Murcia.- Tres detenidos por blanquear 1,5 millones en la construcción

LAVERDAD : La Agencia Tributaria ha desmantelado en los últimos quince días una red que podría haber blanqueado 1,5 millones de euros y que operaba en el sector de la construcción en varias localidades de Murcia. La operación se ha saldado con tres detenidos en la Región y la incautación de 71.000 euros, tres automóviles, una motocicleta, sellos falsos, un arma de fuego y munición.El principal responsable de esta trama había creado con la complicidad de otras personas de su entorno familiar un entramado empresarial, según informó ayer la Agencia Tributaria. El objetivo de éste era ocultar las ganancias ilícitamente obtenidas, presuntamente constituyendo a nombre de testaferros sociedades patrimoniales, reservándose poderes sobre las mismas y realizando, a través de estas empresas, importantes inversiones inmobiliarias y financieras y adquisiciones de vehículos de lujo.

La 'Operación Bolos' arrancó en mayo de 2009 cuando funcionarios de la Agencia Tributaria de Murcia detectaron importantes operaciones de movimiento de capitales sin declarar o declaradas incorrectamente, realizadas por personas que ya habían sido condenadas por su participación en delitos contra la hacienda pública y falsedad documental.
En el curso de las investigaciones se comprobó que se transfirieron más de 4,5 millones de euros en billetes de alto valor facial simulando el pago de falsas prestaciones de servicios y de compras de materiales de construcción. Las sociedades supuestamente vendedoras no ejercían realmente ninguna actividad, ni poseían patrimonio alguno y sus administradores y socios eran personas insolventes.
Durante el operativo se han efectuado registros domiciliarios en Las Torres de Cotillas, donde se ha intervenido abundante documentación sobre los fraudes cometidos. Además, se han incautado 71.000 euros en efectivo (142 billetes de 500), tres automóviles de lujo, una motocicleta de alta cilindrada, tres sellos de la Agencia tributaria, tres sellos de entidades financieras, un arma semiautomática ilegal y 70 cartuchos. Asimismo, se han adoptado medidas cautelares contra seis inmuebles, 40 productos financieros y los cuatro vehículos.
En la operación, los agentes han detenido en Murcia al principal implicado en la trama y la emisión de facturas falsas, junto con dos testaferros. Todos ellos están acusados de un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a unos delitos previos de fraude fiscal y falsedad documental. Todos los detenidos y los géneros intervenidos han pasado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción en funciones de guardia de Molina de Segura. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones en los próximos días y la adopción de nuevas medidas cautelares.





* La Verdad - 12.10.10
Foto: Murcia, construcción (archivo) - laverdad.es

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Cotino se queda sin dinero para asegurar los pisos de la Agencia Valenciana de Alquiler

ELPAÍS* : Las dificultades económicas del Consell han alcanzado a su red de mediación de alquileres. El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y vicepresidente tercero, Juan Cotino, ha renunciado a contratar una póliza de seguros para cubrir impagos y posibles daños en las viviendas alquiladas a través de la Agencia Valenciana de Alquiler, lo que supone un grave contratiempo para ese servicio público, que ya no ofrece cobertura a quienes ponen en sus manos pisos en alquiler.

Licitado el pasado mes de mayo por 5,6 millones de euros, al seguro frente a "riesgos de impago y daños por actos vandálicos en el continente por parte del inquilino en viviendas arrendadas a través de la red de mediación de la Agencia Valenciana de Alquiler" presentaron documentación una docena de empresas del sector, como Mapfre, Banco Vitalicio, Asefa o Catalana Occidente. Sin embargo, el 30 de septiembre publicaba el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana una resolución de la secretaria autonómica, María Ángeles Ureña, en la que se hacía pública "la renuncia a la celebración del contrato".

Los motivos aducidos por el departamento que dirige Cotino eran bien explícitos: "Como consecuencia del actual escenario económico de contención presupuestaria del gasto, se ha producido una reducción presupuestaria, tanto en el ejercicio corriente como en la programación del presupuesto del próximo ejercicio, lo que ha obligado a una reprogramación de las políticas de gasto acorde con las exigencias económicas actuales". La diputada socialista María José Salvador recuerda que la póliza de seguros es una condición sine qua non para que funcione la red de alquileres. Por ello, en su opinión, la renuncia "implica en la práctica el desmantelamiento de la red de mediación de alquileres". "Todavía se hacen modificaciones de crédito para pagar la visita del Papa y avales para financiar la fórmula 1", comenta Salvador, "pero para una función social como la de ayudar al alquiler de viviendas no llega el dinero".





* El País - 13.10.10
Foto: Valencia, palau Generalitat - comarcarural.com

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Pozuelo invirtió 9,6 millones en un parque bajo sospecha

PÚBLICO/Madrid* : La investigación judicial abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por qué el ayuntamiento decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en un parque presupuestado en 4,5 millones ha avanzado en una dirección que puede complicar más aún las cosas al Gobierno del PP. Máxime cuando se trata de un municipio involucrado desde primera hora en el caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción resuena en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado como el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas inmediaciones se construyó.

Por ahora, el único imputado es el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex parlamentario autonómico del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha contado al juez que en esa extraña operación que benefició a dos filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex presidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel (aunque el juez podría levantar en breve la imputación contra Estrada). Y también seguía instrucciones, sostiene el ingeniero, de Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado sucedió a Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007 dimensiones presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de Urbanismo.

El pasado viernes, la portavoz municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció que su partido ya ha pedido la imputación de Yolanda Estrada y exigió "responsabilidades políticas" a Aguado. La apertura de diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz de una denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó mal desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre contratos públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo importe supere el 20% del contrato original debe someterse de nuevo a licitación. "Y eso se ha incumplido, como se han incumplido todos los trámites de legalidad", se lamenta la edil.

Viaje a Bruselas

Ese año, los tres munícipes citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas con una misión inusual incluso para una localidad rica como Pozuelo: comprar árboles y plantas en un vivero. De allí se trajeron un árbol que costó al erario municipal de Pozuelo 110.578 euros.

El PP revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol centenario de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo contó al juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el umbral" para comprarlo de forma legal.

El actual regidor de Pozuelo, a quien Público inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre aquel desplazamiento a Bruselas, respondió por escrito que "desconoce" el coste de ese viaje. Pero el periplo belga, y así lo aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión Temporal de Empresas (UTE) que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto Instalaciones y Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras Civiles SA. Las dos primeras pertenecían al grupo de Constructora Hispánica, que ahora ha cambiado de nombre y de accionistas.

Según Aguado, fueron a Bruselas con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por mail no para comprar un árbol sino diversas especies vegetales (flor, arbusto, árboles, etcétera) con el fin de obtener vegetación ya consolidada para que los vecinos pudieran disfrutar del parque en el menor tiempo posible".

Dado que el alcalde de Pozuelo no aceptó hablar con este diario, fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a 1.600 kilómetros.





* Público - 13.10.10
Foto: Este árbol centenario de la especie Quercus Palustris costó a las arcas municipales 110.578 euros.

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Málaga: El hotel de Moneo, querido por las instituciones pero rechazado por varios colectivos

ELMUNDO* : El proyecto de hotel diseñado por el prestigioso arquitecto Rafael Moneo y previsto por Promociones Braser en la calle Hoyo Esparteros, junto al río Guadalmedina, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Málaga y Junta de Andalucía, pero tiene el rechazo de algunos colectivos sociales como la Asociación de Defensa del Patrimonio Málaga Monumental, la Asociación de Monitores Medioambientales Almijara y la Asociación para la Defensa y Difusión del Patrimonio de la Costa del Sol Occidental, Cilniana. Las administraciones públicas acordaron recientemente modificar el Pepri Centro en la orilla este del río Guadalmedia para regularizar las edificaciones que ahora están fuera de ordenación e incrementar la altura establecida, lo que posibilitará la aprobación del proyecto impulsado por Braser, el cual prevé la construcción de un hotel de ocho plantas, más baja más ático, el doble de lo actualmente permitido.

