más 12.000 del crédito personal de Caja Madrid, para cubrir todos los gastos. El piso estaba tasado por la empresa Tecnitasa Tasaciones en 354.000 euros, diez millones de pesetas más del precio. Es decir, que le vendían un duro a cuatro pesetas. Pagaría 892 euros mensuales por el préstamo hipotecario más 250 por el préstamo personal.

Hace dos años, Rodríguez se quedó en paro. Siguió pagando la hipoteca, sacando de donde pudo, hasta que dejó de pagar. El banco inició el procedimiento de ejecución. Cuando ya se veía en la calle, intentó resolver la deuda. Con 14.500 euros, le indicaron, se ponía al corriente de pago. "Pedí prestado, vendí un terreno que tenía en Ecuador y reuní el dinero". Después le observaron que faltaban 1.500 más. Pidiendo favores, sacó 1.600 euros. "Al mes me dicen que debo además los costes judiciales, que eran 4.410,30 euros, a pagar en 10 días".

Ya no podía pedir un euro más a nadie. Fue al banco y suplicó que se quedaran con su piso, pero no aceptaron. Pidió que le asistiera la justicia gratuita en el proceso, pero no podía acceder a ella porque formalmente tenía un piso. Además de todo esto, en el banco le comentaron que había un error en la escritura y que la cuota estaba mal calculada, que tenían que recalcularla muy por encima de lo que pagaba. La sucursal del Banco Guipuzcoano aludida declinó dar su versión de este caso.

Con todos estos datos, los abogados que le asisten gratuitamente decidieron ir a los tribunales con este planteamiento: Rodríguez no es un moroso, sino que ha sido engañado. "La única diferencia entre este caso y otros miles de ellos es que Julio César se ha plantado. Él no es culpable, sino víctima de una estafa, y quiere denunciarlo", dice Mayoral. La denuncia, una rareza dentro del drama de las ejecuciones hipotecarias, es por estafa contra el apoderado de la gestoría que firmó la venta. Cuando el denunciado prestó declaración ante el juez, dijo que él sólo firmaba ventas y que ignoraba los trámites previos.

El pasado 14 de mayo, Julio César fue desahuciado. El desahucio está recurrido en amparo ante el Constitucional.

Tras la subasta de la casa, el banco se la quedó por la mitad de su valor de tasación, es decir, 177.000 euros. Con la ley hipotecaria española, la deuda no se acaba ahí, sino que el deudor responde con su patrimonio hasta saldar el total. La situación de Julio César es que debe la mitad del piso según su tasación, más las costas judiciales de su desahucio, más los intereses, más las costas judiciales del procedimiento contra sus avalistas, que son su hermana y su cuñado. Julio César Rodríguez, ecuatoriano en paro de 48 años que trabajó hasta ahorrar 36.000 euros y quiso comprarse una casa, debe hoy 325.000 euros.

Rodríguez vive en casa de su hijo mayor, militar del Ejército español de 22 años, con la esposa de este y un niño pequeño. Cuenta que Caja Madrid le ha empezado a embargar a su hermana cada mes 350 euros de un sueldo de 1.500, como codeudora del crédito personal impagado. A su cuñado, asegura, el Guipuzcoano le embarga 489 euros de un sueldo de 1.900 euros, ya que firmó como deudor solidario de la hipoteca. Caja Madrid declinó comentar este caso, pero aseguró que su política es negociar todo lo posible antes de embargar.

Julio César cobra, por ahora, la ayuda de 426 euros del Gobierno, inembargable por ley. Si consiguiera un trabajo, le embargarían el sueldo. No le queda absolutamente nada. Jamás podrá pagar su deuda.




* El País - 31.10.10
Foto: Julio César Rodríguez consiguió dos créditos. Ahora está en la calle y debe una fortuna.- elpais

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Algeciras.- La jueza ordenó hace 2 meses ejecutar la sentencia de las oficinas del parking

EUROPASUR* : La magistrada del Juzgado de lo Contencioso -Administrativo nº1 de Algeciras ordenó hace dos meses al Ayuntamiento ejecutar la sentencia sobre las oficinas del aparcamiento Escalinata, después de que éstas fueran declaradas ilegales. Sin embargo, los locales mantienen su actividad, pese a que la jueza dio un plazo de diez días para llevar el fallo judicial a "puro y debido efecto". La secretaria judicial, a través de un decreto firmado el pasado 29 de julio, expone que una vez notificada a las partes la sentencia dictada "se declara su firmeza".

Así, insta a que se le comunique al Consistorio -que recibió la notificación a principios del mes de septiembre- que, una vez acusado recibo, "en el plazo de diez días, la lleve a puro y debido efecto, practicando lo que exija el cumplimiento de las declaraciones contenidas en el fallo". La secretaria exige también a la Administración demandada que en igual plazo de diez días "participe a este Juzgado cuál será el órgano encargado de la ejecución de la sentencia"; recordando al final del escrito que contra esta resolución cabe interponer recurso de reposición.

La denuncia partió de la comunidad de vecinos del edificio Escalinata, que pide que se derriben las oficinas para cumplir con la legalidad. El Juzgado algecireño declaró las oficinas ilegales en un fallo dictado en octubre del año pasado, que meses después fue ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

La jueza anuló la licencia para construir las oficinas -otorgada por Urbanismo en 2005- al recalcar que el aparcamiento en el que se asientan ya había sido declarado ilegal a finales de 2004 por el TSJA y que dicho uso comercial no está permitido en un suelo calificado de espacio libre.

Fuentes municipales indicaron ayer a este diario que el Ayuntamiento ha contestado al Juzgado que su intención es dar una solución al conjunto del aparcamiento, cuyo futuro está a expensas de una resolución de los tribunales.

El TSJA declaró ilegal el parking y el fallo fue ratificado por el Supremo. Los vecinos solicitaron su demolición y el Consistorio presentó el Plan de Movilidad para intentar regularizar el edificio. Dicha herramienta fue igualmente desestimada por el TSJA y el Consistorio está a la espera que el Supremo se pronuncie sobre la validez de éste en última instancia.

Los vecinos del edificio Escalinata indicaron ayer que van a denunciar al Consistorio por desobediencia judicial por no haber ejecutado la sentencia sobre las oficinas pese a haber transcurrido dos meses desde que se notificara el fallo.




* Europa Sur - 3.11.10
Foto: Imagen de las oficinas del parking, a la derecha, y de los paneles publicitarios instalados en la fachada.- europasur

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Galicia: Naturaleza a la intemperie

ELPAÍS* : Espacios protegidos sin planes de gestión, especies amenazadas sin instrumentos que las preserven, ríos sin recursos pesqueros ordenados. Esta es, resumida, la política de conservación de la naturaleza que han desarrollado los diferentes gobiernos que han pasado por la Xunta. Ecologistas, biólogos y juristas coinciden en señalar que la protección del medio ambiente nunca fue una prioridad para la Administración autonómica, pero alertan de que el actual Gobierno del PP está eliminando medidas tomadas no solo por el bipartito, sino también por los Ejecutivos de Fraga.

Si las instituciones gallegas mantienen esta política de desprotección, su deterioro será cada vez más severo. Sin planes de conservación, los espacios protegidos de la Red Natura son vulnerables a las presiones urbanísticas, y la Xunta se arriesga a ser sancionada por la Unión Europea porque el plazo para presentar estos instrumentos de gestión acaba en diciembre y Medio Rural reconoció que no llegará a tiempo tras seis años de plazo para redactarlos.

Para Javier Montalvo, profesor de Ecología de la Universidade de Vigo, es más preocupante la falta de planes específicos para los parques naturales y para el Parque Nacional de las Illas Atlánticas, porque "tiene unos valores ecológicos más altos y tienen mayores necesidades de protección". Las medidas para los espacios que solo están en la Red Natura "son más suaves", destaca.

Las especies consideradas amenazadas o en peligro de extinción tampoco tienen planes específicos que las preserven de un mayor deterioro. Esta carencia impide conocer su estado actual y los daños que sufren, como ocurrió este verano en los incendios que afectaron al Macizo Central ourensano, donde habitan el lobo y el águila real.

Tampoco los ríos de interés pesquero cuentan con los preceptivos Planes de Gestión de Recursos Piscícolas. Los trechos de cauces fluviales que ya los tienen aprobados no suman ni 70 kilómetros, a pesar de que la Lei de Pesca Fluvial de 1992 obliga a redactarlos. Desde la vuelta del PP a la Xunta no se ha aprobado ninguno. El bipartito preparaba varios planes para cuencas enteras, pero no pasaron de ser borradores. Todo lo que no se hizo en tiempos de bonanza deberá afrontarse ahora con un recorte de los presupuestos de conservación de la naturaleza del 31%.

Alexandre Cendón, coordinador de la Federación Ecoloxista Galega (FEG), atribuye esta política a "una forma muy limitada de ver el medio ambiente, siempre como un atranco y no como una oportunidad". Para Javier Gutián, catedrático de Botánica de la Universidade de Santiago, "no hay más que ver el lugar que ocupa Conservación da Natureza en el organigrama de la Xunta para comprobarlo".

Desde la entrada del Gobierno de Núñez Feijóo, esta dirección general pasó a Medio Rural, mientras que todo lo relativo a desarrollo sostenible y evaluación de impacto ambiental pasaron a integrase en la macroconsellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas. Para la asociación ecologista Verdegaia, esta separación "supuso un descalabro, y además está dirigida por un ingeniero de caminos con una nula sensibilidad ambiental", en referencia al conselleiro Agustín Hernández.

Alba Nogueira, profesora de derecho de la USC, señala también como causa de la desprotección de la naturaleza gallega que "la planificación del territorio es incompatible con la política localista y caciquil imperante". Nogueira destaca que esta legislatura "marca una política de péndulo hacia atrás en la protección del medio".

Nogueira y Guitián coinciden al señalar que el anterior Gobierno autónomo "puso las bases de una nueva política", pero el cambio tras las elecciones de 2009 la paralizó. El catedrático de Botánica pone como muestra que desde la vuelta del PP a la Xunta no se han reunido ni el Consello da Rede de Parques Naturais de Galicia ni el Observatorio Galego da Biodiversidade. La asociación ecologista Adega presentó una queja ante el Valedor do Pobo para que este organismo encargado de controlar la evolución de la flora y fauna incluidas en el Catálogo Galego de Especies Ameazadas se reúna y cumpla su función.

