El caso del 'hotel Millet' endurece los trámites urbanísticos en BCN

ELPERIÓDICO* : El caso del hotel del Palau, también conocido como hotel Millet, en referencia a su promotor -Fèlix Millet, el expresidente del Palau de la Música-, será a las tramitaciones urbanísticas lo que supuso el hundimiento del Carmel para la obra pública. A la espera de que la demanda judicial siga su curso, ya se conoce el borrador del dictamen de la comisión municipal que ha investigado los hechos. El texto, elaborado por el bipartito y al que los partidos pueden aportar enmiendas, pide que, en las futuras tramitaciones de modificaciones del plan general municipal (PGM), se exijan nuevos requisitos con el fin de evitar algunos de los fallos detectados.

La intención del bipartito es presentar al pleno, el próximo viernes, este borrador ampliado con las aportaciones de los partidos y también las conclusiones propias de cada fuerza política. De manera única e indisoluble. Y la tormenta no ha tardado en estallar, por cuanto tanto CiU como el PP se oponen a este método que da preeminencia a unas conclusiones que, según ellos, son falsamente de todos, pues en realidad «son del Gobierno municipal».

MANO TENDIDA A LOS PARTIDOS / El bipartito, por su parte, considera que ha tendido la mano a todos los partidos, ya que establece unos criterios para el futuro en lugar de enrocarse en las conclusiones de la auditoría externa encargada en su día, que eran, a diferencia del texto en sí, bastante favorables al Ejecutivo local.

Lo cierto es que, más allá de la pugna política, el documento del propio bipartito admite «la importancia política, que no judicial», de conocer quién es el propietario de una finca a recalificar, por lo que, a partir de ahora, se exigirá un nuevo documento, el del pertinente registro, para realizar una recalificación.

Otro punto candente es el de la «insuficiente» motivación de la recalificación de las fincas donde se quería construir el hotel. Dicho de otro modo, el interés público no quedaba suficientemente demostrado. Para evitar que se repita dicha situación, en el futuro se deberá presentar un documento previo de criterios y objetivos de la propuesta donde se expliciten los motivos que llevan a solicitar la recalificación. Además, cuando la petición provenga de una fundación o asociación, se exigirá que un representante de esta comparezca ante la comisión de Urbanismo para detallar las razones.

Finalmente, para impedir que las entidades realicen labores de lobi, a la manera estadounidense, se reclama que quede constancia de cualquier contacto entre la institución en cuestión y cualquier partido.





* El Periódico - 24.10.10
Foto: Fachada del Palau de la Música, en la confluencia de Sant Pere Més Alt y Amadeu Vives.- elperiodico

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Los arquitectos piden un tratamiento «conjunto» y «coherente» de los terrenos de Naval Gijón

LNE* : La transformación urbanística de los terrenos de Naval Gijón no sólo preocupa a los vecinos del entorno más inmediato. Los arquitectos asturianos también miran hacia la fachada marítima de Poniente y dedican a esta actuación una de las alegaciones que su Colegio profesional ha presentado contra el nuevo Plan General de Ordenación. Para empezar, «en la aprobación inicial del PGO no aparecen referencias acerca de un posible plan especial de tratamiento del frente marítimo en la zona de astilleros».

El Ayuntamiento tiene la intención de mantener el uso industrial de los terrenos que han quedado libres con el cierre de Naval Gijón. Su idea es convertir el solar en un parque empresarial como el de Cabueñes, vinculado a la investigación, el desarrollo y las nuevas tecnologías. Aunque el equipo de gobierno ha hecho públicas las líneas generales de su proyecto, técnicos y vecinos echan en falta que los detalles se concreten por escrito, para saber a qué atenerse.

«Proponemos la ordenación de este ámbito de forma conjunta y coherente, incluyendo la continuidad de los espacios libres públicos del borde costero», plantea el Colegio Oficial de Arquitectos de Asturias en su escrito de alegaciones. Y advierte: «Hay que tener en cuenta, además, que esta actuación representa una oportunidad histórica para Gijón, que no se debería desaprovechar».

El grupo de trabajo de Urbanismo, encargado de analizar en detalle el documento inicial del PGO, también hace aportaciones en relación a la política de vivienda o el diseño sostenible de la ciudad. Según el Colegio de Arquitectos, no debería establecerse el mismo porcentaje de vivienda protegida en todos los ámbitos de actuación, «para fomentar la diversidad y facilitar la cohesión social y el equilibrio territorial, tal como recoge la ley Estatal del Suelo».

Este colectivo profesional, parte activa en el proceso de ordenación y diseño de las ciudades, aconseja una revisión del PGO que «responda a las expectativas reales de desarrollo del concejo, articulando políticas de sostenibilidad, y con un uso adecuado y ponderado del suelo». Como punto de partida se considera necesario manejar los datos de vivienda del período 2005-2009 y no los de la década completa, como ocurre en el PGO.

En cuanto a la sostenibilidad, el Colegio de Arquitectos tiene mucho que decir. Entre sus propuestas, la de «minimizar el despilfarro, reduciendo los crecimientos excesivos y evitando el asilvestramiento del territorio»; promover espacios urbanos confortables, con transporte eficiente, edificios autosuficientes a nivel energético y sistemas colectivos de abastecimiento, o la de potenciar la política de recogida y reciclaje de residuos.

Se apuesta, además, por la regeneración del tejido urbano, instando al Ayuntamiento a que estimule las operaciones urbanísticas encaminadas a la rehabilitación. Los arquitectos asturianos incluso ponen sobre la mesa la posibilidad de que ese apoyo público se materialice «en «beneficios fiscales o subvenciones, en los casos en que sea justificado». También se muestran partidarios de «actuaciones concretas de reforma interior, bien para procurar la rehabilitación integral del parque edificado o bien para ensanchar las calles con el objetivo de facilitar su soleamiento».

Su lista de alegaciones hace una radiografía urbanística de la ciudad en la que también se presta atención a los núcleos rurales, uno de los asuntos espinosos del nuevo Plan General. El Ayuntamiento debería realizar, según el Colegio de Arquitectos, «una revisión más profunda en la delimitación de los núcleos rurales, subsanando incongruencias y señalando los terrenos que sí son edificables para evitar posibles errores de interpretación». Y señalan, asimismo, la conveniencia de introducir en el planeamiento la categoría de suelo «común», que permitiría ponderar el terreno rural en función de sus valores.




* La Nueva España - 24.10.10
Foto: Las instalaciones de Naval Gijón, entre los edificios de la urbanización de Poniente.- lne

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La retirada del saneamiento de las playas encalla en la Costa del Sol por falta de financiación

SUR/Málaga* : Si han podido esperar cuatro décadas, también podrán hacerlo algo más hasta la llegada de tiempos mejores, económicamente hablando. Ése es el planteamiento que al parecer han acuñado el Gobierno central y la Junta de Andalucía respecto al proyecto para retirar las redes de saneamiento de las playas en varios puntos del litoral occidental de la provincia y trasladarlas a las carreteras más próximas. La actuación, encaminada a evitar vertidos por la rotura de colectores y tuberías, y de paso borrar de la arena las arquetas para beneficio de la imagen turística y de los bañistas, lleva un año y medio esperando dar el salto de la burocracia a los hechos.