En estos momentos la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Málaga trabaja en la elaboración del estudio requerido por la Consejería de Cultura de la Junta para iniciar la modificación del planeamiento y en breve comenzarán las reuniones de la comisión técnica prevista para hacer posible dichos cambios, según confirmaron a este periódico fuentes de Urbanismo.

La altura máxima posible hasta ahora es de cinco plantas, pero el Consistorio ha instado la revisión de toda la fachada del río desde calle Cisneros hasta el colegio público Luis de Góngora.

El acuerdo institucional ha activado una movilización ciudadana en las redes sociales y hasta el momento se han reunido 160 firmas en un manifiesto contrario a la construcción del hotel, ya que se considera que la elevación generalizada de alturas en el margen izquierdo del río «consolidará una barrera física y visual, iniciada en décadas pasadas, que dividirá para siempre la ciudad moderna de la histórica, con el peligro de iniciar un efecto dominó de impredecibles consecuencias».
Muestra de la arquitectura malagueña

Este documento recuerda que en los terrenos previstos para el hotel «tan solo queda un edificio, conocido como La Mundial, que formaba parte del catálogo de edificios protegidos del Ayuntamiento de Málaga, pero que recientemente descatalogaron para allanar así el camino». Se trata de «una valiosa muestra de la arquitectura malagueña decimonónica que, con sus cierros curvos y su abigarrada rejería, hace de contrapunto al sobrio Mercado de Atarazanas». Dicho edificio será derribado para posibilitar la construcción del hotel.

Asimismo, los firmantes del denuncian «la destrucción de una parte significativa de la trama del centro histórico a pesar de estar protegida como BIC», pues desaparecerá la actual plaza triangular, en la cual se instalaron los esparteros a partir de 1728, en un espacio en forma de V delimitado por el desaparecido castillo de San Lorenzo, la plaza de Arriola y el paredón del Guadalmedina. La forma de la plaza quedó así condicionada por la actividad –en ella se maceraba el esparto– y por la construcción de talleres, almacenes y viviendas, algunas todavía en pie.

No obstante, el manifiesto aclara que los firmantes no están en contra del edificio proyectado por Moneo, «sino del lugar elegido para levantarlo», pues consideran que hay en la ciudad ubicaciones «mucho más idóneas donde su encaje urbano sería menos problemático».

A su juicio «resulta paradójico que nuestros políticos se unan por primera vez para ir en contra de los ciudadanos» y defiendan en su lugar «intereses particulares».

Por su parte desde el Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga se considera positiva la intervención de Moneo en la zona, pero se cuestiona que sea precisa la modificación del Pepri Centro, pues con el proyecto hotelero se podía justificar la posibilidad de hacer una excepción puntual y permitir el exceso de altura sin necesidad de revisar el Plan Especial del Centro.





* El Mundo - 10.10.10
Foto: Recreación del hotel de Moneo. | ELMUNDO.es

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Una lectura ambiental de los Presupuestos 2011

JUAN LÓPEZ DE URALDE* : En los últimos meses se han sucedido diversas convocatorias electorales que han tenido un nexo común: el progresivo avance de opciones políticas que tienen el ecologismo como eje fundamental de su acción. El caso más reciente, y sonado ha sido el espectacular avance de la brasileña Marina Silva quien, a la cabeza del Partido Verde, ha rozado el 20% de los votos. Gracias a ello puede convertirse en árbitro del futuro de aquel país. El resultado de Marina Silva en un país clave en el tablero global acaba con el falso mito de que las políticas ecológicas son solo un lujo para los países ricos, poniendo de manifiesto que el sentido de identificación con ideas que buscan la sostenibilidad ecológica está cada vez más extendido por todo el globo. Pasados unos meses desde el fracaso de la Cumbre de Copenhague, parece que el mundo empieza a sacudirse la capa de tristeza y escepticismo que trajo el pobre resultado de aquella reunión sobre cambio climático. Y lo está haciendo de una forma inesperada, pero significativa: apoyando con el voto el avance de propuestas ecologistas.

De hecho, ahora los problemas ambientales estarán en el centro del debate en la segunda vuelta electoral de Brasil, ya que ambos candidatos tratarán de arrastrar a su terreno los 20 millones de votos verdes.

De alguna manera, la incapacidad de los líderes mundiales para dar la respuesta adecuada y necesaria a problemas globales tan acuciantes como el cambio climático o el hambre y la pobreza, está generando corrientes de opinión que empiezan a aflorar a través de propuestas políticas que, como la brasileña, irrumpen de manera novedosa en el panorama. Y es que parece que la impotencia puede transformarse en acción positiva, si ese descontento se encauza hacia nuevas propuestas y nuevas formas de organización. Ello es lo que pretendemos también con Equo.

Esta nueva marea verde se produce mientras en España nos encontramos inmersos en el debate presupuestario. Unos Presupuestos, los de 2011, de marcado carácter restrictivo del gasto público. El giro antisocial del Gobierno de Zapatero ha sido respondido nada menos que con una huelga general, cuyas demandas, de momento, no parece escuchar el presidente del Gobierno. Desde mi punto de vista, este giro del Gobierno socialista comienza a percibirse cuando en el comienzo de la segunda legislatura, Zapatero fusiona los Ministerios de Medio Ambiente y Agricultura, y entrega su gestión a una persona, Elena Espinosa, totalmente alejada de cualquier planteamiento mínimamente cercano a posiciones ecologistas.

Desde entonces las cuestiones ambientales no han tenido un peso relevante en la acción del Gobierno de Zapatero. Por más que en 2008 anunciase que el cambio climático sería uno de los tres ejes de su actuación, lo cierto es que el proceso de abandono de lo ambiental ha sido evidente. La razón detrás de ese abandono no es otra que la aceptación de las presiones que se ejercieron desde distintos sectores económicos contra las políticas ambientales que pretendían lograr medidas tan poco revolucionarias como el control del urbanismo en la costa, la protección de los espacios naturales valiosos, el cumplimiento del Protocolo de Kioto, la defensa de los recursos marinos o el cierre progresivo de las centrales nucleares.

Los Presupuestos Generales presentados por el Gobierno para 2011 profundizan en este abandono. Ciertamente, el recorte presupuestario ha afectado a todos los Ministerios. Pero, después de Fomento, es Agricultura -que actualmente incluye Medio Ambiente- el segundo departamento que ha sufrido un mayor recorte. Pero todavía es más alarmante conocer que apenas el 5% del total presupuestario de este Ministerio se dedica a políticas de protección ambiental. Por ejemplo, para el cambio climático, el Ministerio dedicará en 2011 exactamente el 2,3% de su presupuesto. Con estos datos en la mano es muy difícil que temas que ocupan los primeros puestos entre las preocupaciones globales dejen de ser marginales en nuestro país.

Dedicando presupuestos tan exiguos es imposible alcanzar los ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones contaminantes establecidas como necesarias por el IPCC.

No existe justificación alguna para explicar esta marginación a la que el Gobierno ha llevado al medio ambiente. España, por su situación y sus condiciones geoclimáticas, está tan necesitada, o más, que el resto de Europa de políticas activas que tengan en consideración la necesidad de restablecer el equilibrio entre el entorno y la actividad humana.

En esta desidia, que se plasma en acuerdos que jamás llegan a cumplirse y que se convierten en meras declaraciones de intenciones; esta falta de un compromiso serio por nuestro planeta y por el presente y futuro de todos sus habitantes, está provocando una nueva corriente mundial que mira a la Tierra no solo como el proveedor de los recursos que necesitamos para subsistir, sino como el marco en el que vivimos y que es necesario preservar. España no debe seguir ajena a esta corriente, porque necesita, como ningún otro país, un giro ambiental.


* Juan López de Uralde es líder de la Plataforma Equo.