Todos coinciden en que la presión ciudadana es básica para poder cambiar las actuales políticas de conservación ambiental. Verdegaia asegura que si en las denuncias por delitos ecológicos la mayoría de las veces las causas acaban archivadas, esporque todavía se consideran como "delitos de segunda". Esta asociación denunció por dos delitos contra el medio ambiente al director de las Illas Atlánticas, José Antonio Fernández Bouzas, por la construcción de una pasarela de madera que alteró un ecosistema dunar considerado "de reserva" o de máxima protección. Aunque la causa fue desestimada, la presión ambientalista consiguió la retirada de la pasarela.
Las quejas llegan a Bruselas

Tal y como adelantó este diario, la Xunta no presentará a tiempo los planes de gestión de los espacios incluidos en la Red Natura 2000. Desde su declaración en diciembre de 2004, se abrió un plazo de seis años para redactar estas herramientas. El bipartito dejó hecho un Plan Director que estaba en evaluación ambiental y que la actual Xunta se negó a aprobar, aunque en un primer momento la Consellería de Medio Rural intentó negar su existencia para alegar que los trabajos "tuvieron que empezar de cero". Los ecologistas advierten que si la Comisión Europea no abre de oficio el expediente sancionador al Gobierno autónomo, ellos se encargarán de denunciarlo.

Sin embargo, la eurodiputada electa del BNG, Ana Miranda, ya ha presentado una iniciativa en el Parlamento Europeo para saber si la Comisión tiene constancia de este hecho. En la misma pregunta parlamentaria, la nacionalista se interesa por la ampliación de la Red Natura que proyectó el bipartito y que ha sido bloqueada por el Gobierno de Núñez Feijóo. En la actualidad, la comunidad autónoma gallega es la que menor porcentaje de superficie protegida tiene, con un 12%, solo superada por Ceuta. El anterior Gobierno tenía una propuesta de aumentar la superficie hasta un 18%, más cerca de la media estatal, pero Medio Rural también paró el proyecto.

A finales de año, la Comisión Europea actualizará las listas de los tipos de hábitats y especies de interés comunitario que precisen ser designados e instará a los Estados miembros a cubrir las lagunas que queden. En respuesta a una pregunta anterior de Ana Miranda, Bruselas afirmó que una vez realizado este proceso estudiarán la necesidad de tomar medidas como los estados que sigan presentando "deficiencias importantes" de conservación.




* El País - 2.11.10
Foto: Galicia, ría_de_Arosa - Luis M. Bugallo Sánchez - wikipedia.org

Pd.: Parece que a última hora tratan de rectificar, pero ya se le ha visto el plumero a la Xunta

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J.López Uralde: "Un crecimiento continuado en un medio finito es insostenible"

MADRIDIARIO/Entrevista* : Juan López Uralde (San Sebastián, 1963) encabeza el proyecto Equo, que tiene la intención de convertirse en un partido ecologista fuerte en España. Tras su detención en la Cumbre del Clima de Copenhague, todavía está pendiente de un juicio que le podría llevar a la cárcel varios meses, pero el trabajo para llegar a las próximas elecciones generales continúa. En esta entrevista explica los objetivos y la visión del medio ambiente que defiende Equo. Todavía no han descartado presentarse a las elecciones autonómicas en Madrid.

El proyecto Equo quiere convertirse en fundación para después poder presentarse a las elecciones como partido ecologista ¿Cómo está yendo este proceso? ¿Está siendo complicado?
El proceso de conformación de la red de grupos verdes está yendo francamente bien y eso nos anima a pensar que podemos llegar a una propuesta verdaderamente amplia para 2012. Va más rápido y tiene más impacto de lo que preveíamos. No creíamos que iba a tener una acogida tan positiva. La prueba de ello es que las ventanas que tenemos abiertas muestran el interés que está teniendo el proyecto. Por ejemplo, estamos ya en más 8.000 amigos en nuestra página de Facebook.

¿Qué persigue Equo? ¿Cuáles son sus objetivos?
Equo es el proyecto para constituir una fuerza política verde relevante en España. Para eso, nos estamos dotando de diversas herramientas. Una de ellas es la constitución de una fundación que actúe como un 'think tank' verde y que nos servirá en el proceso de organizar debates, jornadas, ponencias, publicaciones… toda clase de inteligencia sobre el tema de la ecología política. También está el trabajo para la constitución de la red de la que hablaba antes. En definitiva, Equo es un proyecto amplío que denomina a este proceso de formación de un nuevo partido político verde.

Ha comentado que cree que el nombramiento de Rosa Aguilar como Ministra de Medio Ambiente está pensado para contrarrestar las expectativas que está levantando Equo. ¿Conseguirá Zapatero ganarse de nuevo la confianza de los grupos ecologistas como sucedió con Narbona? ¿Podría restarles votos?
El proyecto Equo es mucho más amplio que simplemente pretender arañar unos votos ahí. Pretende situarse como una fuerza política verde y, en ese sentido, aspiramos a tener un apoyo ciudadano significativo. Yo no creo que a estas alturas los cambios en el Gobierno puedan tener un impacto significativo sobre Equo, porque su falta de interés en cuestiones ambientales ya ha quedado de manifiesto. De hecho, a Rosa Aguilar le traicionan sus propias palabras. Habla de teñir de verde el Ministerio, pero teñir no denota cambios profundos; denota simplemente la voluntad de aparentar.

¿Va a estar Equo en las elecciones autonómicas? ¿Han descartado definitivamente presentarse en Madrid?
Todavía no lo hemos decidido. El horizonte electoral en el que queremos estrenarnos es en 2012, pero en todo caso seguimos estudiando la situación de Madrid y ya veremos si decidimos presentarnos o no; pero de momento la idea es no presentarnos, aunque no es definitivo.

¿Puede influir en esa opinión que Reyes Montiel, ex diputada en la Asamblea de Madrid, haya dejado IU para colaborar con Equo? ¿Qué le parece esta incorporación?
Tendremos que analizarlo. Es un poco precipitado tomar ahora esa decisión. Su incorporación ha sido una muy buena noticia. Dentro de la política madrileña, Reyes Montiel ha sido no solo un referente en la defensa del medio ambiente, sino también en la lucha contra la corrupción, un trabajo que ha realizado casi desde la soledad. Valoramos muy positivamente su trabajo.

¿Podrían sumarse a Equo más políticos de IU Abierta, sección que ha manifestado su malestar con la situación actual de su partido? ¿Guardan algún as en la manga?
Equo es un proyecto que está abierto a toda la gente ecologista y progresista que quiera incorporarse para trabajar en esta línea. Nosotros tenemos las puertas abiertas. También a la gente del PSOE. Estamos contactando con mucha gente y encontrando mucha simpatía en el proyecto, pero en Equo desde el principio hemos sido muy respetuosos y creemos que las personas que quieran venir tienen que decirlo ellas. En cualquier caso, aunque seamos los que somos ya es un proyecto muy interesante, porque la base es gente de la sociedad civil que ha dado un paso. Vamos a tirar para adelante con ases o sin ases.

¿Qué opina de la situación del medio ambiente en Madrid?
El impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid viene marcado por la presencia de la gran urbe y, por lo tanto, es un sumidero de energía, de agua y de suelo. En definitiva, somos devoradores de recursos. Lo que devolvemos es gran cantidad de residuos y de contaminación. Yo creo que en Madrid el medio ambiente es un tema totalmente abandonado, dejado fuera de la agenda política. Tenemos problemas gravísimos, como, por ejemplo, el hecho de que un gran número de días en nuestra ciudad se superan los índices de contaminación establecidos por la legalidad europea, algo que se vive prácticamente con indiferencia por parte de las Administraciones y, desgraciadamente, también por parte de los ciudadanos.

No se ha afrontado seriamente la cuestión de las energías renovables. Somos una Comunidad donde no existen fuentes renovables. Esto no sucede prácticamente en ninguna otra comunidad autónoma. Aquí es marginal y lo que hay es el esfuerzo de algunos ciudadanos individuales. En cuanto al transporte, por más que se habla de fomentar el uso de la bicicleta y de que van a habilitar carriles por el centro de la ciudad sigue siendo un peligro público notorio circular en bicicleta por la ciudad. La restricción al uso del coche es lentísimo. Yo creo que realmente hay muchísimo que hacer en medio ambiente en Madrid, por lo que sería muy necesaria una fuerza política verde.

¿Cuáles son los principales problemas ambientales del país?
El problema más grave que hemos sufrido, que ha tenido además muchas implicaciones, ha sido el urbanismo desbocado. Ha habido muchas situaciones críticas relacionadas con ello, como el aumento del consumo de agua, la destrucción de parajes naturales o la construcciones en zonas litorales. Ahora todo eso está un poco parado por la crisis, pero solo de forma estacional, porque si no hay cambios estructurales la cosa va a volver a rebrotar. También tenemos problemas específicos asociados al cambio climático y a nuestra situación geográfica. Por ejemplo, las predicciones sobre el agua son preocupantes. Es un tema del que desgraciadamente solo se habla cuando hay sequía, pero sigue estando ahí. Y en cuanto a cuestiones candentes, ahora mismo están el cementerio nuclear y las balsas mineras, como en el caso de Hungría.

¿Es posible respetar el medio ambiente con el actual sistema económico que tenemos?
Los hechos han demostrado que un modelo que se basa en un crecimiento continuado en una base física que es finita es insostenible. Eso es así y, precisamente, es un poco la propuesta de Equo. Lo que buscamos son alternativas que sean capaces de superar los puntos que hacen que este modelo nos lleve a la situación que nos está llevando. Ese es precisamente nuestro proyecto. ¿Cuáles son los cambios que deben hacerse en el modelo para que la situación no siga yendo por el camino por el que va?

¿Cuáles son esos cambios?
Entre nuestras propuestas está que el modelo financiero sea más transparente, para lo que habría que crear una tasa para algunas operaciones; un modelo energético cien por cien renovable; unas prioridades más en línea de los intereses de los más desfavorecidos; y también respuestas concretas para cada cuestión y para cada una de las crisis económicas, sociales y ecológicas.