Ése es el tiempo que ha transcurrido desde que la empresa pública Acosol (dependiente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental) elaboró el proyecto para que las canalizaciones que transportan las aguas residuales desaparezcan de las playas donde resultan más problemáticas, caso de Fuengirola, Marbella y Estepona.
La pelota está ahora en los tejados del Ejecutivo autonómico, encargado de licitar los trabajos; y, sobre todo, del Ministerio de Medio Ambiente, de donde deberán salir los 60 millones de euros necesarios para su ejecución. Un dinero que permitiría no sólo acabar con la fragilidad de las tuberías por su proximidad al mar o los continuos desplazamientos de dichas canalizaciones causados por los temporales y que acaban generando vertidos de aguas fecales; sino que además serviría para sacar el saneamiento del limbo jurídico en el que se encuentra por ocupar parte del dominio público marítimo-terrestre, puesto que pasará a suelo de competencia municipal. Asimismo, los últimos beneficiarios serían los bañistas, que ya no tendrían que compartir toalla con los colectores (cada vez más visibles) y las estaciones de bombeo.
Según los planes iniciales, la actuación se acometería por tramos. En Fuengirola, los trabajos consistirían en retranquear hasta la carretera (se ha descartado su ubicación bajo el paseo marítimo por los costes y molestias que generaría) todas las tuberías que jalonan los siete kilómetros de litoral, además de el desplazamiento tierra adentro de la estación de bombeo situada junto a la pasarela peatonal que cruza la desembocadura del río Fuengirola.
En el caso de Estepona, la propuesta de Acosol también comprende la práctica totalidad del litoral, con especial incidencia en El Saladillo, donde son habituales las roturas por la fuerza del mar. Por último, en Marbella está prevista una doble actuación en el tramo que discurre entre Los Monteros y Bahía Marbella y entre Guadalmina y Las Petunias, ya en San Pedro Alcántara.




* SUR - 24.0.10
Foto: La estación de bombeo situada junto a la desembocadura del río Fuengirola se desplazará tierra adentro - sur

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Cada vecino de una urbanización de Lliria pagará 33.000 euros por un PAI

LEVANTE/Valencia* : Nos van a llevar a la ruina", "acabaremos viviendo bajo un puente" o "les doy las llaves y que se queden mi casa". Son las declaraciones de algunos vecinos de la urbanización Edeta de Llíria ante la insistencia del consistorio de sacar adelante el proceso urbanizador del PAI por gestión indirecta. Esto, explican, supondría el "ahogo" económico de los propietarios, al obligarles a endeudarse una media de 33.000 euros por parcela. "Somos parados, trabajadores o jubilados y no nos pueden hacer pagar de golpe tanto dinero en plena crisis", advierte Maite Coscollá, presidenta de la Unión de Propietarios.

La Unión solicitó en el pleno en septiembre la paralización del proyecto, para lo que adjuntaron las firmas de 65 propietarios, en representación del 56% de los vecinos. La concejala de urbanismo, Remedios Mazzolari, expresó "serias dudas" sobre la procedencia de algunas de dichas rúbricas. "Nos hemos molestado en comprobar esas firmas y en mirar el registro catastral y el proyecto de reparcelación, y la mayoría de esas firmas están duplicadas", declaró tal como recoge el acta a la que ha tenido acceso Levante-EMV.
Ante esta situación la asociación volvió a presentar las firmas en el ayuntamiento demostrando, según Coscollá, la falsedad de las palabras de la regidora. El PSPV junto con Compromís presentó el jueves una moción para aclarar si las firmas son las correspondientes a la mayoría de vecindario y solicitando la suspensión temporal hasta que se esclarezca, para lo que solicitaron que se creara una Comisión Informativa de Urbanismo.

La concejala se comprometió a convocarla aunque sin fecha, pero el pleno votó en contra de paralizar el proceso. La Unión advierte que si no llegan a un acuerdo pronto llegarán al contencioso.





* Levante- 23.10.10
Foto: Llíria (Valencia), ayuntamiento - montserrat.es

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Quién vigila al vigilante

HÉCTOR BARBOTTA/Marbella* : El oscuro episodio en el que se vio inmerso un grupo de investigadores privados de la Costa del Sol después de realizar para un cliente un informe sobre el entorno societario de Juan Antonio Roca es la mejor muestra de que lo sucedido en Marbella no se agota en el juicio del 'caso Malaya'. La denuncia estremece. Tras conocerse en altas instancias del Estado que los detectives habían reunido en el ejercicio de su actividad datos sobre el entonces todopoderoso asesor de urbanismo, los autores del informe fueron detenidos, interrogados acerca de la información con la que contaban, sus viviendas y oficinas minuciosamente registradas y finalmente acusados de gravísimos delitos en causas que, una vez pasada la tormenta, fueron sobreseídas. Incluso se pincharon teléfonos de personas que nada tenían que ver con sus actividades ante la sospecha de que también pudieran tener información.

Todo sucedió una semana antes de que se desencadenara la 'operación Malaya' y los afectados, que han denunciado los hechos ante la justicia, apuntan al comisario general de la Policía Judicial, Juan Antonio González, como la persona que podría haber estado detrás de este suceso.
¿Quién vigila al vigilante? Esa es la pregunta que surge apenas se conocen los datos de este inquietante episodio, y es la misma que las defensas en el juicio del 'caso Malaya' parecen interesadas en que sobrevuele sobre toda la causa.
Pero si en el primer caso el interrogante podría servir para avanzar en terminar de atar los cabos sueltos que aún perviven casi cinco años después de iniciarse la investigación, en el segundo la intencionalidad se dirige en el sentido contrario: que 'Malaya' no acabe siendo más que una maraña de cabos sueltos con mucho ruido mediático y pocas o ninguna condena.
Para ello, desde el comienzo del juicio los abogados no han hecho más que atacar la instrucción, y a medida que han avanzado las jornadas las acusaciones contra el juez instructor y contra los policías que dirigieron la operación han ido subiendo de tono. No ha faltado nada: la acusación de haber presionado a los detenidos -la palabra tortura se escuchó varias veces en el tribunal-, la insinuación de que se alteraron pruebas, la utilización del término 'fascistoide' para referirse a la instrucción y el argumento repetido una vez, y otra, y otra, de que las declaraciones de los concejales cuando admitieron ante el juez haber cobrado de Roca fueron obtenidas bajo presión. De momento sólo se han lanzado acusaciones sin aportar pruebas. Lo mismo de lo que acusan al juez y a la policía, pero eso sí, en este caso en el ejercicio de la defensa.
No es un derecho que pueda ser cuestionado, aunque en su ejercicio se concluya que la 'operación Malaya' no fue más que un gran montaje, que no hubo grabaciones en las que se comprobó que se amañaban los concursos públicos, que no se encontraron sobres con fajos de 500 euros en las viviendas de los concejales, que las fincas, los yates y las jirafas disecadas eran producto del ahorro de toda una vida, que la Policía Local cumplía con prontitud las órdenes de paralizar obras ilegales y que el Ayuntamiento de Marbella era un bálsamo de legalidad, un modelo de gestión, un ejemplo de servicio al ciudadano hasta que unos impostores con uniforme azul irrumpieron en los despachos y comenzaron a detener concejales.
Cuesta entender en qué condiciones un detenido pudo haber creído que si confesaba un delito que no había cometido iba a correr mejor suerte que proclamando su inocencia. Es un argumento difícil de creer, y aunque en ningún caso debe cuestionarse que los acusados se defiendan como crean conveniente, no está de más recordar que así como estos tienen derecho a la presunción de inocencia, también al juez instructor, al fiscal y a los policías que investigaron el 'caso Malaya' les asiste el derecho a que no se les llame torturadores.