* El País - Opinión - 13.10.10


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El 'número dos' de Urbanismo de Murcia cobró 600.000 euros tras un convenio

ELPAÍS* : Los dos principales implicados en la Operación Umbra que ha destapado una presunta red de corrupción en el Ayuntamiento de Murcia (PP): el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, y el abogado Higinio Pérez Mateos, cerraron una operación por la que cobraron más de 600.000 euros en una venta de parcelas en el pequeño municipio de Ulea. Esta venta se cerró mientras el funcionario tramitaba un convenio urbanístico en la Gerencia del Ayuntamiento murciano. Los investigadores consideran que este dinero pudo haber sido el pago realizado a cambio de que el funcionario hiciera la vista gorda, beneficiando a los empresarios, y perjudicando por tanto las arcas municipales.

El 23 de diciembre de 2004, el detenido Pérez Mateos firmó un convenio urbanístico con el alcalde de Ulea, José Bolarín Cano (PP). El primer edil de este pequeño municipio se comprometía a reclasificar 2,7 millones de metros cuadrados de terreno rústico. Pérez Mateos no era propietario de estas fincas, pero sí había firmado una opción de compra con los dueños originales. De hecho, este abogado no compra de forma efectiva las fincas rústicas hasta que no llega a un acuerdo con los promotores de la urbanización Los Juncos de Ulea Golf Resort, que incluye 4.400 viviendas, un campo de golf y un hotel. El análisis de las escrituras constata que en la venta de Higinio Pérez Mateos a los promotores de la urbanización participa Alberto Guerra, considerado el número dos de Urbanismo.

La operación, según la acusación, se habría desarrollado así: Guerra beneficiaba a unos empresarios en Murcia valorando muy por debajo del precio de mercado la contrapartida que tenían que abonar al Consistorio a cambio de que le aumentaran la edificabilidad de sus parcelas. La investigación considera que la forma de pago por estos servicios era incluir a este funcionario en una operación urbanística en otro municipio, concretamente Ulea, encabezada por Pérez Mateos. Este abogado era socio en otra empresa del tercero de los detenidos, el empresario italiano Renato de Noce. Ambos son consejeros delegados de una sociedad radicada en Valencia denominada Paisajes Urbanos del Mediterráneo. A su vez De Noce aparece como socio del número tres del Urbanismo murciano, Joaquín Peñalver, imputado en el caso, y que compartía negocios con los empresarios beneficiados en Murcia.

Guerra fue interrogado sobre esta operación de Ulea por el juez tras ser detenido el 5 de octubre. Los investigadores creen también que este funcionario hizo la vista gorda cuando los empresarios engordaron el precio que costaba la contrapartida que debían pagar al Consistorio a cambio de que se le elevara la edificabilidad de sus parcelas, que consistía en la remodelaron un edificio histórico: el Casino. En ese sentido los agentes detectaron al menos dos facturas de los trabajos de remodelación que podrían ser falsas.

La puesta en marcha del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Murcia, que se aprobó en 2005 permitía a las empresas que querían un aumento de la edificabilidad obtener las plusvalías a cambio de una contraprestación al Ayuntamiento, que valoraban los propios técnicos, ahora imputados. Por eso, al menos dos de los convenios investigados incluían la remodelación y posterior cesión al Consistorio de edificios: el mencionado Casino y el Teatro Circo.

Un informe de la Intervención General del Estado sostiene que en los seis convenios que investiga el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia, David Castillejos, el Ayuntamiento perdió más de 300 millones de euros.

En la Operación Umbra ha habido hasta el momento tres detenidos y una veintena de imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, además de falsedad en documento mercantil y delito contra la Hacienda Pública.





* El País - 13.10.10
Foto: Murcia, plaza Catedral y polémico edificio Moneo - wikipedia.org

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Sancionan al Consistorio de Alhaurín por el accidente de la escuela taller

SUR/Málaga* : El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande será sancionado con 18.626 euros por la Autoridad Laboral después de que la Inspección de Trabajo detectara una serie de irregularidades en las tareas que estaba desempeñando la Escuela Taller Fahala VII el pasado mes de febrero, cuando se produjo un accidente en el que resultaron heridos siete jóvenes, según informó ayer la Junta de Andalucía. En concreto, según la Delegación del Gobierno autonómico, se ha verificado que el proyecto de obra «carecía de Plan de Seguridad y Salud» y que el contrato del arquitecto que supervisaba la obra estaba en «fraude de ley», unas infracciones que califica de «graves», por lo que, a propuesta de la Inspección de Trabajo, se ha impuesto esta multa al promotor de la actuación, en este caso el Consistorio.

A ello se suma otra sanción de 45.078 euros ordenada por la Dirección General de Seguridad y Salud Laboral de la Consejería de Empleo porque el Ayuntamiento «vulneró» la normativa que prohíbe a menores de 18 años trabajar en andamios, si bien este expediente ha quedado en suspenso hasta que no se dicte sentencia firme del caso, que aún investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Coín. En el comunicado remitido por la Junta se apunta a que el accidente lo motivó la rotura de uno de los muros de carga de la casa antigua del Huerto del Jorobado, donde estaban trabajando 18 alumnos de la escuela taller. El resultado del desplome fue el de siete jóvenes heridos, cuatro de ellos menores de edad y dos de ellos de carácter grave, teniendo que ser trasladados al Hospital Clínico Universitario donde permanecieron ingresados varios días.
La rotura del muro de carga se produjo por diferentes razones, según la Inspección de Trabajo, entre ellas su escasa resistencia al estar formado por ladrillos huecos, la debilidad de la base del tejado o el aumento del peso de la cubierta a consecuencia del agua de lluvia, entre otros condicionantes.
El Ayuntamiento lo niega
Por su parte, el equipo de gobierno de Alhaurín el Grande rechazó ayer las conclusiones de la Junta, asegurando que la documentación para el proyecto se estaba tramitando pero «no era necesaria ya que los alumnos no habían comenzado la ejecución de obra alguna, se estaban realizando prácticas y tareas menores que no necesitaban aún dicho proyecto». El Ayuntamiento reiteró que el accidente fue fortuito debido principalmente a la lluvia y anunció que presentará una denuncia por difamación contra la delegada de la Junta, María Gámez, por «tales mentiras».





* SUR - 12.10.10
Foto: Traslado en camilla de uno de los siete heridos en el accidente, que se produjo el pasado mes de febrero - diariosur.es

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La Xunta abandona la batalla judicial contra el urbanismo de Barreiros

ELPAÍS/Lugo* : En Barreiros un alcalde del PP, Alfonso Fuente Parga, dio en un solo año licencia para edificar 5.800 pisos, para cuadruplicar la población de un municipio con 3.300 habitantes. Lo hizo, junto a dos de sus concejales, también del PP, en una junta de gobierno y, sabiendo que cometía una ilegalidad, porque así se lo había transmitido en sus informes la secretaria municipal. La mayoría de los suelos donde los constructores pronto empezaron a levantar edificios tenía la condición de urbano no consolidado, según establece la Lei de Ordenación Urbanística e de Protección do Medio Rural de Galicia, puesto que las obsoletas normas subsidiarias de Barreiros no se adaptaron a la norma y las fincas carecían de servicios básicos.

Pese a todo lo anterior, el gobierno del PP siguió adelante con el procedimiento, hasta que el bipartito, tras advertir reiteradamente al alcalde- impugnó en los tribunales 44 de esas licencias -para levantar 3.174 pisos- y suspendió las normas subsidiarias de este municipio de A Mariña lucense que la publicidad de las constructoras empezaba a vender como localidad de veraneo. Tras analizar el proceso y recabar la información de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística, el fiscal jefe de Lugo decidió presentar una denuncia por la vía penal contra el alcalde popular, sus tres ediles y la arquitecta municipal que avaló los planos. Todos están acusados de prevaricación urbanística en un caso que estudia un juzgado de Mondoñedo.