¿Políticamente cómo se define Equo?
Equo se define como una fuerza que pretende hacer de la ecología, la sosteniblidad y la equidad el centro del debate político. Al menos ese es el centro para nosotros. Nos definimos como una fuerza del siglo XXI para hacer frente a los problemas que la sociedad y el planeta tienen hoy. Por eso, nos resistimos a ser introducidos en moldes que no reflejan lo que somos.

¿Pero se puede decir que es un proyecto de izquierdas?
Ahí la cuestión es qué es lo que definimos como izquierda. Probablemente, desde el ecologismo es desde donde se está haciendo la crítica más audaz y más valiente del sistema. En cuanto a confrontación con el modelo, evidentemente, estamos en la izquierda; pero no nos sentimos representados con determinados clichés que se han utilizado para definir izquierda y derecha. Nosotros representamos otra forma distinta de hacer frente a los problemas.

A nivel personal, ¿cómo afronta esta incursión en la política? ¿Tiene miedo de decepcionarse?
La reacción mayoritaria de la gente que me rodea es preguntarme "¿cómo te metes ahí?". La política ahora mismo en España no tiene una valoración muy positiva. Ante esta realidad una opción es inhibirte, pero si te inhibes otros van a ocupar ese lugar que tú dejas libre y a lo mejor con otras ideas que pueden ser contrarias a las tuyas. Por tanto, hay que mojarse e intentar llevar adelante tus ideas, y yo y los que estamos en este proyecto lo hacemos con ilusión porque pensamos que se puede hacer algo importante.



* Madridiario . 3.11.10
Foto: Equo, J.López Uralde - madridiario

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Los ciudadanos pagan por segunda vez la crisis bancaria

PÚBLICO* : Las entidades financieras españolas subirán las comisiones y los precios de los créditos para afrontar el complicado 2011 que tienen por delante. Intentan así evitar caer en pérdidas. Los contribuyentes españoles han empleado ya 30.000 millones de euros en ayudar a las entidades financieras nacionales (10.189 millones del fondo de rescate FROB y 19.341 millones en compras de activos), pero su aportación para sacarlas de la crisis no ha hecho más que empezar. Con el dinero aportado por el presupuesto hasta ahora, se consiguió dar un oxígeno muy necesario al sector en los momentos de mayores dificultades de captación de liquidez y de capital. Ahora lo que necesitan bancos y cajas es elevar los ingresos ante el parón de la actividad económica y el crecimiento de la morosidad.

Al margen de las fusiones que se han ejecutado y las que quedan por llegar, sólo con más facturación conseguirán la mayoría de las entidades españolas evitar las pérdidas en 2011 o salir de ellas lo más rápido posible. Y eso para el cliente significa que tendrá que pagar mucho más por los servicios que recibe (comisiones) y también por los créditos que le entregan, en caso de que lo consideren lo suficientemente solvente para concedérselo. Pagarán por segunda vez, esta vez de forma mucho más directa, la crisis bancaria.

Este año, la banca ha conseguido salir adelante porque todavía tenía participaciones de las que desprenderse con plusvalías, oficinas que podían vender y realquilar (operación conocida como sale & lease back) y, sobre todo, contaban con una hucha de la que ir tirando para poder sufragar el crecimiento de la morosidad (provisiones genéricas).

Pero la crisis se ha alargado más de previsto y al limón ya le queda poco exprimir, aseguran en un banco mediano, en el que reconocen que en todas las entidades se está estudiando a fondo qué se puede vender para poder superar el próximo año. "Desde luego, 2011 va a ser complicado y no pinta bien", aseguraban recientemente fuentes de Caja Madrid. "La situación sigue siendo difícil y las perspectivas son complicadas. Queda mucho que ver para que demos por cerrada la crisis y se haya estabilizado el sector", añadía el consejero delegado de BBVA, Ángel Cano.

"Tenemos por delante una coyuntura de poco crecimiento y poco negocio", explicaba el consejero delegado de Santander, Alfredo Sáenz. Todos coinciden en que el panorama pinta muy negro y empiezan a justificar las subidas de precios para los clientes. "Cuando el riesgo crediticio aumenta, hay que aumentar las comisiones", decía en la presentación de resultados Jaime Echegoyen, consejero delegado de Bankinter hasta hace poco más de una semana.
Las cuentas, un 3,2% más caras

El encarecimiento de los servicios empieza a verse, aunque se notará más el próximo año, advierten en el sector.

Las comisiones de mantenimiento de una cuenta corriente se han elevado en un año un 3,22% y los clientes ya tienen que abonar de media por ellas 43,5 euros al año, según los datos actualizados a septiembre por el Banco de España. La tasa de apertura de un crédito no hipotecario ha aumentado del 2,93% al 3,02%, lo que supone que, por cada 10.000 euros financiados, el usuario paga diez euros más.

En las hipotecas, el coste de apertura se ha incrementado de media del 2,68% al 2,72%. Las tarjetas no se han librado de la subida de precios. La cuota anual de una de débito ha subido un 1%, hasta 16,84 euros de media, y la de crédito, un 0,5%, hasta 33,48 euros. Los que más se han encarecido han sido los descubiertos: han pasado del 3,5% al 3,8%.

En todo caso, no sólo han encarecido los precios, sino que han dado orden a sus empleados de que ya no se pueden devolver como se hacía hasta hace nada cuando el cliente lo solicitaba. Y para que no exista la tentación, varias de ellas, como La Caixa o Ibercaja, han eliminado la posibilidad del sistema informático.

Y, además, han creado nuevas tasas por servicios que hasta ahora eran gratuitos. Por ejemplo, Bankinter, una entidad más barata que la mayoría de sus competidores, cobra ahora un euro a los clientes que demandan realizar algunas operaciones por teléfono con la ayuda de un operador.

Las entidades justifican que hay operaciones que pueden realizarse de forma telemática sin generar tantos costes para la entidad. Echegoyen que dijo en público lo que otros sólo reconocen en privado admitió en su última rueda de prensa que "cuando llegan las épocas duras, empujamos a algunos clientes a que se vayan, porque creemos que no van a ser solventes o no van a ser rentables" para el banco.
Los créditos cuestan más

El otro gran efecto que tendrán que sufrir los clientes serán los precios más elevados en los créditos. Si conseguir un préstamo es desde hace tiempo complicado, los que lo consigan de aquí en adelante tendrán que pagarlos más caros.

Las hipotecas con diferenciales del 0,25% sobre el euríbor se fueron para no volver. Ahora, salvo ofertas muy puntuales para robar algún cliente a la competencia, las hipotecas tienen diferenciales de en torno al 1%. Las concedidas en septiembre a los hogares se entregaron a un precio medio del 2,65%, algo más de un punto sobre el euríbor.

Los créditos al consumo, se contrataron al 7,87%; los créditos para pymes, al 3,61%, y para las grandes empresas, al 2,17%. Estos precios tenderán a subir. Los banqueros explican que conseguir el dinero que luego prestan les cuesta ahora mucho más caro.

"El crédito tiene que recuperar márgenes y precios. El precio de la materia se ha encarecido", decía el jueves pasado Alfredo Sáenz. Aquí no habrá guerra por dar muchos y baratos. Para desgracia de los clientes.
Menos oficinas y empleados para atender al público

8.818 empleados

La banca también combatirá la crisis reduciendo sus costes. Para ello, ha reducido su plantilla en 8.818 empleados en un año. Bancos, cajas y cooperativas tenían a final del año pasado 269.483 trabajadores, según los últimos datos del Banco de España. A finales de 2010, tendrán muchos menos tras las fusiones de cajas de ahorros.

784 oficinas

Cuando termine la crisis, los usuarios tendrán menos oficinas a las que acudir. En un año, se ha reducido la red en 784 sucursales, hasta dejarla en junio con 44.047 establecimientos.




* Público - 2.11.10
Foto: Los clientes van a tener que pagar más en 2011 por los préstamos y por los servicios que recibe de las entidades financieras.thinkstock

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"Tenemos que meter la cuchara porque hay mucha pasta en juego"

ELPAÍS/Alicante* : El empresario Rafael Gregori ejerce una gran influencia sobre el presidente de la Diputación, José Joaquín Ripoll, del PP, para "beneficio propio o de terceras personas", según apunta la brigada de delitos económicos de la policía, que ha tenido durante meses intervenidos los teléfonos de los implicados en el caso Brugal. Gregori, propietario de un concesionario de coches y camiones de basura, es una de las piezas clave del caso Brugal. Fue detenido el pasado mes de julio, y el juez le dejó en libertad con cargos por los supuestos delitos de cohecho y fraude, con una fianza de 100.000 euros.

El empresario, presidente de la Fundación Hércules hasta abril pasado, en una de las numerosas conversaciones intervenidas por la policía, el 4 de abril de 2008, habla con José, una persona que los agentes no logran identificar. Hablan sobre posibles negocios con el grupo Subús (concesionario del transporte urbano de Alicante y su área metropolitana). El empresario pide a Gregori que le pegue "un empujón" para hablar con Antonio Arias. Acto seguido, según la transcripción de la conversación efectuada por la policía, empiezan a hablar del proyecto de unir Elche y Alicante por tranvía.

José: ¿Entonces, cómo escarbo, cómo llego yo a ese proyecto, tú tienes idea?

Rafael Gregori: Me informo.

J.: Infórmate cómo puedo llegar yo a ese proyecto porque (no se entiende) los tranvías estos pueden transportar 240.000 personas por tirada.

R.: Sí.

J.: No necesitan tendido eléctrico, van guiados por GPS, no necesitan conductor y puede ser un proyecto acojonante.

R.: Voy a estar con el presidente de la Diputación ahora en Sevilla, y voy a preguntarle.

J.: Hazle un preguntado, porque coger un avión e irnos a Indover puede ser una pasada...

Y añade un poco después: "Entérate porque puede ser muy interesante unir Elche por la Vía Parque con Alicante".

R.: Si es cosa de la consejería, también tengo ahí al presidente y al consejero, que es amigo mío coño.

J.: Pues ahí tenemos que meter la cuchara, tenemos que meter la cuchara porque puede haber mucha pasta en juego.

R.: Vale, vale, vale...

J.: Pues a ver si la semana que viene nos vemos y te cuento unas cosas que tenemos que hablar.