* SUR - Opinión - 24.10.10

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El trazado urbanístico de Donostialdea alienta el debate de no construir el puerto exterior

ELPAÍS/Guipúzcoa* : El Plan Territorial Parcial (PTP) del área Donostialdea-Bidasoa, el principal instrumento para abordar la ordenación urbanística de este entorno, otorga a la bahía de Pasaia una relevancia "estratégica" y "capital", por lo que las intervenciones que se vayan a realizar en este enclave van a ser determinantes para el conjunto de Donostialdea-Bidasoa (13 municipios que suman 400.000 habitantes y una extensión de 376 kilómetros cuadrados).

Para el ámbito de Pasaia, donde se prevé la regeneración urbana de la bahía y la construcción de un puerto exterior, el PTP no da por definitiva la ejecución de este "macroproyecto", sino que recomienda el estudio de tres alternativas, de las cuales las dos primeras consisten en rehabilitar el interior de la bahía y "modernizar" el actual recinto portuario sin construir la dársena exterior. La diputada de Movilidad de Guipúzcoa, Arantza Tapia, recordó que la Diputación se decanta "claramente" por esta infraestructura, pero da prioridad a iniciar la regeneración urbana de Pasaia sin condicionarla al mencionado proyecto.

En todo caso, con o sin dársena exterior, el PTP recomienda que una parte de los suelos liberados de la deslocalización de las actividades portuarias se destinen a acoger nuevas actividades económicas y equipamientos públicos, frente a la tentación de "su reconversión sistemática como suelo residencial".

Otro de los grandes hitos del planeamiento de Donostialdea-Bidasoa es la prolongación del segundo cinturón de la AP-8 hasta la frontera, un proyecto que sólo se contempla "a muy largo plazo". Tapia aseguró que la Diputación no prevé acometer esta posibilidad a corto o medio plazo.

Respecto al aeropuerto de Hondarribia, se apuesta por alargar la pista y se entiende "improcedente" su posible deslocalización o eliminación.

El PTP, aprobado inicialmente por el Gobierno vasco y con una vigencia de 16 años, se somete ahora a las alegaciones de instituciones y particulares.




* El País - 22.10.10
Foto: Pasaia (Guipúzcoa) - wikipedia.org

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El Consell subastará la parcela de las torres de Calatrava

LEVANTE/Valencia : El proyecto de los rascacielos se pospone pero no se descarta. La Generalitat prevé ingresar cerca de 393 millones con la venta de trece parcelas y cuatro edificios. El vicepresidente económico y conseller de Economía, Hacienda y Empleo, Gerardo Camps, ha anunciado que el Gobierno valenciano va a proceder a la venta mediante subasta del solar propiedad de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) en el que se iban a construir las denominadas torres de Calatrava y que en la actualidad se encuentra "claramente ocioso".

Gerardo Camps ha comparecido en rueda de prensa junto a la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano en la que se han aprobado los proyectos de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y de Acompañamiento.

El vicepresidente ha indicado que el Consell es el titular de los proyectos básico y de ejecución de las torres y ha señalado que en "cualquier momento éstas pueden ser construidas" una vez cedidos esos derechos y "si así lo entendiera un particular o privado en cualquier solar de la ciudad de Valencia", en ese mismo solar de CACSA o en cualquier otro de la Comunitat Valenciana.

Ha señalado que si quien adquiriera la parcela "estuviera interesado en los proyectos de las torres de Calatrava" la Generalitat no tendría "ningún inconveniente en cederle los derechos para que las pudiera construir en ese solar".

"Si no fuera así, los proyectos siguen siendo titularidad de la Generalitat, junto con Santiago Calatrava, y se pueden realizar en el momento en el que lo permitiera el mercado inmobiliario en cualquier espacio de toda nuestra comunidad", ha apostillado. Ha asegurado que no habrá penalización económica por no ejecutar ahora las torres.

El conseller ha avanzado la puesta en marcha para el próximo ejercicio de un plan de "optimización" del patrimonio de la Generalitat y sus sociedades dependientes, que consistirá en la venta mediante subasta de inmuebles y solares "ociosos" y con el que la Generalitat prevé ingresar un total de 392,9 millones de euros.

La medida afectará a una serie de solares que constituyen "el dominio privado de la Generalitat, no están afectos a servicios públicos y no son necesarios para el cumplimiento" de sus fines, así como a "bienes de dominio público", destinados al uso general o "afectados directamente a la prestación de servicios públicos o administrativos" de la Generalitat. Entre estos últimos se encuentran las actuales sedes de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social, que se trasladarán al nuevo Complejo Administrativo 9 de Octubre.

Traslado al complejo 9 d'Octubre
Gerardo Camps ha precisado que este supuesto se encuentra amparado por la ley de Patrimonio valenciano y se enmarca en el futuro traslado a las nuevas dependencias del Complejo Administrativo 9 de Octubre de Valencia de determinadas oficinas administrativas de la Generalitat.

Ha señalado que dada la proximidad de la finalización de las obras de esta infraestructura --prevista para finales de 2011-- "resulta aconsejable que se produzca la transmisión de los inmuebles que en breve plazo van a quedar ociosos". "Los solares ya lo son y esos inmuebles, en apenas un año, también lo van a ser", ha remarcado.

Asimismo, ha indicado que hasta la efectiva ocupación del nuevo complejo administrativo y "en caso de que fuera necesario", la Generalitat podrá seguir ocupando los inmuebles enajenados en calidad de arrendatario, por lo que no habrá "en ningún momento una merma en la prestación del servicio público".

Ha remarcado que 90.000 metros cuadrados de los 110.000 con los que cuenta la nueva infraestructura van a ser ocupada por dependencias administrativas que en estos momentos se encuentran en inmuebles en régimen de alquiler, por lo que ha augurado que habrá "un ahorro muy importante de costes". Quedan libres 20.000 metros en los que se ubicarán dependencias que se encuentran en edificios propiedad de la Generalitat.

En concreto, se trasladarán al complejo las oficinas de las consellerias de Industria, Agricultura y Bienestar Social. De hecho, los inmuebles de dominio público afectados por el nuevo plan de optimización son las actuales sedes de las consellerias de Industria, en la calle Colón, y Agricultura y Bienestar Social, en la Alameda, en edificio conocido coloquialmente como 'La Cigüeña'; y dos locales comerciales de las consellerias de Industria y Bienestar Social, en las calles Guardia Civil y Náquera, respectivamente. El valor de tasación de estos inmuebles es de 105 millones de euros y tienen una superficie total de 17.642 metros cuadrados.

Por su parte, los solares afectados son un total de 12 repartidos por toda la Comunitat y suponen un importe global de alrededor de 20 millones de euros.

Gerardo Camps ha remarcado que el Consell "no ha decidido proceder ahora a la venta de patrimonio titularidad de la Generalitat porque la situación económica nos obliga a ello, eso sí que lo hace alguna comunidad gobernada por el PSOE", y, al respecto ha citado el caso de Andalucía, donde en sus presupuestos "aparece venta de patrimonio por valor de más de 900 millones de euros" a través de "una jugada de contabilidad financiera".

Ha destacado que como la Generalitat "ha hecho el complejo administrativo más importante y más grande de todas las comunidades autónomas nos podemos permitir el dejar la práctica totalidad de los locales arrendados o alquilados y además proceder a la venta de inmuebles" que se encontrarán vacíos una vez se produzca el traslado.