La Xunta de Alberto Núñez Feijóo y su conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, están dispuestos a legalizarlo todo. Primero destituyeron al director de la APLU que había capitaneado la lucha contra el caos inmobiliario de Barreiros. Casi al mismo tiempo frenaron cuatro de los contenciosos que la agencia iba a presentar con el aval de la Asesoría Xurídica de la Xunta y solicitaron la suspensión de los recursos que la anterior conselleira de Política Territorial, María José Caride, había interpuesto contra las licencias adjudicadas por la junta de gobierno de Barreiros. Meses después, la nueva Xunta firmó un convenio a tres, junto al propio alcalde denunciado por la fiscalía y la Diputación de Lugo, que preside el socialista José Ramón Gómez Besteiro, para dotar de servicios a las polémicas urbanizaciones con un coste para las arcas públicas de 14 millones de euros y regularizar el descontrol urbanístico del municipio. En virtud de este acuerdo, la Xunta aportará 5,6 millones, la institución provincial 1,2 y el Ayuntamiento otros 7,2 millones que espera recaudar de los promotores inmobiliarios, si bien este último detalle no figura en ningún acuerdo escrito.

Entretanto, el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Lugo, que estudiaba buena parte de las 44 impugnaciones realizadas por el bipartito contra los permisos para edificar que concedió Fuente Parga, acaba de remitir 20 escritos a la Xunta en los que advierte de que ya ha transcurrido el plazo de 60 días desde que el Gobierno gallego pidió suspender los recursos que heredó de sus antecesores. En otros tantos autos, el juez acuerda el archivo provisional del proceso promovido por el letrado de la Xunta en nombre y representación de la Consellería de Medio Ambiente. Y advierte de que "los autos permanecerán en esa situación mientras no se solicite la continuación del proceso o se produzca la caducidad de la instancia".

Y eso es precisamente lo que ha decidido el actual Gobierno gallego: dejar morir de inanición el proceso en los tribunales, con lo que en año y medio esas urbanizaciones estarán legalizadas. El plazo caducaría en marzo de 2012, pero mucho antes Hernández y Feijóo ya han planeado subsanar la problemática por la vía administrativa. Eso es al menos la respuesta que ha dado la Consellería de Medio Ambiente a este periódico. "En Barreiros existen dos vías: la administrativa y la judicial, y tanto el Ayuntamiento como la Xunta y la Diputación trabajamos en la primera de ellas", aclara un portavoz autorizado de la Xunta. La misma fuente sostiene que en la suspensión de los contenciosos se ha actuado por coherencia porque seguir con ellos "sería una contradicción con lo acordado conjuntamente con las tres administraciones".
Sin noticias de la Asesoría Xurídica

Hasta tres veces ha solicitado formalmente la oposición el preceptivo informe de la Asesoría Xurídica de la Xunta que debe avalar el convenio que legaliza el caos urbanístico de Barreiros. La Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras se niega a entregar ese dictamen y la petición del PSOE para obtenerla por los cauces reglamentarios en el Parlamento ha caído en saco roto. Preguntado por el aval de la Asesoría Xurídica a este polémico proyecto, el propio presidente, Alberto Núñez Feijóo dudó de que este pudiese ser entregado a la oposición y los medios de comunicación puesto que fue remitida al Consello de la Xunta para que deliberase.

La respuesta es inaudita -este mismo Gobierno ha entregado a la prensa informes de la Asesoría Xurídica desde que llegó al poder en varias ocasiones- y la kafkiana solución propuesta por Feijóo no acaba de dar resultados. El presidente alegó en sede de Gobierno que se pediría un segundo dictamen al mismo organismo para pedirle opinión sobre si se podía hacer público el primero de los informes. Varios meses después de que se solicitase esta información, no se conoce ninguno de los dictámenes pese a las repetidas solicitudes de este periódico a la consellería de Agustín Hernández.

La postura de la Asesoría Xurídica es clave, puesto que el convenio de Barreiros prevé legalizar actuaciones que este mismo organismo impugnó en los tribunales hace menos de dos años. La regularización que prevé llevar a cabo el Gobierno gallego parte de la declaración de incidencia supramunicipal, un mecanismo excepcional previsto para salvaguardar el interés público que permite a la Xunta arrogarse las competencias municipales.





* El País - 11.10.10
Foto: Barreiros (Lugo), edificios denunciados - lavozdegalicia.es

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Estadios y urbanismo en los tribunales

LEVANTE/Valencia* : Promotores que presiden clubes de fútbol, proyectos urbanísticos ligados a nuevos estadios e investigaciones judiciales. El Nou Mestalla y la Nueva Condomina guardan varias similitudes, aunque la imputación de delitos y las detenciones sólo se han dado en Murcia. En Valencia la Fiscalía archivó el caso de la permuta. La construcción de un nuevo estadio de fútbol, tanto en Murcia como en Valencia, ha llevado consigo sujeta la edificación de viviendas y el negocio comercial y hotelero. En la Nueva Condomina de Murcia son miles de casas y en el caso del Nou Mestalla la posibilidad de construir hoteles y superficie comercial en el campo nuevo. Y la reclasificación del suelo del viejo Mestalla con el objetivo de levantar varias torres de edificios para cuando el Valencia C. F. pueda jugar en el coliseo -ahora parado- pero en construcción.

Mientras, en Murcia, gracias a la petición de la Fiscalía, se ha destapado un caso de corrupción urbanística en el que hay imputados técnicos y políticos alrededor de las sucesivas modificaciones de convenios y presuntos tratos de favor a los adjudicatarios. En Valencia el Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana, Ricard Cabedo, archivó el caso de la permuta de suelo del estadio por otras parcelas después de que un particular denunciase que había una infravaloración del solar de Ademuz en cerca de 30 millones de euros (se pagaron 45 y según la petición particular existía un quebranto de 29.599.258 a sumar).

"Por qué hay una doble vara de medir en los fiscales?" se pregunta Antonio Marín, del colectivo Cercle Obert de Benicalap, entidad que se sumó a la denuncia del proceso de construcción del Nou Mestalla. "¿Lo de Mestalla no se puede investigar y lo de Murcia sí? añade.
Marín discrepó de las últimas decisiones del consistorio que firma convenios con clubes como el Valencia y el Levante "abstractos" y "abiertos". Como fue el caso del solar de les Corts Valencianes de titularidad municipal en un principio -todavía no se ha escriturado- y por el que la ciudad recibiría del Valencia hasta 19 parcelas en diferentes zonas del término municipal, que todavía no se ha entregado. "No tenemos por qué decirle a la Fiscalía que haga su trabajo, debería hacerlo". apuntó Marín.

A todo ello hay que sumar otro dato. El 28 de noviembre se conocerá si existe pacto extrajudicial entre PSPV, Valencia y ayuntamiento. Si fragua, los socialistas habrán reculado después de denunciar la reclasificación de los terrenos que ahora ocupa el viejo Mestalla en los tribunales, en medio de un clima de división interna que les ha llevado a apoyar, todos a una, la recalificación del estadio del Levante. "Los pactos me parecen un auténtico disparate, algo contradictorio" apostilla Antonio Marín, de Cercle Obert de Benicalap.

Nou Mestalla

LA PERMUTA
2005. El solar de Corts Valencianes por 19 parcelas
El ayuntamiento cambia una parcela municipal en Benicalap, donde iba un polideportivo público, por solares en varios lugares de la ciudad que el Valencia CF adquirirá. El club, presidido entonces por el constructor Juan Soler, ya tiene solar para el campo.

CAMBIO DE USO DEL SOLAR
2007. El consistorio permite el uso comercial y de oficinas
Tras el cambio de uso de suelo dotacional a privado el gobierno local aprueba la permuta con base en la tasación mayor de las tres presentadas: 45 millones.

NUEVAS MODIFICACIONES
2008. El pleno introduce el uso hotelero en la parcela
Los hoteles se pueden construir junto al campo.

OBRAS EN MARCHA
2008. Permiso para construir el campo y denuncia particular
Se suma a la denuncia "Cercle Obert" de Benicalap por el acuerdo económico de la permuta.