* El País - 2.11.10
Foto: Alicante, Ripoll presidente Diputación detenido (archivo) - EFE

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El destierro de la honestidad en la vida pública

INFORMACIÓN* : Esta palabra debe haber desaparecido definitivamente de la escena política de la provincia de Alicante y de España en general. No hay pueblo ni ciudad donde la hipocresía y la mentira no se han apoderado de la vida pública. La honestidad en todo caso queda relegada a la estricta vida privada. Desde el siglo XIX no ha cambiado mucho en España. Los caciques siguen haciendo y deshaciendo a su antojo, unos se dicen de izquierdas y los otros de derechas. Básicamente nos gobiernan los mismos, pero de forma distinta. Ahora utilizan los llamados medios de comunicación, las campañas de publicidad o de imagen, la palabrería hueca y las apariciones públicas estelares. Sin embargo el debate honesto, interesado por conseguir el bien común, simplemente no existe. Los unos y los otros se insultan, se demandan judicialmente, hablan del pasado más o menos remoto. Pero argumentos, los que se utilizan en un debate honesto, esos no existen.

En Benidorm gobierna a su antojo el clan de los Pajines, que hasta tiene una delegada en Madrid, de la que se acuerdan en Valladolid. En Alicante la alcaldesa se va de viaje en yate gracias al cacique local y lo cuenta como si nada, le pide también empleo para sus amigos y se enorgullece de ello, contrata al despacho de abogados de su hermano y de un amigo del anterior alcalde y nombra delegado de urbanismo al sobrino del arquitecto jefe redactor del PGOU de Alicante, para que quede todo en casa. El anterior portavoz del PSOE en Alicante llama igualmente al cacique de Alicante para enchufar a sus amigos. El ahora portavoz del PSOE en las cortes regionales trabajó como abogado para el cacique de Alicante cuando dejó la alcaldía. El presidente de la diputación se comporta como otro cacique, amañando según la Policía Nacional concursos públicos y no pagando las consumiciones de su nutrido séquito, esposa discreta incluida, en sus saliditas nocturnas por Alicante, que lo he visto yo. En Orihuela la alcaldesa quiere ganar dinero hasta con la basura según el fiscal. En Polop un concejal directamente asesina al alcalde para seguir con sus negocios urbanísticos según la Guardia Civil. Paro aquí para no aburrir más.
Lo más extraño de todo es que, mientras los políticos establecidos siguen con sus negocios particulares a costa del erario público y con el descaro que les caracteriza, los ciudadanos no reaccionan. Siguen indolentes su vida diaria, ocupados con sus problemas causados precisamente por los políticos incompetentes, pero nada más. En las siguientes elecciones parece que votarán otra vez a unos y a otros, o más bien en contra de unos y en contra de otros, para luego volver a su triste existencia, apartados del banquete de los caciques y políticos corruptos que se lo están pasando bomba.
¿Cuándo dirá BASTA YA la ciudadanía? ¿Cuántos casos de corrupción pública son necesarios para que los caciques y políticos corruptos sean expulsados de la vida pública? ¿Cuándo volverá la honestidad a la vida pública? Es hora de parar este círculo vicioso de "hoy voto al PSOE, mañana al PP y viceversa". Ha quedado acreditado que con esta clase política no progresaremos ni mejoraremos nunca. Llevamos más de doscientos años con la misma clase política corrupta. Hacerlo peor que éstos charlatanes es imposible. Es absolutamente necesaria una regeneración radical de la vida pública. Hace falta gente nueva, sin ataduras con los caciques, una alternativa. Ciudadanos que no viven de la política, sino para la política, y que después de un tiempo en la vida pública vuelven a sus casas. Ciudadanos políticos que no tengan que enchufar a nadie y que desprecien el enchufismo. Ciudadanos políticos que prefieran pasar las vacaciones en la terraza de su casa que en el yate del cacique. Ciudadanos políticos que vayan a pie por las calles de su ciudad y no en el coche pagado por el cacique. Ciudadanos políticos que paguen sus consumiciones en los bares de Alicante y no se vayan sin pagar como si fuera lo más normal del mundo. Ciudadanos políticos que por pudor no contraten con dinero público a nadie de su familia, ni de sus amigos, ni de la familia de sus amigos. Ciudadanos políticos que en vez de encargar campañas de imagen para promoverse a si mismo dediquen sus esfuerzos en trabajar honestamente. Ciudadanos políticos que cuando han cometido algún error o parezca que han cometido alguno no tengan ninguna duda sobre lo que tienen que hacer, a saber dimitir simplemente y volver a su casa dejando paso a otros ciudadanos políticos. El día en que Alicante y España desalojen a los charlatanes corruptos de las instituciones públicas podrá afirmarse sin margen de equivocación que los alicantinos y los españoles han alcanzado la mayoría de edad y han actuado como adultos. Ojalá llegue pronto este día, depende de nosotros.



* Información - Opinión - 2.11.10


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Ourense.- Baltar integró en su finca tierras de vecinos que empleó en la Diputación

ELPAÍS* : Entre las localidades de Folgoso y As Vendas, en el municipio de Esgos, tierra natal de los Baltar, hay apenas 25 vecinos. La práctica totalidad de los que están en edad laboral están empleados en la Diputación, salvo el concejal nacionalista y su mujer. En Esgos tiene José Luis Baltar su feudo -gobierna su cuñado y su hijo, el parlamentario y presidente provincial del PP, es teniente de alcalde- y también su finca: situada entre Folgoso y As Vendas. Una considerable extensión de terreno que, según aseguran los vecinos, el presidente de la institución provincial ha ido reuniendo poco a poco, a base de la incorporación de pequeñas parcelas que fue adquiriendo a los antiguos propietarios del pueblo y que ha incorporado a la original de su familia.

Entre los empleados de la Diputación que tenían terrenos entre Folgoso y As Vendas, de los que se han deshecho, figuran familias enteras. Como los Batista. Cinco hermanos y los cónyuges de dos de éstos han sido contratados en la institución provincial. Junto a ellos, otras cinco personas más de la misma localidad que vendieron igualmente sus parcelas. También ha conseguido empleo en la Diputación el hijo del cuidador de la finca del presidente.

La mayoría de los vecinos de Folgoso y As Vendas contratados en la institución provincial ocupan empleos de escasa cualificación profesional (porteros y peones fundamentalmente) aunque algunos han conseguido cargos de responsabilidad.

No han sido los únicos que han vendido sus tierras de esta localidad de Esgos en donde tiene su finca el presidente de la Diputación. También lo han hecho los tíos del concejal del BNG Manuel Penedo.

El matrimonio de ancianos vendió su terreno al presidente de la Diputación y "coincidiendo en el tiempo" la pareja se fue a vivir a una residencia para la tercera edad "como era su deseo", según confirma su sobrino. Allí falleció el marido.

La lista de los contratados de la localidad en la que Baltar tiene su finca engrosa la de los centenares de empleados "a dedo" por el presidente provincial.

El PSdeG denunció recientemente que en los últimos tres años, todos electorales, el presidente de la Diputación rizó el rizo de la política de contrataciones y dio empleo a más de 1.600 eventuales.

Baltar reconoció por escrito en 2009 - que dos aantes coincidiendo con las municipales- colocó a 470 personas con puestos eventuales y en 2008 en vísperas de las autonómicas -a otros 490, pese al endeudamiento de la institución provincial, del 110%, que rozaba ya entonces el límite legal.

El PSdeG denunció hace apenas un par de meses la política de contrataciones de Baltar ante la Fiscalía provincial, la Fiscalía Anticorrupción y la Fiscalía General del Estado. Aún no ha tenido respuesta.

Los socialistas acusan al presidente de la Diputación de los delitos de malversación de fondos, prevaricación, tráfico de influencias y coacciones en relación con la contratación "a dedo" de en torno a 200 personas en los meses anteriores al congreso provincial del PP que puso a su hijo José Manuel, el teniente de alcalde de Esgos, al frente del partido en la provincia.

La denuncia no preocupa al presidente. "Aquí las cosas se hacen como hay que hacerlas", espetó a modo de respuesta a la iniciativa judicial del PSdeG precisando de inmediato: "Si hay alguna irregularidad en las contrataciones, ya la corregiremos".

De momento, la Fiscalía Anticorrupción ha remitido a los demandantes un escrito informando de que no es el órgano competente para investigar la denuncia considerando la naturaleza de la misma, por lo que la remite a la Fiscalía de la Audiencia provincial.

Ésta tiene un plazo de seis meses para llevar a cabo su investigación y determinar si hay indicios delictivos antes de informar a las partes.

Mientras tanto, familias, en algunos casos casi completas, de las localidades de Folgoso y As Vendas que han vendido sus parcelas, mantienen sus empleos en el organismo provincial.

En junio de 2008, el gobierno local de Esgos presidido por el cuñado y el hijo de José Luis Baltar, clasificó, con los únicos votos favorables del PP, la mayor parte de las fincas rústicas del presidente de la Diputación como área de expansión del núcleo rural de As Vendas. También concedió la clasificación de suelo rústico de protección de infraestructuras derivadas de la política energética a los terrenos en los que el barón ourensano pensaba instalar una central fotovoltaica.




* El País - 1.11.10
Foto: Ourense, Diputación - farodevigo

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La corrupción se beneficia de una Justicia ineficaz y lenta

PÚBLICO* : Los expertos ven en la falta de pulso del sistema judicial una traba para indagar delitos tan complejos. Antonio Pedreira, el magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tiene en sus manos el último informe de la Fiscalía Anticorrupción sobre el caso Fundescam. En él, el ministerio público observa indicios de financiación ilegal del PP madrileño en las campañas de 2003, el año del tamayazo, y de 2004, turno de los comicios generales y europeos. Pudo cometerse falsedad documental y también delito electoral, pero ambos, asegura Anticorrupción, "se encontrarían prescritos".

Ese informe, como adelantó este diario la semana pasada, decía algo más. Puede hablarse de prescripción de tales delitos, "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas". Es decir, que las indagaciones acerca de la financiación del PP madrileño, presidido desde 2004 por Esperanza Aguirre, podrían no haber concluido. Bien porque podría haber delitos cometidos en fechas posteriores, o bien porque los hubiese conectados con los de 2003 y 2004 y aún no estuviesen caducados. Al menos esa es la interpretación del PSOE, personado en la causa.

El galimatías legal hilvana varias preguntas. ¿Para qué sirve la prescripción? ¿Vencen todos los delitos? ¿Las prácticas corruptas están suficientemente castigadas? Y, al final, ¿existe la sensación de impunidad?