* Levante - 22.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Los técnicos de urbanismo aseguran sentirse presionados

LAOPINIÓN/Tenerife* : "Miedo a las denuncias de los colectivos sociales, ninguno. En todo caso, lo que sí se reciben son presiones políticas para agilizar los trámites, aún cuando en ocasiones hay razones para los reparos". Javier Galván, uno de los principales responsables en Canarias de la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), respondió con estas palabras a las acusaciones lanzadas por Antonio Plasencia, presidente de la Federación de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), de que los técnicos urbanísticos de las administraciones públicas bloquean los proyectos al estar atemorizados por la permanente amenaza de los colectivos sociales de acudir a los tribunales.

"Los técnicos están atemorizados y echan para atrás cualquier solicitud que les llegue. Tienen miedo de perder el puesto de trabajo o de verse en los tribunales", matizó Plasencia al referirse a la parálisis del Plan General de la capital tinerfeña. La apreciación, con la que están de acuerdo otros muchos representantes de las principales asociaciones empresariales de la Isla, ha generado indignación, según el portavoz del sindicato CSIF, entre los funcionarios que controlan el buen hacer urbanístico de los responsables públicos.

Responsables

"Estos trabajadores no tienen miedo a las denuncias. Ya son de por sí perfectamente responsables y conocedores de su función, que no es otra que velar por la legalidad de las diferentes iniciativas urbanísticas de acuerdo con el marco normativo vigente. Saben que no hacerlo puede depararles consecuencias ante la Justicia. Y que nadie dude de que si alguno de ellos pone reparos o no da el visto bueno es porque observa suficientes indicios de irregularidad como para hacer valer su cometido", explicó Galván.

El representante del CSIF considera "graves" y "absurdas" estas acusaciones y precisa que las presiones vienen, en todo caso, de los mismos líderes políticos. "Yo sí le puedo hablar de casos de funcionarios que fueron apartados de sus funciones y hasta denigrados y acosados por actuar con profesionalidad". Galván precisó que "las coacciones", que pueden llegar a ser motivo de denuncia, "no sólo se limitan a las diferentes áreas de Medio Ambiente", sino también se dan en multitud de ayuntamientos, sin querer precisar si el de Santa Cruz de Tenerife está entre ellos.

Plan General

Ahora, no tiene "la menor duda" de que si los miembros de la Comisión de Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente (Cotmac), del Gobierno de Canarias, han elevado 187 reparos al Plan General de la capital chicharrera y han decidido suspender la aprobación del documento, es porque son puntos que chocan con la ley o con los diferentes planeamientos que se deben tenerse en cuenta en la valoración sobre el municipal.

"Las acusaciones de estos grandes empresarios son absurdas y faltan al respeto a la honestidad que en general rige la labor de los profesionales que controlan las buenas prácticas en las diferentes administraciones. No entiendo qué propósito tienen, si a lo mejor lo que querrían esos empresarios es que se hiciera la vista gorda. Hay técnicos y técnicos, pero la gran mayoría tienen un comportamiento intachable", defendió el representante del CSIF.

Javier Galván rechazó que se creen chivos expiatorios para ocultar la incapacidad de los políticos para sacar adelante los planeamientos urbanísticos o determinados proyectos sensibles.





* La Opinión Tenerife - 21.10.10
Foto: Manifestación contra el PGO frente al Ayuntamiento.

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Murcia.- El juez cita como imputados a la directora del servicio jurídico y a otro ex jefe de Urbanismo

LAVERDAD* : La jefa de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Murcia, Ana María Vidal Maestre, y el ex jefe de la Gerencia de Urbanismo y actualmente asesor adscrito al servicio municipal de Patrimonio, Pedro Morillas, tendrán que prestar declaración en calidad de imputados, en los próximos días, en el Juzgado de Instrucción nº8 de Murcia, que investiga la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Umbra'. Fuentes próximas a la investigación han confirmado a 'La Verdad' que estos dos altos funcionarios municipales ya han sido formalmente citados por el magistrado David Castillejo, quien les ha advertido de que comparecerán en calidad de imputados; una figura que supone que deben acudir acompañados de su abogado y que, básicamente, constituye una garantía frente a los cargos que puedan imputárseles durante el interrogatorio.

Se da la circunstancia de que Ana María Vidal acompañó en todo momento al concejal Fernando Berberena, también imputado en esta causa, durante el registro que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil efectuaron el pasado día 5 en las dependencias de la Gerencia de Urbanismo, en plena plaza de Europa de Murcia. «No tenemos idea de lo que están buscando», se limitó a señalar la letrada municipal al ser interrogada al respecto por este periódico.
Por lo que se refiere a Pedro Morillas, se trata de uno de los especialistas más conocidos de la Región en materia urbanística y durante unos años dirigió la Gerencia de Urbanismo. Fue la época en que se redactó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y en que se firmó el convenio de Nueva Condomina (2001). Después de aquello pidió la excedencia -fue sustituido por Alberto Guerra, también imputado- y fichó por la empresa privada, en la que ha sido director de la firma Estudios, Proyectos y Planificación S.A. (Epypsa), compañía que redactó el estudio de viabilidad del tranvía; ha dirigido la consultora y asesoría jurídica Pemori 4 Srl., ha ejercido como profesor de la Universidad de Murcia y es director del Máster de Estudios Urbanísticos e Inmobiliarios de la Escuela de Negocios ENAE, según informa Manuel Madrid.
Hasta el pasado abril estuvo volcado con la empresa privada, pero en esa fecha fue recuperado como asesor por el alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, aunque se le adscribió al servicio de Patrimonio. Entre las atribuciones que recibió de la Alcaldía destacan la supervisión, redacción y gestión de convenios urbanísticos, y las relaciones entre Patrimonio y la Gerencia de Urbanismo. «Es un hombre muy válido y el alcalde, con muy buen criterio, lo ha incorporado a su equipo», fueron las palabras con las que el concejal de Presidencia, Francisco Porto, saludó entonces su 'fichaje'.
No han trascendido los cargos específicos que el juez imputa a Ana María Vidal y a Pedro Morillas, aunque todo apunta a que tendrán que dar explicaciones sobre informes que habrían redactado en su día respecto de convenios urbanísticos de la zona norte del término de Murcia, ahora bajo investigación.

LOS OTROS IMPUTADOS
Detenidos. El jefe de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra (en libertad bajo fianza de 70.000 euros), el abogado Higinio Pérez Mateos (libertad con fianza de 100.000 euros) y el empresario italiano Renato de Noce (fianza de 120.000 euros).
Concejal. El edil de Urbanismo, Fernando Berbenera, en libertad sin fianza.
Empresarios. El dueño del real Murcia, Jesus Samper, y los promotores Francisco Arqués López, Alfonso Ramírez Huguet y Juan Torres Fontes Suárez, todos ellos en libertad sin fianza.
Otros. El ex jefe de Planeamiento, Joaquín Peñalver; su esposa, Sandra de la Puente, y la mujer de Alberto Guerra, María Isabel Fernández (jefa de la Oficina de Gobierno Local del Ayuntamiento de Murcia).