POSIBLE DELITO
2009. Fiscalía de Valencia acusa y el Fiscal Superior archiva
Primero se investiga que la permuta podría ser una acción delictiva de tres miembros del consistorio y Ricard Cabedo (Fiscal Superior) lo archiva.

EL PAI DEL VIEJO MESTALLA
2010. EL PSPV busca una salida extrajudicial al pleito que impulsó
Los concejales del PSPV en Valencia recurrieron a los tribunales en contra de la edificabilidad asignada a las parcelas del viejo Mestalla, al entenderla excesiva, y al procedimiento sin concurso público para los trámites. Tras la llegada de Jorge Alarte a la cúpula socialista, este partido intenta liquidar ese pleito para no sufrir desgaste y busca un acuerdo extrajudicial. La sentencia se producirá el 28 de noviembre si antes no hay acuerdo entre los recurrentes, el club y el ayuntamiento. Los socialistas intentan que parte de los pisos del viejo Mestalla sean de VPO.

Nueva Condomina

PRIMER CONVENIO
2001. Estadio y 4.000 viviendas
El empresario y dueño del Real Murcia, Jesús Samper, construye el campo de fútbol para la ciudad a cambio de casas en un proyecto llamado como el campo, Nueva Condomina.

MÁS CONVENIOS
2005. Más de 22.500 casas nuevas y un casino
Nuevos convenios urbanísticos para hacer más casas en la zona norte, donde está el estadio y para poder remodelar un casino.

LA CIUDAD PIERDE
El ayuntamiento dejó de ingresar 500 millones según el PSOE
El PSOE denunció que la compensación era entre cuatro y cinco veces inferior a su valor de mercado. Faltan 500 millones de euros. El Tribunal Supremo obligó a la empresa constructora del campo (propiedad del dueño del Murcia) a ceder 58.000 m2 más de los que había pactado con el ayuntamiento. Esta masa de suelo está valorada en 18 millones.

OPERACIÓN POLICIAL. DETENIDOS 2010
Convenios urbanísticos investigados a petición de Fiscalía
La Guardia Civil detiene a tres personas e imputa a cinco por los proyectos urbanísticos vinculados a la construcción del estadio. El procedimiento se abrió por una denuncia de la Fiscalía con origen en el PSOE.

LOS IMPUTADOS
2010. El edil de urbanismo y el presidente del Murcia entre otros Entre los imputados se encuentra Jesús Samper, presidente del club de fútbol Real Murcia y empresario promotor de Nueva Condomina. Declarará el día 15. Otro de los imputados es el edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, el popular Fernando Berberena, además del ingeniero Renato de Noce, el abogado Higinio Pérez Mateos, el director de la gerencia de urbanismo local, Alberto Guerra , la jefa del Servicio de la Oficina de Gobierno local del consistorio murciano, María Isabel Fernández, y el que fue jefe de Planeamiento del ayuntamiento (1999-2006), Joaquín Peñalver.




* Levante - 11.10.10
Foto: Estadios y urbanismo en los tribunales - Efe

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Málaga.- Un pronóstico para tomar conciencia

SUR* : Un estudio vaticina que el mar subirá seis metros e invadirá la costa de Málaga a finales de este siglo si se mantiene el nivel de emisiones contaminantes. Cuesta imaginarse que las aguas del mar invaden al completo el casco antiguo de la ciudad y el Perchel, que las olas llegan hasta la avenida de Juan Sebastián Elcano, en el litoral este, y que Huelin, La Princesa y Las Delicias quedan sumergidos en las profundidades marinas. Resulta impensable pero no imposible a tenor de los estudios realizados sobre la evolución de los efectos del cambio climático. El Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU), dependiente del Ayuntamiento de la capital, ha efectuado la simulación de un posible escenario del nivel del mar para finales de este siglo XXI que deja bajo las aguas a una gran parte de la costa de Málaga, penetrando considerablemente hacia el interior en algunos puntos de la urbe.

El estudio se basa en un informe realizado por la Agencia Internacional de la Energía (AIE) y en análisis del panel intergubernamental del cambio climático que hacen referencia a que, de continuar el nivel actual de emisiones contaminantes a la atmósfera, la temperatura media podría aumentar unos seis grados respecto a la actual dentro de noventa años, lo que implicaría que el nivel del mar subiría unos seis metros. Esto supondría la ocupación por el agua de las cotas bajas de importantes extensiones de terreno de todos los continentes, lo que afectaría no sólo a la fauna y flora del planeta, sino a la habitabilidad y condiciones de vida de los seres humanos.
Partiendo de esta premisa, que puede resultar un tanto catastrófica pero que sirve para concienciar a la población de la necesidad de reducir las emisiones de CO2, el OMAU ha realizado una simulación de lo que significaría en el caso de Málaga que el mar incrementara su nivel en seis metros, como también se ha analizado recientemente en otras ciudades costeras del país como Barcelona y Valencia, por parte del Institut Català de Cienciès del Clima.
La imagen resulta del todo dantesca. Tras efectuar una delimitación de las áreas inundables a partir de los datos del modelo digital del terreno, que permite visualizar las curvas de nivel y seleccionar aquellas zonas cuyo nivel de altitud sobre el mar está por debajo del umbral de los seis metros, se aprecia que las aguas invaden toda la zona comercial de Plaza Mayor, parte del aeropuerto, la desembocadura del Guadalhorce, la práctica totalidad del distrito de Carretera de Cádiz, el Perchel, el casco antiguo hasta la altura de la plaza de la Constitución (la Catedral se salvaría), el paseo del Parque, y una gran franja del litoral oriental de la ciudad que, en el caso de las playas de El Palo, alcanzaría la avenida de Juan Sebastián Elcano. Según los cálculos del OMAU, este panorama que, como se ha descrito, afectaría sobre todo a la parte central de la ciudad y al litoral occidental, dejaría sin casa a 123.000 personas, el 22% de la población malagueña.
Aumento de la temperatura
El incremento de la temperatura que causaría este efecto también ha sido constatado por este observatorio. En los últimos 14 años, la temperatura media de Málaga ha subido medio grado centígrado, de 18,5 a 19. En el mismo periodo de tiempo, han disminuido las lluvias, la humedad y el número de días nublados.
¿Se puede hacer algo para evitar este hipotético escenario? Evidentemente, la respuesta es afirmativa. Hace años que desde numerosos organismos públicos se insiste en la necesidad de frenar el cambio climático reduciendo el volumen de emisiones de CO2 que se emiten a la atmósfera. Estas emisiones, atribuibles fundamentalmente al sector de la energía y al transporte, constituyen uno de los principales factores responsables de la generación de los gases de efecto invernadero.
El Observatorio de Medio Ambiente Urbano revisa cada año una serie de indicadores sobre diferentes parámetros de la ciudad que abarcan desde el urbanismo a cuestiones de índole social. Esta radiografía de Málaga se plasmó el año pasado en un mapa dinámico colgado en Internet (www.omau-malaga.com), lo que supuso una iniciativa pionera que ha servido como modelo para otras ciudades. Este periódico ha podido tener acceso a los datos de esos indicadores relativos al cambio climático.
Se trata de los valores registrados en 2009 y revelan que Málaga emitió el año pasado 1.981.982 toneladas de CO2 al medio ambiente, lo que supone un registro de 3,43 toneladas por habitante y año. La marca puede parecer elevada, pero es sensiblemente inferior a la cuantificada hace seis años, en 2004, cuando las emisiones de cada malagueño eran de 4,8 toneladas al año. Esa cantidad se mantuvo prácticamente inalterada hasta el año 2008, cuando descendió a 3,7 toneladas. En 2009, volvió a bajar a 3,4.
No obstante, el motivo de esta disminución no hay que buscarlo en una mayor concienciación de la población, las autoridades y las industrias para tomar medidas que frenen el efecto invernadero, sino en la crisis económica, que ha reducido notablemente los desplazamientos y la producción de energía. Esa bajada se apreció sobre todo en 2008, cuando los niveles de CO2 en Málaga decrecieron un 22% respecto al año anterior. En 2009, la bajada ha sido menos acentuada, en torno al 8%, pero también es significativa, ya que la tendencia desde 2002 a 2007 era alcista, superando los 2,5 millones de toneladas de CO2 anuales.
Reducción de gases
La reducción de los gases contaminantes ha sido más acusada en el sector energético -que es culpable del 72% de las emisiones a nivel local- que en el de los transportes. El primero arroja una diminución de un 9,5% para Málaga en 2009 respecto a 2008, y el segundo sitúa ese porcentaje de caída en un 4,1%.
En el ámbito del transporte, destacan la reducción de los niveles de CO2 de los autobuses, sector en el que caen un 27%, y en la actividad portuaria, donde la bajada es del 55% respecto a 2008. En cambio, las emisiones del tráfico volvieron a crecer en Málaga en 2009 (un 2,3%) tras una acusada caída de un 16% en 2008. Los tubos de escape de los coches arrojan 475 toneladas de dióxido de carbono al año en la ciudad, la cuarta parte del total de sus emisiones.