Público ha recabado las opiniones de cinco expertos. Y la primera coincidencia es que la lentitud de la maquinaria judicial, a la que ayuda una obsoleta Ley de Enjuiciamiento Criminal, con 128 años de vida, dificulta a veces la investigación rápida de casos como los de corrupción, especialmente complejos.

1. Prescripción, ¿para qué? Una cautela universal

"A todos los delitos y todas las penas se les acaban las pilas, todos prescriben. Ocurre en España y en todos los países democráticos", ilustra Joan Josep Queralt, catedrático de Derecho Penal de la Universitat de Barcelona. Y es así por razones de seguridad jurídica: un ciudadano no puede temer ser perseguido por tiempo ilimitado. También porque con el paso del tiempo, la valoración del caso cambia y pueden faltar datos para una correcta instrucción. "No olvidemos que la pena cumple la función de rehabilitación recuerda José María Asencio, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad de Alicante. Si hay investigación fuera de plazo, el presunto delincuente puede haberse reintegrado ya en la sociedad".

Sólo hay dos circunstancias en las que los delitos jamás prescriben: en los casos de genocidio y los que atentan contra personas y bienes en situación de guerra. La última reforma del Código Penal, que entrará en vigor el 23 de diciembre, introduce una tercera excepción: las penas impuestas por terrorismo, y sólo si hay muertos.
2. ¿Qué diferencias hay? De 20 años a sólo 12 meses

La prescripción se liga a la gravedad del delito. Por ejemplo, un asesinato, castigado con hasta 25 años de prisión, prescribe 20 años después de su comisión. A partir de ahí, la escala va bajando, hasta llegar a las injurias y calumnias: un año.

La presunta falsedad documental en el caso Fundescam habría prescrito a los tres años. Sin embargo, la reforma del Código Penal de 2010 elimina los supuestos de caducidad a los 36 meses y alza el listón a cinco años, justo para evitar la "impunidad" en los casos de urbanismo, dice la ley.

Cuando concurren varios delitos, se tiene en cuenta para computar los plazos el más reciente y el que conlleva una pena mayor. Son estos supuestos a los que podría apuntar Anticorrupción para poder seguir investigando el caso Fundescam.

Pero ¿cómo se hacen los cálculos? Una vez que se presenta una querella ante el juez contra una persona por su participación en un delito, se suspende el tiempo de la prescripción. José María Asencio defiende que se estiren los tiempos para los delitos de corrupción, ya que los cometen cargos públicos que aprovechan su puesto para "impedir la investigación". Y cuando esta llega, puede ocurrir que la fase policial se alargue tanto que al final venzan los plazos.
3. ¿Y la corrupción? España, a la altura

La mayoría de expertos entiende que los castigos en España son "suficientes". Sólo Asencio propone una regulación autónoma para la corrupción, ya que hoy el Código Penal no recoge el delito de corrupción, sino una serie de conductas que se rotulan como tales: malversación, cohecho, prevaricación...

"El problema no es la pena o la prescripción sostiene Queralt, sino que hace falta más músculo del Estado: autoridades de investigación potentes e independientes, con medios y equipos. También se precisan políticas preventivas o reforzar la cooperación internacional. Y se requiere que los cargos públicos interioricen que manejan un dinero que no es suyo. Fiarlo todo a las leyes es ilusorio e ineficaz". Luis Rodríguez Ramos, catedrático de Penal de la UNED, apunta a "los partidos". "La Administración quizá debiera madurar más y no estar tan controlada por los políticos", razona.

Juan Carlos Carbonell, penalista de la Universitat de València, no cree que haya que culpar por igual a las fuerzas políticas. "Todas las reformas aprobadas para perseguir más la corrupción no han venido con el PP en el Gobierno. Es evidente que el electorado de izquierdas no tolera estos casos". Queralt subraya asimismo los "esfuerzos" del PSOE, aunque "ningún Ejecutivo se apunta a un festival de mejoras".
4. ¿Qué soluciones existen? Un sistema que nutre la impunidad

"La Justicia penal es propensa a la tardanza. Pero con esta Ley de Enjuiciamiento Criminal, de 1882, no se puede hacer nada", comenta de-salentado Fernando González Montes, catedrático de Procesal en Granada. El Gobierno, de hecho, ya prepara una nueva norma. "Sólo así se plasmará una Justicia rápida, moderna", añade. El profesor propone extender la mediación entre las partes para los delitos menos graves. Y, si se quiere que el ministerio público asuma la instrucción, "habrá que conferirle más autonomía".

Carbonell insiste igualmente en la necesidad de una nueva ley y sí apuesta por que los fiscales y no los jueces instruyan. "Habría unidad de criterio y no se perdería tanto tiempo en las inhibiciones de un juzgado a otro, como se ha visto con la Gürtel y el trajín entre el tribunal valenciano y el madrileño".

¿Cuál es la conclusión? "No hay interés en modificar una situación que favorece la corrupción y fomenta la impunidad", señala rotundo Asencio. Para González Montes, "una Justicia lenta es una Justicia mala, ineficaz e injusta". "Todo lo que haga que la Justicia no funcione con rapidez es malo, claro", aduce Rodríguez Ramos. Queralt incide en la idea de "más músculo". No es baladí: "La corrupción es un enemigo muy potente, con tentáculos por todos lados. Y muy sofisticado".




* Público - 2.11.10
Foto: Expedientes amontonados en 2008 en el Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona, en el paseo de Lluís Companys - publico



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Sta.Lucía.- El juez abre el procesamiento de Matos

CANARIAS7* : El Juzgado nº4 de San Bartolomé de Tirajana ha terminado las diligencias previas del caso Palmera y acuerda mantener imputados al alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, y al ex edil de Urbanismo, Antonio Ruiz, por los presuntos delitos de abuso en el ejercicio de la función pública y prevaricación. También imputa a dos empresarios locales. La operación Palmera, en la que se investiga una presunta trama de corrupción urbanística vinculada a la instalación y puesta en marcha de un parque eólico en la zona de Vecindario, sigue en pie, con cuatro imputados y el sobreseimiento provisional de otras cuatro personas.

Según el auto, que lleva fecha 22 de octubre de 2010, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de San Bartolomé de Tirajana, ha acordado la terminación de las diligencias previas de la operación Palmera y rechazado el sobreseimiento libre y archivo de la causa que habían solicitado el alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos Pérez; el ex concejal de Urbanismo, Antonio Miguel Ruiz; y los administradores de Inmuebles Comerciales La Mareta, SL, Antonio Marcial Sánchez Franco y José Luis Alemán Suárez.
Ahora las diligencias previas son trasladadas al Ministerio Fiscal y a la acusación popular personada, a fin de que en el plazo común de diez días formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias que se consideren imprescindibles para formular la acusación.
Los hechos investigados se remontan al año 2004. En esa fecha el Ayuntamiento de Santa Lucía decidió presentarse al concurso eólico convocado por el Gobierno de Canarias y como no contaba con suelo suficiente para que su propuesta prosperase, «ideó con esa finalidad la adquisición de parcelas que colindasen con las municipales». El Ayuntamiento era propietario de tres parcelas y decidió adquirir otras tres.
El auto judicial señala que el alcalde y el ex edil se reunieron con los empresarios ahora imputados y los ponen al corriente del proyecto, por lo que llevan a cabo una operación de compra de parcelas, pagando más del doble de precio mercado (600.012 euros) por una finca de dos hectáreas, sin que el dueño conociese el proyecto. La entidad permutaba esa parcela a cambio del 9% del parque eólico, unos 3,5 millones de euros.




* Canarias 7 - 1.11.10
Foto: Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) - gomera.com.es

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Almanzora.- Más de mil propietarios de viviendas de una urbanización podrían perder su casa

ELALMERÍA* : Más de mil compradores de viviendas en la urbanización Almanzora Country Club, en el municipio de Cuevas del Almanzora, podrían verse seriamente perjudicados ante la posibilidad de quedarse sin vivienda y sin las cantidades de dinero entregadas a cuenta que, según fuentes consultadas por Diario de Almería, podrían sumar algo más de cien millones de euros. La Fiscalía acusa de un delito contra la Ordenación del Territorio a Alfonso García Gabarrón, administrador de Easur, S.L.; Antonio Subiela Hernández, ex administrador de Huma Mediterráneo, S.L.; Carlos Parras Martínez, representante de Ferrovial Agromán; Juan José Parrilla Cánovas, ex Presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura y ex Consejero de la Comunidad Autónoma de Murcia; y a los arquitectos Diego García Sánchez, Enrique Domingo Pérez, José Francisco Bernal Alarcón, Trinitario Garcerán.

De otro lado el Fiscal considera responsables alegadas a las sociedades Easur, S.L., titular registral del suelo y promotora; a Huma Mediterráneo, S.L., en calidad de promotora; y a Ferrovial Agromán, S.A., como constructora. En su escrito, la Fiscalía señala la comisión de un delito al construirse 300 viviendas, entre los meses de abril y octubre del año 2005, en suelo no urbanizable, sin Licencia de Obras, con 1.794 viviendas proyectadas en primera fase, en el paraje conocido como Llanos de Jordana, término municipal de Cuevas del Almanzora, que no son autorizables al no ajustarse a la normativa urbanística del municipio cuevano. En base a ello, pide para los acusados un año de prisión, multa e inhabilitación. Así mismo, solicita la demolición de lo construido a costa de los acusados y sociedades solidariamente.

En el transcurso de la próxima celebración del juicio oral en la Sala de lo Penal número 1 de Almería, correspondiente al Procedimiento Abreviado 248/09 pendiente de un recurso de apelación, y si no hay dilación jurídica alguna, el Fiscal intentará impedir que los acusados se escuden en la ignorancia de la calificación del suelo, ni en la posibilidad de poder obtener Licencia Municipal de Obras, entre otros motivos porque, según el Fiscal, todos ellos y sus sociedades se dedican a la construcción por lo que es materialmente imposible que no conocieran las normas urbanísticas aplicables del municipio en el que proyectaban la urbanización Almanzora Country Club.