* La Verdad - 22.10.10
Foto: El edil Berberena y la letrada municipal Ana María Vidal, durante el registro del día 5.- la verdad

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La oración del corrupto

JOAQUÍN SÁNCHEZ* : «Señor, no me des, pero ponme donde haya»
"¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respecto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor. El dinero lo justifica todo". La reciente Operación Umbra contra la presunta corrupción en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia nos devuelve de nuevo a la palestra la corrupción política. No es de extrañar que para los españoles, según las encuestas, los políticos representan el tercer problema después de la economía y el paro. Sí es verdad, que generalizar la corrupción política me parece injusto porque hay personas que en Ayuntamientos, Asambleas Regionales, Senado y Congreso de los Diputados actúan con honestidad y dedicación. Pero, a la misma vez, es verdad que existen muchos casos de corrupción política e intuimos que es sólo la punta del iceberg. Aunque resulte contradictorio, esta corrupción política viene acompañada de un cierto sentir en muchos ciudadanos que cuando se reprocha dicha actitud de corrupción, alegan: «¡Qué bueno! Que no pasa nada y que hacen muy bien, porque yo haría lo mismo, y tú cállate porque serías peor que ellos».

Recuerdo los años 80, cuando la corrupción no era tolerada ni en su legitimación y tenía consecuencias negativas para el partido político que la amparaba; más tarde o temprano repercutía en sus votantes. Lo que también recuerdo es que había un ambiente de no aceptación de estos hechos, una crítica social sobre las personas que presuntamente era imputadas por actuaciones contra la ética política. Se podía aceptar que un alcalde o un concejal tomaran una decisión muy cuestionable legalmente que afectara a un trámite administrativo, pero que beneficiara al pueblo y, por supuesto no hubiera dinero por medio ni ninguna otra contraprestación. Muchos alcaldes han tomado decisiones controvertidas para no perder una subvención o no perder un proyecto para su pueblo, porque las condiciones de la Administración pública son complicadas de cumplir al pie de la letra. Yo, personalmente lo acepto porque se juegan el puesto por el bien de su pueblo.

En la actualidad se ha intentado justificar la corrupción como algo que beneficiaba al crecimiento de una población, pero lo único que se han beneficiado han sido algunas cuentas corrientes y lo único que ha traído ha sido paro, destrucción del medio ambiente y pobreza. Desde los movimientos sociales y ecologistas se decían que todo esto era pan para hoy y hambre para mañana, y han acertado, no porque fueran unos iluminados, sino porque la codicia, la ambición y la soberbia que conlleva no ve más allá de sus propios intereses.

¿Qué ha pasado en nuestra sociedad para este cambio de actitud respeto a la corrupción? Tal vez hemos hecho del dinero el único valor de nuestra sociedad. El dinero lo justifica todo porque nos permite vivir con lujo, confort y porque nos hace considerarnos alguien. La cultura, la educación y la solidaridad no son valores preferenciales.

No estaría mal que se recuperara la utopía de que la persona y su dignidad deben ser el centro de la humanidad y, por tanto, de la actividad política. Los políticos deben ser servidores públicos, entregados a fomentar los derechos sociales y laborales de sus ciudadanos, articulando estos derechos con obligaciones éticas que permitan una sociedad cimentada en la igualdad y la libertad, subrayando que la política como valor ético no puede ser profesionalizada ni mercantilizada.





* La Opinión Murcia - Opinión - 22.10.10

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Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro

ELPAÍS/Lugo* : Ayer por la mañana, la familia Parada Buján, de Palas de Rei, se quedó sin casa. Desde primera hora, por si se calentaban los ánimos, un furgón de la policía hacía guardia con varios agentes en el lugar, pero la piqueta no empezó a actuar hasta bien pasado el mediodía. La empresa de demoliciones les había dado un margen a los propietarios para rescatar lo rescatable de la construcción, ventanas, puertas y otros elementos que, en el futuro, si la economía doméstica respira, reutilizarán en un nuevo hogar. Claro que, de momento, el panorama se presenta negro: los Parada, un matrimonio con dos hijos, vecinos de Ximonde (Vilar de Donas, Palas) de toda la vida, dormirán en adelante apretándose en casa de los abuelos porque José, el cabeza de familia, de 58 años, es parado de larga duración.

Lo cierto, según explicaba ayer un cuñado, es que "no tienen ningunas posibilidades económicas" y nunca las han tenido. Por eso, en 1996, empezaron a construir su vivienda "con una licencia para hacer un alpendre, como se hacían siempre las cosas aquí". Alrededor, "todo eran fincas libres, a prado", pero poco después otros vecinos "empezaron a plantar árboles" y en la última revisión el terreno "pasó a ser considerado masa forestal". "Nunca", desde el Ayuntamiento, "les llamaron la atención" a los propietarios, que "hasta tenían luz", traída hasta la casa "con permiso" del consistorio. Nunca pensaron que la piqueta, tan poco activa con las ilegalidades perpetradas en Galicia, fuese a tirárselo todo.

Pero hace unos dos años, porque no habían podido pagarla antes, "le pusieron la cubierta". Y entonces, vino "la denuncia" por parte de "alguien" que la familia no quiere especificar para no buscarse más "problemas". "No fueron los vecinos, y tampoco el Ayuntamiento", aclaran. La cuestión es que "hace año y medio", según los propietarios, el juzgado dictó la orden de derribo, pero no volvió a saberse nada hasta ahora, cuando de forma precipitada tuvieron que recoger los bártulos de su vida. "Nos avisaron hace una semana de que iban a demoler la casa", explicaban ayer, afectadísimos, mientras veían cómo lo perdían todo.





* El País - 22.10.10
Foto: Derribada en una aldea de Palas la vivienda de una familia en paro - elpais

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El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca' reclama la demolición del cien por cien de las naves de Colecor

20MINUTOS* : El colectivo 'Córdoba, ahora o nunca', constituido en Facebook y con cerca de 600 'amigos', ha hecho pública una demanda, suscrita por una treintena de sus miembros, entre ellos arquitectos, arqueólogos, ecologistas, políticos y ex responsables de Urbanismo en el Ayuntamiento de Córdoba, reclamando la demolición del cien por cien de las naves de Colecor.Dicho escrito, colgado en la página de Facebook de dicho colectivo y publicado este jueves como artículo de opinión en 'El Día de Córdoba', expresa su "más rotundo desacuerdo" a "la aprobación, por parte el consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) del Ayuntamiento de Córdoba, del Plan Especial de la Carretera de Palma", ya que "dará cobertura legal a las naves construidas ilegalmente por Rafael Gómez Sánchez".

Por ello, antes de que el Pleno municipal refrende dicho acuerdo, se hace esta denuncia pública por los firmantes del mencionado escrito, entre los que se encuentran el ex teniente de alcalde de Urbanismo del Ayuntamiento José Rafael Navarro (IU), la abogada, ex secretaria general de la GMU y ex delegada de Justicia y Administración Pública de la Junta en Córdoba, Mercedes Mayo (PSOE), el ex edil y ex senador socialista y hasta hace poco presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Pedro Rodríguez Cantero, o el histórico ecologista y dirigente de Los Verdes de Andalucía, ex edil y ex director general de Educación Ambiental de la Junta y ahora coordinador general del Foro para el Desarrollo Sostenible de Andalucía, José Larios, entre otros.

A juicio de los firmantes, "una actuación de este tipo, en la que la falta de diligencia de la Administración hace que 40.000 metros de naves se levanten delante de las narices de todos sin poder/querer evitarlo, que no se inicie y se haga seguimiento a un expediente impoluto que desemboque en la imposición y cobro de una multa ejemplar y la demolición de lo edificado, provocan desconfianza en una administración débil, que no es capaz de imponer el cumplimiento de unas normas básicas de funcionamiento de nuestra sociedad".