* SUR - 9.10.10
Foto: La simulación inunda el tramo de la avenida de Andalucía más próximo al centro.- Sur

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Murcia.- Expertos plantean expropiaciones y demoliciones para salvar la huerta

LAVERDAD* : Si la huerta desaparece, Murcia será una ciudad rodeada por el desierto. La advertencia la han lanzado, sin paños calientes, los expertos reunidos en la capital del Segura con motivo del proyecto Naturba, una iniciativa de la UE que persigue la integración de la ciudad y las zonas periurbanas agrícolas y forestales. La importancia de este cinturón verde como barrera contra la aridez ha llevado a estos científicos de España, Francia y Portugal a proponer un plan integral para conservar la huerta, con tres ejes fundamentales: diseñar una nueva planificación urbanística, concienciar a los ciudadanos sobre la importancia de este espacio e impulsar la actividad agrícola.

Tras dos días de debate, los expertos acordaron en asamblea once acciones para la protección de este paisaje rural. Así proponen una «moratoria de los instrumentos de planificación actuales» y la elaboración de una nueva normativa; plantean expropiaciones de huertos y demoliciones de construcciones que «entren en contradicción con las conclusiones del nuevo plan integral» y sugieren velar por el mantenimiento de acequias y carriles.

Los técnicos también consideran necesario implicar a la población en la conservación, y para ello lo primero es conseguir que los ciudadanos tomen conciencia de los valores que atesora la huerta y de que es «un patrimonio de todos». En cuanto al futuro, los expertos consideran que debe mantenerse como un espacio agrícola. Y para impulsar esta actividad plantean la posibilidad de abrir nuevos mercados, sin intermediarios, y crear una marca para los productos huertanos. Pero además, los técnicos consideran que este cinturón verde tiene un potencial como lugar de esparcimiento de la urbe, con «actividades museísticas y de recreo», un espacio donde los ciudadanos puedan relacionarse y compartir experiencias.
A los expertos extranjeros, que dedicaron una jornada a visitar distintas zonas de la huerta, les llamó la atención la gran cantidad de parcelas de cultivo abandonadas y la presencia en la ciudad de numerosas bolsas de suelo aún sin edificar.
El encuentro celebrado en Murcia reunió a profesionales de Toulouse y Lisboa, así como una delegación de la provincia de Guipúzcoa. Las reuniones contaron con las aportaciones de técnicos de la Comunidad Autónoma, de la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, ingenieros de caminos, agrónomos, biólogos y geográficos. Además acudió una representación de la Junta de Hacendados.
Según la Asociación para la Conservación de la Huerta, Huermur, que también participó en los debates, las conclusiones «derivan forzosamente» en la revisión del actual plan urbano, porque «es incompatible» con la existencia de la huerta, y pide al alcalde Miguel Ángel Cámara que se ponga a trabajar en ello de manera urgente.
Ángeles Micol, portavoz de este colectivo, señala que el plan urbano «está desfasado» debido a que recoge unas previsiones de crecimiento «irreales». Micol plantea que se vuelva a la protección que gozaba la huerta en el año 2006, antes de que se adaptara el plan urbano a la ley regional del suelo. Y recuerda que aquella revisión «lleva la firma de Alberto Guerra [director de la Gerencia de Urbanismo] y Joaquín Peñalver [ex jefe de Planeamiento]», imputados en la presunta trama de corrupción urbanística destapada la semana pasada en Murcia.





* La Verdad - 12.10.10
Foto: Un tramo de acequia en una zona de huerta de Murcia - laverdad.es

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Cargos de Aguirre destaparon contratos ilegales de la red Gürtel sin hacer nada

ELPAÍS/Madrid* : Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Cuando se produjeron los hechos que relata el informe policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González, vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración regional.

El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa de Esperanza Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como consejero de Deportes.

Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades que en realidad trabajaban para la red Gürtel. Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros, cantidad a partir de la cual según la Ley de Contratos del Estado habría que convocar un concurso.

La Intervención General del Estado, que ha examinado para el juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley.

Por este trato de favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de miles de euros en comisiones ilegales, según dejó anotado el contable de la red.

A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.

En dicho informe, que reproducimos en estas páginas, se señala: "Lourdes Barreda [secretaria general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir estos costes tan elevados".

Tras recordar que en la Consejería de Empleo no están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas, Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa, Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".

Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero [Alberto López Viejo]".

Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según sostiene la investigación policial.

Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000.

La trama corrupta tuvo más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas consejerías.

- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi (secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El importes es de 3.734 euros".

"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que contestarnos ella lo que tenemos que hacer".

- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas facturas hacen un importe de 13.011 euros".

Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de Navidad, por 36.907 euros, según los documentos que constan en el sumario del caso.

El PSOE ha denunciado a decenas de altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre que han firmado los expedientes de contratación de decenas de actos institucionales a las empresas de la trama corrupta.

Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía López Viejo con la red Gürtel.




* El País - 12.10.10
Foto: Aguirre y Ruiz-Gallardón (a la derecha) presentan el retrato de este en la Casa de Correos de Madrid.- elpais.com

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Córdoba.- Las naves legales de Rafael Gómez

DIARIODESEVILLA* : El apellido Gómez en Córdoba conlleva inevitablemente a un personaje y una época. No existen dudas. Rafael Gómez Sánchez, conocido como Sandokán por su parecido con el actor Kabir Bedi, ha sido el protagonista de toda una etapa, sobre todo, desde que irrumpió en el mundo de la construcción (y del fútbol, y del mecenazgo cultural) procedente de sus negocios de la joyería en donde labró una fortuna pese a sus orígenes humildes. Esa influencia del empresario ha vuelto a reverdecer ahora, cuando el Ayuntamiento acomete la legalización de unas naves de 45.000 metros cuadrados construidas en 2005 sin licencia municipal. Eso sucede, además, en paralelo a la vista oral del caso Malaya, donde se sienta en el banquillo de los acusados por un presunto cohecho, con una petición de pena de 18 meses de prisión.

Las naves han generado todo un sainete político en la ciudad. Creadas para vender mercancía china a gran escala, uno de los negocios que emprendió el grupo de empresas, el Consistorio decidió no poner demasiadas trabas a su construcción e impulsar lo que se conoce como un procedimiento de restauración de legalidad, que se sustanciaron en una multa de 24 millones de euros -la más alta puesta hasta el momento- y en un proceso de legalización.

La multa fue anulada por los tribunales al entender que se había demorado su trámite por encima de los 12 meses como máximo que establece la ley. Después se ha reiniciado y está, técnicamente, pendiente de cobro cinco años después de los hechos. El proceso de legalización fue aprobado en primera instancia por el Consistorio y tumbado por el TSJA al entender que se había encomendado a un privado (el propio Gómez) redactar un plan especial de formulación pública del que era juez y parte. Esa sentencia no es firme, porque se halla pendiente de que se pronuncie el Supremo, y sin embargo se ha montado otro expediente de legalización sin esperar a la emisión de sentencia.