A los afectados británicos les ha resultado extraño, sin embargo, que la Fiscalía no les haya efectuado el ofrecimiento de ejercitar actuaciones. La mayoría de los afectados que han recurrido a los tribunales contra la empresa promotora Huma Mediterráneo, S.L., lo han hecho por la vía civil al ignorar que hubieran podido personarse en el procedimiento penal.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora, Juan José Pérez, explicaba a Diario de Almería que "nosotros paralizamos las obras en su momento, lo mismo que hizo la Junta de Andalucía, y a partir de ahí no sabemos qué sucederá aunque parece ser que es posible arreglar este asunto sin que los propietarios salgan perjudicados. Ya digo, creo que hay posibilidades, pero no puedo asegurar nada en este sentido". La última palabra la tiene el Juzgado número 1 de lo Penal de Almería.




* El Almería - 31.10.10
Foto: La Urbanización Almazora Country Club - elalmeria

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"¡Qué suerte, solo perdí mi piso!"

ELPAÍS/Madrid* : Cientos de inmigrantes 'pelean' con los bancos para que el embargo de la vivienda sea suficiente para liquidar las hipotecas. Carlos Carrillo, colombiano, tuvo suerte. Se quedó sin su piso de Alcalá de Henares. Cerró sus dos tiendas de alimentación. No tenía dinero. Pero canceló su deuda de 260.000 euros con el banco. Dejó las llaves de la casa en la oficina y se marchó. Limpio. "Conseguí negociar eso porque si hubiese tenido que pagar el valor entero de la casa hubiese sido imposible. Tuve suerte con mi banco". El sueño de una propiedad inmobiliaria le duró algo más de dos años. La entidad financiera se conformó. No le exigió pagar la diferencia entre la subasta del inmueble y el valor de la deuda.

Exactamente, lo que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, pidió para sus nacionales hace dos semanas. Sin éxito hasta la fecha.

Un reciente estudio de la Coordinadora Nacional de Ecuatorianos desvela que en Madrid solo un tercio de los inmigrantes está al día en el pago de sus préstamos. Y que un 10% de los hipotecados ya está en el pantanoso territorio judicial. Cerca de 9.000 inmigrantes de toda España, pero el grueso de Madrid, según datos de Aesco (América España Solidaridad y Comunicación), intentan negociar con los bancos. Las principales nacionalidades en la Comunidad, ecuatorianos, rumanos, bolivianos, colombianos, marroquíes o paraguayos tienen centenares de casos. Aunque hay muchos más españoles en dificultades. Los extranjeros solo suponen cerca de un 20% de los casos.

María alquila kameras. Esto es, habitaciones. Rumana, de 32 años, y residente en Alcalá es la única fórmula que ha encontrado para hacer frente a sus deudas. Pero ella paga. "¡Voy al mes a mes, hombre!". Aunque tenga que encadenar la limpieza de tres casas diarias, cuatro horas por hogar, seis días a la semana. También la boliviana Lidia Villanueva, de 57 años, consigue afrontar su cuota gracias a las tareas domésticas en casa ajena. Se compró un bonito piso en Móstoles en 2006. Se empeñó. "Lo hicieron todo los asesores y los agentes inmobiliarios", explica. Quería tener algo para dejarles a sus seis hijos, "cuando fuéramos viejitos".

Y, precisamente por eso, su truco fue exigirles a los cuatro mayores que pagaran por sus habitaciones. "Es como si los tuviera de alquiler, pero es para ellos, para que tengan algo", recalca, mientras apunta que la manera de afrontar las adversidades de las familias bolivianas "es actuar como una piña". Una piña que suele incluir a la madre, a sus hijos y algo menos al padre. "Las mujeres suelen tirar de la economía familiar", sostiene una voluntaria social que prefiere no dar su nombre para "que no se enfaden los chicos". El marido de Lidia está en paro. Nunca fue partidario de comprar el piso. Lidia asiste a las reuniones semanales de Acobe (Asociación de Cooperación Bolivia España) y allí aprende "muchísimas cositas para ahorrar dinero y recibir ayuda de los demás". Acobe afirma que está gestionando el retorno de 50 bolivianos al mes a su país. Y es que las asociaciones de inmigrantes están sirviendo de diván colectivo ante el problema hipotecario. Ninguna da dinero, pero todas han creado foros de ayuda solidaria y asesorías jurídicas que se colapsan con "el tema hipotecas".

La principal asociación implicada en el problema de los créditos es Aesco. Hasta el punto de que, según afirma Miguel Fajardo, su jefe de servicios jurídicos, se ha convertido en la única institución que ha tenido una interlocución directa con los bancos "para negociar". Una reunión que tuvo lugar tras algunas manifestaciones de miles de personas frente a las puertas de las entidades financieras.

Su actividad ha sido tan intensa que Fajardo asegura que "desde los servicios sociales nos derivan casos de españoles, ¡y eso que somos una asociación de inmigrantes!". El abogado asegura que el problema "no es marginal" y que está creando "un colapso en los juzgados porque es una avalancha la de casos que hay". Piden que todos los casos se zanjen como el de Carrillo. Lo comido, por lo servido. Pero las instituciones bancarias prefieren negociar caso a caso.

"Los bancos hicieron el tema de los avales cruzados y eso ha generado un verdadero problema", sostiene Fajardo. Esto consiste en que para conseguir la hipoteca necesitabas el aval de la propiedad de un compatriota, que a su vez había conseguido la suya gracias al aval de la tuya. Un lío. Pero un enredo que se ha convertido en un dominó de tragedias cruzadas.

Bradi Martinescu, rumano que trabajaba en el sector de la construcción, intuyó el desastre. Prefirió vender antes "que quedarme cada vez más ahogado". Martinescu profesa la religión adventista. "Nos ayudamos mucho. A los que no tienen trabajo les damos comida y cosas", explica. Pero nunca dinero. Y eso, dinero, es lo que le hacía falta. Cobraba 900 euros de paro y pagaba 1.200 de letra mensual. "Imposible", resume. En agosto de 2009 consiguió vender su casa. "Era muy bonita y estaba toda reformada por mí", se lamenta. No ganó nada de dinero y "además tuve que mandar todos los muebles a Rumanía". Ahora vive de alquiler. Un compatriota que tampoco puede pagar la hipoteca es quien le arrienda la vivienda.

Los inmigrantes marroquíes no accedieron al mercado inmobiliario en masa. Pero sí lo hicieron algunos. Aizl Hassane, de la asociación Arabi, conoce bastantes casos. Vinieron a pedir ayuda. "La mayoría renegoció las condiciones y amplió años. Pero muchos de ellos directamente devolvieron las llaves al banco y punto". Pero ese es precisamente el "punto" al que los bancos no están dispuestos a llegar en muchos de los casos.

Erik Játiva, ecuatoriano de 32 años, diseñador gráfico, tiene esposa y dos hijas. Vive en una casa del barrio de La Elipa que hipotéticamente fue suya desde 2003. La hipótesis era que podría devolverle al banco en 30 años un préstamo de 250.000 euros. En 2009 se quedó en paro, dejó de pagar la letra del piso y el banco acabó apropiándoselo. Así que en la práctica, siete años después, Játiva y su familia viven en una casa del barrio de La Elipa de la que van a ser desalojados.

Este diseñador, que tiene nacionalidad española, es una víctima de los embargos con iniciativa. Tiene planeada una solución elemental para cuando lo echen del piso: "Seguir trabajando

[ha vuelto a encontrar empleo] y alquilar un piso", pero su empeño ideal es promover que en España haya leyes rigurosas que regulen las condiciones para pedir un crédito, es decir, que un banco no tenga derecho a venderle una moto a un cliente que no pueda pagarla y que el cliente no tenga derecho a subirse a ella. Por eso participó en julio de 2008 (cuando empezó a hervir la crisis económica) en la creación en Madrid de la página web Ahorcados por la Hipoteca, ahora denominada, más suavemente, Afectados por la Hipoteca, aunque la soga siga apretando igual.

En dos años el sitio digital, abierto a quien quiera explicar su situación o pedir consejo, ha reunido a 3.000 familias de toda España, según Játiva; un 70% inmigrantes, la mayoría latinas y rumanas. La asociación les da información sobre su situación y los pone en contacto con abogados que los asesoran gratis.

En perspectiva, mirando atrás y adelante del problema, Játiva afirma que el objetivo debe ser evitar que en un futuro vuelva a haber otra lluvia de hipotecas sin garantías de pago y reparte las culpas de lo que ya no tiene arreglo: los miles de embargos y deudas insostenibles que ha dejado entre los ciudadanos la explosión de la burbuja inmobiliaria y financiera. "Los bancos han dado préstamos para comprar casas con precios inflados a gente que no podía pagarlas, pero también es cierto que esta gente es la que finalmente se sentó en una notaría a firmar el trato", dice Játiva.

La compra de pisos entre inmigrantes, sin embargo, no fue un cúmulo de decisiones alocadas, según el diseñador ecuatoriano. Explica que en la década que acaba no ha sido fácil para los extranjeros alquilar pisos en buenas condiciones ("pocos caseros confiaban en los extranjeros", asegura Játiva) y que además el coste mensual de una hipoteca era similar al de la renta de un piso. De ahí, en su opinión, que muchas familias inmigrantes con ingresos modestos se comprasen una vivienda.




* El País - 1.11.10
Foto: Lidia Villanueva, boliviana que paga la hipoteca gracias a la participación de sus hijos mayores.- elpais

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Alicante.- Un imperio de 1.000 millones

INFORMACIÓN* : El constructor Enrique Ortiz, uno de los principales imputados del caso Brugal, logró multiplicar por cinco el activo de sus empresas entre los años 2003 y 2008. Pocas compañías han conocido un crecimiento tan espectacular como el registrado por el Grupo Cívica entre los años 2003 y 2008. En apenas un lustro, las empresas de uno de los principales imputados en el "caso Brugal", Enrique Ortiz, multiplicaron por cinco su volumen de activos al pasar de 194,3 millones de euros a más de 1.035 millones, unas cifras más propias de las denominadas compañías "punto.com" que de una empresa de la economía tradicional.