También se opone el colectivo a la aprobación final del Plan Especial "por la manifiesta ilegalidad en la que se esta incurriendo", ya que "la sentencia del TSJA dejó bien claro, en su fundamento de derecho décimo, que este Plan Especial, en tanto desarrolla las determinaciones del PGOU, no puede contradecirlo ni innovar sus determinaciones estructurales, de ahí que no pueda desconocer las prohibiciones de uso que para el suelo que ordena (suelo no urbanizable de especial protección de la Vega del Guadalquivir) establecidas en el propio PGOU, estando prohibido para este tipo de suelo las industrias de almacenaje que requieran un gran consumo de suelo".

En consecuencia, "cualquier informe que se haya hecho justificando esta circunstancia es un informe presuntamente ilegal a sabiendas de su ilegalidad y con una clara responsabilidad para el funcionario que la suscribe".

Además, tampoco es aceptable, "por la incoherencia en relación a las parcelaciones ilegales. ¿Qué le dirá el Ayuntamiento a partir de ahora o a quien le pida legalizar sus 120 metros cuadrados de vivienda?. Todo lo avanzado hasta el momento en la pugna con las parcelaciones ilegales, cuyos propietarios exigen derechos sin haber cumplido con sus deberes y por tanto sin razón, se viene abajo por esta actuación incoherente".

De hecho, según los firmantes, "los tres partidos con representación en el Ayuntamiento (IU y PSOE en el gobierno y el PP en la oposición) han llegado por distintas vías a la misma posición de facilitar cobertura legal a las naves y todos se equivocan defendiendo unos intereses que, ni son los de la mayoría de la población, ni coinciden con el interés general". El Plan Especial ha sido dictaminado favorablemente el consejo rector de la GMU con los votos a favor de IU y PSOE y la abstención del PP.

En consecuencia, los firmantes concluyen solicitando "que sean revisadas las conclusiones del Plan Especial, con el fin de alcanzar la restitución de la realidad preexistente, esto es, la demolición del cien por cien de lo construido y a la nueva Consejera de Obras Públicas y Vivienda una actitud pro-activa en la consecución de este objetivo".




* 20 Minutos - EP. - 21.10.10
Foto: Córdoba, sede Arenal 2000 - córdoba

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El Plan Urbano de Llanes anulado por el juez ni siquiera entró en vigor, según el Supremo

LNE/Asturias* : El Plan General de Ordenación (PGO) de Llanes no sólo está anulado, como dictó el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en 2007. También es «ineficaz», es decir, en realidad nunca entró en vigor, según una sentencia reciente del Tribunal Supremo. La sala de lo contencioso -administrativo del alto tribunal considera que el planeamiento urbanístico del concejo llanisco no tiene aplicación por un defecto de forma, al no haberse publicado correctamente en el «Boletín Oficial del Principado de Asturias» (BOPA) el informe positivo de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

El Supremo acepta, de esta forma, el argumento del representante legal de la Junta de Compensación del plan parcial de La Talá, el catedrático de Derecho Administrativo Raúl Bocanegra, que recurrió en su día contra el Plan General. En primera instancia, la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias desestimó el recurso, que ha sido admitido en casación por el Supremo.

A grandes rasgos, el alto tribunal cuestiona la costumbre de la CUOTA de publicar en el BOPA sólo la parte literaria de sus informes, dejando de lado los planos y fichas que normalmente acompañan e ilustran los textos. El Supremo precisa que «la línea jurisprudencial reciente señala que cuando las fichas incluyan determinaciones con un claro valor normativo resultan de obligada publicación».

«Quiere esto decir», recalca el tribunal, «que cuando las normas urbanísticas no resultan descifrables ni entendibles por sus constantes remisiones a las fichas, haciendo de éstas no un instrumento auxiliar de la norma, sino un elemento esencial para su comprensión, al tiempo que se les confiere un contenido normativo impropio (...) les alcanza la exigencia de la publicación, que se extiende a todo cuanto tenga contenido normativo».

En concreto, la sentencia del Supremo critica que no vengan detallados en el informe publicado «los distintos ámbitos de suelo urbanizable sectorizado y suelo urbano no consolidado», ni se precisen «las características básicas específicas de cada uno de ellos, como el aprovechamiento urbanístico, usos o niveles de intensidad». Esa información está contenida en las fichas no reflejadas en el BOPA, con lo que el tribunal concluye que la publicación del informe es «incompleta».

En consecuencia, el Supremo acepta el recurso contra el acuerdo de la CUOTA que aprobó el Plan Urbano, «que declaramos ineficaz hasta que se proceda a su completa publicación, incluyendo las fichas y planos con contenido normativo».

La sentencia no sólo tiene relevancia en el concejo llanisco, ya que en teoría inhabilita al Ayuntamiento a conceder licencias urbanísticas por carecer de Plan Urbano, sino que abre la puerta a posibles recursos contra los planeamientos de otros concejos.

Los tropiezos jurídicos del urbanismo de Llanes no se limitan al plan anterior. Hace unas semanas se conoció que otra sentencia, en este caso del Juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de Oviedo, anulaba la adjudicación de la redacción del nuevo PGO al Grupo Malt, S. L., declarando nula la resolución de la Alcaldía a tal efecto y admitiendo el derecho de la parte recurrente a ser indemnizada por el Ayuntamiento de Llanes con la cantidad de 19.200 euros.





* La Nueva España - 22.10.10
Foto: Llanes (Asturias), macrourbanización La Talá - S.Cirilo, elpais.com

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La juez del 'caso Mercasevilla' imputa al primer alto cargo del Ayuntamiento

ELPAÍS* : La juez del caso Mercasevilla ha imputado al ex gerente de Urbanismo del Ayuntamiento, Manuel Marchena. Actual vicepresidente de la Asociación de Interés Económico de las empresas municipales, Marchena es uno de los dirigentes de máxima confianza y amigo personal del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE). La magistrada ha imputado asimismo a la subjefa del Servicio de Licencias de Urbanismo, Emilia Barrial, técnica responsable del área y pone en entredicho la gestión de ambos. Con las imputaciones, la juez busca aclarar el proceder de Urbanismo respecto a los suelos municipales de Mercasevilla, su concurso público, y las acusaciones realizadas por el promotor de Larena98, Antonio Pardal, en contra de Marchena.

Larena98 poseía los derechos de suelo de Mercasevilla y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero nunca obtuvo la licencia de obra para construir en ese terreno. Finalmente, tras los desacuerdos con Urbanismo, en 2005 la promotora renunció a los terrenos en favor de Sando. La constructora malagueña logró los derechos del suelo por un millón de euros, al año siguiente ganó el concurso público, obtuvo la licencia de obra, y construyó las naves proyectadas. La juez busca aclarar el concurso que considera "fraudulento" y por qué Urbanismo concedió la licencia a Sando cuando se la había denegado en repetidas veces a Larena98. "Los inculpados resolvieron (...) elaborar un pliego de condiciones que favorecieran claramente a Sando frente al resto de participantes, aunque su oferta económica fuera inferior", cree la juez. Sando se alzó con el concurso pese a que ofreció 106 millones y la constructora Noga 158 millones.