La situación política en torno a Colecor (originalmente, una cooperativa láctea que funcionó hasta mediados de los 90) tiene una especificidad peculiar. El PSOE fue hostil, entre 2003 y junio de este año a su legalización. Acosó a Rosa Aguilar, entonces alcaldesa, por este motivo. Aguilar consiguió reducir esa oposición ante las municipales de 2007 con el argumento de que la crítica del PSOE beneficiada al PP, que se plantó en 14 concejales, a uno de la mayoría absoluta.

El cambio sustancial se produjo antes del verano. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda, ya ocupada por Aguilar tras su salida de la Alcadía y su llegada a la Junta de Andalucía, negoció una salida con el Ayuntamiento a pesar de que había llevado el caso a los tribunales y que, tanto con Concepción Gutiérrez como con Juan Espadas, se había mantenido una constante oposición de bloqueo a determinadas propuestas municipales. Se aprobaría la legalización de las naves con la condición de que se derribaran 15.000 metros cuadrados (frente a los 10.000 que ofrecía al Ayuntamiento). La dirección provincial del PSOE, por medio del actual candidato Juan Pablo Durán, aseguró que había llegado el momento de pasar página por medio de una medida "ejemplarizante".

¿Todo el mundo de acuerdo? No. La delegación provincial de la Consejería se salió del guión, de la disciplina jerárquica y emitió un informe -preceptivo y no vinculante- muy crítico con las previsiones municipales. Sobre todo, en lo que concierne a mantener una edificación tan grande en un suelo que, algunos entienden, es no urbanizable de especial protección. El Consistorio ha reconocido en estas últimas semanas el uso de comercio mayorista para las naves, que fueron precisamente para lo que fueron construidas sin licencia, y que hasta ahora se le ha venido negando sistemáticametne. La delegación provincial que eso no es viable.

En este caso, se ha producido un pulso entre la política y la ley. Y ha ganado el interés político. Existe una especie de acuerdo entre los partidos de Córdoba por cerrar de una vez la cuestión de las naves, que no llegue viva a las elecciones del año que viene. La hoja de ruta está bastante clara. Se va a aprobar el plan en cuanto los concejales del PSOE den garantías de que lo van a votar en el Pleno(IU no está dispuesta a pasar este trago en solitario y no va a tolerar una abstención). La megamulta de 24 millones se reducirá a seis millones por aplicación directa de la LOUA y se prevé su abono en especie mediante propiedades que aún le quedan al dueño de Arenal 2000, del que existen indicios de que está resurgiendo empresarialmente después tenido que firmar 1.000 despidos en apenas unos meses. Colecor será legal y muchos políticos respirarán tranquilos siempre que los privados que se sienten maltratados no se planten ante un juez.





* Diario de Sevilla - 10.10.10
Foto: Rafael Gómez entra en la Ciudad de la Justicia para la primera sesión del juicio del caso Malaya.- diariodesevilla.es

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Murcia.- Pérez Mateos lleva años asesorando a alcaldes en polémicos proyectos

LAVERDAD* : De defender a sospechosos en asuntos de corrupción ha pasado a necesitar asistencia letrada por otro tanto de lo mismo. El letrado Higinio Pérez Mateos, detenido el martes de la pasada semana dentro de la 'Operación Umbra', era conocido hasta ese momento en ámbitos legales de la Región por asesorar a varios ayuntamientos de distinto signo político, en cuestiones relacionadas con el urbanismo y también sobre algunos polémicos proyectos. Unas relaciones profesionales que en algún caso le salpicaron con el negro barro de la sospecha, pero que no se habían traducido hasta ahora en imputación alguna en su contra.

Uno de los asuntos más controvertidos en los que se ha visto envuelto es un convenio urbanístico que suscribió con el Ayuntamiento de Ulea, en diciembre del 2004, y por el que consiguió luz verde para construir la urbanización 'Los Juncos de Ulea Golf Resort': más de 4.400 viviendas, campo de golf, hotel, etc. en los 2,7 millones de metros cuadrados reclasificados.
En apariencia, y según denunció el PSOE, cuando se firmó el citado convenio, el abogado no era propietario de terreno alguno en esa zona, ya que no fue hasta mayo del 2005, ya con el negocio asegurado, cuando la compra de tierras se habría formalizado. Un mes más tarde, Higinio Pérez Mateos vendió el proyecto a varias inmobiliarias, obteniendo unas plusvalías millonarias.
Fue a partir de ese negocio cuando el letrado comenzó a tener relaciones profesionales con el alcalde, el popular José Bolarín, a quien habría defendido en algunos pleitos.

Con su socio Alberto Guerra
En su comparecencia del miércoles pasado ante el instructor del 'caso Umbra', David Castillejo, el abogado fue interrogado acerca de esa operación urbanística, que habría llevado a efecto en sociedad con el director de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, el también detenido Alberto Guerra. Un dato que sirvió al fiscal y al juez para comprobar que entre ambos imputados existen buenas relaciones y que incluso han sido socios en algún negocio.
Pérez Mateos también ha realizado algún trabajo puntual para el alcalde de Campos del Río, el socialista Miguel Navarro, para quien elaboró un informe jurídico que le autorizaba a votar sobre el proyecto Trampolín Hills Golf Resort -cobró por ese documento 18.000 euros, según fuentes conocedoras del asunto-, y también estaba llevando el asunto de las expropiaciones de tierras en Beniel para la llegada del AVE. El alcalde de esta localidad, el socialista Roberto García, también abogado, se desvinculó inmediatamente de Pérez Mateos, en cuanto este fue detenido, y anunció que dejaba de trabajar para el Consistorio.
Antes de ser 'despedido, había redactado un informe, cuyos argumentos jurídicos fuentes del PP consideran «cogidos por los pelos», sobre la adquisición de material informático para el Consistorio por importe de unos 800.000 euros y que fue adjudicado a una empresa que, en apariencia, había presentado la oferta fuera deplazo.
Ahora, a raíz de su detención por la 'Operación Umbra', ha trascendido que este letrado y profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Murcia es el letrado defensor del empresario Trinitario Casanova, y que aparece personado en las diligencias del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia por el denominado 'caso Zerrichera'.
En noviembre del año pasado, el magistrado ordenó la detención de Casanova, con el fin de interrogarlo sobre un supuesto pago de sobornos a políticos. El empresario se libró por encontrarse de viaje en Estados Unidos y quince días más tarde se presentó ante los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, sección Blanqueo de Capitales (UDEF-BLA) en Madrid para declarar sobre esos hechos. Tras ser interrogado quedó en libertad sin medida cautelar alguna, aunque sigue imputado.
Este periódico ha telefoneado al despacho de Pérez Mateos en los últimos días para intentar recabar su versión, pero no ha respondido.





* La Verdad - 12.10.10
Foto: El letrado Higinio Pérez Mateos saliendo de los juzgados de Murcia tras declarar como imputado en el 'Caso Umbra'.- laverdad.es

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Galicia.- Los 76 políticos imputados están vinculados a 42 procesos judiciales

LAVOZDEGALICIA* : Falsificación de firma, retirada ilícita de fondos de las arcas públicas, supuestos malos tratos, concesión irregular de licencias, cobros a cambio de gestiones y un sinfín de cargos más han propiciado la tramitación de 42 causas judiciales en los últimos cuatro años en las que se han visto implicados políticos de diversas Administraciones gallegas. En total, 138 personas se vieron salpicadas por esos casos, de las que 76 fueron o son cargos públicos elegidos o de libre designación.

Algo menos de la mitad de las causas siguen abiertas y a la espera de instrucción o decisión judicial para su archivo o continuidad en el procedimiento judicial, lo que lleva a 35 políticos a seguir aguardando a la decisión del juez para seguir con su actividad pública, retomarla o bien ver cómo la inhabilitación por sentencia firme o por rechazo social puede poner fin a su carrera.