Sin embargo, como queda claro en las cuentas consolidadas que el grupo ha depositado en el Registro Mercantil hasta la fecha, el crecimiento de Cívica se debe a las concesiones que ha logrado en este tiempo, a las numerosas uniones temporales de empresas (UTE) -más de 30- que ha formalizado para optar a concursos públicos y, sobre todo, a la enorme cantidad de solares y terrenos que ha logrado acumular, precisamente uno de los motivos por los que se le está investigando.
En este sentido, mientras que en el año 2003 Ortiz declaraba la posesión de terrenos por valor de 76,4 millones de euros, apenas cinco años después la cifra ascendía a más de 541 millones de euros, más de 90.000 millones de las antiguas pesetas. Aunque la evolución ha sido prácticamente constante, el mayor salto se dio entre los años 2005 y 2006, cuando Cívica incorporó 370 millones de euros en suelo.
Las fechas coinciden con la adjudicación al empresario, en abril de 2005, del Plan Rabasa, un macroproyecto que comprende la construcción de 13.500 viviendas sobre una superficie de más de cuatro millones de metros cuadrados en la ciudad de Alicante. También fue en 2006 cuando el constructor se adjudicó casi 140.000 metros de suelo junto al parque temático Terra Mítica, por los que pagó unos 85 millones de euros.
En Benidorm, Ortiz también figura como urbanizador del polémico PAI de Armanello, de más de 600.000 metros, que acabará con el último rincón de huerta de este municipio. Otro de sus macroproyectos pendientes es un PAI en la localidad valenciana de Manises, donde se prevén otras 10.000 viviendas.
Así, no es de extrañar que sólo un 15,3% del suelo que posee sean solares urbanos, mientras que el 79,3% son terrenos declarados urbanizables pero todavía por acondicionar, como sería el caso de los citados PAI. Otro 5,4% corresponde a suelo rústico.

El negocio está en lo público
La cifra de negocio del Grupo Cívica muestra varias oscilaciones a lo largo del citado periodo, propio de una empresa que depende de las adjudicaciones y de una actividad cíclica como la construcción. Así, de los 165 millones de euros que declara en 2003 pasa a solo 92,3 millones al año siguiente. Posteriormente la cifra va aumentando hasta alcanzar los 216 millones en 2007, para de nuevo caer a 142 millones en 2008. En 2009 la empresa asegura haber facturado más de 2o0 millones, aunque estas cuentas aún no están depositadas en el Registro Mercantil por lo que todavía no son oficiales ni hay detalles de ellas.
Lo que no varía es la tendencia a que el sector público aporte cada vez un mayor porcentaje de esta facturación. En el 2003 los clientes privados sumaron más del 80% de los ingresos netos del entonces todavía Grupo Ortiz, una situación que cambió radicalmente en los siguientes ejercicios. La cifra cayó al 61% en 2004 y al 29% un año más tarde. En el 2006 los "clientes públicos" ya generaban tres de cada cuatro euros que entraban en caja. Desafortunadamente, la firma dejó de incluir esta distinción en sus cuentas anuales consolidadas a partir del año 2007.
Para lograr las adjudicaciones, Enrique Ortiz no tiene empacho en aliarse con quien sea necesario y cada vez son más las uniones temporales de empresas (UTE) en las que el grupo está implicado. En el último periodo con datos ya eran 32. Estas alianzas le han permitido estar en muchas de las grandes obras de la Comunidad, sobre todo aquellas que dependen del Consell.
Así, ha participado en la construcción de los nuevos hospitales de Elche y Torrevieja; en la estación del Tram de Luceros y en la línea 2 de este mismo servicio; también forma parte de la UTE que realizó la línea 3 del Metro de Valencia o en la edificación de varios equipamientos en Ciudad de la Luz.

Intereses en Ibiza y Murcia
Fuera de la Comunidad, el empresario alicantino ha conseguido mediante estas uniones la concesión de la autopista Ibiza-San Antonio y algunos tramos del tranvía de Murcia, otro de los asuntos que ahora le está provocando dolor de cabeza, ya que diversas conversaciones contenidas en el sumario del caso Brugal cuestionan esta adjudicación.
Precisamente, otra forma de asegurar ingresos que ha encontrado Enrique Ortiz son las concesiones de servicios, que ha incrementado de siete a once. El grupo ya gestiona de forma directa o indirecta seis párkings en Alicante, San Vicente, Alcoy o Valencia. Otra de sus inversiones más rentable es su participación en Inusa, la compañía que se encarga de la recogida y el tratamiento de la basura en la capital de la provincia. También construyó y ahora explota por este sistema la estación de autobuses de Benidorm e incluso participa, aunque con sólo un 5% del capital, en la gestión del anteriormente citado nuevo hospital de Torrevieja.
En suma, la gestión de diversos servicios le reportaron 47 de los 142 millones que facturó en 2008. Sus negocios a través de UTE supusieron otros 60,6 millones, otras actividades de construcción 32,4 y la venta de promociones sólo 1,3 millones.

Una deuda también en aumento
El tremendo ritmo de expansión que ha experimentado el volumen de activos del Grupo Cívica durante los últimos años también ha tenido un importante precio que pagar: un nivel de endeudamiento que asustaría a más de un empresario pero que Enrique Ortiz parece sobrellevar con bastante tranquilidad. En el año 2003 el entonces Grupo Ortiz disfrutaba de una situación casi idílica. Con una facturación de 165 millones de euros y unas existencias de 97 millones, apenas debía a los bancos 18 millones de euros. Entonces empezaron las compras masivas de suelo y Enrique Ortiz tuvo que recurrir a nuevos y mucho más cuantiosos préstamos, una estrategia, por cierto, bastante generalizada en el sector.
Así se llegó a 2008, cuando la situación era muy distinta. Los activos superaban los 1.000 millones de euros pero la deuda acumulada rozaba los 624 millones de euros (104.000 millones de pesetas). De este total, unos 252,6 eran préstamos a corto plazo mientras que la mayoría, unos 371 millones de euros, eran créditos a más largo plazo, según consta en las cuentas anuales que la propia compañía entregó al Registro Mercantil, tal y como marca la legislación vigente.
En cualquier caso, el grupo siguió declarando unos beneficios de más de 5,2 millones de euros ese mismo año. En los últimos seis ejercicios las ganancias del Grupo Cívica superaron los 64 millones de euros, siendo 2007, con 17,4 millones, el año con mejores resultados hasta la fecha.




* Información - 31.10.10
Foto: Terrenos en los que se construirá el Plan Rabasa. información

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Las alcantarillas del sistema

JUAN RAMÓN GIL* : Si nos pusiéramos en plan marxista, diríamos que un fantasma recorre (o mejor, estremece) Alicante, desde que el pasado lunes comenzaran a circular los 18.000 folios que faltaban por conocer de la instrucción del llamado caso Brugal. Políticos, empresarios, funcionarios, técnicos y buscavidas aparecen retratados en esas páginas, fruto de una de las secuencias de escuchas telefónicas más amplias de la reciente historia, como habitantes de un renovado patio de Monipodio donde los intereses generales se mezclan sin solución de continuidad con los particulares, hasta hacer que estos últimos primen sobre los primeros. Escribí aquí, en el artículo titulado "El lamentable estado de la Comunidad", que en esta tierra se estaba produciendo no sólo una quiebra económica o política, sino sobre todo social y moral. No ha pasado siquiera un mes desde que hiciera esa afirmación y el sumario ha venido a confirmarla con nombres, apellidos y conversaciones grabadas. Al menos en lo que toca a las relaciones entre políticos y adjudicatarios, Alicante parece Marbella y, la Comunidad, la Italia de Berlusconi. ¿Hay peores ejemplos a los que recurrir?