Marchena, uno de los directivos públicos mejor pagados de Andalucía (en 2009 declaró 170.749 euros), difundió ayer un comunicado en el que alega que ya se puso a disposición de la juez el pasado febrero, cuando acudió "de forma voluntaria" a los juzgados para declarar. Pero no llegó a comparecer porque la juez no lo consideró pertinente. "Sigo estando a disposición de la juez para aclarar lo que estime oportuno (..) No he cometido ninguna irregularidad en mi gestión pública y desconozco las causas de la imputación", puntualizó Marchena. El vicepresidente de las empresas municipales, que no quiso hablar más allá de lo aclarado en el comunicado, pedirá personarse en la causa para acceder al sumario.

La concesión de la licencia de obra a Sando es la principal razón de la imputación de Marchena, según fuentes del caso. Pero el directivo también deberá aclarar las acusaciones del promotor Pardal, que aseguró que Marchena le ofreció amañar el concurso de Mercasevilla. "A cambio de abandonar Mercasevilla (rescindir el contrato de superficie) me ofreció poder concursar en varios proyectos de VPO que me serían otorgados", declaró Pardal en sede policial y luego ratificó en el juzgado. El promotor abandonó el despacho de Marchena con los impresos para las ofertas "por cortesía", pero sabía que no participaría porque "su empresa no se dedica a construir viviendas".

Pardal aseguró haberse reunido con el alcalde cuatro veces para intentar desbloquear la situación. Pero le exculpó de conocer la oferta de concesiones ilícitas. "Me dio la impresión de que era un hombre desbordado por los acontecimientos. Se mostró harto del asunto", dijo sobre Monteseirín a la juez. El empresario acusó también a Marchena de pedirle que patrocinase el club Patín Macarena de hockey, a lo que accedió y "aportó cuatro o cinco millones de pesetas".

Las acusaciones de Pardal contra Marchena están basadas en su relato, al cual podría oponer su versión el ex gerente de Urbanismo y tumbar sus argumentos, ya que de momento no existen más pruebas en su contra porque Larena98 no ganó ningún concurso de VPO, según fuentes del caso.





* El País - 22.10.10
Foto: Sevilla, Mercasevilla - diariodesevilla.es

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El Concello de Vigo abre la vía para legalizar las torres de García Barbón

LAVOZDEGALICIA* : La Gerencia de Urbanismo de Vigo ha aprobado esta mañana la concesión de licencias para las torres de García Barbón, edificios que tienen una orden de derribo desde 1996 por no ajustarse al anterior PXOM. Con este trámite, el Concello de Vigo abre la vía de la legalización de las torres Ifer, de 17 alturas, cuyo derribo había sido ratificado por el Tribunal Superior de Xustiza a pesar de su inclusión en el actual plan urbanístico.

Además de la concesión de las licencias de las torres, donde está la sede del Círculo de Empresarios de Galicia, se va a presentar ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia un incidente de inejecución, esperando que la Justicia acepte la solución y anule la orden de demolición del edificio, que alberga 170 viviendas.

Aunque el Concello trató de legalizar las torres incluyéndolas con su actual configuración en el nuevo Plan Xeral, al igual que hizo con otros casos como el del edificio de Jacinto Benavente, el Tribunal Superior de Xustiza consideró que no era suficiente. En la sentencia recordaba que el edificio supera en altura la que autorizaba el estudio de detalle de la zona y también el máximo previsto por el Plan Xeral anterior, vigente cuando se aprobó y ejecutó este proyecto. Una segunda causa de anulación fue la falta de la firma del secretario municipal en el estudio de detalle y, finalmente, que las torres solo podían construirse si en paralelo se tramitaba la urbanización del terreno de la vecina fábrica de A Metalúrxica, cuyo solar sigue vacío todavía ahora.

El alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha querido matizar esta mañana que esta decisión se ha tomado por imperativo legal y no por voluntad política. El regidor ha insistido en que la ley obliga a adaptarlo al nuevo PXOM y ha querido dejar claro que ha llegado el momento de que en Vigo se acabe la impunidad contra los que incumplen la ley en materia urbanística.

En la sesión de la Gerencia de Urbanismo de hoy también se ha aprobado la suspensión de licencias en el ámbito de la Panificadora y la modificación del Pepri para que el edificio se pueda conservar en su totalidad y se pueda destinar a uso dotacional, es decir, público.





* La Voz de Galicia - 21.10.10
Foto: Vigo, torres - mundoanuncio

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Murcia.- Imputan a otras cinco personas en el caso Barraca por su relación con Peñalver

LAOPINIÓN* : La investigación del caso Barraca, la presunta trama de corrupción urbanística que tiene como principal protagonista a Joaquín Peñalver, arquitecto y ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo desde 1999 hasta 2006, avanza en paralelo a la operación Umbra. Otras cinco personas más acaban de ser imputadas por el Juzgado de Instrucción nº4 de Murcia, que instruye el sumario, por su supuesta relación societaria con el que fuera número tres de Urbanismo y acusados de un delito de cohecho y tráfico de influencias.

El auto dictado por el juzgado, al que ha tenido acceso esta redacción, establece que los nuevos imputados son Evaristo Vicente Candela, ex administrador de Promociones Broncho, Imagen Valenciana y Promociones Bamendi; Antonio Paredes Coves, administrador de Salpa Milenium; José Díaz García, presidente de la mercantil José Díaz García y Juan Carlos Zapata Triviño y Francisco Ginés Zapata Triviño, administradores mancomunados de la mercantil Promociones y Construcciones Zapata.

Estos nuevos imputados se suman a los otros catorce que ya había en este caso, algunos de ellos parientes del propio Peñalver, como su mujer, Sandra de la Puente; su padre, Joaquín Peñalver Ruiz, o su suegra, María Dolores Vázquez Sánchez, por lo que son ya 19 los acusados de integrar la presunta trama de corrupción, cuya investigación se inició hace casi cuatro años.

Según consta en el escrito fiscal que sirve de base al juzgado para ampliar las imputaciones en el caso Barraca, tanto Evaristo Vicente Candela como Antonio Paredes Coves, «tienen numerosas relaciones con Joaquín Peñalver y familia, al tiempo que gestionan la sectorización de suelos urbanizables que dependen del informe de Planeamiento del Ayuntamiento». También especifica que empresas relacionadas con estos nuevos imputados pagaron directamente al ex número tres de Urbanismo 86.000 euros en 2004 y 58.000 euros a su mujer en 2004.

Asimismo, entregaron 72.333 euros en 2004 a Francisco Peñalver Motas, hermano del ex jefe de Planeamiento, y 10.848 euros en 2005 a la mercantil Peñalver Arquitectos y Asociados, estudio de arquitectura de la familia del principal encausado en el caso Barraca.

Posteriormente, según relata el fiscal en su escrito, el estudio de arquitectos habría cobrado 1,1 millones de euros en 2005; 162.295 euros en 2006 y 1.2 millones de euros en 2007 de la empresa de uno de los imputados, «al tiempo que Arquitectos Peñalver y Asociados le compra bienes o servicios por valor de 12.000 euros en 2005 y 210.453 euros en 2006».

En cualquier caso, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Murcia establece, en el auto en el que detalla los nuevos imputados, que los acusados y sus empresas tienen relación con la compra-venta de terrenos afectados por modificaciones puntuales del Plan General de Ordenación Urbana, de las que informaba el ex jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo, que cinco días antes de que la Fiscalía abriera diligencias en marzo de 2006 se marchó de la concejalía de Urbanismo en excedencia voluntaria por cuidado de hijo menor de tres años.