La nómina de políticos imputados se dispara en Galicia a causa de tres casos abiertos en Lugo, los que se siguen por la supuesta trama de anulación de multas de tráfico, tanto en la Jefatura Provincial como en el Concello, y la presunta red de prostitución descubierta en la misma capital. Alcaldes como los de Muras, Pedrafita y O Courel se han visto mezclados en el primero de los casos citados, junto a medio centenar de supuestos beneficiarios de la desaparición de sanciones.

Pero al margen de dichas imputaciones, otros 70 políticos han tenido que dar cuenta de irregularidades detectadas por policía, Fiscalía o, en su caso, por denuncias de terceros.

Dimisiones

Dichas actuaciones judiciales han deparado ya siete dimisiones. Recientemente tomaron ese camino el teniente de alcalde de Ourense, el nacionalista Andrés García Mata, y el responsable del área de termalismo del mismo Concello, aunque trató de desligarlo del proceso judicial. Por la trama de las multas también dejaron su cargo el anterior subdelegado del Gobierno en Lugo y el anterior jefe provincial de Tráfico, como por el caso de corrupción urbanística de Gondomar lo hicieron antes de ser condenados el portavoz municipal del PP y el edil de Urbanismo, mientras que en ese mismo Concello lo tuvo que hacer después, al ser inhabilitado por concesión irregular de licencias, el anterior alcalde, Carlos Silva, y el único concejal de los otros cinco condenados que seguía en la corporación. También dejó el cargo el que era portavoz del PSOE en Lourenzá, Jorge García Crespo, tras haber sido declarado culpable de falsificar la firma de una compañera de grupo.

Por partidos, es el PP el más afectado por las imputaciones, al sufrir ese proceso hasta 25 de sus cargos, mientras que en el PSOE otros 22 se han visto salpicados por este tipo de casos judiciales, por 9 en el Bloque y otros 4 en diversas formaciones políticas independientes de ámbito local. Los 16 restantes son cargos de libre designación.





* La Voz de Galicia - 10.10.10
Foto: Ourense, praza maior - ourense.es

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La Junta de Andalucía sólo ha recaudado 1,6 millones por multas urbanísticas desde 2005

MÁLAGAHOY* : Vivienda castiga a propietarios de construcciones ilegales por valor de 8,7 millones, pero sólo ingresa sobre un 18%. La recaudación de multas por delitos urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía es aún mínima. La Consejería de Obras Públicas y Vivienda ha incoado 6.326 expedientes sancionadores por valor de 8,7 millones de euros entre 2005 y 2008. Sin embargo, hasta la actualidad el importe ingresado es de 1,6 millones de euros, tan sólo el 18% de lo requerido, según consta en una respuesta parlamentaria a la que tuvo acceso esta redacción.

La consejera de Obras Públicas y Vivienda, Rosa Aguilar, vincula el importe satisfecho con las dificultades recaudatorias, en su opinión propias a este tipo de procesos, "con trámites complejos recurribles administrativa y judicialmente".

La consejera añade que de la cantidad restante a cobrar, hasta esos 8,7 millones de euros, 5,1 millones "se encuentran en diferentes estadios procedimentales" y otros 1,9 millones están en vía de apremio (vía elegida por las administraciones públicas para cobrar sea como sea y cuyo resultado final suele ser el de embargar al sancionado algún bien).

La Junta de Andalucía, alentada por los numerosos casos de ilegalidades urbanísticas en la comunidad -caso Malaya-, creó en 2005 una dirección general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda. Este departamento concentra y gestiona las competencias sancionadoras y de control en estos ámbitos, que habían sido ampliadas en los últimos años con las nuevas leyes de Ordenación Urbanística de Andalucía y de Medidas para la Vivienda Protegida y el Suelo.

A esta dirección se adscribió el Cuerpo de Inspectores de Ordenación del Territorio, funcionarios que se encargan de la tramitación de estos expedientes sancionadores. En octubre de 2008 tomaron posesión los primeros 25 inspectores tras el proceso de selección.

La previsión era alcanzar 50 inspectores en 2010. Meses después de la toma de posesión el PP denunció que estos 25 inspectores "habían presentado la renuncia". El entonces consejero de Vivienda, Juan Espadas, redujo a siete los funcionarios que habían presentado "excedencia voluntaria por motivos personales". Estos inspectores tienen la consideración de agentes de la autoridad y, entre sus funciones, se encuentra la de facilitar la máxima rapidez de decisión de los tribunales en aspectos como suspensiones cautelares de licencias de obras, autos o sentencias.

Sea vinculante o no la polémica con los funcionarios de disciplina urbanística, el montante ingresado por la Junta en estos ejercicios queda en evidencia en comparación con las cifras de algunos ayuntamientos. El de Málaga por ejemplo, que en 2009 recaudó cuatro millones de euros, el doble de lo previsto, y que permitirá este año dedicar más personal a seguir los expedientes de infracción, anunció el Ayuntamiento.

El control del urbanismo ilegal por parte de la Junta prosigue con todas las garantías, manifestaron fuentes de la Consejería de Obras Públicas y Vivienda, que vincularon el montante ingresado "al margen que otorga la ley para que los ciudadanos recurran". Al tenerse que pagar obligatoriamente, los ciudadanos recurren, exponen. El último expediente analizado, que tramita la Consejería de Hacienda, destinará la recaudación a la compra de suelo para la construcción de VPO, añadieron las mismas fuentes.

A pesar de que algunos trámites se remontan a 2005, Obras Públicas y Vivienda asegura que ningun expediente ha prescrito o caducado.

Esta afirmación sorprende a la diputada del PP Teresa Ruiz-Sillero, quien en más de una decena de ocasiones ha preguntado sobre el control urbanístico de la Junta y los expedientes sancionadores.

"Es imposible que después de cinco años no haya prescrito nada; aquí puede haber una dejación de funciones por razones claramente partidistas", afirma categórica Ruiz-Sillero, abogada.

La diputada del PP ha preguntado en el Parlamento por cuántos de esos 1.636 expedientes han prescrito, el año en que se incoaron, el municipio al que se refiere y en cuáles localidades se ha cobrado, por si todos los ingresos proceden de una provincia o están repartidos. Sin éxito.

"Así podríamos observar si ha bajado el celo de la Junta en la persecución de este tipo de delitos y si hay más casos en alguna población concreta. Si por ejemplo se hubiera prevenido en Marbella, no estaría en la situación que está, pero la filosofía de la Junta es dejar pasar y no hacer nada", critica la popular. Los datos sobre provincias arrojan otras dudas para la diputada, como el escaso número de expedientes abiertos en Cádiz frente a Málaga (ver cuadro adjunto). A Ruiz-Sillero tampoco le convence que 5,1 millones de euros estén en diferentes estadios procedimentales. "O está cobrado, o ha prescrito o tiene el apremio. Un recurso no suspende el cobro del delito, igual que pasa con las multas de tráfico, eso lo sabemos todos, así que eso de los estadios, jurídicamente, no sé lo que es", subraya. Por eso la diputada acusa a la Junta de falta de transparencia y de ocultar datos.

El pasado marzo la Junta se armó de otro instrumento para controlar el urbanismo ilegal, el Reglamento de Disciplina Urbanística, el primero de estas características en España. La principal novedad de este reglamento es el denominado derribo exprés, que posibilitará a los ayuntamientos iniciar y concluir un procedimiento de demolición en un mes, a contar desde que se notifique al interesado el inicio del expediente. En las estadísticas de la Junta se anotan 118 expedientes de protección de la legalidad (demolición) en el periodo referido.






* Málaga Hoy - 10.10.10
Foto: Operarios proceden al derribo de una casa declarada ilegal en el municipio malagueño de Manilva.- Manilva (Málaga), derribo - malagahoy.es

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La cleptocracia nacional

IGNACIO CAMACHO* : El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.

El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.
Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.
Tolerancia institucional
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.
Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.
Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.
Partidos vacunados
En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.
Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.
Andalucía, en cabeza
De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.
Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.
La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.
También nacionalistas
También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.
Bisagras electorales
Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.
El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.
Suelos urbanizables
Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.
La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.





* ABC - Opinión - 10.10.10


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