Digamos antes que nada que, a los ojos de un lego, el sumario del caso Brugal es, o lo parece, un ponzoñoso saco sin fondo, en el que cabe todo. La investigación policial, en muchos de los apartados, deduce más que constata. Y la argumentación fiscal, en más de una ocasión, eleva sin más las deducciones a la categoría de conclusiones. En asunto tan complejo y delicado, donde lo que se persigue es una inmensa maraña de tráfico de influencias y corrupción, no parece justificable, por otra parte, que no se investigue el supuesto error que ha llevado a que el sumario, cuando aún debía ser secreto, se haya repartido a diestro y siniestro, en una acción indiscriminada que sólo puede beneficiar a los presuntos malos, a los que se regala munición para el contraataque y los recursos, mientras se perjudica la reputación de otros aludidos que, con un buen filtrado, habrían quedado exentos de verse en los papeles por no tener nada que ver sus actuaciones con las irregularidades que se indagan. Sin entender de procedimientos, y a riesgo por tanto de sostener algún dislate jurídico, tampoco se acaba de comprender que no haya habido ni más detenciones ni más registros, ni más actuaciones ni más resoluciones, que las que se produjeron a principios de verano, cuando en ese sumario constan acusaciones gravísimas contra muchas más personas de las que entonces fueron arrestadas por la Policía. El juicio ha salido de los juzgados para instalarse en la calle, sin que los fiscales hayan mostrado interés por conocer cómo ha podido ocurrir algo así.
Cabría, por tanto, pedir tanta urgencia en las actuaciones judiciales como un asunto de la trascendencia, la envergadura y la capacidad de generar alarma social como éste tiene, sobre todo coincidiendo como coincide con una larguísima campaña electoral que ya se sabía que iba a ser la más sucia de todas. Pero, entre tanto, toca también exigir explicaciones y transparencia a los representantes de la Administración que se ven comprometidos en esas conversaciones. Porque las explicaciones no tienen que ver con el procedimiento judicial, sino con la esencia de la democracia. Y los poderes públicos están obligados en todo momento a darlas, cosa que no está ocurriendo en absoluto. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hicieron y por qué lo hicieron quienes aparecen en esas cintas traficando con información reservada. Y tienen derecho a saberlo antes de ir, el próximo mes de mayo, a votar. En una de las conversaciones más vergonzosas de las que figuran en el sumario, el entonces alcalde y hoy diputado Luis Díaz Alperi llamaba al constructor Enrique Ortiz y le ordenaba organizar una fiesta en su yate en las mismas fechas en las que el Tribunal Superior de Justicia había archivado, en 24 horas, las denuncias de irregularidades en la concesión de aparcamientos por parte del Ayuntamiento al dueño del Hércules. Y, ante las dudas del propio Ortiz de que aquello fuera conveniente por si alguien se enteraba, Alperi contestaba con un explícito "me la suda". A él, puede. Pero a los ciudadanos, los saqueados si los amaños que se citan en el sumario se demostraran, no.
Entre los cientos de nombres que han aparecido hasta aquí hay hermanos de importantes consellers haciendo gala de su capacidad de conocer al detalle y por adelantado los procesos de contratación de obras de los departamentos que sus familiares dirigían. Incluso un conseller que llama a Ortiz, el omnipresente Ortiz, para adelantarle una adjudicación, en un tono de compadreo ridículo que acaba con un "te quiero" que inevitablemente lleva a recordar el "amiguito del alma" de Camps a El Bigotes del otro gran sumario pendiente en la Comunidad, el de Gürtel. Pero el presidente de la Generalitat no ha abierto investigación alguna, ni ha ofrecido razón a los ciudadanos de lo que hacen los miembros de su gobierno, pese a que ése es su primer deber. El Consell y el PP se han limitado, como siempre, a atacar a la Policía y los fiscales. Y a Rubalcaba.
Lo mismo ocurre con la alcaldesa de Alicante. Ha negado, pero no ha explicado. Ha admitido, con pasmosa tranquilidad, que se fue de vacaciones pagadas con Ortiz en su yate, que más que un barco era un centro de negocios, una agencia de viajes, un restaurante de cinco tenedores, un club social y un hotel de lujo. Algo parecido le costó en Galicia al gobierno del PSG y el Bloc una durísima descalificación del PP y la derrota en las urnas, pero en este caso Sonia Castedo, como tampoco en su día Ripoll, ni siquiera ha sido capaz de reconocer que cometió un error y pedir perdón por ello. Al contrario, Castedo ha afrontado la parte que le toca del caso Brugal como si de una fase más de la campaña electoral se tratara, cuando lo que le corresponde es explicar por qué se reunía, siguiendo las órdenes de Alperi, con un constructor en pleno proceso de elaboración del PGOU, y si es cierto o no, como sostienen la Policía y el fiscal, que le transfería información sobre el planeamiento que debía ser secreta y que le permitía comprar y vender sabiendo qué solares iban a revalorizarse y cuáles perderían precio. O por qué se reunía con él el redactor del Plan y se traficaba con planos. O qué papel ha jugado en todo esto el despacho de Urbanismo que su hermano y el ex concejal Javier Gutiérrez abrieron coincidiendo con su ascenso político, desde un gabinete de Prensa hasta la concejalía de mayor peso en el ayuntamiento, primero, y la alcaldía, después. Decir que nada de lo que Ortiz quería lo obtuvo cuando ya fue alcaldesa no le exime de dar cuentas de lo que hizo siendo concejal. Porque si no lo aclara de forma aceptable ahora debería irse pero, en todo caso, y de no hacerlo, será siempre una política bajo sospecha, como lo fue durante todo su mandato -y el sumario ahora certifica que razones había para ello- su antecesor al frente del ayuntamiento.
Si algo ponen en evidencia los sumarios Brugal y Gürtel es hasta qué punto está ya viciado el sistema político y económico en la Comunidad Valenciana. Qué alto grado de compadreo y qué sensación absoluta de impunidad han presidido las relaciones entre políticos y empresarios. No se trata de éste o de aquel, aunque la responsabilidad individual de cada cual no puede ser exonerada sin más: es el propio sistema el que está corrompido. Y cuando eso ocurre, son los ciudadanos los que sufren la estafa y las sociedades enteras las que se empobrecen. Tenemos todo para ser una de las comunidades más ricas, pero somos la que más debe. Gürtel y Brugal explican la contradicción.


* Levante - Opinión - 31.10.10


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Telde.- La juez abre una cuarta causa al ex alcalde Valido

LAPROVINCIA/GranCanaria* : Los juzgados siguen marcando la pauta política en Telde. Una querella presentada por el actual grupo de gobierno (NC, PSOE y CCN) contra la segregación y subasta de una parte de la parcela P-1 de La Mareta, junto a la fachada sur de Alcampo, se ha saldado con una nueva imputación al ex alcalde Francisco Valido. Al ex regidor del PP se le imputa un presunto delito de prevaricación al encabezar la Junta de Gobierno que en 2005 bendijo esta operación y con esta son ya cuatro las causas en las que está inmerso si se recuerdan Faycán, Calero y el edificio de Jinámar. En estas dos últimas, al igual que en el caso de La Mareta, su alusión en los juzgados obedece al papel jugado como miembro de un órgano, el de la Junta de Gobierno, del que formaban parte otros ediles.

De hecho, en esta última causa también se les imputa el cargo de prevaricación a los ex concejales José Suárez (PP) y Raquel León (Ciuca), al igual que a los ediles Carmelo y Guillermo Reyes, también de Ciuca. El ex titular de Urbanismo acumula ya también imputaciones en siete casos y todos ellos han sido citados a declarar la próxima semana ante la jueza Natalia Bayoll, que lleva el asunto en el juzgado número 4 de la ciudad. En realidad, Valido acudió ayer a la citada sede judicial para solicitar que se pospusiera su interrogatorio con el ánimo de estudiar el expediente.

Tras este trámite, el ex alcalde señaló que se sentía de nuevo "triste al ver cómo se sigue judicializando la vida política de Telde". Valido afirmó tener "la conciencia tranquila porque todo lo que aprobé en Junta de Gobierno se hizo con informes técnicos y jurídicos favorables".

"Me gustaría que se hablase de cosas positivas. Parece que la política se hace ahora en los juzgados y cada vez tengo menos ganas de volver al ruedo. Si me he metido en esto ha sido para hacer cosas, no para pelearme con todo el mundo", concluyó.

Nunca llegó a desvelar qué quería hacer en estos terrenos, los mismos en los que se concentró la mayor parte de la edificabilidad de la parcela matriz, pero cuando pidió licencia para realizar los movimientos de tierras se la denegaron. Luego cambió el gobierno y el tripartito entendió que la división de la parcela se había hecho de forma ilícita. La subasta se anuló tras una revisión de oficio en 2008. Y ahora el gobierno ha llevado el caso a los tribunales.




* La Provincia - 30.10.10
Foto:

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El jefe de Licencias del Ayuntamiento de El Puerto declara ante la juez por la 'Tequila'

DIARIODEJEREZ* : A la tercera, fue la vencida. Ayer por la mañana prestó declaración, ante la titular del Juzgado 1 de El Puerto, el jefe de Licencias del Ayuntamiento de El Puerto, Fernando Jiménez Fornell, en calidad de imputado en una supuesta trama para la regularización de viviendas ilegales que la Guardia Civil puso al descubierto con la Operación Tequila. El funcionario municipal, que está imputado en la causa junto al ex alcalde portuense, Hernán Díaz, el ex edil de Urbanismo Juan Carlos Rodríguez, y su novia, la delineante del área Milagros Trigo, dos arquitectos y varias personas más, hasta un total de 12, había sido citado anteriormente en dos ocasiones para prestar declaración, no haciéndolo finalmente.

Su abogado había solicitado la suspensión de su comparecencia ayer, alegando que tenía que declarar en otro Juzgado por otro asunto, si bien la magistrada rechazó la petición.

Según los agentes del Equipo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil (que realizaron la investigación, tras una denuncia de Izquierda Unida), la supuesta trama articulaba todos los permisos a través del estudio de arquitectura Tec, al frente del cual está la novia de Jiménez Fornell.

Arquitectos que trabajaban para Tec (como Isabel Ruiz Vázquez y Arturo Márquez Bailón, también imputados) hacían los proyectos de legalización, que recibían después informes favorables del jefe de Licencias, entonces también jefe de Disciplina. Urbanística. Luego, Díaz o Rodríguez, según la investigación, concedían las licencias o legalizaciones requeridas: firmándolas o por silencio administrativo, tras dejar pasar tres meses, entre 2004 y 2007.




* Diario de Jerez - 30.10.10
Foto: Ayuntamiento- wikipedia

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Gijón.- Los vecinos de El Muselín se manifiestan contra «el expolio» del barrio

LNE* : Un grupo de vecinos de El Muselín se manifestó ayer con varias pancartas en la glorieta situada junto a la Casa del Mar para denunciar «el expolio» de su barrio que, según dicen, prevé el Plan General de Ordenación (PGO). Los afectados arremetieron de este modo contra el proyecto municipal de convertir a largo plazo la ladera que habitan en una zona verde. El colectivo de residentes, presidido por Ángel Piñera, retomó de esta forma sus movilizaciones tras presentar, el pasado día 22 de noviembre, un conjunto de alegaciones contra el planeamiento urbanístico del Ayuntamiento. En estos escritos denunciaron «la falsedad» de los informes geológicos que aconsejan eliminar esta zona residencial por supuestos peligros de derrumbe.

Los residentes en El Muselín fundaron hace unos meses su asociación vecinal para defender sus intereses frente a la política urbanística que impulsa el Ayuntamiento. Desde entonces, han mantenido varias reuniones con responsables del área de Urbanismo sin llegar a ningún acuerdo. Por este motivo, y con el objetivo de dar mayor fuerza a sus demandas, decidieron integrarse en la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Zona Rural «Les Caseríes» y, hace unos días, presentaron alegaciones al PGO. En estos recursos contradicen los estudios que el gobierno local esgrime para la eliminación del barrio, al recalificarlo como sistema general de espacio verde, y que fueron elaborados por David Villar García y Geocivil. A cambio, se ofrece la posibilidad de realojar en nuevos pisos a los actuales moradores de las propiedades afectadas. «Un intento de exterminarnos», según defiende la organización presidida por Piñera.

Frente a estos informes, los afectados han encargado los suyos propios, de los que se desprende que no existe riesgo de desprendimiento en la mayoría de los taludes analizados. Además, entienden que las grietas en algunas viviendas de El Muselín se deben a «su antigüedad», ya que tienen más de un siglo. De esta forma, pretenden evitar que «acaben con nuestras casas sin darnos una explicación al respecto».

La protesta de ayer se suma a las numerosas que han protagonizado durante los últimos meses los habitantes del barrio, especialmente en actos públicos en los que participan miembros del gobierno local o para frenar las excavaciones que una empresa llevaba a cabo en una de las laderas próximas al barrio con el propósito de transportar material de relleno a las obras de ampliación de El Musel. Aunque las pancartas fueron retiradas poco tiempo después por varios agentes de la Policía Local, la asociación tiene previsto continuar con sus quejas en un futuro inmediato. De esta forma, pretende evitar que un espacio habitado desde hace décadas se convierta en un parque.




* LNE - 31.10.10
Foto: Cuatro de los manifestantes sostienen una pancarta en la glorieta que da acceso al puerto de El Musel. lne

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