Joaquín Peñalver también ha sido imputado en la operación Umbra, que se desarrolló en Murcia el pasado cinco de octubre con la detención de uno de sus socios en el caso Barraca, Renato de Noce; del entonces gerente de Urbanismo, Alberto Guerra y del abogado Higinio Pérez Mateos (el caso Umbra lo lleva el Juzgado de Instrucción Número 8).





* La Opinión Murcia - 21.10.10
Foto: Alberto Guerra, gerente de la concejalía de Urbanismo, detenido el pasado 5 de octubre en la operación Umbra - laopinión

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Cambia el gobierno... ¿las políticas?

JUAN LÓPEZ DE URALDE* : Siempre que hay una remodelación de Gobierno, hay nuevos rostros y con ellos llega una cierta sensación de renovación. Sin embargo la cuestión relevante es si estos cambios suponen o no un giro real en las políticas. Mi punto de vista es que se tratará de una remodelación puramente cosmética, ya que, en general, son los mismos personajes que han acompañado a Zapatero en estos años: Rubalcaba, Trinidad, Pajín….Así que no hay que esperar cambios más allá de una operación fundamentalmente de renovación de caras y de carteras. Además elimina uno de los ministerios que más molestaban a la derecha, el de Igualdad. Ha despertado especial curiosidad el cambio em Medio Ambiente, por la llegada de Rosa Aguilar. Vaya por delante que el cese de Espinosa llega con dos años de retraso, pero en todo caso es bienvenido.

¿Qué va a hacer Rosa Aguilar en Medio Ambiente? Es una incógnita que debería resolver de manera rápida adoptando medidas que habían quedado relegadas. Alguna idea: demoler el Algarrobico, promover las renovables, 30% de reducción de emisiones de CO2….

En definitiva, no hay ya demasiado espacio después de la oleada de políticas antisociales y antiambientalesde ZP, para la esperanza en su nuevo gobierno. Ojalá me equivoque.




* Juantxo.org - 20.10.10


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Urbanismo pasa al pleno de Córdoba la legalización de las naves de Sandokán

ELPAÍS* : Ya solo queda la aprobación del pleno de Córdoba para la legalización de las naves construidas irregularmente por Arenal 2000, la empresa del joyero Rafael Gómez, alias Sandokán, en las inmediaciones del área protegida de Medina Azahara. La Gerencia Municipal de Urbanismo dio luz verde ayer al dictamen para la aprobación definitiva en el Ayuntamiento del plan especial Carretera de Palma, que ordena el espacio donde se levantaron las naves industriales. La tramitación del plan sigue adelante, a pesar del duro informe emitido en septiembre por la Delegación de Obras Públicas, en el que se seguían destacando importantes inconvenientes, principalmente por el uso que se va a dar a las naves y el porcentaje de ocupación de las mismas, al tiempo que pedía más aclaraciones.

El informe de Obras Públicas no es vinculante. No obstante, el concejal de Urbanismo, Francisco Tejada, defendió ayer que la Gerencia Municipal de Urbanismo "ha dado cumplida cuenta de las peticiones de la Delegación". Tejada defendió que la actividad prevista para las naves es la de un uso "industrial de almacenaje (...), que está contemplado en el PGOU y que permite la venta al por mayor. El PGOU no entiende esta actividad como comercial, sino industrial", dijo. La Delegación de Obras Públicas sí cree que esa actividad es comercial.

En cuanto a la ocupación final de las naves, el Ayuntamiento cordobés no se ha apeado de sus tesis originales y prevé la demolición de menos de la mitad de las naves.

En el PSOE cordobés, aliado de IU en el Ayuntamiento, existe un fuerte debate sobre este asunto. La posición que se ha venido defendiendo los últimos años era el de la mano dura: tirar como mínimo la mitad de las naves. Pero la llegada de la ex alcaldesa de Córdoba, Rosa Aguilar, a la Consejería de Obras Públicas, ha cambiado las tornas. Aguilar apuesta ahora por aprobar el actual plan, que obliga a la demolición de 15.000 metros cuadrados de los 40.000 que tienen las naves. Es decir, el 62,5% de los inmuebles podrían ser legalizados.

La aprobación del dictamen contó con los votos a favor de IU y PSOE. El PP Se abstuvo. Victoria Fernández, concejal socialista y presidenta de la empresa municipal de la vivienda, Vimcorsa, se ausentó de la reunión por motivos de salud.

La votación en pleno del plan Carretera de Palma no ocurrirá hasta que el Tribunal Supremo dictamine acerca del recurso interpuesto por Sandokán a la anulación del anterior plan en 2008. Si Sandokán retirara el recurso, despejaría el camino para la aprobación definitiva del nuevo marco urbanístico de la zona.





* El País - 20.10.10
Foto: Córdoba, naves Colecor - terra.es

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Nuevo destino para el ex director de la Gerencia de Urbanismo, imputado en una operación de corrupción en Murcia

20MINUTOS* : El ex director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, detenido y en libertad bajo fianza de 70.000 euros en el marco de la operación Umbra, que investiga una presunta corrupción urbanística en el municipio de Murcia, ya tiene nuevo destino. En concreto, se le atribuyen las funciones de conformidad con su categoría funcionarial las tareas de asesoramiento jurídico de los servicios municipales de Vía Pública, Programas Europeos, Agencia Local de la Energía, Vivienda, y Parques y Jardines.

Según han informado a Europa Press fuentes municipales, la Junta de Gobierno decidió ayer admitir la renuncia del que fuera gerente de Urbanismo para asignarle a una nueva tarea.

La operación Umbra se enmarca en un procedimiento por malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública, iniciado por una denuncia de la Fiscalía.

En este sentido, a Guerra se le imputan los delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios, y tiene la obligación de comparecer mensualmente en el juzgado y prohibición de salida del territorio nacional.





* 20 Minutos - EP. - 21.10.10
Foto: Murcia, ayuntamiento - murciaconfidencial

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Greenpeace acude al TSJA para que no se legalice el hotel del Algarrobico

EFE/Almería* : Greenpeace solicitó ayer al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que tome "las medidas oportunas" para que se dé cumplimiento al auto de 25.11.2008 que ordenó la paralización del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de Cabo de Gata-Níjar, en Almería. Greenpeace pretende que el TSJA requiera "personalmente" al consejero de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, José Juan Díaz Trillo, a cumplir este pronunciamiento judicial que obliga a todas las administraciones a suspender todas las actuaciones encaminadas a urbanizar El Algarrobico, en Carboneras (Almería), hasta que no se resuelva el pleito sobre el PORN que tramita este Tribunal.

En un comunicado, la organización ecologista avisó que la Consejería de Medio Ambiente prepara un decreto sobre la Modificación del Régimen de Planificación de los Usos y Actividades en los Parques Naturales de Andalucía, en el que se da prioridad a las normas urbanísticas municipales sobre los PORN de estos espacios protegidos. Esta línea de actuación, subraya Greenpeace, significaría la legalización del hotel de El Algarrobico, extremo que Díaz Trillo negó ayer.

El consejero de Medio Ambiente subrayó en Cádiz que la Junta de Andalucía "no quiere que siga en pie" el hotel, pero recalcó que no pueden tirarlo "porque se encuentra en diversas causas judiciales". El consejero aseguró que el nuevo decreto de parques naturales no legaliza en absoluto la construcción de este hotel.





* Málaga Hoy - EFE - 20.10.10
Foto: Algarrobico demolición - greenpeace.org

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